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Etiqueta: recurso hídrico

Más allá del chiste: ¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es ganancia!

Margarita Bolaños Arquín
Finca Agroecológica Hortalizas Girasol

El reciente aumento de precios de hortalizas, frutas y verduras es consecuencia de dos factores: uno, prolongados y fuertes temporales que afectaron múltiples paisajes agrícolas en Costa Rica y en Centroamérica y dos, la intermediación que favorece el alza desmedida de precios ante la escasez. Quienes producimos no necesariamente nos beneficiamos de los altos precios. A los productores no nos convienen esos desequilibrios porque los consumidores, simplemente no compran o los sustituyen por otros más baratos frescos o procesados.

¡Bajo el imperio de los importadores, la escasez es riqueza! Si no hay producto fresco, no importa, se importa. El bajo precio del dólar de por sí les favorece para adquirir productos a menores precios que los nacionales sin reparo de que cientos de personas se queden sin empleo y aumenten las deudas por consumo y producción.

Entonces, entre los ciclos de sequías y eventos extremos de precipitación, sin políticas de ordenamiento territorial, gestión integrada del riesgo y una institucionalidad pública que atienda los efectos del cambio climático, el sector agrícola nacional será cada vez más amenazado y vulnerable por deudas y sistemas de siembra poco o nada resilientes. Una agricultura convencional que para defenderse de los eventos hidrometereológicos extremos debe recurrir al aumento de agrotóxicos para atender las plagas y enfermedades es económica y ambientalmente insostenible.

Centrar la atención en los precios de los productos agrícolas es obviar las raíces que generan la desigualdad y el deterioro de la salud de las personas y los recursos naturales del país. Es necesario avanzar hacia formas de producción más sostenible y comercialización más justas que enfrenten los inevitables riesgos del cambio climático y el deterioro de los paisajes agrícolas. La protección del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad debe ser una prioridad para el gobierno nacional y municipalidades. La recolección de agua llovida, el uso de invernaderos de bajo costo, prácticas de conservación de suelos y la correcta canalización de las escorrentías contribuiría a tener una producción de más bajo costo, menos dependiente de los agroquímicos y más intensiva, diversificada y accesible a un mayor número de consumidores.

Necesitamos mayor inversión en investigación y en tecnologías sostenibles para enfrentar la escasez y las distorsiones del mercado que abonan a la pobreza y a la mal nutrición. Sumado a eso, es esencial ampliar la red de recolección de datos climáticos a lo largo de todo el país para tomar decisiones de planificación bien sustentadas en el interés nacional.

Imagen: Semanario Universidad.

Municipalidad de San Isidro se opone al proyecto de ley para la gestión del recurso hídrico

En un contexto nacional donde el manejo del recurso hídrico está siendo replanteado mediante la propuesta de ley N.° 23.511, la Municipalidad de San Isidro de Heredia ha analizado cuidadosamente el impacto que este proyecto podría tener en la protección ambiental y en los derechos de las comunidades. Como resultado, en sesión ordinaria, acordó manifestar su oposición al proyecto titulado “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”. La moción fue presentada por el regidor Sergio Ortíz Pérez.

Este acuerdo se tomó tras revisar y analizar el contenido del proyecto, el cual, aunque introduce mejoras relacionadas con sanciones por contaminación, también plantea varios artículos preocupantes que podrían representar retrocesos en la protección ambiental y del recurso hídrico.

Entre los puntos de preocupación destacados, se encuentra la alteración de las funciones actuales del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), según lo propuesto en el artículo 3, inciso “ch” de la Ley N.° 6877. Con el cambio, se eliminarían todas las funciones relacionadas con la investigación, protección y fomento del recurso hídrico, las cuales pasarían a ser competencia de un nuevo ente llamado Dirección Nacional de Aguas (DINA), adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), creado por este proyecto de ley.

Asimismo, el cambio propuesto afecta el inciso “h” del mismo artículo, delimitando las funciones del SENARA en cuanto a decisiones relacionadas con la perforación de pozos y la explotación, mantenimiento y protección de las aguas. Estas decisiones, que actualmente son definitivas y de acatamiento obligatorio, dejarían de tener ese carácter. Además, las funciones transferidas al DINA tampoco serían definitivas ni obligatorias. Esto implica pasar de un ente autónomo con personería jurídica propia, como es el SENARA, a una dependencia directa del MINAE, que tiene un carácter político. Dicho traslado de competencias afectaría el sistema de pesos y contrapesos actualmente vigente en la gestión del recurso hídrico. 

Otro aspecto abordado fue la creación del “canon del recurso hídrico”, que tendría como objetivo financiar la creación y mantenimiento de la DINA. Este punto generó cuestionamientos debido a la situación presupuestaria actual del país.

Finalmente, se analizó el artículo 23 del proyecto de ley, en el que se identificó una posible regresión ambiental. Esto se debe a la modificación propuesta para la medición de las áreas protegidas de las nacientes permanentes, que podría derivar en interpretaciones ambiguas y excepcionales, afectando la protección de estas áreas.

Por ello, la Municipalidad de San Isidro de Heredia invita a la ciudadanía a informarse y a descargar el texto completo del proyecto de ley, expediente N.° 23.511, para que puedan analizarlo y participar activamente en el debate sobre este importante tema.

No toquen el Cerro Chompipe

CONCEVERDE

Ante la intención del alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, de llevar a cabo construcciones de diversa índole en el Cerro Chompipe, cobijadas  bajo la figura de un “MOMUMENTO NATURAL RECREATIVO”, para lo cual deberá eliminar árboles nativos que son parte de un bosque; además estando ese cerro dentro de áreas de protección, como es el Parque Braulio Carrillo y la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, el colectivo ciudadano CONCEVERDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, queremos expresar nuestra profunda preocupación y denunciar estos actos que ponen en grave riesgo el recurso hídrico, el medio ambiente y la biodiversidad que en él habita.

Es inadmisible que se esté pensando en realizar obras en una zona que es de alta recarga acuífera, de muy alta vulnerabilidad hidrogeológica y ambiental. De llevarse a cabo las pretensiones del alcalde de San Rafael de Heredia, consideramos, no solo se estaría violentando la normativa vigente, sino que, también deteriorando ecosistemas vitales que cumplen funciones esenciales para el equilibrio natural, como la regulación del ciclo del agua, la conservación de la fauna y flora silvestre, y la mitigación del cambio climático.

En particular, nos preocupan que se lleven a cabo construcciones, en áreas como el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Estas acciones son especialmente perjudiciales en zonas que además son de recarga de los acuíferos donde se abastecen más del 60% de habitantes del Valle Central, donde la impermeabilización del suelo compromete la disponibilidad de agua potable para las comunidades y afecta la calidad de los recursos hídricos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los gobiernos locales, para que no cedan ante las intenciones del alcalde, y por el contrario intensifiquen la vigilancia y el control en las zonas que ya cuentan jurídicamente con protección absoluta. Es crucial que se abstengan de proyectar acciones que pongan en riesgo los pocos recursos naturales que aún tenemos en el Valle Central y, en particular, en San Rafael de Heredia.

Asimismo, exhortamos a la ciudadanía rafaeleña y en general del Valle Central a mantenerse alerta, denunciar y manifestarse ante cualquier actividad que atente contra nuestros bosques y áreas de protección. La participación de todos es crucial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos recordar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Reafirmamos en CONCEVERDE nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y seguimos trabajando para asegurar que nuestras áreas protegidas se mantengan libres de intervenciones que comprometan su integridad. Unamos esfuerzos para salvaguardar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo que respete y valore la riqueza ecológica de nuestro país.

El agua en crisis: la privatización y su impacto en las familias salvadoreñas

El agua es vida ¡Hay que defenderla!

En El Salvador, las grandes empresas se benefician enormemente del uso desmedido de los recursos hídricos, mientras la mayoría de las familias del país enfrentan dificultades extremas para acceder al agua potable. Según el boletín Nº 985, publicado el 18 de octubre de 2024 por Equipo Maíz en El Salvador, la situación del agua es alarmante, con el 79.8% de la población percibiendo una crisis de agua.

Un ejemplo notable es la empresa La Constancia, que solicitó a la alcaldía de San Salvador Oeste el permiso para consumir más de 2,144 metros cúbicos diarios de agua subterránea. Esta cantidad de agua podría abastecer a unas 3,200 familias cada día, lo que revela la inequidad en la distribución del recurso entre las grandes industrias y la población.

La ley aprobada en diciembre de 2021 por el Gobierno de Nayib Bukele permite a las empresas utilizar agua en exceso, mientras el pueblo enfrenta tuberías defectuosas y cortes constantes del suministro. Además, los recortes en el presupuesto de ANDA para 2025 agravan la situación, priorizando el agua para los ricos y dejando a las familias pobres con sed.

Descarga el PDF completo para conocer más sobre esta problemática y los detalles específicos compartidos por Rodolfo Ulloa Bonilla a SURCOS.

Este artículo se basa en la publicación de Equipo Maíz, Nº 985, El Salvador, 18 de octubre de 2024.

Contaminación de aguas en Cartago: SINAC a Sala Constitucional por incumplimiento en protección de nacientes

  • La lucha por la defensa de las nacientes de agua del Frente Ecologista de Cipreses continúa

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante la Sala Constitucional con objetivo de resolver de manera definitiva

  • De ganar esta acción legal el Frente Eco-Cipreses cambiaría lo que históricamente ha venido dejando de hacer el SINAC.  Debido a que el SINAC insiste que ellos no les compete la protección ambiental dictada por la Ley de Aguas (200 metros de protección) y solo deben hacer cumplir la Ley Forestal (100 metros de protección)

  •  Ecologistas insisten en solicitar demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua para consumo humano que siguen estando desprotegidas y fumigadas.

La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.

En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y  demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.

Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.

El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.

Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucionalen la sentencia No. 20-021797-0007, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Se ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en un plazo de dos meses, hacer respetar y delimitar expresamente las áreas de protección de 200 metros que rodean las naciente Plantón y Carlos Calvo, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575; como parte de la solicitud inicial realizada por los amparados, y ordenada por la Sala Constitucional, al declarar con lugar dicho amparo y que, a la fecha de esta gestión, no ha sido ejecutada por parte del SINAC.

Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo  e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).

Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.

Kioscos Ambientales UCR

Solicitud de información sobre cumplimiento de orden de la Sala Constitucional

El licenciado José Francisco Alfaro Carvajal, integrante de la organización CONCEVERDE se dirige, mediante un documento formal, al ministro de Ambiente y Energía Franz Tattenbach Capra, con el fin de solicitar información sobre varios aspectos relacionados con el cumplimiento de la resolución N.º 2023- 017109 del Expediente 22-027662-0007-CO del 14 de julio del 2023. En este último se le impuso al Ministerio de Ambiente, desde el 5 de agosto del 2008, la orden directa de iniciar los trámites correspondientes para la recuperación de los terrenos que se ubican en la zona inalienable creada el 30 de julio de 1888 por la Ley 65, y que estén siendo ocupados por particulares. Dicha zona abarca de la cima de la montaña conocida con el nombre de Montaña del Volcán de Barba, desde el cerro llamado el Zurquí hasta el que se conoce con el nombre de Concordia.

Por tanto, la Sala IV le ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) mediante la resolución No. 2023-017109 del catorce de julio del dos mil veintitrés, que en un plazo de seis meses a partir de dictada la resolución, proceda a identificar debidamente, con sus datos registrales y/o de ocupación, la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas como patrimonio natural.  

Finalmente, el licenciado Alfaro realiza una petición para que se le envíe a su correo un informe con los planos, expedientes y acciones concretas que han realizado en el Ministerio de Ambiente y Energía para la reivindicación de estos territorios.

Le invitamos a descargar el PDF adjunto para contar con todos los detalles.

 

Imagen ilustrativa.

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24

Pronunciamiento de organizaciones y comunidades por al defensa del agua y los ríos

Longo Mai, 2024

Este 1° de junio del 2024 representantes de organizaciones: Frente Ecocipreses, Ríos Vivos y Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, nos hemos reunido con preocupación y urgencia, frente a las múltiples formas en las que gobiernos neoliberales en alianza con corporaciones, han venido privatizando los ríos del país.

Nos queremos pronunciar con indignación contra la contaminación del agua con agroquímicos, los quebradores en los cauces de los ríos, proyectos de riego para monocultivos y proyectos hidroeléctricos. Todos esos proyectos mal llamados de desarrollo, han saqueado por años nuestros territorios y ponen en riesgo el acceso al agua para consumo humano, no solo por su calidad sino porque han provocado disminución de los caudales.

Queremos señalar que las comunidades aquí representadas, seguiremos luchando y construyendo propuestas para la defensa de nuestros territorios. Estaremos vigilantes de las formas en las que operan las instituciones estatales y las políticas públicas que se crean. Además, como organizaciones comunitarias, nos comprometemos a:

– Vigilar que se consolide la prohibición del clorotalonil en el país.

– Seguiremos construyendo las vías para qué se intervenga el código de minería.

– Oponernos al proyecto de ley del armonización del sistema eléctrico nacional.

– apoyamos a la comunidad indígena Rey Curré en su iniciativa para desarrollar una ley o normativa forestal de aplicación en su territorio bajo el principio de autonomía de los pueblos indígenas.

Invitamos a las personas, organizaciones y comunidades, a que se organicen en la defensa del agua para la vida. 

#aguaparalavida #rioslibres

Nota:

Este comunicado se emitió durante la Fiesta del Agua en Longo Mai, Buenos Aires, una celebración anual que incluye talleres, charlas, actividades para niños, una feria agroecológica y música. Este evento contó con el apoyo de los Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Acción Social, el TCU-590 de Kioscos Socioambientales, Caravanas por la Defensa de la Vida y la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas.

Kioscos Ambientales UCR

Alternativas. Crisis de servicios: ni agua ni luz

A partir de un intercambio con el sociólogo y politólogo Jorge Coronado Marroquín, en el Programa Alternativas Jóvenes, moderado por Alejandro Retana y Rebeca Astorga González, ambos estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, se discute la situación que enfrentan los ciudadanos del país ante el corte de servicios públicos como el agua y la electricidad. El objetivo del programa Alternativas Jóvenes es integrar a personas jóvenes en las discusiones con temas de pertinencia a nivel nacional y regional, siendo así el tema del abandono institucional hacia las necesidades básicas y derechos de acceso al agua y electricidad. 

El invitado, Jorge Coronado Marroquín señala que el recurso hídrico es una necesidad humana y que hay que visibilizar aún más los movimientos y grupos que buscan reivindicar el acceso al agua y electricidad pero el obstáculo está en que a nivel nacional, estos derechos (educación, luz, agua, etc) se perciben como servicios públicos, por lo que en la agenda política es un tema que se ha aplazado por varios años y en meses más recientes ha salido a la luz. 

Asimismo, en esta conversación se señala que hay muchas instituciones de Costa Rica que resguardan el bienestar de los ciudadanos pero, también hay otras instituciones que actualmente son ineficientes y no cumplen con garantizar los derechos de las personas. 

A propósito de las luchas sociales; el invitado reitera que la ciudadanía tiene un precedente histórico de incidencia política en tanto se ha manifestado en contra de propuestas de la agenda política, por ejemplo en el año 2000 contra el Combo Energético de Costa Rica. Son ese tipo de luchas las que se deben retomar hoy para hacerle frente a las decisiones del gobierno y la privatización de los servicios públicos. Y es que, los costarricenses solemos trasladar la responsabilidad de actuar a modo de protesta hacia otras personas y se debilita la unión y fuerza nacional ante una conducta pasiva. Esta cualidad nos hace tolerar la violencia contra nuestros derechos, al mismo tiempo que legitima las decisiones gubernamentales que implican la inserción de empresas privadas en la agenda política. 

Por eso, se insta a que haya firmeza en las posturas que desean defender el bien común, salir a las calles a organizarse y manifestarse ante la acción del gobierno y las instituciones públicas, y en el caso de las ciencias sociales; vincular el quehacer profesional con las necesidades de la gente, situar la teoría en la universidad pero retomar la acción en las calles. A partir de la discusión se motiva a dejar el elitismo en la universidad y sindicatos y acercarse realmente a las poblaciones y minorías invisibilizadas y atacadas.  

Jorge Coronado Marroquín indica que si el país vende energía a la región centroamericana por medio del Mercado Eléctrico Regional (MER) desde hace aproximadamente 25 años, no se puede hablar de un racionamiento eléctrico a nivel nacional y que, si hay racionamiento eléctrico se está hablando de una crisis a la cuál hay que atenderla con urgencia. 

Por medio del referéndum que se ha especulado, la ciudadanía puede involucrarse en la toma de decisiones respecto a distintos proyectos de ley como el de quitarle su autoridad como ente rector al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y transformarlo en un operador más, porque la ciudadanía está en una lucha constante de ejercer sus derechos y de encontrar maneras de participar activamente a favor o en contra de los intereses privados que giran alrededor de las decisiones y modos de actuar institucionales. 

Si bien hay fuerzas sindicales y gremiales que hacen esfuerzos por romper con la dinámica incidente de los intereses privados en la agenda pública, son voces silenciadas a cambio de puestos políticos o gerenciales, es decir que hay un riesgo de ceder a la corrupción. https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/crisis-de-servicios-sin-agua-ni-luz/1075696903968410/?mibextid=RUbZ1f 

Una ecuación sin resolver: explosión inmobiliaria, demanda y escasez de agua en el litoral guanacasteco

Arturo Silva Lucas
Esteban Barboza Núñez

Los distritos costeros de Guanacaste que concentran los mayores índices de crecimiento inmobiliario también presentan serias limitaciones en la gestión del agua potable. La ubicación de acueductos rurales, también conocidos como ASADAS, que no cuentan con la factibilidad técnica para otorgar nuevas disponibilidades de agua en el litoral de la provincia coinciden con la localización de los nichos de fuerte oferta turística residencial y de alta demanda del recurso hídrico de los últimos 10 años, pero especialmente después de la pandemia de 2020. Esto se desprende de datos recopilados de distintas fuentes y analizados por el Observatorio de Turismo y Migraciones de la Región Chorotega (OBTUR).

Según la información analizada, actualmente existen 22 ASADAS sin factibilidad técnica para otorgar nuevos permisos de agua particulares. Estos acueductos rurales operan en o alrededor de los principales polos de actividad inmobiliaria a lo largo de la costa guanacasteca en la actualidad. De este total, 17 acueductos se aglomeran alrededor de cuatro importantes distritos turísticos de Guanacaste Norte. Estos son Sardinal, vinculado con Playas del Coco, en el cantón de Carrillo; en el cantón de Santa Cruz encontramos a Tamarindo y Tempate, este último un distrito en el cual resalta Playa Potrero; y, en ese mismo cantón, Cabo Velas, en donde se ubican las playas de Flamingo, Conchal y Grande entre otras.
En menor número, cinco ASADAS imposibilitadas de dar nuevas disponibilidades de agua se ubican en las costas de Guanacaste Sur. Una en Playa Lagarto, en el cantón de Santa Cruz; tres en el cantón de Nicoya -Playa Nosara, Sámara y El Torito, esta última también en Sámara-; y una en San Francisco de Coyote, en el cantón de Nandayure. En el caso de todas las ASADAS sin factibilidad técnica, las razones tienen que ver con insuficiente capacidad hídrica; es decir, no cuentan con el recurso suficiente o con los medios de extracción necesarios para satisfacer la demanda de futuros usuarios.
Como se puede ver en los siguientes mapas, es muy clara la coincidencia entre los distritos que presentan mayor desarrollo inmobiliario en la provincia, y la falta de agua en esos mismos distritos. Las coincidencias son evidentes, y dejan claro que el problema es alarmante, en el sentido que el desarrollo inmobiliario ha sido rampante, especialmente en los últimos cuatro años, y por el momento tiene tendencias a continuar:

Figura 1. Mapas de las regiones costeras de Guanacaste. A la izquierda, nombre y ubicación de cada una de las ASADAS declaradas con no factibilidad técnica para otorgar nuevas concesiones de agua a usuarios en la actualidad. A la derecha, los distritos que presentaron mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos inmobiliarias en Guanacaste en el año 2023, según datos del CFIA. Elaboración propia.

Como ya hemos advertido en reportajes anteriores, las costas de Guanacaste experimentan un desarrollo inmobiliario explosivo a partir del año 2020. Si bien es cierto, había un crecimiento sostenido antes de ese año, a partir de la pandemia global por COVID 19 distritos como Tamarindo, Sardinal, Cabo Velas y Nosara registraron incrementos en la construcción de proyectos habitacionales sin precedentes desde la crisis del 2008. Al igual que sucedió en ese periodo, el agua parece estarse transformando en un elemento en disputa y en una potencial causa de conflictividad entre los diferentes actores, entre ellos inversionistas, gobiernos locales, instituciones estatales y comunidades locales. Además, una vez más están quedando en evidencia las inconsistencias entre el modelo de desarrollo turístico e inmobiliario hegemónico del litoral de Guanacaste y los recursos locales disponibles, lo que, a su vez, torna a este modelo en volátil e insostenible.
Es preocupante, a partir de lo que se puede observar en los mapas, la aguda crisis hídrica que experimentan los distritos de Tamarindo y Cabo Velas, donde precisamente se ubica la mayor cantidad de ASADAS sin factibilidad técnica y que, según se puede apreciar en el siguiente gráfico, son de los que mayor inversión inmobiliaria han recibido en los últimos cuatro años. También es posible observar cómo, en los últimos años, tanto el aumento del desarrollo inmobiliario como la falta de agua se están desplazando cada vez más hacia el sur de la provincia, especialmente a los distritos de Nosara y Sámara, con tres ASADAS imposibilitadas de otorgar nuevos permisos, pero con importantísimos aumentos en la cantidad de metros construidos después de la pandemia.

Figura 2. El gráfico muestra los siete distritos costeros con mayor cantidad de metros cuadrados aprobados para la construcción de proyectos residenciales en Guanacaste durante los últimos nueve años. Nótese los cambios bruscos en la cantidad de metros cuadrados a partir del 2020. Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CFIA.

Ante estos datos surgen varias preguntas. En primera instancia, ¿cuáles son los procesos y mecanismos que existen y que están facilitando la puesta en marcha y la continuidad del incremento de los permisos de construcción, y de la construcción de proyectos inmobiliarios, a pesar de la escasez de agua y la imposibilidad técnica de otorgar agua en muchas de las ASADAS aledañas? ¿Cuál es el lugar del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el de los gobiernos locales en cuanto a este problema? Y más importante aún, ¿Cuáles son las consecuencias a mediano plazo en la región ante la alta demanda del recurso hídrico y su escasez?
En cuanto a esta última pregunta, es bien probable que se vislumbre un panorama conflictivo, como ha sucedido históricamente en Guanacaste en las últimas décadas cuando se enfrentan intereses opuestos alrededor de la gestión del agua y los modelos de desarrollo turístico e inmobiliario dominantes. También es probable que el mismo modelo de desarrollo se vea comprometido a mediano plazo, a pesar del incremento en la inversión inmobiliaria actual, precisamente debido a la insostenibilidad de este en relación con los recursos disponibles y su gestión a nivel regional.
Finalmente, queda en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades locales y su acceso al agua en comparación con los intereses financieros de grandes capitales que se desplazan libremente a nivel transnacional, y que fácilmente parecen disponer de los recursos vitales para su funcionamiento, como el agua, y en caso contrario, pueden procurar otros entornos para invertir en otro lugar, si el sistema en Guanacaste llegase a colapsar.
Este último elemento deja en evidencia, una vez más, la dependencia del desarrollo turístico e inmobiliario de la provincia de factores externos y bastante ajenos a su control desde lo local; las crisis socioambientales que se pueden generar a partir de este modelo de desarrollo y su poco articulada planificación; y, lo más importante, la afectación a las comunidades locales y a los recursos naturales de los que dependen para existir.

Fuente: https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/una-ecuacion-sin-resolver-explosion-inmobiliaria-demanda-y-escasez-de-agua-en-el-litoral-guanacasteco