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Por M.Sc. Claudio Vargas Arias, historiador, abogado y director de la Escuela de Historia, UCR

Una reflexión crítica respecto al proceso de independencia de Costa Rica, tomando en considerando aspectos previos y posteriores al acontecimiento

A un año de que los países de Centro América cumplan 200 años de haberse separado de España, procede hacer algunas reflexiones en torno a esa efeméride y a sus implicaciones:

La historia como ciencia social, ya no centra su atención, como los hacían los enfoques que antes estudiaban el pasado, en los acontecimientos, ni en las acciones aisladas de individuos descontextualizados de su tiempo y de la sociedad en que vivieron. Tampoco se limita a hacer referencia al estudio de acciones exclusivamente políticas, militares o diplomáticas, como se hacía anteriormente, sino que ha ampliado el espectro de su estudio. Los nuevos enfoques historiográficos tampoco se quedan en la enumeración de hechos aislados, sino que estudian situaciones que ocurrieron en el mediano y el largo plazo (las coyunturas y las estructuras), por lo tanto, se interesa no solo en los meros “acontecimientos”.

Otro aspecto importante de analizar es que, al menos para Costa Rica, el tránsito a la vida política independiente no tuvo un impacto significativamente inmediato. De hecho, a diferencia de otros países, para los cuales la independencia política fue el desenlace de luchas e insurrecciones en contra del dominio colonial, la noticia misma de la independencia llegó por medio de un correo remitido desde Guatemala. Tras la llegada de la denominada “acta del 15 de setiembre”, se generaron diversas acciones y posiciones que evidencian la falta de claridad sobre sus destinos compartidos, que tenían los dirigentes del país y sus pobladores.

Y es aquí donde es oportuno recordar, que muchas de las principales transformaciones que viven los países a lo largo de su historia, se explican no a partir de decisiones o acciones aisladas, sino como parte de procesos que se gestan mucho antes que ellos ocurran y se consolidan hasta mucho tiempo después de haber sucedido. Así las cosas, debe entenderse entonces que la “independencia”, no puede explicarse como una decisión de un grupo de personas en un momento determinado, sino como parte de un proceso con dimensiones que tardó muchos años. Por otra parte, hay que recordar que los cambios que suceden no ocurren todos ellos con la misma celeridad: una transformación política, por ejemplo, es más fácil de entender y de ubicar en el tiempo que un cambio económico. Ni que decir de los procesos ideológicos, mentales o culturales que son menos fáciles de determinar, especialmente por quienes los viven.

Por ello no es de sorprender que la llegada del “acta del 15 de setiembre” y las reacciones inmediatas y aún mediatas que se dieron, no conllevaron a que aquellos habitantes del país propiciaran sentimientos o acciones políticas y administrativas en la decidida búsqueda de autonomía o soberanía. En todo caso, aquellos que hoy llamamos “costarricenses”, no se concebían a sí mismos como tales, pues su identidad quedaba circunscrita al plano local (se era josefino, alajuelense o cartaginés) o al ámbito religioso (todos eran católicos). Son más bien las interpretaciones que se hacen posteriormente y que algunos repiten aún en los tiempos actuales, las que pretenden explicar la independencia como resultado de una acción o un hecho aislado, y no como parte de un proceso que ni empezó ni acabó en 1821.

Definitivamente el proceso de independencia política de la provincia de Costa Rica está vinculado con el surgimiento y la formación de Estado costarricense. No obstante, no bastó con que los vínculos políticos de los países de América Latina se desligaran del decadente Imperio español, para que, de la nada, sugiera un nuevo estado. Desde el punto de vista económico fue necesario la existencia de una base productiva sólida y consistente que vinculara en forma definitiva al país, con el comercio internacional. Precisamente fue la producción cafetalera, iniciada a partir de la tercera década del siglo XIX, la que favoreció este vínculo, después de varios intentos por buscar en otros productos una ansiada relación comercial estable.

Al establecerse estos vínculos definitivos con el mercado internacional de corte capitalista, el naciente Estado costarricense igualmente estuvo marcado por esta impronta y sus relaciones productivas internas se intensificaron en ese sentido, alimentando la tendencia monoproductiva. No es casual tampoco, que el grupo que controló la producción, industrialización y comercialización cafetalera, a partir de mediados del siglo XIX, buscara también tener un control directo del poder político, con lo cual la oligarquía cafetalera se apropió también de la dirección estatal para imponer su hegemonía en el país.

Pero si bien la base económica resulta esencial para el formación y posterior consolidación del nuevo estado, no menos importante lo fue su organización política y jurídica. Y es que, como los hemos indicado “los costarricenses” de entonces, carecían un referente identitario nacional y las ansias de ser autónomos y soberanos, no estuvieron en sus proyectos inmediatos.

El temor a ser libres con un tamaño relativamente pequeño, después de pertenecer a una unidad política mayor, como lo fue la Capitanía General de Guatemala al final de la Colonia, llevó a estos habitantes a buscar un alero político de mayores dimensiones. Al coincidir sus expectativas, al menos inmediatas con las de los países centroamericanos, fue entonces cuando Costa Rica se incorporó, en marzo de 1824, a la República Federal de Centro América, que ya antes se había constituido. Al formar parte de esa unidad política mayor, el Estado costarricense tuvo que adecuar su legislación y su organización política a ese sistema federal y en mucho, someter sus acciones a los mandatos de aquella organización.

Es bien sabido que, al proyectarse los conflictos, intereses y las desconfianzas del régimen colonial, en la naciente Federación Centroamericana, este proyecto político fue poco exitoso. En mucho, la lejanía no sólo física, sino también orgánica que Costa Rica mantuvo de aquel sistema, impidieron que sobre esta se proyectara de manera directa el impacto de dichos desaciertos en la organización del pequeño estado. Pese a ello, es completamente desacertado y carente de lógico afirmar que Costa Rica fue desde que rompió sus lazos con España un país libre, soberano e independiente, como lo siguen repitiendo algunos, sin conocimiento certero y adecuado de la historia del país.

Si bien en abril de 1829, Costa Rica procuró romper los lazos con la organización federal que se encontraba en estado de anarquía, mediante la conocida Ley Aprilia, la pertenencia al régimen federal fue reestablecida en febrero de 1831, cuando aquella Ley fue derogada. La crisis de la organización federal no pudo ser superada y el 15 de noviembre de 1835, se emitió un decreto que estableció que los pueblos de Costa Rica asumirían la plenitud de su soberanía y formarían un estado libre e independiente. Aunque este proceso de separación y automatización, al menos en lo político e institucional, se consolidó con la Declaratoria de la República el 31 de agosto de 1848, por iniciativa del gobernante José María Castro Madriz.

Tendrían que darse otros múltiples procesos en distintos ámbitos, para que el Estado costarricense alcanzara sus atributos esenciales y culminara este proceso en la segunda parte del siglo XIX. Por ejemplo, con el establecimiento de la soberanía estatal tanto en el ámbito externo (por medio del reconocimiento de sus vecinos y de otros países con quienes negociaba) e internamente (estableciendo el control sobre el territorios y comunidades, inclusive indígenas, distantes a sus capacidades de imponer su dominio).

También resultó esencial, lograr establecer un aparato institucional -amparado a un marco jurídico claro-, competente y profesionalizado y ser capaz de generar la producción simbólica del Estado, reforzando los valores de democracia, identidad nacional y sentido de pertenencia. Lejos se estaba en aquellos años, de un concepto más comprensivo de ciudadanía -aún incompleto en nuestros días- en el cual tuvieran cabida, por ejemplo, las mujeres y las diversas étnias del país, en el cual existiera participación en la toma de decisiones que afectan a todos.

Vale por lo tanto finalizar este breve análisis, enfatizando en la necesidad de explicar el pasado, tantas veces estudiado e interpretado, desde una perspectiva que supere la tradicional la acción individual y el corto plazo. En este sentido, la efeméride del 15 de setiembre es una buena ocasión para hacerlo.

Claudio Vargas Arias
Historiador, abogado y director de la Escuela de Historia, UCR