Magistrados debaten la posibilidad de reconocer derechos propios a la naturaleza y a los ecosistemas
Los derechos de los ecosistemas han sido otorgados en otros países para salvaguardarlos pero en Costa Rica estos no han sido reconocidos
(Fecon 21/01/2020.) Defensoría de los Habitantes dará su criterio a la Sala Constitucional sobre la contaminación con mercurio que acontece en las inmediaciones de la Finca Vivoyet en Crucitas, lugar donde la empresa minera Infinito Gold pretendía extraer oro y que ha sido invadida por mineros improvisados que han desatado una emergencia ambiental que podría traer consecuencias irreversibles sobre los entornos naturales del Río San Juan.
En 2018 FECON interpuso una denuncia junto al abogado ambientalista Álvaro Sagot contra el Ministerio de Salud por el desacato del Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames
(Decreto Ejecutivo N°37757-S). Mismo que le da responsabilidades al Ministerio de Salud sobre el desastre ambiental que vive la zona de Crucitas en Cutris de San Carlos.
Con estos argumentos para inicios del año 2019 FECON llevó a los tribunales constitucionales un recurso de amparo, acogido bajo el expediente N°19-011277-0007-CO, denunciando esta inacción y solicitando se reconozcan derechos de los ecosistemas en esta zona. Es por esto que uno de los argumentos más innovadores de esta denuncia en términos jurídicos son los Derechos de la Naturaleza.
Según Sagot «Es vital, dado el problema, que se declaren los derechos de los ecosistemas sobre esa región de Crucitas, tal y como se hizo en Colombia que declaró los derechos de personalidad jurídica de la región de la Amazonía colombiana ante la desidia institucional.»
Ministro resuelve nulidad basándose en los argumentos técnicos del sector ambiental.
Las buenas noticias llegaron para los ecosistemas y
comunidades campesinas de las Fincas de Palmar Sur, pues el ministro notificó
hoy que los argumentos técnico-legales presentados por el sector ambiental
desde el año 2017, son correctos.
El recurso fue interpuesto en el 2017 por Msc. Mauricio Álvarez,
en ese momento ejerciendo la presidencia de la Federación Costarricense para la
Conservación del Ambiente (FECON) y con el apoyo de Dr. Allan Astorga Gättgens,
Msc. Álvaro Sagot y Licda. Sofía Barquero Mata.
En el recurso de nulidad se evidencia que los estudios de
impacto ambiental presentan un claro favorecimiento al desarrollador del
proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes, a pesar de que se conoce
que este tipo de producción ya ha generado daños ambientales irreversibles. Se
considera que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto
debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental, mediante un
puntaje, se debió constatar la necesidad de un estudio de impacto ambiental, en
tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas de por sí
protegidas por la ley (Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente) al estar
dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental”
prescrita en la normativa. Este formulario es una declaración jurada que
advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información
falsa, se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones
administrativas y penales a los responsables.
Según el recurso, “la viabilidad ambiental otorgada por la
SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su
nulidad por los siguientes puntos:
1. Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
2. Bajo la finca existe un acuífero y el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
3. A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
4. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo, el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
5. El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales, así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad”.
A este recurso se adhirieron cientos de personas en una
multitudinaria manifestación del 15 de mayo del 2017, fue firmado además por
personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles
afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres,
estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas que se manifestaron
el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la
expansión piñera.
Para el hoy coordinador del Programa Kioscos
Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa
Rica, Msc. Mauricio Álvarez Mora menciona que “hay un antes y un después de
esta resolución, se le está poniendo por fin un límite a la expansión
incontrolada del cultivo. Esta es una moratoria de hecho a las actividades,
seguir expandiendo los cultivos sobre humedales, áreas protegidas y áreas de
protección del agua de las comunidades. Esta moratoria se va sustentar en la
organización y fiscalización social del cultivo como lo hemos venido señalando y
trabajando desde el 2008 con nuestros Programa de Acción Social y acogido en
dos distintos pronunciamientos del Consejo Universitario (2008, 2018).”
Para el ecologista Fabian Pacheco «No debemos olvidar
los nombres de quienes entregan al país a la destrucción ambiental. Costa Rica
sería un país muy diferente si no tuviera un movimiento ecologista como el que
tiene y que ha sabido levantar muchas campañas en defensa del bienestar
público. Felicitamos al gobierno por reconocer el peso legal y técnico de nuestros
argumentos y recordaremos este conflicto heredado por administraciones
“palanganas” como un ejemplo de que a pesar de que hay funcionarios públicos
que entregan los sitios más sagrados e importantes del país a la devastación y
destrucción ambiental este país aún tiene gente que sabe defender lo valioso y
lo sagrado».
Sin duda alguna es un día de fiesta para todas aquellas
personas que se mantienen firmes en la defensa de la vida digna, de la
naturaleza y de la cultura campesina de la Zona Sur.
Chile, culantro, tomate y apio entre los más contaminados
Frijol, arroz, manzana y uva entre los alimentos importados más contaminados
90% de los alimentos frescos contienen plaguicidas
(Fecon, 29/11/2019.) El Sistema Fitosanitario del Estado ha publicado hoy el “Informe Del Año 2018 Sobre Análisis De Residuos De Plaguicidas En Vegetales Frescos En Costa Rica De Producción Nacional E Intención De Importación” generado por la Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos. En este informe revela que 1 de cada 4 vegetales frescos consumidos en el país contienen plaguicidas en cantidades por encima de lo permitido.
Los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) 1, adoptados en Costa Rica mediante el Reglamento Técnico N° 35301-MAG-MEICS RTCR 424-2008 de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales es el la norma por la cual se rigen los residuos de agrotóxicos que tienen los alimentos.
Entre los cultivos que sobresalen por la cantidad de contaminación que tienen es el Chile, culantro, tomate y apio; mientras que los importados destacan el frijol, arroz, manzana y uva entre los alimentos que vienen del extranjero más contaminados.
Según este informe el plaguicida con mayor frecuencia detectado en los vegetales de producción nacional, por orden de aparición, fue: el insecticida Cipermetrina, seguido del fungicida Carbendazina y de los insecticidas Imidacloprid, Clorpirifós, los fungicidas Propamocarb y Tebuconazol, el insecticida Clorfenapir, el fungicida Azoxistrobina, y de los insecticidas Deltametrina, Bifentrina y Acefato. El glifosato no fue analizado como residuo porque para el momento de elaboración del estudio a Unidad de Control de Residuos de Agroquímicos no contaba con el instrumental necesario para buscar este herbicida en específico.
Entre los vegetales cantidades no rastreables de plaguicidas o incluso libres de ellos destacan: el palmito, el cacao, el maíz, el limón, el frijol producido en el país, el ñampí y la cebolla.
Desde las organizaciones ecologistas demandamos mejores controles en la importación, comercialización, uso y distribución de agrovenenos. Es lamentable que el mismos Ministerio de Agricultura y Ganadería por medio de sus programas de extensión funcionan más como vendedores de venenos, promocionando los plaguicidas por todo el país y pocas veces desaconsejando su uso.
Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas invitan al cabildo ciudadanos en el Parque de San Pedro de Montes de Oca mañana viernes 22 de noviembre a las 5 p.m. para definir acciones de lucha contra la resucitación de SETENA del proyecto piñero en Osa.
Amparada en meros tecnicismos
legales la SETENA revive dicho expediente dando la viabilidad ambiental y será ahora
el ministro del MINAE que tendrá que definir el futuro formal del Proyecto Finca
Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco.
Recordemos en mayo del
2017 la SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato
semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una
casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar
Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos
y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.
La Finca de Palmar se encuentra
a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa
amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un
estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos
de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo
que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra
piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas
son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río
Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.
Además, dentro del área
de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia
patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto
del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió
a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido
como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área
como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier
actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de
actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos
y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.
Este año el Informe Estado
de la Nación se denuncia la existencia de 3.824 hectáreas sembradas con piña “dentro
del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del
Colorado”, además que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales protegidos.“Estos
espacios de vida, señalaron, son claves para la conservación de la naturaleza y
para evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones” en épocas de
fuertes precipitaciones.
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
Con las prácticas de la fumigación de agroquímicos, que se realizan sin ningún tipo de regulación y la cercanía de las plantaciones a los centros de población por la expansión piñera, se ha agravado los daños a la salud humana y la contaminación del ambiente de las comunidades en el Caribe.
En este reportaje resalta la cantidad de plaguicidas que son utilizados en la expansión piñera y el impacto que ha tenido sobre el abastecimiento en el agua potable de comunidades aledañas a plantaciones de piña.
En el año 2018 se supo que las comunidades de Pital, Veracruz, Santa Rica de San Carlos, Río Cuarto de Grecia vieron contaminadas sus aguas por el agrotóxico bromaci. Un año después, muchos de estos acueductos comunitarios han tenido serios problemas para continuar con el abastecimiento del agua.
El canal de televisión francés incorpora este reportaje en su colección “AlertePollution” el cual señala: “la piña ha visto triplicarse su consumo en 15 años, y el productor más grande del mundo es Costa Rica, a 9,000 km de Francia, donde los cultivos se pueden cultivar todo el año gracias al sol, pero también a los pesticidas.”
Además el medio de comunicación señala a Costa Rica como “el mayor consumidor de plaguicidas del mundo”
Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente
A escala mundial existen siete especies distintas de tortugas que anidan en más de 2000 playas cada año (SWOT, s.f.). En el mar territorial de Costa Rica están presentes 6 de estas siete especies, las cuales se convierten en un indicador del equilibrio de los ecosistemas marinos, puesto que la salud de sus poblaciones se asocia a buenas condiciones del mar y de las costas (Secretaría CIT, 2004).
Estudiantes de Biología de la UCR identifican 1 101 piezas de plástico en 30 peces analizados
El estudio sobre la presencia de microplásticos en especies marinas abarcó una muestra de 30 peces de la especie Opisthonema libertate, conocida como sardina gallera, que se usa tanto para el consumo humano, como para carnada de otros peces. Foto: cortesía autores del estudio.
La presencia de microplásticos en el tracto digestivo de peces procedentes del Pacífico costarricense fue detectada en un primer estudio realizado por estudiantes de tercer año de la carrera de Biología de la Universidad de Costa Rica (UCR). Esta es la primera investigación que se efectúa en el país con la familia de peces filtradores Clupeidae.
La muestra utilizada en la investigación fue de 30 peces y en todos los individuos examinados se encontraron residuos de plástico, que por la acción del mar se degradan. Las partículas se catalogan como microplásticos cuando su tamaño es menor a cinco milímetros (0,05-5mm).
Los responsables del trabajo aseguraron que se trató de un estudio de biomonitoreo, el cual contribuye a conocer el estado de la vida marina. Los peces filtradores “sirven como indicadores de un determinado momento, especialmente estos que son de vida corta”, detallaron.
Se eligió a los peces para examinar la presencia de microplásticos en animales porque son más fáciles de estudiar, y a los peces filtradores debido a que estos poseen un tracto digestivo más uniforme que otras especies.
De acuerdo con los investigadores, la familia de peces filtradores recibe este nombre ya que para alimentarse abren la boca y por acción mecánica succionan el agua. El alimento de estas especies marinas son pequeños organismos como el zooplancton.
El estudio fue realizado para un curso de Zoología y se desarrolló en el último cuatrimestre del 2018, bajo la dirección de la especialista Helena Molina Ureña y con la asesoría de los profesores Juan J. Alvarado Barrientos y Keilor Rojas Jiménez.
Esta partícula de plástico encontrada en el tracto digestivo de los peces mide 500 micras, lo que equivale a 0,5 milímetros. Foto: cortesía autores del estudio.
Los resultados
Los estudiantes de la UCR analizaron 30 peces adultos de la especie Opisthonema libertate, conocida como sardina gallera, que se usa tanto para el consumo humano, como para carnada de otros peces.
La muestra, recolectada en las cercanías al puerto de Caldera, en la provincia de Puntarenas, estaba compuesta por 25 machos y cinco hembras, con una longitud de 26,5 centímetros en promedio.
Los peces fueron examinados en los laboratorios del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), de la UCR.
Para el estudio, los investigadores clasificaron los microplásticos en dos grupos: fibras, como por ejemplo fibras sintéticas o de ropa, y partículas, que pueden ser residuos de plástico de otras fuentes.
Los resultados arrojaron un total de 1101 piezas de plástico dentro del tracto digestivo de los peces; de ellas, 875 son fibras y 226 partículas. En cada individuo se identificó en promedio 29 fibras y 8 partículas.
“Nos preocupa la salud de la vida marina, ya que hay zooplancton que puede estar consumiendo microplásticos y que sirve de alimento para los peces filtradores, que a su vez pueden ser consumidos por otros peces y estos por aves. Por lo tanto, hay efectos en el nivel trófico (alimenticio) y un impacto ecológico en diversas especies marinas”, afirmó Marco Rodríguez Arias, uno de los estudiantes.
Luis Bermúdez Guzmán, Gabriel Jiménez Huezo, Marco Rodríguez Arias, Crista Alpízar Villalobos y Johan Gatgens García son los estudiantes de la Escuela de Biología de la UCR que realizaron la investigación sobre microplásticos. También participó Bleimer Fallas Villarreal, ausente en la foto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los investigadores manifestaron que su objetivo con este trabajo es contribuir a generar datos acerca de una preocupación actual a nivel internacional y sobre la cual existen diversos estudios.
“La realidad es muy triste. Hay estudios que muestran que el 90 % de las aves marinas han estado en contacto con plástico, cuando se ha abierto el tracto digestivo de algunas aves se han encontrado tapas y hasta encendedores, como ha ocurrido con albatros de la Isla Midway (llamada “isla basura”). Incluso en el Ártico se han encontrado microplásticos en mejillones”, comentó Luis Bermúdez Guzmán.
Gabriel Jiménez Huezo y Johan Gatgens García, otros participantes en el estudio, explicaron que el plástico que se encuentra en el mar no solo proviene de Costa Rica, sino que también pudo haber sido transportado por las corrientes marinas procedentes de diversas partes del mundo y que convergen en Centroamérica.
Aunque es pronto para conocer las implicaciones, los estudiantes detallaron que los microplásticos sirven como andamio para que bacterias y otros organismos se agrupen y formen biopelículas que podrían ser dañinas para los corales y otros animales. Asimismo, el plástico contiene aditivos químicos que pueden funcionar como disruptores endocrinos y afectar la vida marina, como provocar cambios en el sexo de los organismos.
Los universitarios harán una publicación científica con los resultados de la investigación. Asimismo, planean desarrollar una segunda etapa del estudio para identificar el tipo de material plástico encontradoy a qué clase de objetos pertenece. Aunado a eso, se pretende aumentar el tamaño de la muestra y replicar la investigación en distintos momentos del año.
También formaron parte de la investigación los estudiantes Crista Alpízar Villalobos y Bleimer Fallas Villarreal.
Quebrada Pital cambia de color y al mismo tiempo registra contaminación con plaguicidas desde 2016
Sala Constitucional condena al Estado a remediar contaminación con bromacil en agua para consumo humano
Comunidades afectadas por piñeras de Limón ven reflejada su historia en la de Pital de San Carlos
(FECON, 30-1-2019) Enero del 2019 se despide con un río que cambió de color en San Carlos (ver video). La Quebrada Pital es un cuerpo de agua que pasa por en medio y le da nombre a una comunidad asediada por la expansión piñera. Esta quebrada reporta contaminación con plaguicidas usado en plantaciones piñeras desde hace al menos 3 años.
Vecinos Pital alertaron la mañana de este miércoles a Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía de que la Quebrada Pital tenía un color azulado. Es muy temprano para decir que esta coloración anormal es culpa de las fincas piñeras aledañas, se espera que sean las autoridades las que determinen la causa de la contaminación, pero es necesario recordar que está Quebrada Pital es uno de los lugares donde fue detectado un alto grado de presencia de plaguicidas en el estudio realizado en 2015, 2016 y 2017 por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, CICA. (Informe disponible en el link)
Lo que el CICA encontró en aguas superficiales también es muy alarmante. Se trata de contaminaciones muy por encima de los valores de referencia tolerados por organismos acuáticos. Es decir que la Quebrada Pital para 2016 y 2017 reportó concentraciones importantes de Ametrina, Bromacil, Carbendazín y Ciromazina; todos incompatibles con la vida acuática. Esperamos que el Ministerio de Salud sea consecuente con su papel y busque remediar esta situación que aqueja a la comunidad de Pital tan y como la Sala Cuarta le ordeno hace unos días.
Sumado a lo anterior es conocido que la Sala Constitucional en su Sentencia N° 2019-000695 ha obligado al Estado a crear un plan único conjunto para remediar la contaminación del agua para consumo humano en las comunidades de a Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela. Las instancias involucradas son el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Tribunal Ambiental Administrativo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG).
Según el comunicado del 21 de enero pasado, Poder Judicial señala que: “estas instituciones conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas. Lo que derivó en una crisis del servicio de agua potable en la zona, ante la salida de operación de las nacientes Brenes, Nicrodal, La Flor del Acueducto de Santa Rita, La Flor del Acueducto de Santa Isabel, La Culebra y Nicolás Rodríguez, por contaminación por agroquímicos. Ante el escenario actual, ordenaron que en forma inmediata se iniciara el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de agroquímicos, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, por medio de un plan único que debe desarrollarse en forma conjunta por los diversos actores involucrados, cuyo principal responsable de su creación y completo cumplimiento se designó en la cabeza del Ministerio de Salud.”
La Sala Cuarta -nuevamente- pone al Estado a remediar la contaminación causada seguramente por empresas piñeras. En lugar de buscar soluciones para que los verdaderos culpables de la contaminación sean quienes paguen por sus crímenes ambientales.
Ya en 2009 este mismo tribunal condenó al Estado a remediar la contaminación en las comunidades de Cairo, La Francia, Milano y Luisiana de Siquirres (Poder Judicial, 2009). Hace ya 10 años que con recursos públicos se remedia la polución. Según consta en las sentencias 2009-9040 y 2009-9041 La Sala Cuarta ordenó al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha realizar un plan único para remediar la solución causada por el abuso de los plaguicidas.
La sociedad costarricense en su conjunto, y quienes pagan los impuestos, son quienes pagamos dicha remediación. Para dar dos ejemplos: en el caso del Cairo el costo de la nueva tubería fue unos ¢2.226 millones1 y las obras para la construcción del nuevo acueducto de Milano llegó a ¢374.480 millones2. Estos recursos fueron aportados de dinero público donde las empresas piñeras no aportaron un Colón.
En el caso de los acueductos contaminados en San Carlos se repite la historia que se vivió en Siquirres, los delitos ambientales siguen impunes mientras nos condenan a pagar con erario público las externalidades de un modelo fallido como el de la expansión piñera.
Al respecto Xinia Briceño, presidenta de la Asada de Milano señaló que: “Se repite la historia, lo mismo sucedió en Milano, Cairo y Luiciana, se traslada las responsabilidad al Estado, esto es frustrante ya que no se condena a quienes están contaminado las fuentes de agua”.
