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Etiqueta: racismo

El sutil recurso al “derecho de admisión”

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

No hace mucho en varios lugares de consumo como bares y restaurantes en Costa Rica, se dejaban observar ciertos rótulos con la ordenanza decimonónica de “en este lugar se prohíben las escenas amorosas”.

Durante buena parte de los candorosos años setenta, en aquellos grandes y viejos salones de baile de la capital costarricense, era terminantemente prohibido bailar swing por considerarse ordinario, populachón, arrabalero.

Ambos casos, distanciados en el tiempo, denotan una política de la prohibición y la discriminación no formulada, pero que terminaba siendo asumida y practicada como natural por el conjunto de la sociedad.

Era la dinámica jurídica traducida en el orden social.

Recientemente esas formas de “reservarse la admisión” han variado y se han intensificado en forma y fondo. Lo que ha cambiado en los tiempos modernos sea acaso la candorosidad aquella, que ha migrado a una sistemática y continua acción de negación, limitación y rechazo.

Varios ejemplos recientes lo confirman.

Al iniciar el año, un joven denunció haber sido discriminado al intentar entrar con varios amigos negros en un bar ubicado en el centro de la capital. La persona de seguridad, indicó el joven, simplemente les negó la entrada a todos sin mediar ninguna explicación.

En un centro educativo de secundaria, una persona estudiante y su madre trans libraron una batalla legal para que se le reconociera la identidad de género autopercibida y la persona fuera llamada por sus pronombres masculinos y no femeninos como insistía la institución.

Recientemente terminaron negándole la matrícula por “motivos de procedimientos que la madre no cumplió”, según el colegio. La madre alegó represalias y discriminación contra su hijo.

Bajo el argumento de que se encontraban drogadas, un parque de diversiones ubicado en la capital prohibió el ingreso de un grupo de personas trans.

Este fue el último capítulo, ocurrido no hace mucho, donde el recurso al derecho de admisión toca fibras sensibles sobre identidades, grupos sociales y discriminación.

Al recordar un triste y reciente episodio de racismo vertido en una escuela de primaria por una persona docente, no podemos más que llamar la atención sobre estas formas de invisibilización y negación de los otros, de las otras.

Si en otros países no muy lejos del nuestro, la consigna es quitar ciudadanías para aniquilar al sujeto, en el caso costarricense estamos ante mecanismos sutiles de invisibilización y rechazo social maquillados bajo el uso ingenioso del derecho a permitir o no la presencia de la diferencia y la disidencia cultural. Esta es otra forma de aniquilar al sujeto, de matarlo.

Esto, nos parece, es ya una alerta. Deberíamos pagarnos a ver todos y todas en nuestra pretendida psique hegemónica blanca, heterosexual y dominante. Es esto lo que hay que intervenir en crisis, como una tarea necesaria para construir convivencias saludables, que tanto necesita una sociedad como la nuestra.

Deroguemos pues ese odioso derecho de admisión que nos distancia. Apliquemos más bien una, otra política donde el afecto sea el motivo de construcción de una comunidad amplia e inclusiva.

Pronunciamiento en contra del racismo en los centros educativos

El Observatorio para la Acción contra el Racismo compartió el pronunciamiento que realizó  este martes 14 de febrero de 2023 el proyecto de acción social de Trabajo Comunal Universitario TC-765 “Semillero estudiantil para la acción contra el racismo” en contra del racismo en los espacios educativos. Esto luego que a través del sitio AmeliaRueda.com se diera a conocer el 8 de febrero de 2023 una denuncia interpuesta por una madre y tía de una niña de 5 años, que de acuerdo a dicha denuncia, una docente durante el acto cívico de bienvenida a clases de la Escuela Manuel Hidalgo Mora de Aserrí, hizo la siguiente petición: “por favor no traigan a sus hijos con rastas ni dreads, aquí no estamos en Limón, es Aserrí, ni mucho menos traigan a sus hijas con el poco de cosas en el pelo”, la madre comentó además que la niña había recibido previamente otros actos discriminatorios por parte de compañeras, y a lo cual, el personal del centro educativo no tomaron acciones al respecto. 

En el pronunciamiento apelan a las autoridades del sector educativo a cumplir con el debido y pronto procedimiento de investigación y que atiendan las denuncias relacionadas con los discursos y acciones racistas. Rechazan las acciones de odio en contra de la docente, dadas en redes sociales. Comentan la importancia de reflexionar sobre las expresiones y comportamientos racistas en escuelas, colegios, universidades y otros espacios públicos y privados y la importancia de cuestionar las formas de control del cuerpo ejercido por parte del poder escolar e institucional, e invitan a pensar antes de realizar comparaciones. 

Por último, instan al sector educativo, institucional y a las personas en general, a buscar procesos educativos y de reparación ante las situaciones de discriminación y racismo, y así que se transforme la matriz racista de los comportamientos y mentalidades. 

Para más detalles puede acceder al siguiente link: https://www.instagram.com/p/Cos3206O4ya/?igshid=NmE0MzVhZDY%3D

Pronunciamiento en contra del racismo en los espacios educativos

Proyecto de acción social de Trabajo Comunal Universitario 

TC-765 “Semillero estudiantil para la acción contra el racismo”

Martes 14 de febrero del 2023

El pasado 8 de febrero del 2023 se dio a conocer a través del sitio AmeliaRueda.com la denuncia interpuesta por parte de la mamá y la tía de una niña estudiante de 5 años que estuvo presente con su madre durante el acto cívico de bienvenida a clases realizado el lunes 6 de febrero en la Escuela Manuel Hidalgo Mora de Aserrí. De acuerdo con esta denuncia, una docente, durante este acto público, pidió que “por favor no traigan a sus hijos con rastas ni dreads, aquí no estamos en Limón, es Aserrí, ni mucho menos traigan a sus hijas con el poco de cosas en el pelo”. La madre de la niña explicó, además, que su hija ya había recibido otros tratos discriminatorios por parte de compañeras y el personal encargado no había hecho nada al respecto.

En primer lugar, apelamos a las autoridades del sector educativo a cumplir con el debido y pronto procedimiento de investigación, que vele por la protección de las personas menores de edad y atienda las denuncias que estén relacionadas con posibles discursos y comportamientos racistas en este centro educativo. Asimismo, nos separamos de las expresiones de odio que también se han manifestado en las redes sociales en contra de la docente, ya que no es posible combatir el racismo mediante la expresión de otras formas de discriminación.

Este caso da pie a reflexionar sobre las expresiones y los comportamientos racistas que se presentan de manera cotidiana en escuelas, colegios, universidades y otros espacios públicos y privados del país. Los datos de la Encuesta Actualidades realizada en el 2022, señalan que el 9,2% de las personas entrevistadas, en algún momento de su vida ha deseado interponer una denuncia por discriminación racial y el 81,3% de las personas entrevistadas no conoce de una ruta para denunciar el racismo. Dado que esta encuesta cuenta con una muestra representativa a nivel nacional, se puede afirmar que existen miles de personas que han sufrido discriminación racial, sin embargo, carecen de rutas para que puedan realizar una denuncia de manera efectiva y segura. 

También, debemos cuestionar las formas del control del cuerpo que se ejercen desde el poder escolar e institucional, mediante reglas estéticas regidas arbitrariamente que subordinan la expresión e identidad de personas, grupos y pueblos diversos que formamos parte de este país. Por tanto, es injusto para las personas, grupos y pueblos diversos no ejercer libremente su identidad y estar en permanente comparación. Además, debe acatarse la circular DM-0030-07-2020, vigente desde agosto 2020, en la que se ordena la eliminación de los reglamentos internos de cada centro «toda referencia a “cortes de cabello permitidos”, “estilos de cabello permitidos”, “largo de cabello permitido”, o cualquiera otra forma de sintaxis similar, esto en virtud de calificarse como restricciones al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, el derecho de autodeterminación de la imagen, la identidad de género, la integridad y la intimidad de las personas estudiantes; así como, la desaplicación inmediata de las directrices, circulares o cualquier comunicado específico en el tema»

Otro tema por abordar es la superioridad geográfica que podemos identificar desde discursos descalificantes hacia ciertas regiones y de sus manifestaciones culturales. A ninguna persona o colectivo debe imponérsele límites territoriales que condicionen sus derechos humanos. 

Debemos pensar antes de realizar comparaciones, ya que estas suelen estar cargadas de prejuicios que perpetúan las jerarquías sociales y raciales existentes, las cuales se han construido desde un sistema racista que lamentablemente sigue vigente. La discriminación racial no es un problema que se genera de manera aislada que se genera de manera aislada entre personas, es expresión de violencias estructurales que se reproducen en las comunidades, las familias, los medios de comunicación, las empresas privadas, en los centros educativos y desde las instancias de poder institucionales. 

Instamos al sector educativo, institucional y personas en general, a buscar procesos educativos y de reparación ante estas situaciones, para transformar la matriz racista de nuestros comportamientos y mentalidades, lejos de una acción basada únicamente en el castigo. 

Identifica el racismo.

Denuncia el racismo.

 

Imagen ilustrativa: https://politica.expansion.mx/

Discurso del presidente denota desconocimiento y discriminación contra los Pueblos Originarios previo a gira a la zona sur

Coordinadora de Lucha Sur Sur
Comunicado público
Jueves 16 de febrero de 2023

En las habituales conferencias de prensa de los miércoles, el día de ayer 15 de febrero el presidente Rodrigo Chávez emitió una serie de comentarios y aseveraciones que evidencian un desconocimiento profundo sobre el tema de la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas y de los procesos de recuperación de tierras – Territorios y ponen de manifiesto percepciones discriminatorias hacia estos Pueblos.

De cara a la gira que tendrá la comitiva gubernamental del viernes 17 al martes 21 de febrero a la zona sur donde viven 5 Pueblos Originarios en 12 Territorios, el mandatario aseveró que ningún gobierno hasta la fecha había puesto un solo colón desde 1977 de presupuesto para compensar a gente que compró con título, plano catastrado y con el aval de la Comisión de Asuntos Indígenas (CONAI) y del Registro Nacional, continúa el Presidente diciendo que van a negociar con ambas partes, que llevan un plan, dinero para compensar, que se estarían utilizando 1000 hectáreas para negociar con personas no indígenas de buena fe como las que describió.

Sobre este primer grupo de aseveraciones y promesas, se debe aclarar, que aunque de manera insuficiente, no sistemática y con problemas de corrupción desde la emisión de la Ley Indígena 6172 de 1977 distintas administraciones han indemnizado a personas no indígenas por tierras que estaban en los Territorios Indígenas así establecidos legalmente, lo cual consta en documentos públicos, investigaciones académicas y ampliamente conocido por las personas de Pueblos originarios o no de estos Territorios y de la zona sur en general; por supuesto que el Estado no ha cumplido al día de hoy con su obligación, pero, es absolutamente falso que este gobierno sea el primero que vaya a realizar tales indemnizaciones.

Que personas no indígenas hayan realizado compra y ventas de tierras dentro de los Territorios con escrituras, planos, con el aval de CONAI y el Registro Público, no los hace ser “poseedores de buena fe” aunque al mandatario así le parezca o así lo quiera hacer ver; suponemos que el mandatario y su equipo conocen el artículo 3 de la Ley indígena el cual dicta: “Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso”.

En este sentido el reciente fallo N. 2022024725 del 19 de octubre de 2022 de la Sala Constitucional establece: “carece de plausibilidad jurídica que una persona no indígena pueda adquirir válidamente una propiedad dentro de tal zona restringida… Semejante adquisición, como lo señala el ordinal 3 de la propia Ley Indígena, es absolutamente nula pues la propiedad ya era intransferible… la propiedad integrada a una reserva indígena es intransmisible por disposición expresa de ley, de modo que no es posible recurrir a la buena fe registral o a una presunta confianza legítima para convalidar un acto negocial absolutamente nulo, efectuado en contravención al ordenamiento jurídico”.

Son varias las ocasiones en las que miembros del Ejecutivo y por medio de la Mesa Técnica Interinstitucional para Pueblos Indígenas indican que tienen un plan y que tienen recursos para atender el problema de la ocupación ilegal de los Territorios, sin embargo, hasta este momento no se ha dado a conocer ningún documento oficial a los Pueblos Originarios, ni a la ciudadanía en general; además es sabido por estos Pueblos, los habitantes de la región sur y así lo tienen que haber demostrado los estudios del Plan RTI, el problema fundamental no son los poseedores de buena fe, que son los mínimos, el problema fundamental es la ocupación ilegal de los Territorios por parte de personas y empresas poseedoras de mala fe según el bloque de constitucionalidad, la resolución de la Sala Constitucional citada y así señalado por los Relatores de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2011 y 2022), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus Medidas Cautelares 321-12 del 2015 sobre Costa Rica y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU; Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU para los derechos humanos, dijo en diciembre del 2022 en visita a Costa Rica que le preocupa que «una gran parte de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas siguen siendo ocupados por personas no indígenas», e instó al Gobierno a «acelerar» esfuerzos para restituir esas tierras.

Posteriormente el mandatario también emitió desafortunadas y racistas declaraciones que en resumen exponemos: “Les vamos a advertir a ciertos grupos indígenas minoritarios que están queriendo tomar la ley en sus manos, incitados por extranjeros y gente de ideologías contrarias a la de la mayoría de Costa Rica, a hacer tomas forzosas, matando ganado, macheteando ganado, incendios, ya ha habido dos muertes… Si alguien que va y le quema la casa a alguien en una recuperación forzosa de territorio, no se da cuenta que eso se judicializa…”

Parece ser que el discurso de odio, violencia y racismo de los ocupantes ilegales de los Territorios, sus seguidores y grupos violentos afines se instaló en Casa Presidencial; repite el Presidente las gastadas frases neocoloniales y preconceptos en las que los Pueblos Originarios son incitados o manipulados por otras personas, lo que en el fondo refleja un pensamiento discriminatorio según el cual estos Pueblos no pueden organizarse, pensar y ejercer sus derechos por sí mismos, sino que necesitan de terceros para ello.

Suponemos que el jefe del Ejecutivo tiene estudios para demostrar que las familias recuperadoras de los distintos Territorios, sus objetivos y esperanzas son minoritarios dentro de estos Pueblos y esperamos que si se atreve a decir que hay “extranjeros” no indica si personas o grupos, actuando ilegalmente, impulsando y forzando a las familias recuperadoras a cometer ilícitos, cumpla con su deber legal como funcionario público de brindar la información necesaria a las instancias administrativas y judiciales pertinentes para que estas actúen conforme al bloque de legalidad, de lo contrario, el ilícito lo estaría cumpliendo el mandatario mismo.

Por último, parece ignorar o le han ocultado al presidente de dónde vienen las agresiones y violaciones a los derechos humanos en los que los Pueblos Originarios han sido víctimas de racismo, discriminación y violencia estructural, sistémica y sistemática como lo han denunciado pública y judicialmente organizaciones propias de estos Pueblos y organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

En este sentido señaló el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU actual, en su Informe acerca de su visita a Costa Rica en el 2021, indica en el apartado de conclusiones y recomendaciones: “91. El Relator Especial señala que las causas estructurales de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran en la falta de una política adecuada de restitución de tierras y un marco legal que asegure el reconocimiento de los pueblos indígenas y de sus autoridades propias. Preocupa particularmente el racismo estructural que permea las instituciones del Estado, en particular a nivel local, la no implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales y la falta de medidas efectivas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos”.

Son múltiples las agresiones en contra de las familias recuperadoras que ante la inacción del Estado decidieron ejercer su derecho colectivo a la tierra – Territorio amparadas en su historia, cosmovisión, cultura, derecho consuetudinario, los derechos humanos y el bloque de constitucionalidad; agresiones que han derivado en el asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térrba, numerosas tentativas de homicidio y de amenazas de muerte contra recuperadoras y recuperadores, así como quema de casas y cultivos, hechos denunciados publica y judicialmente y que siguen en una vergonzosa impunidad.

No son las familias recuperadoras las perpetradoras de actos violencia como irresponsablemente señala el mandatario, son grupos organizados que ejecutan ataques en turba o masivos como los ocurridos en el Liceo de Térraba en el 2012, en Salitre en el 2014 o en Térraba y China Kichá en el 2020, agresiones que denotan necesariamente organización y financiamiento para su ejecución.

Instamos al Presidente a que se informe y asesore de mejor manera para no repetir estas desafortunadas, racistas y discriminatorias declaraciones y que cumpla con sus obligaciones; que indemnice o reubique a los pocos poseedores de buena fe todavía existentes y que inicie con los procesos de desahucio administrativo contra los ocupantes ilegales priorizados por cada Pueblo, el cómo hacerlo está establecido en la Ley Indígena y su fundamento fue recientemente ratificado por la Sala Constitucional, así que solo es de tener voluntad política y actuar.

Microcápsula sobre racismo ambiental

El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, de la mano con el Observatorio para la Acción contra el Racismo, explican que el racismo ambiental es una discriminación estructurada dentro de las políticas ambientales hacia ciertos grupos sociales, pero también tiene un efecto interseccional impactando en las cuestiones de género e identidad sexual, por mencionar algunas.

Esta microcápsula fue elaborada con el material presentado en el programa de radio Saber Vivir 870 AM UCR 2022. Puede ver el vídeo con la información completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/CnxsxFsr1RM/?igshid=NDdhMjNiZDg= 

Créditos de las comentaristas del programa de radio Saber Vivir 870 AM: «Conversando sobre el racismo ambiental»:

  • Pamela Cunnigham, afrofemninista fundadora de Costa Rica Afro.
  • Valeria Montoya, del programa Kioscos ambientales de la UCR.

Créditos del video, estudiantes del TCU:

  • María Fernanda Hidalgo Quirós
  • Miriana Lucía Guerrero Dinarte
  • Abigail Zepeda Castillo
  • Luis Alejandro Fernández Bonilla
  • Ignacio Ampiee Mata

Asesino de Jerhy Rivera es sentenciado a 22 años y 15 días de cárcel y 6 meses de prisión preventiva

Comunicado de Prensa CLSS

Miércoles 1 de febrero de 2023. El Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas dió a conocer la parte resolutiva de la sentencia en contra de Juan Eduardo Varela a quien impusieron 22 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y portación ilegal de arma permitida ambos en concurso ideal en contra de Jerhy Rivera Rivera, 15 días por amenazas agravadas en contra de Melisa Garbanzo y 6 meses de prisión preventiva.

En una explicación breve de la sentencia el Juzgado tuvo por acreditado que Varela Rojas actuó con alevosía, que Jerhy estaba sujetado, golpeado y disminuido por dos sujetos cuando el hoy condenado le disparó por la espalda; por lo que el ente juzgador no tiene como probado el argumento de la legítima defensa.

Además, el ente juzgador tiene por acreditado que la turba en la que se encontraba Varela tenía la intención de quemar la casa de la testigo Melisa Garbanzo y que esta fue amenazada con arma de fuego por Varela.

Teniendo en cuenta estos elementos probados, no comparte la Coordinadora de Lucha Sur Sur que se le hayan impuesto las penas mínimas de 20 años por el homicidio calificado, 2 años por portación ilegal de armas y 15 días por las amenazas, no hay congruencia entre lo que dijo tener el Juzgado por acreditado y las penas mínimas impuestas.

Ante el arraigo endeble de Varela Rojas, el Juzgado impuso 6 meses de prisión preventiva al considerar un peligro de fuga inminente.

La lectura íntegra de la sentencia será el 8 de febrero, donde se darán los detalles de lo resuelto por el Juzgado.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur considera que esta sentencia significa un paso importante contra la impunidad que ha imperado ante las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que viven los Pueblos Originarios, sin embargo, hay muchos casos pendientes, muchos agresores libres y muchas amenazas contra estos Pueblos que continúan en una vergonzosa impunidad.

Este fallo judicial reafirma y demuestra de qué parte se ejerce la violencia, el odio y el racismo.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con las penas mínimas impuestas por el Juzgado y esperamos la explicación del porqué de las mismas y que las instancias respectivas del Poder Judicial establezcan las responsabilidades penales correspondientes a quienes ofrecieron falsos testimonios por parte de la defensa del hoy condenado.

Así mismo exigimos justicia para Sergio Rojas, su familia, el Pueblo Bribri de Salitre y todos los Pueblos Originarios del país.

Nos solidarizamos y enviamos un gran abrazo a la familia Rivera y al Pueblo Brörán.

Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid0qX7P8biWLEpMja1fRY8HcLEowrMADdCskTUzrAsU8x2xLkCVDSFcfPsC46oBX71gl/?mibextid=Nif5oz

CLSS compareció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La delegación de la Coordinadora de Lucha Sur Sur compareció la tarde de este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La comparecencia se dió en el marco de la investigación legislativa «Realidad de los Pueblos Indígenas» expediente 23303 que realiza dicha Comisión. 

Los voceros de la Coordinadora de Lucha Sur Sur se refirieron a las agresiones y violaciones a los derechos humanos de los Pueblos Originarios del Sur de Costa Rica, a la luz de los Informes que la CLSS ha elaborado para los años 2020 y 2021 y que la Comisión Legislativa conoce.

Las exposiciones se centraron en los temas de Espiritualidad e Identidad, Tierra – Territorios, Organizaciones Propias y Gobernanza y Seguridad.

Los voceros se refirieron al desconocimiento por parte de la institucionalidad pública de la cultura, historia e identidad de los Pueblos Originarios, lo que genera tratos discriminatorios y racistas.

También recordaron, con pruebas, que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación sistemática de los derechos humanos de estos Pueblos, como por ejemplo, en el caso de la ocupación ilegal de sus Territorios por parte de personas no indígenas.

Señalaron, además, que se han dado reiteradamente agresiones masivas o en turbas contra estos pueblos, lo que denota una organización y financiamiento de estas agresiones. El asesinato por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz del pueblo Bribri de Salitre (2019) y Jerhy Rivera Rivera del pueblo Brörán de Térraba (2020) son ejemplos de la inacción y complacencia del Estado.

En esta semana se está desarrollando el juicio por el asesinato de Jerhy Rivera Rivera en los Tribunales de Pérez Zeledón; asesinato que se dió en medio de un ataque masivo al Territorio Brörán, mientras Rivera defendía procesos de recuperación de tierras.

También denunciaron que la Mesa Técnica Interinstitucional sobre pueblos indígenas que creó la actual administración, es una «mesa más» sin rumbo claro, sin sustento económico y con un gran desconocimiento de la realidad de estos Pueblos.

Por último señalaron, que la resolución de la Sala Constitucional del 19 de octubre anterior, afirma contundentemente que toda persona no indígena que adquirió tierras dentro de los territorios indígenas es poseedor de mala fé, no tiene derecho a indemnización alguna y todas esas compras y ventas son absolutamente nulas; queda como camino que el Ejecutivo realice los desalojos administrativos priorizados en cada territorio por organizaciones propias, y que en materia judicial las resoluciones se apeguen a lo establecido por la Sala Constitucional.

Compartido con Surcos por la Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Para más información ingrese al siguiente enlace: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/pfbid02yApu5hYkJyeh2d11psjFx7PMz45w4rH34f2aa7pisfD4Z3nj42ncoAfd3H6ZcmNJl/?mibextid=Nif5oz

¿Quién está detrás del intento de golpe de Estado contra la democracia brasileña?

Salim Lamrani
Université de La Réunion

El 8 de enero de 2023 varios miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en las tres principales instituciones democráticas de Brasil. El Congreso, el Tribunal Supremo Federal y el Palacio Presidencia en la Plaza de los Tres Poderes de la capital fueron saqueados durante varias horas en un intento de golpe de Estado. El atentado, meticulosamente planificado, provocó indignación en todo el mundo.

El 30 de octubre de 2022, en ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los brasileños dieron su voto al candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, con una estrecha ventaja sobre el ultraderechista Jair Bolsonaro. Con un total del 50,9%, Lula consiguió dos millones de votos más que su adversario, de un total de 124 millones de votantes. Después de dos legislaturas consecutivas de éxito entre 2003 y 2010 y el 80% de opinión favorable, el antiguo líder obrero vuelve al poder para un nuevo mandato de cuatro años, hasta 2027.[1]

El Presidente Lula debería haber vuelto al Palacio Presidencial en enero de 2019 como candidato favorito de las elecciones de 2018. Pero tras una conspiración orquestada por el fiscal Sergio Moro en el marco del caso de corrupción Lava Jatopara impedir su candidatura, Lula fue condenado arbitrariamente en 2017 a nueve años y seis meses de prisión – aumentados a 12 años en apelación – por corrupción pasiva y lavado de dinero, sin que se presentara ninguna prueba material ante el tribunal. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU condenó el juicio contra Lula afirmando que “violó su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a intimidad y sus derechos políticos”.[2]Lula pasó 580 días en prisión, de abril de 2018 a noviembre de 2019, lo que permitió a Bolsonaro hacerse con el poder sin dificultad. El líder ultraderechista ni siquiera intentó guardar las apariencias y que se apresuró a dar las gracias al fiscal Moro nombrándolo Ministro de Justicia.[3] En 2019, Tribunal Supremo anuló la condena de Lula, denunciando la instrumentalización política del proceso en su contra.[4]

Bolsonaro es un líder abiertamente fascista. “Vamos directamente a la dictadura”, dijo en el pasado.[5]Nostálgico del régimen militar brasileño que marcó al país entre 1964 y 1985, enemigo de los principios democráticos, el expresidente calificó en 2019 de “héroe nacional” al coronel Carlo Alberto Ustra, condenado por actos de tortura y barbarie por la justicia brasileña. Dilma Roussef, Presidenta de Brasil de 2011 a 2016, fue torturada por los servicios de Ustra cuando era una joven militante revolucionaria opuesta a la autocracia de los generales.[6]

Tras de cuatro años de gobierno, el balance de Bolsonaro es singularmente negativo, marcado por el ultraconservatismo, el fortalecimiento del poder de la Iglesia Evangélica, el discurso de odio contra las personas de color, las mujeres, la diversidad sexual y la izquierda.[7] Su catastrófica gestión de la pandemia del Covid-19 ha convertido a Brasil en uno de los países del mundo con mayor tasa de letalidad del mundo. Sus políticas antisociales han disparado la tasa de pobreza, con 33 millones de personas que pasan hambre. Bajo su mandato, la deforestación de la Amazonia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un aumento del 60%, destruyendo tierras indígenas y causando preocupación en la comunidad mundial. En el plano internacional sus políticas han provocado el debilitamiento de los lazos con muchos países.[8]

A pesar de la transparencia de las elecciones de 2022, Bolsonaro siempre se ha negado a reconocer la victoria de su adversario, difundiendo rumores de fraude y calentando a su electorado, que ha multiplicado las acciones violentas desde 2022, sobre todo bloqueando carreteras. Además, desde entonces, centenas de personas acampaban en frente del cuartel general del ejército en Brasilia coreando el lema “S.O.S. Fuerzas Armadas”, exigiendo explícitamente una intervención militar para romper la legalidad constitucional e impedir el acceso de Lula al poder el 1 de enero de 2023, todo ello con el acuerdo tácito de Bolsonaro.[9] Además, el presidente saliente no dudó en presionar fuertemente al Tribunal Superior Electoral para que anulara las elecciones. Pero el TSE se negó a ceder a las amenazas y validó el escrutinio, denunciando la acción de Bolsonaro y calificando sus acusaciones de “ridículas e ilícitas”, afirmando que eran “ostensiblemente conspirativas al Estado democrático de derecho”. Incluso el Ministerio de Defensa concluyó que no hubo fraude en un informe de noviembre de 2022.[10]

El 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la ceremonia de investidura de Lula, Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos, negándose a cumplir con la tradición republicana de entregar la banda a su sucesor, símbolo de una transición pacífica. Era la primera vez desde el advenimiento de la democracia en 1985 que un presidente saliente se negaba a saludar al nuevo mandatario. Aquel año el general Joao Figueredo, último jefe de la junta militar, se negó a participar en la ceremonia de investidura del Presidente electo José Sarney.[11] La actitud de Bolsonaro fue incluso criticada públicamente por su vicepresidente saliente, el general Hamilton Mourao: “Líderes que deberían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país han permitido que su silencio o su protagonismo inoportuno y dañino creen un clima de caos y desintegración social”.[12]

El 1ro de enero de 2023, la ceremonia de investidura reunió a numerosas delegaciones oficiales de todo el mundo para presenciar la toma de posesión de Lula como Presidente de la República, lo que ilustró el apoyo internacional al nuevo poder. Cientos de miles de brasileños viajaron a la capital para dar la bienvenida al advenimiento de una era diferente para Brasil, marcado por cuatro años difíciles. Para simbolizar la nueva etapa para el pueblo brasileño, especialmente para las categorías más indigentes, Lula eligió a una mujer de 33 años recolectora de basura, Aline Sousa, para entregarle la banda presidencial.[13]

En su discurso de investidura, Lula recordó la larga y difícil batalla jalonada de obstáculos que lo llevó a la victoria, denunciando el uso de fondos públicos con fines electorales por parte de su adversario. Presentó un requisitorio contra el gobierno saliente por “destruir las políticas públicas que promovían la ciudadanía, los derechos esenciales, la sanidad y la educación”. Prometió a los brasileños una “vida digna, sin hambre, con un acceso al empleo, la sanidad y la educación”.[14]

Una semana después, el 8 de enero de 2023, miles de activistas de extrema derecha se reunieron en la capital, Brasilia, en lo que fue claramente una operación cuidadosamente planificada. Lanzaron un asalto de varias horas contra las tres principales instituciones democráticas del país, el Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo, tres joyas de la Plaza de los Tres Poderes, edificadas por el arquitecto Oscar Niemeyer, saqueando los locales y destruyendo obras de arte de un valor incalculable, con el objetivo de quebrantar la legalidad constitucional. Dos años casi exactos después del ataque al Capitolio en Washington por parte de los partidarios de Donald Trump que se negaban a reconocer el resultado de las elecciones, Brasil vivió el mismo dramático episodio. La comunidad internacional condenó unánimemente el atentado contra el Estado de derecho.[15]

El Presidente Lula firmó un decreto que delega la seguridad de la capital en las autoridades federales hasta finales de enero de 2023.[16]Hasta 1.200 personas han sido detenidas y el Tribunal Supremo ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos de los golpistas en un plazo de 24 horas.[17]

Las responsabilidades

A pesar de sus negativas, el principal autor intelectual de este intento de golpe de Estado es el mismo presidente saliente.[18] De hecho, Bolsonaro ha cuestionado repetidamente los resultados electorales unánimemente reconocidos, avivando las llamas del resentimiento de sus partidarios y galvanizando a los sectores más radicales tentados por la ilegalidad. Como señala el New York Times, el asalto fue “la violenta culminación de los incesantes ataques retóricos del Sr. Bolsonaro contra el sistema electoral del país”.[19]Por su parte, CNN subrayó que “Bolsonaro ha puesto constantemente en duda la legitimidad de la votación, sin presentar ninguna prueba”.[20]El ex jefe de Estado abrió así la vía a una acción violenta sin precedentes en la historia del Brasil democrático. A través de su abogado, persistió en calificar los acontecimientos de “movimiento social espontaneo dirigido por la población”. El Tribunal Supremo anunció la apertura de una investigación contra él. Según la prensa estadounidense, “no hay duda de que inspiró a las aproximadamente 5 000 personas presentes en la manifestación que se volvió violenta”.[21]Además de la responsabilidad de Bolsonaro, también está la de los grupos que prestaron apoyo material y financiero para la organización de tal operación.

Los servicios de inteligencia tenían sin duda toda la información necesaria sobre los proyectos violentos de los militantes bolsonaristas. Por ejemplo, numerosos mensajes que circulaban por Telegramy WhatsApp llamaban a “atacar infraestructuras estratégicas, como refinerías de petróleo y a levantar barricadas”. No cabe duda de que los grupos de manifestantes estaban infiltrados por agentes de los servicios de inteligencia, como ocurre en cualquier país del mundo. Así, según una nota de la policía militar de Brasilia, no menos de 100 autobuses con más de 4.000 personas llegaron a la capital entre el viernes 6 de enero y el domingo 8 de enero de 2023.[22]No obstante, no se tomaron medidas para detener a los organizadores e impedir la agresión.

Además, la responsabilidad del ejército está claramente comprometida, ya que aceptó la presencia del bando golpista, que pedía la ruptura del orden constitucional, durante más de diez semanas en una zona de seguridad nacional. Además, el día de los disturbios, el batallón de la guardia presidencial estacionado permanentemente en el Palacio del Jefe del Estado no consideró oportuno intervenir para impedir la invasión. Estos soldados “incluso impidieron, en varias ocasiones, que la policía detuviera a los alborotadores”, según Le Monde.[23]

Del mismo modo, no cabe duda de la responsabilidad de las fuerzas de seguridad que debían proteger la capital. El contingente de policías presentes en Brasilia era mucho menor que el necesario para custodiar las diferentes instituciones de la democracia brasileña. El riesgo de incidentes era muy alto dada la presencia masiva y beligerante de los extremistas de Bolsonaro. El 6 de enero se había celebrado una reunión entre Flavio Dino, nuevo ministro de Justicia, y las autoridades locales, entre ellas el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el jefe de la seguridad de Brasilia, Anderson Torres, y se había llegado a un acuerdo sobre el número de agentes que se desplegarían para proteger las instituciones en previsión de la manifestación del domingo. Ahora bien, contra todo pronóstico, el contingente presente fue mucho menor de lo acordado. El Ministro Dino denunció un cambio de ultima hora, sin explicación alguna por parte de las autoridades de Brasilia.[24]Así, mientras la explanada debía estar cerrada a los manifestantes, el gobernador Rocha decidió en el último momento abrirla. El Ministro de Justicia sólo se enteró por la prensa.[25]En lugar de cumplir su misión de proteger la zona, la policía se distinguió por su inacción e incluso complicidad con los golpistas. El New York Times expresó su asombro: “Han circulado por Internet vídeos en los que se ve cómo los agentes presentes parecen escoltar a los manifestantes hacia los edificios federales y se detienen para hacerse selfies con ellos”.[26]El Presidente Lula denunció “la connivencia explícita de la policía con los manifestantes”. La justicia brasileña ya ha empezado a actuar arrestando al responsable de la seguridad de la capital.[27]

Inicialmente, el Tribunal Supremo suspendió por 90 días al gobernador Torres de Brasilia, firme partidario de Bolsonaro y exministro de Justicia.[28]Pero la policía descubrió en su domicilio un proyecto de decreto presidencial destinado a anular la elección de Lula mediante una toma de control del Tribunal Superior Electoral por el gobierno federal, lo que provocó un escándalo sin precedentes en Brasil. El documento, sin fecha, llevaba el nombre de Bolsonaro al final con un espacio reservado para su firma. Torres, en un torpe intento de defensa, pidió que no se juzgara el documento “fuera de contexto”, reconociendo así la autoría del proyecto y la autenticidad del documento destinado a preparar un golpe de Estado. Fue detenido inmediatamente por las autoridades, a la espera de un juicio.[29]

El Código Penal francés

En cualquier democracia occidental, los acontecimientos del 8 de enero se castigarían con duras penas de prisión. Por ejemplo, según el Articulo 412-1 del Código Penal francés, “cometer uno o varios actos de violencia susceptibles de poner en peligro las instituciones de la República” está “castigado con treinta años de reclusión criminal y 450.000 euros de multa”. Además, las penas se elevan a cadena perpetua y multa de 750.000 euros si los hechos son “cometidos por una persona que ostente autoridad pública”. El artículo 412-4 impone una pena de “quince años de prisión y 225.000 euros de multa por participar en un movimiento insurreccional”. Este último última se define: “ocupar por la fuerza o mediante engaño o destruir cualquier edificio o instalación; proporcionar transporte, sustento o comunicaciones a los insurgentes; hacer que los insurgentes se reúnan por cualquier medio”.[30]

El intento de golpe de Estado que orquestaron los partidarios de Bolsonaro ilustra la verdadera cara de la extrema derecha, incapaz de respetar los principios democráticos cuando el voto popular está en su contra. En un país que aún arrastra las dolorosas cicatrices de dos décadas de dictadura militar, fracturado y polarizado por el gobierno saliente, la misión del Presidente Lula es recuperar la necesaria cohesión nacional y recordar a todos los brasileños, independientemente de su tendencia política, que la nación es de todos y que tiene el deber moral de velar por las categorías más frágiles. “Orden y Progreso”, es el lema republicano de Brasil.


[1]Agence France-Presse, « Congratulations Pour In for Brazil President-Elect Lula », 31 de octubre de 2022.

[2]United Nations Human Right Office of the Hight Commissionner, « Brazil : Criminal proceedings against former President Lula da Silva violated due process guarantees, UN Human Rights Committee finds », United Nations, 28 de abril de 2022. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-criminal-proceedings-against-former-president-lula-da-silva-violated(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

[3]Glenn Greenwald & Victor Poury, « Hidden Plot. Exclusive: Brazil’s Top Prosecutors Who Indicted Lula Schemed in Secret Messages to Prevent His Party From Winning 2018 Election », The Intercept, 9 de enero de 2019. https://theintercept.com/2019/06/09/brazil-car-wash-prosecutors-workers-party-lula/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[4]Reuters, « Brazil judge orders ex-president Lula released from prison », 8 de noviembre de 2019.

[5]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[6]Reuters, « Brazil’s Bolsonaro extols convicted torturer as a ‘national hero’ », 8 de agosto de 2019.

[7]Jack Nicas & Carly Olson, « Who is Jair Bolsonaro », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[8]Heriberto Araujo, « For Lula and the World, the Tough Job of Saving the Amazon Begins », The New York Times, 31 de diciembre de 2022 ;Ecole de Politique Appliquée, « Election présidentielle au Brésil : le retour historique de Lula », Faculté de Lettres et Sciences Humaines, Université de Sherbrook, 8 de noviembre de 2022. https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse/3324(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[9]Vanessa Barbara, « The ‘Trump of the Tropics’ Goes Bust », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[10]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[11]AFP/Le Point, « Brésil : Bolsonaro s’envole pour les Etats-Unis avant la fin de son mandat », 31 de diciembre de 2022.

[12]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[13]Jack Nicas & André Spigariol, « Lula Becomes Brazil’s President, With Bolsonaro in Florida », The New York Times, 1de enero de 2023.

[14]Lula da Silva, « Discurso de posse do presidente Lula no Congresso Nacional », 1de enero de 2023. https://lula.com.br/discurso-de-posse-lula-2023/(sitio consultado el 16 de enero de 2023).

[15]The New York Times, « Governments Condemn Brazil Protests », 8 de enero de 2023 ; Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Supporters Lay Siege to Brazil’s Capital », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[16]David Biller, « Authorities probe who was behind uprising in Brazil capital », Associated Press, 9 de enero de 2023.

[17]Ana Ionova & Jack Nicas, « Here’s the latest on the riot in the Brazilian capital », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[18]Jack Nicas, « Bolsonaro has been holed up thousands of miles away in Florida », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[19]Jack Nicas & André Spigariol, « Her’s what to know about the protest fueled by false claims of electoral fraud », The New York Times, 8 de enero de 2023.

[20]Rob Picheta, « The violent attack on Brazil’s government was months in the making. Here’s what you need to know », CNN, 9 de enero de 2023.

[21]Jack Nicas & André Spigariol, « Bolsonaro Faces Investigation for Inspiring Brazil’s Capital Riot », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[22]Alan Yuhas, « What We Know About the Investigations Into the Brazil Protests », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[23]Bruno Meyerfeld, « Au Brésil, les limites de la purge de Lula dans l’armée, après les émeutes du 8 janvier », Le Monde, 21 de enero de 2023.

[24]Jack Nicas, « What Drove a Mass Attack on Brazil’s Capital ? Mass Delusion », The New York Times, 9 de enero de 2023.

[25]Jack Nicas & Simon Romero, « ‘We Wille Die for Brazil’ : How a Far-Right Mob Tried to Oust Lula », The New York Times, 13 de enero de 2023.

[26]Amanda Taud, « A Vital Question for Brazil’s Democracy : Where Were the Police ? », The New York Times, 11 de enero de 2023.

[27]Tara John Rodrigo Pedroso & Kareem El Damanhoury, « Brazilian President Lula criticizes police for protesters’ breach of government buildings », CNN, 10 de enero de 2023.

[28]Reuters, « Brazil’s Top Court Removes Brasilia Governor Over pro-Bolsonaro Riots », 8 de enero de 2023.

[29]Agence France-Presse, « Election au Brésil : révelations compromettantes dans l’entourage de Bolsonaro », 13 de enero de 2023 ; Le Monde, « Au Brésil, Anderson Torres, ancien ministre de la justice de Jair Bolsonaro, a été arrêté », 14 de enero de 2023.

[30]Code pénal français, « Article 412-1 & 412-4 ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006136044/#LEGISCTA000006136044

(sitio consultado el 18 de enero de 2023).

 

Publicado en https://rebelion.org/quien-esta-detras-del-intento-de-golpe-de-estado-contra-la-democracia-brasilena/ y compartido con SURCOS por el autor.

Imagen: Manifestaciones en Brasilia el 8 de enero de 2023. Scarlett Rocha/AGIF/Sipa USA / Legion-Media

Martin Luther King, Jr. y su lucha a favor de los afrodescendientes

CARTA PASTORAL IMWC

«Nosotros venceremos». Dr. Martin Luther King, Jr.

Con motivo del aniversario del nacimiento del Dr. Martin Luther King, Jr. (15-1-1929) y el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, IMWC, desea destacar la figura de este insigne pastor negro defensor de los derechos de los afroamericanos, celebrar su vida y su legado declarándonos en contra del racismo, la pobreza y el imperialismo. 

Aunque el nombre del Dr. King es conocido en todo el mundo, muchos no saben que nació como Michael King, Jr. en Atlanta, Georgia, el 15 de enero de 1929. Su padre, Michael King, era pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer, de Atlanta. Durante un viaje a Alemania, King padre, quedó tan impresionado por la historia del líder de la Reforma Protestante, Martín Lutero, que no solo cambió su propio nombre, sino también el de Michael, de 5 años.

Martin Luther King, Jr. estudió Teología en la Universidad de Boston. Desde joven, tomó conciencia de la situación de la segregación social y racial en que vivían los afrodescendientes de su país y, en especial, los de los estados sureños. Convertido en pastor baptista en 1954, se hizo cargo de una iglesia en la ciudad de Montgomery, Alabama.

Parte de su legado, lo podemos resumir con los siguientes enunciados (en negrita):

Lucha por el cambio mediante la protesta no violenta. Inspirado en el líder de la india, Mahatma Gandhi, el Dr. King se refería a menudo hacia ese tipo de lucha como: «La luz que guía nuestra técnica de cambio social no violento».

Así, King adaptó y desarrolló el concepto de Gandhi de la no violencia, que supo aplicar de forma creativa en una serie de campañas antisegregacionistas que le convirtieron en el líder más prestigioso del movimiento americano de los derechos civiles.  También, le valió la concesión, en 1964, del premio Nobel de la Paz, con apenas 35 años, y su posterior asesinato a manos de un racista fanático en 1968.

La acción no violenta de King movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana hasta culminar en el verano de 1963, en la histórica marcha sobre Washington que congregó a 250.000 manifestantes. Allí, al pie del Lincoln Memorial, Martin Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo.

I Have a Dream (Yo tengo un sueño). Parte de este discurso-mensaje, reza así: «Hace cien años, un gran americano, bajo cuya sombra simbólica nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Este trascendental decreto apareció como un gran fanal de esperanza para millones de esclavos que habían sido marcados con el fuego de una flagrante injusticia. Llegó como el amanecer jubiloso de la larga noche de su cautividad. Pero cien años después, la América de color sigue sin ser libre».

Este sermón es considerado una obra maestra de la oratoria; en él, Martin Luther King eleva a la condición de ideal la simple materialización de la igualdad: «Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter». Valioso tanto como por la condensada expresión de sus principios, como por su impresionante altura emotiva, este discurso mantiene su vigencia y sigue conmoviendo más de medio siglo después.

Otro celebre discurso de King, titulado La hora de romper el silencio, es más combativo y, por eso mismo, está silenciado por la historia oficial. Esta alocución fue pronunciada en Riverside Church, New York City, el 4 de abril de 1967. En este caso, King presentaba una versión más revolucionaria de la que muchos estadounidenses están dispuestos a recordar, realizando duras críticas a la guerra de Vietnam y a las desigualdades económicas y sociales del país.

Para la memoria oficial el discurso La hora de romper el silencio, resulta bastante incómodo, ya que en esta predica King mostraba su versión más subversiva, la que le costó la vida. En él, el Dr. King hablaba en nombre de los “pobres del mundo” y confrontaba a los grandes poderes instituidos cuestionando: «¿Qué piensan los campesinos cuando nos aliamos con los terratenientes y nos rehusamos a poner en práctica nuestras palabras acerca de la reforma agrícola?». El discurso estaba a tono con el King que planeaba la «Campaña de los pobres», una ocupación en Washington para protestar en contra de las desemejanzas económicas y sociales en Estados Unidos y en el mundo. El propio MLK reconocía que este discurso y las nuevas demandas incorporadas a la lucha por los derechos civiles generaban consternación en la población afrodescendiente.

A su vez, en esta predica, el pastor bautista les señala a los estadounidenses cuán distantes estaban de los “principios divinos”. Incluso va más allá y reivindica a un Jesucristo revolucionario y tolerante con distintas ideologías, exhortando: «¿Podría ser que ellos no saben que la buena nueva de Jesús era para todos los hombres? Comunista y capitalista, para sus hijos y los nuestros, al negro y al blanco, ¿para los revolucionarios y conservadores?… Entonces, ¿qué puedo decir para el Vietcong o Castro o Mao como un fiel ministro de Jesús? ¿Los amenazo con la muerte o tengo que compartir con ellos mi vida?».

En relación con la guerra en Vietnam, King también cuestiona en este mismo discurso la guerra de Vietnam y sus supuestas causas, alegando que es fácil darse cuenta de «que ninguna de las cosas por las que decimos estar peleando está realmente involucrada». También califica como “cruel ironía” el hecho de ver a blancos y negros luchando una guerra para defender a una nación «que ha sido incapaz de sentarlos juntos en las mismas escuelas». El moralismo estadounidense nunca fue tan expuesto como en La hora de romper el silencio. Esta versión de King, desoída y olvidada, responde a una memoria filtrada del pueblo afroamericano. 

La oposición del Dr. King a la guerra de Vietnam se convirtió en una parte importante de su imagen pública. El 4 de abril de 1967 (exactamente un año antes de su muerte) pronunció un discurso titulado Más allá de Vietnam, en la ciudad de Nueva York. En ese discurso, propuso el cese de los bombardeos en Vietnam. El Dr. King también sugirió que Estados Unidos declarara una tregua con el objetivo de lograr conversaciones de paz y que se fijara una fecha de retirada.

Con relación a su idea sobre la justicia económica y social, el Dr. King se vio impulsado a centrarse en la justicia social y económica en Estados Unidos. Había viajado a Memphis, Tennessee, a principios de abril de 1968, para ayudar a organizar una huelga de trabajadores sanitarios, y en la noche del 3 de abril pronunció el legendario discurso He estado en la cima de la montaña, en el que comparó la huelga con la larga lucha por la libertad humana y la batalla por la justicia económica, utilizando la parábola del buen samaritano del Nuevo Testamento para subrayar la necesidad de que la gente se involucre.

En fin, desde la IMWC resaltamos parte del legado histórico y combativo de Martin Luther King, Jr, como ejemplo para los jóvenes, como una utopía realizable y una visión de la igualdad y la justicia para todos y todas que continúa resonando hoy.

«Yo solo quiero hacer la voluntad de Dios y Él me ha dejado subir a la montaña y he mirado en torno a mí y he visto la tierra prometida». Martin Luther King, Jr.

El Perú en un callejón sin salida

«Yo no soy un aculturado; yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz habla en cristiano y en indio, en español y en quechua». Con esta frase, hoy 18 de enero, recordamos el nacimiento del escritor, antropólogo y etnólogo peruano autor de “Los ríos profundos”, José María Arguedas.

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense.

La pérdida de más sesenta vidas de ciudadanos peruanos, como fruto de la represión del gobierno instaurado, mediante un golpe de estado congresal militar, por los perdedores de las elecciones de 2021, no es un acto que se pueda calificar como democrático, más bien representa la instauración de una dictadura sangrienta y represora, un régimen donde los derechos humanos y el estado de derecho no existen. Las grandes mayorías del Perú Profundo: gentes de los Andes, la costa y la selva que han salido a defender su voto, además de su derecho legítimo de participar en la toma de decisiones en un país profundamente desigual, racista y discriminador de las grandes mayorías urbanas y rurales.

Cuando se mencionó el caso de Brasil, con el asalto a los edificios de los poderes públicos en la capital brasileña, y los peligros que estas acciones representan para la democracia en la región latinoamericana, se omitió profundizar en las condiciones mínimas de legitimidad y de respeto al estado de derecho que se requieren para que la democracia latinoamericana vaya más allá de las mascaradas electorales que se organizan cada cuatro o cinco años en nuestros países. La ausencia o el irrespeto sistemático al debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías de contar con una defensa legal y el habeas corpus conforman una peligrosa corriente que nos deslizan hacia el autoritarismo y el totalitarismo de una derecha agresiva, inculta, mentirosa y enemiga de la libertad de pensamiento: todo ello con el concurso decisivo de los poderosos medios de comunicación corporativos, y de un poder judicial manipulado por los poderes fácticos e imperiales, donde algunos jueces, y fiscales manipulan descaradamente los mecanismos de la “justicia” tornándola inviable, tanto como la democracia misma en los países de América Latina, al judicializar la política en beneficio de sus intereses acusando falsamente, a través de los mecanismos del lawfare, a aquellos políticos que se quieran salir de la disciplina neoliberal, con sus políticas de saqueo sistemático de nuestros países y de irrespeto a los derechos humanos. En síntesis una institucionalidad presuntamente democrática de espaldas al pueblo, sin su participación más allá del manipulado sufragio.

Además, la intervención descarada de los defensores incondicionales de los intereses de las corporaciones transnacionales europeas y estadounidenses (incluida la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos) acentúan lo que constituye el mecanismo, mediante el que se ha tornado imposible el ejercicio democrático efectivo en la mayoría de los países de nuestra región, por lo que nos encontramos en una profunda crisis de la democracia, sólo equivalente a la que planteó en 1966, el expresidente dominicano Juan Bosch (1909-2001) en su libro CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, a raíz de la invasión de la República Dominicana, en abril de 1965, por cuarenta mil marinos estadounidenses, con el propósito de impedir el retorno a la democracia en ese país caribeño, emprendido por los revolucionarios constitucionalistas de aquella generación dominicana. Bosch calificó esa figura dándole el nombre de pentagonismo, ahora estamos ante un ascenso neofascista a escala internacional y regional.

Dado lo anterior, es que surge la obsesión de algunas gentes, por descalificar el recurso de acudir a los planteamientos teóricos de algunos autores y estudiosos de la sociología política, o la sociología del conocimiento (que trata de destrabar-por así decirlo- o explicitar la intrincada y compleja relación entre el conocimiento y la existencia social en sí misma), para intentar explicar o entender los alcances y componentes de la presente crisis peruana y latinoamericana, no importa si los aportes de los años sesenta y setenta del siglo pasado, o los de este cambio de siglo, en cuanto a los alcances de sus elaboraciones teóricas y trabajo de campo sobre estos temas, esa hostilidad latente aunque agresiva es algo que raya en el desvarío, el ridículo y la sinrazón manifiesta por parte de algunas gentes de la derecha totalitaria, que incluso se atreven a opinar sobre temas que no conocen o de los que no han leído ni una página.

Lo cierto es que, tanto la sociología como la antropología y la historia social, como las mismas sociedades latinoamericanas en tanto objeto de estudio, han experimentado grandes cambios en este medio siglo transcurrido, dentro del tiempo de la larga duración histórica: un hecho esencial, en el caso del Perú, es que hasta la década de los sesenta las grandes mayorías campesinas de los Andes Centrales del Perú estaban sometidas a un régimen de servidumbre, discriminación y racismo manifiesto, un tema que trataron con una dosis de empatía, e identificación con los pueblos originarios, no carentes del rigor analítico y el conocimiento sobre el terreno en el que se ponen de manifiesto esas realidades, autores como el antropólogo, novelista, poeta y traductor quechuahablante José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas 1911-Lima 1969) y el periodista, escritor, cronista, poeta y novelista Manuel Scorza ( Lima 1928- Madrid 1983), con su saga de novelas cortas sobre las luchas campesinas en los Andes Centrales en aquellos años, previos a las reformas que introdujo el general Juan Velasco Alvarado, entre 1968 y 1975, quienes no necesariamente fueron sociólogos o se asumieron como tales, además de Héctor Béjar, el gran maestro de la sociología peruana, dada la inmensa producción bibliográfica producto de varias décadas de investigación y reflexión sistemática.

La verdad es que en un texto como este no pretendo, ni podría jamás agotar todo el complejo problema de la nación peruana, desde sus orígenes en cuanto a estado-nación, dos siglos hacia atrás, cuando fue inventada por los criollos herederos de los colonizadores españoles como un país, sin tener en cuenta a los pueblos originarios y poblaciones afrodescendientes.

La sociología, en tanto ciencia social, al igual que historia y la economía política no legitima en sí misma a los gobernantes de una nación, pero el apoyo del pueblo sí. En el caso peruano, nos encontramos con que Dina Boluarte, la presidenta de facto y sus titiriteros militares y oligarcas fujimoristas son rechazados por casi el noventa por ciento de la población(88 por ciento, según una encuesta de las más recientes).

A propósito de las acusaciones contra el presidente derrocado Pedro Castillo Terrones. formuladas por jueces y una fiscal oficiosa, además de parcializada, alguna gente parece olvidarse del debido proceso, la presunción de inocencia y el habeas corpus pilares del estado de derecho en una sociedad que sea democrática de verdad, tal y como habíamos mencionado al inicio de este texto. Ahora bien, de lo que se acusa a Pedro Castillo es de “acciones ilícitas” por las que no podía ser juzgado siendo presidente, las que, de ser ciertas, resultan ser insignificantes a la par del prontuario de todos los presidentes que lo antecedieron en el cargo, a lo largo de los últimos treinta años: unos presos, otros en fuga y uno suicidado (Alan García Pérez).

En el contexto actual, resulta inocultable la necesidad de destacar lo antidemocrática y mala perdedora que es la mayoría de la derecha en esta parte del mundo, no sólo en el Perú, sino también en Bolivia y hasta en Brasil, donde hace unos días trataron de dar un golpe de Estado. Por supuesto que esos son temas que a algunas gentes de la derecha no les interesan por lo que prefieren obviarlos, al igual que las más de sesenta víctimas mortales ocasionados por la represión ultraderechista ¿será que esos peruanos asesinados no son seres humanos? algo muy similar, a lo que pasó en Bolivia, en noviembre de 2019, con las víctimas de Sakata y Senkaba (alrededor de 40) durante la dictadura de Yanine Áñez, esa que el valiente pueblo boliviano supo revertir.

El presidente legítimo del Perú, el señor Pedro Castillo Terrones continúa secuestrado por gentes que usurparon el mando de la fuerza pública, cuando aún no había sido vacado por el congreso, ni se había seguido el debido proceso para concretarla. En lo que fue una clara violación del orden constitucional, algo que resulta de suyo evidente.

La lamentable ignorancia y cinismo manifiesto de algunas gentes las alejan cada vez más de la realidad. A fin de cuentas, tal vez no haya ciencia social o ciencias sociales(tal vez la brujería y la nigromancia podrían resultar mejores para algunos) como suelen afirmar sin ningún fundamento, pero lo cierto es que la mentira descarada sobre lo social tampoco nos aproxima al conocimiento de lo que de verdad ocurre: Todos los anteriores presidentes del Perú se agacharon ante la oligarquía y firmaron su hoja de ruta, a pesar de ello Alan García Pérez se suicidó cuando iba a ser detenido hace ya tres años(¿se asiló en los infiernos acaso?) al haber graves evidencias en su contra, Alejandro Toledo sigue detenido en Estados Unidos esperando ser deportado por defraudaciones multimillonarias, Ollanta Humala sigue procesado y con detención domiciliaria, Alberto Fujimori en la cárcel por crímenes contra la humanidad y así sucesivamente. Lo extraño es que a Pedro Castillo Terrones, que de socialista o comunista no tiene nada, no se le siguió el debido proceso y continúa secuestrado por el nuevo régimen, ese que ya ha asesinado a más de sesenta peruanos. Dina Boluarte, al igual que Jeanine o Yanine Áñez, la aprendiz de dictadora de Bolivia en 2019-2020, tiene manchadas las manos de sangre, al igual que su premier militar ultraderechista Alberto Otárola, terminará en la cárcel como la boliviana y el ultraderechista Fernando Camacho, otro de los ejecutores del golpe de estado de 2019 en Bolivia.