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Defensoría solicita criterio técnico a Lanamme, CFIA y TEC ante estudio de puentes

Busca conocer criterio especializado sobre las herramientas que utiliza CONAVI para determinar grado de deterioro de estructuras

Diversos sectores del país han venido manifestando preocupación por el estado de los puentes de la Red Vial Nacional, y con el fin de determinar su situación actual, la Defensoría de los Habitantes mantiene en curso una investigación.

Como posición de partida está que las medidas de inversión en el mantenimiento y conservación de la infraestructura de los puentes existentes son igualmente importantes que el desarrollo de nueva inversión, porque el riesgo de colapso no sólo afectaría la interrupción de la comunicación terrestre, sino esencialmente por el tema de la seguridad y la vida de las personas usuarias.

Desde el año 2018, el LANAMME ha venido señalando al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) dirigir las acciones a la implementación de un Sistema de Gestión de Puentes, que brinde un enfoque racional, estratégico y sistemático, para organizar y ejecutar actividades relacionadas con la planificación, diseño, construcción, conservación, rehabilitación y sustitución de puentes, apegado a las buenas prácticas internacionales en la materia.

En el año 2022, la Contraloría General de la República emite el Informe N.° DFOE-CIU-IF-00012-2022, en el que se determinó que el hecho de implementar un Sistema de Gestión de Puentes, no sólo se trata del cumplimiento de un mandato legal, sino que es la forma correcta de gestionar la infraestructura de puentes.

Como respuesta a una consulta planteada por la Defensoría de los Habitantes al CONAVI, en abril pasado, el CONAVI señaló que cuenta con un inventario de puentes vehiculares en la herramienta informática SAEP (Sistema de Administración de Estructuras de Puentes), en el cual además de las características generales de los puentes, se registran las inspecciones visuales de daños de estas estructuras. Entre los objetivos principales del SAEP se encuentran, según señala el CONAVI, mantener un inventario de puentes existentes (planos, esquemas y fotografías), mantener datos de inspección, evaluar la deficiencia, priorizar reparaciones y mantener historial de reparaciones, rehabilitaciones y sustituciones. En relación con el Sistemas de evaluación del SAEP, CONAVI señala que el mismo permite determinar el grado de deterioro.

En relación con el lineamiento base para la definición de la priorización de intervención de la red vial nacional, el CONAVI informó que se realiza a través del proceso del sistema de administración de pavimentos, el cual utiliza el software PAVER, para alimentar este mediante la información suministrada por la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes producto la auscultación visual para identificar los deterioros de los pavimentos, y con base a esto, el sistema identifica el tipo de intervención requerida.

Dada la naturaleza técnica de la materia que nos ocupa, la Defensoría de los Habitantes recurrió a la colaboración tanto del LANAMME, como del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Programa de Evaluación de Estructuras de Puentes, PEEP del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el fin de conocer su criterio sobre el grado de certeza y exactitud de la información obtenida a través de los sistemas informáticos SAEP y el software PAVER y se les solicitó señalar los aspectos técnicos de los que adolece el sistema y con los que, debería contar para garantizar los parámetros internacionales.

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, señaló que mientras exista riesgos para la vida de las y los habitantes usuarios de las carreteras, el Estado debe garantizar que cuenta con las herramientas que cumplan con los requerimientos internacionales.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

A la opinión pública: Pronunciamiento por parte del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos (CFIA) sobre el nuevo Hospital de Cartago

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), se permite recordar que, desde hace 50 años, el país cuenta con un Código Sísmico, que está al nivel de los Códigos más avanzados del mundo en materia sismo-resistente. Dicho Código tiene en su fundamento en la Ley N° 6119″Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles», en donde el legislador estableció que «Todas las construcciones y obras civiles, que se realicen en el territorio nacional, deberán cumplir con normas mínimas de diseño y construcción antisísmicas». En consecuencia, es claro que estamos en presencia de normas públicas de acatamiento obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 129 de nuestra Constitución Política.

Dicho Código a lo largo del tiempo ha estado en una revisión permanente (el original de 1974 y cuatro posteriores actualizaciones: 1986. 2002, 2010 y 2014), lo que ha generado una cultura en la ingeniería estructural del país, que brinda una respuesta adecuada de las estructuras construidas ante la gran cantidad de sismos de importancia ocurridos, incluso, muy superior a la respuesta de estructuras de muchos otros países del orbe, pues nuestro código en todo momento busca proteger las vidas humanas, la integridad física de las personas, la reducción de los daños materiales y las pérdidas económicas, minimizar el impacto social y económico, y salvaguardar las inversiones de la infraestructura construida.

Adicionalmente, el país tiene un gran nivel en sus profesionales en geotecnia, geología, hidrología y otras especialidades, que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura de importancia, bajo el concepto de que las amenazas antrópicas se resuelven con diseño y medidas correctivas.

En atención a lo anterior, no son de recibo las declaraciones de la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Lic. Marta Esquivel Rodríguez, en el sentido de que la decisión de la contratación del Hospital de Cartago «debe esperar a expertos en fallas sísmicas de California» (sic), por cuanto es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con base en el Código Sísmico mencionado y en el Código de Cimentaciones, así como por geólogos especialistas, que han determinado, desde el punto de vista técnico, la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la CCSS.

En consecuencia, se estima cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica, ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de probidad en el uso y administración de los recursos públicos. En ese sentido, resaltamos que Costa Rica debe sentirse orgullosa de sus gremios profesionales, y estimamos que no debe de cuestionarse de ninguna manera la competencia profesional y excelencia de estos, con el único afán de justificar decisiones de orden político.

El CFIA, como en otras oportunidades, destaca su total disposición para dar opinión y asesorar a los Poderes del Estado e instituciones públicas, en materia de la competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio Federado, en caso de que así se nos solicite, para lo cual resaltamos que siempre actuaremos en apego a la objetividad, a las reglas de la ciencia y de la técnica, así como del principio de legalidad, en aras de orientar la gestión a la satisfacción del interés público.

Finalmente, a manera de reflexión, se recuerda que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios necesarios para preservar la salud y la vida de las personas. En consecuencia, se insta a las autoridades de la CCSS a evitar dilaciones innecesarias, y buscar una solución pronta para que los habitantes de la provincia de Cartago puedan contar con un Hospital que garantice la prestación de servicios de manera óptima y eficaz, en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.

Por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

UCR: Estudio resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda en Costa Rica

En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA

Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.

Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.

“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.

“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.

Una radiografía del sector vivienda 2022

El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.

La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.

El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.

El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR.

Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.

“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.

Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR.

“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.

“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.

“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.

Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.

Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:

  • Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
  • Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
  • Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
  • Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.

Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.

 

Carlos Quesada
Asesor en comunicación del Informe, UCR

UCR: Estudio resalta la necesidad de fortalecer el sector vivienda en Costa Rica

En el 2020 el Gobierno entregó 12 870 bonos de vivienda, mientras que en el 2022 la cifra bajó a 8 500; se trata de la mayor reducción en los últimos 25 años. Foto Laura Rodríguez, UCR

Se dan a conocer los resultados de un proyecto liderado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la UCR, y que integran la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA

Cada vez más viviendas necesitan mejoras; existe una reducción drástica en la cantidad de bonos de vivienda entregados; la falta de soluciones de vivienda para familias de nivel socioeconómico medio; y la urgente necesidad de reestructurar y modernizar el sector son parte de las situaciones reveladas en el informe: Balance y tendencias del sector vivienda 2022.

Este estudio se presentó el pasado lunes 28 de agosto en las instalaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Se trata de un informe que coordina el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), junto con la Fundación Gestionando Hábitat y el CFIA. Este es el tercer año consecutivo en que se realiza.

“Es de suma importancia que el país cuente con una radiografía periódica del sector vivienda y por eso nuestro compromiso es darle continuidad año con año, con el apoyo de nuestras y nuestros especialistas, organizaciones aliadas y patrocinadores”, explicó la directora del Posgrado de Arquitectura, Arq. Dania Chavarría Núñez.

“Debemos recordar que la vivienda es, para una importante cantidad de ciudadanos, la inversión más anhelada y el bien material que les propicia mejor calidad de vida, de ahí la importancia de trabajar de manera conjunta para atender esta necesidad”, indicó por su parte el Ing. Marco Antonio Zúñiga, presidente de la Junta Directiva General del CFIA.

Este informe consta de seis capítulos y fue elaborado por especialistas en temas como arquitectura, urbanismo, trabajo social, economía, geografía y sociología.

Una radiografía del sector vivienda 2022

El balance realizado para el año pasado da cuenta de un contexto económico mundial y nacional muy cambiante, con subidas y bajadas constantes en variables que afectan al sector vivienda como los intereses, la inflación y el tipo de cambio.

La cantidad de hogares que carecen de vivienda ha disminuido de 11,2% en 2020 a 9,5% en 2022, para un total de 11 437 casas que hacen falta. No obstante, la cantidad de viviendas que necesitan mejoras aumentó en más de 100 000 viviendas en tres años, pasando de 659 959 en 2020 a 760 170 en el 2022.

El déficit de vivienda disminuye en cantidad, pero no en calidad; además continúa existiendo la situación de que las familias con un ingreso aproximado entre los 320 mil y los 800 mil colones no cumplen con los requisitos para adquirir un crédito para una vivienda propia y adecuada, ni tampoco califican para obtener el bono de vivienda del artículo 59, que les ofrece una solución integral para terreno y edificación. Una población que sigue estando desatendida con el pasar de los años”, manifestó Franklin Solano, coordinador de investigación del Informe.

El informe tomó la opinión de un grupo de personas expertas que fungen o se han desempeñado como jerarcas del sector vivienda y ordenamiento territorial; especialistas de desarrollo urbano y del sector mutualista; personas investigadoras y docentes universitarias; y desarrolladoras de amplia experiencia en construcción de viviendas. Foto Laura Rodríguez, UCR

Otro asunto que preocupa a las y los autores de este estudio es que desde el 2020 se ha dado una reducción drástica en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, pasando de 12 870 bonos en 2020 a tan solo 8 500 en el 2022. Esa es la menor cantidad de bonos entregados en los últimos 25 años.

“La disminución en la cantidad de bonos familiares de vivienda entregados, no solo significa que miles de habitantes pierden la oportunidad de tener una vivienda adecuada y propia, sino que también impacta la salud de las familias y la macroeconomía del país”, expresó Minor Rodríguez, presidente de la Fundación Gestionando Hábitat.

Esta investigación representa una herramienta útil para mejorar la gestión del espacio público y el desarrollo urbano. Foto Karla Richmond, UCR

“Se estima que por cada colón que el Estado invierte en un bono se producen 1,67 colones en los servicios ligados a la construcción de edificios residenciales, desde generación de empleo hasta compra de materiales, sin mencionar la devolución que se hace al mismo estado en materia de impuestos”, agregó Rodríguez.

“Estamos ante una problemática que se acrecienta y eso afecta el desarrollo de los habitantes y del país”, opinó al respecto el presidente de la Junta Directiva General del CFIA, Marco Antonio Zúñiga.

“El informe también es una oportunidad para mejorar la gestión del espacio público y el urbanismo, de manera que se impacte positivamente en el bienestar físico y mental de la población, sin dejar de lado el impacto responsable con el medio ambiente”, puntualizó este representante del CFIA.

Además de profundizar en otros importantes aspectos del sector como la construcción y el crédito para vivienda o el impacto que tiene el tener una residencia para la salud de las personas, el Informe hace un importante aporte a la realidad actual con un análisis de personas expertas y de gran experiencia en vivienda sobre la necesidad de reestructurar y modernizar el sector.

Algunas de las principales recomendaciones del estudio sobre cómo restructurar el sector vivienda son:

  • Existe coincidencia en la necesidad de reestructurar y modernizar el sistema para mejorar su eficiencia y eficacia.
  • Debe de haber un solo ente que dirija el sector vivienda, el hábitat y el ordenamiento territorial, pero fusionar MIVAH, INVU y BANHVI no es la solución más adecuada, pues agrupa instituciones de naturaleza jurídica distinta y puede tener roces constitucionales.
  • Se recomienda integrar solo MIVAH e INVU, bajo la ley de este último y que la Presidencia Ejecutiva del INVU, con rango de ministro, también sea la cabeza de la Junta Directiva del BANHVI para fortalecer el trabajo conjunto.
  • Es urgente contar con nuevas formas de financiamiento del sector para no depender solo del aporte estatal.

Este proyecto contó con el patrocinio de Hábitat para la Humanidad Internacional, CRDC Global, la Asociación Centroamericana para la Vivienda (ACENVI), Mucap Costa Rica, el Grupo Mutual Alajuela la Vivienda, y la firma consultora FCS Capital.

 

Carlos Quesada

Asesor en comunicación del Informe, UCR

Sin caras y sin vergüenzas mienten a la nación

Juan Francisco Campos
Febrero 20, 2022

El pasado 8 de febrero 2023, durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del gobierno, en el segundo anuncio titulado “simplificación de trámites en materia ambiental”, fueron presentados junto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, los ministros de gobierno Frank Tattenbak Capra (MINAE) y Francisco Gamboa Soto (MEIC), el presidente del CFIA Marco Antonio Zúñiga Montero y el secretario de la Setena Ulises Álvarez Acosta. También, se mencionó el acompañamiento de representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción1.

Si bien la materia ambiental es amplia y compleja como graves son los problemas y daños ambientales que padecen nuestro país y el Planeta, el espacio divulgativo, se limitó a lo que describieron como el “cuello de botella número 92” que este gobierno despescueza con el protagonismo “maestro” del señor Francisco Gamboa; según referencias del propio presidente. Sin embargo, el titular del MINAE ocupó su intervención para llenar de elogios al secretario Álvarez por la tarea cumplida; aunque no se supo bajo cuáles sustentaciones técnicas y/o legales, pues durante el evento, su participación fue muda, máximo que, ni a los representantes de la prensa los interpeló el tema. Tal vez extraño, porque de los cinco protagonistas, este señor era el único supuesto experto en la materia de la Institución que dirige, y a cuya función esencial a través de los expedientes que tramita, dieron a conocer que con la decisión tomada le eliminaron el 65%. Para ellos quizás un “pequeño detalle” pero suficiente para la felicidad manifestada, no obstante, aparte del daño ambiental que induce en el país, vale preguntarnos por las repercusiones que tendrá esta decisión política a corto plazo para los aproximadamente 90 funcionarios de Setena. O sobre los miles de consultores ambientales con credenciales para el desempeño profesional acreditado por esta Institución2.

Pero así fue, el señor Álvarez Acosta no expuso absolutamente ningún sustento técnico ni por parte de sus superiores hubo interés de que lo hiciera, su silencio no se interrumpió ni para corregir las incongruencias discursivas de los acompañantes, si es que su experticia en Evaluación de Impacto Ambiental es consecuente con el puesto que ostenta; por lo tanto, es evidente que fungió como un cómplice más de las mentiras expuestas por ignorancia o mala fe.

Al escribir estas reflexiones, no conocemos todavía la publicación y obvio contenido total del Decreto Ejecutivo anunciado e informado luego por Setena3, acerca de estas nuevas reformas que, por las vísperas evidencian la misma regresividad de las más recientes modificaciones parciales conocidas. Se especula si podrá ser el decreto DAJ-D-008-2018 No. 41132-MINAE que firmara el presidente Solís el 02/05/2018 pero que nunca se llegó a publicar; el generado aparentemente después por el gobierno siguiente titulado “Reforma Integral de 31849-SETENA” con fecha 25/05/2021; reformas o más bien derogaciones consistentemente rechazadas por CONARE4, o en su defecto, “otro más avanzado” acerca de la derogación definitiva del hasta ahora vigente. Es decir, la base de este análisis alude principalmente el vulgar discurso de lo que se atrevieron a decir y repetir los conferenciantes:

1.“Que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental es un manual de tortura de la santa inquisición”. Vulgar descalificación, pues este Reglamento de Ley (D.E. 31849-2004)5 y Manuales con sus anexos y reformas consecutivas anteriores al año 2013, fue elaborado por profesionales de diferentes especialidades y demostrada calificación científica. Está escrito y demostrado que, contó con una amplia participación pública e institucional, así como de los señalamientos precisos y certeros de la Acción de Inconstitucionalidad resuelta mediante Sentencia No.1220-2002 del 06 de febrero de 20026, por parte del más alto Tribunal de este país. También se tomaron en cuenta disposiciones técnicas internacionales, y todo esto, a pesar de la oposición permanente de sectores empresariales nacionales como la Cámara de la Construcción. En consecuencia, ningún ciudadano honrado de nuestra Nación, puede ni debe llegar a tales extremos de bajeza contra esta normativa de tanta trascendencia y sensibilidad. Es notable que se acude a la ridiculización para destruir o en este caso, eliminar algo en lo que carecen de argumentos técnicos y científicos para llevar a cabo. Conducta sin duda alguna consonante con la oposición gubernamental y mismos sectores empresariales contra la ratificación del Acuerdo de Escazú7,8. Dos acciones contundentes y reveladoras de la contra política ambiental de los usurpadores de los poderes del Estado.

  1. “Que se trata de un modelo de escritorio”. Quienes esto han dicho y repiten, entre ellos el secretario de la institución9, parecen confirmar que, nunca lo han leído y mucho menos analizado integralmente y con conocimientos profesionales previos. Pues nadie puede negar que dicho Reglamento General, es parte sobresaliente del bloque de legalidad ambiental que ha dado o dio prestigio internacional a Costa Rica durante años y que, por ejemplo, entre conceptos y definiciones, también comprende un Manual de Procedimientos e Instrumentos Técnicos para el desempeño multidisciplinario tanto en el terreno como en oficina. De manera que, para el cumplimiento cabal e integral de lo que estos señores llaman “modelo de escritorio”, más bien, lo que rige es una transversalización de las fases de campo y oficina en todo el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades. Es decir, si este instrumento verdaderamente interactivo, no ha cumplido la mejor función para la que fue creado, no ha sido por las debilidades que suponen corregir; sino, por las debilidades y desviaciones de quienes lo han administrado, justificando reiteradamente que no es necesaria la inspección de campo. Ejemplo: “Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-0731-2022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección”.Entre los elementos adicionales justificantes de tal decisión se contempla “El contar con un registro fotográfico del área de proyecto”.

3.”65% de proyectos de bajo impacto ambiental que ingresan a Setena ya no requerirán viabilidad”. Del Reglamento inicialmente citado y que asumimos todavía vigente, pues como se ha dicho antes aún no se conoce publicación de su derogación total ni parcial, el Anexo 2 comprende un listado de los proyectos, obras o actividades que deben cumplir el proceso evaluativo. Todos están clasificados y categorizados únicamente en alto (A), moderado (B) y bajo impacto ambiental potencial (C); así mismo, definidos los instrumentos o documentos de evaluación que les corresponde aplicar para obtener la Viabilidad Ambiental. Los de bajo impacto ambiental debían utilizar el documento de dos (D2) para cumplir con el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, obviamente proporcional a su condición respecto a los otros. Pero, aunque esta disposición reglamentaria no siempre fue administrada cabalmente por la Setena, se mantuvo vigente hasta el año 2019 cuando el presidente Alvarado y su esposa, promulgaron el decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (05/07/2019)10 que derogó el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente.  Se dijo entonces que los trámites en la Setena disminuirían un 54 %, se ahorraría mucho dinero y se reactivaría la economía del país. A partir de ese momento, con el mismo D2, se dio lugar a una figura de laxo formato y contenido que llamaron “Registro (permiso) Ambiental”; un proceso de corta duración el cual “… finalizará con una notificación electrónica indicando, número de permiso ambiental emitido al registro…”, no comprende firma de responsable alguno, no especifica tiempo de vigencia y tampoco establece instrumentos para el control y seguimiento. (Ver Artículos 1, 9, 12 y 13 de este Decreto). En dicho orden, es claro que, hace más de tres años la Setena se desligó parcialmente de otorgar licencias ambientales, y a cambio otorgar también permisos ambientales. Hasta la fecha abarcan miles de proyectos, obras o actividades de disímiles características, excluidos y por ende construidos sin Viabilidad Ambiental con la justificante de que se categorizan de bajo impacto ambiental como: Centros de Salud tipo EBAIS, Centros policiales cantonales, Líneas de transmisión y distribución eléctrica, Estaciones de trasporte público de personas, Concesiones de agua, Gimnasios, etc. (Ejs:  R. A. D2-0060-2020-R, P.A. D2-0532-2020, R. A. D2-0750-2020-SETENA, R.A. D2-0876-2022 SETENA)11. Tómese en cuenta que, la categorización y clasificación de los proyectos, nunca se diseñó para excluir, sino para adecuar y garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental.

  1. “Que proyectos pequeños no agregan valor”. Los conceptos y visiones económicas representadas por los conferenciantes, quienes en las regulaciones ambientales no ven más que obstáculos a sus políticas de crecimiento; por regla general no son compatibles con el desarrollo ambientalmente sostenible, así hayan repetido y repitan por siempre que, la protección del ambiente lo llevan en su ADN. El máximo y verdadero valor de los recursos naturales y sobre todo bajo las condiciones del presente, exige en Costa Rica y el mundo una actuación humana realista como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato si12. Y esto es de compromiso con el todo y con todos, lo cual, permita superar la tecnocracia impulsada por estos economicistas, cuyo antropocentrismo moderno ilusoriamente supone que los bienes sólo adquieren valor en la medida en que su explotación satisface las demandas del mercado; olvidando o negando que, tales bienes (recursos naturales) por sí mismo poseen valor intrínseco al margen de dimensiones cuantitativas y de mercado.
  2. Que “para estornudar, remodelar una casita humilde y poner una barbería, había que presentar estudio de impacto ambiental de la Setena.” Desde que se promulgó el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y su Manuel en el año 2004 y posteriores reformas, nunca se estableció que actividades u obras como estas, tenían que presentar algún trámite de impacto ambiental ante esa institución. En los Anexos 1, 2 y 3 puede verificarse cuáles sí lo requieren o requerían.
  3. “Venimos trabajando en esto desde el inicio de la administración, no es fácil…”. “Don Ulises Álvarez es quien ha tenido que llevar el fuerte de esta reforma de fondo.” Como ya se ha dicho, la Viabilidad Ambiental a proyectos de bajo impacto ambiental fue derogada en el año 2019 durante la administración Alvarado y la reforma de fondo o derogación planteada sobre el Reglamento y que, aparentemente es la que ahora está por ejecutarse su puesta en vigencia, fue elaborada durante la administración Solís.
  4. “Que con la reforma por ellos trabajada y que pondrán a regir próximamente, cada proyecto de bajo impacto ambiental que ya no tendrá que ir a la Setena, evitará un costo entre 180.000 y 300.000 colones”. Ni cuando se tramitaba Viabilidad Ambiental a dichos proyectos, obras o actividades con el uso del D2, ni cuando posteriormente se sustituyó por un registro (permiso) ambiental; su costo para el usuario nunca ascendió a la suma mínima señalada de 180.000 colones. Pues no demandaba estudios técnicos, no ocupaba pago de consultor ambiental y la única obligación en este sentido, era pagar el equivalente de 60 dólares por concepto de uso del D2 e igualmente, algo así como leer más que usar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, pues al usuario nunca se le entrega ejemplar alguno.
  5. “Establecer con más claridad los controles de obras es fundamental, eso nos lleva al principio de seguridad jurídica”. Este principio no se garantiza con la derogación de una obligación reglamentaria legalmente constituida y consolidada, en cuanto a los requerimientos de la evaluación de impacto ambiental para los proyectos aquí señalados. Por lo tanto, la disposición en marcha que acabará hasta con el registro (permiso), violenta dicho principio, tanto porque en materia ambiental no es válida la retroactividad ni regresividad de normas, como también, porque el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental permanece incólume. Y parte de lo que sí es más claro, son los descontroles en que quedaron desde la reforma del 2019, una cifra aproximada a los 4500 proyectos de bajo impacto ambiental desarrollados. Así mismo, otros indicadores de atención, como las más de 19.000 denuncias ambientales ingresadas ante las instituciones del MINAE en el mismo período. (Ver sitio web de SETENA y Contraloría Ambiental)13,14.
  6. “Los proyectos grandes realmente sí tienen que demostrar un no impacto al ambiente”. Ningún proyecto sea de la dimensión que sea, tiene ni puede demostrar tal condición, pues si no impacta es porque no existe; además, la dimensión del proyecto no es el único factor determinante del peso del impacto.  Si por proyectos grandes, los conferencistas pretendieron referirse a los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental potencial que contempla el Reglamento, deben de conocer estos señores que, impactos son impactos. Tanto a esa categoría alto, como a los de mediano y bajo, para todos se deben determinar sus impactos mediante los estudios técnicos, y de esta forma plantear las medidas apropiadas para contrarrestarlos y alcanzar el equilibrio que exige el desarrollo ambientalmente sostenible. Si los impactos ambientales como los de proyectos de categoría mediana y baja, no se identifican y gestionan bajo la misma herramienta, representarán daños al ambiente que, también por acumulación y efectos sinérgicos, llegarán a ser de iguales o mayores consecuencias negativas que los de alto. Y algo más, los impactos ambientales de toda categoría de proyecto, impactan sobre el mismo ambiente, pues no existen tres o más ambientes; el ambiente es uno sólo: la “Casa Común”.
  7. Esto es muy importante, pues ahora muchos no van a tener que gastar su dinero en lo que no es importante”. “Muerte a la tramitomanía innecesaria”. “Estamos felices ahora. Setena menos fregando desde el escritorio”. “Es una reforma muy sustancial del reglamento de Setena que vemos muy positiva”.Estas estultas y chabacanas declaraciones de la moderna política pública del gobierno, no representan más que la absoluta autodescalificación para administrar las políticas públicas verdaderamente necesarias para volver a avanzar en este país, y no los retrocesos con que, también en materia ambiental e igual lineamiento, se exhiben a nivel internacional. Es falso que se trata de reforma del reglamento de Setena. También es falso que, no es importante invertir dinero para aplicar un procedimiento técnico-administrativo y carácter preventivo, que le facilita a la autoridad ambiental tomar de decisiones informadas respecto a la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. Sin duda que, el atrevimiento desborda los límites de lo esperado, al menos por parte del poder ejecutivo de un país que se creyó democrático y de tradiciones ecológicas.

Así estamos, sobreviviendo de la pandemia del siglo que, ya acabó con la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo especialmente pobres, mientras la pobreza continúa su expansión tanto como la acumulación y concentración de capitales a costa de más sacrificio humano y del ambiente. Es decir, la amenaza y creciente número de muertos continúa. Las fuerzas e intereses que dominan el mundo no dan muestra de pretender revertir tal situación, pues sin haber acabado la pandemia, la guerra ha sido y es su segunda estrategia aún en medio de las catástrofes naturales que, también advierten el cambio climático. A las consecuencias de todo esto, no hemos escapado ni escaparemos en Costa Rica. Pero su gobierno, cínico, prepotente y además ignorante como pocos de la historia nacional, un día sí y el siguiente también acude al añejo “arte de la mentira política” y con absoluta fidelidad a los grupos plutocráticos que representa, pretende hacer creer al pueblo falsedades con vistas a los fines de: “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”. Misma receta para la cual, desde años anteriores aplicaron el terrorismo psicológico de Estado mediante el llamado “memorando del miedo” Casas-Sánchez15.

Por lo tanto, no hay tiempo que perder, luchar y trabajar es ocupación de personas honradas y la denuncia, contra las mentiras de quienes en la Administración del Estado se apartan de sus responsabilidades, deberes y obligaciones de cumplir con la Constitución, la ley y sus reglamentos; es una herramienta legal a disposición de todos y con carácter obligatorio, según lo establecido en el Artículo 50 Constitucional y No. 111 del Reglamento General -todavía vigente.

Referencias:

  1. https://www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/591766985657658
  2. https://portal.setena.go.cr/Consultors
  3. *https://www.setena.go.cr/es/Noticias
  4. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
  5. La Gaceta No. 125 del 28/06/2004
  6. https://vlex.co.cr/vid/-498448770  
  7. https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/
  8. https://www.elpais.cr/2023/02/17/acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-del-liderazgo-al-olvido/
  9. https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/el-modelo-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible/
  10. https://vlex.co.cr/vid/decreto-no-41815-minae-798534217
  11. https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/d2
  12. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
  13. https://www.setena.go.cr/es/Tramites/Resoluciones
  14. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  15. https://es.wikipedia.org/wiki/Memor%C3%A1ndum_del_miedo

Acreditación de siete carreras del área de Ingeniería de la UCR será reconocida en todo el mundo

Agencia de acreditación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos ingresó al Acuerdo de Washington de la Alianza Mundial de la Ingeniería

La inversión en la infraestructura y en el equipo tecnológico necesario para que los estudiantes y los docentes puedan contar con laboratorios adecuados para su desarrollo académico, es una de las variables que se incluyen dentro de los procesos de autoevaluación con miras a cumplir con una acreditación. Anel Kenjekeeva.

La Facultad de Ingeniería (FI) de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuenta con nueve carreras, de las cuales siete están acreditadas ante la Agencia de Acreditación de Programas de Ingeniería y de Arquitectura (AAPIA), del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Dicha Agencia fue aceptada el pasado 22 de junio como miembro pleno del Acuerdo de Washington de la Alianza Mundial de la Ingeniería, durante el congreso anual en el que participaron los 19 países signatarios entre los que están Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Irlanda, Japón y Rusia.

Esto significa que la acreditación de las carreras de Ingeniería de Biosistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química e Ingeniería Topográfica tendrá esta característica adicional; las carreras de Arquitectura y Ciencias de la Computación e Informática también están acreditadas pero no ante el AAPIA, si no que ante la Agencia Centroamericana de Acreditación de Arquitectura e Ingeniera (ACAAI) y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), respectivamente.

Las carreras de Ingeniería de la UCR organizan múltiples actividades abiertas al público en las que los estudiantes exponen los trabajos que han hecho durante sus cursos, como por ejemplo el RobotiFEST UCR de la Escuela de Ingeniería Industrial, la ExpoIQ de la Escuela de Ingeniería Química y el Día de Puertas Abiertas de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Foto Anel Kenjekeeva.

Cabe resaltar que la totalidad de las carreras de la Facultad de Ingeniería de la UCR están acreditadas y cinco de ellas cuentan con reacreditación por parte de SINAES.

“Esto es un indicador de que se siguieron procesos rigurosos de verificación de la calidad de acuerdo a las normas internacionales y que nuestras carreras las cumplen, así es que en este momento tenemos siete carreras que ingresan de manera automática al Acuerdo de Washington. Esta es una de las formas en que la UCR y la Facultad de Ingeniería garantizan la calidad de sus carreras”, señaló el Ing. Orlando Arrieta Orozco, decano de la FI.

Por su parte, la presidenta del CFIA, Ing. Alejandra Morice Sandoval, indicó que el Acuerdo de Washington de la Alianza Internacional de Ingeniería establece y hace cumplir normas globalmente reconocidas para la educación y la práctica profesional de la ingeniería.

“Este ha sido un largo proceso de casi 20 años y un gran esfuerzo por parte del CFIA para alcanzar esta meta, esperamos que los profesionales de ingeniería puedan aprovechar todos los beneficios que brinda este reconocimiento e incentivamos a las universidades a que se incorporen en este proceso de acreditación ante la AAPIA”, agregó finalmente Morice Sandoval.

 

Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/