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Etiqueta: privatización de la electricidad

La soberanía energética y Liberación Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Los países que realmente quieren sobrevivir en este mundo se preocupan por adquirir soberanía energética. Conscientes que deben trabajar en ello, porque las potencias internacionales tienen una llave muy poderosa en sus manos para chantajear y dominarlos, los gobiernos, partiendo de una estrategia definida, procuran conservar —hasta donde les sea posible— la independencia energética. Por regla de principios, la energía en sus diferentes manifestaciones debe estar bajo el control del Estado.

Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Trump en días pasados amenazó con prohibir la exportación de diésel de Estados Unidos. Si esa medida no hubiera sido paliada por el acuerdo con la Rusia de Putin, el mundo se hubiese enfrentado a un caos internacional. Pensemos en Costa Rica, que importa de EUA la mayor parte de sus combustibles: sin diésel se paralizaría el transporte, habría desabastecimiento de alimentos, se afectaría la movilidad de las personas y se produciría un caos total. Es claro que nosotros no tenemos petróleo y siempre seremos un juguetito del gobierno norteamericano.

Sin embargo, podemos hacer mucho para lograr cierta soberanía energética. Costa Rica es ejemplo mundial en la producción de energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar; más del 95% de la electricidad es producida por fuentes renovables, todo un ejemplo mundial. Este éxito ha sido producto del ICE.

En el campo de la electricidad hemos logrado ser soberanos, no dependemos del exterior, aunque últimamente en este gobierno de Chaves se han dado ciertos retrocesos.

La soberanía eléctrica puede ayudarnos a mitigar la dependencia de los carburantes, gasolina y diésel principalmente. Es en el transporte donde se da el mayor consumo de petróleo y, por tanto, la mayor dependencia del exterior.

Pero este gobierno chavista en vez de avanzar en la electrificación de la movilidad del transporte ha eliminado los estímulos a los vehículos eléctricos, cuando lo importante es avanzar hacia la movilidad eléctrica de autobuses, camiones y otros medios, para ir adquiriendo soberanía energética. Eso es lo que haría un estadista, un gobernante que piensa y planea a largo plazo, que tiene presentes los peligros que ocurren actualmente y en el futuro en el planeta. Pero Chaves no tiene ninguna de esas cualidades y más bien elimina los estímulos a la movilidad eléctrica.

El proyecto llamado de Armonización Eléctrica, que actualmente discute la Asamblea Legislativa, camina en el mismo sentido, renunciar a la soberanía en ese campo.

La propuesta puede resumirse así:

1-. Apertura del mercado: el que quiera puede competir y elimina al ICE como la institución directora del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, el Estado pierde o se minimiza su papel de control estratégico de una rama esencial y fundamental del desarrollo económico y social del país.

2-. Creación del ECOSEN, es decir, una institución que controlará, regulará y orientará el desarrollo del sistema eléctrico, dentro del cual tendrán un papel importante los productores de energía particulares. Es un esquema parecido al Consejo de Transporte, donde los autobuseros y particulares definen las reglas del juego. Sabemos el desastre del transporte público nacional, porque los actores son al mismo tiempo jueces. En la electricidad ocurrirá lo mismo: los generadores particulares en ECOSEN serán parte y juez al mismo tiempo. Nuevamente, el Estado pierde capacidad de dirección estratégica sobre la electricidad.

3-. El Mercado Eléctrico Regulado es una instancia donde se puja y subasta por precios, dejando zonas desprotegidas, probablemente las más pobres. El Estado es reducido a un simple productor.

Este proyecto se enmarca dentro del dominio privado, interno y externo, de uno de los centros neurálgicos, estratégicos, del desarrollo nacional. No se trata de que la empresa privada no participe del mercado, ya que actualmente lo hace; lo trascendente es que el Estado a través del ICE conserve el control de la producción y distribución de electricidad, como un elemento fundamental de la soberanía energética.

Un sector de diputados de Liberación Nacional se ha plegado a las posiciones antipatrióticas y entreguistas del chavismo y serán cómplices de la desnacionalización eléctrica, una de las conquistas más importantes, precisamente de ese partido.

Este ha sido un proyecto viejo de un sector importante de Liberación Nacional, se dice que especialmente de los hermanos Arias Sánchez y de un grupo de empresarios, que ahora asume la fracción legislativa del chavismo, precisamente por tratarse de una causa de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía nacional.

En todas las causas antipatrióticas encontraremos siempre matriculado al chavismo que contará con la ayuda de cipayos que también siempre existirán.

Si este proyecto es aprobado con la ayuda de Liberación Nacional, volverán a la sala de cuidados intensivos de la política.

Llaman a enviar cartas a las diputaciones para pedir el archivo del expediente 23.414 que es una amenaza para el modelo eléctrico solidario

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones del movimiento que defiende el modelo solidario del servicio de electricidad hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Piden enviar de nuevo cartas a las personas diputadas para solicitar el rechazo y el archivo definitivo del expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

Para facilitar el envío, el movimiento preparó dos propuestas de carta, cada uno con sus listas de correos y recomendaciones. SURCOS comparte esta información con los textos originales que el movimiento envió a nuestra redacción. Este es el material propuesto para esta campaña:

  1. Carta de oposición dirigida a las 57 diputaciones, para solicitar que voten en contra del proyecto y apoyen su archivo definitivo.

  2. Carta específica dirigida a las 17 diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN). Según el movimiento, “parece que algunas diputaciones se están torciendo a favor del proyecto”.

Las preocupaciones del movimiento

En la carta dirigida a todas las diputaciones, el movimiento sostiene que el proyecto amenaza el modelo eléctrico solidario construido durante décadas. Ese modelo ha permitido una cobertura eléctrica superior al 99 %, estabilidad, acceso universal y una matriz predominantemente renovable. El movimiento advierte que la iniciativa debilitaría las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y daría más participación a intereses privados en decisiones fundamentales del sistema. También trasladaría mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Entre los principales señalamientos están los siguientes:

  • Nueva institucionalidad: la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al que se trasladarían funciones de operación y planificación que hoy dependen de capacidades técnicas acumuladas por el país.

  • Planificación: el paso de una planificación directiva y vinculante a una planificación indicativa, en la que las señales del mercado tendrían un papel determinante en las decisiones de inversión.

  • Tarifas: la posibilidad de que los grandes consumidores compren electricidad directamente a empresas generadoras privadas. Según el movimiento, eso podría trasladar una mayor carga tarifaria a las personas usuarias residenciales, a los pequeños comercios y a los sectores empobrecidos.

  • Beneficios del mercado regional: la pérdida de los beneficios que hoy recibe la población por las operaciones del ICE en el Mercado Eléctrico Regional.

  • Estabilidad del sistema: riesgos para la estabilidad y la confiabilidad, como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y más necesidad de infraestructura de respaldo.

  • Ambiente y soberanía: riesgos ambientales y territoriales por mayores incentivos para proyectos privados en ríos y cuencas, y riesgos para la soberanía energética.

  • Dirección de Planificación del ICE: según han denunciado organizaciones del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad de la Gerencia de Electricidad el 22 de setiembre de 2026. Las organizaciones lo consideran una posible implementación anticipada del proyecto mientras este sigue en discusión legislativa.

La carta recuerda también que en mayo de 2026 una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y comunitarias logró que el proyecto no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

La carta dirigida a la fracción del PLN expresa preocupación por la información de que algunas de sus diputaciones habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del proyecto en segundo debate. Les recuerda el compromiso que asumieron como bloque legislativo en defensa del Estado social de derecho.

Cómo enviar las cartas

En los dos casos, cada organización o persona puede elegir entre dos opciones:

  • Opción 1: enviar un solo correo-e a todas las personas diputadas de la lista correspondiente, con el asunto sugerido y la carta.

  • Opción 2: enviar una carta individual a cada persona diputada, con un encabezado personalizado. Las cartas individuales ya están preparadas en los documentos que pueden descargarse al final de esta nota. Cada carta empieza en una página nueva.

En la carta dirigida a las 57 diputaciones se puede agregar, de forma opcional, un considerando décimo sobre la posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. El movimiento aclara que ese punto es solo por si desean añadirlo: “en estos momentos lo urgente es el envío de la carta a las personas diputadas”. Si no se usa, debe borrarse completo.

 

Acción 1. Carta de oposición a las 57 diputaciones

Asunto sugerido:
Solicitud de rechazo y archivo definitivo del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

Direcciones de correo-e (57):

claudia.dobles@asamblea.go.cr; alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr; abril.gordienko@asamblea.go.cr; nogui.acosta@asamblea.go.cr; kattya.mora@asamblea.go.cr; stephan.brunner@asamblea.go.cr; mayuli.ortega@asamblea.go.cr; gonzalo.ramirez@asamblea.go.cr; anna.muller@asamblea.go.cr; antonio.barzuna@asamblea.go.cr; esmeralda.britton@asamblea.go.cr; jose.villalobos@asamblea.go.cr; zaira.murillo@asamblea.go.cr; gerald.bogantes@asamblea.go.cr; grethel.avila@asamblea.go.cr; wilson.jimenez@asamblea.go.cr; kattia.ulate@asamblea.go.cr; fernando.obaldia@asamblea.go.cr; cindy.blanco@asamblea.go.cr; roberth.barrantes@asamblea.go.cr; yara.jimenez@asamblea.go.cr; marta.esquivel@asamblea.go.cr; juan.quesada@asamblea.go.cr; nayuribe.guadamuz@asamblea.go.cr; daniel.siezar@asamblea.go.cr; cindy.murillo@asamblea.go.cr; royner.mora@asamblea.go.cr; mariaisabel.camareno@asamblea.go.cr; ariel.mora@asamblea.go.cr; anaruth.esquivel@asamblea.go.cr; osvaldo.artavia@asamblea.go.cr; kristel.ward@asamblea.go.cr; reynaldo.arias@asamblea.go.cr; kattia.calvo@asamblea.go.cr; josemaria.villalta@asamblea.go.cr; vianey.mora@asamblea.go.cr; antonio.trejos@asamblea.go.cr; edgardo.arayaa@asamblea.go.cr; sigrid.segura@asamblea.go.cr; joselyn.saenz@asamblea.go.cr; meroman@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente para manifestar nuestra firme oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y solicitarle que vote en contra de esta iniciativa, así como que apoye su archivo definitivo.

Consideramos que este proyecto representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que Costa Rica ha construido durante décadas y que ha permitido garantizar una amplia cobertura, estabilidad, acceso universal y una matriz eléctrica predominantemente renovable.

Asimismo, advertimos que la iniciativa debilitará las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), favorece una mayor participación de intereses privados en decisiones fundamentales del sistema eléctrico y trasladará mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Por estas razones, exponemos lo siguiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La electricidad como servicio público esencial y derecho de la población.

Que la electricidad constituye un servicio esencial para la vida cotidiana, la educación, el trabajo, la producción nacional y el bienestar de la población, por lo que las decisiones relativas a su generación, transmisión, distribución, planificación y comercialización deben responder prioritariamente al interés público y no a criterios de rentabilidad privada.

Que Costa Rica ha alcanzado una cobertura eléctrica superior al 99% y una elevada participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica, los cuales son logros que constituyen un patrimonio colectivo construido en décadas de inversión pública, planificación y desarrollo de capacidades técnicas e institucionales.

Que este modelo ha permitido democratizar el acceso a la electricidad y garantizar que comunidades rurales, costeras, fronterizas y alejadas también formen parte del sistema eléctrico nacional, lo que contribuye a reducir desigualdades territoriales y sociales.

SEGUNDO: La defensa del modelo eléctrico solidario y del papel estratégico del ICE.

Que el modelo eléctrico costarricense ha sido desarrollado sobre principios de solidaridad, planificación pública y articulación institucional, con el ICE como actor fundamental en la conducción y expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Que el expediente N.° 23.414 pretende modificar sustancialmente este modelo, debilitará las funciones históricas del ICE y trasladará competencias estratégicas hacia nuevas estructuras y mecanismos de mercado.

Que la propuesta contempla la creación del denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al cual se pretenden trasladar funciones fundamentales relacionadas con la operación, planificación y funcionamiento del sistema eléctrico, e introduce una nueva estructura institucional en un ámbito donde el país ha acumulado durante décadas capacidades técnicas y experiencia especializada.

Que una transformación de esta naturaleza no constituye una simple modernización administrativa, sino un cambio profundo en la forma de organizar, planificar y gobernar uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

TERCERO: El riesgo de fragmentación y debilitamiento de la planificación pública del sistema eléctrico.

Que el proyecto sustituye el esquema de planificación directiva y vinculante que históricamente ha permitido al país ordenar el desarrollo de su matriz eléctrica por un modelo de planificación indicativa, en el cual las señales del mercado adquieren un papel determinante en las decisiones sobre las nuevas inversiones y fuentes de generación.

Que la planificación eléctrica requiere considerar de manera integrada la seguridad energética, la disponibilidad de recursos, las necesidades futuras de demanda, la confiabilidad del sistema, los tiempos de construcción de infraestructura y el equilibrio entre fuentes de energía firme y variable.

Que trasladar estas decisiones fundamentales a una lógica predominantemente de mercado generará fragmentación, sobreinstalación de capacidad, mayores necesidades de infraestructura de respaldo, volatilidad de precios y dificultades para garantizar oportunamente la expansión y confiabilidad del sistema.

Que, por tanto, la defensa de la planificación pública y de las capacidades técnicas acumuladas por el ICE constituye una condición fundamental para preservar la seguridad energética y el interés público.

CUARTO: El riesgo de aumento de las tarifas eléctricas y de mayores costos para la población.

Que el expediente N.° 23.414 establece mecanismos que permitirían a grandes consumidores adquirir electricidad directamente de empresas generadoras privadas, modificando el actual esquema solidario mediante el cual los distintos sectores participan de un sistema integrado.

Que esta fragmentación puede reducir los ingresos con los cuales actualmente se financian costos comunes, inversiones y expansión del sistema eléctrico, y traslada una mayor carga relativa de las tarifas hacia las personas usuarias residenciales, pequeños comercios y, en general, a los sectores más empobrecidos del país.

Que, además, la creación de nuevas estructuras institucionales y mecanismos de mercado supone costos adicionales de operación, regulación y administración que, en última instancia, se trasladarán a la ciudadanía.

Que el actual modelo también permite que los ingresos obtenidos por el ICE mediante sus operaciones en el Mercado Eléctrico Regional contribuyan a beneficiar a la población costarricense mediante los mecanismos tarifarios establecidos por la regulación vigente; por lo que una mayor participación privada en dichas operaciones significará la pérdida de estos beneficios colectivos.

Que, en consecuencia, no resulta aceptable que bajo el discurso de la modernización se impulse una transformación cuyos costos y riesgos terminarán siendo asumidos por las familias, las personas trabajadoras, los pequeños comercios y los sectores sociales con menor capacidad económica.

QUINTO: Las amenazas para la seguridad, estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Que Costa Rica ha construido un sistema eléctrico caracterizado por altos niveles de cobertura, estabilidad y participación de fuentes renovables, lo cual resulta de una planificación integrada y de las capacidades técnicas desarrolladas por el ICE y las demás instituciones que conforman el sistema.

Que la generación eléctrica no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la competencia y el precio de corto plazo, pues requiere garantizar en todo momento el equilibrio entre generación y demanda, así como contar con suficiente energía firme y capacidad de respaldo.

Que los cambios hacia mercados eléctricos liberalizados pueden generar fenómenos como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y necesidad de nuevas inversiones en infraestructura de respaldo, con consecuencias tanto económicas como operativas.

Que la experiencia internacional sustenta esta posición y evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la expansión de la generación y la infraestructura eléctrica no se articula mediante una planificación conjunta de largo plazo.

SEXTO: Los riesgos ambientales, territoriales y para la soberanía energética.

Que una apertura mayor del mercado de generación puede incrementar los incentivos para desarrollar proyectos privados de generación eléctrica en ríos, cuencas y territorios, sin que necesariamente prevalezcan las necesidades sociales, ambientales y territoriales del país.

Que los recursos naturales utilizados para producir electricidad constituyen bienes estratégicos del país y deben ser gestionados bajo criterios de interés público, sostenibilidad ambiental, soberanía y protección de las comunidades.

Que Costa Rica ha construido su liderazgo internacional en materia de transición energética sobre la base de una planificación pública de sus recursos y de una matriz predominantemente renovable, por lo que cualquier modificación del modelo eléctrico debe preservar y fortalecer, y no poner en riesgo, estos logros.

Que la electricidad y los recursos naturales que permiten producirla no deben convertirse en simples mercancías subordinadas a la lógica de maximización del lucro privado.

SÉTIMO: La preocupante disolución de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad del ICE.

Que la Dirección de Planificación y Sostenibilidad (DPS) de la Gerencia de Electricidad del ICE ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la elaboración del Plan de Expansión de la Generación y en la planificación del desarrollo eléctrico nacional.

Que, según ha sido denunciado públicamente por organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver dicha Dirección el 22 de setiembre de 2026.

Que resulta particularmente preocupante que esta decisión institucional se produzca mientras el expediente N.° 23.414 continúa pendiente de discusión legislativa, pues podría significar, en la práctica, la implementación anticipada de transformaciones institucionales asociadas con un proyecto que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

Que la reciente reactivación de la discusión legislativa obliga a las personas diputadas a ejercer una especial vigilancia sobre cualquier modificación institucional que pueda comprometer las capacidades del ICE.

OCTAVO: La necesidad de preservar un modelo eléctrico al servicio del interés público.

Que el expediente N.° 23.414 no debe ser valorado únicamente como una reforma técnica o administrativa, pues modifica la relación entre el Estado, el ICE, las empresas privadas, las familias costarricenses y los recursos energéticos del país.

Que se encuentra en discusión quién planificará el desarrollo eléctrico nacional, bajo qué criterios se toman las decisiones estratégicas, quién controla los recursos energéticos y quién recibe los beneficios derivados de su explotación.

Que la electricidad debe continuar siendo entendida como un servicio público esencial y como un componente fundamental de las condiciones materiales para una vida digna, y no como una mercancía subordinada a los intereses de los grandes actores económicos.

NOVENO: La responsabilidad de la Asamblea Legislativa ante una reforma de esta trascendencia.

Que corresponde a la Asamblea Legislativa proteger el interés público, la institucionalidad nacional y los derechos de la población, particularmente cuando se encuentran en juego servicios públicos estratégicos y bienes naturales de importancia nacional.

Que el propio proceso legislativo relacionado con el expediente N.° 23.414 ha sido objeto de señalamientos técnicos y jurídicos, incluyendo advertencias sobre problemas de legalidad y constitucionalidad y sobre la necesidad de realizar ajustes al texto.

Que, en mayo de 2026, una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales, comunitarias y de diversos sectores de la sociedad costarricense expresó públicamente su repudio y oposición al proyecto, con lo que se logró que este no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

[DÉCIMO (opcional): Posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. Si no desea agregarlo, borre todo este punto.]

POR TANTO:

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente a usted, en su condición de persona diputada de la República, que vote en contra del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y que apoye su archivo definitivo.

Asimismo, le solicitamos que, en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y políticas, contribuya a preservar el modelo eléctrico solidario costarricense, el carácter estratégico del ICE, la planificación pública del Sistema Eléctrico Nacional, el acceso universal a la electricidad y la protección de los recursos naturales y de los intereses de la población.

Consideramos que Costa Rica no necesita desmontar un modelo que ha permitido alcanzar elevados niveles de cobertura, estabilidad y generación renovable.

Por el contrario, el país requiere fortalecer las capacidades del ICE y garantizar que la política energética responda al interés colectivo y a las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

Defender el modelo eléctrico solidario significa también defender la soberanía nacional, la justicia social, los bienes comunes, la protección ambiental y el derecho de toda la población a acceder a servicios públicos esenciales bajo condiciones de calidad, estabilidad y equidad.

Saludos cordiales.

 

Acción 2. Carta a las 17 diputaciones del PLN

Asunto sugerido:
Preocupante información sobre la posición de personas diputadas del PLN frente al Proyecto de “Armonización” del Sistema Eléctrico Nacional

Direcciones de correo-e (17):

alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Durante los últimos días ha circulado un rumor de que algunas personas diputadas del PLN habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del mal llamado proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en el segundo debate legislativo. Esta posibilidad ha encendido todas las alarmas en el movimiento social y en el pueblo de Costa Rica en general, pues, como ya se ha discutido ampliamente, este proyecto de ley es básicamente un nuevo intento de privatización y desmantelamiento del exitoso modelo eléctrico costarricense.

Este proyecto de ley no tiene nada de novedoso; representa un caso más de la vieja receta privatizadora de los años 1990, que alrededor del mundo ha tenido consecuencias nefastas sobre la gestión de los sistemas eléctricos. Amplia evidencia y datos dan cuenta de los resultados desastrosos de este tipo de políticas, por ejemplo, fuertes aumentos en tarifas eléctricas residenciales y de pequeños comercios, deterioro en la calidad de los sistemas eléctricos (que se expresa en apagones, fluctuaciones y mayor inestabilidad de la corriente) y una captura corporativa de los espacios de toma de decisión en el sector eléctrico, dominados por puertas giratorias y conflictos de intereses. En fin, se trata de un proyecto de ley intencionado para que grandes actores económicos se apropien de un patrimonio socialmente construido durante décadas y monten un millonario negocio privado, del cual el pueblo de Costa Rica no recibiría beneficio alguno.

La posibilidad de que algunas personas diputadas del PLN apoyen este proyecto de ley también preocupa mucho por lo que esto significa en la actual coyuntura política nacional. Estamos atravesando uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país, con un gobierno –y su respectiva fracción legislativa– que han dado claras señales de autoritarismo y total falta de respeto por los principios democráticos más básicos, como lo es la división de poderes. Ni hablar de las evidencias cada vez mayores que vinculan a este partido político con estructuras del crimen organizado y grandes esquemas de corrupción e impunidad. Apoyar el proyecto de ley de “armonización” eléctrica es apoyar un proyecto político de mayor alcance, el cual amenaza con destruir la democracia costarricense y los principios básicos de convivencia social.

Mientras en otros países del mundo se está discutiendo seriamente la necesidad de re-estatizar los sistemas eléctricos debido a los pésimos resultados de las privatizaciones, en Costa Rica se está impulsando el proyecto de ley de “armonización”, ignorando toda la evidencia disponible a partir de las experiencias internacionales. Inclusive, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por poseer un modelo eléctrico altamente exitoso y ejemplar, con altos estándares de calidad, servicio al costo, acceso universal y soberanía energética. Desde luego que hay aspectos por mejorar, pero este proyecto de ley no atiende dichos aspectos sino que más bien vendría a destruir lo que sí funciona bien e imitar lo peor que se ha hecho en otros países.

Como ciudadanía organizada, crítica y preocupada por el bienestar de nuestro país, les recordamos la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. Una mala decisión puede provocar un daño enorme a la sociedad costarricense, el ambiente y las futuras generaciones, el cual luego resultaría muy difícil de revertir. Les recordamos también el compromiso que ustedes han asumido como bloque democrático legislativo en defensa del Estado Social de Derecho, el cual se encuentra más amenazado que nunca. Esperamos que cumplan con su palabra y que no traicionen al pueblo de Costa Rica, que ya tiene suficientes problemas como para meterse en uno más. Estaremos vigilantes y, si fuera el caso, listos/as para convocar grandes movilizaciones.

Atentamente.

 

Documentos originales con las cartas individualizadas y recomendaciones (cada carta con el encabezado y el correo-e de la persona diputada):

Agresión del presidente Chaves contra Ariel Robles Barrantes delata ofensiva del Gobierno contra el ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente


  • Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica

  • Chaves impulsa agenda privatizadora de la energía eléctrica

San José, 18 de mayo 2023. El afán del presidente de la República de denigrar a otras personas, como recientemente lo hizo con el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, no es ninguna novedad. Esta nueva agresión es la constatación de un estilo despótico, anclado en el matonismo patriarcal y en el ejercicio de una jerarquía con un estilo absoluta y totalmente vertical que riñe con cualquier forma de relación asertiva. Esas agresiones y desplantes de autoritarismo no han respetado a su propio gabinete. El diputado Ariel Robles Barrantes no necesita que lo defendamos, pero esta manifestación es indispensable porque por muchos años hemos compartido en movimientos sociales en defensa de territorios, comunidades, ríos, ecosistemas y derechos de la población y de la naturaleza, en nuestro país.

Para Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON: “esas agresiones son parte del proceso de instalación de una figura despótica y de fuerza que el Presidente busca para la sociedad costarricense, y es desde todos los puntos de vista un retroceso en la historia nacional en términos de la construcción de una sociedad en la que el respeto y la convivencia sean una norma irrestricta y esto incluye las relaciones respetuosas entre personas que piensan diferente. El Presidente demuestra que no está preparado para convivir ni con mínimas disidencias; por eso es que frecuentemente vemos este tipo de exabruptos.”

El Presidente está enojado porque en tan solo 1 año el diputado Robles Barrantes ha demostrado inteligencia, talante y valentía para desafiar a quien sea si se trata de defender una sociedad costarricense justa y solidaria, lo cual implica la defensa de instituciones como el ICE para que mantengan su sentido social y solidario.

Por su lado Osvaldo Durán, integrante de Proyectos Alternativos (PROAL) y vocero de FECCON menciona que: “La cólera del Presidente delata que lo que rehúsa es discutir el fondo del asunto, porque eso mostraría que la estrategia de su Gobierno y de la administración que impuso en el ICE, está claramente enfilada a debilitar el ICE para llevarlo acondiciones de no poder cumplir una labor eficiente de satisfacción de necesidades de electricidad, y en este caso puntual de telecomunicaciones, con una visión social y solidaria”.

Según menciona Osvaldo Durán: “el argumento del Presidente en cuanto a que Ariel Robles Barrantes está defendiendo a la empresa Canal 7 no tiene ningún sentido. Canal 7 es una de las empresas que más daño le ha hecho al país por evasión de impuestos y de hecho la información que el mismo diputado Robles divulgó, demuestra que es una de las empresas que declaró cero utilidades (otro es el daño que se le hace a la población con todo tipo de información y contenidos enajenantes). Ariel Robles no está cuidando a Canal 7; está defendiendo los recursos del ICE para que sean bien gastados en medios comerciales que aseguren que la pauta publicitaria que se paga con nuestros recursos tendrá efecto positivo en términos de competencia en el mercado abierto de las telecomunicaciones. Esta denuncia provocó incluso el despido de la funcionaria del ICE que lo evidenció”.

Por último Jiri Spendlingwimmer, presidente de la FECON agregó que: “El intento de manipular a la opinión pública diciendo que Ariel Robles Barrantes es “un comunista dentro del clóset”. Chaves recurre a los más retrógrados argumentos que recuerdan a los dictadores militares y políticos ultraconservadores de América Latina y el mundo. Mantener al pueblo de Costa Rica en la ignorancia no es algo que pueda sostenerse indefinidamente. Al Presidente se le está haciendo imposible ocultar que su objetivo es desmantelar la institucionalidad social de Costa Rica, y en esa carrera sigue perdiendo la sensatez y el respeto”.

Más información:

Osvaldo Durán Castro, Teléfono: 83800955, osvaldodc@gmail.com

Jiri Spendlingwimmer S, Teléfono: 8880 6385, incidenciafecon@gmail.com

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE.  Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense.  En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7).   Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.  La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.  La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto. 

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).  

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos.  En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense:  23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021.  Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años.  En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos.  Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales.  Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana.  Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país.  Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE.  Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC.  Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019.   Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”.  Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso.  El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad,  cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. 

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10).  El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará.  No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad. 

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”.  Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada.  El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe,  en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos:  “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62.   Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia.  Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2).  Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice.  Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas.  Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes.  A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

  1. reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
  2. La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
  3. Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
  4. Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
  5. Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
  6. Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico.   Los otros proyectos son:
  • expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, 
  • expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al   mercado   eléctrico   regional” (archivado), 
  • expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”, 
  • expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
  • expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
  • expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8).  Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200.  El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño,  y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

Gobierno se somete a generadores privados de electricidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(2 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Reinicio del negocio privado de la electricidad

En términos generales podemos decir que, a partir del 8 de abril de 1949, cuando se creó el ICE con el Decreto Ley No. 449, en Costa Rica se empezó a perfilar una supremacía relativa de la electricidad pública frente a la privada, y que el 18 de octubre de 1990, cuando se publicó la Ley 7.200, iniciamos un retroceso hacia la electricidad privada.

A modo de resumen varias fechas son indispensables: el 18 de octubre de 1990, durante la administración Calderón Fournier, entró en vigor la “Ley n° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”. Esta ley fue modificada durante el gobierno de Figueres Ólsen. El cambio del capítulo II de la Ley 7.200 se conoce como Ley. No.7.508 y rige desde el 9 de mayo de 1995. En 2011 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda le dio el mandato al ICE de “llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”. Esta directriz ya no está vigente, pero sí las leyes indicadas. De acuerdo con el capítulo I de la Ley 7.200, los privados pueden operar y venderle al ICE electricidad proveniente de proyectos de no más de 20.000 kW (20 MW). Otros contratos pueden ser de hasta 50.000 kW (50 MW) gracias a la Ley 7.508 (capítulo II de la 7.200), y entre ambas modalidades, la generación privada no puede ser superior al 30% de la capacidad de generación de todo el Sistema Eléctrico Nacional (15% cada tipo de contratos).

La diferencia entre ambos contratos es que los proyectos de hasta 50 MW, denominados “Build, Operate and Transfer” o B.O.T, siglas en inglés para Construcción, Operación y Transferencia, deben pasar a propiedad del ICE luego de los veinte años de su duración. Los contratos, el precio de compra por parte del ICE, su renovación y las condiciones, que hemos tildado de extremadamente favorables para los privados en detrimento de la sociedad costarricense, los hemos revisado en otros textos como “Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada”, en el que analizamos los supuestos bajo los cuales se justifica la generación privada de electricidad y su posible exportación.

Asociado directamente con esa pretensión de apertura para la exportación, fue presentado a la Asamblea Legislativa el Expediente n° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, y ya no sólo a las empresas del grupo ICE, como es en la actualidad. Ese proyecto busca que puedan exportar electricidad “todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”. En el artículo “Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad”, explicamos cómo la falta de controles del ICE y “errores” de cálculo de tarifas por parte de ARESEP, favorecieron directamente a los generadores privados con cientos de miles de millones de colones. A modo de ejemplo, según la Contraloría General de la República se trata de “sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones”, sólo para algunos contratos.

Otros intentos de privatizar la electricidad

Durante la segunda Administración de Óscar Arias (2006-2010) fue relevante el proyecto “Ley general de electricidad” que tenía un clarísimo barniz privatizador. Hacia mediados de 2009 parecía inminente su presentación al Poder Legislativo, pero fue postergada hasta el siguiente gobierno. Fue presentado a la Asamblea Legislativa como expediente N.° 17.812 en el gobierno Chinchilla Miranda. Pretendía abrir el mercado a los generadores privados eliminando “trabas” de la legislación vigente. Enfatizaba la meta de propiciar condiciones para la exportación de electricidad al mercado regional centroamericano por parte de los generadores privados. El artículo 3 de la propuesta “Acceso al Mercado Eléctrico Regional, MER”, señalaba que “Las empresas generadoras nacionales que utilicen energías renovables para producir electricidad podrán colocar sus excedentes de energía en el MER, una vez cumplidos sus compromisos de suministro nacional, bajo la reglamentación que promulgue la Aresep”.

Tras la no aprobación del Proyecto Ley general de electricidad, el ya expresidente Oscar Arias, en un artículo titulado “Cuestión de sentido común” (La Nación. 17/03/2013), dijo que ese proyecto hubiera acabado “con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada”, y se lamentó de que “…Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años más…”.

Las presiones para que en Costa Rica opere un mercado eléctrico abierto y con cada vez mayor participación privada, no sólo han estado permanentemente en la agenda de los empresarios privados de la electricidad. También han sido un anhelo antiguo de distintas administraciones. Es decir, privados y gobiernos coincidían, y siguen coincidiendo, en debilitar al ICE y fortalecer la generación privada. El 23 de setiembre de 2010, Teófilo de la Torre, titular del MINAE, expuso en el Foro Apertura y Desarrollo del Sector Electricidad. Reforma del Subsector Electricidad, un “modelo de mercado” en el que el ICE, “privados” y “alianzas”, serían competidores del mercado eléctrico en condiciones de plena igualdad, con una inversión (ideal) de 9.000 millones de dólares dividido en 3 partes iguales.

Otro intento privatizador fue un nuevo proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”, Expediente N.° 18.093, que la presidenta Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello, presentaron a la Asamblea Legislativa el 11 de mayo de 2011. Esa propuesta abogaba por “una participación más activa del sector privado en el desarrollo de proyectos” y “la participación de múltiples actores en la industria eléctrica e incentiva la inversión en este subsector”. Una nueva variante de proyecto de ley para atender una supuesta “contingencia eléctrica” nacional, fue publicado en La Gaceta el 27 de enero de 2014 y presentado a la Asamblea Legislativa. Ambas iniciativas fracasaron gracias a múltiples oposiciones, que en su momento discutimos.

De manera amenazante contra el servicio público de electricidad, las propuestas de ley de contingencia avanzaron notoriamente hacia la privatización, pues pretendían declarar “…de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”. Esta idea hubiera flexibilizado de manera letal las regulaciones y permisos para la generación de electricidad privada. Hasta hoy la “idea” es que esa declaratoria sea el resultado de un exhaustivo análisis de variables que permitan decidir sobre la aprobación o rechazo de un proyecto. Es una “idea” porque la historia reciente registra tanto usos nefastos como positivos de esta figura legal. 2 ejemplos son la declaratoria ilegal conveniencia nacional para el proyecto minero Crucitas, y otro fue el rechazo de la conveniencia nacional para el PH San Rafael, de la constructora HSolís, firmado por el otrora ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el lunes 15 de julio 2019, tras casi 7 años de disputas en las que organizaciones sociales y comunidades demostramos la absoluta inconveniencia de ese proyecto. Ese negocio hidroeléctrico privado de 7,2 megavatios le hubiera costado a la sociedad costarricense 57 millones de dólares.

 

Imagen ilustrativa, ICE.