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Vladimir de la Cruz

Las luchas sociales, las protestas sociales, las luchas de los trabajadores y sus movimientos laborales, como las luchas políticas de los trabajadores en los Estados Unidos tienen una larga historia. Las hay de diverso tipo, laborales, antiesclavistas, contra la discriminación racial, por los derechos civiles, contra la segregación en las escuelas de negros y de latinos, como por los derechos humanos en general.

La historia estadounidense es rica en este tipo de acontecimientos y de experiencias históricas. Con frecuencia se dan estas luchas y movimientos.

En el campo laboral destaca internacionalmente la lucha de los trabajadores estadounidenses, a finales del siglo XIX, por lograr la jornada de trabajo de 8 horas, la que se impuso y dio lugar a la celebración cada 1 de mayo, desde 1890, a marchas reivindicatorias de derechos laborales y de defensa de conquistas sociales, salariales y laborales logradas.

Las luchas contra la esclavitud en los Estados Unidos son también muy ricas, heroicas y dramáticas. Aunque la esclavitud haya sido eliminada y prohibida siguen estando presentes esas luchas por las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene laboral, por los bajos salarios y malas condiciones de vida a la que son sometidos, en ciertas ramas de la producción de los Estados Unidos, especialmente agrícolas, en los Estados sureños, miles de trabajadores, especialmente migrantes, no solo negros, migrantes de Latinoamérica, en particular mexicanos, hondureños y salvadoreños junto a otros grupos de ciudadanos migrantes de otras nacionalidades y continentes.

En 1903, en Oxnard, California, trabajadores agrícolas mexicanos y japoneses organizan el primer sindicato de trabajadores agrícolas, la Asociación Laboral Mexicana-Japonesa (JMLA), que fue el primer sindicato en ganar una huelga en el sector agrícola de California.

La huelga repercutió para que desde 1904 el gobierno estadounidense estableciera una patrulla fronteriza para controlar y evitar el flujo migratorio de trabajadores asiáticos que llegaban desde México.

En 1905 la dirigente laboral Lucy Gonzales Parsons, en San Antonio Texas, impulsó la fundación de los Wobblies, que eran parte del sindicato Trabajadores Industriales del Mundo (IWW). Trabajadores de este sindicato, que laboraban en Panamá, en una ocasión, a principios del siglo XX, fueron traídos a Costa Rica, para romper una huelga bananera y cuando llegaron y se dieron cuenta para que los traían, se sumaron solidariamente a la huelga. Uno de los principales dirigentes de la IWW fue John Reed, quien también fue uno de los primeros dirigentes del recién fundado Partido Comunista de los Estados Unidos en aquellos años, fallecido en los inicios de la Revolución Rusa en Moscú, y el único dirigente comunista revolucionario extranjero sepultado en Kremlin.

Con la Revolución Mexicana hubo contactos muy importantes de los dirigentes obreros de la Confederación Revolucionaria Obrera de México, CROM, dirigida por los hermanos Flores Magón, de tradición anarquista-socialista, con los sindicatos estadounidenses de esos años.

Había llegado a los Estados Unidos buscando seguridad que no le daba la Revolución Mexicana en ese momento. Esto llevó a Ricardo Flores Magón a la cárcel en Los Ángeles, junto a su hermano Enrique y otros dirigentes en 1911, acusados, por sus luchas sociales y laborales, de promover la rebelión en Baja California. En 1915 y 1916 volvió a ser arrestado, junto a su hermano en Los Ángeles. En 1918 los condenaros a 21 años de prisión en el Estado de Washington. En esa época el organismo anterior al FBI, el Bureau of Investigation, vigilaba a los inmigrantes y acosaba a los dirigentes obreros. En 1922, el 21 de noviembre, en prisión estadounidense murió Ricardo Flores Magón.

LA CROM había tenido relaciones epistolares con José María Zeledón Brenes, entonces secretario del Centro de Estudios Sociales Germinal, que dirigía con Joaquín García Monge, Omar Dengo, Carmen Lyra entre otros.

En 1911 se realizó en Laredo, Texas, el Primer Congreso Mexicanistas, como primera gran convención de mexicanos para organizarse contra la injusticia social.

En 1912 Nuevo México, se incorporó como estado de la Unión Americana, estableciéndose en su Constitución como un estado bilingüe, español inglés, garantizando fondos para la educación bilingüe.

Con motivo de la participación de los Estados Unidos en la I Guerra Mundial facilitaron la emigración latina, como mano de obra, que la necesitaban.

En 1919 en Laredo, Texas se constituyó la Confederación Obrera Panamericana, COPA. El movimiento obrero costarricense se hizo representar con el escritor Joaquín García Monge, y el movimiento obrero nicaragüense con el poeta Salomón de la Selva.

En 1921 se creó la organización de trabajadores latinos “La Orden Hijos de América”, en San Antonio Texas, para crear conciencia sobre cuestiones de derechos civiles y luchar por salarios justos, educación y vivienda. Este mismo año se aprobó la Ley de Inmigración que restringió la entrada de europeos, por presión de empresas agrícolas.

En Los Ángeles, en 1927, la Confederación de Uniones Obreras Mexicanas (CUOM) se convierte en el primer esfuerzo a gran escala para organizar y consolidar a los trabajadores mexicanos, lo que facilitó que en 1928 se eligiera en Nuevo México, el primer senador latino de Estados Unidos.

Varias organizaciones de servicios latinos se fusionan en 1929, para formar la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), para luchar contra la discriminación y la segregación, y promover la educación entre los latinos.

En 1931, en Ybor City, Tampa, Florida, se da la primera huelga laboral demandando que no se impidiera en las fábricas de tabaco el trabajo de los “lectores”, que eran personas que leían libros y revistas en voz alta para ayudar a los torcedores de tabaco a pasar el tiempo, acusados, los “lectores”, de radicalizar a los trabajadores. Estos lectores se dieron en México, en el Caribe y entre los zapateros de Costa Rica, como lo relata Carlos Luis Fallas en su cuento “El Taller”.

En 1933, en la recolección de fresas, los sindicatos de trabajadores latinos de la empresa El Monte realizaron la huelga agrícola, que en aquella época se consideró la más grande realizada, que reivindicaba la defensa y aumentos de salarios.

En 1938, el 4 de diciembre, el Congreso del Pueblo de Habla Española celebra su primera conferencia en Los Ángeles. Fue fundado por Luisa Moreno y dirigido por Josefina Fierro de Bright, considerado el primer esfuerzo nacional para reunir a trabajadores latinos de diferentes orígenes étnicos, cubanos y españoles de Florida, puertorriqueños de Nueva York, mexicanos y mexicoamericanos del suroeste.

Un año más tarde, John Steinbeck, el gran novelista, publica Las uvas de la ira, como una denuncia sobre la difícil situación de los trabajadores migrantes en la industria del cultivo de uvas de California.

En 1942, ingresado Estados Unidos a la II Guerra Mundial, aliado a la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia en su lucha antifascista, se impulsa el Programa Bracero que permite a los ciudadanos mexicanos trabajar temporalmente en Estados Unidos, programa que se aplicó hasta 1964.

Los conflictos raciales también empezaron a manifestarse, en 1943, en Los Ángeles, con enorme represión policial y militar.

En 1944, el senador del Estado de Nuevo México, Dennis Chávez, presenta el primer Proyecto de Ley de Prácticas Justas de Empleo, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, credo u origen nacional, que fue el antecedente de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

Al terminar la II Guerra Mundial, los veteranos latinos, que regresaron, organizaron el Foro Americano de GI en Texas para combatir la discriminación y mejorar la situación de los latinos, que logró formar filiales en 23 estados.

En 1945, padres mexicoamericanos demandaron a varios distritos escolares de California, impugnando la segregación de estudiantes latinos en escuelas separadas, logrando con ello que la Corte Suprema de California fallara en su favor argumentando que la segregación viola los derechos constitucionales de los niños.

En la época del macartismo, entre 1953 y 1958, la «Operación Espalda Mojada», hizo que el Servicio de Inmigración de Estados Unidos arrestara y deportara a casi 4 millones de latinoamericanos.

En 1963, por el impacto de los cubanos que huyeron de la Revolución Cubana, radicados en Miami, lograron que se estableciera el primer programa de educación bilingüe del país en escuelas públicas, subvencionado por la Fundación Ford.

En 1965, César Chávez y Dolores Huerta fundaron la Asociación de Trabajadores Agrícolas Unidos, UFW, en Delano, California, que se convierte en el sindicato de trabajadores agrícolas más grande e importante del país. Con César Chávez, y su movimiento, puedo decir, que tuve contactos solidarios en su lucha cuando me iniciaba en la lucha estudiantil universitaria. Dolores Huerta fue la primera mujer en liderar un sindicato de este tipo. Bajo su liderazgo, la UFW se unió a una huelga iniciada por recolectores de uva filipinos, en Delano, que se convirtió en uno de los movimientos de justicia social más importantes para los trabajadores agrícolas en Estados Unidos.

Por razones políticas, anticomunistas, el Congreso de Estados Unidos aprobó, en 1966, la Ley de Ajuste Cubano-Americano, que permitió a los cubanos que residieran en Estados Unidos al menos un año obtener la residencia permanente. Ningún otro grupo de inmigrantes había recibido este privilegio antes ni desde entonces.

En 1968, estudiantes latinos de secundaria en Los Ángeles realizaron huelgas en toda la ciudad en protesta por el trato desigual del distrito escolar, reclamando que se les permitiera hablar español en la propiedad escolar, y se les permitiera usar el baño durante el almuerzo.

Eran los días en que las universidades estadounidenses, y las de California, con sus estudiantes y profesores se levantaran contra la guerra en Vietnam, y se estableciera el “Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación” para la protección de los derechos civiles de los mexicano-americanos.

En la década siguiente, 1970-1980, organizaciones progresistas en comunidades mexicanas, filipinas, árabes y otras comunidades de inmigrantes, organizaron trabajadores documentados e indocumentados, para luchar por la legalización y los derechos sindicales contra las redadas del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y contra la brutalidad de las fuerzas de seguridad migratorias.

El Departamento de Salud, Educación y Bienestar de EE. UU., en 1970, emite un memorándum indicando que a los estudiantes no se les puede negar el acceso a los programas educativos debido a su incapacidad para hablar o comprender inglés. El Congreso aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 que permitió ampliamente la educación bilingüe en las escuelas públicas. En 1975 el Congreso votó a favor de ampliar la Ley de Derecho al Voto de EE. UU., imponiendo la asistencia lingüística en los colegios electorales, favoreciendo a los nativos americanos, los asiático-americanos, los nativos de Alaska y los latinos.

En 1985 se produjo la primera «Consulta Nacional sobre los Derechos de los Inmigrantes» para «visibilizar los problemas y destacar el papel positivo de los inmigrantes en la transformación de la sociedad estadounidense».

El 6 de noviembre de 1988, el Congreso aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), que otorga la legalización a ciertos trabajadores indocumentados, incluidos los trabajadores agrícolas, y establece sanciones a los empleadores que contraten trabajadores indocumentados.

En 1990, la Delegación de California Contra la Violencia de Odio documenta los crecientes abusos de los derechos humanos por parte de agentes del INS y ciudadanos privados contra los migrantes en el área fronteriza entre San Diego y Tijuana.

En 1992, el Departamento de Policía de Los Ángeles toma medidas enérgicas contra los inmigrantes latinos durante la «rebelión de Los Ángeles», después del veredicto de «no culpable», que se dictó en el caso de brutalidad policial de Rodney King.

En el 2001, después de los atentados terroristas del 11-S, los estadounidenses de origen árabe y otras personas de ascendencia de Oriente Medio empezaron a sufrir reacciones violentas en Estados Unidos, con aumento de los delitos de odio, el acoso y la discriminación policial, que se extendió a otros grupos de inmigrantes, motivo por el cual algunos políticos pidieron la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

En el 2003, los latinos fueron declarados la minoría más grande del país, superando a los afroamericanos, de acuerdo con las nuevas cifras del Censo que mostraron que la población latina estadounidense era de 37,1 millones, que proyectaba una triplicación para el año 2050.

En el año 2004 se impulsa el “Proyecto Minuteman” que comienza a organizar a activistas antiinmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, grupo que se considera una patrulla fronteriza ciudadana.

En el 2006 el presidente George W. Bush reautorizó la Ley de Derecho al Voto, denominada «Ley de Reautorización y Enmiendas a la Ley de Derecho al Voto de Fannie Lou Hamer, Rosa Parks, Coretta Scott King y César Chávez de 2006», que autorizaba las papeletas de votación de manera bilingüe, que querían eliminar.

El 1 de mayo del 2006, Día Internacional de los Trabajadores, cientos de miles de inmigrantes latinos y otros participan en el “Día Sin Inmigrantes” boicoteando el trabajo, la escuela y las compras, para simbolizar las importantes contribuciones que hacen los inmigrantes a la economía estadounidense.

Este año, 2006, se inicia un debate en el Congreso de Estados Unidos para criminalizar a los inmigrantes indocumentados.

Más recientemente, las acciones violentas de la policía que han resultado con la muerte de Tyre Nichols, en Memphis, Tennessee y de George Floyd, en Minneapolis, han agitado más a las comunidades afrodescendientes e inmigrantes en la defensa de sus derechos y libertades constitucionales en Estados Unidos.

Los sucesos que agitan desde el 6 de junio, al Estado de California, son tan solo los estertores que empiezan a sonar anómalamente en la sociedad norteamericana, que está revolviéndose en profundas contradicciones y acciones políticas y sociales.

Las acciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que realizaron redadas en vecindarios del condado de Los Ángeles, que es uno de los territorios declarados «santuario» de migrantes, han sido un detonante que ha obligado, por la fuerza institucional del Presidente Trump, movilizar la Guardia Nacional y la Marina de los Estados Unidos, violando la Constitución Política de ese país, en oposición al clamor de la autoridades estatales, que entienden que esa política puede incendiar la pradera.

Estas fuerzas policiales y militares no están autorizadas a ejercer funciones de control civil, salvo que se invoque la Ley de Insurrección, que el presidente Trump ha señalado que va a declarar.

Acciones inconstitucionales contra la Administración Trump, por desplegar la Guardia Nacional sin su consentimiento, ha dicho Gavin Newsom, el Gobernador, que va a establecer.

La “ciudad santuario” en Estados Unidos se estableció para garantizar y dar seguridad a los migrantes que se consideran en condición irregular. Son estados, condados o ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.

Las “ciudades santuarios” empezaron a surgir en la década de 1980, cuando algunas iglesias ofrecieron refugio a personas que huían de conflictos armados en Centroamérica. Durante la primera presidencia de Donald Trump, muchas ciudades gobernadas por demócratas reforzaron su estatus de santuario. Así lo hizo, Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, que formalizó su condición de santuario mediante una ordenanza municipal que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.

En California, en Los Ángeles, hay 11 millones de migrantes, que representan el 29% de su población y representan el 24% de todos los nacidos en el extranjero que viven en Estados Unidos. En este momento se estima que la mitad de los niños en el Estado de California tienen al menos un padre inmigrante y más de un tercio de los adultos, en edad laboral, nacieron fuera del país.

La población migrante en California está concentrada en las zonas y regiones metropolitanas costeras, especialmente en condados como Los Ángeles, Santa Clara y San Francisco.

Los migrantes en este Estado son principalmente de México, Filipinas, China, India y Vietnam.

Las protestas y movilizaciones que se están realizando en California se han replicado ya en otras ciudades de otros estados, como New York, Chicago y Atlanta, advirtiendo la posibilidad de movimientos nacionales en todo el territorio estadounidense, exigiendo la libertad del líder sindical David Huerta, presidente del sindicato SEIU de California.

De crecer este movimiento puede ampliarse a la lucha por la defensa de las universidades, que están siendo afectadas por la reducción de apoyos estatales, por la expulsión de estudiantes extranjeros de ellas, por los derechos LGBTQ+, a favor de los derechos de los gays y la lucha por la igualdad de derechos, la lucha por los derechos civiles y la libertad de opinión y de prensa también amenazadas por el presidente Trump, así como por la lucha por la igualdad en el empleo y la educación entre los inmigrantes chinos y japoneses, que se ha visto amenazada.

Las luchas de las comunidades migrantes y del pueblo estadounidense debemos apoyarla.

Los sindicatos, las organizaciones estudiantiles y las organizaciones sociales deben apoyarlas.

En la defensa de la lucha de los inmigrantes de los Estados Unidos está la defensa de los trabajadores latinoamericanos, centroamericanos y aquellos costarricenses que se encuentren en esa situación.

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