Ir al contenido principal

Etiqueta: Abelardo Morales Gamboa

Territorios locales y algoritmos en la disputa por el poder

Escrito en . Publicado en Análisis.

Los territorios locales siguen siendo decisivos en la política, pero hoy la disputa también se juega en la percepción social de la realidad a través de los algoritmos.

Abelardo Morales Gamboa

Costa Rica enfrenta actualmente un desafío más complejo que la mera economía o la defensa formal de la institucionalidad democrática. Como ya lo he señalado en anteriores publicaciones (La política también se decide en los territorios locales), la cuestión de fondo consiste en reconstruir nuevas formas de articulación social y política capaces de responder a una realidad marcada por la transnacionalización de la vida social, las desigualdades territoriales, la fragmentación subjetiva y las profundas transformaciones tecnológicas que reorganizan contemporáneamente las formas de convivencia, poder y representación política.

El territorio nunca ha dejado de ser el ámbito de la contienda política, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Lo que sí se ha transformado profundamente son las formas mediante las cuales la vida territorial —es decir, la experiencia social del lugar— es narrada, interpretada e incluso emocionalizada. Aunque esto pueda parecer abstracto, sus efectos se manifiestan diariamente en la vida cotidiana.

Las personas siempre viven individual y colectivamente la experiencia del lugar. Esa experiencia está mediada por estructuras sociales, históricas+ y culturales que le otorgan significado. Así, un barrio periférico o una comunidad de pescadores continúan experimentando territorialmente el desempleo, la violencia o servicios públicos de mala calidad. La vida humana continúa teniendo una expresión espacial y las desigualdades territoriales continúan siendo una de las expresiones más visibles de la crisis contemporánea. El territorio donde esos problemas se producen no cambió; lo que cambió fue la manera en que quienes habitan esos espacios interpretan políticamente esa experiencia.

Antes, las percepciones sobre esa realidad podían construirse desde la escuela, las iglesias tradicionales, las organizaciones comunales, los sindicatos o los liderazgos locales. Hoy, plataformas digitales, influenciadores, cadenas de redes sociales y discursos algorítmicos —muchas veces articulados con narrativas neorreligiosas— reorganizan emocionalmente los modos de ver y pensar la realidad. El territorio sigue produciendo el malestar, pero estas nuevas mediaciones transforman la manera en que ese malestar adquiere significado político, movilizando miedo, frustración o resentimiento antes que vínculos de solidaridad, esperanza o acción colectiva. Todo ello gracias a los teléfonos móviles, las plataformas digitales y las grandes corporaciones tecnológicas que reorganizan crecientemente la producción cotidiana de sentido común y alteran las mediaciones tradicionales de la vida pública.

Las experiencias locales se reflejan cada vez menos en las antiguas identidades territoriales que daban cohesión a las culturas comunitarias. Tales identidades se construían a partir de vínculos socializadores relativamente estables: familias, espacios comunitarios, organizaciones sociales, instituciones y sistemas simbólicos que proporcionaban marcos comunes de interpretación y pertenencia.

Hoy, buena parte de la interpretación política de esas experiencias es procesada por ecosistemas mediáticos y emocionales capaces de redirigir simbólicamente el malestar social y, muchas veces, desfigurar su naturaleza y significado. No solo cambia la manera de interpretar la experiencia política; también se debilita progresivamente el sentido de identidad colectiva.

Lo que aparenta ocurrir únicamente en espacios mediáticos abstractos o en los “no lugares” digitales tiene, en realidad, efectos profundamente territoriales. Las plataformas digitales amplifican emociones, pero sobre todo las modulan bajo intereses particulares antes que colectivos. Simplifican antagonismos e introducen formas rápidas de identificación política que muchas veces sustituyen la construcción orgánica de vínculos colectivos y su sentido cívico. El territorio sigue produciendo el malestar; pero los algoritmos reorganizan crecientemente la manera en que ese malestar adquiere significado político y se convierte en herramienta para disputar y reorganizar el poder.

Esto ayuda a explicar por qué liderazgos con estructuras territoriales débiles logran construir rápidamente amplias adhesiones emocionales. A medida que se debilitan las lealtades ideológicas y las formas tradicionales de organización colectiva, tienden a expandirse vínculos políticos más personalistas y emocionalizados, donde la adhesión al líder opera como sustituto precario de certezas, pertenencias y mecanismos de protección social. En contextos de incertidumbre y fragmentación, estas formas de dependencia afectiva pueden adquirir rasgos cercanos a una suerte de vasallaje emocional. Su eficacia no proviene únicamente de su capacidad comunicacional a gran escala, sino también de su capacidad para penetrar y reorganizar emocionalmente los ecosistemas locales de interacción social.

Sin embargo, allí también aparece uno de los límites históricos de estas nuevas formas de hegemonía. Las articulaciones basadas casi exclusivamente en emocionalidad, comunicación digital y liderazgo mediático pueden resultar eficaces para conquistar adhesiones rápidas, pero suelen ser más frágiles para construir legitimidad duradera, cohesión social y proyectos políticos estables. Al menos mientras esas fuerzas no logren establecer vínculos orgánicos con movimientos sociales, estructuras corporativas u otras formas de organización colectiva, algo que no deja de ser una posibilidad futura.

Estos procesos tampoco se despliegan homogéneamente. Algunos territorios muestran mayores niveles de adhesión a discursos anti-institucionales, punitivos o personalistas, mientras otros conservan formas más tradicionales e institucionalizadas de mediación política. La eficacia de las nuevas narrativas populistas y autoritarias depende precisamente de su capacidad para conectar con economías emocionales territorialmente situadas. La capilaridad de las iglesias evangélicas y ciertas formas de fanatismo religioso, como ha ocurrido en otros países, facilita un mayor anclaje territorial de esas interpelaciones. No puede descartarse que los dispositivos político-religiosos impulsados por sectores neoconservadores terminen reconstruyendo parte de las antiguas bases organizativas y comunitarias. Por ello, lo que está en juego es una transformación más amplia de las relaciones entre territorio, subjetividad y poder en el capitalismo contemporáneo.

La reconstrucción democrática exige volver a territorializar la política. No como retorno nostálgico a las antiguas estructuras partidarias, sino como construcción de nuevas formas de articulación social y movilización política capaces de conectar experiencias locales, demandas sociales y horizontes colectivos en una sociedad profundamente transformada por la digitalización y la fragmentación del trabajo, la cultura y la comunicación.

Esto implica fortalecer liderazgos comunitarios atravesados por la cultura cívica y el respeto a las normas democráticas, revitalizar espacios de organización y participación social con mayor equidad y reconstruir formas de inclusión que permitan a las personas recuperar capacidad de incidencia sobre las condiciones concretas de su existencia. Allí donde las desigualdades, la exclusión y el abandono estatal se experimentan cotidianamente, también debe reconstruirse la capacidad de producir solidaridad, deliberación y proyectos comunes.

Pero, además, el desafío contemporáneo exige disputar el sentido mismo de la modernidad democrática frente a las nuevas formas de control emocional y colonización algorítmica de la vida social. La política del futuro no puede limitarse a administrar el miedo ni a amplificar resentimientos. Necesita recuperar capacidad ética, pedagógica y cultural para producir esperanza democrática en medio de sociedades atravesadas por la incertidumbre global.

Imagen: Dibujo de William Sánchez Coto, cedido amablemente para la publicación.

Hoy son visas. Mañana será nuestra voz

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa

Hay una señal peligrosa: cuando el poder deja de discutir y empieza a condicionar, la libertad y los derechos entran en riesgo.

No estamos ante un pleito más entre un gobierno y un medio que ha sido parte del establishment dominante y de cierta pluralidad a la tica. Tampoco se trata de simples visas para ingresar a un país, por importante que ese destino haya sido en la historia reciente de nuestras élites. Reducir el episodio a un trámite migratorio sería, en el mejor de los casos, ingenuo; en el peor, cómplice. Lo que está en juego no es la movilidad de un grupo empresarial, sino el clima de libertades y el ejercicio de los derechos para todos los demás en el país.

La medida contra directivos del diario La Nación —más allá de su discutible papel histórico como vocero de sectores dominantes— introduce un elemento inquietante: el uso de mecanismos externos para dirimir diferencias internas. No es solo un gesto de represalia contra un actor poderoso; es una señal. Y las señales, en política, rara vez son inocentes. Podría tratarse también de una pugna entre distintas fracciones del mismo establishment. Hay que reconocer que el periódico ha sido crítico con el actual gobierno costarricense y, por eso, está pagando un costo. Alegrarse por ello no tiene nada que ver, en absoluto, con la transformación de las relaciones de dominación.

Lo cierto es que el gobierno de Rodrigo Chaves ya había intentado presionar a ese medio, afectando sus fuentes de ingreso —como en el caso de Parque Viva— y retirando pauta publicitaria estatal a otros. Pero ahora la lógica escala: no solo se ejerce presión económica desde dentro, sino que se activan vínculos externos. El mensaje es brutal en su simpleza: quien no se alinea, paga costos.

No sabemos si la correlación de fuerzas entre La Nación y el actual grupo en el poder ha cambiado respecto de contiendas anteriores. Ese grupo periodístico incidía, sin demasiadas mediaciones, en decisiones políticas relevantes. No era posible coincidir con muchos de sus excesos, sobre todo frente a demandas sociales legítimas. Actuaba en consonancia con otros grupos de poder económico. Hoy, esos viejos aliados guardan silencio: o les gana el miedo —y tienen mucho que perder si hablan— o calculan que tienen más que ganar si se alinean.

Lo relevante, sin embargo, no es el blanco de la medida, sino su alcance. Si esto ocurre con un actor que históricamente ha sido parte del establishment, la pregunta no es por qué le ocurrió, sino qué puede ocurrir con quienes no tienen ese poder. Ahí es donde el episodio deja de ser coyuntural y se vuelve estructural. Adquiere otra dimensión política. No debería preocuparnos la suerte de los directivos en sí, sino la de todos los demás: sindicatos, universidades, organizaciones estudiantiles, intelectualidad crítica, medios independientes, alternativos y críticos y liderazgos políticos disruptivos.

Costa Rica no está sola en este giro. En Guatemala, periodistas han sido encarcelados mediante procesos judiciales cuestionados. En Nicaragua, el cierre de medios independientes eliminó prácticamente toda pluralidad informativa. En El Salvador, la presión fiscal, judicial y simbólica ha empujado al exilio a voces críticas. Son contextos distintos, pero comparten una misma lógica: no siempre se clausura la prensa; a veces basta con intimidarla. Y por ahí suelen comenzar cosas peores. Esa sombra recorre ya buena parte de América Latina.

Pero en el caso de Costa Rica hay un elemento adicional que lo vuelve más inquietante. Además de este grupo empresarial, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el ingreso a su país a dirigentes políticos, magistrados, funcionarios públicos y a otro empresario que no son una amenaza para ese país En varios casos, según se ha señalado, a solicitud del propio gobierno costarricense. Se trata de una forma particularmente opaca de trasladar conflictos internos al terreno externo. Por eso, la pregunta que no se formula con suficiente fuerza es: ¿qué está dispuesto a dar o a conceder el gobierno de Costa Rica a cambio? No parece verosímil que se trate de simple lealtad sin costo.

Lo que comienza a perfilarse en la región no es un retorno mecánico a las dictaduras del siglo XX, sino algo más sofisticado: democracias que conservan sus formas mientras erosionan sus contenidos. Ya no se proscriben partidos ni se decreta la censura abierta; se construyen entornos donde disentir tiene costos crecientes.

En ese marco, el uso de instrumentos internacionales —como la restricción de visas— apunta a una dimensión adicional: la externalización del conflicto político y la posible articulación de afinidades más allá de las fronteras nacionales. No hace falta invocar conspiraciones para reconocer una convergencia de estilos: gobiernos que, desde distintos signos, comparten una relación cada vez más instrumental con la institucionalidad democrática y están dispuestos a violentarla.

Costa Rica, que durante décadas se pensó a sí misma como excepción, empieza a parecerse demasiado a su entorno. Y esa es, quizás, la señal más preocupante. No porque hayamos dejado de ser distintos, sino porque estamos dejando de defender aquello que nos hacía serlo.

Las visas, al final, son lo de menos. Se otorgan, se negocian o se recuperan. Más temprano que tarde, los sancionados volverán a disfrutar de sus visas. La libertad y los derechos perdidos por todos los demás, muy posible que no. Estos se ejercen o se pierden. Y cuando empiezan a condicionarse —aunque sea en los márgenes— conviene entender que el problema ya no es de quienes se quedaron sin entrada a un país, sino de todos los que aún creemos que vivir en libertad no debería tener precio.

Hoy son visas a empresarios, políticos y funcionarios. Mañana será el silencio de todos. Y cuando el silencio se vuelva costumbre, ya no hará falta prohibir nada: habremos aprendido, por nosotros mismos, a callar, algunos por miedo, otros por complicidad.

Primero de mayo en Costa Rica: Entre devoción y afanes autoritarios o salir del conformismo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Abelardo Morales Gamboa

El primero de mayo en Costa Rica expuso algo más que una jornada de conmemoración: reveló las tensiones entre poder político, discursos religiosos y capacidad de movilización social, en un momento que podría marcar un punto de inflexión para la democracia.

Puede ser que hoy día la relación con la política sea emocional más que racional. Esto puede manifestarse no solo en la acción, sino también en el análisis: uno mismo no escapa a ello. Sin embargo, el intento de reflexionar y opinar racionalmente —aunque sea eso, un intento— sigue teniendo valor.

Este primero de mayo se celebraron tres actos importantes. Por un lado, la misa en la Catedral Metropolitana, en la cual el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, se pronunció —como lo ha venido haciendo la Conferencia Episcopal— en defensa de los derechos de los trabajadores, así como de la seguridad social y el acceso a la salud.

Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa, sin mayores sorpresas, el partido de gobierno capturó todos los puestos del directorio. Lo más significativo en ese recinto fue la formación de un bloque conjunto de los partidos de oposición para enfrentar al oficialismo, sumando un total de 26 diputados. Es un bloque con mucho potencial, si se cuenta con estrategia mas allá de la cantidad de votos.

En las calles, por su parte, se realizó la marcha en conmemoración del Día de los Trabajadores, con gran participación de organizaciones sindicales, sociales y universitarias.

Pero debemos llamar la atención: este no fue un primero de mayo cualquiera. Estamos ante la posibilidad de un parteaguas. Una de las posibilidades es que se profundice una intentona política de concentración de poder, con una particularidad: asoma en el panorama una alianza entre una élite política que busca consolidarse y una secta vinculada al protestantismo neoconservador. Detrás de ello no solo hay intereses por concentrar poder y aprisionar instituciones.

Existe, además, una turbia red de intereses político-económico-religiosos que desafían las fronteras de los negocios legítimos, junto con mecanismos de encubrimiento e impunidad, incluso frente a supuestos delitos graves. No se trata solo de negocios turbios, sino también de violencia y agresión sexual.

Por eso, la marcha de este día podría servir como un proxy imperfecto de la resistencia social. Hay que decirlo sin candor: la fuerza todavía no es suficiente. Si bien se intenta mostrar músculo, faltó energía. La movilización no sumó mayores contingentes de trabajadores y grupos sociales a los vistos en años anteriores. No contamos con evidencia dura; es una percepción. Sin embargo, el desfile mostró entusiasmo, emoción y entrega; pero no se muestran cambios en la movilización.

Como siempre, destacaron organizaciones gremiales que consistentemente suman y crecen. Los maestros y profesores, no por casualidad, fueron la excepción que confirma la regla: seguimos siendo un país de maestros y no de soldados. Esa sigue siendo Costa Rica, pese a las traiciones del gobierno hacia los pensionados.

Pero otros sindicatos ni asomaron: grandes organizaciones que anteriormente destacaban por su combatividad. ¿Dónde están? ¿A qué responde su silencio? Se pudo observar una variedad de otras organizaciones sindicales con una representación que no superaba en mucho al número de integrantes de sus juntas directivas, entre ellas algunas de las universidades públicas, que hoy demandan apoyo popular para su lucha presupuestaria. Nuevamente, los jóvenes estudiantes universitarios no solo agregaron consignas sino combatividad.

Pero hay una paradoja: la homilía del arzobispo de San José advierte sobre un riesgo inminente, el deterioro de los derechos laborales. La reciente Carta Pastoral de la Iglesia Católica, pasó lista por importantes desafíos sociales.

Desde nuestra perspectiva, entre los primeros derechos amenazados estarán los beneficios otorgados por convenciones colectivas, de los que disfrutan muchos que hoy pasaron por alto su participación en la manifestación. Cada marcha es no solo una conmemoración, sino también un acto de presencia en el que se planta cara en defensa de nuestros derechos laborales y sociales.

El acuerdo entre fuerzas de oposición en el Congreso, mientras tanto, abre una perspectiva para el optimismo. Pero no es suficiente. Las contradicciones con la alianza en el poder no se reducen al Parlamento ni al Poder Ejecutivo; tampoco se agotan en los demás poderes del Estado. Se trata de una lucha social que desborda lo institucional y se proyecta en los territorios, en los sectores y en las comunidades.

Por eso, hoy no solo hizo falta mayor capacidad de movilización: queda en evidencia que seguimos ayunos de organización, de formación y de educación política, así como de niveles más altos de conciencia social. Este déficit obliga a algo más que a salir a la calle: exige transformar nuestras formas de organizarnos, de hacer política, de resistir y de construir alternativas. Al entusiasmo y la emoción debemos sumar mayor capacidad de reflexión y de acción.

Porque el desafío no es únicamente resistir, sino reconstruir. Y aunque hoy las fuerzas parezcan dispersas, en cada espacio donde se organiza la gente, donde se defiende un derecho o se teje comunidad, ya está germinando el país distinto que aún es posible construir.

El poder brinda consigo mismo – Cuando el becerro de oro entra al palacio, la impunidad deja de esconderse: celebra

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Esta transición de un gobierno a otro muestra mucho más que una simple continuidad política. Son dos gobiernos del mismo grupo que solo se intercambian puestos entre sí, y no parece abrirse, por ahora, espacio alguno para el sosiego. No estamos solo ante la crisis descrita como la pugna entre un orden que se desmorona y otro que no termina de nacer, allí donde emergen los demonios. Parecemos asistir, más bien, al desplazamiento de un orden legal y moral sostenido —con todas sus fallas y limitaciones— en la razón pública, el derecho y cierta cultura cívica, hacia una política entregada a la exaltación de las pasiones bajas, la impunidad y el culto al poder.

Esta última semana de abril de 2026 ha sido paradigmática de ese derrumbe moral de la gubernamentalidad costarricense. El Poder Ejecutivo, sus diputados y las fracciones legislativas que se proclaman cristianas —entre ellas, desvergonzadamente, algunos elegidos por el PUSC y el PLN o facciones minoritarias— han levantado un escudo inmoral para proteger a un diputado acusado de presunto acoso sexual. Todo ello deja ver algo más grave que un hecho circunstancial: una corte de silencios cómplices alrededor de quienes predican moral mientras negocian indulgencias.

Si ello es así, para desgracia del país no se ha instaurado solo una nueva “red de cuido”, como inadvertidamente se ha dicho. Se perfila una alianza político-religiosa de encubrimientos, favores mutuos y prebendas a costa del tesoro público. Como en un banquete idolátrico, donde sumos sacerdotes y reyes alzan juntos la copa, se confunden culto y privilegio, fe y dominación. No es solo decadencia política: es sacrilegio cívico.

En esa transición inmoral se desata una avalancha de ambiciones personales y perversiones de la fe que aruina la cultura cívica. Se expresa no solo en la permisividad de los gobernantes, sino en el aplauso de una parte del pueblo y la resignación de otra. Es como si el becerro de oro hubiera regresado, ya no como imagen bíblica sino como tecnología del poder.

Lo ocurrido no es un episodio aislado. Ya se había practicado ese mismo culto de encubrimiento al intentar resolverse dos informes acusatorios contra el presidente de la república. O sea esto parece formar parte de una cultura autoritaria donde abuso e impunidad se entrelazan. Como revelaron otros escándalos globales y sexuales —el caso Epstein es apenas un emblema— estas tramas muestran cómo favores, encubrimientos e influencia mediática pueden operar como economías clandestinas del dominio. También aquí asoma esa lógica: no simples excesos individuales, sino estructuras de protección mutua. Lo peor de lo peor, es el tipo de supuestos delitos que se dan el derecho de encubrir: corrupción y abuso sexual.

Es una señal gravísima. Hay una semiótica política que hace una peligrosa mezcla sexo y. lujuria del poder. Y, sin embargo, no provoca la respuesta cívica que cabría esperar en una sociedad, al parecer, culta. Más bien parece extenderse una suerte de adormecimiento lascivo, una fascinación por el espectáculo grotesco del poder. Pesa más el embrujo de los gestos mediáticos del presidente que la defensa de los derechos, de las instituciones y que los problemas reales de la vida cotidiana.

La oposición, por su parte, sigue tímida. Con un recato excesivo, no ha sabido plantar cara a estas mancuernas del poder. Tampoco las fuerzas sociales; los sindicatos brillan por su silencio; y la intelectualidad —honestamente, no sé en qué ni dónde estamos— parece haberse retirado de escena, excepto la mediática. Pero llega un momento en que callar también es participar del festín. No basta con la indignación en tiktok.

Y es precisamente de ese festín del que hay que levantarse. Que no nos sienten en esa mesa. No.

Porque cuando el poder celebra en torno a la gran copa, cuando sacerdotes del orden y reyes de ocasión brindan juntos por su propia absolución, ya no estamos ante una crisis política cualquiera: estamos ante la idolatría del poder.

Y frente a la idolatría, no basta administrar el desencanto; hace falta volver a la movilización efectiva y a la insumisión cívica. (*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

 

Trump le declara la guerra al Papa: Liderazgo autoritario y amenaza civilizatoria

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Más que un conflicto político o ideológico, está en juego una disputa ética: entre una concepción del poder que se impone por la fuerza y otra que, desde el evangelio, llama a no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas.

Al inicio de la Pascua, Donald Trump lanzó la siguiente amenaza a través de un tuit: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver más”. La reacción del Papa León XIV no fue política, sino profundamente ética: no solo cuestionó la guerra en Irán, sino también la instrumentalización del mensaje cristiano. Sus “ofensivas” palabras fueron: “¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! ¡La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida!”

Lo que siguió por parte de Trump —ataques personales, descalificaciones, despliegue mediático— forma parte del repertorio habitual del poder autoritario. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es este gesto en sí, sino el hecho de que este tipo de liderazgos no solo se ha vuelto una moda, sino que seduce, incluso cuando contradice abiertamente los fundamentos éticos que dice defender.

Conviene aclararlo desde el inicio: no estamos ante un conflicto entre religión y política, ni entre fe e ideología. La tensión es más profunda, remite a los límites morales del poder. Por un lado, una concepción que justifica la fuerza, la amenaza y la dominación como herramientas de conducción; por otro, una tradición —la del evangelio— que insiste, de forma incómoda para las cúpulas, en no alinearse con la violencia injusta, en no sacralizar el poder y en no convertir la fe en instrumento de dominación. Dicho de forma menos solemne, el problema no es la religión en la política, sino cuando la política decide usar a Dios como coartada.

La forma más mediática es la del liderazgo autoritario. El caso particular de Trump no forma parte del repertorio de figuras particularmente sofisticadas. Más bien lo contrario: estilos toscos, gestos excesivos, una relación bastante elástica con la verdad… y, aun así, ahí están, acumulando adhesiones. No es un fenómeno nuevo. Desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, pasando por Adolf Hitler o Benito Mussolini, la historia muestra que estos liderazgos no son anomalías, sino patrones recurrentes. Hoy cambian los formatos —más redes sociales, menos balcones—, pero la lógica permanece. La pregunta, entonces, no es por qué existen, sino por qué encuentran terreno fértil. Estas son improvisadas respuestas desde las ciencias sociales, no desde la religión.

Una de ellas está en el vaciamiento de las instituciones. Durante mucho tiempo, prometieron orden, justicia y previsibilidad; hoy, en muchos contextos, esa promesa suena lejana. Las reglas dejan de percibirse como comunes y pasan a verse como herramientas capturadas por élites, mientras el poder no desaparece, sino que se dispersa, se informaliza y se vuelve opaco. En medio de esa fragmentación, emerge una nostalgia peligrosa por el orden pero sin consenso, mediaciones o legitimidad. Pero las instituciones no se sostienen solas: requieren confianza, y ese es, quizás, el recurso más escaso de nuestro tiempo.

No solo se desconfía del Estado, de los partidos o de las élites; también se erosionan los vínculos cotidianos, la comunidad, la familia, lo cercano. La fe misma —en algunos casos— se convierte en mercancía. El resultado no es una sociedad más libre, sino más vulnerable. No vivimos exactamente en la era del individuo autónomo, sino en una época de incertidumbre estructural: miedo difuso, ansiedad persistente, sensación de intemperie. El individuo deja de confiar incluso en sí mismo y busca, en su lugar, un referente externo que le devuelva una mínima certeza. Y en ese clima, el liderazgo autoritario encuentra su oportunidad: no ofreciendo soluciones complejas, sino certezas simples, una especie de placebo político que, cuando se mezcla con la fe, resulta eficaz … hasta que deja de serlo.

A esto se suma la fragmentación de lo social. La sociedad ya no funciona como un espacio integrado, sino como un conjunto de islas que apenas se conectan: archipiélagos humanos que comparten territorio, pero no experiencias, lenguajes ni horizontes. Es coexistencia sin integración. En ese paisaje, el individuo queda desprotegido: se cree “libre”, pero carece de soportes reales, y en ese vacío quienes logran articular redes de control —económicas, tecnológicas, políticas, de obediencia— adquieren una ventaja decisiva. No es casual que algunos hablen de nuevas formas de feudalismo; más allá de la etiqueta, la intuición es clara: resurgen relaciones de dependencia allí donde se debilitan las mediaciones institucionales.

En este contexto, el liderazgo deja de ser una función y se convierte en un atajo. No es solo que el líder captura las instituciones; es que, en cierto modo, las reemplaza simbólicamente. El Estado se vuelve rostro, gesto, tuit, presencia constante. La complejidad cede ante la narrativa personal. Max Weber hablaría de autoridad carismática, aunque hoy se trata, muchas veces, de un carisma fabricado, optimizado para circular en entornos donde la emoción desplaza al argumento. El líder simplifica, traduce conflictos estructurales en antagonismos; su mayor mérito si es que tienen alguno otro, es ser maestros de la confrontación y en aparentar una relación directa con “la gente”, saltándose cualquier mediación. El resultado no es solo concentración de poder, sino su simplificación extrema.

Cuando estos liderazgos se consolidan, no solo gobiernan; reconfiguran las condiciones mismas de la vida social. Debilitan la autonomía, erosionan lo común y normalizan la lógica de la confrontación. Por eso, la amenaza no es únicamente política, sino civilizatoria: no porque estemos ante un colapso inmediato, sino porque se deterioran lentamente los fundamentos éticos que hacen posible la convivencia.

Llegados a este punto, conviene evitar tanto el alarmismo fácil como el cinismo resignado. La propuesta que emerge desde la voz del Papa León XIV no es una consigna religiosa, sino una orientación ética: no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas, no caer en la idolatría de “uno mismo y del dinero”. Eso implica algo más exigente que tomar partido inmediato; implica reconstruir criterios, revisar caminos y reencarnar en la historia la fe y la esperanza. Supone reconstituir instituciones que no solo existan, sino que sean legítimas; reconstruir la confianza desde lo cotidiano; recuperar la dimensión ética de la vida pública; y, sobre todo, desacralizar el poder, recordando que ninguna figura, por carismática que sea, puede sustituir la responsabilidad colectiva.

Tal vez lo más incómodo sea reconocer que estos liderazgos no vienen de fuera. Son, en parte, el reflejo de nuestras propias fracturas. De un sistema económico y de hegemonías en declinación. Por eso, enfrentarlos no consiste únicamente en denunciarlos, sino en transformar las condiciones que los hacen posibles. Es un camino más lento, menos espectacular y bastante menos rentable en términos de visibilidad, pero también el único que no reproduce el mismo problema que pretende resolver.

No se puede reducir esta coyuntura a un mero antagonismo entre poder religioso y poder político. Por suerte, la llama del fuego pascual, para plantearlo en términos cristianos, significa el paso de la muerte a la vida y promete disipar la oscuridad del momento presente, de la guerra y del sufrimiento. Se trata sin reservas de una confrontación entre formas distintas de mirar hacia adelante. La amenaza de la destrucción o la promesa de la vida: Bienaventurados los pacificadores, ha rezado el Papa.

Si algo deja claro este momento histórico es que la disputa de fondo no es solo por el poder, sino por su sentido. Y ahí, paradójicamente, hay una posibilidad: cuando el poder se muestra en su forma más desnuda, también se vuelve más evidente la necesidad de límites, de ética y de comunidad. Tal vez no estemos solo ante una crisis, sino —todavía— ante la oportunidad de una reconstrucción moral de la vida colectiva. Para eso se necesita confianza, sentido moral y voluntad de transformación.

Aquí vale recordar a San Oscar Arnulfo Romero de América: La resurrección de Cristo es la esperanza de que la injusticia no tendrá la última palabra.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Se ha empleado la herramienta de IA para la revisión formal del texto. Todas las ideas son originales del autor y están basadas en la revisión de fuentes acreditadas.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La política también se decide en los territorios locales

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa

Sin organización social y trabajo político local, el vacío lo llenan los mesianismos

La crisis política que vive Costa Rica no comenzó en la Asamblea Legislativa ni en los otros poderes del Estado, ni tampoco en la última campaña electoral. Comenzó mucho antes, cuando la política se desvinculó del resto de la sociedad, dejó de organizarse en los territorios y perdió su vínculo con las realidades locales.

Hoy atravesamos una crisis de las formas tradicionales de ejercer el poder y de construir consenso. Detrás de la fragmentación electoral y del auge de discursos antisistema hay una creciente desconexión entre la política institucional, los territorios y las formas de organización social. La arquitectura política que durante décadas permitió estabilidad institucional, alternancia partidaria y cierto grado de integración territorial muestra señales evidentes de agotamiento. Como señalamos en artículos anteriores, en su lugar se está configurando un reacomodo territorial del poder político que va más allá de una simple crisis de partidos.

Si en la escala nacional la política personalista está desfigurando el ejercicio del poder, en la escala territorial emerge un amasijo de comportamientos políticos, demandas sociales y configuraciones de poder local que producen fuertes polarizaciones.

Las elecciones municipales son un acontecimiento coyuntural que muestran la dispersión en la política local. La participación electoral en esos comicios sigue siendo baja: en las elecciones municipales de 2024 la abstención rondó el 68 % del padrón electoral. Ese dato revela un fuerte distanciamiento entre ciudadanía y política institucional a nivel local. Sin embargo, estos cambios no se explican únicamente por dinámicas electorales. También reflejan transformaciones territoriales más profundas.

Detrás del alto desarrollo humano promedio del país persisten profundas desigualdades territoriales que producen trayectorias sociales diferenciadas y nuevas configuraciones de poder local. Estas transformaciones territoriales tampoco pueden entenderse sin considerar otro fenómeno clave: la desconexión progresiva entre los partidos políticos y las bases sociales en los territorios.

Muchas de las redes organizativas que históricamente articulaban la representación política —sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones comunales y movimientos estudiantiles— se han debilitado o fragmentado. El sindicalismo mantiene presencia en el sector público, pero perdió peso en el sector privado; las organizaciones campesinas enfrentan dificultades estructurales en un agro en transformación; y la organización comunitaria, que durante décadas fue un bastión del tejido social costarricense, se ha erosionado en numerosos territorios.

El resultado es un vacío de mediación política. Amplios sectores sociales experimentan frustraciones, precariedades o expectativas insatisfechas sin contar con organizaciones capaces de articular esas demandas en proyectos políticos colectivos.

Ese vacío ha sido ocupado, en parte, por discursos antisistema, liderazgos personalistas y propuestas que apelan a identidades religiosas o promesas mesiánicas. En muchos territorios, estas narrativas han logrado canalizar el malestar social acumulado entre sectores dispersos y desorganizados.

La reacción popular no es simple resentimiento cultural o moral. Es, sobre todo, el síntoma de un sistema político que ha perdido capacidad para representar territorialmente las experiencias sociales de la población.

Por eso, el desafío que enfrenta hoy la democracia costarricense no consiste únicamente en recomponer el sistema de partidos. El problema es más profundo: se trata de reconstruir la confianza en la política desde los territorios.

Esto implica que los partidos democráticos vuelvan su mirada hacia las realidades locales y reconstruyan vínculos con comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales. No basta con ajustar los mensajes: es necesario transformar las formas de hacer política, escuchar a las comunidades e incorporar sus demandas en nuevos programas políticos.

También exige abandonar las visiones territoriales simplificadas del país. Costa Rica se ha convertido en un mosaico complejo de territorios con trayectorias económicas y sociales muy distintas.

Si la política democrática quiere recuperar su capacidad de representar a la sociedad, tendrá que volver a mirar hacia donde sobrevive la gente. Allí donde se viven las desigualdades, donde se experimentan las fragilidades económicas y donde se construyen —o se erosionan— las redes de solidaridad social.

Durante demasiado tiempo la política costarricense se concentró en las disputas del poder central mientras descuidaba la organización social y el trabajo político en las comunidades. Ese vacío no permaneció vacío: fue ocupado por liderazgos personalistas, discursos antisistema y promesas fáciles frente a problemas complejos.

La democracia no se reconstruirá únicamente desde la Asamblea Legislativa ni desde campañas mediáticas. Se reconstruirá —si es que se logra hacerlo— en la capacidad de volver a tejer organización social, liderazgo comunitario y acción política en los territorios.

Porque, al final, la política no se juega solamente en el poder central. También se decide —y muchas veces comienza— en las comunidades donde la sociedad se organiza para defender su futuro.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

El territorio en disputa ¿Un nuevo mapa territorial del poder en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Las elecciones de febrero de 2026 no solo definieron un ganador; alteraron el mapa territorial del poder en Costa Rica. Aunque el país mantiene formalmente su arquitectura democrática, los resultados revelan una transformación más profunda en las bases sociales y espaciales de la legitimidad política. En varios territorios, el Estado ya no ejerce con la misma intensidad su capacidad de integración, regulación y cohesión. Allí donde esa capacidad se debilita, emergen formas híbridas de gobernanza en las que la autoridad pública convive —o compite— con actores no estatales. Las élites partidarias pierden hegemonía local y nuevos arreglos emergen en su lugar.

Este fenómeno no supone la desaparición del Estado, sino la consolidación de una estatalidad desigual. La fragilidad territorial no implica vacío institucional, sino presencia intermitente, capacidades diferenciadas y una gobernanza fragmentada que opera con intensidades variables según el territorio. La experiencia latinoamericana ha mostrado que la formalidad democrática puede coexistir con enclaves de poder informal, donde la autoridad pública se negocia, se comparte o se tensiona con actores económicos y sociales que operan fuera —o en los márgenes— de la legalidad.

En Costa Rica, estas dinámicas no son recientes. Desde finales del siglo XX se advierten señales de desgaste del régimen sociopolítico de la Segunda República. La hegemonía partidaria articulada en torno a Liberación Nacional y el pacto político fundacional de 1948 fue perdiendo capacidad de articulación social. A escala territorial, esa erosión se expresó en debilitamiento institucional, precarización de servicios, fragmentación social y pérdida de densidad del pacto que sostenía la integración entre Estado y ciudadanía.

La coyuntura electoral de 2026 hizo visibles esas fracturas. Como lo documentamos en un artículo anterior, uno de sus rasgos más significativos fue la concentración del voto oficialista en cantones caracterizados por bajos niveles de desarrollo social y altas tasas de homicidio. Este patrón no es anecdótico: señala territorios donde la cohesión social se ha debilitado y donde el Estado enfrenta mayores límites para garantizar bienestar y seguridad.

Las respuestas políticas que pueden emerger en estos contextos son ambivalentes. Van desde la retórica de la “mano dura” —con insinuaciones de suspensión de garantías— hasta formas más silenciosas de estabilización informal, cercanas a lo que en otros países se ha descrito como pax criminalis: arreglos que reducen la violencia visible mientras preservan economías ilícitas y equilibrios de poder locales. En ambos casos, la autoridad pública se redefine bajo parámetros que tensionan el ideal democrático. El país dejará de ser, en definitiva, el viejo modelo de paz.

A este cuadro se suma la migración de liderazgos municipales hacia el oficialismo. Entre 2024 y 2025 al menos catorce alcaldes abandonaron los partidos con los que fueron electos para respaldar la nueva coalición gobernante. Aunque el mayor número de salidas provino de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, también hubo deserciones desde fuerzas emergentes. No se trata, por tanto, de un simple debilitamiento del bipartidismo histórico, sino de un reacomodo transversal.

Lo significativo es que varios de esos cantones coinciden con territorios donde el oficialismo obtuvo ventajas electorales amplias y donde el Índice de Desarrollo Social es bajo o medio-bajo. Al incorporar al análisis tanto el IDS como la tasa de homicidios, el mapa político adquiere mayor nitidez: la ventaja del Partido Pueblo Soberano frente al Partido Liberación Nacional aumenta sistemáticamente en cantones con menor desarrollo social y mayor violencia.

No estamos ante una simple brecha económica. Se trata de espacios donde convergen desigualdad estructural, debilitamiento institucional y mayor exposición a dinámicas de inseguridad. Son territorios en disputa: ámbitos donde el pacto social pierde densidad y donde la integración al Estado social se vuelve más tenue.

En este contexto, la migración de alcaldes (ver cuadro) no parece obedecer únicamente a cálculos individuales o a oportunismo político. Puede interpretarse como la expresión de un reordenamiento territorial del poder. Allí donde el oficialismo consolidó apoyo en condiciones de fragilidad, los liderazgos locales se alinean con el nuevo eje emergente, reforzando una acumulación política anclada en esos espacios.

La recomposición observada no es meramente partidaria. Lo que se perfila es una reconfiguración hegemónica con base territorial. El antiguo bloque histórico —sustentado en la articulación entre Estado social, clases medias integradas y élites económicas— pierde capacidad de dirección en los territorios donde esa integración se debilitó. En esos espacios emergen nuevas lealtades políticas que desplazan el eje de legitimidad y reordenan el campo de poder. La fractura electoral no expresa solo descontento coyuntural; revela un desplazamiento más profundo en las bases territoriales de la gobernabilidad costarricense.

Si este diagnóstico es correcto, la respuesta no puede limitarse a ajustes institucionales o a discursos de seguridad. La reconstrucción democrática exige fortalecer los tejidos locales que sostienen la vida colectiva. Ello implica inversión social territorializada, recuperación efectiva de la presencia estatal en los cantones más rezagados, promoción de economías locales inclusivas y ampliación de espacios de participación ciudadana. La democracia sustantiva no se preserva únicamente desde el centro político; se reconstruye en los territorios donde hoy se manifiestan con mayor intensidad las fracturas. Es allí donde se juega, silenciosamente, el futuro democrático del país.

Cantones donde los alcaldes cambiaron de partido y su posición socio-territorial (IDS 2023)

Cantón

Provincia

Tendencia IDS 2023

Buenos Aires

Puntarenas

Más desfavorable (por debajo del promedio nacional)

Bagaces

Guanacaste

Moderado-bajo desarrollo social

Limón

Limón

Bajo desarrollo social

Atenas

Alajuela

Medio-bajo desarrollo

San Ramón

Alajuela

Medio desarrollo

Carrillo

Guanacaste

Medio desarrollo

Coto Brus

Puntarenas

Bajo desarrollo social

Acosta

San José

Medio desarrollo

Turrubares

San José

Medio-bajo desarrollo

Monteverde

Puntarenas

Medio-bajo desarrollo

Guácimo

Limón

Bajo desarrollo social

Guatuso

Alajuela

Bajo desarrollo social

Puerto Jiménez

Puntarenas

Tiende a ser de desarrollo más bajo

Río Cuarto

Alajuela

Nivel muy bajo de desarrollo

Fuente: MIDEPLAN y Medios de Comunicación.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.