Skip to main content

Etiqueta: Combo del ICE

El ICE: los verdaderos responsables de la crisis

Ricardo Segura Ballar.

Ing. Ricardo Segura Ballar

A raíz de las recientes decisiones de las autoridades del ICE en relación con el racionamiento eléctrico por un supuesto descenso crítico del agua en los embalses se han generado una serie de reacciones todas vinculando estas decisiones con la privatización del ICE. El manejo mediático de la “crisis energética”, podríamos asegurar, es para generar un estado de ánimo con el fin de ganar la opinión pública para que esta acepte dócilmente el proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente 23.414, que no es otra cosa que darle el tiro de gracia al ICE, cuando ese proyecto lo que persigue es favorecer a los generadores privados.

De acuerdo con que la administración Chaves Robles está inmersa en esa política de desmantelamiento del Estado y sus principales instituciones, ya nos lo había advertido el presidente, Rodrigo Chaves, cuando siendo ministro de Hacienda, (administración Alvarado Quesada 2018-2022) afirmó que a Costa Rica había que aplicarle “cirugía de campo de batalla”. Sin embargo, este ambiente convulso y de reacciones muchas veces en caliente, se puede convertir en una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos responsables de la crisis del ICE tanto en energía como en telecomunicaciones. Es por eso que el momento se presenta favorable para hacer algunas valoraciones de la historia reciente sobre quienes han sido los responsables de la crisis y esto apunta de manera directa al Partido Liberación Nacional (PLN) y al Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y por supuesto en la actualidad a Rodrigo Chaves que es una continuación de las políticas neoliberales y privatizadoras llevadas a cabo por los partidos precitados. Veamos entonces.

Fue durante la primera administración Arias Sánchez (1986-1990) cuando se dio uno de los casos de corrupción más sonados y tuvo que ver con la entrega de la telefonía celular a la empresa MILLICOM. Era un deber de la administración superior del ICE meter de lleno a la institución en el desarrollo de esa nueva tecnología que ofrecía ventajas técnicas y económicas a muy corto plazo, pero no lo hizo y apostó por entregarle la telefonía celular al sector privado. De hecho, en la reunión del Consejo Directivo del ICE del 27 de abril de 1987 se planteó que el ICE no hiciera nada y que esperara a que los sistemas celulares se desarrollaran por el sector privado y no interferir en ese tipo de proyectos. Pero para entregar esa telefonía, las frecuencias, que era lo que importaba, tenían que tener, en teoría, un manto legal. Y es así que, con ventaja para la empresa MILLICOM S.A., omitiendo lo indicado por la Constitución Política en el inciso 14, artículo 21, el acuerdo del 04 diciembre de 1987, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 17 de febrero de 1988, adquiriendo carácter de decreto Nº 268, con las rúbricas del presidente de entonces Oscar Arias y el ministro de Gobernación y Policía, Rolando Ramírez. Es decir, COMCEL S.A representante de Millicom., tenía garantizado el rango de frecuencias para brindar la telefonía celular en Costa Rica, casi sin resistencia al frente, al menos eso creyeron en aquel momento. Millicom empezó a brindar ilegalmente la telefonía celular en abril de 1989. El caso Millicom explotó en la administración Figueres Olsen (1994-1998) cuando en 1994, ante un recurso interpuesto por el SIICE la Sala Constitucional consideró que lo actuado por la administración del ICE y Oscar Arias fue ilegal porque contravenía la Constitución Política. En paralelo con MILLICOM se trató de privatizar el Sector de Telecomunicaciones, RACSA y CNFL por medio del proyecto ECOTEL asunto que por la resistencia que generó no avanzó. Ninguno de los involucrados en estos actos anómalos fue condenado. Todo fue investigado por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 11444. Todos impunes.

En la administración Oscar Arias (1986-1990) se avanzó con la ley denominada “Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma Paralela, conocida como Ley 7200. Esa Ley se aprobó en noviembre de 1992, en la administración Calderón Fournier (1990-1994) y tenía como propósito permitir la generación eléctrica mediante centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales de limitada capacidad –que no sobrepasasen los 20000 kilovatios (KW) de potencia pertenecientes a empresas privadas o Cooperativas de Electrificación Rural que pudieran integrarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A pesar de esa apertura la Ley 7200 tenía ciertas salvaguardas tarifarias que se manejaban bajo el criterio del costo evitado y la intervención del SNE, hoy ARESEP. Entre 1989 y finales de 1994 la tendencia del costo promedio por KWh, tanto para el ICE como para los generadores privados se mantenía dentro del costo evitado. Sin embargo, a principios de 1995 el costo promedio por KWh pagado a los generadores privados sufre una tendencia hacia el alza muy pronunciada, mientras el pagado al ICE por las distribuidoras permanecía casi sin alteración. Cabe señalar que durante la administración Calderón Fournier solo se firmaron cuatro contratos de cogeneración. En la administración Figueres Olsen se firmaron 29 contratos 1 Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987. entre ellos los proyectos hidroeléctricos Volcán y Don Pedro. Estos proyectos por pertenecer a la empresa Global Energy en la cual tenía intereses directos el presidente José Mará Figueres y su familia casi determinaron la quiebra del Sector Eléctrico del ICE.

Fue en la administración Figueres Olsen cuando el Consejo Directivo del ICE, en la sesión Nº4598 del 18 de octubre, tomó la decisión de modificar las fórmulas del esquema tarifario, tarifa anual o piso ajustable en función de los proyectos precitados. El SNE, hoy ARESEP, los aprobó en diciembre de ese año, todo muy rápido. Una vez modificada la fórmula la mayoría de la lagartera generadora privada se cambió a la tarifa piso ajustable. El impacto fue severo, tanto así que ese factor incidió brutalmente en los gastos del Sector Eléctrico del ICE. En el año 1999, la compra a los generadores privados, representaba el 35% de los gastos de operación del Sector Eléctrico, las proyecciones estimaban que para los años 2000 y 2001esa compra oscilaría entre el 42% y el 40% de esos gastos operativos, siendo que esos generadores producían solo el 12% del total de la energía que se producía en ese momento. Una asimetría impresionante y ellos felices succionando al ICE. Después una Comisión Especial Legislativa, integrada en el año 2000, determinó que efectivamente la modificación tarifaria hizo que el ICE pagara aproximadamente $40 millones demás por esa generación. En el año 1995 se aprobó la Ley 7508 que modificó la estructura de la Ley 7200 y abrió 15% más el segmento para los privados y permitía la compra de energía bajo el régimen de competencia. Ya tenían el 30%, ahora lo quieren todo.

En paralelo con el contubernio tarifario, fue en esta administración Figueres Olsen cuando inició una de las campañas más agresivas para vender los activos del Estado argumentando el pago de la deuda interna. Esa campaña fue brutal, todo el entramado mediático estaba alineado con esa tesis, había que pagar la deuda interna o el país se hundiría en el averno. En esa campaña participó activamente el en ese momento expresidente Oscar Arias y su adlátere Eduardo Lizano. Para esa fecha el Partido Liberación Nacional se había convertido en la vanguardia privatizadora y en la madriguera política de la extrema derecha. Para 1996 la campaña tomó impulso y a finales de 19996 fueron sumados a la misma todos los expresidentes de entonces que se pronunciaron a favor de las tesis privatizadoras y de venta de activos, todos con excepción del expresidente Rodrigo Carazo, ya convertido a inicios de 1996 en presidente del Consejo de Defensa de la Institucionalidad , CDI, instancia que le salió al frente a las tesis de la administración Figueres Olsen y logró en conjunto con otros actores sociales derrotar la campaña e impedir que los activos del Estado fueran festinados. Le apuntaban especialmente al Sector de Telecomunicaciones del ICE. A propósito, Millicom fue expulsada en mayo de 1995.

Una nueva ofensiva sobre el ICE inició en el año 1999 cuando la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) presentó y avanzó con los proyectos conocidos como el Combo del ICE que permitían la apertura de los Sectores de Telecomunicaciones y de Energía. El Combo del ICE fue aprobado en marzo del año 2000 pero finalmente fue derrotado por la resistencia popular, sindical y por el accionar de los diputados del extinto partido Fuerza Democrática. En la práctica fue una insurrección popular la que derrotó el Combo del ICE. El PLN se plegó, como era de esperarse y le dio los votos al proyecto. Esperaba ganar las elecciones, pero pagó políticamente su entreguismo y perdió. Paradójicamente las ganó Abel Pacheco. Del Combo del ICE pasamos a la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con el resultado por todos conocidos y que generó la apertura del mercado de telecomunicaciones, donde el ICE es hoy uno más de los participantes en ese mercado en competencia, esperaban su destrucción, pero dichosamente no ha ocurrido.

Todo lo anterior para que no se pierda de vista quienes han estado detrás de todo el entramado privatizador y de venta de la patria. ¿Pensamos que el PLN, el PUSC, y otros sectores de la derecha votarán en contra de ese proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”; expediente Nº 23.414? No lo harán, en eso son de los mismos, abanderados de la privatización y la venta de activos como lo demuestra la historia reciente. Solo la organización popular logrará parar los intentos de destruir el ICE llevados a cabo por la banda privatizadora que ha azotado este país durante los últimos cuarenta años. Así que entonces a prepararse y templar el espíritu para la lucha y hacer de la consigna: defender el ICE es defender la Patria, una realidad.

  1.  Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987
  2. Diario Oficial La Gaceta, Nº 33, publicación del Decreto Nº 268, Ministerio de Gobernación y Policía y Presidencia de La República, 17 febrero 1988
  3.  SIICE, Sindicato de Ingenieros del ICE.
  4. Comisión Especial para investigar el área de telecomunicaciones del ICE, incluyendo Racsa, en lo relacionado con comunicaciones vía satélite, facsímiles, telefonía analógica, celular, etc.; así como actuaciones de los jerarcas de ambas instituciones, expediente Nº 11444.
  5. Todo lo relacionado con la actividad de Global Energy fue investigado por una Comisión Especial Legislativa que trabajó bajo el expediente Nº 12769, el informe de minoría fue categórico en relación con la actividad de Global Energy y la participación del presidente de entonces José María Figueres en ese entramado favorecedor de Global Energy. Recordar el caso del Tajo Don Jaime.
  6. Comisión Especial Investigadora para que indague los contratos de compra de energía eléctrica, suscritos por el instituto costarricense de electricidad con los generadores privados de energía, expediente 14.453, agosto del año 2000.
  7. Ing. Ricardo Segura Ballar, La Resistencia Nacional contra la política de implantación del modelo neoliberal en Costa Rica, La campaña de la deuda interna: intento de fractura ideológica para vender las instituciones del Estado, octubre 1999.
  8. Gabriela Segura Mena, Tesis de Grado, Reforma del Estado y actores sociales en Costa Rica: el proceso de conformación y evolución del Consejo de defensa de la Institucionalidad, 1994-2000

Regresar a Informe especial / La ruta de la crisis de electricidad

ALCOA, Combo del ICE, TLC y Jornadas 4-3

Vladimir de la Cruz

En las grandes luchas políticas, sociales y populares que se han dado, en estos últimos 50 años, desde 1970, tenemos tres grandes eventos, que han contado con grandes movilizaciones populares, estudiantiles, de trabajadores y, en el TLC, de sectores productivos y empresariales.

Estas tres grandes luchas fueron las movilizaciones estudiantiles y populares contra la aprobación del Contrato Ley de la ALCOA, que culminaron en abril de 1970, las movilizaciones que se dieron contra el llamado Combo del ICE, un conjunto de varias leyes que se aprobaron en los días de la Semana Santa del 2000, y la discusión nacional que impuso la discusión del llamado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se agregó al llamado Tratado de Centroamérica, y República Dominicana que se integró seis meses después de haberse aprobado, luchas que empezaron a darse en el 2006 y culminaron con la votación del Referendo en octubre del 2007.

En las tres luchas estuve activamente vinculado. De ellas extraigo las siguientes experiencias. En la primera, la de ALCOA, como uno de los dirigentes estudiantiles de la huelga; en la del Combo del ICE, como dirigente en ese momento, y asesor parlamentario, de la fracción legislativa de Fuerza Democrática, y en la del TLC como ciudadano interesado en esa discusión nacional.

En estas tres luchas había, en primer lugar, un grupo organizado de agitación, de debate, de discusión del Proyecto de Ley de la ALCOA, de las leyes que constituían el Combo del ICE y del texto del TLC.

Estos grupos organizados eran, en la lucha de la ALCOA las organizaciones políticas estudiantiles universitarias, el Frente de Acción Universitaria, que en la práctica era la que había iniciado esa lucha en la Universidad, que la llevó al Congreso de la Federación de Estudiantes de marzo de 1969, cuando la FEUCR, asumió un papel activo integrando la Comisión que estudió el Proyecto de Ley de la ALCOA. A ello se sumó en la proyección, de este debate y lucha, el movimiento estudiantil de secundaria, visitando colegios y agitando en contra de la ALCOA, y los estudiantes de ingreso universitario en 1970, en Estudios Generales, donde se desarrollaron organizaciones estudiantiles que sumaron de modo muy importante su participación, organización y agitación.

Elemento clave fue que aun cuando el Gobierno de José Joaquín Trejos Fernández envió a las sesiones legislativas extraordinarias, de diciembre de 1969 a abril de 1970, la discusión, aprovechando las vacaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil universitario se mantuvo en la lucha con un piquete permanente en los predios y jardines legislativos. En esos días no existían los muros que después le hicieron al edificio para evitar que de nuevo se volvieran a repetir piquetes permanentes en los jardines legislativos. Era tiempo de elecciones nacionales que se resolvían en febrero de 1970, las que ganó José Figueres Ferrer, quien desde España enviaba apoyo a favor del Contrato de la ALCOA.

Importante fue la lucha regional en Pérez Zeledón y los otros grupos estudiantiles de la juventud liberacionista, los estudiantes cristianos en sus diversas organizaciones que tenían en la UCR. Esto era un elemento importante, porque se requería un gran debate nacional, una discusión política y legal de los proyectos. La discusión y el debate eran clave para desarrollar un estado de conciencia, y una toma de conciencia que permitiera impulsar la lucha.

En segundo lugar, a la par de la agitación se daba un gran nivel de movilización de los estudiantes, alrededor de la lucha en particular y en torno a las organizaciones juveniles y estudiantiles que existían. La lucha alcanzó a algunos importantes colegios privados, de los cuales sus estudiantes se sumaron apoyando la lucha.

En tercer lugar, un papel importante lo desempeñó el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, universitarias y de secundaria, que se involucraron en la lucha.

En cuarto lugar, fue clave el papel que en la Asamblea Legislativa mantenían los 10 diputados que se oponían al Contrato de la ALCOA. Ese bastión de diputados fue importante porque la lucha de calle se orientaba a ir a apoyar a los diputados en su debate parlamentario, en su oposición legislativa. Algunos de esos diputados, como Rodrigo Carazo Odio, se vincularon estrechamente a las organizaciones estudiantiles en las visitas a colegios para informar y contribuir a agitar la conciencia estudiantil. Los diputados opositores se convertían en la palanca contra el Contrato de la ALCOA.

En el caso del Combo del ICE se dieron igualmente estos elementos. La existencia de organizaciones sindicales, especialmente las tres del ICE, que llevaban el peso de la lucha y de la movilización. Las organizaciones estudiantiles y universitarias que también se sumaron a esa lucha, así como organizaciones populares amenazadas de la privatización del ICE y el efecto e impacto nacional que ello tendría.

Como en la lucha contra la ALCOA, en la Asamblea Legislativa jugaron un papel muy importante los tres diputados de Fuerza Democrática, José Manuel Núñez, José Merino y Célimo Guido, que fueron la palanca parlamentaria contra la aprobación del llamado Combo del ICE. Los diputados eran el vértice y el punto de llegada de los manifestantes a la Asamblea Legislativa. En todo el territorio nacional las organizaciones sindicales del ICE, que estaban por toda la geografía patria, llevaron la batuta de esas luchas, paros, huelgas, bloqueos de calles y movilizaciones regionales.

El Combo se aprobó en la Semana Santa del año 2000, un jueves santo a las 11 de la noche. Igual que en la ALCOA se suspendió el trabajo legislativo con el ánimo de desmovilizar. En el caso del Combo no funcionó la desmovilización. Se mantuvo la lucha por tres semanas más de manera intensiva y creciendo en todo el país.

El paro nacional se hacía sentir y el gobierno de Miguel Angel Rodríguez, de manera inteligente, aceptó la situación.

Para finalizar esta lucha se integró una Comisión extraparlamentaria que buscó la salida final, integrada por las vicepresidencias de la República, diputados y representantes de las organizaciones en lucha, que se encargó, en cierta manera de desmantelar lo que la Asamblea Legislativa había aprobado, logrando con éxito, en ese momento, la no privatización del ICE como se planeaba.

De no haberse integrado esa Comisión, y el movimiento hubiera seguido creciendo, probablemente el gobierno de Miguel Angel Rodríguez hubiera entrado en una gran crisis política nacional y gubernativa, insospechada y desconocida en el país hasta ese momento, lo que no sucedió.

En el caso de la aprobación del TLC, con Estados Unidos, el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella lo había aprobado en diciembre del año 2004. No lo envió a la Asamblea Legislativa para su trámite parlamentario, porque el año 2005 era año electoral y obviamente los grupos políticos que estaban a favor del Tratado entendían que en año electoral no debía discutirse en la Asamblea Legislativa.

Así, Abel Pacheco lo introdujo para discusión parlamentaria en diciembre del 2005, que era un período electoral nacional, en el cual la Asamblea Legislativa se encontraba en receso parlamentario por el fin de año y por las elecciones de febrero del 2006.

Pasadas las elecciones, en las que triunfó apretadamente Oscar Arias Sánchez, en febrero débilmente se empezó a conocer el trámite del Tratado, con diputados que dejaban de serlo el 1 de mayo. Ottón Solís, su principal contrincante electoral en esa elección, y su partido Acción Ciudadana, estaban en contra del Tratado, de una manera extraña. Ottón sostenía la tesis de que le dieran los votos para triunfar y una vez ganador impugnaría el Tratado, lo que exigía para ese procedimiento que primero se aprobara.

El Tratado de Libre Comercio generó una división nacional amplia, de sectores estudiantiles, populares, de productores y empresarios afectados por el Tratado. Con una oposición parlamentaria, en la que también estaba el diputado José Merino, con su recién fundado partido Frente Amplio, estaba constituida la palanca de freno de ese Tratado.

En la lucha contra el tratado, que parlamentariamente se extendía, el exdiputado José Miguel Corrales accionó ante el Tribunal Supremo de Elecciones para convocar un Referéndum de consulta, que el Tribunal aprobó en su convocatoria. En esa circunstancia, que atrasaría su debate y aprobación por lo menos 10 meses más, mientras se recogían las firmas de convocatoria del Referéndum, el Presidente Oscar Arias acudió al expediente de convocar el Referéndum, por iniciativa presidencial, y dejar sin efecto la convocatoria que promovía José Miguel Corrales, y evitarse así el atraso de la recogida de firmas, y ganar tiempo para la gestión de su gobierno. Así se realizó el Referéndum de octubre del 2007 en el cual por un porcentaje muy bajo se validó el Tratado, que siguió el trámite legislativo de aprobación.

En todas estas luchas hubo agitación y debates intensos de los temas parlamentarios, organizaciones estudiantiles, sindicales, y populares en lucha, movilizaciones a la Asamblea Legislativa apoyando a los diputados opositores que eran las palancas de los grupos populares, resistentes a estos Proyectos de Ley.

Hoy los sectores sociales, todos los trabajadores, los sindicatos y los mismos estudiantes, se afectan en la posibilidad de aprobación de la discusión del Proyecto de Ley de las Jornadas 4-3 con la que se pretende establecer la jornada de trabajo de 12 horas diarias de manera legal, aunque no constitucional.

La jornada afectará especialmente al sector privado de los trabajadores que alcanza a más del 90% de todos los trabajadores del país. Los defensores de la jornada de 12 horas sostienen que solo alcanza a un 10% de la mano de obra nacional, a unos 200.000 trabajadores del sector privado, especialmente el que está en zonas francas.

La campaña orientada a que no afectará al sector público es para debilitar la resistencia nacional organizada de estos sindicatos, para sacarlos de la discusión, presión, organización y movilización lo que está sucediendo, y para que no se constituyan en la palanca principal de lucha, lo que no está ocurriendo.

De hecho, los sindicatos están desdibujados en esta lucha. No pasan algunos de sus dirigentes, principalmente, de hacer algunas declaraciones y manifestaciones en redes sociales. Algunos sindicatos públicos, sin entender cuál es el problema principal, como lo es la discusión de las jornadas de 12 horas, se distraen y entretienen en asuntos internos de sus instituciones, como son los sindicatos de la CCSS. Cierto es que el sindicalismo en el sector privado casi ni existe pero, en su ausencia, los sindicatos públicos pueden asumir la conciencia de esos trabajadores, y el impulso de sus luchas para tratar de detener la aprobación de la jornada de 12 horas diarias de trabajo. Lo que afecta negativamente a un grupo de trabajadores afecta a todos en materia de jornadas de trabajo.

No hay movilizaciones sociales a la Asamblea Legislativa para apoyar a los diputados opositores a esta jornada, de manera particular a los diputados del Frente Amplio, que son la principal palanca de freno parlamentario. Equivocadamente, quizá por prejuicio político, no se convoca a apoyar a estos diputados, pero son los que están defendiendo a los trabajadores y requieren apoyo popular, de movilizaciones y de presión en la Asamblea Legislativa.

Todos los diputados, los de los otros partidos están comprometidos con la jornada de trabajo de 12 horas diarias. No hay ataques ni cuestionamientos públicos a esos otros diputados, y sus partidos, con nombres y apellidos, como defensores de los esclavistas laborales modernos. Ya estamos, a seis meses, del inicio de la campaña electoral municipal. La lucha contra los partidos que apoyan la jornada de 12 horas hay que llevarla a la lucha municipal para que por esos partidos los ciudadanos no voten.

El movimiento estudiantil está ausente en esta lucha sin entender que ellos, los estudiantes, como fuerza de trabajo o laboral futura, se enfrentarán de hecho al sometimiento de estas jornadas de 12 horas diarias. Recientemente, en Francia, los estudiantes junto a los trabajadores se han movilizado contra las leyes de pensiones que quieren alargar el plazo de jubilación, porque a ellos también los afectará en su futuro laboral. Igual es aquí, donde también quieren alargar el plazo de jubilación en tres años más, y donde están congelando el salario de los futuros trabajadores.

En nuestro país, pareciera que el movimiento estudiantil organizado ha desaparecido del escenario político nacional. No tienen ninguna presencia. Ni se siente en el interior de las universidades públicas. Sus dirigentes son muy desconocidos y como figuras políticas son ignorados, opacos y sin ninguna presencia en el debate de los temas nacionales. Al interior de las universidades son débiles como dirigencia estudiantil. Organizaciones políticas estudiantiles universitarias importantes, más allá de las oficiales, no se conocen ni se ven en las universidades.

La agitación y el debate en contra de la jornada de 12 horas diarias no se siente. En cierta forma pública es inexistente. Algunos comentaristas y analistas de la situación nacional hemos asumido esta tarea, pero somos casi simbólicos, aislados. Las posiciones en contra de la jornada de 12 horas diarias los sindicatos ni siquiera las reproducen al interior de los mismos y hacia sus afiliados.

Los sindicatos, como organizaciones supuestamente defensoras de los intereses de los trabajadores, ni siquiera se movilizan a apoyar a los diputados que están en contra de este proyecto, ni se hacen piquetes en la Asamblea Legislativa aunque sean simbólicos pero permanentes.

Las barras del público en la Asamblea Legislativa, ante la prensa nacional que sigue el debate parlamentario, están literalmente vacías e inexistentes, como noticia, para el público informado por los medios de comunicación.

Pareciera que a los sindicatos y a las organizaciones de trabajadores se los come el prejuicio de ir apoyar a esos diputados opositores. Pareciera que el gobierno los tuviera intimidados y mediatizados de alguna forma. Por su parte, esa fracción parlamentaria tampoco ha promovido este debate fuera del recinto parlamentario, o en el Salón de Jefes de Estado y Presidentes, que no podrían negárselo para hacer estos eventos en su apoyo y de información sobre el curso del debate parlamentario.

Un elemento importante, de discusión, es la inexistencia hoy de organizaciones políticas partidarias, de izquierda, al estilo de las que existían durante el período de la Guerra Fría. Algunas de las que existen son muy sectarias en sus planteamientos y reducidas en su ámbito de acción. La ausencia de una izquierda política bien cimentada ante la opinión pública ha hecho que la lucha sindical carezca de rumbo político, de orientación política, y de fortalecimiento político de los sindicatos. Las cámaras empresariales, al contrario, tienen bien definido este papel.

Algunos abogados laboralistas que trabajan para los sindicatos juegan su papel. La Asociación de Abogados Laboralistas, donde puede haber patronalistas y sindicalistas, ni siquiera provocan mesas redondas, ni debates de ningún tipo. La Asamblea Legislativa no se ha convertido en un escenario extra parlamentario, para que en su Salón de Jefes de Estado y Presidentes de la República, se hagan debates, mesas redondas y conferencias en torno a todo lo que afecta y alcanza este proyecto de ley de las 12 horas de trabajo diarias.

Las organizaciones de mujeres de todo tipo deberían estar en la lucha contra esta jornada, que va a afectar más a las mujeres trabajadoras, les va a intensificar más sus dobles y triples jornadas. En el país antes de la pandemia había 750.000 mujeres trabajando, como parte de la Población Económicamente Activa. De ellas 350.000 estaban consideradas cabeza de familias, principal ingreso económico de sus hogares, aun cuando tuvieran esposo o compañero. La Pandemia produjo una desocupación aumentada a la existente, en ese momento, en 400.000 trabajadores más, afectando mujeres. Al terminar su gobierno Carlos Alvarado dijo que esa masa de trabajadores desocupados se había reducido en 200.000 trabajadores, pero quedaban a saldo 200.000 que la pandemia los había dejado cesantes, más los 200.000 ya existentes. Esta masa real, de 400.000 desempleados, forman parte de los trabajadores informales que han aumentado casi al 60%, y forman parte de cualquier aumento de la inseguridad ciudadana que pueda asociarse a no tener trabajo o empleo estable y remunerado. Los índices del desempleo nacional son engañosos porque ocultan a los trabajadores que dejaron de buscar trabajo, que forman parte de la informalidad y de la masa social que la pellejea en ver cómo sobrevive. La pandemia dejó sin escolaridad a 120.000 estudiantes, que siguen sin estudio y, probablemente, forman parte de esta informalidad laboral existente.

Los colegios profesionales de Médicos, de Sicólogos y de Trabajadores Sociales están ausentes del debate de la jornada de trabajo de 12 horas diarias, como si esta jornada no fuera a afectar a cada persona, a cada trabajador o trabajadora, que se acoja o le impongan esta jornada, con relación al estrés que pueda ocasionar, a incrementar los accidentes de trabajo que se van a producir, a afectar las relaciones familiares y matrimoniales, a aumentar la violencia intrafamiliar, que pareciera que ya está dando frutos violentos, al abandono real y efectivo de los niños cuyos padres se sometan a estas jornadas, al debilitamiento de sus estudios y tareas escolares, sumado al costo de vida, de la canasta básica, del congelamiento de salarios y pensiones, del incremento constante de los costos de los servicios públicos que los trabajadores deben pagar de sus escuálidos y estrechos salarios.

Agitación, debate, movilización y organización alrededor de la lucha contra las jornadas de trabajo esclavistas hace falta, en estos días finales del debate al que quieren llevar a los diputados, como reses al matadero, en la discusión parlamentaria en las que les están imponiendo su votación forzada. Pero, también, sin esos elementos de lucha a los trabajadores ya los tienen camino al balazo en la nuca del matadero parlamentario.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Cuatro Presidentes y cuatro experiencias de luchas históricas, ALCOA, la lucha magisterial de 1995, el Combo del ICE y el TLC

Vladimir de la Cruz

Es usual, en la memoria colectiva de las luchas sociales y populares, revivir algunas luchas, intensas, que marcan todavía el recuerdo de muchas personas, activistas de ella, como grandes episodios de la lucha popular del pueblo costarricense. En las cuatro he participado, he sido testigo y actor.

I.

La lucha de ALCOA, que culminó el 24 de abril de 1970, fue una lucha surgida en el movimiento estudiantil comunista de la Universidad de Costa Rica, por parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, del cual era uno de sus dirigentes estudiantiles, y llevada a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR, entonces única Universidad en el país.

En aquellos años el Partido Comunista, Vanguardia Popular, en una relativa legalidad, venía publicando artículos del Ing. Fernando Chaves Molina, en su periódico “Libertad”, desde principios de la década del 60, sobre la Aluminiun Company of América, ALCOA, sus actividades extractoras mineras en el Caribe y la amenaza que significaba para Costa Rica, porque ya se venía promoviendo un Contrato Ley con esa empresa. Fernando Chaves había publicado un folleto ilustrativo “La ALCOA, un matapalo”, 1969, cuando estaba iniciando su trámite legislativo.

El FAU había empezado sus actividades en 1967, con gran presencia universitaria, a partir de ese año.

La FEUCR realizaba sus Congresos Estudiantiles anuales, en el mes de marzo, para renovar sus autoridades y dirigentes. No había elecciones directas, que se ganaron por la lucha del FAU para obtenerlas.

En ese Congreso de marzo de 1969 propusimos luchar contra la aprobación del Contrato Ley con la ALCOA, para realizar extracciones de Bauxita en el Valle de El General. El Congreso Estudiantil aprobó integrar una Comisión de Estudio del Contrato que trabajó el resto del año.

En noviembre de 1969, cuando iniciaban las Sesiones Extraordinarias Legislativas que se prolongaban hasta abril de 1970, el Gobierno del Presidente José Joaquín Trejos Fernández, aprovechó para enviar el Proyecto para su aprobación parlamentaria, aprovechando la entrada a vacaciones, y pensando en la desmovilización de los estudiantes. El Proyecto había iniciado su trámite parlamentario el 19 de diciembre de 1968.

Para ese momento los estudiantes comunistas habíamos adquirido una gran experiencia en luchas estudiantiles y en huelgas. A ello se habían sumando, muy significativamente, grupos estudiantiles cristianos, organizados en la UCR, inspirados en las transformaciones que venía sufriendo la Iglesia Católica en América Latina, después del Concilio y de la Conferencia Episcopal de Medellín, 1968.

La lucha contra la ALCOA así se dio en la práctica durante 1969 y culminó el 24 de abril de 1970 cuando fue aprobado en la Asamblea Legislativa. Esta lucha proyectó al movimiento estudiantil en los estudiantes de secundaria, que poco a poco fuimos visitando, agitando y organizando. Durante su discusión parlamentaria hubo muchas movilizaciones y luchas populares que producían estudiantes detenidos con frecuencia.

Un elemento clave en esta lucha fue que había un núcleo de diputados que estaban en contra el Proyecto de la ALCOA, lo que servía de vértice de llegada a la Asamblea Legislativa, para apoyarlos en su oposición parlamentaria. Del mismo modo, especialmente uno de ellos, Rodrigo Carazo Odio, acompañaba a los dirigentes estudiantiles a los colegios. Los otros diputados opositores a la ALCOA eran Fernando Volio Jiménez, Jorge Luis Villanueva Badilla, Uriel Arrieta Salas, José Hine García, José Antonio Bolaños Rojas, Cecilia González, Arnulfo Carmona Benavides, Fernando Gutiérrez Benavides, Fernando Guzmán Mata y Armando Arauz Aguilar. El Contrato de ALCOA tuvo una gran atención y debate público durante ese año. Sin esos diputados la lucha no hubiera tenido el alcance que tuvo.

La presión de los estudiantes se hacía en la Asamblea Legislativa y en la Casa Presidencial, entonces ubicada donde está hoy el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus paredes y puertas daban directamente a la acera, con una entrada principal al este frente al Parque Nacional. Allí mismo hacia el norte, antes de llegar a la esquina, había una puertita pequeña.

En la Asamblea Legislativa se presionaba para que no aprobaran el Contrato Ley, y en la Casa Presidencial para que el Presidente retirara el Contrato de la corriente legislativa.

Un día, con la Casa Presidencial rodeada de estudiantes, por esa puertita salió el Presidente Trejos Fernández, con uno de sus hijos, y otros funcionarios. Los estudiantes lo rodeamos, con respeto, exigiéndole el retiro del Proyecto. Su hijo nos manifestó que el Presidente tenía que ir al edificio de Correos porque tenia allí una reunión, e iba ir caminando. Y con el Presidente nos fuimos un grupo de estudiantes, y dirigentes, no solo para mantener nuestra exigencia sino para velar también de su seguridad personal en ese trayecto. Esto que he contado, el 18 de abril del 2016, cuando se cumplió el Centenario del nacimiento del Presidente Trejos Fernández, en un acto que se hizo oficial en el Museo del Niño, en el que intervine recordando su Gobierno, su hijo, justamente hizo un recuerdo de aquella caminata al edificio de Correos.

El Contrato de la ALCOA se aprobó pero no llegó a ejecutarse. El actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entonces dirigente estudiantil de la Escuela de Derecho, hizo su tesis de graduación sobre la figura jurídica del Contrato Ley, para eliminarla de nuestro ordenamiento jurídico, lo que poco tiempo después se logró. Y el Contrato finalmente fue derogado en noviembre de 1976, por iniciativa del diputado José Manuel Salazar Navarrete.

Esa lucha de ALCOA tuvo fuertes enfrentamientos con la policía, particularmente el 24 de abril cuando se aprobó el Contrato por los diputados, lo que provocó que se reaccionara quebrando los vidrios de la Asamblea Legislativa, y desconectando la electricidad, debido a que el panel de breckers estaba afuera. Momentos antes el Padre Benjamín Núñez Vargas y el abogado Oscar Chacón Jinesta habían estado arengando y motivando a los estudiantes en su lucha, de manera muy exaltada. El enfrentamiento con la policía dio por resultado más de 200 jóvenes detenidos “a la pura bulla”. La policía procedió a detener jóvenes que anduvieran con uniforme estudiantil en las paradas de buses aun cuando no habían estado presentes en la Asamblea Legislativa.

II.

A José María Figueres lo conocí en un tope en el Paseo Colón, en 1994, viendo pasar el tope, él venía con su primera esposa Josette Altmann Borbón, a caballo. Josette era alumna mía en la Universidad y yo participaba del Tribunal de Tesis suyo, que la tenía en preparación. Josette al verme cruzó la calle para saludarme. Detrás de ella llegó José María, a quien me lo presentó. Poco tiempo después, 1994, ganó José María la Presidencia y Josette el Despacho de la Primera Dama.

Yo seguía en mis clases. Un día una llamada de la Primera Dama me hizo ir a la Casa Presidencial. Quería que le ayudara en algunos asuntos de su Despacho, revisándole o haciéndole escritos y discursos, y pidiendo consejos. Me puso en una oficinita a la par de la suya, a la que yo podía llegar. Le ayudé varios meses. Al Presidente no lo veía.

Por la confianza y el cariño que le tenía me daba el lujo de criticarle, cuando así lo consideraba, a su esposo, el Presidente, respecto a su gestión. Cuando se vino la huelga del magisterio, que yo apoyaba, había mucha presión interna para que el Presidente apretara a los educadores. Yo metía carbón para que no fuera así, que no ahogara el movimiento magisterial, y sus luchas, que prácticamente lo podía liquidar según lo veía yo en ese momento, que diera algo, que cediera en algo.

En una de las grandes manifestaciones que se hicieron a la Casa Presidencial, estando yo allí, el Presidente me pidió mi opinión sobre el movimiento y la situación. Mi tesis fue de que recibiera a los dirigentes sindicales. Estaba listo el Presidente para recibirlos cuando llegó una Ministra y le dijo, delante de mí, que uno de los dirigentes sindicales desde la tumba cocos estaba insultándolo y ofendiéndolo, y a su familia, y que no los recibiera. Y así sucedió…no fueron recibidos.

Me quedé unos minutos más conversando sobre la situación cuando se presentó un Alto Oficial de Seguridad y le dijo, delante de mí: “Tenemos informes de que los manifestantes van a invadir el recinto presidencial”. El Presidente Figueres se quedó pensando unos segundos, para mí minutos, y serenamente le dijo: “Déjelos que se brinquen la tapia, la valla, déjelos que estén en el jardín, pero, si entran al edificio… son suyos”. Nada de eso llegó a suceder.

III.

Para la elecciones de 1998 yo había participado como candidato a la Presidencia de la República por el Partido Fuerza Democrática. La Presidencia la ganó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Una campaña electoral intensa que nos permitió elegir tres diputados, José Manuel Núñez González, José Merino del Río y Célimo Guido Cruz.

El Presidente Rodríguez impulsó el Proceso de la Concertación, con más de 200 organizaciones presentes, y con un alto porcentaje de aprobación de proyectos, excepto dos, la liberalización o apertura del ICE y del INS.

Habiendo terminado yo en tercer lugar en el proceso electoral, y habiendo elegido tres diputados, me invitó a formar parte de la Junta Directiva de la Concertación. Resultado positivo de este Proceso y de la Administración Rodríguez Echeverría fue la Ley de Protección del Trabajador, que podría considerarse la más importante reforma social que, después de 1943 y 1948, se había logrado.

La privatización o apertura del ICE, como se conoció popularmente el Proyecto, que se puso en discusión de la Asamblea Legislativa, puso en tensión al país, especialmente por los sindicatos del ICE, que eran tres los más importantes, que habían participado en el Proceso de la Concertación, y que habían hecho propuestas para la apertura en un plazo de cinco años. El Gobierno quería que fuera a seis meses, y había otra propuesta que se orientaba por dos o tres años.

La apertura del ICE implicaba reformar un conjunto de leyes, lo que en paquete se denominó, popularmente, y así se sigue recordando, el Combo del ICE. El “combo” porque en esos días se acaba de introducir en las comidas rápidas el paquete de varios alimentos que llamaban “combo”.

De nuevo, como en ALCOA, el movimiento estudiantil universitario, ya con varias universidades públicas, y más politizado, con mayor presencia de estudiantes de izquierda, con los sindicatos del ICE a la cabeza, y con el resto del movimiento sindical y organizaciones populares apoyando la no apertura, se empezaron a dar movilizaciones populares a la Asamblea Legislativa, que ya no era la misma. En 1970 no tenia los muros que tenía en el 2000, no había acceso directo al edificio, que ya estaba bien resguardado de manifestaciones que llegaran hasta la puerta y ventanas del edificio.

Elemento clave, como en 1970, fue la presencia de los tres diputados de Fuerza Democrática. El más sólido parlamentariamente, José Manuel Núñez, el más emblemático ante las masas, que llegaban a la Asamblea Legislativa, y por sus vínculos sindicales, y gran orador, José Merino, y el arenguero de plaza pública, Célimo Guido. Como en ALCOA los tres se convirtieron en el punto de llegada a la Asamblea legislativa. Sin diputados esa lucha hubiera sido más dura.

La lucha contra el Combo del ICE adquirió una magnitud nacional por la presencia de la misma institución en todo el país, y con ello de las seccionales sindicales que actuaban por todo el territorio, junto a los sindicatos locales o regionales, y junto a los estudiantes que de igual manera se sumaron a esa lucha. Un jueves santo en la noche se aprobó la apertura del ICE.

Igual que en ALCOA, de inmediato el Presidente Rodríguez como lo hizo el Presidente Trejos, retiraron los Proyectos de Ley de las Sesiones Extraordinarias, para paralizar la Asamblea y con ello apagar a los estudiantes y sindicatos. Pero no sucedió así.

En ALCOA no tuvimos la capacidad ni la visión de continuar la lucha después de su aprobación. En el Combo del ICE la lucha inmediatamente se sostuvo, y se mantuvo in crescendo en todo el país, paros, bloqueos, piquetes, movilizaciones. Tres semanas intensas de luchas llegaron a paralizar totalmente el país. La policía no podía cubrir los más de 300 puntos de luchas que se daban casi a diario. La policía incluso fue incomunicada por las acciones de calle, y debilitada en su capacidad represiva. Pérez Zeledón se había convertido en uno de esos baluartes. Allí la policía quedó inmovilizada y sin parque de ningún tipo. No se podía entrar a Pérez Zeledón, ni por tierra ni por aire, todo estaba bloqueado. Tres días de lucha y la policía estaba sin poder actuar. Cañas, en Guanacaste, fue otro baluarte de lucha. Una foto de esos días, en un periódico nacional… una señora, del Partido Fuerza Democrática, sola en la carretera panamericana, paralizando los trailers y otros automotores en la carretera.

El gobierno empezaba cierta inmovilización, que pienso que si se hubiera mantenido, se pudieron haber creado condiciones para que el Gobierno se cayera.

Uno de esos días, en plena lucha, me llamaron, como dirigente y asesor parlamentario que era de Fuerza Democrática, de un Colegio de Monjas de Cartago. Llegué a las 7 a.m. Me esperaba y atendió la Directora. Fue directa y me dijo: “¿qué hago?, ¿qué puedo hacer?, los estudiantes vienen de sus casas, no se quedan en el Colegio, y se van para las manifestaciones. Sus padres creen que están en el Colegio y están en la calle”. Hablamos de la situación y le dije que cerrara el Colegio y le trasladara la responsabilidad de los muchachos a los padres, y así lo hizo de manera inmediata.

A mi regreso de Cartago, en el Alto de Ochomogo, en el Plantel de RECOPE, había un molote de gente, a la entrada, discutiendo con un destacamento policial sobre abrir los portones. Me bajé del carro. Me dirigí a la entrada. De inmediato se me presentó un Oficial de la Fuerza Pública, al reconocerme me saludó militarmente, diciéndome: “Usted es un político, yo soy un policía. Tengo la obligación de cumplir una orden, la de abrir el portón para que que puedan salir trabajadores, que estos señores, los sindicalistas, no quieren abrir”. Me dirigí, con el Oficial, a los trabajadores, que algunos me conocían, hablamos de la situación y acordamos que la policía se retiraba y que ellos abrían el portón. Así sucedió. El plantel de RECOPE permaneció en manos de los sindicalistas y la policía se retiró. Pero el Gobierno no se sentía. El que yo hubiera actuado como autoridad superior en ese momento ante los policías, que respetaron lo actuado, me hacía ver que el Gobierno estaba demasiado débil, sin controlar el territorio nacional.

Una noche, estando en la Asamblea Legislativa coordinado con el diputado Franz Acosta Apolonio, de Liberación Nacional, el control de la ruta al Atlántico, que estaba paralizada por bloqueo de trailers, que Franz coordinaba, me solicitaron abrir la ruta para un traslado de emergencia de una paciente a un hospital josefino. Hablé con Franz, él hizo un par de llamadas a los traileros y a quienes coordinaban el cierre de la carretera, en el Atlántico…y el problema se resolvió… se abrió el paso para la ambulancia.

En una de las concentraciones de manifestantes, que se hizo en la Casa Presidencial, se llegó al punto de que se sentía que se iban a meter. El Presidente Miguel Ángel Rodríguez no había abandonado la Casa Presidencial. Prácticamente a la fuerza los sacaron sus escoltas, por su seguridad. Antes de dejar la Casa Presidencial reunió a las fuerzas policiales que estaban allí, les dirigió unas palabras haciéndoles ver su papel y su responsabilidad, hizo una oración con ellos, y les dijo “recuerden que allí, refiriéndose a los manifestantes, hay personas, hay costarricenses”.

Al final, la lucha popular tan intensa se impuso en la práctica. Hubo que crear una Comisión Extraparlamentaria, que incluyó a las dos Vicepresidencias, a los sectores que se habían opuesto y lo que se aprobó en esa Comisión lentamente fue desenredando lo que se había aprobado como Combo del ICE.

La inteligencia del Presidente Miguel Rodríguez le había dado aire a la democracia resultado de esa lucha.

IV.

El Presidente Abel Pacheco de la Espriella había terminado de negociar, aprobar y firmar el TLC en diciembre del 2004, pero no lo envió a la Asamblea Legislativa, para su ratificación hasta diciembre del 2005, ya en elecciones, con receso legislativo hasta pasadas las elecciones, para que se le diera el trámite de ratificación al Tratado.

Obviamente no envió el TLC, en el 2005, a la Asamblea Legislativa porque eso hubiera empañado el proceso electoral, y porque en años electorales estos temas no pueden convertirse en temas de campaña, y se lo dejó al siguiente Presidente y Asamblea Legislativa, que serían electos en febrero, que pudo ser Otón Solís, a quien Oscar Arias le ganó por 18.000 votos.

Así empezó la Administración de Oscar Arias, con el TLC en trámite legislativo. Es claro que Oscar Arias estaba de acuerdo con el TLC, pero él no lo negoció y aprobó, aunque a él le echan la culpa de eso. Lo ratificó la Asamblea Legislativa que entró con el Gobierno de Oscar Arias.

En esa Asamblea jugó de nuevo el diputado José Merino, ahora, por el Frente Amplio, en ese momento un partido provincial. Se convirtió Merino en el principal referente opositor de masas desde la Asamblea Legislativa al TLC, y recibió de nuevo el apoyo de los sindicatos y grupos sociales, que también se habían movilizado contra el Combo del ICE.

La discusión parlamentaria se había enredado, se alargaba y la gestión de gobierno se frenaba. El exdiputado José Miguel Corrales promovió un Referéndum, como consulta ciudadana del TLC, que el Tribunal Supremo de Elecciones aprobó. Eso significaba de 6 a 9 meses más de atraso en la discusión mientras se recogían las firmas del Referéndum. Ya se había perdido el primer año de gobierno. Frente a esa situación, con audacia, el Presidente Oscar Arias, con un número de diputados, como lo permite la Ley, convocó el Referéndum, ahorrándose tiempo para tratar de realizar su Gobierno.

El Ex diputado Corrales reclamaba que no le habían permitido recoger firmas. Parecía no interesarle la discusión del TLC sino atrasar su discusión recogiendo firmas. Al final, al Presidente Arias, que había convocado por su iniciativa el Referéndum, y que ponía por primera vez, en la Historia Nacional, a funcionar la democracia directa, y la participación ciudadana, como elemento constitucional, haciendo de cada ciudadano un diputado, el Tribunal Supremo de Elecciones le prohibió participar y opinar, como Presidente, a favor del mismo. Por ello en la práctica se crearon los dos comités, a favor y en contra del TLC.

En octubre del 2007 se aprobó por votación ciudadana el TLC, con un margen muy pequeño a su favor, lo que obligó a los diputados a probarlo, aún con obstáculos legislativos, pero así es como funciona la democracia, con elecciones, con toma de decisiones electorales que dan Gobierno a un Partido y a un grupo gobernante, que debe realizarlo conjuntamente, con los pesos y contrapesos constitucionales, de la representación popular legislativa.

Para eso están también los diputados, para aprobar leyes, que son los únicos que pueden aprobar leyes o rechazar proyectos de ley.

Si se trata de una lucha contra leyes es en la Asamblea Legislativa donde se debe presionar y donde se deben movilizar los opositores.

El resultado del Gobierno de Oscar Arias se evidenció en la siguiente elección nacional, 2010, cuando fue electa Laura Chinchilla, su Vicepresidenta, con un 48% de votación, 8 puntos más que Oscar Arias en el 2006.