Freddy Pacheco León
Más allá de lo que se piense, bien o mal del periódico La Nación desde diferentes balcones, el fallo de la Sala Constitucional que tantas reacciones ha provocado, es de vital trascendencia para el ejercicio del derecho a la libertad de prensa y de expresión en Costa Rica.
Cuando la actual ministra de Salud emitió la orden sanitaria contra el funcionamiento del “Parque Viva”, alegó que era por las presas de autos que se hacían en las noches de concierto, y que actuaba en respuesta a un reclamo anónimo. Ello sucedía en medio de una intensa campaña del presidente Chaves contra el diario La Nación y algunos de sus periodistas, y en general, contra lo que él llama peyorativamente “prensa canalla”, que se extiende a diversos medios de radio, televisión, diarios digitales y un sinnúmero de medios de prensa, donde eso sí, la Nación es uno de los más importantes.
Es dentro de ese contexto que se produce la acción del Poder Ejecutivo, por lo que casi unánimemente, se interpretó como un acto contra ese medio de prensa en particular, pues se comprendió que al golpear el centro de entretenimiento «Parque Viva», propiedad de la misma empresa, se estaba a su vez golpeando sustancialmente las finanzas del medio de prensa y por ende, su capacidad periodística.
Ahora bien, es igualmente reconocido que el argumento de «las presas» es insustentable pues esa situación no era ni es, especial ni única, principalmente en las vías estrechas del área metropolitana, donde la circulación de cientos de miles de vehículos provoca un caos vial, que cada día se hace más inmanejable para nuestras autoridades del Mopt. Así que, no creemos que sea negado ni por los mismos que hoy critican la resolución de la Sala Constitucional, al recurso de amparo presentado por unos estimables periodistas, que tal determinación apresurada de la señora ministra de Salud no era más que, como se dice popularmente, “una sacada de clavo” contra La Nación, disimulada tras una supuesta denuncia anónima de un vecino afectado por los vehículos que de vez en cuando llegan al “Parque Viva”.
En cuanto a la afectación indirecta de la extraña orden sanitaria de la ministra Chacón, cabe recordar que es algo que forma parte de la jurisprudencia nacional y convenios internacionales, resultado de acciones muy frecuentes contra la libertad de prensa. Con el pasar de los años, se ha evidenciado una coincidencia en los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión y de prensa, en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Se estima que sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad, editamos de un párrafo de una resolución de la Procuraduría General de la República del año 2005. En la misma se agrega: «Ahora bien, una vez que se ha determinado el contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, se ha resaltado la importancia de la libertad de expresión en un régimen democrático y el rol de los medios de comunicación y el periodismo, y se han establecido los requisitos para que las restricciones de que puede ser objeto el derecho mencionado sean compatibles con la Convención Americana”. Restricciones, agregamos, que no necesariamente han de ser directas, como abundan impunemente en otras latitudes, sino también como en el presente caso, mediante acciones colaterales “aparentemente” ajenas a la capacidad de un medio de prensa de ejercer su libertad de expresión, aunque éstas aparentemente nos pudieren disgustar.
Precisamente eso es lo que está en juego, peligrosamente. No hace falta cerrar a la fuerza un medio de prensa, (acción directa), pues puede afectársele en su ejercicio por una vía que, por ejemplo, afecte sus finanzas (acción indirecta). En ambos casos se erosiona la libertad de prensa y de expresión, aunque obviamente, todas las circunstancias tendrán sus particularidades.
Por otro lado, dice en un audio un señor abogado (lamentablemente no identificado) que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no debía haber emitido el fallo sobre el cierre que nos ocupa del “Parque Viva”, porque eso correspondía más bien a un tribunal de menor jerarquía. Argumento discutible, pues sentimos que el caballero desdeña la gran importancia que encierra el derecho a la libertad de prensa y de expresión, al expresar que, por verse limitado indirectamente no debió haber sido visto por la Sala IV, desdeñando que se trata de algo fundamental que todos los costarricenses tenemos el deber de defender como derecho universal.
Y es que para nosotros es esencial el papel que juega la libertad de expresión (y de prensa) en el mantenimiento de nuestra sociedad democrática. Sin el debido respeto, directo e indirecto, a esas libertades cuan amplias son, la democracia se erosiona, y de ese suelo degradado podrían brotar hierbas que peligrosamente limitarían el crecimiento del respeto al pluralismo y la tolerancia, y, por ende, hacia los medios de denuncia y control ciudadanos que llegarían a ser inoperantes, avanzándose así, hacia sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido dolorosamente en países hermanos del continente.
Con su resolución, la Sala Constitucional nos reafirma responsablemente, su disposición a proteger la libertad de prensa y de expresión, aún ante amenazas indirectas como en el presente caso. Y eso es digno de aplaudir.
En fin, razonablemente, no se puede dudar que el cierre de actividades del “Parque Viva”, reconocido públicamente como un elemento financiero estructural de la empresa que publica el diario La Nación, tendría y seguramente tuvo, un efecto económico que eventualmente amenazaría con restringir por esa vía indirecta, la libre circulación de las ideas. Con el fallo de los señores magistrados, se elimina un peligroso paso que buscó poner obstáculos, en el camino por el que habrá de avanzarse hacia el fortalecimiento de la libertad de prensa y de expresión, para la consolidación de la democracia. Por vías indirectas hemos sido testigos como en otros países se ha restringido la libre expresión, por ejemplo, obstaculizando el acceso al papel y otros materiales y equipos, o, como es muy evidente en nuestro país, discriminando a diversos medios de prensa con la contratación de espacios para la divulgación de comunicados oficiales, como ha sucedido especialmente en programas de opinión por la radio. También por allí habrá de avanzarse.
