Ir al contenido principal

Etiqueta: Bolivia

Osvaldo “Chato” Peredo. «Volvimos a las montañas»

Osvaldo “Chato” Peredo es un médico de 80 años (Beni- Bolivia). Su vida está marcada por las luchas populares que sacudieron Bolivia en las últimas décadas. Los hermanos mayores del Chato (Antonio, Emma, Guido “Inti” y Roberto “Coco”) fundaron el Partido Comunista Boliviano (PCB) en Trinidad-Beni. Inti y Coco, además, formaron parte del grupo de combatientes que acompañaron al Che Guevara en su campaña boliviana. Coco murió en combate el 26 de septiembre de 1967, pocos días antes de que fusilaran al Che. Inti fue uno de los sobrevivientes de esa experiencia, pero fue asesinado años más tarde cuando trataba de organizar un nuevo foco guerrillero en las montañas de Teoponte.
La vida militante de Osvaldo Peredo comenzó cuando tenía 13 años. “De niño me decían que no podía participar” dice el Chato, y cuenta que su primera tarea en la juventud comunista fue organizar a los hijos de los compañeros que militaban en el Partido. Su hermano Inti alcanzó un nivel de dirección muy alto en el PCB cuando apenas tenía 24 años. Junto a Coco, Inti participó en acciones de apoyo a grupos rebeldes de Argentina y Perú. Las relaciones que el PCB mantenía con Cuba le permitieron a Inti conocer al Che, quien luego de su regreso desde el Congo (y tras un tiempo en Europa) decidió emprender una campaña en Bolivia. Osvaldo estaba en Moscú cuando sus hermanos preparaban la incursión en Ñancahuasú y quiso sumarse a ellos, pero le asignaron otra tarea: “debía organizar un grupo de estudiantes bolivianos que se incorporarían a la guerrilla más tarde”, recuerda el Chato.
En las montañas de Teoponte
La muerte del Che significó un golpe muy duro para el movimiento de liberación boliviano. Sin embargo, para quienes combatieron con él y lograron salvar su vida, la vía de lucha no estaba agotada. Inti Peredo pudo huir del cerco militar que hirió y tomó prisionero al Che en la Quebrada del Churo, junto a los combatientes cubanos Harry Villegas, Dariel Alarcón Ramírez y Leonardo Tamayo Nuñez y el boliviano David Adriazola Velzaga. Los cubanos lograron huir y llegar a Cuba, por Chile con la ayuda del entonces senador Salvador Allende, y los bolivianos se quedaron clandestinos en La Paz. Como responsable del Ejército de Liberación Nacional (E.L.N.) que comenzaba a reagruparse, Inti lanzó la proclama de “volver a las montañas” con la que intentaría reavivar la llama guevarista en Teoponte, al norte del país. Pero muere asesinado por fuerzas militares en La Paz a fines del ‘69. El Chato fue entonces quien tomó la posta y decidió continuar el camino emprendido por sus hermanos. Tres años después de la muerte del Che Guevara lideró un grupo rebelde que se internó en las montañas de Teoponte, 300 km al norte de La Paz, con los mismos objetivos. Esta experiencia revolucionaria no tuvo mejor suerte que la expedición iniciada por el Che en Ñancahuasú. Sin embargo, Peredo sostiene que, a pesar de la derrota militar, Teoponte permitió “la ruptura del pacto militar campesino y dio pie a la organización del primer sindicato de campesinos libres” de Bolivia.
De los 67 hombres que se internaron en el Alto Beni, solo nueve salvaron su vida, el resto fueron fusilados. La acción insurgente de Teoponte fue resultado de la persistencia del ideal de revolución latinoamericana del Che y del ELN creado por él. En el gobierno de Evo Morales se logró exhumar y entregar los restos de algunos de los caídos en Teoponte a sus familias. De este modo se empezó a recuperar una parte silenciada de la historia reciente de Bolivia.
Con Evo desde el comienzo
El Chato conoció al actual presidente boliviano en el mismo lugar donde el Che pasó a la eternidad: La Higuera. Hasta allí había llegado Evo Morales, luego de participar del 1º Encuentro Mundial Ernesto Che Guevara en Vallegrande, en el 30 aniversario de su muerte. «Fue el primer puntapié para la convergencia de la izquierda” asegura Osvaldo, uno de los organizadores de esa jornada. Desde entonces no se separó del líder cocalero y participó activamente del proceso que lo llevó al poder en 2005. Como integrante del MAS, colaboró en una ardua construcción política. El Chato relata una anécdota que da cuenta de lo difícil que fue para Evo el camino a la presidencia. Hacia 1998, aunque había logrado reunir 70.000 adhesiones para inscribir su fuerza política y participar de elecciones, no pudo hacerlo porque “solamente tenían carné de identidad 5.000”. Esto, recuerda el Chato, era resultado “de un sistema político que negaba en los hechos la ciudadanía a la inmensa mayoría campesina e indígena”. Años más tarde, el MÁS logró su inscripción y obtuvo el segundo lugar en las elecciones del 2002.
Hoy martes 12 de enero de 2020 Osvaldo ‘Chato’ Peredo ha fallecido en su domicilio en la ciudad de Santa Cruz – Bolivia.
Hasta siempre Comandante Chato Peredo.

Imagen tomada de Radio Luis de Fuentes.

 

Compartido con SURCOS por Trino Barrantes.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

24/11 Jornada por la libertad de Facundo Molares

Comunicado. Desde la coordinadora en solidaridad con Facundo Molares, familiares, amigxs y organizaciones solidarias, se convoca a participar a todas las personas posibles, desde los espacios y lugares propios, a realizar cualquier tipo de actividad que permita de alguna manera poder visibilizar el caso de Facundo Molares, periodista argentino preso en Bolivia desde hace un año aproximadamente.

Se difunde el mensaje expuesto por su padre, quien relata el grave peligro que corre la salud de Molares, debido a una deficiencia renal y la falta de atención médica, este se encuentra en una prisión de máxima seguridad de Chonchoro, Bolivia. Se recalca el peligro que Facundo Molares corre, debido a la pandemia por Covid-19 y los padecimientos que sufre en este momento. La consigna de este movimiento exige su inmediata atención e internación en una institución médica acorde a su necesidad, para poder resguardar su integridad física.

Por último, organizaciones y personas firman una petición que la podés solicitar al correo: solidaridadconfacundo@gmail.com en la que se exige al gobierno de la República Argentina y al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia que actúen de forma inmediata para liberar y repatriar al fotoperiodista.

¡Libertad y Repatriación de Facundo Molares YA!
¡Justicia para Sebastián Moro!
¡Libertad a todxs lxs presxs políticxs!
¡Juicio y castigo a todxs lxs autorxs de la dictadura en Bolivia!

 

Información compartida con SURCOS por Mario Cabrera Burgos

Justicia a quienes trabajan en la comunicación comprometida

Página 12 de Argentina publicó un video sobre la muerte del periodista Sebastián Moro, «causada por el golpe de Estado en Bolivia». Le invitamos a conocer el caso en esta video de cinco minutos.

Justicia por Sebastián Moro

Imagen de portada tomada de https://la100.cienradios.com/

Compartido con SURCOS por Mario Cabrera Burgos.

Bolivia, el Macho Camacho: Golpista, Fanático Religioso, Violento, Corrupto y Próximo a ser Juzgado

Lic. José A. Amesty R.

Luego de la innegable y contundente victoria del MAS en Bolivia, y sus candidatos Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con el 55% de los sufragios a su favor, la oposición radical liderada por Luis Fernando Camacho, cual “pataleo de ahogados”, recurre a su vieja y anterior practica de golpista, no reconociendo la constitucionalidad de las elecciones en Bolivia, y desconociendo la transparencia del proceso electoral.

Además de llamar al viejo y recurrente paro cívico en Santa Cruz de la Sierra, ha declarado: “Lo que hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer ahora”.

Mediante un decreto de la autoproclamada Jeanine Añez, que ordena una auditoria de los comicios, el “macho” Camacho, pretende evitar la posesión de la dupla Arce-Choquehuanca ganadores de las elecciones.

Ha arengado a sus seguidores en el paro cívico, con su tradicional referencia a “luchando con fe en Dios” y su repetitivo slogan de “queremos vivir en un país libre, en un país en el que se respete la pluralidad y la democracia”.

Más adelante agregaría: “Bolivia será la esperanza de toda América Latina, terminó el comunismo, tendremos libertad y democracia”, dijo el hombre que afirma querer luchar contra la izquierda en todo el continente. “Los bolivianos reanudaremos la lucha para restaurar la dignidad de Venezuela, así como a todos los países que han sido humillados”.

Perfil del excandidato Presidencial y exlíder Cívico

Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido mencionado por Evo Morales, en varios de sus pronunciamientos como culpable, junto con Carlos Mesa, de lo que Morales denomina el golpe de Estado, que resultó en su renuncia, el año pasado 2019.

El líder cívico, en ese momento, ya había pedido no solo la renuncia del presidente, sino también de los parlamentarios y máximas autoridades judiciales, para dar paso a un gobierno transitorio, conformado por “notables” que llamen a nuevas elecciones. “No tumbamos gobiernos, liberamos un pueblo en fe”.

Censurado de racista y ultraderechista, que utiliza formas que hacen recordar a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Considerado carismático, histriónico, conservador y verborrágico.

Es abogado, con maestría en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona-España, con 41 años de edad. En febrero del año pasado 2019, fue elegido presidente del Comité Pro-Santa Cruz, una organización cívica conformada por agrupaciones de empresarios de derecha y asociaciones “a favor de derechos sociales de esta ciudad”, la más rica y poblada de Bolivia, y bastión opositor al gobierno de Evo Morales, en ese momento.

La región produce el 70 % de los alimentos del país y tiene un enorme potencial energético e hidrocarburífero que, tras la nacionalización de Morales en 2016, está hoy en manos del Estado. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el PBI del Departamento de Santa Cruz representaba en 2016 al 28,9 % de la Economía total del país. «Santa Cruz representa un tercio del PBI».

Camacho, formó su liderazgo en el Comité Cívico Juvenil de Santa Cruz UJC, una organización de Derecha Radical, y en las “fraternidades”, y comparsas carnavaleras elitistas.

A su vez, la organización juvenil es una “especie de grupo paramilitar”, quien según la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que la ha denunciado, junto al Comité Cívico de Santa Cruz, por sus “discursos secesionistas, gremialistas y racistas”, que terminaron en ataques contra indígenas.

Los “cambas”, como se definen, La UJC, de la que Camacho fue vicepresidente, fue una organización clave en la escalada de la violencia en Santa Cruz y luego en el resto del país.

Según el portal Primera Línea, forma parte de la logia Los Caballeros del Oriente, una de las dos grandes logias influyentes en Santa Cruz. Además, el opositor es reconocido por justificar siempre, sus acciones, basado en Dios y la Biblia.

Según la visión de Camacho, la llegada de Morales a la presidencia, este sacó a Dios del gobierno, y con su gesto logró un objetivo que venía anunciando desde que comenzó su campaña para exigir la dimisión del mandatario hace algunas semanas: “devolver la Biblia al Palacio de Gobierno”.

No obstante, recordemos que, pese a sus constantes invocaciones a la religión, éstas contrastan con una retórica muchas veces violenta. Hablando de sus rivales políticos, Camacho dijo que lo que había que hacer, “salvando las diferencias, era sacar la agenda como lo hacía (el narcotraficante colombiano) Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor y odio, sino por justicia”.

Frente a ataques de partidarios suyos a seguidores de Morales, Camacho se negó a repudiar la violencia. Jamás ha pedido moderación, y no apoyó los pedidos de la OEA, para que haya una salida democrática a la crisis desatada en Bolivia. Organizaciones sociales y feministas lo han tildado de misógino.

De familia oriunda de Cochabamba, región central caracterizada por gente combativa, el líder, es además socio de una empresa familiar inmobiliaria y otra avícola. Las medidas de Camacho son acatadas masivamente en Santa Cruz, pero solo parcialmente en otras regiones como Cochabamba (centro), Tarija (sur) o Potosí.

Debajo de su fachada religiosa, como hemos señalado, se esconde un millonario ultracatólico, que afirma luchar “no con armas sino con Fe”.

Una parte no muy conocida de su vida revela que, según un informe elaborado por una Comisión Legislativa que investigó el asunto de, los Panamá Papers, a través de la creación de tres sociedades (Medis Overseas Corp., Navi International Holding y Positive Real Estates), Camacho habría operado como intermediario para “coadyuvar a personas y empresas a esconder sus fortunas en entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos”.

La última perla del “macho” Camacho, es que en el contexto del triunfo y la asunción de Luis Arce, se están dando alertas sobre planes golpistas de derecha boliviana, contra la victoria del MAS, y según informaciones comprobadas detrás está Luis Fernando Camacho. Prueba de ello, es el reciente atentado con dinamita contra Arce en la Paz.

Finalmente, las posturas antidemocráticas de estos grupos, incluido Camacho, son el temor a la justicia, porque todo “macho” es cobarde.

Imagen ilustrativa tomada de: https://www.france24.com/

México denuncia en OEA que Almagro tiene afán de intervenir en asuntos de los estados

En una exposición de nueve minutos, Maximiliano Reyes representante de México en la OEA denuncia que Luis Almagro, secretario general de la organización, tiene afán de intervenir en asuntos internos de los estados miembros. Cita el caso de Bolivia y señala que el funcionario excede constantemente sus atribuciones administrativas.

 

Información compartida con SURCOS por Mario Devandas.

Declaración del Comité Directivo de CLACSO – Bolivia retoma la senda democrática

21 de octubre, 2020

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) felicita al pueblo boliviano por su contundente apoyo al retorno a la senda de la democracia y del pleno respeto a la Constitución con su voto del domingo 18 de octubre de 2020.

El 11 de noviembre 2019 CLACSO se sumó a los muchos que denunciamos sin equívoco el golpe de Estado e hizo “un llamado a preservar la vida de las bolivianas y los bolivianos, a que cesen los ataques y las persecuciones y a que se encuentre una solución pacífica y dialogada que, aunque sea trabajosa, se base en la voluntad de la mayoría del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y de sus legítimas instituciones”.

A Bolivia le espera un difícil camino de reconstrucción. Para ello cuenta con el amplio apoyo popular expresado en las urnas y con la solidaridad de quienes luchamos por la democracia y la justicia en América Latina, el Caribe y el mundo. Así se podrán superar los 11 meses de abusos y de políticas económicas a espaldas de los intereses de las bolivianas y de los bolivianos que hoy lograron que sus voces y voluntades se respeten.

Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: elección de Bolivia, Cuba y México

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 13 de octubre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se procedió a elecciones para renovar varias vacantes en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Para el período 2021-2023, fueron un total de 15 Estados los que resultaron electos como nuevos integrantes de la máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.

El Consejo de Derechos Humanos en breve

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano que fue creado en el 2006, adscrito a la Asamblea General de Naciones Unidas (véase sitio oficial). Está compuesto por 47 Estados miembros, con ocho puestos otorgados a la región de América Latina y del Caribe.

Anterior a él, existía la Comisión de Derechos Humanos constituida por 53 Estados Miembros, la cual permaneció desde su creación por el Consejo Económico y Social en 1947 hasta su disolución formal (en marzo del 2006) como el principal órgano de discusión y debate en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas.

En ambos casos (tanto la Comisión como el Consejo), se está en presencia de un órgano de carácter intergubernamental – y por ende político – en el que participan de manera exclusiva los Estados, con un extenso programa de trabajo en los más diversos tópicos sobre los cuales es llevado a pronunciarse (véase, a modo de ejemplo, el último informe del Consejo de Derechos Humanos a la Asamblea General de Naciones Unidas, correspondiente al período diciembre 2019-julio 2020).

Tablero de la votación acaecida el 23 de julio del 2014 a la hora de crear el Consejo de Derechos Humanos una comisión de investigación sobre las exacciones israelíes cometidas en Gaza en julio del 2014 y cuyo informe final se presentó en junio del 2015

El Consejo de Derechos Humanos se renueva de manera parcial cada año, con ocasión de una votación directa y secreta realizada en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que participan los 193 Estados Miembros de la organización. Como dato de interés, en mayo del 2018, Estados Unidos optó por no seguir siendo integrante de esta instancia de Naciones Unidas (Nota 1).

El resultado de las elecciones del 2020 en el seno del Consejo de Derechos Humanos

Por parte de América Latina y del Caribe, con tres vacantes liberadas al llegar al término de su mandato Chile, Perú y México, fueron electos el 13 de octubre del 2020 los tres Estados que postularon su candidatura, a saber: Bolivia (con 172 votos a favor), Cuba (170 votos), al tiempo que México fue reelecto con 175 votos (véase nota oficial y video oficial de Naciones Unidas con recuento de los votos registrados).

Es de notar que la nota verbal de Bolivia postulando su candidatura fue enviada a Naciones Unidas el 1ero de junio del 2020 (véase texto completo), a diferencia de Cuba, que lo había hecho desde el mes de enero del 2020 (véase texto completo).

Por parte de Europa del Oeste fueron electos Francia (con 167 votos a favor) y Reino Unido (165), así como, por parte de Europa Oriental, Ucrania (166) y Rusia (158); al tiempo que fueron electos por, África, Costa de Marfil (con 182 votos), Gabón (176), Malawi (180) y Senegal (este último reunió una cifra raramente alcanzada de 188 votos a su favor), mientras que Marruecos obtuvo una marca raramente obtenida: un único voto a su favor.

El otro grupo regional en el que se presentaron más postulaciones que escaños disponibles fue el grupo de Asia y del Pacífico, donde fueron electos China (139 votos a favor), Nepal (150), Pakistán (169) y Uzbekistán (169), quedando fuera Arabia Saudita (con tan solo 90 votos a favor reunidos).

El distanciamiento de Costa Rica con el Consejo de Derechos Humanos

Habíamos tenido la oportunidad de analizar la súbita candidatura presentada por Costa Rica a inicios del mes de octubre del 2019 (anunciada mediante … un tweet presidencial enviado de madrugada) para evitar que Venezuela fuera electa (Nota 2). Pese a la maniobra costarricense, quedaron finalmente electos en octubre del 2019 Brasil con 153 votos y Venezuela con 105 votos a favor, mientras que la repentina candidatura de Costa Rica reunió 96 apoyos, (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas del 17/10/2019). Cabe precisar que la nota diplomática de postulación de Costa Rica detallando sus compromisos en materia de derechos humanos (véase texto integral) fue circulada el 10 de octubre del 2019, tratándose posiblemente de la postulación más tardía presentada para una elección de esta naturaleza (a menos de siete días de la votación).

Otra ocasión en la que Costa Rica tampoco logró ser electa fue en el mes de octubre del 2014, siendo electos Bolivia (con 144 votos), El Salvador (151) así como Paraguay (139), mientras que Costa Rica no logró obtener más que 120 votos (remitimos a nuestros estimables lectores a la breve nota que publicamos en el sitio jurídico argentino de DIPúblico sobre esta elección del 2014, y disponible aquí): esta vez, la nota diplomática de Costa Rica fue circulada desde el mes de marzo del 2014 (véase texto integral).

Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136 votos, quedando fuera de la contienda Nicaragua con apenas 90 votos reunidos.

Es de notar que en mayo del 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez (sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos), los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos). Remitimos a nuestros lectores, para mayores detalles sobre este episodio pocamente divulgado en América Latina, a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.

A modo de conclusión

A partir del 1ero de enero del 2021, la región de América Latina y del Caribe se presentará en el Consejo de Derechos Humanos con los siguientes ocho integrantes: Argentina, Brasil, Cuba, Bahamas, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela.

A la ya tradicional ausencia de Colombia, pareciera sumarse ahora la de los Estados centroamericanos, constituyéndose en una llamativa tendencia, mientras la cifra alcanzada por México (175 votos) viene a reafirmar la notable labor desplegada por su aparato diplomático en este 2020 (Nota 3): la elevada marca registrada por Bahamas al ser electa en el 2018 así como por Perú en el 2017 (180 votos) persiste como la más alta alcanzada por un Estado de la región.

Con relación a Costa Rica, después del verdadero traspié que significó su no elección en el 2014, pareciera que ha optado por varios años por no postular su candidatura para integrar la máxima instancia en materia de derechos humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender a todo observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que ha beneficiado Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos. El tardío interés que manifestó unas pocas semanas antes de la realización del voto en octubre del 2019 parece haber obedecido a una iniciativa (bastante peculiar) sugerida a sus actuales autoridades.

Para el 2021, serán nuevamente tres las vacantes de la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, al concluir su mandato Argentina, Bahamas y Uruguay; serán dos en el 2022 al concluirse los de Brasil y de Venezuela.

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

—-

Nota 1: Sobre esta insólita decisión, directamente relacionada a la incondicional alianza existente entre Estados Unidos e Israel, remitimos a nuestros lectores a la siguiente nota nuestra: BOEGLIN N., «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«, publicada en Monitor de Oriente (MEMO), edición del 26/06/2018, disponible aquí.

Nota 2: Véase BOEGLIN N.El anuncio de la reciente candidatura de Costa Rica al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: breves apuntes«, publicada en el sitio de Derechoaldía, edición del 8/10/2019, disponible aquí.

Nota 3: A estos 175 votos obtenidos para integrar el Consejo de Derechos Humanos, hay que señalar que en junio del 2020, México logró el respaldo de 187 Estados para ser electo Miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de 180 para integrar el Consejo Económico y Social – ECOSOC (véase resultados de elecciones disponibles en este enlace oficial de Naciones Unidas).

—-

Compilación de datos de interés: resultados de las últimas ocho elecciones de los Estados de América Latina y del Caribe en el Consejo de Derechos Humanos (el número refiere al número de votos obtenidos):

2020: Bolivia (172), Cuba (170) y México (175)
2019: Brasil (153) y Venezuela (105) – Costa Rica (96, no electo)
2018: Argentina (172), Bahamas (180) y Uruguay (177)
2017: Chile (175), México (179) y Perú (180)
2016: Brasil (137) y Cuba (160) – Guatemala (82, no electo)
2015: Ecuador (152), Panama (157) y Venezuela (131) – Bahamas (113, no electo)
2014: Bolivia (144), El Salvador (151) y Paraguay (139) – Costa Rica (120, no electo)
2013: Cuba (148) y México (135)

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Enviado por el autor.

Denuncia contra Luis Almagro y la misión de la OEA por provocar violaciones a los Derechos Humanos en Bolivia en elecciones de 2019

La Asociación de Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos Humanos y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante Michelle Bachelet, en su calidad de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La denuncia fue formulada en contra del Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, la Misión de Observadores Electorales de la OEA, encabezada por Manuel González, y los auditores y responsables de la suscripción de los Informes preliminares e Informe final de dicho organismo sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia por haber cometido acciones de intervencionismo contra la soberanía de Bolivia que aluden a un supuesto fraude electoral el cual no han podido probar.

La denuncia sintetiza ocho informes técnicos internacionales de varios centros estadísticos de universidades y periódicos de prestigio mundial entre los cuales resaltan los elaborados para el New York Times, el Washington Post, el MIT (Universidad de Massachussets) y el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) a lo que se suma la petición de congresistas estadounidenses para que se investiguen las acciones de la Secretaría General de la OEA. Los estudios desmienten contundentemente las acusaciones de fraude de la OEA en las elecciones del 2019 que llevaron al derrocamiento de un Gobierno Constitucional, la desestabilización de la democracia que concluyó en un Golpe de Estado, la muerte de 37 personas, más de 860 heridos, más de un millar de detenidos ilegalmente, la persecución policial y judicial con fines políticos y el exilio de cientos de dirigentes políticos y sociales.

Los denunciantes señalan: “La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, ha vulnerado abiertamente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y resoluciones generales de la OEA, transgrediendo el Derecho Internacional y la Soberanía nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Los actos de intervencionismo cometidos por la Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, han tenido consecuencias nefastas en Bolivia provocando un quebrantamiento del Estado; la desestabilización de la democracia, el flagelo a la población, uso irracional del poder y el desmantelamiento de la Constitución Política del Estado, llevando a un Golpe de Estado y a la instauración de un gobierno transitorio que comete sistemáticamente delitos contra la población.”

A tiempo de presentar la denuncia, los firmantes del documento solicitan al Alto Comisionado de Naciones Unidas que acoja estas graves denuncias contra la Secretaría General de la OEA por los delitos contra los derechos civiles, políticos y sociales al acusar de un presunto fraude, sin pruebas y con un sesgo marcadamente político. Exigen que la OEA, como un organismo intergubernamental, respete a las organizaciones políticas populares, a las instituciones nacionales, a la democracia y a la soberanía de los pueblos de uno de sus Estados Miembros, y de su gobierno constitucional.

Asimismo, piden al Alto Comisionado de Naciones Unidas que se forme un grupo de expertos para lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre los informes de la Secretaría General de la OEA y los graves hechos que han causado muerte, persecución, cárcel y exilio en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Buenos Aires, 15 de octubre de 2020

 

Imagen tomada de: https://www.voanoticias.com/

Carlos Mesa: avaro, corrupto, inepto y autócrata

El Último Presidente Neoliberal en la Historia de Bolivia

Lic. José A. Amesty R.

El próximo 18 de octubre 2020, son las elecciones presidenciales en Bolivia. El candidato opositor Carlos Mesa, al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos MAS- IPSP, fue presidente de Bolivia entre octubre de 2003 y mayo de 2005, por la Alianza de Derecha Comunidad Ciudadana, y apenas pudo mantenerse en el poder por un año y siete meses. Pasados 14 años desde que renunció, ahora, quiere una segunda oportunidad.

Al expresidente, en este momento, y quizás nunca, no le han movido razones democráticas, ya que de lo contrario no habría declarado y ratificado públicamente el pasado 18 de noviembre 2019, una frase que revela su interpretación autoritaria, violenta y señorial de la democracia: “reconocemos y apoyamos al gobierno de la presidenta Jeanine Añez”.

Considerando además que, para fungir de vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Losada en las elecciones nacionales de 2002, Carlos Mesa exigió un pago de alrededor de un millón de dólares, cabe preguntarse cuántos son, en 2020, los millones en juego en su afán de llegar a la silla presidencial. Realmente son 20 millones de dólares.

Para estas elecciones 2020, su reputación se mueve en medio de denuncias y reproches añejos, no solo del oficialismo, sino también de los sectores más radicales de la oposición boliviana, por presuntas ganancias ilícitas y corrupción.

Según algunos allegados a su perfil, desde joven simpatizó con las medidas neoliberales de ese entonces, como la privatización de las empresas bolivianas; se entusiasmó con el discurso reformista y modernizador, y por eso terminó sumándose al proyecto político del exitoso empresario minero y jefe del partido de mayor poder en Bolivia en ese entonces, Gonzalo Sánchez de Lozada; finalmente se enamoró de las medidas de ajuste estructural y estabilización económica con alto costo social. Se asegura que de verdad creyó en las políticas ejecutadas en la década del 90, y que terminaron en la crisis social y económica de principios de siglo en Bolivia.

En realidad, durante su breve ejercicio en el poder, fue incapaz de lograr apoyos significativos en el Congreso, dividido entre los partidos que fueron parte de la coalición de Sánchez de Lozada y la bancada dirigida por Evo Morales.

Organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero aquello estuvo lejos de zanjar la principal demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas.

Tampoco pudo apaciguar el país cuando anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La controversia sobre qué hacer con los campos de gas se mantuvo hasta el último día de su mandato, cuando el Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz y cercada por organizaciones sindicales.

En general, su gestión se caracterizó por dificultades económicas que atravesó el país mientras él fue presidente. Si algo caracterizó al gobierno de Carlos Mesa fueron sus vacilaciones, contradicciones e indecisiones. Fue catalogado como un mal presidente y ahora es un mal candidato; así que piensan que actualmente arrastra una gran frustración política.

En cuanto a su personalidad y actitudes, siempre ha sido aliado y apoyado por la clase media boliviana, esa clase media que se identifica y apoya el pensamiento neoliberal, que políticamente expresa un racismo que aplastó por siglos saberes y formas de reproducción cultural de los pueblos originarios, nunca ha aceptado que un indio pueda ser presidente de Bolivia, ni que pueda gobernar con resultados concretos de reducción de la pobreza y nacionalización de las riquezas naturales, que por siglos solo beneficiaron a una minoría de la población. Si ese segmento de la clase media boliviana pudiera, y si la ciencia lo permitiría, ella borraría el color de su piel morena, para ser todos blancos, altos y hablantes del inglés, como alguna vez ya lo expresó una Miss Bolivia.

La clase media boliviana que apoya a Carlos Mesa, quiere para el 18 octubre tener un presidente que no sea un indio; que no sea un Quispe, sino un noble brillante, un mestizo que con una sonrisa de mendigo entregue de nuevo el país a los patrones estadounidenses, un oportunista que ya anunció que pedirá a Washington el envío de un virrey embajador.

En una entrevista a la Deutsche Welle, Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, declaró que no reconoce la “candidatura ilegal de Morales” en aquel momento, afirmando en un tono mesiánico que está en él no dejar que Morales se quede en el poder.

Pero lo cierto es que Mesa, obedece las órdenes que vienen de Estados Unidos; carente de principios, es la veleta presta a girar hacia donde los vientos de la conveniencia soplen.

Más allá de una lectura de izquierda o de derecha, existen hechos concretos que demuestran la falta de cualidades éticas, la ausencia de honestidad intelectual, y una clara conducta de mercenario político en las acciones de Carlos Mesa.

Una declaración infeliz suya en diciembre 2017, es reveladora de su obediencia a EEUU, Mesa repite el libreto aplicado contra el gobierno de Venezuela, cuando el Partido Socialista Unido de Venezuela había logrado una victoria contundente en las elecciones municipales. Este resultado mostró la bancarrota de la oposición apoyada por Estados Unidos y fue señal de que Maduro ganaría en las elecciones presidenciales de mayo de 2018. Esta situación hizo que la oposición venezolana decidiera boicotear esos comicios presidenciales, lo que sirvió para que más tarde se declare “ilegítima” una elección donde la oposición sabía que sería derrotada.

Declarando, que “no va a regalarle (a Morales) la elección como los venezolanos se la regalaron al chavismo”. Una declaración superficial que implicaría que todos los venezolanos conformaban la oposición a Maduro. Siguiendo el libreto preparado para el mestizo aspirante a presidente, sin presentar prueba alguna, éste afirma sin empacho que “el fraude se está consumando”.

Mesa sabe que va a perder las elecciones y busca ahora posicionarse para las maniobras que vendrán, siguiendo el ejemplo de Guaidó en Venezuela. Después del 20 de octubre, es muy probable que, tras una posible derrota, Mesa se autodeclare “presidente de Bolivia”.

La falla ética más grave, que lo descalifica como posible mandatario, es el haberse negado a apoyar las demandas de justicia de parte de los familiares de los más de 60 bolivianos asesinados en la ciudad de El Alto, hace 16 años, por órdenes del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que huyó a Estados Unidos tras su renuncia el 17 de octubre de 2003 y del cual Carlos Mesa era el vicepresidente.

Pese a los insistentes pedidos de parte de abogados bolivianos, de los familiares de las víctimas, de los abogados en Estados Unidos para que preste declaración ante la justicia de ese país para esclarecer responsabilidades sobre esas muertes; pese a que se le ofreció declarar desde Bolivia en apoyo a la causa de los caídos en defensa de los recursos naturales para los bolivianos, Mesa se negó a ello.

Fue el silencio cómplice de Carlos Mesa con los responsables de esos crímenes que se tradujo en la reversión de ese fallo, negando a las víctimas de esos crímenes, y a los bolivianos, el derecho a la justicia.

El lunes 28 de octubre 2019, en un mitin en la Zona Sur de La Paz, que reúne a barrios de clase media, Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, declaró teatralmente “o voy preso o voy a la presidencia”, en ese instante quedó clara la visión de mundo de un candidato pequeño burgués que, con aires señoriales, se declara llamado por la historia a ser presidente del país, aunque los votos en las urnas digan lo contrario.

Carlos Mesa, educado por los jesuitas y que conoció a Luis Espinal, ha olvidado o no ha entendido el legado de lucha honesta, comprometida y solidaria que nos dejó ese sacerdote y periodista asesinado por los esbirros del general Luis García Meza en 1980.

Poco antes de su muerte, Espinal escribió un texto: “No queremos mártires”, que, leído hoy, explica la miseria intelectual, la mezquindad colonial y la falta de cualidades de Carlos Mesa como actor político. “El país no necesita mártires, sino constructores… El mártir es un personaje vistoso, demasiado emotivo; es el último refugio para los ‘héroes’ revolucionarios, sobre todo si proceden de la pequeña burguesía”, escribía Espinal con gran lucidez.

¿Cómo traiciona Carlos Mesa a Luis Espinal? Aquel principio cristiano, del ama a tu prójimo como a ti mismo, que el jesuita boliviano supo encarnar hasta el final de su vida, no ha sido comprendido por el católico Carlos Mesa. El candidato golpista y con aspiraciones de mártir se niega a reconocer la humanidad del indígena boliviano. Y lo hace negándose a reconocer ese voto indígena, que vale tanto como el de un mestizo de clase media de la zona sur de La Paz o del barrio Equipetrol en Santa Cruz.

En algún momento declaró que: “se siente orgulloso de la inclusión indígena” en las elecciones. ¿Cómo es posible que, en 2019, en un país mayoritariamente indígena, un sujeto nacional minoritario todavía hable de “incluir” a esta mayoría en un proceso democrático? Con esta expresión, el mestizo colonial les está diciendo a los pueblos originarios de Bolivia que él, en gesto de aparatosa magnanimidad, va a poner un cubierto más en la mesa de la democracia para hacerle un lugar a la servidumbre indígena.

Mesa historiador e intelectual del orden establecido, ha jugado un rol fundamental desde los años 80 cuando el neoliberalismo se aprestaba a tomar el gobierno y a desnacionalizar la economía y a derrotar a sangre y fuego al movimiento minero boliviano.

Hoy se presenta como candidato a la presidencia con un solo discurso “que no vuelva el MAS-IPSP”, que en el fondo significa que no vuelvan los indios ni los movimientos sociales con su democracia popular.

Pero el pueblo boliviano sabe que Mesa representa el fracaso de todos los esquemas de la derecha y, por lo tanto, la propuesta de Mesa no será exitosa en las actuales condiciones de crisis estructural; además que Mesa fallará porque es un ser inferior al reto que plantea en este momento la historia.

Hace años que los representantes del gobierno de Evo Morales no se ahorran las críticas con el mandato de Carlos Mesa, a quien no han dudado en calificar como el último presidente «neoliberal» en la historia de Bolivia.

 

*Imagen: Wikipedia.