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Etiqueta: ambientalistas

Ecologistas apelan viabilidad para APM Terminals y rechazan actuación de SETENA

Piden investigaciones y sanciones

Está bien otorgado el contrato con APM Terminals como lo dice el Gobierno2
Imagen con fines ilustrativos

 

El lunes 5 de enero, el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, presentaron un extenso recurso de revocatoria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental a la terminal de contenedores en Moín, justo dos días antes del asueto de fin de año, el pasado 17 de diciembre. El recurso incluye apelación subsidiaria y recusación a la Comisión Plenaria de la SETENA.

Para los ecologistas el recurso que presentaron debe elevarse directamente a la autoridad superior inmediata de la Comisión Plenaria de SETENA y esta debe abstenerse de conocerlo, pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de SETENA para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) de SETENA emitió criterios negativos sobre el proyecto, la Comisión Plenaria asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica ad hoc, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental.

Para Álvarez y Sagot, la Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad.

Consideran que con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de forzar la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad.

Los ecologistas solicitaron que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre,apenas 14 días), centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo. Afirman que no profundiza en lacorrecta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino quese concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentranlas respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como unarespuesta satisfactoria para así poder señalar que se da por solventadoeste punto.

Sagot y Álvarez destacan que en ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, sino que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte dela revisión del expediente. Afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además inconsistente y parcializada y consideran que así la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política.

Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al forzar el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM, el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.

Una vez más, los ecologistas ponen en evidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de Setena, ya contaba con la viabilidad política, y afirman que expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense.

Para conocer en detalle el Recurso de Revocatoria interpuesto a SETENA, haga click en el siguiente enlace:

RecursoAPM

 

Para más informes: Alvaro Sagot, tel: 8863 2887 o Mauricio Álvarez,

tel 8870 9165.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Proponen implementar moratoria para limitar el uso de redes de cerco atunero y favorecer a pescadores costarricenses

La propuesta, consiste en mediante un decreto Ejecutivo Presidencial, implementar una moratoria, de al menos 6 años, para limitar el uso de redes de cerco atunero, en las primeras 370 millas y el resto de la costa.

Por lo tanto, se pretende recuperar el recurso para pescadores ticos que no utilizan pesca de cercos,  caracterizadas por ser de menor tamaño, de menos calado y con menor tecnología. Sin embargo, proyectos similares en el Pacífico este y central  (Fiji, el Archipiélago de las Islas Solomon, Vanuatu, Australia), archipiélagos entre el Trópico de Capricornio, Ecuador, y en la Maldivas en el Océano Indico, propician un ordenamiento pesquero, donde se da preferencia a la pesca local, artesanal y selectiva de atún, en vez de entregárselo a los Cerqueros Internacionales.

Para conocer más:

http://atun-tico.fecop.org/#6

Proponen implementar moratoria para limitar el uso de redes de cerco atunero y favorecer a pescadores costarricensesProponen implementar moratoria para limitar el uso de redes de cerco atunero y favorecer a pescadores costarricenses2

Enviado a SURCOS por Luis Alfredo Rojas Quirós.

Ministro de Planificación olvida que los gobiernos están para generar políticas públicas que propicien el bienestar de la ciudadanía

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, rechaza las declaraciones dadas por el Ministro de Planificación al periódico La Nación el pasado 17 de noviembre, contra los sindicatos del sector público y los ambientalistas, a quienes nos culpa de ser los responsables de frenar el desarrollo nacional.

Esas afirmaciones la hace refiriéndose al XIX informe del Estado de la Nación, que año con muestra la delicada situación que atraviesa el país en varios campos, dejando claro que el crecimiento económico de las últimas décadas ha producido concentración de la riqueza, y una creciente desigualdad que contrasta mucho con el tipo de estado que nos legaron nuestras anteriores generaciones.

Toda la ciudadanía costarricense sabe que los Gobiernos que se casaron con la economía de mercado han querido convencerla de que derechos humanos como la salud, la educación, la jubilación, el recurso hídrico, entre otros, ya no lo son, por lo contrario, para los políticos que conducen los partidos, esos derechos son bienes del  comercio.

No menciona el Ministro que las anteriores y actuales generaciones sufren  las consecuencias de la parálisis institucional, de la altísima corrupción generada desde lo público y lo privado, donde se han despilfarrado multimillonarias sumas que aunadas a la ineficacia e ineficiencia institucional, provoca un retroceso inminente de los avances que se habían producido tres y más décadas atrás.

Tampoco dice que los gobernantes impulsores de la  economía de mercado, han sido incapaces de generar empleos desde la perspectiva del trabajo decente, como lo indica la OIT, llevando a Costa Rica a niveles muy cercanos a la media del empleo informal  de la Subregión, es decir, alcanzamos el 43%, de ahí que se mantenga estancado el porcentaje de la pobreza y la pobreza extrema, pero elevado el número de personas pobres.

No sabemos qué entiende el Ministro de Planificación por desarrollo, posiblemente otorgar todas las garantías a las multinacionales, al sector financiero y  los grupos poderosos, sin importar las consecuencias de exclusión y de desigualdad que se produce en detrimento de la gente, así como al abandono que tiene al sector campesino, poblaciones indígenas y en general a las áreas rurales, cuando la propia constitución señala en su artículo 50 el mandato de organizar la producción y un adecuado reparto de la riqueza. En este país el Gobierno que representa ese Ministro y los anteriores gobiernos, han incumplido durante las últimas tres décadas.

Catalogar a los sindicatos del sector público como organizaciones capaces de frenar el desarrollo del país es un argumento débil y mal intencionado, es una cortina de humo, por cuanto no somos los que planificamos, elaboramos ni ejecutamos las políticas públicas que orienten al desarrollo del país, los sindicatos nunca han estado en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, ni en la Asamblea Legislativa, por lo tanto, ni hemos elaborado legislación capaz de paralizar los avances que pudiese realizarse. Asimismo, no hemos creado una maraña de instituciones y mecanismos para provocar el estancamiento, ni han generado ni aplicado políticas tendientes a privatizar todo la institucionalidad creada en nuestro país en la mitad del siglo XX, y que dio tantos frutos al acercar al Estado a la ciudadanía en términos de garantías sociales y derechos económicos.

Ni los sindicalistas ni ambientalistas somos evasores, al contrario pagamos los impuestos progresivos como el de renta, según lo indica la ley y el reglamento, por supuesto contribuimos con los impuestos regresivos como el de venta en los productos que adquirimos, por ello, no es de recibo la comparación con los evasores, que conforman grupos que los diferentes gobiernos han alcahueteado durante décadas. Eso no se vale señor Ministro.

Los sindicatos del sector público lo que hemos hecho es defender la institucionalidad del país que con tanto sacrificio construyeron los grandes políticos de los cuarenta, cincuenta y sesenta, del siglo XX y que potenciaron a nuestro país a alcanzar niveles de desarrollo muy importantes, pero sobre todo elevar cobertura y calidad en salud, educación y  trabajo con salarios dignos y con derechos, al contrario de lo que está ocurriendo en la actualidad con la flexibilización y la desregulación de la legislación protectora de los trabajadores y trabajadoras.

Por tanto, la CTRN expresa nuestra posición contraria a las opiniones emitidas por el Ministro de Planificación, ya que entendemos no tiene razón, por lo contrario, pretende evadir responsabilidades suyas y de su gobierno que ha entregado sin ninguna desfachatez a las transnacionales, indicando que el Mercado debería regular todas las políticas y que por lo tanto había que disminuir al Estado a la mínima expresión.

Lo instamos a trabajar los últimos meses que le quedan de Gobierno al menos en un proyecto para desarrollar plenamente las zonas rurales e indígenas del país.

 

Información enviada a SURCOS por CTRN.

¿Quiénes son los responsables del estancamiento del país?

Como parte del sector socio-ambiental de país, nos parece reprochable que se quiera responsabilizar al sector sindical y ambiental de la crisis que han creado los políticos de los últimos 30 años. Al mismo tiempo nos parece que poner al mismo nivel, a estos sectores sociales con los evasores (actividad ilegal) muestra una clara intención en las declaraciones del representante del gobierno que una vez más, contribuye a la estigmatización, intolerancia y  criminalización de los movimientos sociales, necesarios para lograr  justicia social y equilibrio de poder.

Desconocer la esencia de la democracia, sumándose al discurso de intolerancia social;  buscar desviar la atención de los verdaderos responsables del estancamiento del país. Este gobierno es el mayor ejemplo de intolerancia, incompetencia e irresponsabilidad que hemos tenido en la historia reciente, las encuestas y datos así lo confirman. Las declaraciones del Ministro Gallardo, pareciera alentar a lo más oscuro de nuestra sociedad para que sigan los crímenes contra los ecologistas en nuestro país.

El sector ambientalista es sumamente propositivo y aquí solo brindaremos algunos pocos ejemplos: hace más de una década, venimos llamando  a establecer un diálogo nacional permanente sobre el modelo energético. Nunca, ningún ministro ha aceptado las invitaciones. En lugar de dialogar imponen un modelo de apertura, concesiones y de expansión hasta en los mismos  parques nacionales. Nos parece pobre y peligrosa la posición del Ministro de Planificación, Conocerá el Sr. Ministro el ligamen que existen entre estos aspectos de nuestra sociedad y nuestra posición aventajada a nivel global como una potencia mundial en ecoturismo?  Olvidará el Ministro que el ecoturismo es una de nuestras principales actividades productivas?.

Hemos logrado que el país cuente con una Ley de Vida Silvestre gracias a la iniciativa presentada vía  el mecanismo de iniciativa popular. Igualmente está en la Asamblea un proyecto de Ley sobre Aguas, nuestros principios sobre la gestión del agua fueron adoptados por la administración Pacheco con quien además promovimos una reforma a la Constitución Política para que contara con un capítulo sobre garantías ambientales que venía a profundizar el trabajo que realizamos en la reforma al artículo 50 de la Constitución. La ley de agricultura orgánica -con el protagonismo del sector campesino- así como las discusiones sobre soberanía alimentaria también son ejemplos de nuestro accionar. El manejo comunitario del bosque como una solución a la degradación y deforestación de los bosques así como otras experiencias concretas en soberanía alimentaria, establecimiento de bancos de semillas, fincas demostrativas, manejo comunitario del agua y de la biodiversidad, experiencias en pesca y economía solidaria son parte de nuestra cotidianidad. El lograr que más de las dos terceras partes de los cantones del país se haya declarado libre de transgénicos se suma a nuestro trabajo propositivo que además lo hacemos en conjunto con otros actores sociales.

A quienes debió haber llamado la atención el Sr. Ministro -no creemos en ataques desde el movimiento ambientalista- es a quienes estando en el gobierno pasando de puesto en puesto y de administración en administración, han  tolerado la corrupción de casi todos los proyectos de la actual administración, que han caído uno por uno plagados de errores, de ilegalidad y de abusos. Es gracias a ellos que tenemos un Estado débil, que hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, que se ha creado una brecha social cada vez mayor y que estamos consumiendo y dilapidando anualmente mucho más recursos naturales de los que nuestro país dispone, lo cual es la muestra más grave de des planificación ya que estamos comiéndonos los recursos de las futuras generaciones, como vuelve a repetir el informe del Estado de la Nación.

Cada una de las luchas que el sector ambiental gana en estrados judiciales, no hace otra cosa que salvaguardar un orden jurídico creado por nuestra sociedad, que establece nuestro acuerdo social de convivencia como sociedad con la Naturaleza. Si tuviéramos el poder que Gallardo señala, seguramente este acuerdo social tendría niveles de responsabilidad con los recursos naturales y las futuras generaciones mucho más poderosos.

¿De dónde vienen estas declaraciones?

Las declaraciones del Sr. Gallardo, no es un caso aislado durante esta administración, se suma a una serie de declaraciones a la intolerancia. Cabe recordar las agresivas e irresponsables palabras de la Presidenta a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque, pronunciadas ante la Cámara de Ganaderos: “Por eso es que yo necesito, que en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes, nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente.” Chinchilla continúa diciendo que, en una gira por la Zona Sur (donde firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto), “me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’, esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos…” (30/10/2010).

Esas palabras de intolerancia contribuyen a incrementar los 9 asesinatos de activistas, que han quedado la mayoría en la impunidad en los últimos 20 años. Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 de activistas comunitarios.  Ante estos graves hechos de violencia e impunidad, al que se suma el asesinato de Jairo Mora, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear una “Comisión de Justicia y Verdad Ambiental” para documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente.

El Gobierno no sólo se ha negado a poner en marcha esta comisión si no que ahora suma más, este proceso  de  estigmatización, intolerancia y de criminalización, contribuyendo a la caza y extinción de ecologistas. Esperamos que el próximo asesinato de un activista ambiental no pueda ser atribuido a este tipo de declaraciones de un jerarca institucional de nuestro país.

Alianza de Redes Ambientales (ARA), FECON, BloqueVerde, Alianza Nacional por el Agua (ANDA), ARCA, FANCA, CONCEVERDE, Coronado por la Naturaleza, Coecoceiba-AT,AESO, PROAL, FECOU, Coordinadora Ni una Mina Más, Red de Coordinación en Biodiversidad, Finca Amalur, 0ilwatch Mesoamérica, Fundación Bandera Ecológica , Unión Norte por la Vida, Fundación Arqueológica Los Sitios de Moravia, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología ( SOCLA), Comité Bandera Azul Ecológica (San Miguel de Santo Domingo de Heredia), Asoc. Preservacionista Flora y Fauna Silvestre, Agenda Política de las Mujeres, REDCALM

Dr.Jorge Arturo Lobo Segura,Dra. Silvia Rodríguez Cervantes, Dr. Jaime E. García González Msc Fabián Pacheco, Dr.Henry Mora, Jiri Spendlingwimmer , Ing. Alejandro Acevedo Silesky, Gina Borrero González, Ing. Mario Chacon A.,José Carlos Mora, Jorge Polimeni, Fernando Bermúdez Koumineva, Ana Beatriz Hernández Barquero, Francisco San Lee Campos, Daniel Soto Ortega, Esteban Rojas C, Lorenzo Ramírez Cadorza, Rosi Porras, Gustavo Alcides Cabrera Araya, Dr. Rodrigo Cabezas Moya,Eva Carazo Vargas

Para cualquier información comunicarse con Mauricio Álvarez, presidente de Fecon a presidencia@fecon.org al 88709165 o a Grace García grace@coecoceiba.org 88738501.

 

Información enviada a SURCOS por COECOCEIBA Prensa.

Los fantasmas de Gallardo

El viernes 17 de noviembre se publicó en un diario nacional, una entrevista al Ministro de Planificación, Roberto Gallardo en la que afirmó que “No hay grupos más conservadores en este país que los sindicatos del sector público. No hay nadie más opuesto al cambio de cualquier forma que ellos, ni siquiera dispuestos a discutir los temas que son urgentes”. En ese mismo saco metió a los ambientalistas y a los evasores de impuestos.

Es comprensible que un ministro que ha sido protagónico en un gobierno estéril e incapaz, busque desesperado chivos expiatorios, acusando de delincuentes a quienes se oponen a los “cambios” en la naturaleza del Estado de bienestar y a la dilapidación de los recursos naturales.

Según Gallardo, son delincuentes los sindicalistas que se oponen a que los bienes públicos se conviertan en negocios particulares de pequeños grupos, como ha ocurrido con los bancos, la educación, la telefonía, los seguros, la construcción de las obras públicas y como quieren hacerlo con la salud y la generación eléctrica. Para Gallardo es conservador quien se resiste a la privatización de los EBAIS, a la ruptura del monopolio estatal sobre los hidrocarburos y los puertos para regalárselos a las transnacionales.

Qué fácil es para este tecnócrata responsabilizar a los sectores sociales del estancamiento del país, pretendiendo desviar la atención de los verdaderos culpables de la situación. Hace 30 años un grupo de políticos-empresarios de ideología neoliberal, se tomaron el control del Estado para hacerse más ricos, a costa de los bienes comunes.

Son ellos los responsables de que las empresas e instituciones del Estado se hayan debilitado hasta la inanición, para justificar las concesiones y las “aperturas” privatizantes.

Recrimina Gallardo a los sindicatos y ambientalistas “que no han querido dialogar”. Nada más falso que eso, ya que el movimiento sindical ha hecho cantidad de propuestas al gobierno sobre asuntos de interés nacional. Lo que ocurre es que para jerarcas de los últimos gobiernos, sólo son válidos aquellos interlocutores que hacen lo ellos quieren.

Dócil a los mandatos de los organismos internacionales, ese grupo de auténticos malhechores, socavaron los cimientos del Estado de Bienestar, colocando a Costa Rica en el deshonroso sitial de los países latinoamericanos más desiguales y depredadores de los recursos naturales, como lo reitera el último Informe sobre el Estado de la Nación.

Nuestro sindicato rechaza las maliciosas e irrespetuosas declaraciones de Gallardo y reiteramos públicamente nuestra férrea decisión de seguir defendiendo el Estado de Bienestar y el diálogo social como herramienta de entendimiento, siempre y cuando no sea una imposición. Así mismo seguiremos defendiendo todas las conquistas sindicales gracias a las cuales la clase trabajadora ha logrado sostenerse en pie, en medio del terremoto social y económico provocado por los neoliberales como Roberto Gallardo.

¡A otro lugar con sus fantasmas señor Gallardo, basta ya de llamados a la intolerancia!

 

Información enviada a SURCOS por Divulgación Sitrapequia.