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Etiqueta: discurso polarizante

Sobre el avance del populismo en Costa Rica: disputas en torno la definición del ideal democrático

Lic. Andrey Pineda Sancho

Durante los últimos años, el estilo político de carácter populista ha ganado terreno en Costa Rica. Pese a tener un largo recorrido subterráneo y solapado (en ocasiones más abierto) en la mayor parte de la historia política del país, lo cierto es que este estilo se ha hecho especialmente distinguible en el transcurso de los últimos 10 años. Algunos de sus rasgos, al menos en el plano discursivo, salieron a relucir en la campaña política 2014, cuando las críticas a la hegemonía política y gubernamental del Partido Liberación Nacional se tornaron más vehementes, y otros tantos se hicieron presentes, esta vez con mayor claridad e intensidad, en las campañas políticas 2018 y 2022. En el primero de los casos, a través de candidaturas como las de Juan Diego Castro, quien se destacó por su discurso anti-sistémico y anti-elitista de corte punitivito, y Fabricio Alvarado, quien accedió a la segunda ronda electoral gracias a un discurso religioso-conservador exaltado y polarizante; mientras que en el segundo de ellos, por intermedio del candidato Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda y exfuncionario del Banco Mundial que se vendió a sí mismo como un “outsider” de la política con raigambre popular y como un tecnócrata con capacidad resolutiva, y que, gracias en parte a esa imagen, resultó electo presidente de la república para el período 2022-2026.

Con su avance en el país, el estilo y la retórica populista no solamente ha posicionado y afianzado una crítica al sistema político en términos generales, sino que de forma particular también ha instalado una disputa abierta en torno a la definición de la democracia y del ideal democrático. Sus propulsores han criticado los que a su juicio son vicios de la democracia realmente existente en el país y, al mismo tiempo, han propuesto los supuestos remedios para dichos males. Así, ante un régimen que perciben como copado por unas élites políticas corruptas y desprendidas de los intereses de la ciudadanía, proponen una exaltación del “pueblo” confundido con la figura de un líder fuerte con capacidad de identificar y satisfacer las verdaderas necesidades de las personas comunes, y ante un modelo de representación que juzgan demasiado indirecto postulan, como contraparte, formas mucho más directas e inmediatas para el ejercicio de la soberanía popular. Con este discurso, a todas luces polarizante, los representes del populismo criollo mezclan críticas justas a la democracia liberal imperante en Costa Rica, con un programa abocado a minar, en el mediano y el largo plazo, las bases mismas de toda democracia posible, pues con la excusa de devolverle la soberanía al pueblo suelen propiciar, en cambio, la concentración de poder en la figura del líder (esto es muy evidente en el caso de Rodrigo Chaves), lo cual resulta caldo de cultivo para el autoritarismo y la arbitrariedad, y con el pretexto de una democracia más directa propician el socavamiento de la división de poderes, y, con ello, la potencial vulneración de los derechos ciudadanos, de las instituciones democráticas, y la desaparición de los contrapesos al poder Ejecutivo, lo cual, como se sabe, es la antesala de la tiranía. Señalar el peligro que representa el populismo para la democracia costarricense no implica, ni mucho menos, hacer abstracción de las debilidades y contradicciones que históricamente ha acusado la democracia realmente existente en el país, ni debe, bajo ninguna circunstancia, conducirnos a ello. La democracia es, por definición, un proyecto político y de convivencia inagotable, y su concreción es siempre provisional, imperfecta y multiforme; esta es el resultado de disputas, negociones y acuerdos (o incluso imposiciones) de la más diversa índole; y la democracia costarricense, en particular, no escapa de dicho supuesto. En su devenir, es posible identificar, como diría Pierre Rosanvallon, una serie de “promesas incumplidas e ideales maltrechos” que, con cierta periodicidad, casi de manera crónica, han dado justos motivos para despertar insatisfacción y descontento entre la ciudadanía. Especialmente durante los últimos 40 años, la nuestra ha sido una democracia cada vez más reducida a su vertiente procedimental, en la cual no solamente prima un modelo de representación de carácter cuasi oligárquico, sino también en la que sobresalen problemas como la corrupción; la falta eficacia, por parte de los actores políticos, a la hora de reconocer y atender las necesidades de la población (una población ampliamente excluida y marginalizada, cabe agregar); y la ausencia de estímulos que incentiven la implicación de la ciudadanía en la resolución de los retos comunes.

Ante un escenario tal, resulta imperioso explorar y encontrar alternativas que permitan profundizar las formas democráticas en lugar de socavarlas. La crítica a los defectos de las democracias liberales o minimalistas no debe llevarnos a la caer en las trampas que amenazan con traerse abajo los cimientos de toda democracia posible, tal como, en el límite, lo hacen los populismos. En cambio, debemos apostarle a construir una democracia más inclusiva y participativa, en la cual se multipliquen las instituciones, los discursos y las prácticas favorables a la constitución de un ethos democrático compartido, en la que principios éticos como la confianza, la integridad y la franqueza animen el accionar político e institucional, y en la cual se ofrezcan soluciones prácticas y realistas a las necesidades de la ciudadanía.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: https://cicde.uned.ac.cr/blog/148-sobre-el-avance-del-populismo-en-costa-rica-disputas-en-torno-la-definicion-del-ideal-democratico

No es sólo un cambio de gobierno, es el inicio de un cambio social que podría cambiar el rumbo del país

German Masís Morales

La llegada al poder del nuevo partido Progreso Social Democrático y con él un nuevo grupo político y económico, la alianza de éste con otros partidos nuevos o emergentes, el desarrollo de la Administración Chaves en un año de su gestión y los cambios institucionales impulsados, el respaldo sostenido de buena parte de la población y las posiciones y el discurso polarizante de los nuevos líderes políticos, no son elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que ha iniciado, impulsado por ciertos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos, que es necesario analizar y esclarecer en la coyuntura actual.

De acuerdo con la teoría y el desarrollo histórico del cambio social, del que se ha ocupado la Sociología, existen razones sociohistóricas objetivas, factores explicativos, características particulares y agentes de cambio que están interviniendo en el cambio social de la II década del siglo XXI en nuestro país.

Frente a la realidad actual, nos preguntamos si estamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre sus clases sociales y en particular del deterioro de los partidos políticos tradicionales y los sectores que los han apoyado.

El tipo de cambio social se origina en la pugna social entre un grupo económico y político nuevo y los grupos de la política y la economía tradicional, donde aquellos quieren imponer su visión de la sociedad mediante el impulso de cambios significativos a pesar de la oposición de otros sectores de la sociedad.

Los factores de cambio predominantes son factores político-ideológicos que responden a la aparición de nuevas corrientes de pensamiento político y económico, que se han manifestado en partidos políticos nuevos y emergentes en ascenso, que han aprovechado el vacío político dejado por los partidos tradicionales y por los gobiernos del PAC.

Se mencionan como agentes de cambio personas que han tenido la capacidad de incidir en la manera en que la sociedad costarricense está estructurada, porque poseen poder económico o han tenido capacidad de convocatoria política en las últimas elecciones nacionales, como los líderes y dirigentes surgidos en los partidos emergentes, encabezados por un político tecnócrata y antisistema y los empresarios que financiaron la campaña política de esos partidos.

De manera evidente, la ciudadanía votó por el cambio político, representado por esos partidos y esos líderes, pero ya en el poder la Administración Chaves, ha ido mostrando las propuestas del cambio, a saber:

-una lucha contra la corrupción y contra los sectores que el nuevo partido y los nuevos líderes identifican como responsables: los partidos tradicionales y el PAC

-la reducción en el costo de la vida, que según los nuevos grupos, se encuentra elevada por la acción de grupos económicos tradicionales e instituciones que se han favorecido de los altos precios de los productos.

-la reactivación de la economía, luego de la pandemia y de la crisis económica en que se encuentra el país, resultado según ellos, del mal manejo de la economía y de las instituciones por parte de los grupos tradicionales.

Pero esas fueron las razones aparentes o explícitas del cambio que se divulgaron en la larga carrera de la campaña política y que sedujeron a buena parte de los votantes a apoyar al nuevo partido y a los nuevos dirigentes.

Sin embargo, en el transcurso de la gestión de la Administración actual, han venido quedando en evidencia las verdaderas razones o las razones no explícitas del cambio propuesto, entre ellas:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBi, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros en la reinvindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso grandilocuente del Presidente y de las Autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia innecesaria pero muy efectiva en la intención de mantener su popularidad.

Si algunos ciudadanos distraídos siguen pensando que este es un gobierno más, que lo que ha ejecutado en este año de gestión, no tiene gran trascendencia, debieran comenzar a entender que la Administración Chaves tiene una orientación definida y que los elementos antes mencionados son parte de un cambio social acorde con los intereses de determinados grupos económicos y políticos, que podría consumarse plenamente en los próximos 3 años.

Es innegable que hay un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y económica del país, hacia una menos democrática, menos incluyente, menos equitativa y menos respetuosa de los derechos humanos.