La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) invita a la población a un gran encuentro por la salud, la vida y la seguridad social para celebrar los 85 años de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), fundada en 1941. La actividad será el domingo 1.º de noviembre en Cartago.
RENASES está integrada por 85 organizaciones sociales, comunales, sindicales, agroalimentarias, ambientales, de mujeres, de salud y de educación, universidades y diversos sectores de la sociedad. La organización convoca a toda la población y a las familias trabajadoras a esta “gran celebración popular, social y cultural, en homenaje a nuestra querida Caja”.
Programa
10:00 a. m.: misa conmemorativa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles.
Después de la misa: concentración y acto de conmemoración en la Plaza Mayor de Cartago, con actividades culturales, música, feria de salud, emprendimientos y otras actividades.
Con esta convocatoria, RENASES expresa su compromiso de defender la seguridad social, fortalecer el derecho a la salud y a la educación pública, proteger la institucionalidad y la democracia, y construir un país más justo y solidario.
“¡La seguridad social es patrimonio de todo el pueblo!”, afirma la Red, que cierra su llamado con la consigna: “¡La Caja es de todos y todas, y entre todos y todas la defendemos!”.
La actividad será en la plaza Mayor de Cartago, como acto de desagravio por los hechos del 14 de setiembre y en conmemoración de la independencia de Costa Rica.
La Red de Organización Popular de Cartago invita a las organizaciones sociales de Cartago y del resto del país a la Faroleada por la Paz, la Democracia y la Libertad. Se realizará el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 p. m., en la plaza Mayor de Cartago.
La organización expresa su repudio a “los lamentables hechos ocurridos el pasado 14 de setiembre en la plaza Mayor de Cartago”. Plantea la faroleada como una forma de reivindicar los valores cívicos y de reafirmar el compromiso con la independencia, la libertad, la paz y la democracia.
La fecha coincide con la conmemoración del 29 de octubre de 1821, “el glorioso día que en cabildo abierto y delegados de los principales cabildos de Costa Rica se realiza la independencia de Costa Rica”, según recuerda la convocatoria.
“Esta actividad constituye un acto de desagravio y una manifestación pacífica de los cartagineses que amamos la democracia, defendemos nuestros valores y rechazamos toda forma de represión del actual gobierno”, señala la invitación. Añade que será “una oportunidad para demostrar, con respeto y unidad, que somos una comunidad de paz, comprometida con la convivencia democrática y la defensa de nuestras libertades”.
Lugar: plaza Mayor de Cartago.
Fecha: jueves 29 de octubre de 2026.
Hora: 5:30 p. m.
Se recomienda llevar su propio farol.
La organización aclara que no se solicitará la presentación de la cédula de identidad para participar. Agradece la participación y pide asistir “con espíritu cívico, respeto y compromiso”.
El Frente Ecologista de Cipreses dio a conocer, mediante un comunicado de prensa del 13 de octubre, la denuncia formal que 227 personas vecinas, usuarias y trabajadoras de Cartago han suscrito sobre el estado de la ruta de travesía 30703, conocida como la ruta de La Puente, en el sector La Puente-Cipreses de Oreamuno. La campaña de recolección de firmas sigue activa.
La denuncia está dirigida al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a la dirección ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios del MOPT y el CONAVI, con copia a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Oreamuno. La iniciativa se ampara en el derecho de petición y de rendición de cuentas que establece la Constitución Política. Busca poner fin a lo que las personas firmantes califican como un “abandono sistemático” de una vía clave para la conectividad y el desarrollo de la zona alta de Cartago.
En la carta describen el estado de la ruta como “deplorable, ruinoso y sumamente peligroso”. Señalan que durante años las promesas de bacheo no se han concretado y que el asfalto se sigue deteriorando “hasta transformar una carretera vital en un campo de cráteres intransitable”.
Un impacto directo en la economía trabajadora
Las personas firmantes explican que la ruta dejó de ser un camino vecinal secundario y hoy es una vía de alto tránsito que conecta comunidades de la zona alta de Cartago y sirve de desahogo vial para miles de personas. El costo de su deterioro, señalan, recae sobre la clase trabajadora:
“Los ciudadanos de a pie, agricultores, comerciantes y trabajadores que a diario viajamos para ganarnos el sustento, estamos pagando facturas altísimas en reparaciones de suspensiones, llantas estalladas, aros rotos y dirección. Esto representa un golpe devastador para la economía de nuestras familias, en especial cuando ya pagamos puntualmente nuestros impuestos”, indica el documento.
Las preguntas a las autoridades
La comunidad pide respuestas concretas a dos preguntas:
¿Cuál es la razón técnica, administrativa o política para mantener en el abandono una ruta de tanta importancia para la conectividad de la zona alta de Cartago?
¿En qué fecha exacta (mes y año) está prevista una intervención integral y definitiva de la ruta 30703? Aclaran que no buscan “más parches temporales que se lavan con la primera lluvia”, sino una rehabilitación real de la estructura vial y de sus drenajes.
La carta advierte que “la paciencia de la clase trabajadora de Cartago llegó a su límite” y que no pueden seguir asumiendo “el costo de la inacción y del limbo competencial entre instituciones”. Las personas firmantes se reservan el derecho de tomar medidas de presión pacíficas si no reciben respuesta en los plazos de ley.
Respuesta del MOPT
El viernes 9 de octubre, el Despacho del Viceministerio de Infraestructura del MOPT acusó recibo de la denuncia y la trasladó, mediante el oficio MOPT-DVI-TC-1060-2026, a la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI. El traslado se dirigió al Ing. Luis Alvarado Arce, director de la Región Central, y al Ing. Braulio Fonseca Ramírez, ingeniero de zona, para que atiendan la solicitud según sus competencias y respondan directamente al Frente Ecologista de Cipreses.
La recolección de firmas continúa
Las personas organizadoras hacen un llamado a más personas usuarias, vecinas y sectores afectados a sumarse en los próximos días. La campaña se difunde con la etiqueta #ReparacionRuta30703 y el lema “Cartago no se calla”. El comunicado concluye que “el desarrollo y la seguridad vial no son un favor, sino un derecho fundamental para quienes transitan y sostienen la economía de Cartago”.
SURCOS comparte la carta enviada por el Colectivo Ecologista Frente Eco Cipreses:
Solicitud pública de representación municipal en el foro de la UCR sobre el caso SIGMA
Carta pública
Fecha: 6 de octubre de 2026
Para: Señor Erick Jiménez, alcalde de la Municipalidad de Oreamuno
De: Colectivo Ecologista Frente Eco Cipreses
Asunto: Solicitud pública de representación municipal en el foro de la UCR sobre el caso SIGMA
Estimado señor alcalde:
El Frente Ecologista de Cipreses se dirige a usted de manera pública en relación con el foro “Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago”, organizado por la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, programado para este próximo jueves 8 de octubre.
Hemos sido informados de que ha declinado la invitación a participar en este importante evento argumentando compromisos previos en su agenda. Si bien somos conscientes y podemos comprender que como jerarca municipal usted maneja una agenda compleja y ocupada, nos resulta profundamente indignante que no haya procurado delegar esta responsabilidad y garantizar la participación de un representante de la Municipalidad para dar la cara ante la ciudadanía.
El bienestar ambiental de nuestro cantón y la protección de nuestros recursos hídricos, como el río Chinchilla, exigen un gobierno local presente, transparente y dispuesto a escuchar. La misma carta de invitación de la Universidad de Costa Rica le abría expresamente la posibilidad de delegar en una persona del área técnica si su agenda se lo impedía.
Por lo tanto, le solicitamos públicamente y con carácter de urgencia que asigne al gestor ambiental de la Municipalidad —o en su defecto, al personal técnico debidamente capacitado— para que asista a este foro. Este es un espacio de diálogo ambiental, respetuoso y académico, donde convergerán comunidades, instituciones del Estado (MINAE, Ministerio de Salud) y la academia. La ausencia total de la Municipalidad de Oreamuno en una discusión tan crítica para nuestro territorio es inaceptable.
Esperamos que reconsidere su postura y demuestre el compromiso de su administración con la salud ambiental de Oreamuno garantizando que la Municipalidad esté debidamente representada y rinda las cuentas correspondientes a la comunidad.
Atentamente,
Frente Ecologista de Cipreses(Frente Eco Cipreses)
Nota de SURCOS: El foro «Situación socioambiental en torno a las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago» se realizará el jueves 8 de octubre de 2026, de 4:00 p. m. a 6:30 p. m., en el Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales (sexto piso, aula 609) de la Universidad de Costa Rica. Lo convocan el curso Disputas territoriales y socioambientales en Costa Rica, de las escuelas de Ciencias Políticas y Psicología, junto con la Escuela de Geografía, Geografía, el proyecto Diálogo de Saberes y el Programa Kioscos Socioambientales.
Por segunda vez el Frente Ecologista de Cipreses gana una gestión de desobediencia en el famoso caso de contaminación con degradados de clorotalonil en la zona norte de Cartago
El Frente EcoCipreses denuncia que persisten nacientes donde se violan los 200 metros de protección legal.
El Frente EcoCipreses califica de indignante que el Laboratorio Nacional de Aguas continúe sin capacidad técnica para monitorear los metabolitos del clorotalonil.
La Sala Constitucional acogió la gestión de desobediencia presentada por el agrobiólogo y ecologista Fabián Pacheco Rodríguez y la ecologista Ana María Montenegro Portuguez, relacionada con el incumplimiento de las órdenes emitidas en 2023 para atender la contaminación de fuentes de agua para consumo humano con productos de degradación del fungicida clorotalonil en comunidades de la zona norte de Cartago.
Mediante la resolución N.° 20260360007, correspondiente al expediente 22-026649-0007-CO, la Sala Constitucional determinó que, pese a las distintas acciones realizadas por las instituciones involucradas, la problemática de contaminación de las fuentes de agua persiste y no se ha alcanzado una solución definitiva. La resolución fue dictada a las nueve horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil veintiséis.
El nuevo fallo tiene como antecedente la sentencia N.° 2023-013384, del 6 de junio de 2023, mediante la cual la Sala había ordenado establecer mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el propósito de adoptar y ejecutar las recomendaciones contenidas en el denominado “Informe Técnico Clorotalonil”, elaborado por instituciones públicas para abordar los riesgos asociados a este plaguicida y sus metabolitos.
La sentencia señala que las autoridades han realizado diversas gestiones, entre ellas la emisión de órdenes sanitarias, la elaboración del Informe Técnico Clorotalonil y la prohibición del uso del clorotalonil. Sin embargo, la Sala concluye que “aún persiste la problemática objeto del recurso de amparo, sea la contaminación en las fuentes de agua que abastece a la comunidad, pese a la prohibición del uso del agroquímico”, y relaciona esta situación con una deficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes.
Por ello, la Sala acoge la gestión de desobediencia y reitera al ministro de Salud, al director del Área Rectora de Salud de Oreamuno, a la gerente general del AyA y al presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno, o a quienes ocupen esos cargos, la obligación de cumplir lo dispuesto en la sentencia de 2023. Esto implica adoptar y ejecutar las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil y darles el seguimiento necesario para garantizar su cumplimiento.
La resolución también reitera que debe garantizarse el suministro de agua potable para consumo humano sin utilizar las fuentes contaminadas, y que esta medida debe mantenerse hasta que el servicio pueda restablecerse por los medios habituales sin comprometer la seguridad y la salud de la población, previa autorización del Ministerio de Salud.
El fallo establece además un nuevo apercibimiento para las autoridades responsables. De acreditarse nuevamente la desobediencia, la Sala podrá ordenar la apertura de un procedimiento administrativo contra el funcionario que incumpla lo resuelto y testimoniar piezas ante el Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia. La propia resolución recuerda que, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, este delito puede sancionarse con prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa.
Para Fabián Pacheco, uno de los recurrentes, la resolución representa también una reivindicación de la importancia de los mecanismos constitucionales para la defensa del agua y del ambiente:
“Vale resaltar la importancia de la separación de poderes cuando estamos defendiendo el agua de consumo humano de la desidia institucional y pareciera que es a punta de recursos de amparo que se logra de que el Estado Social de Derecho funcione en favor del ambiente y la gente”.
La ecologista y activista del Frente Ecologista de Cipreses, Ana María Montenegro, advierte además sobre la situación actual del abastecimiento mediante cisternas. Según explica, hace unas semanas el conductor del camión del AyA que distribuye agua en Cipreses le manifestó que había recibido instrucciones de suspender el servicio:
“que le habían dado la orden de que ya no repartiera más agua porque no estaba contaminada y que ya no volverían con el camión a repartir agua”.
Ante esta situación, Montenegro señala que el Frente Ecologista de Cipreses solicitó formalmente a las autoridades del AyA que se indique por escrito si se pretende suspender el suministro de agua mediante cisternas.
Por su parte, el abogado ambientalista Álvaro Sagot considera que la nueva resolución evidencia las dificultades que han caracterizado la respuesta institucional frente al problema:
“… volvemos a presentar un recurso de desobediencia del voto de la Sala Constitucional y nuevamente nos han notificado que tenemos la razón, se demuestra que las acciones de las instituciones han sido sumamente limitadas y estamos ante un déficit en materia de protección al derecho humano al agua. La Sala les dice de nuevo que se ha incurrido en una desobediencia. También el voto dice que el agua se debe llevar en camiones cisterna hasta que no se demuestre que el agua no está contaminada con clorotalonil y esto es un logro de los ecologistas y en buena hora que nos han dado la razón una vez más”.
Entre las recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil se encuentran el fortalecimiento de la fiscalización y el control, la promoción de plaguicidas más seguros y buenas prácticas agrícolas, el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, la vigilancia de residuos en fuentes de agua, la protección de las áreas circundantes a los cuerpos de agua y la adopción de medidas urgentes para prevenir y mitigar los impactos asociados al plaguicida. El informe técnico también recomendó la cancelación de registros vigentes y la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica.
Desde el Frente Ecologista de Cipreses consideramos que esta resolución constituye un paso importante en la defensa del derecho humano al agua y en la exigencia de que las instituciones públicas cumplan efectivamente las órdenes de la justicia constitucional. La existencia de una prohibición del clorotalonil no resuelve por sí misma la contaminación ya existente ni sustituye la obligación de vigilar, proteger las fuentes de agua, garantizar el abastecimiento seguro y ejecutar las medidas necesarias para enfrentar la presencia de sus metabolitos.
El agua sigue con presencia de degradados de clorotalonil, el agua sigue contaminada y exigimos a las instituciones del Estado no solo mantener el monitoreo, sino trabajar en la restauración de las nacientes de agua captadas para consumo humano que siguen estando invadidas y fumigadas.
Por ello, el Frente Ecologista de Cipreses reitera que continuará utilizando las vías legales y las acciones sociales necesarias hasta que las comunidades afectadas puedan contar con agua potable segura, limpia y libre de contaminación por productos de degradación del clorotalonil.
Le invitamos a escuchar el breve video con la explicación que da el abogado especialista en derecho ambiental Álvaro Sagot.
Comunicado del Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago
Cartago, 30 de setiembre – El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago manifiesta su profunda indignación y condena ante las acciones orquestadas por el Gobierno durante las recientes celebraciones patrias, que habrían incluido la vigilancia de opositores al Poder Ejecutivo y una burla hacia los habitantes de nuestra histórica ciudad.
Según información difundida por los medios de comunicación y corroborada por testigos presenciales, en cuenta muchos de nosotros, la Fuerza Pública, incluyendo la Unidad Especial de Intervención, la escolta presidencial y la Policía Municipal de Cartago, habría recibido instrucciones específicas el pasado 14 de setiembre para vigilar la iniciativa ciudadana «Faroleadas por la Democracia», una manifestación pacífica. Este hecho constituye una grave violación de los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política.
La evidencia sugiere, y así lo constatamos quienes fuimos testigos de la Faroleada por la Democracia en Cartago, que la Fuerza Pública recibió órdenes similares a las de regímenes dictatoriales, dirigidas contra ciudadanos que nos manifestamos pacíficamente en todo momento.
Además, denunciamos que se facilitó la instalación de un cerco de vallas alrededor de la Plaza Mayor, espacio público, y se permitió el estacionamiento de autobuses en áreas restringidas para seguidores del partido Pueblo Soberano (PPSO), acciones que obstaculizaron el acceso y la libre expresión de los manifestantes. Estas acciones son una grave violación del derecho a la libertad de expresión, la prohibición de censura previa, el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por opinión política, así como la libertad de reunión pacífica y la libertad de circulación.
La jornada del día de fiesta patria, lejos de ser un espacio de celebración cívica, dejó una imagen que «indigna», pues la Fuerza Pública y el Ministerio de Seguridad, llamados a proteger derechos y garantizar un trato igualitario, quedaron cuestionados por actuaciones selectivas y decisiones que lesionaron derechos.
También denunciamos directamente al ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, acostumbrado a buscar legitimidad a través de discursos vacíos, violentos, irrespetuosos en actos oficiales y conferencias de prensa.
Reprochamos haber ofendido en su aparición pública en la Plaza Mayor donde se burló de los cartagineses, arropado por la seguridad de gobierno, rompiendo con la solemnidad, la convivencia de la niñez, jóvenes en crecimiento y el carácter cívico que corresponde.
Ante esta situación, el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago exige la apertura de una investigación, imposición de sanciones administrativas a los involucrados y la renuncia de los responsables en el Ministerio de Seguridad.
Asimismo, reiteramos la declaración de “persona non grata” en el cantón de Cartago, al señor Rodrigo Chaves Robles, ministro de Hacienda y de la Presidencia, por haber faltado el respeto a la ciudad de Cartago y a sus habitantes y nuevamente a los regidores del cantón central de Cartago les llamamos a reivindicar el honor de la provincia, si no quedarán como traidores.
📍 Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, sexto piso, aula 609 Universidad de Costa Rica
Un espacio para conocer y contrastar las distintas perspectivas sobre la situación socioambiental relacionada con las operaciones de SIGMA en Oreamuno, Cartago, a partir de las voces de instituciones, empresa y comunidades.
Instancias invitadas: Municipalidad de Oreamuno, SINAC, Área de Salud, empresa, vecinas y vecinos afectados y Frente Ecocipreses
🎙️ Un espacio de diálogo sobre las preocupaciones, denuncias, gestiones institucionales y respuestas en torno a la situación del río Chinchilla y su entorno.
En los años setenta, el dramaturgo chileno Oscar Castro escribió la pieza teatral La Guerra, referida con un poco de humor y sorna a los eventos que predominaron en buena parte de países latinoamericanos en aquel tiempo. Escrita en tiempos de dictadura chilena, en reclusión y bajo acoso, el dramaturgo haría de la puesta en escena un acto de resistencia contra la barbarie y la represión.
Tiempo después, en mi querido Conservatorio de Castella, semillero de artistas a escala mundial, montaríamos esa obra bajo otro nombre: ¿Y dónde está el enemigo? El espectáculo incluía música, coreografía, interacción con el público, en una verdadera maniobra desde el arte para desnudar el sinsentido de los conflictos y la guerra como su máxima expresión.
He pensado todos estos días, a propósito del escenario de crispación social construido por el actual gobierno en Costa Rica, sobre las formas en las que se produce el enemigo, se le nombra y se le ataca.
Particularmente, me ha llamado la atención dos ejes discursivos que con fuerza producen ese enemigo, en especial en redes sociales: la denominación de “zurdo”, idea que fue colocada justamente por algunos representantes del Poder Ejecutivo en alocuciones públicas, para hacer referencia a adversarios o personas distantes de las ideas del gobierno y la utilización del insulto con tintes homofóbicos, proferidos también desde las más altas vocerías gubernamentales. Sobre esto último, no se me ocurre pensar en otra denominación que no sea la de las masculinidades tóxicas que predominan hoy el entorno político que lidera hoy los destinos (¿destinos?) del país.
Ahí está el enemigo. En esas ideas vanas y superficiales a través de las cuales se ha construido esa otredad política, en un peligroso juego narrativo que podría desencadenar en acciones de violencia que lesionen la integridad de las personas, solo por definirse contrarias al pensamiento hegemónico instalado desde hace más de cuatro años.
Lo vimos este 14 de setiembre en Cartago, lugar donde año con año se realizan las celebraciones oficiales vinculadas con la llegada de la antorcha de la independencia al país. La movilización extrema de fuerzas de seguridad, el anillado perimetral para separar al público asistente de las autoridades, la revisión de “material peligroso” como faroles y pancartas, la solicitud de identificación y otros desvaríos, complementaron lo que denominaría como “La Reinvención de Cartago” ahora convertida en esa espacialidad simbólica en la que el gobierno de la república (ahora con minúscula) hizo una demostración de fuerza, prepotencia y autoritarismo.
Las peligrosas acciones en contra de manifestantes, producidas por simpatizantes del oficialismo, no deben ser leídas como parte del calor del momento. La escalada de violencia podría llevarnos a otro nivel en esto que pareciera ser, sin lugar a dudas, el momento del fin de la excepcionalidad en Costa Rica. Así parece y así fuimos leídos por la prensa internacional que cubrió los bochornosos actos del gobierno costarricense esa noche.
¿Dónde está el enemigo? ¿Contra quién es la guerra? Pareciera que ya fueron dadas las condiciones discursivas y ahora podrían empezar a presentarse, esperemos que no, acciones de otra naturaleza. Ya varias personas que han sido abiertamente perseguidas por su desafección política con el oficialismo han tenido que salir del país en busca de refugio. Esto no es ni más ni menos que un escenario de excepcionales rasgos que debemos mirar con atención. Que la reinvención de Cartago no termine siendo un modelo para implementar en el resto del país. Quienes creemos en la libertad, la democracia y el diálogo, aún podemos impedirlo.
Quizá dentro de algunos años, cuando intentemos recordar este extraño momento de la historia costarricense, no sean los grandes discursos políticos los que primero regresen a nuestra memoria. Tal vez recordemos una frase infantil:
“Lero, lero, calzón de cuero”.
Pronunciada por Rodrigo Chaves ante un ciudadano que cuestionaba por qué debía mostrar su cédula para ingresar a la Plaza Mayor de Cartago durante los actos de celebración de la Independencia, la expresión provocó indignación, risas, memes y comentarios de toda naturaleza.
Podríamos quedarnos allí. Podríamos responder a la burla con otra burla, fabricar el meme correspondiente y continuar la interminable batalla de las redes sociales.
Pero también podemos hacer algo diferente.
Podemos queerizar el lero lero.
Queerizar, en este caso, significa tomar aquello que pretendía ridiculizar, desplazarlo de su lugar original y devolverlo convertido en pregunta. Quitarle a la burla su capacidad de humillar y utilizarla para mirar críticamente las relaciones de poder que hicieron posible aquella escena.
Entonces el “lero lero” deja de ser una simple ocurrencia presidencial y comienza a preguntarnos cosas.
¿Cuándo dejamos de escucharnos?
La escena es sencilla.
Un ciudadano interpela a una autoridad pública. Pregunta por qué debe presentar su identificación para ingresar a un espacio donde se desarrolla una celebración nacional. La respuesta termina convertida en sarcasmo.
Podemos discutir si la pregunta era adecuada, si el ciudadano estaba molesto, si existían razones de seguridad para los controles o quién había tomado la decisión.
Pero queda una cuestión anterior a todas ellas:
¿qué sucede con la conversación democrática cuando quien pregunta deja de ser interlocutor y se convierte en objeto de burla?
La pregunta importa porque el episodio no ocurrió aisladamente.
Llegó después de meses de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y otras instituciones, cuestionamientos al Poder Judicial, conflictos presupuestarios, acusaciones cruzadas, manifestaciones, discursos sobre seguridad, criminalidad y enemigos políticos.
Y ocurrió precisamente durante la celebración de la Independencia.
La fotografía de Cartago
Quizá la imagen más poderosa de aquella noche no sea ninguna declaración.
Es una valla.
De un lado estaban autoridades y simpatizantes gubernamentales dentro de la Plaza Mayor. Del otro, manifestantes contrarios al Gobierno que habían participado en la llamada faroleada por la democracia.
Hubo policías, controles, revisiones y restricciones de acceso.
También hubo autobuses que trasladaron simpatizantes gubernamentales desde diferentes regiones del país y distribución de alimentos, capas y banderas.
Las redes hicieron inmediatamente su trabajo y apareció uno de esos productos inevitables del humor político costarricense: el “escuadrón arroz con pollo”.
Podemos reírnos.
Pero después de la risa queda la fotografía:
unos adentro, otros afuera y una valla en medio.
No necesitamos afirmar que alguien diseñó deliberadamente aquella imagen para reconocer su enorme potencia simbólica.
Era Cartago.
Era la Plaza Mayor.
Era la Antorcha.
Era la víspera del 15 de septiembre.
Era una celebración que supuestamente nos recordaba aquello que compartimos.
Y aparecimos separados físicamente.
La escenografía del poder
Hay otro elemento que merece atención.
La política no solamente habla.
También se viste, camina, gesticula, organiza espacios, construye escenarios y produce imágenes.
Erlin Rojas llamó recientemente la atención sobre la vestimenta presidencial y recuperó una provocadora categoría contemporánea: el fascismo-core. Partiendo de la conocida reflexión de Walter Benjamin sobre la estetización de la política, la categoría permite preguntarnos cómo determinadas imágenes de autoridad, disciplina, seguridad y orden pueden circular culturalmente antes incluso de convertirse en formulaciones ideológicas explícitas.
Conviene ser prudentes.
Una capa azul no convierte a nadie en fascista.
Un despliegue policial tampoco demuestra por sí mismo la existencia de un régimen autoritario.
Y atribuir intenciones políticas precisas a una elección de vestuario sin evidencia sería sustituir análisis por especulación.
Pero observar la escena completa sí resulta legítimo.
Vestimenta presidencial austera. Policía. Vallas. Controles. Autoridades protegidas. Símbolos patrios. Discursos sobre seguridad. Ciudadanos separados.
El objeto de análisis deja entonces de ser una prenda.
Es la escenografía del poder.
La pedagogía de la excepcionalidad
Durante los últimos meses hemos utilizado una expresión para intentar comprender algunos de estos acontecimientos: pedagogía de la excepcionalidad.
No significa que Costa Rica viva necesariamente bajo un régimen de excepción.
Significa algo más sencillo y quizá más difícil de percibir: la posibilidad de que determinadas prácticas inicialmente extraordinarias vayan incorporándose paulatinamente a nuestra experiencia cotidiana.
Primero sorprenden.
Después se repiten.
Finalmente dejan de sorprender.
La pedagogía puede operar mediante discursos: inseguridad, amenazas, enemigos, crisis.
Puede materializarse mediante prácticas: escoltas, barreras, controles, dispositivos policiales.
Y ahora advertimos una tercera dimensión:
la estética.
También aprendemos mediante imágenes.
Aprendemos cómo luce la autoridad.
Cómo luce el peligro.
Quién debe ser protegido.
Quién debe ser vigilado.
Quién ocupa el centro.
Quién permanece afuera.
Pero aquí aparece una cuarta dimensión todavía más preocupante:
aprender quién merece ser escuchado.
Cuando al adversario político se le responde mediante la ridiculización, la lección puede ser sencilla: con determinadas personas ya no hace falta discutir.
Basta reírse.
Pero cuidado: el miedo también puede enseñarse desde la oposición
Aquí necesitamos detenernos.
Sería demasiado cómodo observar exclusivamente al Gobierno.
Durante meses, sectores opositores han advertido sobre autoritarismo, deterioro institucional, amenazas a la división de poderes y eventualmente tendencias fascistas.
Algunas advertencias se apoyan en acontecimientos concretos que merecen escrutinio.
Pero también debemos preguntarnos qué ocurre cuando cada nuevo acontecimiento es interpretado como confirmación definitiva de que la democracia está a punto de desaparecer.
Una hipótesis que explica absolutamente todo corre el riesgo de volverse imposible de refutar.
Si el Gobierno confronta, confirma el autoritarismo.
Si retrocede, fue porque la resistencia lo obligó.
Si aumenta la seguridad, confirma la excepcionalidad.
Si modera el discurso, podría interpretarse como estrategia.
Entonces debemos hacernos una pregunta incómoda:
¿qué evidencia nos haría cambiar de opinión?
La pregunta vale para todos.
También para nosotros.
Nosotros también sentimos el miedo
Esta reflexión no nace desde una supuesta neutralidad exterior.
Quienes observamos críticamente estos acontecimientos también podemos experimentar indignación, cansancio y temor.
Después de Cartago resulta comprensible que algunas personas piensen:
“Hasta aquí. Hay que hacer algo más fuerte”.
Pero precisamente ahí debemos observarnos.
Porque del otro lado puede estar ocurriendo exactamente el mismo proceso.
Algunos simpatizantes gubernamentales consideran que el Gobierno intenta transformar el país y que determinados sectores institucionales y políticos impiden hacerlo.
En redes sociales aparecen entonces palabras como “antipatriotas”, “traidores”, “zurdos” o “enemigos”.
Mientras tanto, desde sectores opositores aparecen “fascistas”, “dictadores” y otras categorías igualmente absolutas.
Las posiciones son distintas y sus fundamentos deben examinarse por separado. Pero pueden producir una emoción semejante:
miedo al otro.
Y cuando cada grupo comienza a considerar al otro una amenaza existencial, la política cambia.
Ya no discutimos sobre cuál Costa Rica queremos.
Comenzamos a discutir sobre quién tiene derecho a pertenecer a Costa Rica.
La ternera
Existe una expresión popular bastante menos académica que quizá explique mejor el problema:
tanto se le jala el rabo a la ternera que termina pateando.
Y cuando patea, poco importa hacia dónde.
Patea.
Una sociedad sometida permanentemente a tensión puede llegar a un punto donde un acontecimiento relativamente pequeño produzca consecuencias enormes.
Una provocación.
Una detención.
Un empujón.
Una actuación policial equivocada.
Una imagen difundida fuera de contexto.
Un video viral.
Después cada grupo podría decir:
“¿Ven? Nosotros teníamos razón”.
Y atribuir al otro toda responsabilidad.
Por eso quizá deberíamos preguntarnos si la principal amenaza inmediata no reside únicamente en determinadas acciones gubernamentales, sino también en la pérdida progresiva de nuestra capacidad colectiva para procesar democráticamente el conflicto.
¿Se rompió la excepcionalidad costarricense?
Durante décadas nos contamos una historia.
Costa Rica era diferente.
La Suiza centroamericana.
El país sin ejército.
El país del diálogo.
El país donde los conflictos se resolvían institucionalmente.
Esa representación siempre fue parcialmente mítica. Nuestra historia contiene desigualdad, exclusión, violencia y enfrentamientos sociales.
Pero los mitos nacionales también cumplen funciones sociales.
Quizá lo que se está quebrando no sea necesariamente la democracia costarricense, sino la representación que teníamos de nosotros mismos.
Nos miramos y ya no reconocemos aquella fotografía.
El 14 de septiembre Cartago ofreció otra:
dos grupos de costarricenses separados por una valla.
Y al día siguiente, durante otra ceremonia de Independencia, volvimos a observar enfrentamientos verbales entre autoridades nacionales y municipales.
Algo está ocurriendo.
Reconocerlo no exige anunciar una dictadura.
Pero negarlo tampoco parece sensato.
¿Pacifismo o blandenguería?
Entonces aparece otra vieja pregunta costarricense.
¿Nuestro pacifismo constituye una fortaleza democrática o simplemente hemos aprendido a soportarlo todo?
Probablemente pueda ser ambas cosas.
Existe un pacifismo que significa:
“Mejor no meterse”.
Eso puede convertirse en pasividad.
Pero existe otro:
“Estoy profundamente en desacuerdo con usted, protestaré contra usted y utilizaré todos los mecanismos democráticos disponibles, pero no necesito destruirlo para hacerlo”.
Eso no es debilidad.
Es una forma exigente de fortaleza democrática.
Protestar no contradice la paz.
Fiscalizar tampoco.
Denunciar abusos no destruye la convivencia.
Recurrir ante tribunales, organizarse, marchar, investigar, escribir, cuestionar y exigir explicaciones forman parte de una democracia viva.
La pregunta es cómo hacerlo sin reproducir aquello mismo que denunciamos.
Quizá no necesitamos unidad
Durante mucho tiempo hemos repetido otra expresión hermosa:
unidad en la diversidad.
Pero quizá estamos pidiéndole demasiado a la democracia.
No necesitamos estar unidos.
No necesitamos pensar parecido.
Ni siquiera necesitamos caernos bien.
Podemos sostener proyectos de país profundamente incompatibles.
Lo indispensable es algo anterior:
reconocimiento mutuo de legitimidad.
Yo acepto que usted pertenece legítimamente a esta comunidad política aunque quiera una Costa Rica distinta de la que deseo.
Y usted reconoce exactamente lo mismo en mí.
Mientras eso exista, tenemos adversarios.
Cuando desaparece, comenzamos a fabricar enemigos.
Quitar la valla
Al principio parecía sencillo decir:
hay que quitar la valla.
Ahora sabemos que no basta.
Primero debemos preguntarnos si quienes están a ambos lados desean quitarla.
Porque ninguna convivencia democrática puede reconstruirse unilateralmente.
Tampoco significa tolerarlo todo.
Diálogo no significa sometimiento.
Pacifismo no significa pasividad.
Pluralismo no significa aceptar la destrucción del pluralismo.
Esperanza no significa ingenuidad.
Quizá necesitamos algo bastante más difícil:
vigilancia democrática sin pánico; resistencia sin odio; movilización sin violencia; denuncia sin exageración; esperanza sin ingenuidad.
No porque exista una vía correcta perfectamente trazada.
Precisamente porque no existe.
Volvamos al “lero lero”
Y entonces regresamos al comienzo.
Lero, lero, calzón de cuero.
Queericemos la frase.
Quitemos al insulto su capacidad de cerrar la conversación y obliguémoslo a abrirla.
Que ya no signifique:
“No merezco responderle”.
Que nos obligue, por el contrario, a preguntar:
¿cuándo dejamos de escucharnos?
¿En qué momento convertimos al adversario en enemigo?
¿Qué estamos aprendiendo a considerar normal?
¿Qué límites democráticos no estamos dispuestos a abandonar?
¿Qué tendría que ocurrir para que cambiáramos nuestra interpretación de los acontecimientos?
¿Podemos protestar sin odiarnos?
¿Podemos defender nuestras instituciones sin convertir el miedo en nuestra principal herramienta política?
¿Podemos disentir radicalmente y continuar reconociéndonos como costarricenses igualmente legítimos?
Quizá la democracia no dependa de encontrar respuestas idénticas.
Tal vez dependa de conservar el espacio donde todavía podamos formularnos juntos esas preguntas.
Porque el verdadero problema no comenzará cuando desaparezca la valla de la Plaza Mayor.
Comenzará si algún día descubrimos que la valla ya no necesita estar allí porque la llevamos instalada dentro de nosotros.
La democracia se defiende con el pueblo en las calles.
Este 14 de setiembre de 2026, Cartago vuelve a demostrar que la libertad no se negocia, que la democracia no se encierra detrás de vallas y que la ciudadanía no puede ser tratada como una amenaza.
¡Este atropello tiene que caer!
Las autoridades nacionales y municipales deben dar marcha atrás a la decisión de cerrar los comercios y las calles en un perímetro tan amplio que impida el libre acceso durante la celebración cívica.
Debemos preguntarnos todos los costarricenses
¿Desde cuando la llegada de la antorcha y el desfile de faroles requiere cercar nuestras ciudades? ¿Desde cuándo la ciudadanía que piensa diferente debe ser vigilada? ¿Desde cuándo protestar pacíficamente se convierte en una amenaza?
En un país que decidió abolir el ejército y resolver sus diferencias mediante el dialogo, no queremos calles militarizadas ni despliegues innecesarios que intimiden a nuestra gente.
Cerrar el corazón de Cartago durante una de las celebraciones que más visitantes atrae significa golpear directamente a quienes trabajan y sostienen a sus familias con su trabajo diario.
El pequeño comercio también merece celebrar.
Las personas emprendedoras también tienen derecho de ganarse la vida.
Cartago es de todos y todas.
Una fiesta de la libertad no puede convertirse en una barrera para la participación.
¡La protesta pacífica es democracia!
Hoy nos invade la preocupación por un despliegue policial que consideramos innecesario, desproporcionado e innecesario.
Cartago se respeta!!
Por eso hacemos un llamado de alerta ante cualquier acción que pretenda restringir nuestras libertades económicas, cívicas, de expresión y de libre tránsito.
No al miedo
No a la intimidación
No a la criminalización de la protesta
Si a la democracia
Si a la libertad
Que este 14 y 15 de septiembre no solo sea una celebración de nuestra independencia sino también de nuestra capacidad defenderla.
Porque Costa Rica no se construyó con miedo se construyó en libertad.
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