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Etiqueta: patrimonio arqueológico

Biólogo Jaime García denuncia desprotección de patrimonio en Reserva Natural Wessberg

El biólogo y ambientalista Dr. Jaime Enrique García González presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por la desprotección del patrimonio arqueológico ubicado en la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, en Montezuma de Cóbano, Puntarenas.

El recurso surge luego de que el Museo Nacional de Costa Rica confirmara la presencia de restos arqueológicos de culturas prehispánicas en dicha reserva, según consta en un informe técnico elaborado por los arqueólogos Felipe Solís Del Vecchio e Iván Alfaro Gálvez del Departamento de Antropología e Historia.

«El hallazgo incluye fragmentos de metates, cerámica y otros vestigios culturales con una antigüedad estimada entre los años 300 y 800 d.C., correspondientes al período Bagaces», detalla el informe INF MNCR-DAH-104-2024 del Museo Nacional, fechado el 1 de noviembre de 2024.

García denunció que, a pesar de la importancia del descubrimiento, el SINAC no ha tomado medidas adecuadas para proteger este patrimonio arqueológico ubicado en la reserva de 62 hectáreas.

«En el Plan General de Manejo de la RNANW realizado en 2013, ni siquiera se menciona el componente arqueológico, a pesar de que existen evidencias de que los fundadores de la reserva, Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, conocían de la existencia de estos restos culturales», explicó García a SURCOS.

Según consta en la denuncia, el monumento arqueológico, ahora registrado oficialmente como «Nicolas Wessberg (P-1768 NW)», se encuentra disperso en un área aproximada de 3,000 metros cuadrados y está dividido en dos sectores con diferente concentración de materiales.

El arqueólogo Felipe Solís, uno de los autores del informe del Museo Nacional, señaló que «es posible que en tiempos prehispánicos el terreno se empleara como un área funeraria, aunque no se puede descartar que también existieran algunas casas en la zona».

Actualmente, la reserva carece de personal designado por el SINAC y es custodiada únicamente por voluntarios extranjeros. Esta situación preocupa a García, quien también presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de vandalismo ocurridos recientemente en la reserva. En imágenes se aprecia parte del deterioro de la edificación producto del descuido del ente responsable del cuido. Asimismo, algunas piezas arqueológicas.

El recurso de amparo busca que se ordene al SINAC implementar medidas efectivas para la conservación tanto del patrimonio natural como arqueológico de la reserva, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994.

Museo Nacional realizó evaluación arqueológica en el área donde se propone reubicar el Colegio Indígena Yímba Cájc

Uriel Rojas

Con el fin de evaluar el eventual impacto sobre el patrimonio arqueológico, el Museo Nacional de Costa Rica realizó del 27 de junio al 08 de julio de 2023, una detallada evaluación del terreno en donde se propone reubicar las instalaciones del Colegio Indígena Yímba Cájc, afectadas en el 2017 por el Huracán Nate y en peligro de nuevas inundaciones.

En el lugar se había registrado un monumento arqueológico desde el 2004, denominado Bajo Dutu, por lo que debía realizarse esta evaluación antes de proceder con la construcción.

Gracias al apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias se generó un nuevo proyecto de colegio. El trabajo de evaluación arqueológica estuvo dirigido por el arqueólogo Francisco Corrales Ulloa y contó con el apoyo en mano de obra de parte de la comunidad de Curré y cinco colaboradores del Instituto Costarricense de Electricidad que unieron esfuerzos en esta importante labor.

La evaluación arqueológica consistió de la excavación de cerca de 130 pozos de prueba, así como la excavación de un área de taller de herramientas de piedra.

También se lavaron la mayoría de los materiales de cerámica y piedra recuperados, así como la codificación de los fragmentos encontrados.

Para la comunidad indígena de Curré/Yímba este trabajo es fundamental ya que de obtenerse la factibilidad arqueológica se estaría dando el visto bueno para empezar con las obras asociadas a las nuevas instalaciones educativas.

Esta evaluación arqueológica ha venido a fortalecer los vínculos interinstitucionales del gobierno que forman parte del equipo que se han comprometido a hacer realidad la reubicación de este centro educativo.

Además, ha permitido conocer un poco más de la historia profunda de Curré/Yímba y la información permitirá conocer mejor las raíces ancestrales de la comunidad.

Con base en los resultados preliminares, la obra a desarrollar tendrá un impacto de baja escala, además de que el trabajo realizado permitió recuperar gran cantidad de información de las zonas donde se realizarán movimiento de tierra.

La comunidad indígena de Curré/Yímba está ahora a la espera del informe oficial por parte del Museo Nacional sobre los resultados de esta evaluación arqueológica.

Sala IV declara inconstitucional decreto sobre Conveniencia e Interés Público del Proyecto Hidroeléctrico Diquís

Mediante una resolución que otorga justicia ambiental, la Sala Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N°34312-MP-MINAE del 06 de febrero de 2008, denominado «Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los Estudios y las Obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto Costarricense de Electricidad».

La resolución de la Sala señala que: “se declara parcialmente CON LUGAR la acción, en consecuencia, se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo”. Este fue firmado y promulgado durante la administración Arias Sánchez 2006-2010 en aras de facilitar el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Diquís. 

De haberse llevado a cabo, las implicaciones y consecuencias de este proyecto hidroeléctrico se habrían traducido en un daño ambiental sin precedentes a la cuenca, ya que en su momento se consideraba el más grande de Centroamérica. Adicionalmente, implicaba el traslado de comunidades indígenas Térraba por la inundación de una parte de su territorio, así como la afectación del patrimonio arqueológico que se hubiera quedado sepultado por el embalse.

La resolución de la Sala tiene efectos declarativos y retroactivos ya que en la misma se señala que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el efecto retroactivo de la anulación no se aplica respecto de aquellas relaciones o situaciones jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren materialmente o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena fe”.

Esto implica que la declaración se hace sin perjuicio de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Costarricense de Electricidad y las asociaciones representativas de las comunidades indígenas, que tuvieron como resultado el desistimiento del proceso en la sede de la jurisdicción ordinaria.

Información compartida con SURCOS por Elides Rivera Navas.

Foto: Semanario Universidad (2018).

Intervención de SETENA pondría en riesgo patrimonio arqueológico

  • Profesionales en arqueología preocupados por grave desprotección al patrimonio arqueológico nacional

 

FECON, 17 de junio 2018. Veinticuatro arqueólogos le dirigieron una carta a la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) manifestando la preocupación que tienen ante el grave peligro que conllevaría aprobar el borrador del decreto que presenta el nuevo “Reglamento de Evaluación, Control y Saneamiento Ambiental” propuesto para cambiar la forma de funcionamiento de esta entidad.

Los especialistas en patrimonio arqueológico se encuentran preocupados porque los umbrales ambientales planteados en este nuevo reglamento permiten calificar obras de construcción de menos de 9000m² y a otras obras, actividades y proyectos que no poseen una dimensión por área como de “bajo o muy bajo impacto ambiental”. Este umbral ambiental exime de inspecciones previas los terrenos donde se construirá infraestructura. Esto significa que construcciones de magnitudes similares a la de la Plaza de la Democracia en San José estarían exentas de cualquier inspección previa para verificar si hay o no elementos indicadores de existencia de ocupaciones precolombinas.

En ese sentido, la arqueóloga Ifigenia Quintanilla (experta en evaluación del patrimonio arqueológico) señaló que “el reglamento actual contempla la obligatoriedad de realizar inspecciones en obras con áreas que sobrepasen los 1000m², con ello se logra la identificación oportuna de cientos de sitios arqueológicos previo al desarrollo de obras y, con esto, el salvamento de una parte importante del patrimonio nacional arqueológico. El nuevo reglamento dejaría sin protección a gran cantidad de áreas al pasar este umbral a una amplitud nueve veces más amplia.”

Costa Rica posee una gran riqueza arqueológica. Los estudios indican que el país estuvo habitado desde hace más de 12 000 años. A la fecha, en la base de datos del Museo Nacional de Costa Rica hay registrados más de 4 000 sitios arqueológicos y solo seis de ellos tienen protección formal. El resto, es decir más del 99.9 %, de los sitios arqueológicos el país no tienen ningún tipo de protección, ni cuido ni mantenimiento.

El Museo Nacional, únicamente actúa en casos de denuncias por daños o amenazas de destrucción de alguno de ellos. A la fecha, la obligación de cumplir con los procedimientos de la SETENA ha sido fundamental para detectar sitios arqueológicos a impactar por las obras de infraestructura. Gracias a esto, se han podido realizar labores de rescate y de protección que en otras circunstancias no se hubieran dado.

Los firmantes de la carta a la SETENA señalan algo muy importante y es que “el patrimonio arqueológico es finito e irrepetible; una vez que se impacta es irrecuperable. La posibilidad de anticipar, prevenir y mitigar el impacto sobre el patrimonio arqueológico del país a través de los instrumentos de la Ley Ambiental ha sido vital para la protección del mismo. (…) por lo que consideramos inaceptable e inconveniente para el país eliminar la valoración arqueológica previa, en una cantidad importante de proyectos”

La Ley 6703 de Patrimonio Nacional Arqueológico sólo contempla el rescate y la protección de este patrimonio cuando se ha producido un hallazgo al realizarse obras de infraestructura, es decir se hace el rescate cuando el patrimonio ya fue afectado por movimientos de tierra o, cuando ya no se puede dar marcha atrás en las construcciones y hay que hacer un rescate de emergencia. Con el cambio en el reglamento de la SETENA se agudizará esta situación al quedar fuera de los protocolos de inspección previa gran cantidad de proyectos situados en el umbral de “muy bajo o bajo impacto ambiental”.

La creación de la SETENA y los protocolos de evaluación ambiental que incluyen el componente arqueológico se pudo subsanar parcialmente uno de los grandes vacíos de la Ley sobre Patrimonio Arqueológico (Ley 6703). Con el cambio propuesto en el reglamento de la SETENA se retrocede en la protección del patrimonio arqueológico del país, ya que solamente se podrán proteger los sitios que sean identificados durante los movimientos de tierra y que sean notificados voluntariamente al Museo Nacional.

Dejar la protección y salvaguardia de una buena parte del patrimonio cultural del país bajo la premisa de la buena fe de los desarrolladores de proyectos es una irresponsabilidad del Estado Costarricense. Al respecto la carta de los investigadores señala que “de nuestra experiencia sabemos que esto se dará en muy pocos casos y dependerá del grado de conciencia de los desarrolladores informar, o no, el hallazgo. Esta situación representa un retroceso para la protección del patrimonio arqueológico nacional”.

Con el cambio en el reglamento de la SETENA unido a otras debilidades de la gestión del patrimonio arqueológico por parte del Estado Costarricense se incumplen una serie de convenciones internacionales. Especialmente, se incumple la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial ratificada en 1977, en la que nuestro país se comprometió a mantener en su territorio servicios de protección, conservación y valorización del patrimonio (cultural y natural), desarrollando estudios e investigación científica y técnica sobre el tema; asimismo, se procuró adoptar medidas jurídicas, científicas y administrativas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y habilitar ese patrimonio. Respecto ello y según la opinión de expertos en arqueología que redactaron la carta a la SETENA, la aplicación del nuevo reglamento estaría arremetiendo contra este y otros compromisos internacionales.

Por su lado la Federación para la Conservación de la Naturaleza también manifestó su preocupación en febrero anterior por la reforma al reglamento de SETENA y lo calificó de regresivo en materia de protección ambiental. A su vez, la Defensoría de los Habitantes ha acogido las denuncias de los ambientalistas y recomendó al MINAE y SETENA acatar las observaciones de los ecologistas.

Ingrese en el siguiente enlace para leer la carta:

SETENA CARTA 1

 

Información con:

Ifigenia Quintanilla, teléfono: 8430 9978

HenryPicado, FECON. Teléfono 87609800

 

Enviado por FECON.

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