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Etiqueta: respeto

Se equivocaron de país

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sylvia Montero Mejía

De nuevo me pregunto: pero ¿qué se han creído estos ticos advenedizos que de un momento a otro y sin que nadie hubiese jamás sospechado de su existencia, decidieron adueñarse de nuestro país?

¿Pero qué creen de verdad? ¿Que nuestras instituciones democráticas están pintadas en la pared? ¿Que los tres poderes de la República pueden desaparecer y concentrarse en un tipo desquiciado, ávido de poder? ¿Que la salud y la educación pueden dejar de ser los pilares que han sostenido y distinguido a Costa Rica?

Además: ¿Que los entes contralores del gasto público y de la seguridad ciudadana son estorbos que hay que quitar del camino? ¿Que los funcionarios valientes que demuestran probidad pueden ser removidos sin justa causa? ¿Que los diputados que mantienen posiciones críticas pueden ser víctimas de insultos e insolencias? ¿Que la Sala Constitucional se la pueden brincar como niños jugando suiza?

Vuelvo a repetirles: se equivocaron de país. Aquí las cosas no son como ustedes quieren que sean. Aquí hay leyes que deben cumplirse. Aquí hay maneras de comportarse que siempre se han respetado. Aquí nunca se habían proferido insultos hasta que ustedes los convirtieron en su léxico diario. Aquí rechazamos sus maneras, su forma de hablar, sus gestos, su insolencia.

Sepan de una vez por todas que no los vamos a dejar robarse el país.

Que nuestra historia, fruto del esfuerzo de grandes próceres, de valientes gobernantes y de funcionarios que no se amedrentan, no la van a destruir ustedes, políticos de pacotilla, en cuatro lamentables años de gobierno.

Nuestra tradición democrática tiene, como se dice en química, un peso específico que se respeta.

Todos los que de una u otra manera hemos tomado parte en ella la vamos a defender, con la palabra y si fuera necesario con nuestro cuerpo. Ustedes no saben lo que significa la palabra pertenencia porque “cayeron” en Costa Rica, como cae un meteorito. No forman parte de ella. No tienen arraigo en este país. Lo único que les interesa es saquearlo, sacar provecho de él.

Pero, les repito hasta el cansancio: ¡no van a poder!

Costa Rica es más que un puñado de troles que montan en un camión para que vayan a gritar groserías. ¡Costa Rica es más que un grupo de ignorantes troles que ni hablan ni escriben, solo vociferan como su jefe!

Costa Rica somos todos los que la defenderemos hasta las últimas consecuencias.

Sépanlo: ¡aquí no lo van a lograr! Sobre la insensatez, la locura y el abuso siempre prevalecerán la inteligencia, la cordura y el respeto de los costarricenses.

Octubre 2024

El desafío de escuchar-nos

Escrito el . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La sociedad costarricense transita hoy por una de las horas más oscuras en su vida republicana. El talante en su conducción es cosa ya del pasado y la confrontación pareciera ser política pública declarada.

Esta semana que termina, un hecho inédito al menos en épocas recientes llamó la atención y encendió todas las luces de alarma para el sentido de convivencia.

En la Universidad de Costa Rica se recibió una amenaza de bomba, atribuida a seguidores del gobierno central y particularmente la figura del presidente Rodrigo Chaves.

Es ya de sobra conocido el tono confrontativo e insultante con que el mandatario se ha referido en sistemáticas ocasiones acerca de las universidades públicas y particularmente su aporte a la sociedad costarricense.

Es de sumo cuidado este episodio experimentado en la casa universitaria porque enciende todas las alertas sobre la sociedad que somos.

En esta hora de las polifonías y la sobre representación de las distorsiones y las posverdades, el principal desafío que resulta no es tan solo el restablecimiento del juego democrático, entrado en crisis recientemente.

La urgencia ahora es al menos escuchar, escuchar al otro, escuchar-nos. Y eso pasa por bajar tonos y dejar el insulto. Acudir al respeto. Volver a darle clase y prestancia al ejercicio político, reconstruir el pacto social desde la horizontalidad. Debemos empeñarnos en esa tarea. Es urgente.

¿Si la víctima fuera un ser querido?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Valverde Morales.

Prudencia, empatía, respeto

José Luis Valverde Morales

A veces se quisiera evadir algunas noticias, resulta imposible, nos sacuden, golpean, duelen, a fin de cuentas, somos padres, abuelos, hermanos, tíos, hijos.

El caso de la desaparición de la joven madre, Kimberly Araya Granados, en lo personal, sin conocerla hiere, lacera las entrañas.

No al morbo público

Como periodista se aprecia la apertura informativa de algunos jerarcas, ahí también aplica el refrán popular: “ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre”.

Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) proyecta la imagen de hombre preparado, se dice habla varios idiomas, pero, al igual que muchos de sus antecesores, termina enredado en la popularidad transitoria en los medios de comunicación social.

El jerarca (él y cualquier otro) debe equilibrar en las noticias el interés público, sin satisfacer el morbo público, ahí los asesores de imagen quedan debiendo.

En el doloroso caso de Kimberly, el funcionario se excedió en detalles de los pasos de la mujer antes de su desaparición.

Lo digo como asesor en manejo de medios durante décadas, esa parte de la especialidad denominada Comunicación Organizacional.

Aprovechar para

Esos momentos deben ser aprovechados para la educación, prevención, fortalecimiento de valores, promoción de estilos saludables de convivencia, nunca para la especulación, morbo, mucho menos para atentar contra el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Pocas veces a médicos, enfermeras, policías, ingenieros, en casi ninguna profesión se ilustra a los funcionarios en el tema delicado de la relación con la prensa, el cómo hablar para los medios de comunicación social.

En el caso de los políticos es diferente, lo reconoció Pilar Cisneros Gallo, hay escuelitas hasta para enseñarlos a mentir.

Nota roja

En el mundo periodístico se conoce como nota roja, lo relacionado a los sucesos (accidentes, crímenes, robos, secuestros, desapariciones, violencia), un largo etcétera.

La prudencia, empatía, respeto ante el dolor ajeno, implicada en esos dolorosos acontecimientos, debe ser moneda de curso de los voceros.

Es conveniente, al menos por instantes, instarlos a meditar, qué pasaría si esa sábana blanca para tapar el cadáver cubriera al pariente, amigo, hermano, ser querido, de seguro, al dar detalles de la noticia, todo sería abismalmente distinto.

Detrás de toda nota roja hay seres sufriendo, eso nunca deberíamos olvidarlo.

Educación inclusiva implica evaluación inclusiva, también con pruebas estandarizadas

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

COMUNICADO

Ante las recientes declaraciones de la Señora Ministra de Educación Pública, consideramos necesario aclarar, a la opinión pública, y reafirmar ante las personas estudiantes, docentes, y padres y madres de familia, algunos conceptos fundamentales relacionados con la evaluación de los aprendizajes, en el contexto de la educación inclusiva, tanto por medio de pruebas de aula, construidas por la persona docente, como por medio de pruebas estandarizadas educativas, y recordando precisamente que la evaluación educativa, como disciplina científica, se basa en la ética y el rigor técnico como pilares fundamentales.

La ética evaluativa a nivel internacional, y las leyes de nuestro país, señalan que, al haber personas estudiantes con alguna situación de discapacidad, incluidas en la educación regular, es necesario asegurar su plena participación en igualdad de condiciones y oportunidades, tanto a nivel de aprendizaje, como en las distintas formas de evaluación que se empleen, sean estas pruebas de aula o pruebas estandarizadas educativas.

En primer lugar, debemos recordar que la educación inclusiva se enfoca en la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación plena de todas las personas estudiantes, entre ellas las que están en situación de discapacidad. Existe, además, abundante evidencia científica de los beneficios educativos y sociales de la educación inclusiva, al crear ambientes escolares que promueven la diversidad, el respeto y la inclusión.

Ahora bien, la evaluación de aula es construida por la persona docente, y es utilizada para la gestión de los procesos de enseñanza con sus estudiantes, en un contexto específico. Es parte de la llamada micro-evaluación y es un proceso que se realiza con diferentes instrumentos, entre ellos pruebas diagnósticas, formativas o sumativas, las cuales permiten al profesorado orientar su enseñanza, según los requerimientos del estudiantado a su cargo. Precisamente, el anterior es el valor agregado de las pruebas en el aula; ya que la validez de estas evaluaciones tiene sentido cuando se interpretan en el contexto específico del grupo de estudiantes para las que fueron diseñadas.

Respecto a las pruebas estandarizadas educativas, cabe resaltar que son exámenes que se construyen, aplican y califican en condiciones estándar o equivalentes, y usualmente deben estar alineados al currículo de programas de estudio específicos. Es así como evalúan los mismos aprendizajes en la gran mayoría de las personas examinadas, y por tanto generan puntuaciones que son comparables entre la población estudiantil. Se diseñan y validan siguiendo principios fundamentales de rigor científico y ética. Estas pruebas aportan información sobre los niveles de desempeño de las personas estudiantes en los aprendizajes evaluados. De esta manera, las autoridades educativas pueden tomar decisiones en cuanto al logro de los niveles meta de los aprendizajes por parte del estudiantado, identificando también situaciones de inequidad, referentes a diversas variables sociodemográficas y geográficas, con el fin de tomar medidas correctivas y brindar los apoyos y refuerzos que se requieran.

Debemos recordar también que los resultados de una prueba estandarizada, bien construida y debidamente validada, brindan una línea base para evaluar el desempeño de todas las personas estudiantes en relación con las metas de aprendizaje establecidas en los programas de estudio, y utilizadas con propósitos formativos, ofrecen, asimismo, a cada estudiante y sus correspondientes docentes, una descripción de sus fortalezas y áreas de mejora en aprendizajes. Finalmente, las autoridades educativas y otros sectores involucrados deben utilizar los resultados de estas pruebas para ejecutar y desarrollar políticas educativas en torno a temas de excelencia y equidad en la educación.

Ahora bien, en el contexto de la educación inclusiva y reconociendo la diversidad existente en el estudiantado, la evaluación inclusiva implica que los procedimientos aplicados deben ser de accesibilidad universal, de manera que queden eliminadas todas aquellas barreras que restrinjan la participación plena y activa de la totalidad de la población estudiantil.

Entonces, desde el marco de referencia asociado a las pruebas estandarizadas y para sus procesos de elaboración y validación, es necesario reconocer dos situaciones: por un lado, aquellas personas estudiantes que poseen alguna condición física, psicosocial, sensorial o de aprendizaje que no afecta su desarrollo intelectual, y que reciben todos los temas de los programas de estudio en una asignatura específica van a requerir probablemente de ciertos apoyos educativos y/o productos de apoyo, para acceder a los contenidos de las pruebas, que les permitan estar en igualdad de oportunidades con el resto del estudiantado. A este tipo de apoyos se les ha conocido anteriormente como adecuaciones no significativas, y adecuaciones de acceso, dado que el contenido de la prueba se mantiene. Por ejemplo, en la aplicación de las diversas pruebas de admisión a las universidades públicas, se ofrecen una variedad de apoyos de este tipo, para garantizar la equidad en el acceso a su contenido. Tal es el caso de pruebas que se presentan en el sistema Braille o con lector de pantalla para hacerlas accesibles a las personas con ceguera o baja visión, la disponibilidad de rampas o ascensor para personas usuarias de silla de ruedas, andaderas, coches u otros, que requieren llegar a un aula en un piso superior para realizar el examen, o la interpretación de la prueba en la LESCO (Lengua de Señas Costarricense) para una persona sorda. Como los contenidos que mide la prueba se mantienen, los puntajes de las personas que reciben estos apoyos son totalmente comparables a los de la población que no los requiere, y, por tanto, los resultados de ambos grupos se analizan conjuntamente, y se generan las mismas interpretaciones.

Otra situación diferente se origina con las personas estudiantes que presentan diversidad intelectual y funcional, y que, de acuerdo con ajustes razonables en el contexto de la educación inclusiva, reciben contenidos educativos modificados o adaptados a su perfil. A estas personas se les debe brindar evaluaciones de su rendimiento escolar equivalentes a las de la población sin discapacidad, pero modificadas según su propuesta educativa particular. Tal puede ser el caso de personas con síndrome de Down o Trastorno del Espectro Autista, por ejemplo. Entonces, en un modelo educativo inclusivo, una prueba estandarizada de contenidos curriculares puede presentar ciertas modificaciones, de tal manera que se incluyan en ella solo los aprendizajes que fueron gestionados, en particular, para esa persona estudiante. El grado de comparabilidad entre los puntajes de estas pruebas estandarizadas modificadas y los puntajes de los estudiantes de la población sin la modificación es variable, por tanto, en general, deben analizarse e interpretarse de manera separada. Aun así, se pueden construir indicadores del desempeño para esos grupos de estudiantes. También es relevante mencionar que frecuentemente sucede que una persona estudiante requiere ajustes razonables solo en alguna(s) de las asignaturas. Por supuesto, si este es el caso, dicha persona resolverá la prueba estandarizada sin modificar en aquellas asignaturas donde no requiere ajustes razonables, y la prueba estandarizada modificada en aquellas donde sí presenta ajustes razonables.

Ciertamente para las personas especialistas en evaluación educativa el modelo de la educación inclusiva y, consecuentemente, de la evaluación inclusiva, representa retos metodológicos, tanto para la construcción y validación de pruebas estandarizadas, como para el análisis e interpretación de los resultados, puesto que la prueba estandarizada con contenidos modificados no es, de oficio, directamente comparable con la aplicada a la población regular. Por ejemplo, los resultados de las pruebas estandarizadas con modificaciones no deberían ser parte de los análisis estadísticos realizados con los datos de la población que no presenta alguna discapacidad, y las interpretaciones en términos de las descripciones de los desempeños estudiantiles, según los puntajes de las pruebas, también cambiarán. Pero estos asuntos técnicos de ninguna forma deben limitar la participación de todas las personas estudiantes en los procesos evaluativos que involucren pruebas estandarizadas.

Existe en el país un ejemplo de una prueba que, desde su misma concepción, es adaptable para evaluar poblaciones con diversidad intelectual en el contexto de la educación inclusiva, permitiendo la diferenciación de contenidos. Se trata de la prueba de dominio lingüístico en lenguas extranjeras, desarrollada por la Universidad de Costa Rica, y que está alineada al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esta prueba puede ser adaptada fácilmente para que evalúe solo los niveles recomendados por especialistas en Educación Especial, en aquellas personas con alguna discapacidad en sus habilidades intelectuales. Por ejemplo, hay posibilidad de evaluar, de acuerdo con su perfil, solamente hasta el nivel de desempeño A2 (principalmente precisión y descripción), por lo que el instrumento es ensamblado con ítems específicos para este nivel. Así se evita exponer a la persona estudiante a restricciones arbitrarias de exclusión de la prueba, que la ponen en una situación de desventaja, y, además, se obtiene información de su propio desempeño, de forma equitativa al resto de la población estudiantil. Nuestra propuesta es que se use ese mismo modelo en las otras asignaturas de la educación regular.

En este contexto, reconocemos que el Ministerio de Educación Pública cuenta con especialistas, no solo en Educación Especial, sino en evaluación con pruebas estandarizadas, quienes poseen el conocimiento necesario para crear estos instrumentos y hacerlos inclusivos para todo el estudiantado, pues son claros los beneficios educativos y sociales de la educación y de la evaluación inclusiva.

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown), y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, instamos vehementemente a las autoridades del Ministerio de Educación y al Consejo Superior de Educación, para que utilicen los valiosos recursos disponibles y la experiencia acumulada, y cumplan con su deber de realizar procesos evaluativos que sean inclusivos y respetuosos de los derechos del estudiantado, pues se trata de derechos salvaguardados en nuestra legislación, jurisprudencia y en las convenciones suscritas por nuestro país. Todo lo anterior con el fin de continuar por el camino trazado hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad, respetando las diferencias individuales y la dignidad de cada persona estudiante. De nuestra parte estamos, igualmente, en la mejor disposición para colaborar en dichos procesos.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Doctora en Educación
Máster Académica en Evaluación
Educativa

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa
Profesora Jubilada
Universidad de Costa Rica

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular, Colypro

Katalina Perera Hernández
Docente e investigadora
Doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y
M.Sc. en Tecnología educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

Laura Jiménez Umaña
Máster en Evaluación Educativa
Investigadora y Evaluadora

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado
Analista Curricular, Colypro

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

Luis Miguel Rojas Torres
Máster en Estadística
Doctor en Educación
Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas
Universidad de Costa Rica

Yency Calderón Badilla
Profesora
Máster Académica en Evaluación Educativa

Colaboradora: M.Sc. Carolina Álvarez Rodríguez
Profesora de Educación Especial, UCR

Por la Asociación Síndrome de Down de Costa Rica (Asidown):

Rosette Kleiman Neuman
Trabajadora Social
Presidenta de Junta Directiva

Maureen Fernández Arrieta
Administradora de Empresas
Vicepresidenta de Junta Directiva

Itzel Zúñiga Alfaro
Administradora de Empresas
Secretaria de Junta Directiva

Josec Salazar Hernández
Agente de Aduana
Tesorero de Junta Directiva

Nohelia Useche Peñaloza
Coordinadora Educativa
Vocal 1 de Junta Directiva

Natalia Vargas Calvo
Asistente de Oficina
Vocal 2 de Junta Directiva

Yalile Chacón Hernández
Contadora Pública
Vocal 3 de Junta Directiva

Adriana María Ureña Suárez
Psicopedagoga
Fiscal de Junta Directiva

Éricka María Álvarez Ramírez
Abogada Especialista en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Mildred García González
Fisióloga y Máster en Derechos Humanos
Miembro de ASIDOWN

Ana Helena Chacón Echeverría
Relacionista Internacional
Miembro de ASIDOWN

Vernor Muñoz Villalobos, abogado
ex Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación
Colaborador de ASIDOWN

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar
Dra. Alicia E. Vargas Porras
Dra. Yamileth González García
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
Dra. Lupita Chaves Salas
Dra. Tania E. Moreira Mora
M.Ed. Melania Monge Rodríguez
Lic. Josefina Pujol Mesalles
Dra. Virginia Ramírez Cascante
Lic. Vera Sancho Mora
Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 11 de octubre de 2023.

Manifiesto conjunto por la democracia ante los hechos ocurridos en Brasil

Escrito el . Publicado en Derechos.

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) – Brasil, la Asociación Brasileña de Apoyo a la Infancia y la Fundación Vida para Todos – ABAI,  realizaron este 10 de enero de 2023 un manifiesto en conjunto ante el intento de golpe de Estado realizado en Brasil, en el cual comunican:

“Las instituciones de la sociedad civil, antes nombradas, sin fines de lucro, que actúen en la defensa de los derechos humanos, solidaridad, respeto al medio ambiente y producción de alimentos saludables, por sus respectivos representantes, expresan su repudio a los actos violentos de terrorismo real practicados ayer en Brasilia, contra Instituciones Públicas de los tres poderes – Ejecutivo, Legislativo y Justicia, a través de la Corte Suprema de Justicia.

La democracia no es compatible, ni con actos violentos, conspiraciones u omisiones de nadie, y mucho menos de autoridades constituidas para defender los intereses más grandeslulu del país – una vida digna para todos los brasileños y brasileñas, el estado de derecho, el patrimonio público, la riqueza natural y la Constitución Federal de la República.

Brasil necesita paz y unidad para reconstruir el país después de toda la destrucción de economía y derechos fundamentales de los últimos años. En este contexto, nos unimos a todas las fuerzas democráticas, en particular al gobierno legítimamente electo del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con el propósito de promover la paz social y la reconstrucción de un país justo y solidario para todos y cada uno”.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

 

Imagen recuperada de InfoNews.

Informe alternativo independiente sobre la labor de la defensora de los habitantes

Escrito el . Publicado en Derechos, Equidad.

Se le invita a leer el documento adjunto a esta carta, titulado “Informe alternativo independiente ante la Asamblea Legislativa de Costa Rica de la labor de la señora Catalina Crespo Sancho como defensora de los y las habitantes”.

En este se abordan los derechos que tienen, deberían de tener, y circunstancias desfavorables que tienden a vivir las personas de la comunidad LGBTIQ+ y se realiza una denuncia pública hacia distintas instituciones nacionales sobre cómo deben velar también por el bienestar, respeto y trato igualitario a estas poblaciones.

La carta fue firmada y apoyada por las siguientes agrupaciones:

FIRMAS DE ORGANIZACIONES Y PERSONAS APOYANDO:

Jóvenes y adolescentes positivos de Latinoamérica y el Caribe

Asociación TRANSVIDA

Fundación Casa Rara

Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Rev. Randall Murillo Barrios. Rector.

Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Observatorio Ético Caribe y América Central – OBETICA

Asociación Esperanza Viva en pro de personas con VIH en pobreza y pobreza extrema del

territorio nacional. (ASEV)

Richard Stern, Activista Independiente

Organización Interseccional Pro-Derechos Humanos (OIDH)

Asociación Cuenta conmigo Puntarenas

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas. (LANPUD)

Positivxs

Red Latinoamericana y del Caribe de personas Trans (REDLACTRANS)

Memo Murillo. Activista Independiente.

Grupo de Apoyo de Familiares y Amigos/as/es de la Diversidad Sexual (GAFADIS)

Asociación MANÚ

Asociación Demográfica Costarricense

Comunidad Trans-formando de la Iglesia Luterana Costarricense

Informe-sobre-sociedad-civilDescarga

 

Compartido con Surcos por Marco Castillo Rojas.

Imagen ilustrativa.

“CANALLA”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las palabras nos definen, nos dan identidad, dicen, al utilizarlas, quiénes somos como individuos y como sociedad. Al parecer, el nuevo Presidente de la República tiene esta palabra como una de sus preferidas. El Diccionario de la RAE nos presenta de ella tres acepciones: 1. Perrería, muchedumbre de perros; 2. Gente baja; y 3. Persona despreciable y de bajos procederes. Como vemos, referirse a alguien con este epíteto, tiene un carácter eminentemente agresivo, injurioso e insultante.

Esta palabra la utilizó el ahora Presidente, varias veces, durante la campaña electoral para dirigirse a toda la prensa que lo criticaba o contradecía. Ahora, en visita “de cortesía” a la Corte Suprema de Justicia, la vuelve a utilizar para referirse a las denuncias penales interpuestas en su contra y en contra del partido que lo llevó al poder. Lo más grave es que algunas de esas investigaciones se originaron en un traslado que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones –no cualquier ciudadano- al Ministerio Público, por considerar que hay base suficiente para indagar si se han cometido importantes delitos. La cuestión cae por su propio peso: ¿son los magistrados y magistradas del TSE una especie de jauría canina, gente baja, despreciable y de bajos procederes? ¿Qué respeto estamos teniendo por las instituciones? ¿Qué nivel le estamos dando al ejercicio “docente” de la política, por parte de las máximas autoridades de la República? Con profundo pesar, como simple ciudadano, tengo que reconocer que la ola del peor “trumpismo” nos ha arrastrado y un peligroso discurso, barbárico y falaz, está sembrando vendavales.

El problema es complejo porque el Presidente aprovecha su visita a la Corte para hacer una mezcla absolutamente impropia, entre deficiencias reales en nuestra administración de justicia, junto a intereses personalísimos por las causas abiertas en su contra. Esas deficiencias tienen años de estarse conociendo y tratando de superar desde que el propio Poder Judicial llamó al Programa Estado de la Nación para efectuar evaluaciones periódicas, en un afán de transparencia que no tiene ningún otro poder público. Si es mucho pedir cortesía y prudencia al nuevo mandatario, es necesario exigirle respeto al principio de división de poderes y respeto a las autoridades que investigan hechos posiblemente delictivos, eventualmente perpetrados por su persona.

Un Presidente de la República no puede arrogarse la soberanía popular, ni ponerse los tacones y peluca de Luis XIV y arremeter contra los jueces, diciéndoles qué deben y qué no deben hacer. Si bien es cierto que en todo el mundo está de moda el “Lawfare”, esa desventurada estrategia de utilizar el sistema judicial para sacar del juego a adversarios políticos, nadie puede arrogarse el monopolio de la verdad ni la facultad de auto-erigirse en el gran decisor. Resulta ridícula la falacia utilizada como argumento: “todas las acusaciones por corrupción deben castigarse, con la única excepción de las que se sigan en mi contra”.

En un régimen democrático nadie puede ser, de entrada, condenado o absuelto. Cada denuncia debe investigarse bajo el estricto cumplimiento del debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales. Esta es la única vía para establecer si se ha cometido un hecho delictivo y quién o quiénes son los responsables. La investigación, el acopio de pruebas y las definiciones últimas en una sentencia, corresponden a la policía, la fiscalía, la defensa y los tribunales de justicia. A nadie más. Parece mentira que tengamos que estar recordando estos conceptos elementales de educación cívica. Pero así estamos.

Y LA NACIONALIDAD… ¿COMO PARA QUÉ?

Escrito el . Publicado en Análisis, Equidad.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

El pasado 19 de enero en pleno centro de la ciudad capital costarricense, se produjo un hecho que requirió la intervención policial.

En apariencia se trataba de un episodio en el que mediaba un arma de fuego e involucraba dos personas: el padre y su hijo. El evento término con la muerte del segundo en su propio vehículo, a manos de la policía destacada en el lugar.

El suceso ocurrió en una de las cuadras más concurridas de la capital en horas cercanas al medio día, situación propicia para que los noticieros de mayor alcance nacional dedicaran la apertura de sus emisiones o sus “portadas” como se suele indicar en el argot de producción televisiva, a informar en vivo lo que estaba ocurriendo.

Uno de los telenoticieros de mayor audiencia a esa hora acompañó su transmisión en vivo con videos que fueron tomados por personas-testigas de lo ocurrido, los que mostraban dicho sea de paso a decenas de personas con sus teléfonos celulares grabando o sacando fotografías del evento, que seguramente hoy circulen como tendencia o continúen siendo “viralizados en redes sociales”.

Ante estas nuevas formas de intermediar la realidad, solo se puede pensar en la hiperespectacularización de lo cotidiano, la ausencia de sensibilización ante el sufrimiento del otro o la otra y la banalización como acto central en la construcción de sentido de los eventos que se presencian.

De esto hablaremos en próximas reflexiones, al igual que la acción policial a todas luces errática, así como el tema de la deteriorada salud mental en la población costarricense.

Lo que quisiera compartir ahora es cómo una vez más algunas ideas son materia de un burdo tratamiento informativo. En esa misma emisión noticiosa y en un intercambio entre periodista y director en estudio, este último consultó si era conocida la nacionalidad de los involucrados en el hecho.

Esta sola consideración sugiere análisis extensos sobre construcción de la noticia, el miedo como premisa de contenido y la presunción de que en todo acto violento o de inseguridad, tiene que estar presente, si o si, una persona extranjera.

Si algo ha quedado en evidencia en estos dos años ya de pandemia es la asociación entre riesgo y extranjeros como una fuerte idea a través de la cual trazar hipótesis y explicaciones. Lo mismo ocurre con el tema de la inseguridad.

Hemos insistido desde esta columna en propiciar mejores lecturas, centradas sobre otras formas posibles de informar donde no medien percepciones ni presunciones de sospecha. La sola pregunta sobre la nacionalidad es prescindible porque no suma en la ecuación explicativa sobre el hecho en sí. Entonces ¿para qué lo hacen los medios?

La convivencia colectiva sigue siendo un asunto pendiente, que, dicho sea de paso, exige entre otras cosas discreción, respeto, sensibilidad. Empecemos por alguna de las tres. La última, si les parece.

¿Les parece?

La no violencia contra las niñas, jóvenes, señoras y abuelitas – material educativo

Escrito el . Publicado en Derechos.

Aprendemos felices en comunidad

Para docentes, niñas, niños y sus familias: Vivir libre de toda violencia es una práctica que necesitamos cultivar desde los primeros años de infancia. Así lograremos que sea tan natural como respirar.

“Cada niña, cada joven, cada mujer adulta y anciana tenemos que defender y proteger el Derecho Humano de experimentarnos capaces y entusiastas en sentirnos satisfechas de nuestras decisiones. Para eso, necesitamos pensarnos libres de ser felices y libres respetándonos a nosotras mismas, a las demás personas y cada ser y elemento de la madre Tierra.”

En el documento adjunto podrán encontrar información ilustrada sobre la historia del 25N, además de la importancia de vivir sin violencia.

pdf-Dia-de-la-No-ViolenciaDescarga

 

Compartido con SURCOS por María Trejos Montero.

Demandan ante CIDH que el Estado mexicano garantice los derechos de las personas migrantes

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • Militarización de la gestión migratoria fronteriza y ‘pushback’ o deportaciones “en caliente”, las principales problemáticas

  • Urgen al Estado mexicano limitar la participación de las corporaciones castrenses en tareas de migración.

Ciudad de México, 1 de julio 2021-. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 32 organizaciones de la sociedad civil expusieron la situación de las personas en movilidad humana en México. Durante la audiencia se subrayó la militarización de fronteras y la política migratoria con participación tanto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de la Guardia Nacional (GN), así como la práctica sistemática de «devoluciones en caliente» o pushbacks que tiene como objetivo disuadir y criminalizar la migración y la búsqueda de protección internacional. También señalaron las violaciones a los Derechos Humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas.

Señalaron que el despliegue de fuerzas militarizadas ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra personas migrantes. Por ejemplo, en enero de 2020, personas que ingresaban por el Río Suchiate, fueron agredidas por personal del Instituto Nacional de Migración (INAMI) y de la GN con piedras, toletes y escudos para impedir su avance. Más recientemente, el 15 de junio de este año, personas que se encontraban detenidas en la Estación Migratoria Siglo XXI protestaron por la falta de claridad en sus procesos de asilo y fueron golpeadas y obligadas a acostarse en el patio boca arriba con las manos en la nuca por alrededor de 9 horas, bajo la amenaza de ser golpeadas si cerraban los ojos. Testimonios y fotografías muestran la participación de elementos de la GN y del INAMI en estos actos de tortura.

También, se señaló la negativa sistemática por parte del INAMI para el acceso de las personas con necesidades de protección internacional a los procedimientos de asilo en México y su expulsión en caliente por las fronteras terrestres y áreas, lo que deriva en la violación al principio de “no devolución.” Práctica que resulta en otras violaciones a derechos humanos como detenciones ilegales, separación familiar y la falta de acceso a la justicia.

Por su parte, Guillermo Fernández Maldonado, representante de La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo hincapié en que los esfuerzos para garantizar una migración segura se están viendo afectados con el despliegue de Fuerzas Armadas y otros cuerpos policiales. Subrayó que la oficina de la OACNUDH en México «también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso».

Durante la audiencia se reiteró la solicitud hecha a la CIDH para que realice una visita in loco a las fronteras del país para poder presenciar y observar la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, y el actuar de las autoridades, lo que le permitiría dar seguimiento a sus recomendaciones en la materia.

Por último, se solicitó a la Comisión inste al Estado mexicano realizar las siguientes acciones:

Designe las tareas de gestión migratoria únicamente a los órganos competentes de fuero civil y límite de manera inmediata la participación de las corporaciones militarizadas.

Presente información clara y precisa sobre el presupuesto total que se brinda a la Guardia Nacional, el número de detenciones y los protocolos de actuación relacionados con dichas detenciones, así como sobre las capacitaciones en materia de derechos humanos.

Elimine la práctica de perfilamiento racial y promueva medidas específicas a fin de erradicar los actos de xenofobia y discriminación.

Investigue las denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas en las Estaciones Migratorias, así como las privaciones arbitrarias a la vida mencionadas; implementando para esto medidas que garanticen a las víctimas el acceso a la verdad, justicia, reparación y la no repetición de los hechos.

Investigue los casos de pushback cometidos en puntos terrestres y aéreos en contra de personas migrantes y con necesidad de protección internacional.

Revise y genere protocolos de actuación para que las autoridades que trabajan en puntos de ingreso puedan identificar casos de personas con necesidad de protección internacional.

Garantice la presencia de agentes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en puntos de ingreso y control migratorio en las fronteras y aeropuertos.

Por su parte, representantes del Estado mexicano señalaron que cuenta con un marco normativo que estipula el resguardo de los derechos de las personas migrantes, con protocolos para atender todos los flujos migratorios. Sin embargo, no dieron respuesta respecto al enfoque militarizado bajo el que se atiende la migración, la disparidad de cifras de detenciones de migrantes realizadas tanto por las Fuerzas Armadas como Guardia Nacional, respecto a las que refiere el INAMI, ni ante la falta de controles adecuados frente a los abusos. Tampoco dieron respuesta frente a las denuncias de “devoluciones en caliente” o pushbacks, más allá de referir la complejidad de la migración y el contexto de pandemia.

Las Comisionadas de la CIDH refirieron su preocupación respecto a la necesidad de realizar una distinción entre funciones de seguridad y de asistencia humanitaria directa a las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.

La Comisionada Flávia Piovesan, Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI, mostró inquietud ante lo expuesto por las organizaciones de la sociedad civil en torno a las “devoluciones en caliente” pues señaló que se trata de expulsiones sumarias, automáticas que ponen en riesgo el principio de no devolución.

La CIDH remarcó que el Estado mexicano dio su anuencia para una visita presencial por parte de representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que esperan que sean fijadas las fechas para esas diligencias.

Organizaciones participantes: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Servicio Jesuita a Refugiados – México, GEOPAZ, Instituto de Geografía para la paz AC (IGP), Red Nacional de Apoyo a Personas Migrantes y Refugiadas LGBT México, Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual, A. C., Las Vanders, Sin Fronteras I.A.P., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asylum Access México (AAMX) A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), the Washington Office on Latin America (WOLA), Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA), Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano conformado por: American Friends Service Committee (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C., Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Tzome Ixuk – Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Mira la audiencia completa en el siguiente video:

 

Compartido con SURCOS por CEJIL.