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Uno de los problemas reportados por medios de difusión como claves en El Salvador ha sido la constante lucha contra la violencia, que hace difícil la preservación del desarrollo en todas sus formas, ya que se ha vuelto un problema sistemático que repercute en toda la población.

Ante ello, Ivania Cruz, abogada y vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, alza la voz en cuanto a la realidad vivida por la población en relación con las medidas establecidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Bajo una de las más violentas olas de violencia, el gobierno ha establecido acciones igualmente drásticas, modificando, reformando y agregando nuevas atribuciones al código penal salvadoreño con condenas más largas para aquellos implicados o relacionados a las pandillas, y sumado a esto, el restringir la libertad de expresión y de prensa, estableciendo condenas a periodistas que den visibilidad a todo lo relacionado con la problemática, además de la suspensión de las garantías sociales y con ello diversas acciones de índole autoritaria.

Ivania Cruz y en base al informe reciente del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), donde exponen las arbitrariedades que suceden bajo la mira de nadie. Este informe establece que en El Salvador se han reportado 4,060 personas como desaparecidas durante los últimos dos años.

Según lo expuesto por Cruz, lo que se está viviendo en El Salvador no solo se basa en la problemática de los grupos violentos, sino que, ésta se ha utilizado como una forma de establecer un régimen fuera de los derechos humanos, donde se instaura una persecución política sobre aquellos opositores al gobierno. 

Por ello Cruz declaró para el Semanario Universidad:

“Actualmente en El Salvador vivimos una dictadura. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los sustituyen y ahora con una nueva ley sobre la carrera judicial ya no solamente (controlan) a los magistrados, si no a los jueces de los casos que a ellos les interesaba sustituir, como el caso de (la masacre de) El Mozote.

Cofappes entra a partir de 2021 por los primeros casos individuales; hoy, 2022, hablamos de capturas masivas.

En el 2021 hablamos de capturas a cualquier oposición, comenzó su discurso con los partidos opositores, FMLN y Arena, pero después pasó a cualquier crítica: hay siete periodistas exiliados, existe la ley mordaza según la cual los periodistas ya no pueden hacer publicaciones sobre las pandillas. Es una limitante a la libertad de expresión y al periodismo en El Salvador”.

De esta manera la abogada Cruz señala que es grave la situación que presenta el país, donde el Estado infringe violencia sobre los ciudadanos, en cuanto a estos encarcelamientos masivos que se dan bajo la persecución y el silencio, lejos de cualquier vestigio de derechos. Además, se debe tener presente que no existe un oposición consolidada dentro de El Salvador, ya que sin oposición en la Asamblea Legislativa, pudo realizar diversas acciones como el despido de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, estableciendo nuevos afines a sus intereses. 

Por cuánto, los esfuerzos visiblemente extremistas del presidente Bukele, que señala ante el público como una lucha contra las fuerzas violentas y guerrillas, que se establecen en El Salvador genera una disminución visible, aun así Cruz señala que “actualmente en el país, hay más de 100 muertos a manos del Estado dentro de los centros penales por el régimen de excepción, pero la gente a veces cree que esos muertos son pandilleros, pero la mayoría son personas civiles, o jóvenes que fueron muertos por riñas dentro de una celda en la que estás metiendo a gente inocente mezclada con pandilleros”. 

Para mayor información consultar la entrevista realizada a Cátedra Centroamérica/UCR: https://fb.watch/h6nDbs8eIg/?mibextid=RUbZ1f

O bien, consultar noticia en Semanario Universidad:  https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/el-salvador-es-una-bomba-de-tiempo/