La grave situación que por décadas han venido sufriendo nuestros pueblos originarios por causa del despojo de sus tierras ha sobrevenido en una peligrosa situación que ha llegado al grado de asesinato de líderes y hasta quema de sus posesiones. Inaceptable realidad que, a pesar de existir una ley favorable a las posesiones de las personas indígenas, no se ha respetado por personas no indígenas que, incluso de mala fe, han acaparado esas tierras.

            Consideramos que el anuncio del Gobierno de que ha dispuesto una reserva económica en el INDER para pagar la tierra a terratenientes no indígenas de buena fe, aunque es buena iniciativa, no han logrado evitar la violencia, el despojo y maltrato de nuestros pueblos originarios, que cada día se tornan en más violencia, y que más bien no dudamos de tildar de terrorismo.

            Las excusas de la Fuerza Pública de no poder evitar la violencia por no contar con una orden judicial que les permita ingresar a los predios nos parece absurda, insostenible jurídicamente pues ante la comisión de un delito la policía está legitimada a ingresar, sin necesidad de una orden judicial.

            Ante estos factores, y para una pronta y eficaz solución del conflicto y que las personas propietarias recuperen sus predios, pedimos que el Poder Ejecutivo haga una declaratoria de emergencia ante el conflicto y así pueda resolverlo más con más eficiencia, eficacia, energía y a la brevedad posible.

            Los derechos deben respetarse, los pueblos originarios deben recuperar sus tierras. Recordemos que la vida y la paz deben prevalecer, para que nadie se quede atrás.

San José, 12 de agosto de 2020.
Marco Castillo Rojas. Presidente
Linford Patterson Regato. Vicepresidente