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Etiqueta: Bolivia

Añez en Bolivia, ¿Debe ser Procesada y llevada a Prisión?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

El año pasado redactamos un artículo titulado: “Jeanine Añez: candidata a ser enjuiciada”, en el cual mostramos una serie de actuaciones y acusaciones contra Añez, las cuales deben ser denunciadas, para someterla a juicio y ser privada de libertad. Hoy esto último, se hace realidad, no somos profetas, pero se dio.

Refresquemos la memoria a quienes ahora, salen en apoyo a la “expresidenta” (OEA, evangélicos, figuras políticas de derecha, otros/as), sobre aquellas acusaciones contra ella. Yo soy de la idea que no hay que hacer leña del árbol caído, pero en este caso, no se pueden obviar hechos tan concretos.

  1. Se autoproclamó como presidenta, sin haber sido electa por el pueblo boliviano. Asume la Presidencia, en una sesión parlamentaria sin quorum, que apenas obtuvo un 4% de los votos en la última elección.
  2. La eligió un grupo liderado por la cúpula de la iglesia católica boliviana, partidos políticos minúsculos, la Embajada brasileña, representantes del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, designados para el caso, y la Fundación Jubileo (que confirmó esos hechos), pero fundamentalmente fue apuntalada por la cúpula del Ejército y la Policía y sin duda tuvieron la garantía de EEUU. No se debe olvidar que fue un militar quien le colocó la banda presidencial, hecho inaudito y antidemocrático.
  3. Su gestión presidencial, muestra números rojos, tales como el 6% del Producto Interno Bruto PIB, en la caída de su economía. Lo que equivale a la generación de más de un millón de nuevos pobres (1.059.672); y casi medio millón más si lo medimos por pobreza extrema.
  4. Y si consideramos los efectos de la pandemia, que ha sido mal gestionada por el gobierno de facto, esto ocasionó una pérdida de ingresos de entre 30-50%, entonces tendríamos más de dos millones de nuevos pobres en Bolivia (2.739.826). De estos, 2 millones vivirían en condiciones de extrema pobreza. Mientras tanto, Bolivia ya ha había superado las 8.000 personas fallecidas por el COVID-19 y las exportaciones han disminuido a 4.217 millones de dólares hasta agosto, cifra menor en 1.680 millones de dólares a la registrada en el mismo período de 2019. No se responsabilizó por la crisis humanitaria-sanitaria de Bolivia, ocasionada por la pandemia, generada por su mala gestión de gobierno, ocasionando la muerte, al menos, a 500 bolivianos, tirados en las calles, y el colapso del sistema de salud boliviano.
  5. La corrupción llegó a los niveles más altos, en empresas de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, ministerios como el de Salud y Obras, el incremento de la pobreza, y la ilegalidad e ilegitimidad en la política. En diez meses, Jeanine Áñez, juramentó a 36 ministros, y algunos juraron dos veces.
  6. Intentó inhabilitar, la personería jurídica del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, alegando fraude electoral en octubre 2019 y por haber participado en un golpe de Estado institucional. Ha declarado vilmente: “Si se prueba el delito electoral tiene que tener su sanción y una de ellas es que el partido de Evo Morales pierda su personería jurídica”. Ha agregado además, la inhabilitación del MAS-IPSP por: sedición, y por la difusión de una encuesta de intención de voto.
  7. Renunció como candidata a aquellas elecciones, para esquivar los cargos en su contra, por las masacres de Sacaba y Senkata. Se conocen como masacres de Senkata y Sacaba a los hechos sucedidos en dichas localidades bolivianas, durante las intervenciones militares ante las protestas sociales emergidas luego de la asunción de Jeanine Áñez a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019, en el marco de la crisis política y social de 2019.
  8. También por la represión de las fuerzas policiales y militares, durante su gestión, así como por hechos de corrupción en los que se ha visto envuelta. Según el medio Bolivia TV del Pueblo, en noticia verificada, la “senadora demócrata Warren de EE.UU denunció con documentos y pruebas que una lujosa mansión cotizada en $u$ 28.3 millones apareció en agosto a nombre de Carolina Ribera Añez, quien es hija de la presidente interina Jeanine Añez”, cuestionando que esa compra pudo ser con dinero desviado de Bolivia.
  9. Y para no hacer la lista más larga: Cometió nepotismo: trató de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos; para su propio beneficio y obtener favores.
  10. Perpetró persecución contra grupos sociales, contra la prensa extranjera, partidos políticos, medios de comunicación, entre otros, contrarios a su gestión.
  11. Se develó una lista con nombres de los militares bolivianos en servicio activo y pasivo adictos al Gobierno golpista de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de situaciones de extrema violencia para impedir que se realizaran las elecciones en Bolivia. Estos escenarios de violencia se registrarán antes, durante y después de las elecciones. Incluso, violación de DDHH.

El Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala, Ollantay Itzamná, señala además que los delitos que se le imputan a Añez, y a sus cuatro ex ministros, son: terrorismo, sedición y conspiración. Pero, estos no son todos los delitos, ni están todos los y las que cometieron estos delitos de lesa humanidad.

La pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto. Pero, esta máxima pena, por la magnitud de los delitos cometidos por la usurpadora, motivados por el odio a la identidad indígena (confeso) es insignificante.

Añade además, no es venganza, es justicia mínima. Quienes asumen que la justicia por las masacres de Senkata y Huayllani es venganza, externalizan sus profundas convicciones que las y los indígenas en Bolivia y Abya Yala no somos seres humanos. Muchos menos nos consideran sujetos del derecho a la justicia.

¿Qué nos queda? ¡Hacer justicia! Por justicia debemos sacar, expulsar a todos los y las golpistas de Bolivia, devolver a los pueblos los bienes y patrimonios mal habidos que éstos acumularon.

Finalmente, lanza una propuesta fuerte: las y los golpistas, incluyendo sus comunicadores, sus religiosos, sus ONG, quieren conocer lo que es venganza, pues, debemos mostrarles lo que por justicia aritmética les corresponde. No sólo cárcel. Les corresponde el destierro, si no quieren morir en la cárcel.

El sólo hecho de tratar de esconderse en una caja y/o debajo de su cama, evidencia que ella sabe de sus tracalerías y que puede ser encausada por sus delitos y casos de corrupción.

Hoy, la Organización de Estados Americanos OEA, sale en defensa de Añez, tratando de imponer una Comisión Internacional, que investigue su gestión de gobierno, de paso incluyen a Evo Morales, “sin tener velas en ese entierro”.

Ayer, mediante un entramando conformado por hordas fascistas, sectores de la policía y de los militares, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, los medios hegemónicos de comunicación, la Unión Europea (UE), las agencias de inteligencia de Estados Unidos (principalmente la Agencia Central de Inteligencia, CIA) y algunos gobiernos regionales (entre ellos, el argentino de Mauricio Macri y el brasilero de Jair Bolsonaro), en noviembre de 2019, concretaron el golpe de Estado a Evo Morales.

Como teólogo protestante, me da pena y pesar, las declaraciones de César Vidal, evangélico, abogado, periodista y escritor, nacido en España y nacionalizado norteamericano, de gran renombre entre los hispanos de EEUU y en América Latina: la detención de Jeanine Añez es un atentado a la libertad en Bolivia, “La actuación contra Añez y varios exministros, es un ejercicio despótico del poder que afecta a Bolivia y su democracia, y a todo Latinoamérica. La OEA y la Unión Europea deben reaccionar, no espero nada de Biden”.

Finalmente señalamos, Jeanine Áñez fue parte del golpe contra Evo Morales en Bolivia, de la represión que causó decenas de muertes, de las detenciones arbitrarias, de las proscripciones, de la persecución política y de los negociados que se hicieron a costa de la vida de los bolivianos (como la compra de respiradores con sobreprecio en medio de la pandemia. Respiradores que, además, nunca llegaron a Bolivia). Hoy la Justicia le empieza a pedir, que dé cuenta de todos sus crímenes.

Nota Última hora. En febrero pasado 2020, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz señaló a Áñez como responsable de estas masacres y recordó que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público, sin que esto generara responsabilidad penal. Dos semanas después, lo derogó.

El régimen de Añez adoptó políticas que buscaban echar por tierra todos los avances de Evo, algo que logró en solo 6 meses.

 

Imagen: http://latlibre.org/

Enviado por el autor.

Jeanine Áñez y los fascistas bolivianos deben responder por sus crímenes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“No temas Jeanine
No tengas miedo, Jeanine.
A vos no te van a golpear hasta hacerte pulpa la cara.
No te raparán la cabeza hasta hacerte sangrar el cuero cabelludo, con las manos atadas a la espalda.
No te arrastrarán por las calles, después de arrojarte pintura roja, para el escarnio y la diversión de tus enemigos.
No lo permitirían » las polleras «, esas cholas que tanto despreciaste y perseguiste.
No tengas miedo, Jeanine.
Fuiste detenida y encarcelada sin que tus derechos humanos fueran vulnerados.
Fuiste conducida a una cárcel de mujeres, con acceso a defensa legal, y ante los ojos del mundo, no humillada y aterrorizada por una jauría de machos rabiosos que te destrozaran y exhibieran tu miedo y tu dolor como un trofeo.
No tengas miedo Jeanine.
Aunque hayas renegado de ser » una coya» y te hayas declarado aria, rubia y superior a esas pieles morenas y a esos ojos antiguos a quienes mandaste a cazar, no tengas miedo.
Ellas, nosotras, no somos como vos.”
CECILIA SOLÁ.

A PROPÓSITO DE LA DETENCIÓN DE JANINE ÁÑEZ, LA EXDICTADORA, ORDENADA POR LA JUSTICIA ORDINARIA DE BOLIVIA.

Cuán flaca y débil es la memoria histórica, una afirmación reiterada que se escucha a menudo, ella nos conduce a evidenciar lo que resulta ser el meollo de todo un tema de gran importancia en la vida social y política de nuestros países, tanto que debería ser objeto de una reflexión y una discusión muy profundas. ¿será por eso que para muchas gentes del común –por así llamarlas- lo que no aparece en las pantallas, las ondas radiales o en las páginas de los medios de comunicación del régimen de la dictadura neoliberal no existe o no existió y punto?

¿Será entonces, que por esos motivos muchos (as) ni siquiera se enteraron de la inmensa tragedia vivida, durante casi un año, por las grandes mayorías populares de Bolivia, a raíz del golpe de estado llevado a cabo por Jeanine Áñez, Fernando Camacho, Carlos Mesa y otros políticos bolivianos, actuando como la cabeza de los sectores fascistas más radicales en extremo racistas de ese país, con la decisiva complicidad y el apoyo activo de algunos jefes militares y policiales amotinados que exigieron la renuncia del presidente Evo Morales, entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 (lo invitaron a dejar el gobierno y el país amenazándolo de muerte), cuando faltaban todavía más dos meses para cumplirse el período para el que había sido electo?

Estos fascistas llegaron al Palacio Quemado y a la Plaza Murillo de la capital boliviana, Biblia en mano y quemando o pisoteando la Whipala, el símbolo más sagrado y representativo de los pueblos originarios del Alto Perú, hoy República Plurinacional de Bolivia.

Por fortuna, hace un par de meses, el heroico pueblo boliviano ha revertido las cosas a costa de innumerables sacrificios, haciendo girar la rueda de la historia permitiendo así el regreso de la democracia.

Todo esto tuvo un alto precio, como fue la existencia de los 37 o 38 manifestantes muertos de Senkata, en la ciudad del Alto de La Paz, y en Sacaba en las proximidades de Cochabamba(en realidad llegaron a 40, porque algunos fallecieron en los hospitales), durante esos días, quienes actuaban en calidad de defensores del orden constitucional y del gobierno legítimo que estaba siendo derrocado fue entonces, y sigue siendo ignorada por los grandes medios de comunicación, de manera cínica (tienen esqueletos en el ropero y ni siquiera se ruborizan). Estos valerosos ciudadanos fueron víctimas de la represión militar lanzada por el régimen golpista de Jeanine Áñez, con el decisivo concurso de grupos paramilitares de choque de la ultraderecha, como los pititas y los cochalas motorizados de Cochabamba que cometieron innumerables atropellos en muchas partes del país, como sucedió con estos últimos, quienes torturaron a la alcaldesa de una pequeña ciudad de ese departamento: la rociaron de pintura roja, la raparon, la hicieron caminar descalza por un escabroso camino y a la orilla de un río le pusieron una pistola en la sien para que renegara de Evo y del MAS. Las cosas han cambiado y ella fue electa senadora por el departamento de Cochabamba en las elecciones generales del 18 de octubre, cuando los bolivianos lograron recuperar la democracia. No a la impunidad de estos fascistas y en extremo racistas de las bandas cochalas y pititas armadas y motorizadas. Todo esto configuró un escenario que provocó que al dolor de los familiares de las víctimas se uniera un profundo sentimiento de injusticia, provocado por la impunidad en la que permanecen los autores de esos hechos. Cuando los alteños, llevando a sus muertos, bajaron para manifestar su duelo y determinación de lucha en las calles de La Paz, se les disparó y se les arrojaron gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas represivas al servicio de Jeanine Áñez, lo que provocó que los ataúdes de las víctimas quedaron tirados en las calles, dentro de lo que fue un grotesco y cruel espectáculo, además de una infinita vejación.

Ha llegado la hora de que la señora Áñez, los cívicos de Santa Cruz, los cochalas motorizados de Cochabamba, los militares y policías golpistas amotinados, a quienes mediante un decreto la dictadora, que ahora se victimiza y encuentra eco en la derecha continental, exoneró de toda culpa si cometían excesos como ya los mencionados en la salvaje represión ejercida contra quienes se resistieron al golpe de estado, junto los actos corruptos y violentos de los personeros de su régimen dictatorial de opereta por los que deben responder, los que son muchos más que los aquí mencionados.

Es así como, podemos constatar que la derecha neofascista de este continente quedó desenmascarada ante los ojos de muchas personas desaprensivas. Esas gentes no son demócratas, en modo alguno, sí no ganan las elecciones entonces hay fraude, cuando esto sucede entonces dan golpes de estado en la modalidad soft para negarlo después (Áñez dice que ese hecho no ocurrió), de paso asesinan y torturan a ciudadanos de las mayorías populares, de por sí para ellos no son seres humanos, si acaso son indios, llamas, animales de carga…

Osvaldo “Chato” Peredo. «Volvimos a las montañas»

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo “Chato” Peredo es un médico de 80 años (Beni- Bolivia). Su vida está marcada por las luchas populares que sacudieron Bolivia en las últimas décadas. Los hermanos mayores del Chato (Antonio, Emma, Guido “Inti” y Roberto “Coco”) fundaron el Partido Comunista Boliviano (PCB) en Trinidad-Beni. Inti y Coco, además, formaron parte del grupo de combatientes que acompañaron al Che Guevara en su campaña boliviana. Coco murió en combate el 26 de septiembre de 1967, pocos días antes de que fusilaran al Che. Inti fue uno de los sobrevivientes de esa experiencia, pero fue asesinado años más tarde cuando trataba de organizar un nuevo foco guerrillero en las montañas de Teoponte.
La vida militante de Osvaldo Peredo comenzó cuando tenía 13 años. “De niño me decían que no podía participar” dice el Chato, y cuenta que su primera tarea en la juventud comunista fue organizar a los hijos de los compañeros que militaban en el Partido. Su hermano Inti alcanzó un nivel de dirección muy alto en el PCB cuando apenas tenía 24 años. Junto a Coco, Inti participó en acciones de apoyo a grupos rebeldes de Argentina y Perú. Las relaciones que el PCB mantenía con Cuba le permitieron a Inti conocer al Che, quien luego de su regreso desde el Congo (y tras un tiempo en Europa) decidió emprender una campaña en Bolivia. Osvaldo estaba en Moscú cuando sus hermanos preparaban la incursión en Ñancahuasú y quiso sumarse a ellos, pero le asignaron otra tarea: “debía organizar un grupo de estudiantes bolivianos que se incorporarían a la guerrilla más tarde”, recuerda el Chato.
En las montañas de Teoponte
La muerte del Che significó un golpe muy duro para el movimiento de liberación boliviano. Sin embargo, para quienes combatieron con él y lograron salvar su vida, la vía de lucha no estaba agotada. Inti Peredo pudo huir del cerco militar que hirió y tomó prisionero al Che en la Quebrada del Churo, junto a los combatientes cubanos Harry Villegas, Dariel Alarcón Ramírez y Leonardo Tamayo Nuñez y el boliviano David Adriazola Velzaga. Los cubanos lograron huir y llegar a Cuba, por Chile con la ayuda del entonces senador Salvador Allende, y los bolivianos se quedaron clandestinos en La Paz. Como responsable del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) que comenzaba a reagruparse, Inti lanzó la proclama de “volver a las montañas” con la que intentaría reavivar la llama guevarista en Teoponte, al norte del país. Pero muere asesinado por fuerzas militares en La Paz a fines del ‘69. El Chato fue entonces quien tomó la posta y decidió continuar el camino emprendido por sus hermanos. Tres años después de la muerte del Che Guevara lideró un grupo rebelde que se internó en las montañas de Teoponte, 300 km al norte de La Paz, con los mismos objetivos. Esta experiencia revolucionaria no tuvo mejor suerte que la expedición iniciada por el Che en Ñancahuasú. Sin embargo, Peredo sostiene que, a pesar de la derrota militar, Teoponte permitió “la ruptura del pacto militar campesino y dio pie a la organización del primer sindicato de campesinos libres” de Bolivia.
De los 67 hombres que se internaron en el Alto Beni, solo nueve salvaron su vida, el resto fueron fusilados. La acción insurgente de Teoponte fue resultado de la persistencia del ideal de revolución latinoamericana del Che y del ELN creado por él. En el gobierno de Evo Morales se logró exhumar y entregar los restos de algunos de los caídos en Teoponte a sus familias. De este modo se empezó a recuperar una parte silenciada de la historia reciente de Bolivia.
Con Evo desde el comienzo
El Chato conoció al actual presidente boliviano en el mismo lugar donde el Che pasó a la eternidad: La Higuera. Hasta allí había llegado Evo Morales, luego de participar del 1º Encuentro Mundial Ernesto Che Guevara en Vallegrande, en el 30 aniversario de su muerte. «Fue el primer puntapié para la convergencia de la izquierda” asegura Osvaldo, uno de los organizadores de esa jornada. Desde entonces no se separó del líder cocalero y participó activamente del proceso que lo llevó al poder en 2005. Como integrante del MAS, colaboró en una ardua construcción política. El Chato relata una anécdota que da cuenta de lo difícil que fue para Evo el camino a la presidencia. Hacia 1998, aunque había logrado reunir 70.000 adhesiones para inscribir su fuerza política y participar de elecciones, no pudo hacerlo porque “solamente tenían carné de identidad 5.000”. Esto, recuerda el Chato, era resultado “de un sistema político que negaba en los hechos la ciudadanía a la inmensa mayoría campesina e indígena”. Años más tarde, el MÁS logró su inscripción y obtuvo el segundo lugar en las elecciones del 2002.
Hoy martes 12 de enero de 2020 Osvaldo ‘Chato’ Peredo ha fallecido en su domicilio en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia.
Hasta siempre Comandante Chato Peredo.

Imagen tomada de Radio Luis de Fuentes.

 

Compartido con SURCOS por Trino Barrantes.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

24/11 Jornada por la libertad de Facundo Molares

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado. Desde la coordinadora en solidaridad con Facundo Molares, familiares, amigxs y organizaciones solidarias, se convoca a participar a todas las personas posibles, desde los espacios y lugares propios, a realizar cualquier tipo de actividad que permita de alguna manera poder visibilizar el caso de Facundo Molares, periodista argentino preso en Bolivia desde hace un año aproximadamente.

Se difunde el mensaje expuesto por su padre, quien relata el grave peligro que corre la salud de Molares, debido a una deficiencia renal y la falta de atención médica, este se encuentra en una prisión de máxima seguridad de Chonchoro, Bolivia. Se recalca el peligro que Facundo Molares corre, debido a la pandemia por Covid-19 y los padecimientos que sufre en este momento. La consigna de este movimiento exige su inmediata atención e internación en una institución médica acorde a su necesidad, para poder resguardar su integridad física.

Por último, organizaciones y personas firman una petición que la podés solicitar al correo: solidaridadconfacundo@gmail.com en la que se exige al gobierno de la República Argentina y al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que actúen de forma inmediata para liberar y repatriar al fotoperiodista.

¡Libertad y Repatriación de Facundo Molares YA!
¡Justicia para Sebastián Moro!
¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs!
¡Juicio y castigo a todxs lxs autorxs de la dictadura en Bolivia!

 

Información compartida con SURCOS por Mario Cabrera Burgos

Justicia a quienes trabajan en la comunicación comprometida

Escrito en . Publicado en Derechos.

Página 12 de Argentina publicó un video sobre la muerte del periodista Sebastián Moro, «causada por el golpe de Estado en Bolivia». Le invitamos a conocer el caso en esta video de cinco minutos.

Justicia por Sebastián Moro

Imagen de portada tomada de https://la100.cienradios.com/

Compartido con SURCOS por Mario Cabrera Burgos.

Bolivia, el Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, Corrupto y Próximo a ser Juzgado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.

Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.

Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.

Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.

Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.

Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico

Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.

El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.

Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.

Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.

La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».

Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.

A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.

Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.

Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.

Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.

No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.

Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.

Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.

Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.

Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/

México denuncia en OEA que Almagro tiene afán de intervenir en asuntos de los estados

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En una exposición de nueve minutos, Maximiliano Reyes representante de México en la OEA denuncia que Luis Almagro, secretario general de la organización, tiene afán de intervenir en asuntos internos de los estados miembros. Cita el caso de Bolivia y señala que el funcionario excede constantemente sus atribuciones administrativas.

 

Información compartida con SURCOS por Mario Devandas.

Declaración del Comité Directivo de CLACSO – Bolivia retoma la senda democrática

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21 de octubre, 2020

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) felicita al pueblo boliviano por su contundente apoyo al retorno a la senda de la democracia y del pleno respeto a la Constitución con su voto del domingo 18 de octubre de 2020.

El 11 de noviembre 2019 CLACSO se sumó a los muchos que denunciamos sin equívoco el golpe de Estado e hizo “un llamado a preservar la vida de las bolivianas y los bolivianos, a que cesen los ataques y las persecuciones y a que se encuentre una solución pacífica y dialogada que, aunque sea trabajosa, se base en la voluntad de la mayoría del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y de sus legítimas instituciones”.

A Bolivia le espera un difícil camino de reconstrucción. Para ello cuenta con el amplio apoyo popular expresado en las urnas y con la solidaridad de quienes luchamos por la democracia y la justicia en América Latina, el Caribe y el mundo. Así se podrán superar los 11 meses de abusos y de políticas económicas a espaldas de los intereses de las bolivianas y de los bolivianos que hoy lograron que sus voces y voluntades se respeten.

Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: elección de Bolivia, Cuba y México

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Nicolas Boeglin (*)

El pasado 13 de octubre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se procedió a elecciones para renovar varias vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Para el período 2021-2023, fueron un total de 15 Estados los que resultaron electos como nuevos integrantes de la máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos en breve

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano que fue creado en el 2006, adscrito a la Asamblea General de Naciones Unidas (véase sitio oficial). Está compuesto por 47 Estados miembros, con ocho puestos otorgados a la región de América Latina y del Caribe.

Anterior a él, existía la Comisión de Derechos Humanos constituida por 53 Estados Miembros, la cual permaneció desde su creación por el Consejo Económico y Social en 1947 hasta su disolución formal (en marzo del 2006) como el principal órgano de discusión y debate en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas.

En ambos casos (tanto la Comisión como el Consejo), se está en presencia de un órgano de carácter intergubernamental – y por ende político – en el que participan de manera exclusiva los Estados, con un extenso programa de trabajo en los más diversos tópicos sobre los cuales es llevado a pronunciarse (véase, a modo de ejemplo, el último informe del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de Naciones Unidas, correspondiente al período diciembre 2019-julio 2020).

Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014 a la hora de crear el Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en junio del 2015

El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa y secreta realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización. Como dato de interés, en mayo del 2018, Estados Unidos optó por no seguir siendo integrante de esta instancia de Naciones Unidas (Nota 1).

El resultado de las elecciones del 2020 en el seno del Consejo de Derechos Humanos

Por parte de América Latina y del Caribe, con tres vacantes liberadas al llegar al término de su mandato Chile, Perú y México, fueron electos el 13 de octubre del 2020 los tres Estados que postularon su candidatura, a saber: Bolivia (con 172 votos a favor), Cuba (170 votos), al tiempo que México fue reelecto con 175 votos (véase nota oficial y video oficial de Naciones Unidas con recuento de los votos registrados).

Es de notar que la nota verbal de Bolivia postulando su candidatura fue enviada a Naciones Unidas el 1ero de junio del 2020 (véase texto completo), a diferencia de Cuba, que lo había hecho desde el mes de enero del 2020 (véase texto completo).

Por parte de Europa del Oeste fueron electos Francia (con 167 votos a favor) y Reino Unido (165), así como, por parte de Europa Oriental, Ucrania (166) y Rusia (158); al tiempo que fueron electos por, África, Costa de Marfil (con 182 votos), Gabón (176), Malawi (180) y Senegal (este último reunió una cifra raramente alcanzada de 188 votos a su favor), mientras que Marruecos obtuvo una marca raramente obtenida: un único voto a su favor.

El otro grupo regional en el que se presentaron más postulaciones que escaños disponibles fue el grupo de Asia y del Pacífico, donde fueron electos China (139 votos a favor), Nepal (150), Pakistán (169) y Uzbekistán (169), quedando fuera Arabia Saudita (con tan solo 90 votos a favor reunidos).

El distanciamiento de Costa Rica con el Consejo de Derechos Humanos

Habíamos tenido la oportunidad de analizar la súbita candidatura presentada por Costa Rica a inicios del mes de octubre del 2019 (anunciada mediante … un tweet presidencial enviado de madrugada) para evitar que Venezuela fuera electa (Nota 2). Pese a la maniobra costarricense, quedaron finalmente electos en octubre del 2019 Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 votos a favor, mientras que la repentina candidatura de Costa Rica reunió 96 apoyos, (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas del 17/10/2019). Cabe precisar que la nota diplomática de postulación de Costa Rica detallando sus compromisos en materia de derechos humanos (véase texto integral) fue circulada el 10 de octubre del 2019, tratándose posiblemente de la postulación más tardía presentada para una elección de esta naturaleza (a menos de siete días de la votación).

Otra ocasión en la que Costa Rica tampoco logró ser electa fue en el mes de octubre del 2014, siendo electos Bolivia (con 144 votos), El Salvador (151) así como Paraguay (139), mientras que Costa Rica no logró obtener más que 120 votos (remitimos a nuestros estimables lectores a la breve nota que publicamos en el sitio jurídico argentino de DIPúblico sobre esta elección del 2014, y disponible aquí): esta vez, la nota diplomática de Costa Rica fue circulada desde el mes de marzo del 2014 (véase texto integral).

Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136 votos, quedando fuera de la contienda Nicaragua con apenas 90 votos reunidos.

Es de notar que en mayo del 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez (sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos), los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos). Remitimos a nuestros lectores, para mayores detalles sobre este episodio pocamente divulgado en América Latina, a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.

A modo de conclusión

A partir del 1ero de enero del 2021, la región de América Latina y del Caribe se presentará en el Consejo de Derechos Humanos con los siguientes ocho integrantes: Argentina, Brasil, Cuba, Bahamas, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela.

A la ya tradicional ausencia de Colombia, pareciera sumarse ahora la de los Estados centroamericanos, constituyéndose en una llamativa tendencia, mientras la cifra alcanzada por México (175 votos) viene a reafirmar la notable labor desplegada por su aparato diplomático en este 2020 (Nota 3): la elevada marca registrada por Bahamas al ser electa en el 2018 así como por Perú en el 2017 (180 votos) persiste como la más alta alcanzada por un Estado de la región.

Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que ha optado por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender a todo observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que ha beneficiado Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) sugerida a sus actuales autoridades.

Para el 2021, serán nuevamente tres las vacantes de la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, al concluir su mandato Argentina, Bahamas y Uruguay; serán dos en el 2022 al concluirse los de Brasil y de Venezuela.

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

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Nota 1: Sobre esta insólita decisión, directamente relacionada a la incondicional alianza existente entre Estados Unidos e Israel, remitimos a nuestros lectores a la siguiente nota nuestra: BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«, publicada en Monitor de Oriente (MEMO), edición del 26/06/2018, disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N.,»El anuncio de la reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes«, publicada en el sitio de Derechoaldía, edición del 8/10/2019, disponible aquí.

Nota 3: A estos 175 votos obtenidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos, hay que señalar que en junio del 2020, México logró el respaldo de 187 Estados para ser electo Miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de 180 para integrar el Consejo Económico y Social – ECOSOC (véase resultados de elecciones disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas).

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Compilación de datos de interés: resultados de las últimas ocho elecciones de los Estados de América Latina y del Caribe en el Consejo de Derechos Humanos (el número refiere al número de votos obtenidos):

2020: Bolivia (172), Cuba (170) y México (175)
2019: Brasil (153) y Venezuela (105) – Costa Rica (96, no electo)
2018: Argentina (172), Bahamas (180) y Uruguay (177)
2017: Chile (175), México (179) y Perú (180)
2016: Brasil (137) y Cuba (160) – Guatemala (82, no electo)
2015: Ecuador (152), Panama (157) y Venezuela (131) – Bahamas (113, no electo)
2014: Bolivia (144), El Salvador (151) y Paraguay (139) – Costa Rica (120, no electo)
2013: Cuba (148) y México (135)

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

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