Luis Paulino Vargas Solís
Sin duda nos conviene, incluso nos urge, encontrar una salida pronta al problema del déficit fiscal y la escalada ascendente sobre la deuda pública que trae consigo. Pero ello no debería de ninguna manera ser pretexto para la precipitación y la chapucería. De acuerdo con la evidencia empírica y la teoría más seria y mejor fundamentada, hay cosas que no deberían hacerse. Lo malo es que se insiste en hacerlas.
El problema fiscal, la economía y el empleo
El primer serio error es no captar la relación entre el problema fiscal y el desempeño de la economía y del empleo. Si en otras épocas, se decía que el “mejor ministro de Hacienda” era una buena cosecha de café, hoy, tiempos del gobierno de Carlos Alvarado, podemos afirmar que la “mejor ministra de Hacienda” es una economía boyante que genere muchos empleos de calidad. El dinamismo económico, que pone a caminar todos los engranajes de la maquinaria productiva y provee empleos abundantes con salarios al alza, automáticamente genera mayores ingresos al gobierno. En cambio, por ya casi diez años la economía tica crece claramente por debajo de sus estándares históricos, con el agravante –incluso mucho más importante– que ese mediocre dinamismo es sumamente deficitario en términos de su capacidad para generar empleos y contribuir al sostenimiento de las finanzas públicas.
Según como se haga, el abordaje de lo fiscal puede dañar la economía y el empleo
Si se opta por un abordaje que enfatiza el recorte de gastos del gobierno, y la imposición de impuestos que obliguen a los sectores pobres de la población y a los grupos medios a recortar sus gastos de consumo, lo que tendremos, con casi total seguridad, es un bajón de la economía que deteriorará aún más la de por sí lamentable situación del empleo. Es como si decidiéramos despedir a nuestra “mejor ministra de Hacienda”, para sustituirla por algún tipo inepto y descuidado. El problema podría empeorar en vez de mejorar, y resolverlo conllevará costos aún más elevados.
A mediano y largo plazo la factura podría ser muy onerosa
Tenemos entre manos propuestas fiscales que, claramente, se desentienden de los problemas del empleo. Se arriesga con ello agravar la anemia crónica de la economía y la masiva carencia de empleos decentes. Pero, además, son propuestas inequitativas, que recargan los costos del proceso sobre los sectores más pobres y, en segundo lugar, sobre los grupos medios. Ello agravará la de por si aguda desigualdad que hoy fractura nuestra sociedad. Y, para peores, se apuesta (por medio de la regla fiscal) a un debilitamiento de la institucionalidad pública que, por encima de todo, golpeará a quienes más necesidad tienen. Esto puede provocar inestabilidad social en lo inmediato y, en todo caso, es algo que daría combustible al hervor a fuego lento del malestar y el disgusto que siente mucha gente en Costa Rica, especialmente en las zonas periféricas empobrecidas y olvidadas, y en los barrios marginales de las ciudades del Valle Central. Es echar leña a una hoguera que eventualmente puede convertirse en una enorme conflagración. Ya lo vimos en esta última campaña electoral, cuando caminamos al borde del abismo. La próxima podríamos caer.
Las propuestas en discusión: ejemplo perfecto de lo que NO debería hacerse
La transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), generalizando su aplicación a muchos servicios que hoy están exentos, tendrá dos consecuencias principales: en lo inmediato obligará a un recorte de los gastos de consumo por parte de familias pobres y de clase media, lo que implicará un frenazo a la economía y, posiblemente, un deterioro en los pésimos indicadores de empleo que tenemos. Segundo, en el mediano y largo plazo, agudizará la desigualdad, ya que es un impuesto que pesa más fuertemente sobre el bolsillo de quienes menos tienen.
El IVA podría ser aceptable, dadas las ventajas que tiene como herramienta para el control del fraude en el impuesto sobre la renta, pero solo si fuese parte de una propuesta integral que hiciese que, en su conjunto, el sistema tributario fuese realmente justo y equitativo. No es lo que se propone. El impuesto sobre rentas y ganancias de capital, incluido en el proyecto en discusión, podría dar un aporte en ese sentido, pero en gran medida pierde ese cualidad, en vista del diseño que se le da (una tasa “plana” del 15%, que lo mismo sería pagada por el pequeño inversionista o ahorrante, que por los grandotes). El incremento en el impuesto sobre salarios por encima de 2,1 millones al mes, tiene cierto grado de progresividad o justicia (poquitas personas en Costa Rica reciben tal monto de ingresos), pero es claramente, un impuesto que afectará a los profesionales asalariados del sector público, y el cual no toca en absoluto a los ricos-realmente-ricos, propietarios de grandes patrimonios (como acciones de empresas; bonos del gobierno; mansiones principescas; edificios de alquiler; yates, autos de lujo y aviones privados, etc.).
La llamada regla fiscal (véase mi artículo Regla fiscal parte II: para entenderla y entender el disparate) es claramente un receta animada por una feroz ideología anti-sector público, que inevitablemente conducirá a un mayor debilitamiento de los servicios públicos, con graves consecuencias: para la población más pobre en primer lugar, así como para estabilidad social y política en su conjunto.
Por su parte, todo el discurso que insiste en el recorte del gasto público, y que en buena medida traduce un odio mal disimulado hacia los empleados y las empleadas públicas, confunde la mojigatería moralizante con las realidades de la economía. Eso sumará a los factores regresivos, dañinos en lo inmediato para la economía y el empleo, y, a mediano y largo plazo, para la desigualdad, la estabilidad democrática y la paz social.
Necesitamos una propuesta fiscal diseñada sobre la base de otros criterios. Sobre eso volveré en un artículo posterior.
En imagen de portada: Rocío Aguilar, nueva ministra de Hacienda.
Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
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