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El panóptico como branding político: Régimen carcelario, poder y dominación

Escrito en 21/04/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

No se trata solo de cambiar las cárceles, sino de transformar la sociedad que las necesita.

Las prisiones están experimentando una transformación. La función moderna de castigo y rehabilitación abre cada vez más sus portones a dispositivos de control social masivo y, en ciertos contextos marcados por la inseguridad y el miedo, a instrumentos más amplios de dominación política.

Este desplazamiento no es completamente nuevo —recuerda los ergastula romanos o los sistemas de encierro en economías esclavistas—, pero adquiere hoy una escala y legitimidad social inéditas. El delito es una mercancía. Por eso, la obscenidad del poder convive cada vez más con la criminalidad, especialmente con la rentabilidad del delito y de su castigo.

Como planteó Michel Foucault, la modernidad sustituyó el suplicio por la disciplina: la prisión no solo castiga, sino que produce sujetos disciplinados. Sin embargo, en contextos contemporáneos marcados por crisis de legitimidad institucional, inseguridad y fragmentación social, ese modelo disciplinario parece estar mutando hacia formas más directas y masivas de encierro. El encierro es cada vez más societal y no solo carcelario; no se trata ya únicamente del sujeto moderno encerrado en su individualismo, sino de un dispositivo expandido de control. Entre más se expande el miedo social, más aumenta esa deriva de coerción y negocio.

El caso de Nayib Bukele constituye uno de los ejemplos más visibles de este giro. Su modelo es admirado y comienza a ser imitado por no pocos de sus seguidores. ¿En qué se basa su aceptación? Bajo el régimen de excepción iniciado en 2022, El Salvador ha encarcelado a más de 75.000 personas. Este proceso ha sido acompañado por la construcción de megacárceles como el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), símbolo material de una política, no solo de seguridad sino de Estado, basada en el encierro masivo.

El modelo ha mostrado resultados claros en términos de reducción de homicidios: El Salvador pasó de tasas superiores a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a cifras por debajo de 5 en 2023–2024. Este descenso constituye la base de la legitimidad social del régimen punitivo y ha sido documentado por organismos internacionales. Ese es el principal bastión del índice de aprobación del gobierno entre los salvadoreños.

Pero, desde otra perspectiva, con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (superior a 1.000 personas por cada 100.000 habitantes), ese mismo régimen es analizado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos como una expresión de fallas estructurales del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales. Algo no funciona cuando, para que el país funcione, se requiera de ese alto índice de confinamiento.

Es decir, su “eficacia” presenta tensiones significativas. Diversos informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso y condiciones de reclusión que vulneran derechos fundamentales. A ello se suman cuestionamientos sobre la persecución y detención de abogados independientes, defensores de derechos humanos y periodistas críticos. Además, el debilitamiento del sistema judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo sugieren que el modelo no solo responde a una política de seguridad, sino también a una reconfiguración del equilibrio institucional. El modelo carcelario se volvió el espejo de lo que antes se resolvía manu militari.

Pero el CECOT no es solo un dispositivo carcelario orientado a reducir la criminalidad; se ha convertido también en un artefacto de branding político. Para el gobierno salvadoreño, funciona simultáneamente como plataforma de negocios, marca personal y recurso de posicionamiento internacional.

Este patrón no es exclusivo de El Salvador. En Estados Unidos, el encarcelamiento masivo —particularmente desde la “guerra contra las drogas”— ha producido el sistema penitenciario más grande del mundo, con más de 1,8 millones de personas privadas de libertad. En este caso, el encierro se articula con un complejo industrial-carcelario en el que participan empresas privadas, generando incentivos económicos para la expansión del sistema.

En los últimos años, además, en ese país el encierro ha sido utilizado como herramienta de gestión migratoria. Políticas de detención de migrantes en Estados Unidos y en países aliados —incluyendo centros de detención en la frontera o acuerdos de externalización migratoria con gobiernos aliados— han convertido la privación de libertad en un mecanismo rutinario para administrar flujos humanos. En estos casos, el encierro no responde a delitos penales, sino a condiciones administrativas, lo que amplía la frontera entre control migratorio y control penal. En esa lógica, el CECOT y las cárceles que éste inspira entre sus vecinos comienzan a perfilarse también como una ampliación funcional de estas estrategias de externalización de la coerción.

En este contexto, la cárcel deja de ser únicamente una institución del sistema penal para convertirse en un dispositivo transversal de gobernanza y mercado. Se articula con discursos de seguridad, miedo e “indeseabilidad social” que legitiman el encierro de poblaciones específicas: jóvenes pobres, migrantes, minorías raciales o sujetos considerados disruptivos. Más que un desplazamiento fuera de sus límites tradicionales, lo que observamos es una intensificación y rearticulación de tecnologías de poder que ya operaban socialmente, ahora reforzadas por lógicas de excepción, securitización y negocios.

Así, más que afirmar que el panóptico ha salido de la cárcel, conviene reconocer —siguiendo a Michel Foucault— que nunca estuvo confinado a ella. La vigilancia, la normalización y la producción de sujetos dóciles han operado históricamente en instituciones como la escuela, el trabajo, la familia o la religión. Lo que caracteriza el momento actual no es su expansión, sino su reconfiguración bajo condiciones de crisis, donde el control ya no se sostiene solo en la internalización disciplinaria, sino que se combina con formas más visibles de coerción, encierro masivo y administración de las emociones. El resultado es que el panóptico ya no se limita al espacio carcelario o la autovigilancia. Opera extramuros, en sociedades atravesadas por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, donde el control no solo se impone desde arriba, sino que es también internalizado como demanda social. En ese terreno, el régimen carcelario no solo encierra cuerpos: organiza consensos y realineamientos políticos.

Entonces, si es la propia sociedad la que produce aquello que luego encierra, no basta con reformar las cárceles. Entre el fracaso del modelo rehabilitador y el avance del encierro como dominación, la pregunta ya no es qué hacer con las prisiones, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir para comenzar a dejar de necesitarlas. Cambios sociales impostergables, son la solución a la desigualdad y la crisis de las instituciones. Eso no lo podrá reemplazar ningún modelo carcelario por más sofisticado que este sea.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Trump le declara la guerra al Papa: Liderazgo autoritario y amenaza civilizatoria

Escrito en 13/04/2026. Publicado en Análisis.

**Abelardo Morales Gamboa (*)**

Más que un conflicto político o ideológico, está en juego una disputa ética: entre una concepción del poder que se impone por la fuerza y otra que, desde el evangelio, llama a no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas.

Al inicio de la Pascua, Donald Trump lanzó la siguiente amenaza a través de un tuit: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver más”. La reacción del Papa León XIV no fue política, sino profundamente ética: no solo cuestionó la guerra en Irán, sino también la instrumentalización del mensaje cristiano. Sus “ofensivas” palabras fueron: “¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! ¡La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida!”

Lo que siguió por parte de Trump —ataques personales, descalificaciones, despliegue mediático— forma parte del repertorio habitual del poder autoritario. Sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es este gesto en sí, sino el hecho de que este tipo de liderazgos no solo se ha vuelto una moda, sino que seduce, incluso cuando contradice abiertamente los fundamentos éticos que dice defender.

Conviene aclararlo desde el inicio: no estamos ante un conflicto entre religión y política, ni entre fe e ideología. La tensión es más profunda, remite a los límites morales del poder. Por un lado, una concepción que justifica la fuerza, la amenaza y la dominación como herramientas de conducción; por otro, una tradición —la del evangelio— que insiste, de forma incómoda para las cúpulas, en no alinearse con la violencia injusta, en no sacralizar el poder y en no convertir la fe en instrumento de dominación. Dicho de forma menos solemne, el problema no es la religión en la política, sino cuando la política decide usar a Dios como coartada.

La forma más mediática es la del liderazgo autoritario. El caso particular de Trump no forma parte del repertorio de figuras particularmente sofisticadas. Más bien lo contrario: estilos toscos, gestos excesivos, una relación bastante elástica con la verdad… y, aun así, ahí están, acumulando adhesiones. No es un fenómeno nuevo. Desde Julio César hasta Napoleón Bonaparte, pasando por Adolf Hitler o Benito Mussolini, la historia muestra que estos liderazgos no son anomalías, sino patrones recurrentes. Hoy cambian los formatos —más redes sociales, menos balcones—, pero la lógica permanece. La pregunta, entonces, no es por qué existen, sino por qué encuentran terreno fértil. Estas son improvisadas respuestas desde las ciencias sociales, no desde la religión.

Una de ellas está en el vaciamiento de las instituciones. Durante mucho tiempo, prometieron orden, justicia y previsibilidad; hoy, en muchos contextos, esa promesa suena lejana. Las reglas dejan de percibirse como comunes y pasan a verse como herramientas capturadas por élites, mientras el poder no desaparece, sino que se dispersa, se informaliza y se vuelve opaco. En medio de esa fragmentación, emerge una nostalgia peligrosa por el orden pero sin consenso, mediaciones o legitimidad. Pero las instituciones no se sostienen solas: requieren confianza, y ese es, quizás, el recurso más escaso de nuestro tiempo.

No solo se desconfía del Estado, de los partidos o de las élites; también se erosionan los vínculos cotidianos, la comunidad, la familia, lo cercano. La fe misma —en algunos casos— se convierte en mercancía. El resultado no es una sociedad más libre, sino más vulnerable. No vivimos exactamente en la era del individuo autónomo, sino en una época de incertidumbre estructural: miedo difuso, ansiedad persistente, sensación de intemperie. El individuo deja de confiar incluso en sí mismo y busca, en su lugar, un referente externo que le devuelva una mínima certeza. Y en ese clima, el liderazgo autoritario encuentra su oportunidad: no ofreciendo soluciones complejas, sino certezas simples, una especie de placebo político que, cuando se mezcla con la fe, resulta eficaz … hasta que deja de serlo.

A esto se suma la fragmentación de lo social. La sociedad ya no funciona como un espacio integrado, sino como un conjunto de islas que apenas se conectan: archipiélagos humanos que comparten territorio, pero no experiencias, lenguajes ni horizontes. Es coexistencia sin integración. En ese paisaje, el individuo queda desprotegido: se cree “libre”, pero carece de soportes reales, y en ese vacío quienes logran articular redes de control —económicas, tecnológicas, políticas, de obediencia— adquieren una ventaja decisiva. No es casual que algunos hablen de nuevas formas de feudalismo; más allá de la etiqueta, la intuición es clara: resurgen relaciones de dependencia allí donde se debilitan las mediaciones institucionales.

En este contexto, el liderazgo deja de ser una función y se convierte en un atajo. No es solo que el líder captura las instituciones; es que, en cierto modo, las reemplaza simbólicamente. El Estado se vuelve rostro, gesto, tuit, presencia constante. La complejidad cede ante la narrativa personal. Max Weber hablaría de autoridad carismática, aunque hoy se trata, muchas veces, de un carisma fabricado, optimizado para circular en entornos donde la emoción desplaza al argumento. El líder simplifica, traduce conflictos estructurales en antagonismos; su mayor mérito si es que tienen alguno otro, es ser maestros de la confrontación y en aparentar una relación directa con “la gente”, saltándose cualquier mediación. El resultado no es solo concentración de poder, sino su simplificación extrema.

Cuando estos liderazgos se consolidan, no solo gobiernan; reconfiguran las condiciones mismas de la vida social. Debilitan la autonomía, erosionan lo común y normalizan la lógica de la confrontación. Por eso, la amenaza no es únicamente política, sino civilizatoria: no porque estemos ante un colapso inmediato, sino porque se deterioran lentamente los fundamentos éticos que hacen posible la convivencia.

Llegados a este punto, conviene evitar tanto el alarmismo fácil como el cinismo resignado. La propuesta que emerge desde la voz del Papa León XIV no es una consigna religiosa, sino una orientación ética: no ponerse del lado de quien empuña injustamente las espadas, no caer en la idolatría de “uno mismo y del dinero”. Eso implica algo más exigente que tomar partido inmediato; implica reconstruir criterios, revisar caminos y reencarnar en la historia la fe y la esperanza. Supone reconstituir instituciones que no solo existan, sino que sean legítimas; reconstruir la confianza desde lo cotidiano; recuperar la dimensión ética de la vida pública; y, sobre todo, desacralizar el poder, recordando que ninguna figura, por carismática que sea, puede sustituir la responsabilidad colectiva.

Tal vez lo más incómodo sea reconocer que estos liderazgos no vienen de fuera. Son, en parte, el reflejo de nuestras propias fracturas. De un sistema económico y de hegemonías en declinación. Por eso, enfrentarlos no consiste únicamente en denunciarlos, sino en transformar las condiciones que los hacen posibles. Es un camino más lento, menos espectacular y bastante menos rentable en términos de visibilidad, pero también el único que no reproduce el mismo problema que pretende resolver.

No se puede reducir esta coyuntura a un mero antagonismo entre poder religioso y poder político. Por suerte, la llama del fuego pascual, para plantearlo en términos cristianos, significa el paso de la muerte a la vida y promete disipar la oscuridad del momento presente, de la guerra y del sufrimiento. Se trata sin reservas de una confrontación entre formas distintas de mirar hacia adelante. La amenaza de la destrucción o la promesa de la vida: Bienaventurados los pacificadores, ha rezado el Papa.

Si algo deja claro este momento histórico es que la disputa de fondo no es solo por el poder, sino por su sentido. Y ahí, paradójicamente, hay una posibilidad: cuando el poder se muestra en su forma más desnuda, también se vuelve más evidente la necesidad de límites, de ética y de comunidad. Tal vez no estemos solo ante una crisis, sino —todavía— ante la oportunidad de una reconstrucción moral de la vida colectiva. Para eso se necesita confianza, sentido moral y voluntad de transformación.

Aquí vale recordar a San Oscar Arnulfo Romero de América: La resurrección de Cristo es la esperanza de que la injusticia no tendrá la última palabra.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Se ha empleado la herramienta de IA para la revisión formal del texto. Todas las ideas son originales del autor y están basadas en la revisión de fuentes acreditadas.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Escrito en 07/04/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Costa Rica en fragmentos: territorio, emociones y la ruptura de lo común

Escrito en 31/03/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

La crisis de Costa Rica no es solo institucional: es una ruptura en la forma en que distintos territorios viven, sienten y entienden lo que significa pertenecer al país. No estamos frente a un simple desgaste del sistema político, sino ante una transformación más profunda: el país ya no se experimenta de la misma manera en todos sus territorios.

La crisis de la hegemonía ha reconfigurado el mapa electoral, pero también ha alterado los marcos de sentido, las emociones políticas y las formas de subjetividad desde las cuales los ciudadanos se reconocen —o dejan de reconocerse— como parte de un territorio común.

Durante décadas funcionó un modo relativamente estable de integración social y política. Ese modelo descansaba en un Estado con capacidad de intervención, una economía con cierto anclaje interno, el papel de las clases medias y una institucionalidad que generaba horizontes compartidos. En ese entramado, la Iglesia católica jugó un papel clave como mediadora moral y territorial.

Ese equilibrio comenzó a erosionarse desde inicios de siglo y hoy el país aparece cada vez más fragmentado en territorios con trayectorias diferenciadas: algunos integrados a dinámicas económicas más dinámicas, otros marcados por el rezago, la precariedad y la incertidumbre.

Pero no se trata solo de desigualdades materiales. Se está configurando una territorialidad diferenciada del vínculo con el Estado. Hay territorios donde la institucionalidad mantiene cierta capacidad de respuesta y otros donde su presencia es débil, intermitente o percibida como ausente. En estos últimos, la vida cotidiana se organiza cada vez más a partir de arreglos informales, redes locales y formas no institucionalizadas de regulación.

Es ahí donde aparece un fenómeno clave: la fragilidad territorial no solo produce carencias, produce también subjetividades. Genera experiencias de abandono, incertidumbre y desprotección, pero también de búsqueda de reconocimiento y pertenencia.

No es lo mismo vivir en un territorio donde el Estado funciona que en uno donde las instituciones no aparecen. Esa diferencia no solo se mide en indicadores sociales: se vive como emoción política. Y esas emociones —rabia, frustración, miedo, pero también esperanza— terminan organizando la relación con la política.

Por eso, reducir los cambios electorales a dimensiones socioeconómicas resulta limitado. No se trata simplemente de que “los territorios más pobres votan de cierta manera”, sino de que territorios atravesados por determinadas economías emocionales tienden a producir alineamientos políticos particulares.

El ciclo electoral desde 2006 muestra la consolidación de ese proceso. La elección cerrada de ese año entre Óscar Arias y Ottón Solís evidenció una fisura del consenso político tradicional que se fue ampliando en los años siguientes. En el período más reciente emerge con mayor claridad una territorialización del malestar: el voto se organiza cada vez más a partir de experiencias localizadas de exclusión, abandono o inseguridad.

En ese contexto, cobran fuerza discursos que apelan a la confrontación entre “el pueblo” y “las élites”. Más que clasificarlos rápidamente como populistas, conviene preguntarse por qué encuentran eco en ciertos territorios y no en otros. La respuesta está en las condiciones sociales, institucionales y emocionales que hacen posible esa resonancia.

Aquí aparece otro elemento clave: la reconfiguración del campo religioso.

Si en el pasado la Iglesia católica operó como infraestructura de integración social y mediación política, hoy asistimos a una diversificación del campo religioso, marcada por la expansión de iglesias evangélicas que participan en las reconfiguraciones territoriales. Estas iglesias no son solo espacios de culto: son redes de apoyo, espacios de sociabilidad y marcos de regulación moral.

En territorios donde la presencia del Estado se ha debilitado, estas redes cumplen funciones que van más allá de lo religioso: ofrecen ayuda material, acompañamiento y sentido de pertenencia en contextos de incertidumbre. Su capilaridad territorial les permite insertarse donde otras instituciones no llegan.

Esto tiene implicaciones profundas. La fragmentación del campo religioso no solo refleja la fragmentación social; contribuye a ella, al producir órdenes morales y subjetividades diferenciadas territorialmente. En algunos casos, estas redes se articulan con actores políticos locales y liderazgos comunitarios, configurando formas de gobernanza híbrida.

Lo que está en juego no es solo una crisis del sistema político, sino una transformación más amplia de los pactos que sostienen la vida social. Se debilitan los marcos jurídicos, se erosionan los sistemas de protección social y se reconfiguran las identidades territoriales en torno a la incertidumbre.

En ese contexto, la política deja de ser únicamente un espacio de representación institucional y se convierte en un terreno donde se disputan emociones, sentidos y pertenencias.

El desafío no es simplemente recomponer el sistema político, sino reconstruir un horizonte común en una sociedad fragmentada.

Si la crisis es territorial, emocional y normativa, su salida no puede ser exclusivamente institucional. Requiere al menos tres desplazamientos urgentes.

Primero, reconstruir la presencia efectiva del Estado en los territorios, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de derechos. No hay cohesión donde el Estado es vivido como ausencia.

Segundo, reconocer y atender las economías emocionales del malestar. Sin comprender las experiencias de abandono e incertidumbre, cualquier proyecto político seguirá hablando un lenguaje sin interlocutores.

Y tercero, reabrir espacios de mediación social y construcción de sentido colectivo, en un contexto donde iglesias, redes comunitarias y liderazgos locales están ocupando el vacío dejado por instituciones debilitadas.

No se trata de restaurar el pasado, sino de imaginar un nuevo pacto social capaz de articular territorios distintos y subjetividades fragmentadas en un proyecto común. Porque un país no se rompe únicamente cuando fallan sus instituciones, sino cuando deja de existir una experiencia compartida de pertenencia. Y hoy, quizás ese sea el desafío más urgente: volver a hacer posible que Costa Rica sea vivida —no solo nombrada— como un mismo país.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

La política también se decide en los territorios locales

Escrito en 17/03/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa

Sin organización social y trabajo político local, el vacío lo llenan los mesianismos

La crisis política que vive Costa Rica no comenzó en la Asamblea Legislativa ni en los otros poderes del Estado, ni tampoco en la última campaña electoral. Comenzó mucho antes, cuando la política se desvinculó del resto de la sociedad, dejó de organizarse en los territorios y perdió su vínculo con las realidades locales.

Hoy atravesamos una crisis de las formas tradicionales de ejercer el poder y de construir consenso. Detrás de la fragmentación electoral y del auge de discursos antisistema hay una creciente desconexión entre la política institucional, los territorios y las formas de organización social. La arquitectura política que durante décadas permitió estabilidad institucional, alternancia partidaria y cierto grado de integración territorial muestra señales evidentes de agotamiento. Como señalamos en artículos anteriores, en su lugar se está configurando un reacomodo territorial del poder político que va más allá de una simple crisis de partidos.

Si en la escala nacional la política personalista está desfigurando el ejercicio del poder, en la escala territorial emerge un amasijo de comportamientos políticos, demandas sociales y configuraciones de poder local que producen fuertes polarizaciones.

Las elecciones municipales son un acontecimiento coyuntural que muestran la dispersión en la política local. La participación electoral en esos comicios sigue siendo baja: en las elecciones municipales de 2024 la abstención rondó el 68 % del padrón electoral. Ese dato revela un fuerte distanciamiento entre ciudadanía y política institucional a nivel local. Sin embargo, estos cambios no se explican únicamente por dinámicas electorales. También reflejan transformaciones territoriales más profundas.

Detrás del alto desarrollo humano promedio del país persisten profundas desigualdades territoriales que producen trayectorias sociales diferenciadas y nuevas configuraciones de poder local. Estas transformaciones territoriales tampoco pueden entenderse sin considerar otro fenómeno clave: la desconexión progresiva entre los partidos políticos y las bases sociales en los territorios.

Muchas de las redes organizativas que históricamente articulaban la representación política —sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones comunales y movimientos estudiantiles— se han debilitado o fragmentado. El sindicalismo mantiene presencia en el sector público, pero perdió peso en el sector privado; las organizaciones campesinas enfrentan dificultades estructurales en un agro en transformación; y la organización comunitaria, que durante décadas fue un bastión del tejido social costarricense, se ha erosionado en numerosos territorios.

El resultado es un vacío de mediación política. Amplios sectores sociales experimentan frustraciones, precariedades o expectativas insatisfechas sin contar con organizaciones capaces de articular esas demandas en proyectos políticos colectivos.

Ese vacío ha sido ocupado, en parte, por discursos antisistema, liderazgos personalistas y propuestas que apelan a identidades religiosas o promesas mesiánicas. En muchos territorios, estas narrativas han logrado canalizar el malestar social acumulado entre sectores dispersos y desorganizados.

La reacción popular no es simple resentimiento cultural o moral. Es, sobre todo, el síntoma de un sistema político que ha perdido capacidad para representar territorialmente las experiencias sociales de la población.

Por eso, el desafío que enfrenta hoy la democracia costarricense no consiste únicamente en recomponer el sistema de partidos. El problema es más profundo: se trata de reconstruir la confianza en la política desde los territorios.

Esto implica que los partidos democráticos vuelvan su mirada hacia las realidades locales y reconstruyan vínculos con comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales. No basta con ajustar los mensajes: es necesario transformar las formas de hacer política, escuchar a las comunidades e incorporar sus demandas en nuevos programas políticos.

También exige abandonar las visiones territoriales simplificadas del país. Costa Rica se ha convertido en un mosaico complejo de territorios con trayectorias económicas y sociales muy distintas.

Si la política democrática quiere recuperar su capacidad de representar a la sociedad, tendrá que volver a mirar hacia donde sobrevive la gente. Allí donde se viven las desigualdades, donde se experimentan las fragilidades económicas y donde se construyen —o se erosionan— las redes de solidaridad social.

Durante demasiado tiempo la política costarricense se concentró en las disputas del poder central mientras descuidaba la organización social y el trabajo político en las comunidades. Ese vacío no permaneció vacío: fue ocupado por liderazgos personalistas, discursos antisistema y promesas fáciles frente a problemas complejos.

La democracia no se reconstruirá únicamente desde la Asamblea Legislativa ni desde campañas mediáticas. Se reconstruirá —si es que se logra hacerlo— en la capacidad de volver a tejer organización social, liderazgo comunitario y acción política en los territorios.

Porque, al final, la política no se juega solamente en el poder central. También se decide —y muchas veces comienza— en las comunidades donde la sociedad se organiza para defender su futuro.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

El territorio en disputa ¿Un nuevo mapa territorial del poder en Costa Rica?

Escrito en 26/02/2026. Publicado en Sin categoría.

**Abelardo Morales Gamboa (*)**

Las elecciones de febrero de 2026 no solo definieron un ganador; alteraron el mapa territorial del poder en Costa Rica. Aunque el país mantiene formalmente su arquitectura democrática, los resultados revelan una transformación más profunda en las bases sociales y espaciales de la legitimidad política. En varios territorios, el Estado ya no ejerce con la misma intensidad su capacidad de integración, regulación y cohesión. Allí donde esa capacidad se debilita, emergen formas híbridas de gobernanza en las que la autoridad pública convive —o compite— con actores no estatales. Las élites partidarias pierden hegemonía local y nuevos arreglos emergen en su lugar.

Este fenómeno no supone la desaparición del Estado, sino la consolidación de una estatalidad desigual. La fragilidad territorial no implica vacío institucional, sino presencia intermitente, capacidades diferenciadas y una gobernanza fragmentada que opera con intensidades variables según el territorio. La experiencia latinoamericana ha mostrado que la formalidad democrática puede coexistir con enclaves de poder informal, donde la autoridad pública se negocia, se comparte o se tensiona con actores económicos y sociales que operan fuera —o en los márgenes— de la legalidad.

En Costa Rica, estas dinámicas no son recientes. Desde finales del siglo XX se advierten señales de desgaste del régimen sociopolítico de la Segunda República. La hegemonía partidaria articulada en torno a Liberación Nacional y el pacto político fundacional de 1948 fue perdiendo capacidad de articulación social. A escala territorial, esa erosión se expresó en debilitamiento institucional, precarización de servicios, fragmentación social y pérdida de densidad del pacto que sostenía la integración entre Estado y ciudadanía.

La coyuntura electoral de 2026 hizo visibles esas fracturas. Como lo documentamos en un artículo anterior, uno de sus rasgos más significativos fue la concentración del voto oficialista en cantones caracterizados por bajos niveles de desarrollo social y altas tasas de homicidio. Este patrón no es anecdótico: señala territorios donde la cohesión social se ha debilitado y donde el Estado enfrenta mayores límites para garantizar bienestar y seguridad.

Las respuestas políticas que pueden emerger en estos contextos son ambivalentes. Van desde la retórica de la “mano dura” —con insinuaciones de suspensión de garantías— hasta formas más silenciosas de estabilización informal, cercanas a lo que en otros países se ha descrito como pax criminalis: arreglos que reducen la violencia visible mientras preservan economías ilícitas y equilibrios de poder locales. En ambos casos, la autoridad pública se redefine bajo parámetros que tensionan el ideal democrático. El país dejará de ser, en definitiva, el viejo modelo de paz.

A este cuadro se suma la migración de liderazgos municipales hacia el oficialismo. Entre 2024 y 2025 al menos catorce alcaldes abandonaron los partidos con los que fueron electos para respaldar la nueva coalición gobernante. Aunque el mayor número de salidas provino de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, también hubo deserciones desde fuerzas emergentes. No se trata, por tanto, de un simple debilitamiento del bipartidismo histórico, sino de un reacomodo transversal.

Lo significativo es que varios de esos cantones coinciden con territorios donde el oficialismo obtuvo ventajas electorales amplias y donde el Índice de Desarrollo Social es bajo o medio-bajo. Al incorporar al análisis tanto el IDS como la tasa de homicidios, el mapa político adquiere mayor nitidez: la ventaja del Partido Pueblo Soberano frente al Partido Liberación Nacional aumenta sistemáticamente en cantones con menor desarrollo social y mayor violencia.

No estamos ante una simple brecha económica. Se trata de espacios donde convergen desigualdad estructural, debilitamiento institucional y mayor exposición a dinámicas de inseguridad. Son territorios en disputa: ámbitos donde el pacto social pierde densidad y donde la integración al Estado social se vuelve más tenue.

En este contexto, la migración de alcaldes (ver cuadro) no parece obedecer únicamente a cálculos individuales o a oportunismo político. Puede interpretarse como la expresión de un reordenamiento territorial del poder. Allí donde el oficialismo consolidó apoyo en condiciones de fragilidad, los liderazgos locales se alinean con el nuevo eje emergente, reforzando una acumulación política anclada en esos espacios.

La recomposición observada no es meramente partidaria. Lo que se perfila es una reconfiguración hegemónica con base territorial. El antiguo bloque histórico —sustentado en la articulación entre Estado social, clases medias integradas y élites económicas— pierde capacidad de dirección en los territorios donde esa integración se debilitó. En esos espacios emergen nuevas lealtades políticas que desplazan el eje de legitimidad y reordenan el campo de poder. La fractura electoral no expresa solo descontento coyuntural; revela un desplazamiento más profundo en las bases territoriales de la gobernabilidad costarricense.

Si este diagnóstico es correcto, la respuesta no puede limitarse a ajustes institucionales o a discursos de seguridad. La reconstrucción democrática exige fortalecer los tejidos locales que sostienen la vida colectiva. Ello implica inversión social territorializada, recuperación efectiva de la presencia estatal en los cantones más rezagados, promoción de economías locales inclusivas y ampliación de espacios de participación ciudadana. La democracia sustantiva no se preserva únicamente desde el centro político; se reconstruye en los territorios donde hoy se manifiestan con mayor intensidad las fracturas. Es allí donde se juega, silenciosamente, el futuro democrático del país.

Cantones donde los alcaldes cambiaron de partido y su posición socio-territorial (IDS 2023)
Cantón	Provincia	Tendencia IDS 2023
Buenos Aires	Puntarenas	Más desfavorable (por debajo del promedio nacional)
Bagaces	Guanacaste	Moderado-bajo desarrollo social
Limón	Limón	Bajo desarrollo social
Atenas	Alajuela	Medio-bajo desarrollo
San Ramón	Alajuela	Medio desarrollo
Carrillo	Guanacaste	Medio desarrollo
Coto Brus	Puntarenas	Bajo desarrollo social
Acosta	San José	Medio desarrollo
Turrubares	San José	Medio-bajo desarrollo
Monteverde	Puntarenas	Medio-bajo desarrollo
Guácimo	Limón	Bajo desarrollo social
Guatuso	Alajuela	Bajo desarrollo social
Puerto Jiménez	Puntarenas	Tiende a ser de desarrollo más bajo
Río Cuarto	Alajuela	Nivel muy bajo de desarrollo
Fuente: MIDEPLAN y Medios de Comunicación.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en 18/02/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa **(*)**

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Mirarnos en la pantalla: el individuo y el libre mercado de las emociones

Escrito en 12/01/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Abelardo Morales Gamboa ()*

Para recuperar la esperanza de un mundo común frente a aparatos y pantallas

El individualismo avanza y lo social se deshilacha. Eso no ocurre a pesar del desarrollo tecnológico, sino en buena medida gracias a él. No es un fenómeno accidental ni reciente, tampoco es resultado inevitable de alguna ley natural. Ocurre debido a procesos históricos concretos: relaciones sociales desiguales, la dominación política y una estructura de poder que opera tanto a escala global como local.

Desde hace al menos cinco décadas, la expansión de las tecnologías digitales, la globalización y la centralidad de la información han alterado profundamente la manera en que las personas se relacionan, el cómo construyen su identidad y viven en sociedad. Más que solo un cambio tecnológico, enfrentamos una mutación cultural de gran alcance. La relación entre el individuo y lo social —individuación y socialización— se ha convertido en un campo de tensión permanente, ambiguo y conflictivo.

Autores como Manuel Castells, Ulrich Beck o Anthony Giddens – para señalar algunos –ofrecieron ideas tempranas para comprender estas transformaciones. Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas miradas —muchas de ellas impulsadas por mujeres— que permiten mirar más allá del diagnóstico estructuralista y adentrarse en la experiencia cotidiana de la individuación: las emociones, el cuerpo, la vida digital y la dificultad creciente de sostener una vida en común.

Hoy, el yo ocupa un lugar central en la forma en que nos vinculamos con el mundo. Los dispositivos digitales se han convertido en el principal medio de relación social. En esos entornos, la identidad no solo se expresa, también se construye, se comunica y se moldea de manera constante. Beatriz Muros lo explica con claridad al analizar el yo online: la identidad virtual no es una simple prolongación del sujeto fuera de la pantalla, sino un espacio propio de existencia, fragmentación y narración de sí. El reconocimiento ajeno, mediado por pantallas, se vuelve un componente decisivo de la autoidentificación.

Esta forma de construcción identitaria refuerza la individuación, pero también genera nuevas dependencias, cada vez más simbólicas. La autonomía personal queda atada a la exposición, y la autoafirmación depende de la validación permanente, por parte de los demás. Aquí resultan especialmente sugerentes los aportes de Eva Illouz y Sara Ahmed: las emociones no son privadas ni espontáneas, sino profundamente socializadas, reguladas y mercantilizadas. El capitalismo digital produce sujetos emocionalmente activos, pero también frágiles, que desarrollan afectos y expectativas en un auténtico mercado de emociones.

Desde una perspectiva latinoamericana, Clara Beatriz Bravin introduce un matiz decisivo: la subjetividad es una experiencia encarnada. No existe un sujeto puramente cognitivo o informacional. La individuación contemporánea atraviesa el cuerpo, el deseo y la sensibilidad. Incluso en los entornos virtuales, el cuerpo no desaparece: se transforma, se disciplina y se convierte en un terreno de disputa simbólica. Para muchas personas, esta contienda adopta formas traumáticas que se expresan en estrés, ansiedad, depresión e, incluso, ideaciones suicidas.

La cultura digital, en particular las redes sociales, no solo conectan individuos, también producen imaginarios, formas de ver, de sentir y de interpretar la realidad. Ana C. Dinerstein ha advertido que la globalización impone una abstracción, que separa a los sujetos de los procesos sociales que los afectan. El dinero, la información y las lógicas globales operan como velos que vuelven opaca la relación entre acción individual y estructuras colectivas.

Así, la individuación se vive muchas veces en disfunción de las conexiones. El individuo está conectado pero aislado. Las personas toman decisiones, expresan opiniones y construyen identidades en un mundo fragmentado, donde las consecuencias sociales de sus actos resultan difusas o invisibles. La promesa de libertad individual convive, y a menudo choca, con una creciente sensación de impotencia personal y colectiva.

Las plataformas digitales profundizan esta paradoja. Al personalizar la experiencia social, refuerzan una sensación de control individual, pero debilitan los marcos comunes de interpretación. La vida social se vuelve selectiva, filtrada y segmentada, dificultando la construcción de horizontes compartidos. La idea de un individuo capaz de tener control de sí, se vuelve un chantaje.

Por eso Marina Garcés propone recuperar la idea de un mundo común, no como una identidad homogénea ni como un refugio nostálgico, sino como una tarea política urgente. En sociedades marcadas por la fragmentación y el repliegue individual, lo común no está dado: debe construirse.

La comunidad no es la negación de la individuación, pero tampoco puede reducirse a una simple suma de singularidades. Requiere implicación, responsabilidad y cuidado mutuo. Estas ideas dialogan con las advertencias de Alberto Melucci, quien señalaba que las formas contemporáneas de acción colectiva son frágiles, reticulares y basadas en el sentido, pero no por ello irrelevantes.

Los movimientos sociales actuales, muchas veces articulados en redes digitales, expresan esta tensión. Combinan una fuerte dimensión expresiva y subjetiva con grandes dificultades para sostener proyectos colectivos de largo aliento. La solidaridad aparece de forma intermitente, asociada a causas específicas, pero rara vez logra institucionalizarse.

La profundización del individualismo en la era digital conlleva riesgos sociales evidentes. Uno de ellos es el debilitamiento del espacio público, donde la pluralidad degenera en aislamiento y la diferencia en incomunicación. Otro es la erosión de la solidaridad, entendida no solo como empatía, sino como la disposición a asumir responsabilidades compartidas.

Eva Illouz advierte que la emocionalización de la vida social puede vaciar de contenido político el malestar, transformándolo en ira individual maleable, pero no en resistencia colectiva. En ese contexto, sujetos incapaces de comprender los procesos que los afectan se vuelven más vulnerables a la manipulación. La subjetividad política queda atrapada en la lógica del libre mercado de las emociones.

El desafío, entonces, no es negar la individuación ni idealizar comunidades del pasado. Se trata de imaginar formas de articular subjetividad, cuerpo, emoción y acción colectiva. Recuperar la idea de un mundo común implica reconocer la interdependencia, repensar la solidaridad y disputar los sentidos dominantes de la libertad individual.

En una sociedad atravesada por la información y la cultura digital, el reto político y cultural central es volver a hacer visible que aquello que vivimos como experiencia personal tiene raíces sociales. Se debe superar el analfabetismo digital con nuevas pedagogías liberadoras y creadoras de nuevos sentidos de la vida social. Solo desde esa conciencia será posible reconstruir una vida común a la altura de nuestro tiempo.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional. Se usó la herramienta de IA para la revisión de aspectos formales del texto.

Costa Rica no necesita salvadores

Escrito en 09/12/2025. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Reinventar el país: la tarea política de todos que no podemos seguir posponiendo

Los graves problemas de la Costa Rica del siglo XXI, acumulados por casi cuatro décadas, no se resolverán ni en estas elecciones ni en los próximos cuatro años. El raquitismo político es evidente. En el cuatrienio reciente, lejos de enfrentarse estos desafíos, se ampliaron y agravaron, provocando un retroceso social y el estrangulamiento de posibles caminos hacia el desarrollo. A pocos actores políticos parece importarles realmente esto, pero la necesidad de actuar es urgente.

Hace cinco años publiqué un artículo sobre las fracturas sociales y los claroscuros ideológicos que atravesaban a Costa Rica en el segundo gobierno del PAC. Aquella publicación pasó casi desapercibida, como otros diagnósticos que quizás no encontraron su momento. No busco ahora reconocimiento, sino entender mejor nuestras penas colectivas. Los problemas no comenzaron entonces, pero sus manifestaciones ya eran inocultables.

Luego vinieron nuevas crisis: la pandemia del COVID-19 y su impacto sanitario, las tensiones fiscales, protestas sociales, el sacudón electoral de 2022 y un profundo desalineamiento político que resquebraja la hegemonía de los actores tradicionales. A esto se sumó el giro conservador del segundo gobierno del PAC y la represión de protestas sociales. Muchas de las fracturas previas persisten, pero han cambiado de forma e intensidad. Algunas se han profundizado; otras se expresan de modo distinto; y en ciertos ámbitos es necesario afinar el lente analítico.

Lo que presento ahora es una actualización crítica de aquel diagnóstico, basada en evidencia reciente de las universidades públicas, organismos internacionales y los procesos políticos que han marcado al país desde 2018.

Una economía que crece, pero para pocos

Costa Rica sigue moviéndose al ritmo de la inversión extranjera, las exportaciones y los servicios. No obstante, la desigualdad se mantiene entre las más altas de la región, incluso después de las reformas fiscales dirigidas a contener el déficit. Esta contradicción —crecimiento sin reparto— es hoy una característica estructural. La concentración de la riqueza se naturaliza, especialmente en manos de capitales transnacionales.

El mercado laboral confirma esta tendencia regresiva. Aumentan la informalidad, el subempleo y la dificultad para que las personas jóvenes —incluso con estudios universitarios— encuentren trabajo estable. La pandemia aceleró procesos previos: automatización, teletrabajo, reconfiguración del comercio y debilitamiento del empleo formal. El resultado es un país donde tener trabajo ya no garantiza bienestar ni movilidad social. La Costa Rica de la paz social y la equidad reformista se diluye rápidamente.

De la política sin brújula al embrujo del desencanto

En 2018 señalé el vacío ideológico y el avance del conservadurismo. Esos procesos continúan, pero la escena política se ha vuelto aún más volátil. Las elecciones de 2022 lo evidenciaron: el PAC se desfondó, Liberación Nacional profundizó su desgaste, la izquierda no logró consolidarse y surgieron candidaturas “antisistema” con apoyo considerable.

El país vive una mezcla de antipolítica, personalización del poder y discursos cargados de enojo. La radicalización derechista es solo una pieza del rompecabezas: también influyen la frustración por el deterioro de la calidad de vida, la pérdida de servicios públicos robustos y la sensación creciente de que “nadie nos representa”. La crisis de confianza afecta por igual a instituciones, partidos y liderazgos. En este contexto, resulta más fácil fabricar encantamientos mesiánicos que construir soluciones estructurales. La fragmentación ideológica se ha convertido en un rasgo permanente de nuestra convivencia.

Clases medias: del pilar histórico al mosaico fragmentado

Uno de mis planteamientos centrales era la erosión del papel estabilizador de las clases medias. Esto sigue siendo cierto, pero la evidencia reciente muestra un panorama más complejo. Las clases medias no son un bloque homogéneo; hoy constituyen un conjunto de segmentos desconectados y, muchas veces, en competencia entre sí.

Conviven al menos cinco grupos: funcionarios públicos con empleos relativamente estables, pero bajo presión fiscal y estigmatización; profesionales jóvenes endeudados, con trabajos temporales o mal remunerados; pequeños comerciantes y emprendedores golpeados por la competencia global y la disminución de ingresos; hogares de ingresos medio-bajos, altamente bancarizados y vulnerables a caer en la pobreza; agricultores y productores rurales afectados por la apertura comercial y el abandono estatal.

Cada grupo experimenta el malestar de manera distinta. Algunos se distancian de la política; otros se inclinan por opciones conservadoras; otros buscan salidas tecnocráticas, antiélite o directamente mesiánicas. El bloque de clase media que ayudó a sostener la estabilidad política del siglo XX es hoy un territorio fragmentado, sin proyecto común ni expectativas claras. Su “embotellamiento” físico y social se ha vuelto más literal: viven endeudadas, frustradas y escépticas respecto a cualquier promesa de futuro.

Una sociedad civil debilitada, pero en movimiento

En mi diagnóstico original subrayé el debilitamiento de la sociedad civil. Esa tendencia se mantiene, aunque con matices. Desde 2018 ha habido momentos de movilización: protestas contra la reforma fiscal, contra medidas regresivas, huelgas sectoriales, luchas ambientales, territoriales y feministas.

Sin embargo, estas expresiones no han logrado articularse en un proyecto político alternativo. Funcionan como válvulas de escape de la frustración social, pero no como plataformas de cohesión. La fragmentación general del país también se reproduce en la protesta. Existe activismo, pero escasa capacidad para convertirlo en transformación institucional.

Un país que necesita repensar su pacto social

La evidencia muestra que Costa Rica ha entrado en una fase en la que ya no basta con diagnosticar fracturas. Los pilares históricos del pacto social están en crisis: la desigualdad no es una falla, sino parte del sistema; el empleo dejó de garantizar bienestar; las clases medias se desfondan; la confianza en las instituciones se erosiona; el sistema de partidos se pulveriza; las narrativas ideológicas tradicionales ya no movilizan ni sostienen un sentido de comunidad.

El desafío central no es “restituir” lo perdido, sino imaginar un proyecto de país capaz de garantizar movilidad social, estabilidad democrática y sentido colectivo en un contexto global adverso, marcado por la precariedad, el individualismo y la polarización.

Costa Rica vive un momento decisivo. Las desigualdades crecientes, la precarización del empleo, la crisis educativa y el desgaste político han debilitado los fundamentos que sostuvieron al país durante décadas. Administrar la crisis no alcanza: necesitamos reconstruir el pacto social desde sus bases.

Esa reconstrucción exige nuevos consensos, capaces de reconocer nuestras realidades sin nostalgias ni simplificaciones. Implica que sectores tradicionalmente distanciados —clases medias vulnerables, sectores productivos, territorios rurales, personas jóvenes, funcionariado público y movimientos sociales— se reconozcan como parte de un mismo proyecto nacional.

Para que esos consensos emerjan es indispensable renovar el ejercicio del poder. Requiere abandonar el personalismo, la confrontación y la opacidad. La política debe recuperar su sentido de servicio, su capacidad de diálogo y su vocación de acuerdos duraderos. Costa Rica no necesita salvadores, sino instituciones fuertes y liderazgos responsables.

En ese proceso, rescatar la educación pública es una prioridad absoluta. Sin un sistema educativo robusto —financiado, inclusivo y conectado con el mundo del trabajo— cualquier pacto social será frágil y cualquier promesa de movilidad quedará vacía. La educación es el principal mecanismo para evitar que las desigualdades actuales se vuelvan permanentes.

El país aún posee capacidades para reinventarse, pero la ventana de oportunidad se estrecha. Podemos seguir administrando el deterioro o asumir la responsabilidad histórica de reconstruir un horizonte común. El futuro no está escrito: se construye con acuerdos, con instituciones sólidas y con una ciudadanía consciente de su poder transformador.

Tal vez se requiera algo más que unas elecciones y el acartonado ritual de los comicios. Tal vez lo que necesitamos, con urgencia, es recuperar la convicción de que un país se sostiene —o se derrumba— en la calidad de sus consensos y en la fuerza de sus instituciones.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Hacia unas Ciencias Sociales centroamericanas “menos intramuros”

Escrito en 24/08/2025. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La frase no es mía, por supuesto. La tomé prestada de una reciente publicación en redes de mi querido colega y al que considero amigo y orientador en mi trayectoria como cientista social, Abelardo Morales Gamboa.

La escribió al recordar a Carlos Sojo, director de FLACSO Costa Rica, quien falleciera en el año 2014 y al enterarnos en su publicación de la muerte de otro gran científico social centroamericano, Gabriel Aguilera.

Al leer su escrito, no pude dejar de recordar mi paso como investigador de la Sede de FLACSO en Costa Rica. Los aprendizajes cotidianos en las conversaciones con los propios Carlos, Abelardo, Juan Pablo, Marian, Alen, Ilka, Don Manuel, Guillermo. Pienso que nos tocó una época linda y de transición en la que aprendimos a construir equipo.

Yo tomé para mí las enseñanzas de Carlos, a quien acompañé varias veces a la región y lo vi gestionando como los grandes esas Ciencias Sociales comprometidas, vigorosas y para nada palaciegas.

No puedo olvidarme de los trabajos de campo con Abelardo, sus orientaciones como investigador consolidado en la temática migratoria, de la cual ahora soy signatario con mucho compromiso y sensibilidad para devolverle tanto de lo que me enseñó. De hecho, Abelardo tuvo la deferencia de acompañarme como lector de mi tesis doctoral, actitud que siempre agradeceré por lo que vale.

Tampoco puedo pasar por alto mi experiencia como miembro del consejo editorial de la Revista Centroamericana de Ciencias Sociales que publicábamos en FLACSO Costa Rica, de la mano de un gran docente e investigador, Don Manuel Rojas Bolaños. Su experiencia me aportó algo de lo que hoy le entrego a la académica como investigador y gestor académico.

Es cierto.

El desafío que plantea Abelardo para las ciencias sociales regionales es mayúsculo. Durante todos estos años de quiebre del acuerdo social costarricense, por ejemplo, he reflexionado sobre qué tan bien le hubiera hecho a este país una actualización de aquel enorme trabajo de interpretación de nuestra sociedad: “Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica”, escrito por Carlos.

Estoy seguro de que muchas de las incertidumbres que hoy nos plantea este escenario tan disruptivo, hubieran sido claramente explicadas por su visión amplia como sociólogo de nuestro país.

Ese desafío que Abelardo nos plantea, debemos asumirlo quienes aún nos encontramos vigentes. Es imperativo. Es necesario salirnos de los muros y palacios y abrir los ojos a una región centroamericana que estamos perdiendo rápidamente.

Asumo ese legado.