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Etiqueta: sindicalismo

SIUNED cumple tres años y señala quién paga la crisis presupuestaria en la UNED

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) cumplió tres años el 16 de octubre. Con ese motivo publicó un pronunciamiento en el que hace un balance de su trayectoria y fija su posición sobre los salarios, la estabilidad laboral, el tiempo de trabajo y la crisis presupuestaria de la universidad.

El sindicato se fundó el 16 de octubre de 2023. Según el documento, nació de la organización de las personas trabajadoras frente a varios problemas:

  • las reformas que afectaron los componentes salariales;

  • la imposición de un salario global transitorio que califica de “paupérrimo”;

  • el deterioro histórico de las condiciones laborales en la UNED frente a otras universidades públicas.

Hoy tiene 950 personas afiliadas, entre personal administrativo, profesional y docente de todos los ámbitos institucionales.

En el texto, el SIUNED sostiene que su crecimiento demuestra la necesidad de mantener la organización sindical “incluso en un período marcado por medidas contra la clase trabajadora y por discursos que presentan la acción colectiva como innecesaria”. Recuerda que las garantías laborales no nacieron de la generosidad de quienes concentran el poder, sino de movilizaciones, conflictos y resistencias. Para sustentarlo cita a Abramovich y Courtis y a Grau-Crespo (2024), quien describe cuatro décadas de deterioro del empleo público, flexibilización laboral y antisindicalismo en el país.

Un sindicato independiente, clasista y combativo

La organización se define como independiente, clasista y combativa. Aclara que la independencia “jamás significa aislamiento ni rechazo al diálogo”: quiere decir que sus decisiones responden solo a los intereses de las personas trabajadoras y no a una administración, un gobierno, un partido o un grupo de poder. El pronunciamiento afirma que la Administración de la UNED, en algunos momentos, “ha pretendido señalar esta independencia sindical, con el objeto de frenar el pensamiento alternativo”.

El carácter clasista, explica, parte de reconocer que el personal académico, el administrativo, el profesional y el no profesional comparten una condición común: dependen de su trabajo para sostener su vida. Desde ahí, el sindicato entiende como problemas colectivos y no individuales:

  • el interinazgo histórico;

  • el desconocimiento de horas extra;

  • el congelamiento salarial;

  • la sobrecarga de trabajo.

Con base en Sepúlveda Malbrán y Frías Fernández (2007) y en Barretto Ghione (2017), el SIUNED plantea que la combatividad debe combinar movilización, formación, investigación, negociación y propuesta. Señala que el diálogo social solo es democrático cuando existen organizaciones con capacidad real de participar: “Dialogar desde la debilidad o sin fundamentación suficiente puede convertirse en mera consulta, o aún peor, conducir a la derrota”.

Salarios, estabilidad y presupuesto

Entre sus logros, el sindicato destaca la lucha por el reconocimiento del costo de vida de 2020 y 2026, con la que se obtuvo un ajuste del 3,5% en las bases salariales. También sigue luchando por recuperar la anualidad del 5%, “de conformidad con lo que indican las últimas resoluciones de los tribunales de justicia”. El documento afirma que, ante las demandas del sindicato mayoritario, la Administración y el Consejo Universitario “han utilizado la estrategia del avestruz”.

Otros puntos del balance:

  • Estabilidad laboral. En 2025 el SIUNED presentó al Consejo Universitario una propuesta para dar continuidad a los nombramientos de las personas interinas.

  • Petitoria de 2026. Une demandas laborales, financieras, institucionales y democráticas. Denuncia que persisten atrasos en los pagos al personal a tiempo parcial, mientras se reduce el tiempo reconocido para las tareas, se limitan sustituciones, se congelan plazas o se reparten las mismas responsabilidades entre menos personas.

  • Otras gestiones:

    • impulsó una normativa interna para prevenir y sancionar el acoso laboral;

    • tiene presencia en todas las comisiones institucionales con representación del sector laboral;

    • ofrece asesoría legal y atiende consultas diarias.

Sobre el financiamiento universitario, el sindicato dice que desde su fundación ha defendido el FEES “de forma decisiva” y ha denunciado “la errática estrategia seguida por CONARE en sus negociaciones”. Agrega que esa defensa no puede ser acrítica: exige transparencia, prioridades claras y rendición de cuentas. Para el SIUNED, el FEES pasa por exigir que se cumpla el 8% del PIB para la educación pública, “no por negociaciones parciales y sometiéndose a la agenda del gobierno”.

En cuanto a la crisis presupuestaria de la UNED, el pronunciamiento reconoce que existen restricciones financieras. Explica que la universidad ha aplicado medidas de contención que afectan plazas, contrataciones, jornadas, giras y presencialidad, y plantea la pregunta de fondo: “¿quién termina pagando el costo?”. Con base en Baylos (2020) y la experiencia española posterior a la crisis financiera, advierte que las políticas de austeridad pueden modificar de manera duradera las relaciones de poder en el trabajo. “Defender presupuesto y defender derechos laborales son partes de una misma lucha cuando el objetivo es preservar la educación pública como derecho”, concluye.

El tiempo de trabajo y la digitalización

Otro eje del documento es el Sistema de Tiempos para la Actividad Académica (SITA). En 2026, el sindicato rechazó la propuesta de lineamientos de la Vicerrectoría de Docencia por dos razones: desconocía el trabajo previo hecho con distintos actores institucionales y, sobre todo, podría causar afectaciones regresivas en las condiciones laborales. “El tiempo también es salario y el tiempo también es vida”, afirma el texto. Si una actividad mantiene su complejidad pero se reducen las horas reconocidas, el trabajo no desaparece: se convierte en trabajo no reconocido, en jornadas extendidas o en presión para producir más en menos tiempo.

El SIUNED vincula ese debate con la digitalización del trabajo. Hoy el control puede ejercerse mediante indicadores, plataformas, formularios y tiempos estandarizados. Citando a Baylos (2022), plantea que, si un sistema distribuye cargas, mide productividad o condiciona evaluaciones, las personas trabajadoras y sus organizaciones deben conocer sus criterios y participar en su definición, algo aún más relevante con la expansión de la inteligencia artificial. Sobre el teletrabajo, con base en Romagnoli, advierte que la virtualidad puede producir disponibilidad permanente y extender el trabajo hacia el tiempo personal. El documento lo llama “colonización de la vida cotidiana”.

El pronunciamiento sostiene que las autoridades del Consejo Universitario y la Rectoría no han cuestionado esas dinámicas y que, por el contrario, siguen pidiendo sacrificios. Lo resume así: “En cuanto a temas de condiciones laborales, la UNED es candil en la calle y oscuridad en la casa”. Por eso el sindicato incluye en su agenda:

  • el derecho a la desconexión;

  • el respeto a las jornadas declaradas;

  • el pago del tiempo efectivo de trabajo;

  • la salud ocupacional en entornos digitales;

  • la transparencia de los sistemas automatizados.

“No basta con defender derechos del siglo XX frente a problemas del siglo XXI: es necesario conquistar nuevos derechos”, señala.

Organización y movilización

El SIUNED cierra con una agenda que incluye la defensa salarial, la reducción del interinazgo, el reconocimiento integral del tiempo de trabajo y la participación real en las reformas institucionales. Afirma que la defensa de la universidad pública está ligada al financiamiento educativo, la seguridad social, los servicios públicos y el empleo digno, y llama a la unidad sindical, popular y estudiantil para enfrentar “el modelo neoliberal capitalista”. También advierte que “los criterios jurídicos e informes no alteran las relaciones de poder por sí solos. Exigen organización, respaldo colectivo y movilización unitaria”.

“Las conquistas del pasado parecieron en su momento demandas imposibles”, concluye el documento, que termina con las consignas “¡Tres años de lucha! ¡Ahora sí hay sindicato en la UNED! ¡Unidad de la clase trabajadora!”.

Democracia sindical devorada

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

La democracia sindical debería ser un río que alimenta a todos, pero algunos dirigentes la han convertido en telaraña. Se instalan en el centro como arañas viejas, tejiendo hilos de poder y devorando poco a poco a sus propios hijos: las organizaciones que dicen proteger.

No admiten oposición: son monarcas de bolsillo, pequeños dictadores rodeados de aduladores y subvencionados que repiten letanías como si fueran coro de iglesia. El sindicato, mientras tanto, pierde su naturaleza, su capacidad de lucha y sus objetivos, hasta convertirse en un cascarón vacío.

Lo que ocurre en algunas organizaciones es un espejo grotesco para el sindicalismo: allí donde la perpetuación se ha llevado a extremos que recuerdan a la República Dominicana en los años ochenta, cuando los dirigentes llegaban armados a las asambleas, como si la democracia sindical fuera un campo de batalla y no un espacio de solidaridad.

Pero no es un caso aislado. En Honduras, hubo sindicatos convertidos en feudos familiares, donde el apellido pesaba más que la memoria obrera. En Guatemala, algunos dirigentes se atrincheraron en sus cargos como si fueran fortines, mientras las bases quedaban reducidas a espectadores mudos. En México, la “dictadura sindical” se volvió caricatura: líderes eternos que negociaban más con los gobiernos que con sus propios trabajadores, transformando la lucha en un negocio de cuotas y favores. Y en Perú, las federaciones se fragmentaron en pequeños reinos, cada cual con su caudillo, incapaces de levantar una voz común.

La ironía es brutal: quienes se aferran al poder en nombre de la memoria obrera terminan siendo los sepultureros de esa memoria. La organización se convierte en medio de vida, en corte de favores, en teatro de gestos solemnes que ya nadie cree. Y así, la telaraña se cierra sobre sí misma, hasta que lo único que queda es la araña, sola, devorando lo que alguna vez fue sindicato.

Día Mundial del Trabajo Decente 7 de octubre

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Joaquín Meléndez
Presidente, Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE)

En el marco del Día Mundial del Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, ISFODE reafirma su compromiso con la promoción y defensa de estos derechos fundamentales.

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo, entendemos por trabajo decente aquel que es productivo para mujeres y hombres, que se desarrolla en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Además, implica oportunidades de empleo que generen ingresos justos, seguridad en el lugar de trabajo, protección social para las personas trabajadoras y sus familias, la recreación y la libertad de organizarse y participar en las decisiones que afectan sus vidas.

Es crucial que tengamos siempre presente este concepto de Trabajo Decente como brújula y meta a alcanzar pues resume nuestras aspiraciones y establece el estándar mínimo que debe regir toda relación laboral.

Sin embargo, la realidad frecuentemente contradice estos principios.

Ante ello, ISFODE reitera que seguiremos luchando por el respeto y la aplicabilidad plena del Trabajo Decente, ahora más que nunca.

Por qué el sindicalismo democrático apuesta a Lula en Brasil

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Instituto Sindical de Formación Democrática

La segunda vuelta brasileña no solo define un gobierno: define el rumbo de la democracia, los derechos laborales y el equilibrio geopolítico de América Latina. Los datos económicos de los gobiernos de Lula respaldan una apuesta que no es solo política, sino también de resultados.

La segunda vuelta en Brasil será dura, nada fácil y de múltiples complejidades para Lula. No se trata de un simple trámite electoral, sino de una disputa decisiva en un país enorme, polarizado y observado por el mundo entero. Lo que ocurra en las urnas brasileñas tendrá efectos profundos no solo para Brasil, sino para toda la región y para el orden internacional.

1. Un obrero que llegó a la presidencia y transformó la economía

Las razones a favor del actual mandatario no pueden minimizarse. Su trayectoria es la de un obrero que llegó a la presidencia y que ya gobernó Brasil en dos ocasiones. En esos períodos, el país alcanzó prestigio y respeto en los foros más importantes de la política internacional.

Pero más allá de su origen social, los números respaldan su gestión. Durante sus dos primeros mandatos (2003-2010), el PIB real de Brasil se amplió un 37%, con un crecimiento anual promedio del 4,05%, superior a la media mundial del 2,73% para el mismo período. Entre 2001 y 2011, el PIB per cápita creció un 32%, mientras que la desigualdad disminuyó un 9,4% y el porcentaje de personas en situación de pobreza y pobreza extrema se redujo a la mitad. En 2010, último año de su segundo mandato, el PIB se expandió un 7,5%, el consumo final creció 6,1% y las exportaciones 11,5%. En esos ocho años, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza.

2. El tercer mandato: datos que confirman la apuesta

El tercer gobierno de Lula (2023-presente) ha mantenido y profundizado esa orientación. Entre 2022 y 2025, la economía brasileña creció un 8,9% acumulado, frente a un promedio de 5,7% para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay en el mismo período. El PIB creció 3,2% en 2023 y 3,4% en 2024, superando las previsiones y devolviendo a Brasil al grupo de las diez mayores economías del mundo.

En materia de empleo, la tasa de desocupación cayó de 9,3% en el segundo trimestre de 2022 a 5,4% en el segundo trimestre de 2026, la más baja de la serie histórica. El desempleo juvenil se redujo un 40%, del 19,4% al 11,7% en el mismo período. El salario mínimo real aumentó un 12,7% entre 2022 y mediados de 2026, mientras que los ingresos laborales promedio reales crecieron alrededor de un 13%.

La pobreza se redujo de 31,6% en 2022 a 23,1% en 2024, una caída de aproximadamente 27%, mientras que la pobreza extrema disminuyó más de un 40%. 8,7 millones de personas salieron de la pobreza y 3,1 millones de la extrema pobreza. En 2025, Brasil fue retirado del Mapa del Hambre de la FAO tras reducir la desnutrición crónica por debajo del 2,5%.

En cuanto a la inflación, el tercer mandato de Lula acumuló una variación de precios de 17,9% entre enero de 2023 y agosto de 2026, la menor para un mismo mandato desde la creación del Plan Real, superando incluso el récord de su propio segundo mandato (19% entre 2007 y 2010). La masa salarial alcanzó su máximo histórico y el salario mínimo volvió a subir por encima de la inflación.

3. El contraste: lo que estaba en juego

La comparación con el gobierno anterior es inevitable. Durante el mandato de Jair Bolsonaro (2019-2022), el crecimiento anual promedio del PIB fue de 1,12%, inferior a la media mundial de 1,95%. En 2020, el PIB se contrajo un 3,3% y la inflación escaló al 10% en 2021. El desempleo alcanzó su pico en marzo de 2021, llegando al 14,7%, y la pobreza afectó a cerca del 29% de la población (65 millones de personas).

No se trata de una adhesión ciega ni de un culto a la personalidad. Se trata de reconocer que los datos comparativos muestran una diferencia sustancial en materia de crecimiento, empleo, salarios y reducción de la pobreza.

4. Brasil y el mundo necesitan a Lula

Ante el avance del fascismo y de la ultraderecha autoritaria en distintos rincones del planeta, la figura de Lula adquiere una dimensión que trasciende las fronteras brasileñas. Por equilibrio geopolítico, por respeto a los países latinoamericanos y por la defensa de la democracia, su liderazgo sigue siendo un punto de referencia necesario. Brasil, como potencia regional y como una de las diez mayores economías del mundo, tiene un papel clave en la construcción de un mundo multipolar, más justo y menos subordinado a los intereses de las grandes potencias.

5. Una apuesta confiable para los trabajadores

Los trabajadores organizados tenemos en Lula una apuesta confiable. Lo decimos por su origen social, por su coherencia, por su trayectoria y por su espíritu de lucha. Pero también lo decimos por los números: por los millones que salieron de la pobreza, por el empleo formal que creció, por el salario mínimo que recuperó poder adquisitivo, por la inflación más baja en la historia del Plan Real y por un país que volvió a sentarse en la mesa de las grandes economías del mundo.

6. Lo que está en juego

La segunda vuelta no solo decidirá quién gobierna Brasil. Está en juego el modelo de país, el respeto a las instituciones, el futuro del empleo, los derechos sociales y la capacidad de la región para sostener procesos democráticos frente a los embates del autoritarismo. Por eso, desde el movimiento sindical democrático, miramos con atención y esperanza el proceso brasileño.

No ignoramos las dificultades. La campaña será compleja, los ataques serán feroces y las presiones externas e internas no cesarán. La tasa de interés sigue siendo una de las más altas del mundo, con efectos sobre el crédito y el endeudamiento de las familias. Pero precisamente por eso, la apuesta por Lula es también una apuesta por la democracia, por la dignidad del trabajo y por una América Latina que no se rinda ante el miedo.

7. Conclusión

Desde el Instituto Sindical de Formación Democrática expresamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y con su derecho a decidir su futuro. Apostamos a Lula porque creemos en una democracia con justicia social, en un sindicalismo libre y en una región que camine unida. Y apostamos a Lula porque los datos económicos de sus gobiernos demuestran que otro Brasil es posible: uno con menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades para los trabajadores.

¡Viva Lula! ¡Viva la democracia brasileña!

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

Atisbos neofascistas en la institucionalidad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Marielos Aguilar Hernández

La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.

Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.

Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).

Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.

¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.

Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.

Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.

El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.

Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.

Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.

Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.

¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!

El programa Alternativas transmitirá el 28 de agosto un panel sobre integración social y el papel de RENASES frente al autoritarismo

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

El Colectivo Reflexión-Acción invita a una nueva emisión del programa «Alternativas», bajo el título «¿Es la hora de la integración social para frenar el autoritarismo? ¿RENASES es la opción, qué propone?», a transmitirse el 28 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en vivo por Facebook Live, YouTube y Spotify.

RENASES es la Red Nacional de Sectores Sociales.

El panel invitado está integrado por:

  • Juvenal Cascante Araya, agricultor, maestro pensionado, expresidente del SEC (Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense), abogado y profesor de Derecho en la Universidad de San José.

  • Laura Rivera Alfaro, máster en Trabajo Social y licenciada en Derecho.

  • Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

  • Cecilia Jiménez Arce, MSc en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la UCR, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y quien formó parte de la inscripción del Frente Popular.

El programa se transmite en alianza con emisoras amigas: Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

Alternativas se define como un espacio para «pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores», activo desde el 12 de enero de 2020.

De la universidad necesaria a la universidad comercial: crítica a la pérdida del pensamiento laboral en la UNA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Frank Ulloa Royo

Introducción

El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la Universidad Nacional de Costa Rica fue creado en 1973 como parte de la visión de una universidad necesaria: un espacio abierto a los trabajadores, sindicatos y cooperativas, que democratizara el acceso al conocimiento y fortaleciera la organización social (Universidad Nacional, 1973). Su misión era clara: formar dirigentes obreros y sindicales, convertir la universidad en herramienta de emancipación y dotar al movimiento laboral de cuadros críticos y preparados.

Allí llegaron a estudiar, gracias a la visión de Francisco Morales y del Rector Benjamín Núñez, importantes dirigentes sindicales de todas las corrientes ideológicas, muchos de ellos sin haber completado sus estudios secundarios, pero cuya experiencia de vida fue reconocida como parte de la democratización de la educación superior. En ese espacio se creaban intelectuales orgánicos, en el mejor sentido del término, tal como lo definió Antonio Gramsci: sujetos capaces de articular la experiencia de las clases subalternas con la producción de pensamiento crítico y acción política transformadora (Gramsci, 1971).

Sin embargo, en 2010 el IESTRA fue transformado en la Escuela de Administración, un giro institucional que reflejó la presión de las corrientes neoliberales y la demanda estudiantil por títulos “comerciales” más rentables en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Este cambio significó la pérdida de un espacio académico para los trabajadores y la sustitución de la formación sindical por carreras administrativas que, aunque útiles en términos técnicos, resultan estériles frente a los retos de la precarización laboral y la defensa de los derechos conquistados.

El ataque ideológico y sus consecuencias

Aceptar esta transformación sin resistencia implica permitir un ataque ideológico contra los trabajadores, sus reivindicaciones y sus organizaciones. La universidad, que debía ser aliada en la defensa de la dignidad laboral, se convierte en reproductora de las lógicas neoliberales (Harvey, 2007). Aceptar y permitir el ataque ideológico contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales no es un hecho menor: significa abrir la puerta a un retroceso profundo en derechos conquistados con décadas de lucha.

En la práctica, esto se traduce en la confusión ideológica por el desconocimiento de los procesos de trabajo, y por tanto en la fácil imposición de jornadas arbitrarias sin consulta ni negociación, en el irrespeto sistemático al pago de salarios, y beneficios de estabilidad laboral y seguridad social, la eliminación de la negociación colectiva y en la normalización del hostigamiento y la violencia laboral que quedarían impunes. Implica también el incumplimiento de salarios y prestaciones, el riesgo real de que conquistas históricas como la ley de aguinaldo sean abolidas, y el debilitamiento de las protecciones específicas para las mujeres trabajadoras. En conjunto, estas consecuencias configuran un escenario de precarización y despojo que erosiona la dignidad del trabajo y amenaza la vigencia misma del Estado social de derecho.

El sindicalismo costarricense ha advertido que agotará todas las vías de presión social, administrativas y judiciales para defender la autonomía sindical y el Estado social de derecho, pero hasta ahora ha sido una posición retórica sin estrategia ni consecuencias prácticas. (Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas [CSA], 2020).

La contradicción universitaria y la calidad docente estudiantil

La Universidad Nacional de Costa Rica fue concebida como una universidad necesaria, comprometida con la democratización del conocimiento y con la formación de cuadros críticos capaces de transformar la sociedad. El Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) fue su expresión más clara: un espacio que reconocía la experiencia sindical y laboral como parte legítima de la educación superior, y que buscaba formar intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, es decir, dirigentes capaces de articular la práctica obrera con el pensamiento crítico (Gramsci, 1971).

Sin embargo, la presión por títulos más “rentables” y la influencia de las corrientes neoliberales transformaron la oferta académica en un catálogo de carreras administrativas que poco aportan a los retos contemporáneos del trabajo precarizado y la defensa de los derechos laborales (Torres, 2018). Este desplazamiento no solo significó la pérdida de un espacio para los trabajadores, sino también un deterioro en la calidad docente y estudiantil, pues se privilegió la lógica del mercado sobre la misión social de la universidad.

Ya en los años ochenta, el autor advertía en Praxis que la calidad universitaria no podía reducirse a indicadores técnicos ni a la proliferación de carreras sin sentido histórico. Señalaba que “la responsabilidad académica en la creación de programas debía medirse por su pertinencia social y por su capacidad de responder a las necesidades del país, no por la cantidad de títulos expedidos” (Ulloa, 1989, p. 72). Esta crítica sigue vigente: la UNA corre el riesgo de convertirse en una universidad comercial, desconectada de los trabajadores y de la sociedad costarricense.

Como señala Castillo (2012), la autorreforma sindical requiere también recuperar espacios académicos que fortalezcan la capacidad crítica y la legitimidad social del movimiento. En este sentido, la calidad universitaria debe ser entendida como un concepto integral que incluye la pertinencia social, la formación ética y la capacidad crítica, y no únicamente como un estándar técnico o administrativo. La contradicción universitaria es, entonces, el reflejo de una lucha inconclusa: entre la universidad necesaria que democratiza el conocimiento y la universidad comercial que lo mercantiliza.

El movimiento sindical frente al desafío

El sindicalismo no puede aceptar pasivamente este retroceso, pues hacerlo significaría abrir la puerta a la desprotección laboral y a la pérdida de conquistas históricas que han costado décadas de lucha. Como advierte Ermida (2012), “sin pensamiento crítico, no hay sindicalismo vivo; sin sindicalismo vivo, no hay democracia real” (p. 45). La autorreforma sindical y la recuperación de espacios académicos son, por tanto, parte de una misma lucha: la defensa de la dignidad del trabajo y de la democracia social frente a la ofensiva neoliberal.

La universidad debe volver a ser un espacio de formación democrática, capaz de enfrentar la precarización, la digitalización y la fragmentación del trabajo. En este sentido, la alianza entre sindicatos y academia es indispensable para reconstruir poder colectivo y legitimidad política, tal como lo planteaba Ulloa (1989) al señalar que la calidad docente y estudiantil debía medirse por su pertinencia social y no por la mera expedición de títulos.

Hoy se trata de una lucha de resistencia por la permanencia de los sindicatos como actores centrales del mundo del trabajo, que enfrentan no solo las amenazas ideológicas, sino también los retos de los cambios tecnológicos y de la inteligencia artificial. Estos procesos, lejos de ser neutrales, tienden a eliminar puestos de trabajo, reducir salarios y favorecer modelos autoritarios de gestión laboral, generando adhesión acrítica en un mundo del trabajo cada vez más fragmentado (Harvey, 2007).

En suma, la defensa de los derechos laborales y la democratización de la universidad son luchas inseparables: ambas buscan preservar la coherencia entre discurso y práctica, entre memoria y futuro, y garantizar que el sindicalismo siga siendo un actor vivo en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Una lucha pendiente por democratizar la UNA

La transformación del IESTRA en Escuela de Administración no puede leerse únicamente como un ajuste institucional: constituye un símbolo del ataque ideológico neoliberal contra los trabajadores y contra la misión original de la Universidad Nacional como universidad necesaria. Lo que antes fue un espacio de formación sindical, cooperativa y crítica social, se convirtió en un aparato académico orientado al mercado, que privilegia la obtención de títulos sobre la construcción de pensamiento emancipador.

Este desplazamiento refleja una contradicción profunda: mientras la sociedad costarricense enfrenta precarización laboral, fragmentación social y ofensivas antisindicales, la universidad abandona su papel de aliada de los trabajadores y se acomoda a las lógicas empresariales. La consecuencia es doble: por un lado, los trabajadores pierden un espacio de formación crítica y democrática; por otro, la sociedad en su conjunto se priva de cuadros intelectuales orgánicos capaces de articular la experiencia obrera con la producción de conocimiento transformador (Gramsci, 1971).

El reto para el sindicalismo costarricense es recuperar ese espacio, exigir que la universidad vuelva a ser aliada de los trabajadores y que el pensamiento crítico regrese a las aulas. No se trata de nostalgia, sino de necesidad histórica: sin formación ética y cultural, el sindicalismo corre el riesgo de convertirse en mera defensa corporativa, incapaz de disputar narrativas y construir hegemonía social.

El verdadero diploma que necesita la sociedad no es el título vacío de administración, sino la formación ética, cultural y sindical que permita enfrentar la precarización, defender los derechos laborales y construir un país más justo.

Democratizar nuevamente la UNA significa devolverle su vocación de universidad necesaria, capaz de formar dirigentes comprometidos con la justicia social y con la dignidad del trabajo.

Referencias

 Castillo, G et al. (2012). Autorreforma sindical en las Américas. – OIT.

 Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA). (2020). Conferencia sobre transformación del sindicalismo en las Américas. CSA.

 Ermida, O. (2012). Sindicatos en libertad sindical. Montevideo: Fundación Friedrich Ebert.

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers.

Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.

 Rodríguez, J. (2015). Historia de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Heredia: UNA.

 Torres, M. (2018). Universidad y neoliberalismo en Costa Rica. Revista de Ciencias Sociales, 160(2), 45-62.

 Ulloa Royo, F. (1989). Calidad docente y estudiantil en nuestra UNA. Praxis: revista del Departamento de Filosofía, (37‑38), 69‑80.

 Universidad Nacional. (1973). Acta de creación del Instituto de Estudios del Trabajo. Heredia: UNA.

UNDECA respalda al Magisterio Nacional frente a directriz del MEP que amenaza la libertad de enseñanza

Escrito en . Publicado en Educación.

UNDECA respalda la posición de organizaciones del Magisterio Nacional y rechaza cualquier intento de limitar la libertad de enseñanza y el pensamiento crítico

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su firme respaldo a la posición asumida por las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional frente a la reciente directriz emitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP), la cual ha generado una profunda preocupación en amplios sectores de la comunidad educativa por sus posibles efectos sobre la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y el ejercicio profesional del personal docente.

Costa Rica ha construido históricamente un sistema educativo basado en el desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de la realidad y la formación de una ciudadanía consciente, responsable y comprometida con la democracia. Ninguna disposición administrativa debe convertirse en un instrumento para generar temor, autocensura o limitar el debate académico dentro de las aulas.

UNDECA reafirma que restringir la posibilidad de analizar hechos históricos, sociales, económicos o políticos desde una perspectiva pedagógica, crítica y fundamentada, es una coerción para borrar la memoria histórica de nuestra patria. La educación pública no puede reducirse a la repetición mecánica de contenidos; su misión es formar personas capaces de comprender la realidad, cuestionarla y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa.

Manifestamos nuestra solidaridad con las educadoras y los educadores del país, quienes diariamente cumplen una labor esencial en la formación de las nuevas generaciones, y rechazamos cualquier medida que pueda prestarse para intimidar, perseguir o sancionar arbitrariamente a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y apego a los principios pedagógicos.

La defensa de la educación pública, de la libertad de cátedra, del pensamiento crítico y de las garantías democráticas constituye una responsabilidad de toda la sociedad. Debilitar estos principios significa debilitar la democracia misma.

UNDECA hace un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Educación Pública para que abran espacios de diálogo con las organizaciones representativas del magisterio nacional y garanticen que toda regulación en materia educativa respete plenamente los derechos fundamentales, la autonomía del ejercicio docente y los valores democráticos que han caracterizado al sistema educativo costarricense.

¡La educación debe formar ciudadanos libres, críticos y comprometidos con el bien común, nunca ciudadanos silenciados por el miedo!

Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social
UNDECA
9 de julio de 2026

Manifiesto de las Mujeres por el Derecho de Acceso a la Justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

«La voz de las maestras no podía ser silenciada por decretos ni bayonetas» (Lyra, 1919).

El 7 de julio de 2026, diversas organizaciones sociales y de mujeres levantaron su voz en defensa del Poder Judicial y de las instituciones encargadas de garantizar los derechos de las mujeres. Lo hicieron con la urgencia de quien sabe que la justicia no es un lujo, sino un derecho que se desvanece cuando los presupuestos se recortan y las instituciones se debilitan.

La mujer, que históricamente ha cuidado la vida en medio de la violencia y ha sostenido la democracia en medio del silencio, aparece aquí como la pastora que defiende el rebaño de derechos frente al lobo del poder. Su voz es memoria y resistencia, como lo fue la de Carmen Lyra en la huelga de 1919, cuando afirmó que la protesta era un acto de dignidad y que la educación no podía ser neutral frente a la injusticia (Lyra, 1919).

El manifiesto denuncia que los recortes al Poder Judicial amenazan directamente el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres víctimas de violencia. Señala que la reorganización del Instituto Nacional de las Mujeres y la reducción de recursos públicos forman parte de un proceso más amplio de debilitamiento institucional. En un país donde los femicidios y otras formas de violencia aumentan, la respuesta no puede ser menos Estado, menos protección, menos justicia. La respuesta debe ser fortalecer las capacidades institucionales, no desmantelarlas.

Las firmantes formulan cinco demandas claras al Poder Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público y a otras instituciones: garantizar recursos, fortalecer servicios especializados y proteger a las defensoras de derechos humanos. Pero más allá de las demandas concretas, el manifiesto convoca a sindicatos, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía a defender el acceso a la justicia y la independencia judicial como patrimonio común.

El documento trasciende la agenda específica de las mujeres y entra en el corazón del debate democrático: la división de poderes, la independencia judicial frente a presiones políticas, la defensa del presupuesto público destinado a la justicia y la crítica al discurso político que busca desacreditar instituciones. Butler (2009) recuerda que la precarización de la vida comienza cuando se socavan las estructuras que garantizan derechos; Sen (1999) advierte que sin libertad de expresión y sin instituciones fuertes no hay desarrollo humano ni democracia sustantiva; Harari (2018) alerta que las democracias pueden morir no por golpes de Estado, sino por erosión lenta de sus instituciones.

El sindicalismo encuentra aquí un espejo. El acceso a la justicia laboral, constitucional y administrativa depende de un Poder Judicial con recursos suficientes. Los sindicatos han defendido históricamente la institucionalidad democrática y la independencia de los poderes públicos como garantías para los derechos sociales y laborales. Además, muchas mujeres trabajadoras enfrentan simultáneamente violencia de género, discriminación laboral y dificultades para acceder a mecanismos de protección judicial. La lucha por la justicia de género es también lucha por la justicia laboral y sindical.

La pregunta de fondo es clara: ¿puede una democracia garantizar derechos cuando las instituciones encargadas de protegerlos pierden capacidad de actuación? La respuesta sindical es contundente: los derechos laborales, la negociación colectiva, la libertad sindical, la igualdad de género y la protección frente a la violencia dependen de instituciones fuertes, independientes y accesibles. Defenderlas no significa renunciar a exigir eficiencia o transparencia; significa reconocer que las reformas deben fortalecer el Estado de Derecho y ampliar el acceso a la justicia, no reducirlo.

El manifiesto de las mujeres nos recuerda que la justicia no es un privilegio ni una dádiva: es el suelo común sobre el que se construye la democracia. Y cuando ese suelo se agrieta, toda la ciudadanía —trabajadores, estudiantes, mujeres, sindicatos— debe levantar la voz. Porque como escribió Orwell (1949), “la libertad consiste en decir lo que otros no quieren escuchar”. Y hoy, lo que no quieren escuchar es que sin justicia independiente no hay democracia, y sin democracia no hay derechos.

Referencias

• Butler, J. (2009). Frames of War: When Is Life Grievable? Verso.

• Harari, Y. N. (2018). 21 lecciones para el siglo XXI. Debate.

• Lyra, C. (1919). Discurso en la huelga contra la dictadura de los Tinoco.

• Nussbaum, M. (2010). Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality. Basic Books.

• Orwell, G. (1949). 1984. Secker & Warburg.