Nicolas Boeglin (*)
Resumen: Palestina procedió el pasado 28 de setiembre a interponer una demanda contra Estados Unidos relacionada al traslado de su Embajada de Tel Aviv a Jerusalén, anunciado en diciembre del 2017 y materializado en mayo del 2018. Con esta demanda, Palestina estrena el procedimiento contencioso ante la CIJ en su condición de Estado, reafirmando nuevamente su confianza en el derecho internacional y en la justicia internacional para solucionar controversias con otros Estados.
El pasado viernes 28 de setiembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció que Palestina procedió a presentar formalmente una demanda contra Estados Unidos debido al traslado de la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén (véase comunicado de prensa en francés y en inglés).
Se trata de la primera demanda que presenta Palestina como Estado ante la CIJ, en respuesta a una acción de Estados Unidos considerada por muchos observadores internacionales como una verdadera «línea roja» que ningún presidente de Estados Unidos se había atrevido a cruzar antes del actual ocupante de la Casa Blanca, por más solícitudes recibidas por parte de Israel.
A la fecha, Palestina mantiene relaciones oficiales de Estado a Estado con 137 Estados, siendo Colombia el último en haber reconocido a Palestina como Estado, el 3 de agosto del 2018. Recientemente el jefe de la diplomacia española declaró que España estudia la manera de liderar un proceso en el seno de la Unión Europea (UE) sobre el reconocimiento de Palestina como Estado (véase nota de prensa de ABC del 21/09/2018).
El único Estado de la UE que sí ha reconocido a Palestina como Estado es Suecia, en octubre del 2014 (véase comunicado oficial); los únicos Estados en América Latina que aún no reconocen a Palestina como Estado son México y Panamá. Nótese, en el caso de México (que desde 1988 acoge en su capital a una “Delegación Especial de Palestina” y estableció una “Oficina de Representación de México” en Ramallah), que esta posición podría cambiar en los próximos meses.
En su demanda presentada a los jueces de la CIJ en La Haya (véase texto completo), Palestina solicita que se ordene a Estados Unidos que:
«51.By the present Application, the State of Palestine therefore requests the Court to declare that the relocation, to the Holy City of Jerusalem, of the United States embassy in Israel is in breach of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
52.The State of Palestine further requests the Court to order the United States of America to withdraw the diplomatic mission from the Holy City of Jerusalem and to conform to the international obligations flowing from the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
53.In addition, the State of Palestine asks the Court to order the United States of America to take all necessary steps to comply with its obligations, to refrain from taking any future measures that would violate its obligations and to provide assurances and guarantees of non-repetition of its unlawful conduct«.
Tal y como se puede apreciar, se trata de una petición que busca obligar a Estados Unidos a actuar de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena de 1961 y a tomar medidas para evitar conductas similares en el futuro.
Es muy posible que Estados Unidos alegue que Palestina no es un Estado, no es miembro pleno de Naciones Unidas y que la CIJ debe declararse por lo tanto incompetente para conocer el fondo del asunto. Dificultarle a Palestina el pleno reconocimiento de su calidad de Estado y su membresía plena en Naciones Unidas constituye una constante de la política exterior israelí y norteamericana, con el fin de limitarle sustancialmente el acceso a mecanismos al que puede acudir cualquier Estado en sus controversias contra otro Estado. En esta estrategia, han podido contar con el apoyo de Canadá, de la UE así como de Panamá que mantienen su posición de no reconocer a Palestina.
En este caso preciso, intentar esquivar a toda costa la competencia de la CIJ será prioritario para Estados Unidos, dado que en la etapa sobre el fondo, Palestina tendrá a su disposición varias resoluciones del mismo Consejo de Seguridad que apoyan su reclamo: siendo resoluciones que no fueron objeto de ningún veto por parte de Estados Unidos, resultaría sumamente original el buscar oponerse ahora a su contenido por parte del Departamento de Estado norteamericano.
La batería de argumentos norteamericanos se centrará muy probablemente en intentar demonstrar a los jueces que la base de competencia usada por Palestina es débil: esta última será brevemente expuesta en las líneas que siguen de manera a entender mejor los alcances de esta iniciativa de Palestina.
La base de competencia utilizada por Palestina es la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que suscribió y ratificó en abril del 2014 (véase estado oficial de ratificación), así como un Protocolo adicional a esta convención de 1961: se trata de un instrumento adicional, al que accedió Palestina en marzo del 2018, del que es parte Estados Unidos y que Israel no ha ratificado (véase estado oficial de ratificación). Este instrumento internacional permite a los Estados Partes recurrir a la CIJ en caso de controversias sobre la implementación y/o interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Siempre atentos a cualquier iniciativa de Palestina, la accesión de Palestina a este protocolo fue objeto de una nota diplomática de Estados Unidos en mayo del 2018 (véase texto), en la que Estados Unidos señala que:
«The Government of the United States of America does not believe the ‘State of Palestine’ qualifies as a sovereign State and does not recognize it as such. Accession to the Optional Protocol is limited to sovereign States which may become Parties to the Vienna Convention on Diplomatic Relations«.
Palestina respondió de igual forma un mes después a la nota norteamericana, recordando el voto obtenido en el 2012 sobre su Estatuto de «Estado no Miembro Observador» en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (vease texto completo) y en la que precisa a Estados Unidos que:
«As a State Party to the Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes, of 18 April 1961, which entered into force 21 April 2018 [for the State of Palestine], the State of Palestine will exercise its rights and honor its obligations with respect to all States Parties. The State of Palestine trusts that its rights and obligations will be equally respected by its fellow States Parties«.
El intercambio de notas entre Estados Unidos y Palestina no se verificó cuando Palestina accedió en el 2014 al Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos suscrito en 1966, del que es también parte Estados Unidos (véase estado de ratificación y declaraciones emitidas): con lo cual puede persistir la duda de si Palestina sí es considerada como un Estado para unos tratados y no para otros por parte del Departamento de Estado. De cara a un litigio en el que se discutirá el alcance de una objección como la de Estados Unidos, esta (y posiblemente otras) inconsistencia(s) podría(n) surtir efectos desde el punto de vista jurídico.
Con relación a otro tratado internacional clásico como lo es la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, al que accedió Palestina en abril del 2014, al no ser parte Estados Unidos de este instrumento (como tampoco Israel), no hubo ningún intercambio de notas diplomáticas similar al antes referido (véase estado oficial de ratificaciones).
En lo atinente a un tratado más reciente y particularmente temido por Israel y por Estados Unidos, el Estatuto de Roma adoptado en 1998 (que crea la Corte Penal Internacional o CPI), Palestina logró obtener el estatuto de «Estado Observador» en diciembre del 2014 (véase nota nuestra titulada «Palestina: estatuto de Estado observador acordado por Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (CPI)» editada en el sitio de DIPúblico). Posteriormente Palestina accedió, en enero del 2015 a este instrumento como Estado Parte. En este caso, la ausencia de Estados Unidos y de Israel entre los Estados Partes descarta la necesidad, para Estados Unidos, de proceder a algún intercambio de notas similar con la Secretaría General de Naciones Unidas (véase estado oficial de ratificaciones). Recientemente, un alto funcionario de Estados Unidos profirió amenazas contra los mismos integrantes de la CPI, posiblemente en razón de las investigaciones que ha abierto la CPI con relación a las operaciones militares israelíes en Palestina (véase nuestra nota titulada «La Corte Penal Internacional (CPI) toma nota de amenazas hechas por Estados Unidos«, publicada en el sitio de Monitor de Oriente).
Como se recordará, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel dada a conocer al iniciar el mes de diciembre del 2017 fue objeto de una resolución del Consejo de Seguridad el 18 de diciembre del 2017: el texto recibió el voto a favor de los 14 integrantes del máximo órgano de Naciones Undas, oponiéndose únicamente Estados Unidos. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«, publicada en el sitio de DIPúblico, en la que nos permitimos plantear algunas preguntas:
«Jurídicamente, Estados Unidos vetó una resolución que instaba a respetar lo dispuesto por el mismo Consejo de Seguridad: estamos a todas luces ante una situación raramente vista en Nueva York.¿Vetó Estados Unidos la autoridad del mismo Consejo de Seguridad? ¿O el respeto a la legalidad internacional? Esta actitud inédita que se materializó con el recurso al veto constituye sin lugar a dudas una verdadera bofetada al ordenamiento jurídico internacional«.
Posterioremente, el mismo texto fue objeto de una votación en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 21 de diciembre del 2017 (véase nuestra nota titulada «Análisis del contundente rechazo de la Asamblea General de Naciones Unidas al reconocimiento de Jerusalén como capital«, publicada en el mismo sitio antes referido).
Estas acciones en estos dos órganos de Naciones Unidas evidenciaron el profundo aislamiento de Estados Unidos (y de Israel), logrando ambos obtener únicamente a un reducido grupo de Estados para votar en contra del texto en el seno de la Asamblea General.
Pese al repudio generalizado a su decisión, Estados Unidos procedió a inaugurar formalmente su embajada en la Ciudad Santa en el mes de mayo del 2018, así como dos Estados de América Latina: Guatemala y Paraguay. El 15 de mayo del 2018, una nueva reunión del Consejo de Seguridad – que se limitó esta vez a un intercambio de posiciones – confirmó la situación de aislamiento de la delegación de Estados Unidos (véase al respecto nuestra nota titulada «The transfer of the US Embassy to Jerusalem: the need of responses from international community«).
Al iniciar el mes de setiembre del 2018, Paraguay optó por retirar a su embajada de Jerusalén y trasladarla a Tel Aviv, decisión que había tomado en sentido inversa pocos meses antes sin ninguna explicación (véase nuestra nota titulada «La valiente decisión de Paraguay de restablecer su Embajada en Tel Aviv: una breve puesta en perspectiva» publicada en el sitio de Debate Global). Al restablecer su embajada en Tel Aviv, Paraguay deja únicamente al embajador de Guatemala para hacerle companía a su homólogo norteamericano en la Ciudad Santa.
Foto del actual ocupante de la Casa Blanca ante el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, extraída de artículo de la BBC.
A modo de conclusión
La demanda interpuesta este 28 de setiembre del 2018 por Palestina contra Estados Unidos viene a intentar obtener de la justicia internacional un respaldo ante la actitud de la administración del Presidente Trump con relación a Oriente Medio: una manera de intentar frenar al actual ocupante de la Casa Blanca, el cual se ha enfocado desde que asumió su cargo en enero del 2017, en satisfacer cada una de las pretensiones de Israel, aunque ello signifique desafiar abiertamente la legalidad internacional y el consenso por más de 70 años sobre el estatuto particular de Jerusalén.
La CIJ deberá ahora decidir si da trámite a esta demanda, convocando como es lo usual, a ambas partes para acordar un cronograma; o si opta por otra opción, la cual merecerá la atención de muchos en Palestina y en el resto del mundo.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
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Nicolas Boeglin (*)
El pasado 6 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán (véase comunicado oficial de la Casa Blanca). Se trata de sanciones tomadas de manera unilateral por la actual administración norteamericana y que se añaden a las adoptadas el 8 de mayo del 2018, aduciendo supuestos incumplimientos por parte de Irán del denominado Pacto Nuclear adoptado en julio del 2015. Como previsible, el único Estado en felicitar a Estados Unidos por esta decisión fue Israel (véase nota del Times of Israel).
Se lee en el precitado comunicado por parte del Presidente norteamericano que:
«Since my announcement on May 8 withdrawing the United States from the JCPOA, my Administration has sanctioned 38 Iran-related targets in six separate actions. Reimposition of nuclear-related sanctions through today’s actions further intensifies pressure on Tehran to change its conduct«.
Este anuncio se da a pocos días de otro anuncio del Presidente de Estados Unidos, sugiriendo esta vez una cita con las máximas autoridades persas, que provocó profundo estupor en Israel (véase artículo de prensa del Express, Reino Unido).
Esta decisión unilateral norteamericana de reinstaurar sanciones contra Irán contradice la resolución adoptada por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2015, la cual endosa el acuerdo pactado en materia nuclear con Irán y el riguroso mecanismo de verificación al que accedieron someterse las autoridades persas (véase texto completo de la resolución 2231 del 20 de julio del 2015 en favor de la cual votó Estados Unidos); a su vez, esta decisión unilateral confirma la visión bastante peculiar del actual ocupante de la Casa Blanca, dispuesto a desechar un documento que se logró acordar por parte de la comunidad internacional con Irán en julio del 2015 luego de largas negociaciones.
Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en julio del 2015, en una nota publicada en Derechoaldia reproduciendo al final el texto del comunicado de prensa emitido por la diplomacia de Costa Rica:
«El documento acordado este 14 de julio en Viena constituye sin lugar a dudas la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación. Permite apaciguar en parte la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se ha mantenido desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados» (véase nota nuestra editada en el sitio de Derechoaldia el 15 de julio del 2015).
En un comunicado conjunto del 6 de agosto del 2018, la Alta Representante de la Unión Europea y los jefes de las diplomacias de Alemania, Francia y Reino Unido lamentaron la decisión norteamericana, concluyendo que:
«La préservation de l’accord nucléaire avec l’Iran relève du respect des accords internationaux et importe pour la sécurité internationale» (véase texto en francés de esta declaración conjunta).
Por otro lado, China ha anunciado que estas sanciones norteamericanas no afectarán en lo más mínimo su creciente comercio con Irán (véase nota de prensa).
Por su parte, la Comisión de la Unión Europea (UE) anunció la entrada en vigor inmediata del denominado Estatuto de Bloqueo este 7 de agosto: se trata de una herramienta jurídica que busca resguardar y proteger a todas las empresas europeas que inviertan en Irán de las sanciones norteamericanas (véase comunicado de prensa de la UE). Se lee en el comunicado antes mencionado que:
«El estatuto de bloqueo permite a los operadores de la UE reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos a las personas que ocasionen tales daños y anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas«.
Como es sabido, Teherán se ha convertido desde julio del 2015 en una apetecida capital para muchos consorcios y empresas europeas: para citar un ejemplo reciente, una importante misión empresarial encabezada por el jefe de la diplomacia española en persona visitó Teherán en febrero del 2018 (véase comunicado oficial de España).
Cabe recordar que a 24 horas de anunciadas las sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«.
En América Latina, Irán ha desplegado una hábil agenda diplomática regional en años anteriores, cosechando logros recientes como, por ejemplo, en enero del 2018 la llegada del primer embajador de Chile a Teherán (véase nota de HispanTV); y celebrando, en abril del 2018, la visita oficial del jefe de la diplomacia persa a Brasil (véase comunicado oficial del Itamaraty) así como a Uruguay (véase comunicado oficial de Uruguay).
En el caso específico de Costa Rica, no ha existido ningún acercamiento con Irán desde julio del 2015 (salvo error de nuestra parte), optando más bien Costa Rica por un acercamiento con la potencia rival de Irán en Medio Oriente, Arabia Saudita, con la que Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas (véase nota de prensa sobre visita realizada en enero del 2018 por altos funcionarios saudíes). Ya en este cable confidencial norteamericano del 2008 dado a conocer por Wikileaks, se podía leer que para Estados Unidos, el tema de Irán no ameritaba mayor atención en el caso costarricense:
«Although there is no particular Costa Rican cooperation with Israel to limit the influence of Iran in the region, we do not detect any sympathy for Iran on the part of Costa Rica nor any expansion or opening of relations. To the GOCR (as to most other governments in Central America), Iran has no natural ties to the region«.
Al mantener incólume su posición Estados Unidos con relación a las sanciones anunciadas en mayo del 2018 contra Irán, el 17 de julio del 2018 Irán acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), interponiendo una demanda contra Estados Unidos (véase comunicado de prensa de la CIJ en inglés y en francés). Tuvimos la ocasión de analizar los alcances de esta demanda iraní en una breve nota nuestra a la que nos permitimos remitir a nuestros lectores, en la que concluimos haciendo referencia al esfuerzo creativo que debe estar suponiendo esta demanda para los asesores legales del Departamento de Estado (Nota 1).
Al haber acompañado Irán su demanda contra Estados Unidos con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente (véase texto completo), la CIJ fijó a finales del mes de agosto las audiencias orales entre ambos para tomar una decisión al respecto (véase comunicado de prensa en francés y en inglés del pasado 26 de julio del 2018). Es probable que en caso de asistir a estas audiencias, la delegación de Estados Unidos alegue, entre otros puntos, que la CIJ carece de toda competencia para ordenar medidas provisionales en su contra. En caso de no comparecer (una posibilidad que no se puede descartar dado el espectáculo que ofrece al mundo el actual Presidente norteamericano), las audiencias en La Haya se mantendrían con la sola presencia de la delegación persa, sin afectar mayormente el procedimiento (Nota 2).
El retiro de Estados Unidos en el 2018 del Pacto Nuclear suscrito con Irán en julio del 2015 se basa en hechos inexistentes. Las sanciones reimpuestas a Irán por Estados Unidos se inscriben en esta misma lógica.
Cabe indicar que la demanda iraní presentada en julio del 2018 constituye la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos.
Desde esta perspectiva, otros Estados cuyos derechos se han visto vulnerados en razón de la actitud desafiante de Estados Unidos bien podrían acudir de igual forma a la justicia internacional de La Haya en el futuro.
—Notas—
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo«, CIARGlobal, edición del 24 de julio del 2018, disponible aquí.
Nota 2: En 1973, una solicitud de medidas provisionales de Australia contra Francia con relación a los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico dió lugar a audiencias en La Haya con la presencia de una sola delegación (véase acta de audiencias de mayo de 1973).
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR.
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Marlin Oscar Ávila
El país más poderoso del mundo, al menos hasta recientemente, Estados Unidos de América, tiene en su clase política al sector más cínico que pueda conocerse en el mundo. Desde hace más de año y medio han debatido frenéticamente una posible intervención del gobierno ruso en las últimas elecciones nacionales para la presidencia. Ahora, su gobierno ha iniciado una guerra comercial internacional, gravando los productos en materia prima y procesados, de lo que llama sus países “socios” del libre mercado. Todo mundo sabe que históricamente, hasta la actualidad, EUA ha intervenido en una elevada proporción de elecciones en los países que cree son o deben ser de su dominio, es decir, más de dos terceras partes de los miembros de las Naciones Unidas. Así mismo, ha sido ese país, junto con Inglaterra y la mayoría de la Unión Europea, quienes promovieron e impusieron el libre mercado al cual ahora se opone la administración Trump. Desde luego, con balances comerciales desfavorables para los llamados, por ellos mismos, países en desarrollo. El argumento de la guerra comercial de la Casa Blanca, es su alto déficit comercial con los demás países industrializados, particularmente, China. Trump sabe que esta guerra le trae beneficios inmediatos (no mediatos) a su necesidad de popularidad política en los sectores nacionalistas estadounidenses, al igual que su política “tolerancia cero”, abonando a su próxima re elección.
En el caso centroamericano, la balanza comercial es deficitaria para la región, más para unos que para otros de sus miembros, pero no se escucha los reproches de los gobernantes y la renuncia a los tratados de “libre comercio”. En el 2016, se registró una exportación de US$46,265.9 millones, mientras se importaron US$86,133 millones de los EUA. Una diferencia o des-balance de casi un 54%. (La Prensa/Económica 23/03/17). Sin embargo, con Nicaragua la balanza comercial ha tenido sus primaveras, donde EUA tuvo déficit comercial. ¿La pregunta es si algún país centroamericano se atrevería a grabar las importaciones desde EUA, para estimular su economía interna y resolver parte de su deuda externa o su déficit fiscal?
Recientemente, Ruanda, un país africano exportador de café, con un 45% de población bajo la línea de la pobreza, decidió subir los aranceles a la ropa usada importada, principalmente de los EUA, de US$0.25 a 2.50 dólares por cada kilogramo, a manera de estimular su industria textil, para subir la demanda de ropa producida internamente. Ruanda importa 17 millones de dólares en ropa usada desde EUA. Esto ha enojado al Tío Sam, quien le amenaza con aplicarle sus leyes de manera bilateral, tal cual lo hace con cualquier otro país del mundo, sin importar la pobreza del país víctima.
Esta guerra comercial ya está a toda marcha, solamente que adentro del campo de batalla, solamente participan los países industrializados del norte, Europa Occidental y Asia. Los demás, observan nerviosos, buscando refugio de protección y evadiendo los golpes directos e indirectos que pueden venir desde esas zonas, esperando que no sean letales. Entre más estrechas sus relaciones comerciales con esos países del G20, que ya implantaron más de cuarenta restricciones comerciales, los efectos e impactos serán mayores. Si antes de iniciado el presente año, habían diversificado la relación comercial, dejando de depender en más del 50% en su comercio con EUA, es posible que los países del Sur tengan posibilidades de mayor maniobra.
Como sabemos, la Organización Mundial del Comercio (OMC) depende más de las aportaciones del G20, y EUA no respeta a los organismos multilaterales cuando estos no coinciden con sus políticas nacionales. Así que, la OMC será poco o nada lo que haga para un comercio justo, y nuestros países sub desarrollados, en esta guerra comercial, se verán obligados a optar. Indudablemente, esta guerra comercial tiene implicaciones políticas internacionales y el mapa mundial está cada vez más alterado, por las políticas estadounidenses con su guerra comercial, por el Brexit en la UB, y por qué los países que están siendo fustigados por el imperio norteamericano, buscan como evadir las sanciones financieras y de mercado de que son objeto. En medio de las guerras comerciales de muchas regiones del mundo y las bélicas de oriente medio, están las batallas por el control de los recursos naturales, en las cuales, quiera latinoamericana o no, está íntimamente vinculada. Es por el control de estos recursos naturales y por la ubicación geográfica de algunos países suramericanos que diariamente nuestros países se ven involucrados en fuertes discusiones internacionales y en represiones intestinas de sus gobernantes.
Otra aberración actual de los EUA, es escandalizarse porque otro gobierno haya podido influir en sus elecciones políticas.
En los últimos días, la derecha rancia de los dos partidos políticos que dominan el espectro político de EUA, le han dirigido toda las baterías letales a su presidente Donald Trump, por las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, a quienes consideran coludidos, para que los Republicanos ganaran las últimas elecciones. Cierto o no, sabemos que eso es como aquel que viste sotana y condena diariamente las relaciones extra-maritales de sus parroquianos, pero tiene regados a varios “ahijados” por su parroquia.
Al menos en Centroamérica se sabe que no puede elegirse un mandatario sin la venia del Departamento de Estado, incluyendo a “izquierdistas” como el caso nicaragüense. Si no, pregúntenle al ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Él ni los candidatos de Libre pueden llegar a tomar el poder, si la “Embajada” no se lo aprueba. Así como imponen gobernantes con golpes suaves o duros, definen, no solamente a quién se elige, pero a quiénes el elegido define como miembros de su gabinete. Para el Departamento de Estado, tener un presidente re electo de derecha en Honduras y otro, supuestamente de “izquierda”, en Nicaragua, es una fórmula adecuada en sus relaciones con Centroamérica. No sería difícil adivinar las negociaciones tras bambalinas que J. Orlando Hernández y Daniel Ortega sostuvieron con el Departamento de Estado, la NSA, la DEA y la CIA, para hacer viable su re elección. La historia latinoamericana esta cundida de ejemplos de intervenciones estadounidenses en las elecciones de sus gobernantes. Por lo que, suena hasta ridículo que ahora, los sectores más conservadores estadounidenses levanten banderas contra una posible intervención en sus últimas elecciones. Ese comportamiento exclusivista no les abona en nada.
Así se desenvuelve el cinismo de los Republicanos y Demócratas conservadores de EUA, mientras tanto, sus medios corporativos siguen aumentando sus capitales con los escándalos que ellos fermentan diariamente. Quienes finalmente pagan las consecuencias de esas políticas imperiales y sus exabruptos, son las clases trabajadoras, la ciudadanía indefensa, las minorías vulneradas y las mayorías inocentes.
Enviado por el autor.
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La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, expresa su enérgica condena a la cruel e inhumana política migratoria de los Estados Unidos de separar a niños y niñas migrantes de sus padres y madres en flagrante violación de los derechos humanos. La brutal y despiadada política del presidente Trump de “tolerancia cero” ha causado la separación de cerca de más de 2.400 niños entre el 5 de mayo y principios de junio. La administración Trump, que se caracteriza por la falta de transparencia, trata como criminales a los migrantes que entran a los EEUU huyendo del clima de violencia y falta de garantías a la vida e integridad física en sus respectivos países. La mayoría de los inmigrantes proceden de Honduras, el Salvador y Guatemala, algunos de México y hasta donde sabemos también Brasil, países que han sido intervenidos desde tiempo inmemorial, por las políticas imperiales de los EEUU, país responsable de golpes de estado, guerras e intervencionismo en Latinoamérica. La AAJ repudia la criminalización de las familias inmigrantes y la política de la administración Trump, implementada por el fiscal general Jeff Sessions, de ordenar procesar a los detenidos con cargos criminales, arrebatar a los niños de los brazos de sus padres y madres, quedando bajo la custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos (Department of Health and Human Services), agencia federal. Una vez formulados cargos criminales, se posibilita acelerar la deportación e impedir radicar solicitudes de asilo político. Mientras, en el momento de detención, el gobierno de Trump encierra a los inmigrantes en jaulas, incluyendo a los niños, inhumanamente separados de su familia, entre llantos y escenas desgarradoras. Aunque la intensa ola de indignación y protestas obligaron a Trump a firmar una orden ejecutiva para poner fin a la separación de familias, se mantiene el procesamiento por la vía criminal a quienes entran al país en condición irregular, y los niños estarán encerrados con sus padres y madres en centros de detención y bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security). Con ese objetivo, el ejército de Estados Unidos se prepara para albergar a unos 20.000 menores inmigrantes en bases militares ubicadas en los estados de Texas y Arkansas.
(…)
Por tanto, la AAJ expresa lo siguiente:
1. El cese inmediato de tanta crueldad, cesar de procesar criminalmente a los inmigrantes y proceder a la reunificación de las familias. Los niños y niñas no pueden ser piezas de negociación ni rehenes para los fines racistas e inhumanos de la administración Trump.
2. Que los estados que integran los EEUU, como también los y las procuradores generales, demanden al gobierno federal estadounidense por violaciones a los derechos civiles y constitucionales de los padres, madres, niños y niñas separados al llegar a través de la frontera con México.
3. Aunque los EEUU es el único país miembro de la ONU que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño y no sea operativa, sus principios tienen validez internacional. La Convención establece que al niño le incumben los derechos de los mayores más los derechos del niño pues es sujeto especial de derechos. Entre los principales principios se encuentran el interés superior del niño y escuchar al niño. El interés superior está vinculado a otros principios, no es el orden público el que lo impone, sino la Convención, escuchando al niño, empoderándolo y protegiendo a la familia. (Ver art. 12, escuchar al niño; art. 9 y 14 inc. 2, los padres; art. 10, encuentro familiar; art. 18 inc. 2; art. 27, proteger a los padres para poder proteger al niño; art. 22, casos de refugiados).
4. Además, exigimos de los EEUU respetar las reglas mínimas de tratamiento de personas detenidas de cualquier forma y en cualquier lugar (Reglas de Mandela de ONU):
5. Las actuaciones del gobierno estadounidense violan la Convención contra la tortura, que en su art. 1 la define como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
6. Permitir de inmediato misiones investigadoras en los lugares donde se encuentran detenidos los niños y niñas.
7. Permitir de inmediato que el cuerpo consular de los países de procedencia de los niños y niñas tengan acceso personal a éstos.
8. Garantizar y proveer a los niños y niñas tratamiento médico, servicios sociales y educativos.
Le invitamos a leer el documento completo en el siguiente enlace:
Declaración de la AAJ sobre política migratoria inhumana de los EEUU
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Carlos Meneses.
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Marlín Oscar Ávila
Quienes creen que es ingenuo pensar que el gobierno de EUA no está metido en los intereses nicaragüenses, están en lo correcto. Pero también es ingenuo pensar que esos intereses estadounidenses en los asuntos nicaragüenses están a partir de las revueltas del 18 de abril. Si así fuera, cómo explicamos la formación de un gobierno corporativo, es decir, en alianza de los Ortega con la gran empresa nacional e internacional, sin equilibrar los beneficios con la clase trabajadora del campo y la ciudad; además, cómo explicamos que la familia gobernante se haya desviado del marco ideológico de Augusto César Sandino, General de hombres libres y de Carlos Fonseca Amador, para gozar de las mieles del capitalismo local y el poder hegemónico de la institucionalidad nacional. Creer que la inteligencia gringa está actuando, únicamente mediante ONGs internacionales y nacionales, sin apoyarse en la empresa privada, los pequeños partidos conservadores y los grandes medios de desinformación, la mayoría en manos de la familia Ortega, también es pecar de ingenuidad.
Creer que en política se juega sobre una cancha limpia de obstáculos, con reglas claras y solamente contra un equipo o dos, debe buscar jugar otro deporte. La derecha, en sus diferentes expresiones, ha estado presente en la cancha nicaragüense desde siempre, como lo está en todo territorio latinoamericano. La derecha esta hasta en las organizaciones que gritan “fuera la CIA, o fuera JOH o fuera Temer”. La política sería muy aburrida si se tratara de una lucha entre ángeles y diablos, a los que se distinguen por su apariencia dulce u hostil, la política no es un tablero de piezas blancas y negras, con marcas positivas y negativas. Cubren todo un arcoíris y tienen muchas siluetas. Son muchas las facciones y las corrientes políticas que juegan en una misma cancha, en un partido que se juega todo el tiempo, sin espacios de descanso, ni para dormir. La violación de las reglas es algo muy común, la demagogia, el fraude, el chantaje, el soborno, la mentira, la traición, y cualquier zancadilla, es de esperarse, particularmente de los sectores conservadores. En este juego, los árbitros (observadores o mediadores) también juegan el partido. Ni qué decir de árbitros de organismos multilaterales, quienes se suponen, son controlados por normas internacionales.
En nuestra zona geográfica cuando antes de elegir a nuestros gobernantes, debemos preguntar al magnate de la “hegemonía mundial” si podemos o no elegir a quien nos parezca el mejor, es porque las reglas del juego las determinan afuera de nuestras naciones. Se trata de algo diferente a la que concebimos como real democracia. Como dijo recientemente James Clapper, ex director de la inteligencia gringa: «Cuando intentamos manipular o influir en las elecciones, o incluso derrocar gobiernos, se hizo con los mejores intereses de la gente del país en cuestión«, después de confirmar que su gobierno estadounidense había actuado así en, al menos, 80 países. Entonces tenemos un “todopoderoso” al norte y no en el cielo, que nos cuida para que nuestras decisiones sean adecuadas a los intereses de “su gente”.
Si las manipulaciones e influencia en las elecciones se han hecho pensando en “los mejores intereses de la gente del país en cuestión”, tendríamos que preguntarnos cuál es la gente en la que piensan los gobiernos de EUA cuando hace tales manipulaciones y golpes de Estado. Sin retroceder mucho en la historia contemporánea, en Panamá, Noriega era de su confianza, primero y después del pueblo panameño. En Nicaragua, fueron aceptados Enrique Bolaños Geyer; Arnoldo Alemán Lacayo y Violeta Barrios de Chamorro, luego de una ardua lucha por derrocar del poder al Sandinismo. Dilma Rousseff, fue y es de la confianza del pueblo brasileño, al igual que Lula Da Silva. Manuel Zelaya, era y es de la confianza del pueblo hondureño. ¿Evidencia esto a qué intereses se refiere el ex director de la CIA? Los golpes de diferente naturaleza aplicados a estos ex gobernantes fueron apoyados por Washington, pese a que estos gobernantes han gozado de la popularidad necesaria para gobernar. Nicolás Maduro, ha sido elegido con una diferencia significativa en las últimas elecciones de Venezuela, sin embargo, el gobierno de Washington, junto con todas sus agencias, tropas y gobiernos lacayos, no quieren que Nicolás Maduro gobierne en su propio país. Estamos viviendo en un mundo donde la tan llevada y traída “democracia” pareciera ser última invención electrónica, apetecida por muchos, pero pisoteada por quienes logran comprarla. Es una democracia secuestrada hace bastante tiempo.
Es más que obvio saber los verdaderos intereses que defienden en la Casa Blanca. Pero el caso de Nicaragua puede confundir fácilmente al mejor observador.
La izquierda tradicional centroamericana confiaba que Nicaragua era tranquilamente controlada por el FSLN, aun cuando hubiera denuncias de algunos de sus viejos cuadros, sobre los abusos cometidos por los Ortega. Se dieron varios esfuerzos de privatización del agua, la electricidad y otros servicios, que recibieron la oposición del pueblo. La anticonstitucional re elección del indiscutible líder sandinista hasta recientemente, no fue confrontada dentro del FSLN de manera contundente y los Ortega lograron manejar la controversia a su favor. Ya había existido fuerte controversia con el proyecto del canal interoceánico. Las organizaciones campesinas fueron las primeras en tirar al suelo la bandera sandinista. Luego, ocurre el incendio de La Reserva Biológica Indio Maíz, considerada una de las reservas naturales mejor preservadas en Nicaragua, cuando se acusa al gobierno central de negligencia intencional. Se cree que comerciantes de la madera fueron los más aprovechados económicamente. En abril aparece el gobierno decretando medidas contrarias a los intereses de algunos sectores no consultados en cuanto al Seguro Social. La policía le da palos a unos ancianos y la juventud sale a protestar. Esa protesta es fuertemente reprimida y se da lo que ni los mismos gringos, los partidos de derecha, ni de izquierda, esperaban. La misma pareja Ortega debió sorprenderse de los resultados de sus órdenes represivas. En ese momento nos enteramos que la familia en el poder vivía en una especie de burbuja. Ni sus asesores le pudieron advertir que el pueblo nicaragüense estaba muy tenso con lo que se había venido gestando dentro del poder corporativo desde un año atrás y solo era necesaria una gota para rebalsar el vaso.
Al aceptar íntegro el informe publicado por la CIDH, nos enteramos que los Ortega acababan de despertar de la inconciencia que produce el poder absoluto encerrados en una burbuja mágica de oro. En menos de un mes, habían asesinado a más protestantes en las calles de los que podría creerse venir de un ex comandante de la Revolución Sandinista. Pero luego se enteró que los delitos por los cuales se le acusa son graves. Así que se aferra al poder argumentando que hay un complot internacional contra el país y su gobierno. El discurso que muchos poderosos utilizan cuando les conviene.
Algunas publicaciones progresistas hacen similitudes entre la lucha que se libra en Venezuela con la de Nicaragua, haciendo aparecer a ambos gobiernos como víctimas de las movilizaciones sociales violentas provocadas y financiadas desde el exterior. En ese símil coinciden, a la inversa, con la derecha internacional, argumentando que Daniel Ortega es un dictador del corte de Nicolás Maduro, que asesina a sus oponentes. Pero nada es más distante que las manifestaciones de miles de miles de nicaragüenses con los grupitos opositores de las guarimbas venezolanas. La historia de ambos países y pueblos es diferente y sus causas son diferentes, motivos para otro artículo al respecto.
¿Cuándo se concluirá con los enfrentamientos violentos en Nicaragua? no se sabe, especialmente cuando hay una izquierda ingenua y cerrada a los esquemas que le predican sus líderes tradicionales y, una derecha criminal, irrespetuosa, farsante y sucia en el escenario. En sus conflictos internos en Nicaragua, usualmente, han estado presentes actores centroamericanos y, desde luego, estadounidenses. Entre más se tarde en llegar a un acuerdo, más complejidad puede haber en una solución nicaragüense. Esperemos que el pueblo nicaragüense no se valla adaptando a ese estado de cosas, como lo ha hecho Honduras desde el golpe de estado hace nueve años, tiñendo de sangre diariamente sus calles, con una oposición muy débil y con el gobierno impune, más impopular de su historia.
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Nicolas Boeglin (*)
A diferencia de lo afirmado por las máximas autoridades de Estados Unidos (y unos pocos días antes por las de Israel – véase nota del NYTimes), Irán sí está cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones que ha contraído con la comunidad internacional desde el 14 de julio del 2015, al suscribir el denominado «pacto nuclear». Así lo ha comunicado oficialmente este 9 de mayo del 2018 la OIEA (Organización Internacional de la Energía Atómica), una entidad internacional adscrita a Naciones Unidas encargada de monitorear el programa nuclear iraní y de verificar in situ eventuales incumplimientos por parte de las autoridades persas.
Se trata de un nuevo episodio en el que el actual ocupante de la Casa Blanca procede a afirmaciones escasamente fundamentadas en hechos reales, confirmando así su peculiar estilo desde que llegó en enero del 2017 a ejercer sus funciones como Jefe de Estado.
El acuerdo sobre el programa nuclear iraní del 2015 se denomina «Joint Comprehensive Plan of Action» o JCPOA (en persa برنامه جامع اقدام مشترک) y pretende poner fin a las sanciones internacionales contra Irán y permitir a este último desarrollar su programa nuclear bajo ciertas medidas de control y un riguroso régimen de verificaciones por parte de la OIEA. El acuerdo fue suscrito entre Irán y los cinco Estados (P-5) que son Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, así como con Alemania y la Unión Europea (UE). El JPCOA fue endosado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la resolución 2331 del 20 de julio del 2015 (véase texto en español con, en anexo, el texto en español del JPCOA).
Además de referir también al texto como tal en inglés del mismo JCPOA (disponible en este enlace), remitimos al lector a nuestra nota publicada en el 2015 en el sitio jurídico de DerechoalDia, la cual intenta poner en perspectiva este acuerdo alcanzado después de varios años de arduas y complejas negociaciones y reproduce – en su parte final – el comunicado oficial emitido por Costa Rica (véase texto disponible en este enlace).
Desde la firma de este acuerdo en el 2015, Irán ha normalizado paulatinamente sus relaciones comerciales, recibiendo a numerosas delegaciones oficiales europeas, rusas y chinas interesadas en invertir en Irán y ha procedido a suscribir contratos con grandes empresas, como por ejemplo un contrato en diciembre del 2016 con Boeing y con Airbus para remozar su flota aérea comercial (véase nota de prensa al respecto).
Se lee en esta ficha técnica de la Union Europea (UE) que:
«The EU exported over €8,2 billion worth of goods to Iran in 2016. EU exports to Iran are mainly machinery and transport equipment (€3,8 billion, 46,2%), chemicals (€1,8 billion, 22,2%), and manufactured goods (€0,7billion, 8,8%). The EU imported almost €5,5 billion worth of goods from Iran in 2016. Most EU imports from Iran are energy-related (mineral fuels account for €4,2 billion and 77,0% of EU imports from Iran), followed by manufactured goods (€0,4 billion, 8,5%), and food (€0,3 billion, 6,8%)«.
En materia turística, la notoria participación de Irán en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) en España en el 2016 no pasó desapercibida (véase nota de prensa).
El último informe de la OIEA sobre el programa nuclear de Irán (de 10 realizados) fue presentado en febrero del 2018, confirmando el cumplimiento por parte de las autoridades persas de lo pactado en el 2015 (este informe está disponible en este enlace de dicha organización internacional).
En su declaración dada a conocer este 9 de mayo del 2018 (véase texto oficial), el máximo jerarca de la OIEA (más conocida por sus siglas en inglés IAEA) ha señalado de forma contundente que:
«The IAEA is closely following developments related to the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). As requested by the United Nations Security Council and authorised by the IAEA Board of Governors in 2015, the IAEA is verifying and monitoring Iran’s implementation of its nuclear-related commitments under the JCPOA. Iran is subject to the world’s most robust nuclear verification regime under the JCPOA, which is a significant verification gain. As of today, the IAEA can confirm that the nuclear-related commitments are being implemented by Iran«.
Como previsible, esta declaración de la OIEA que confirma la inexistencia de violaciones al JCPOA por parte de Irán no ha dado lugar a alguna reacción oficial por parte de Estados Unidos.
El actual ocupante de la Casa Blanca ha anunciado el pasado 8 de mayo que ha ordenado retirar a Estados Unidos de este acuerdo y sancionar a Irán por diversos motivos (véase texto de su Memorandum). El anuncio del Presidente de Estados Unidos fue inmediatamente saludado por Israel (véase nota de Haaretz del mismo 8 de mayo), mientras que fue repudiado por el resto de la comunidad internacional.
Entre muchas de las razones dadas por el Presidente norteamericano para justificar su decisión (varias de ellas totalmente ajenas – como por ejemplo la situación de los derechos humanos – al ámbito cubierto por el JCPOA), se lee que:
«In 2016, Iran also twice violated the JCPOA’s heavy water stockpile limits. This behavior is unacceptable, especially for a regime known to have pursued nuclear weapons in violation of its obligations under the Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons«.
Nótese que desde el mismo Congreso de Estados Unidos, se ha detallado, como posible consecuencia que el acuerdo «colapse» si Estados Unidos opta por retirarse de este y por reestablecer un régimen de sanciones comerciales y de otra índole contra Irán:
«It is possible that the JCPOA will collapse without U.S. participation. Major international firms, when threatened with U.S. penalties such as being virtually shut out of the large U.S. market, might exit Iran and thereby cause Iran’s economy to deteriorate sharply. Iranian leaders might argue that Iran is no longer benefitting from complying with the JCPOA and then resume those nuclear activities that are restricted under the accord» (véase informe titulado «Options to Cease Implementing the Iran Nuclear Agreement» del 30 de abril del 2018).
Por su parte Irán, en una declaración oficial del jefe de su diplomacia (véase texto), ha advertido que:
«In the coming days, the US will have to decide whether to finally abide by its obligations. Iran stands firm in the face of futile attempts at bullying. But if the US continues to violate the agreement, or if it withdraws altogether, we will exercise our right to respond, in a manner of our choosing. Bluster or threats won’t get the US a “new deal”, particularly as it is not honoring the deal it already made«.
En una interesante entrevista a dos de los negociadores norteamericanos del JCPOA (véase entrevista publicada en ElPais), se lee que para uno de ellos, Robert Malley
«Es una decisión injustificada que pone a la región en una situación más peligrosa, aísla a Estados Unidos y crea el riesgo de una confrontación con Irán que el acuerdo nuclear había logrado solventar«.
Resultado de varios años de delicadas negociaciones, el JCPOA logró resolver los problemas causados por el programa nuclear iraní y por las sanciones contra Irán. El retiro infundado por parte de Estados Unidos del JCPOA amenaza ahora con provocar un efecto desestabilizador para la comunidad internacional.
Alemania, Francia y Reino Unido circularon una declaración conjunta de sus Jefes de Estado (véase texto completo en francés y texto en inglés) en la que externaron que:
“C’est avec regret et préoccupation que nous, dirigeants de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, prenons note de la décision du Président Trump de procéder au retrait des Etats-Unis d’Amérique du Plan d’action global commun (ou Joint Comprehensive Plan of Action – JCPoA). Ensemble, nous soulignons notre engagement continu en faveur du JCPoA. Cet accord revêt une importance particulière pour notre sécurité partagée. Nous rappelons que le JCPoA a été entériné à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies dans la résolution 2231. Cette résolution demeure le cadre international juridiquement contraignant pour la résolution des différends liés au programme nucléaire iranien«.
Además de Canadá en el hemisferio americano (Nota 1), en América Latina se registran las reacciones oficiales de Cuba (Nota 2) y de Venezuela (Nota 3) entre las más vehementes.
Consciente de los graves riesgos de desestabilización que conlleva el retiro de Estados Unidos de este acuerdo, en su comunicado oficial (véase texto oficial) la Unión Europea (UE) no dudó en afirmar que:
«The JCPOA, unanimously endorsed by UN Security Council Resolution 2231, is a key element of the global nuclear non-proliferation architecture and is crucial for the security of the region. As long as Iran continues to implement its nuclear related commitments, as it has been doing so far and has been confirmed by the International Atomic Energy Agency in 10 consecutive reports, the EU will remain committed to the continued full and effective implementation of the nuclear deal«.
Esta decisión unilateral de Estados Unidos debe entenderse como el resultado de los estrechos lazos que mantiene el Presidente norteamericano con las máximas autoridades israelíes. Con relación al juego político con Israel que ha establecido desde su llegada a la Casa Blanca en enero del 2017 su actual ocupante, se lee en este artículo de Haaretz, que:
«Trump’s decision was also exactly what Israel had demanded – not just withdrawal from the deal but also heavy sanctions and a mention of Iran’s ballistic-missile project, not just its nuclear program. With his theatrical spectacle last week, Netanyahu showed that he’s coordinated with Trump, while Trump fulfilled a second campaign promise to his voters«.
Como se recordará, en diciembre del 2017, el Presidente de Estados Unidos anunció el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a Jerusalén, provocando un repudio generalizado que tuvimos la oportunidad de analizar, en el caso de las reacciones registradas en América Latina (véase nuestra breve nota publicada en el sitio MonitordeOriente).
Se trata de un gesto anhelado por Israel que ningún Presidente de Estados Unidos se había atrevido a materializar como tal.
Un proyecto de resolución presentado el 18 de diciembre del 2017 al Consejo de Seguridad (véase texto) evidenció el aislamiento de Estados Unidos al contar con un solo voto en contra (veto) frente a 14 votos a su favor condenando esta decisión norteamericana. La nueva sede diplomática de Estados Unidos será inaugurada este próximo 14 de mayo en Jerusalén, en abierta violación a varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y al consenso internacional por más de 70 años sobre el estatuto internacional de Jerusalén.
Urgido el embajador de Estados Unidos de compañía en la Ciudad Santa, dos días después, será la sede diplomática de Guatemala la que será oficialmente inaugurada en Jerusalén, y para el 21 de mayo se espera la inauguración de la embajada de Paraguay.
Notas —
Nota 1: El comunicado oficial de Canadá se lee así:
«Statement May 8, 2018 – Ottawa, Ontario – Global Affairs Canada
The Honourable Chrystia Freeland, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement:
“Canada supports an effective rules-based international order, and believes that the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is essential to prevent Iran from developing a nuclear weapons capability and to ensure greater regional and global security.
“Iran must not be allowed to develop nuclear weapons. The JCPOA has subjected Iran’s nuclear program to a rigorous and unprecedented international verification regime by the International Atomic Energy Agency.
“The JCPOA, agreed to with Iran in 2015 and endorsed by the UN Security Council, is not perfect. It has, however, helped to curb a real threat to international peace and security.
“At the G7 Foreign Ministers’ meeting two weeks ago, all countries agreed: ‘We are committed to permanently ensuring that Iran’s nuclear program remains exclusively peaceful, in line with its Non Proliferation Treaty obligations and its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action.’
“Canada regrets that the United States has decided to withdraw from the JCPOA, particularly given that, according to the IAEA, Iran continues to implement its JCPOA commitments.
“Canada condemns Iran’s ongoing development of its ballistic missile program and its ballistic missile launches, which are destabilizing for the region. Canada maintains sanctions that target Iran’s ballistic missile programs.
“We continue to oppose Iran’s support for terrorist organizations, its threats toward Israel, and its support for the Assad regime in Syria. We will continue to work closely with our allies and partners to hold Iran to account”.
Nota 2: El comunicado oficial de Cuba se lee así: «Cuba rechaza retirada de Estados Unidos del Acuerdo Nuclear con Irán
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa su profundo rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) o Acuerdo Nuclear con Irán y de reimponer sanciones a este país. El incumplimiento de estos compromisos internacionales atenta contra las normas de convivencia entre los Estados y puede provocar graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente.
Cuba se opone a la aplicación de medidas económicas coercitivas unilaterales contra cualquier país y reconoce el derecho legítimo de todos los Estados al uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Al mismo tiempo, llama al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a cumplir la responsabilidad que le confiere la Carta de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exigiendo el cumplimiento de su resolución 2231 (2015) sobre la cuestión nuclear iraní, aprobada por unanimidad en ese órgano.
La Habana, 9 de mayo de 2018
Nota 3: El comunicado oficial circulado por parte de Venezuela se lee de la siguiente manera:
«Venezuela rechaza retiro de EEUU del Plan Conjunto de Acción Integral
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y el Gobierno venezolano, rechaza la decisión unilateral del Presidente estadounidense Donald Trump, al retirar a su país del Plan Conjunto de Acción Integral, acuerdo suscrito en julio de 2015 entre la República Islámica de Irán y el grupo G 5+1.
Este acuerdo fue el resultado constructivo y compartido tras doce años de negociaciones y diplomacia activa, entre los países firmantes. Vale destacar que en los casi 3 años de aplicación del Acuerdo, las partes han confirmado repetidamente su aplicación y buen funcionamiento, a través de la Asociación Internacional de Energía Atómica (IAEA), por lo que esta medida de la administración Trump es un paso injustificable, indeseado y errático.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela exhorta al resto de los integrantes del Plan Conjunto de Acción Integral, así como a la comunidad internacional en general, para hallar las vías que preserven el espíritu y la aplicación de tan importante Acuerdo.
La República Bolivariana de Venezuela reitera una vez más su profunda amistad y solidaridad con el Pueblo y Gobierno iraní y hace votos para que el supremo valor de la paz y el respeto a la soberanía de la República Islámica de Irán, sean el sustento de las soluciones por construir entre las partes involucradas.
Caracas, 10 de mayo de 2018«.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
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El clima político y económico bajo el cual Canadá, México y Estados Unidos iniciaron el proceso de renegociación del TLCAN en 2017 se ha deteriorado aún más en 2018. Estados Unidos amenaza los aranceles para el 1 de junio y la Casa Blanca acosa a través de tweets, mientras se están armando guardias nacionales. enviados a la frontera de EE. UU. con México, etc. Estas fuertes tácticas empleadas por la administración Trump ahora han culminado en un intento de forzar un Acuerdo “en principio”, donde, según nos dicen, se llegó a algún tipo de acuerdo sobre una algunos de los elementos más difíciles y contenciosos del TLCAN, pero los textos permanecen en secreto.
Nosotros, las organizaciones sociales abajo firmantes de los tres países de América del Norte, hacemos un llamado a nuestros respectivos gobiernos para que publiquen inmediatamente los textos del puñado de Capítulos acordados y suspendan las renegociaciones del TLCAN hasta que se restablezca un clima de respeto mutuo y un ambiente para el debate abierto y público puede realizarse en los tres países.
Rechazamos por completo las ideas xenófobas y racistas que han acompañado a las renegociaciones actuales del TLCAN. Rechazamos la idea asombrosamente mala de un muro entre México y los Estados Unidos, así como la idea ridícula de que el gobierno mexicano podría ser forzado a pagar por ello. Rechazamos las constantes amenazas, insultos y chantajes utilizados por la Casa Blanca contra México y Canadá.
Tal ‘Acuerdo en Principio’ es una maniobra poco entendible y poco utilizada en los acuerdos comerciales. ¿Cuáles serían las ramificaciones legales de tal ‘Acuerdo en Principio’? Por ejemplo: ¿incluiría acuerdos generales sobre áreas importantes sin ninguna noción previa de cuáles podrían ser las consecuencias derivadas de cualquier acuerdo concreto ya alcanzado? ¿Las negociaciones continuarían, pero serían más reservadas que nunca?
Los tres gobiernos deberían dar un paso atrás respecto de la necesidad a menudo declarada de que las renegociaciones del TLCAN se completen antes de las elecciones mexicanas de julio y / o las elecciones intermedias de los Estados Unidos en noviembre. En cambio, nuestros tres gobiernos deberían tomarse el tiempo para armar un plan de acción sólido para construir un acuerdo comercial justo y equitativo que asegure que en cada país todos los sectores de la sociedad serán los beneficiarios.
Como lo vemos, la renegociación del TLCAN podría presentar una oportunidad para un debate público serio sobre muchas de las disposiciones perjudiciales en ese acuerdo comercial, como poner un plazo de término de la solución de controversias inversionista-estado que se encuentra en el Capítulo 11, que da a las corporaciones la capacidad de demandar a los gobiernos por leyes de interés público en tribunales privados que no rinden cuentas, al tiempo que establece que las ganancias corporativas podrían reducirse. Difícilmente podemos creer que tanto Canadá como México, los dos países más demandados bajo el Capítulo 11 del TLCAN (donde Estados Unidos aún no ha perdido un caso), sean los defensores más entusiastas de mantener tales disposiciones favorables a los inversores. Los sistemas judiciales nacionales en cada uno de los tres países deberían ser los jueces principales de las demandas de los inversores. Las empresas podrían incluso contratar pólizas de seguro para cubrir cualquier gasto imprevisto fuera del país.
Al mismo tiempo, continuamos oponiéndonos al proceso de negociación ultra secreto del TLCAN que podría resultar en algunos de los peores aspectos de la Alianza Transpacífica (TPP) y otros acuerdos comerciales que están codificados en un TLCAN 2.0. Muchos de nosotros hemos dado la voz de alarma y presentado serias demandas a través de numerosas declaraciones públicas como: la Declaración Trinacional de mayo de 2017 que ha sido actualizada en 2018, primero por una lista detallada de demandas de los sectores sociales mexicanos, y luego por una carta respaldada por más de 1,000 grupos de la sociedad civil de una amplia gama de sectores en los Estados Unidos.
Los canadienses también han pedido transparencia a los negociadores de su gobierno con poco éxito. El gobierno canadiense también se ha mostrado reacio a publicar los resultados de una consulta pública sobre el TLCAN que habían encargado en 2017. El 11 de abril de 2018, la organización OpenMedia informó que el gobierno canadiense había recibido 46,400 presentaciones públicas. Ottawa le pidió a Open Media que si querían ver los resultados de esas presentaciones de consulta presentara una solicitud de acceso a la información (ATI). En respuesta a una ATI presentada por Bloomberg News el 17 de abril de 2018 el gobierno canadiense le entrego una muestra de solo 200 cartas de consulta y correos electrónicos, o sea menos del 0,50% de todas las presentaciones recibidas por Ottawa. El gobierno canadiense necesita publicar todos los hallazgos de la consulta y explicar cómo eso se ha reflejado en sus posiciones de negociación.
El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha estado “tuiteando” recientemente para obtener un acuerdo político acelerado sobre NAFTA 2: 0 que se finalizará en cuestión de semanas. Los informes noticiosos indican que después de nueve meses de renegociaciones solo un puñado de ‘capítulos’ de un futuro NAFTA 2: 0 han sido ‘cerrados’ (lo que significa que las negociaciones se han completado), mientras que una multitud de otros capítulos avanza lentamente, si es que lo hace. Si de hecho se han completado algunos capítulos, pedimos a los gobiernos canadiense, mexicano y estadounidense que publiquen estos capítulos ‘cerrados’ para que la gente en los tres países pueda juzgar qué se está logrando con estas conversaciones (qué se gana-qué se pierde).
El gobierno de Peña Nieto tiene las calificaciones de aprobación pública más bajas de la historia reciente y, debido a eso, desde una perspectiva mexicana, no se puede confiar en que actúe en el mejor interés de México. El Ministro de Relaciones Exteriores de México y su Secretario de Comercio parecen estar continuamente en Washington para apaciguar al presidente Trump después de cada uno de sus tweets, pero con un juego final de tratar de complacerlo para salvar un tratado que ha beneficiado principalmente a un pequeño grupo de magnates corporativos.
Paradójicamente, la única área en la que el gobierno de México ha mantenido una posición firme es en negarse a siquiera discutir el asunto necesario y urgente de un aumento salarial en México como parte de un TLCAN 2: 0. Esta justa demanda proveniente de la mayoría de los actores sociales mexicanos también es apoyada en Canadá y los EE. UU. Recientemente, el gobierno de México parece haber suavizado su posición sobre esta cuestión frente a la fuerte presión sindical trinacional y debido a una carta firmada por 94 legisladores estadounidenses piden al principal negociador de su país que garantice que los derechos laborales se fortalezcan y se protejan en cualquier nuevo acuerdo del TLCAN.
Frente a esta presión considerable, México ha propuesto que los aumentos salariales se limiten al sector automotriz globalizado. Esto sería un avance positivo, aunque extremadamente limitado dado que esos empleos representan solo el 0,77% del empleo total en México, y de hecho mantendría el dogma obsoleto de que una posición competitiva se basa necesariamente en mantener los salarios bajos y empobrecer a los trabajadores.
Los sectores agrícolas en los tres países han sufrido durante casi 25 años el TLCAN. Rechazamos las demandas de mano dura y las amenazas de represalia al programa de administración de suministros de Canadá que ahora están saliendo de Washington, y pedimos al Gobierno de Canadá que se mantenga firme en negar cualquier concesión en esta área. Los agricultores estadounidenses y las comunidades rurales están sufriendo por precios históricamente bajos de muchos productos básicos, incluidos productos lácteos, pero la respuesta no está en destruir el exitoso programa de Canadá que garantiza que los agricultores obtengan precios justos por su producción y al mismo tiempo suministren alimentos sanos sin hormonas de crecimiento y la aplicación excesiva de antibióticos en rebaños lecheros. Hacemos un llamado a la implementación de medidas para proteger los derechos de los consumidores a saber dónde y cómo se producen sus alimentos. También hacemos un llamado a los negociadores mexicanos para que adopten una posición firme y reviertan la práctica seguida desde el inicio del TLCAN de inundación de productos agrícolas subsidiados de los Estados Unidos en el mercado mexicano, que ha tenido consecuencias tan devastadoras en el México rural.
A pesar de las declaraciones propagandísticas provenientes de los tres gobiernos, todos los indicios apuntan a importantes concesiones hechas a las empresas transnacionales que serán muy negativas para nuestros países. Por ejemplo, la prolongación de la protección de patentes para medicamentos y la profundización de otros aspectos de la propiedad intelectual serán un ataque contra nuestra salud y nuestra privacidad y nuestros derechos digitales, todo en nombre del aumento de las ganancias corporativas.
La biodiversidad corre el riesgo de verse comprometida y se hacen concesiones sobre las reglas de origen, en respuesta a las demandas de Trump. Por el contrario, los continuos esfuerzos por “desregular” tendrán un impacto negativo en los derechos humanos fundamentales así como en el medio ambiente, aunque se han realizado pocos esfuerzos para revisar la fallida estrategia militarista sobre el narcotráfico, ni se ha impulsado un control efectivo del cruce de armas las fronteras de los Estados Unidos a México, así como a Canadá, y que han causado tantas muertes en ambos países.
El futuro de la existencia humana depende de que se preste atención inmediata a revertir el cambio climático. Recomendamos encarecidamente leer el reciente estudio trinacional titulado NAFTA 2.0: ¿Para las personas o para los contaminadores? * Los autores de este documento explican cómo el acuerdo actual del TLCAN vincula a los tres países con un futuro de combustibles fósiles y cómo las renegociaciones actuales podrían empeorar los problemas ya evidentes. También dejan en claro que el TLCAN fue escrito para apoyar a los contaminadores corporativos y no a las comunidades afectadas por el cambio climático.
Por años, el movimiento trinacional para el comercio justo y la inversión ha planteado numerosas críticas basadas en la evidencia sobre las formas en que el TLCAN ha contribuido a la desigualdad económica y social, la degradación ambiental y el empeoramiento de los sistemas agrícolas y de alimentos. Estas observaciones siempre han estado acompañadas de propuestas alternativas para lograr relaciones económicas justas y sostenibles entre nuestros países. Reconocemos plenamente que los ganadores y perdedores del TLCAN nunca han sido países en su conjunto, sino más bien sectores dentro de cada país. Los trabajadores, agricultores y consumidores en los tres países han perdido bajo las reglas del TLCAN diseñadas para facilitar el libre flujo de bienes y capitales a través de las fronteras, mientras que las grandes corporaciones transnacionales han ganado un control cada vez mayor sobre nuestras economías.
Pedimos a los gobiernos que expliquen el alcance de este llamado acuerdo “en principio”. El proceso de intensificación de estas conversaciones del TLC representa una presión adicional que conduce a un nivel aún mayor de secretismo, y no es un buen augurio para las personas de cada país. Representa el temor de que el público votante exprese sus deseos a través de las urnas, una voz en gran medida silenciada por el secreto que rige estas conversaciones comerciales.
Rechazamos el acuerdo ‘en principio’ como no más que un ejercicio cínico de relaciones públicas que enmascara la intención real detrás de estas negociaciones secretas. Hacemos un llamado a los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para que suspendan las negociaciones hasta que haya un ambiente más hospitalario y, mientras tanto, publiquen los textos acordados y comiencen un proceso consultivo auténtico con los legisladores y la sociedad civil de todos tres países. Cada país debería hacer un balance y volver a enfocarse en lograr un acuerdo de comercio justo e inversión basado en un modelo de cooperación de tres países que asegure el desarrollo sostenible y aborde las desigualdades dentro de cada uno de nuestros países y entre los tres países de América del Norte.
Organizaciones firmantes
De la Categoría: Declaraciones
Imagen tomada de https://movimientos.org
Enviado por Nicolas Boeglin.
Fuente original http://www.rmalc.org/declaracion-trinacional/
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Nicolas Boeglin (*)
Este 21 de diciembre, la Asamblea General adoptó por abrumadora mayoría de 128 votos a favor y 9 votos en contra una resolución sobre la necesidad de abstenerse de reconocer a Jerusalén como capital de Israel (véase el texto completo de la resolución reproducido al final de esta nota en inglés y en francés). Se trata de un texto que, sin mencionar expresamente a Estados Unidos, responde a la decisión unilateral de reconocer a Jerusalén como capital anunciada el pasado 6 de diciembre por el Presidente de Estados Unidos.
En la parte dispositiva de esta resolución titulada «Estatuto de Jerusalén», se lee que la Asamblea General:
«1. Affirms that any decisions and actions which purport to have altered the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council, and in this regard calls upon all States to refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem, pursuant to Security Council resolution 478 (1980);
2. Demands that all States comply with Security Council resolutions regarding the Holy City of Jerusalem, and not recognize any actions or measures contrary to those resolutions«;
La ausencia de referencia a Estados Unidos y la referencia expresa a diversas resoluciones del mismo Consejo de Seguridad y de la Asamblea General constituyen elementos de gran relevancia, en particular desde la perspectiva jurídica. Para los Estados que claman por el multilateralismo y por el respeto al ordenamiento jurídico internacional, votar en contra de un texto con estas caraterísticas conlleva riesgos que algunos intentaron esquivar mediante el recurso a otras formas de manifestación, que bien conocen los diplomáticos en Nueva York.
Es de señalar desde ya que la lista de Estados que votaron en contra de esta resolución dará probablemente pié para solicitudes insistentes de Israel y de Estados Unidos a algunos de ellos, en aras de modificar el número de legaciones diplomáticas en Jerusalén: uno, cuando la sede norteamericana sea ahí trasladada. Este 25 de diciembre, Guatemala anunció oficialmente que acompañará a Estados Unidos en la Ciudad Santa (véase nota nuestra al respecto).
Votar a favor o en contra de un texto, o bien abstenerse, son las opciones que tienen a disposición los delegados en Nueva York. Sobre algunas explicaciones de unos y otros para justificar ante la opinión pública su voto (o su abstención) este 21 de diciembre, remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota oficial de Naciones Unidas. Las amenazas y presiones diplomáticas recibidas por muchos Estados explican que 35 Estados optaran por abstenerse; o bien por una posibilidad adicional, la cual consiste en el «No Show» (ausencia del delegado en el momento preciso de la votación), que concierne a 26 Estados en esta ocasión. En ese último caso, no hay cómo explicar esta ausencia (tan colectiva como repentina), al menos no de manera pública.
El hecho que 128 Estados no se dejaran impresionar por la retórica confrontativa y el tono acusador que caracterizan al ocupante de la Casa Blanca desde su entrada en funciones en enero del 2017 merece mención. En particular, en el caso de Estados tan variados como Corea del Sur, Egipto, Japón, Jordania, o Pakistán, receptores de un fuerte apoyo por parte de Estados Unidos en muy diversos rubros. Veremos en cambio que, en el caso de América Latina, el tono del Presidente Donald Trump sí surtió algunos efectos.
Como se recordará, la misma Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas declaró días antes que Estados Unidos registraría quiénes voten en contra del reconocimiento de Jerusalén como capital (véase nota de prensa de The Guardian titulada «US will ‘take names of those who vote to reject Jerusalem recognition’ UN members warned Donald Trump will take issue personally if countries back draft resolution rejecting US decision«).
Un proyecto de resolución presentado por Egipto el pasado 18 de diciembre al Consejo de Seguridad, fue objeto de un único veto, frente a 14 votos a su favor. Ante el bloqueo al que Estados Unidos procedió, los Estados impulsores de la iniciativa optaron por medir fuerzas en el órgano plenario de Naciones Unidas (en el que no aplica ningún derecho al veto). Nótese que este veto norteamericano impidió la adopción de la resolución en favor de la cual votaron todos los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad (véase al respecto nuestra breve nota titulada «Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital: 14 votos y un veto«, publicada en DIPúblico).
Ante una soledad tan pronunciada que se reflejó en este resultado y en las explicaciones de voto dadas por los demás 14 integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8139 de la sesión, en español) Estados Unidos (e Israel) intensificaron sus presiones de cara al ejercicio en la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar este 21 de diciembre: un consenso tan contundente en el seno del Consejo de Seguridad ameritaba diluirse en la Asamblea General.
El texto votado este 21 de diciembre corresponde al mismo texto objeto del veto en el seno del Consejo de Seguridad del 18 de diciembre, con leves cambios de forma que sustituyen únicamente la expresión «Consejo de Seguridad» por «Asamblea General«.
De manera previsible (Nota 1), varios Estados en Centroamérica se unieron a Estados Unidos y a Israel y a su ya tradicional alianza (Islas Marshall, Micronesia, Nauru y Palau), al votar en contra de la resolución Guatemala y Honduras. En el caso de Costa Rica, que votó a favor, la ausencia de un pronunciamiento oficial (al igual que Panamá y El Salvador) desde el 6 de diciembre causó preocupación de organizaciones de la sociedad civil: véase comunicado de la Red de Solidaridad de Costa Rica con Palestina publicado en Elpais.cr, exigiendo a Costa Rica repudiar la decisión norteamericana.
En el hemisferio americano los dos vecinos de Estados Unidos, Canadá y México optaron por la abstención. En el continente africano, Togo se desmarcó de todo el resto del continente al votar de igual forma en contra. Como detalle curioso, el delegado de Canadá justificó su posición alegando que «Canada’s representative said he had abstained because the resolution was one‑sided and did not advance the prospects for peace» (sic.): véase comunicado que reseña las explicaciones de voto. El texto de la explicación de voto de México está disponible en español en la siguiente nota de prensa de Televisa.
Por alguna razón, además de México, Argentina, Haití, Panamá, Paraguay y República Dominicana aparecen entre los Estados que se abstuvieron en América Latina. Ello posiblemente en razón de fuertes presiones diplomáticas recibidas por parte de Estados Unidos y de Israel. Entre los denominados «No Show«, se contabilizan en América Latina a Colombia y a El Salvador, cuyos delegados no se hicieron presentes en el momento de la votación. En el caso de Colombia, un breve comunicado de prensa intenta decir algo sin explicar mayormente cuál fue la razón que obligó a su representante a salir de la sala (Nota 2).
Se recomienda a organizaciones sociales e investigadores solicitar mayores explicaciones a sus altas autoridades, e investigar sobre el tipo de presiones o de amenazas que pudieron haber recibido para optar por la abstención o el «No Show«. Dado el sólido consenso logrado en el seno del Consejo de Seguridad pocos días antes entre 14 de los 15 integrantes de dicho órgano, el hecho de abstenerse debe encontrar razones que vayan más allá de la explicación oficial de voto dada por algunos diplomáticos.
En el caso de la Unión Europea, cabe indicar que los siguientes Estados Miembros optaron por abstenerse: Croacia, Hungría, Latvia, Polonia, República Checa y Rumanía.
En este caso (como en muchos otros), el abanico de medidas de presión es extremadamante amplio: puede ir desde llamadas personales (e insistentes) de autoridades norteamericanas e israelíes a sus homólogos (sea a nivel ministerial o de Jefe de Estado), hasta notas verbales y diplomáticas con un lenguaje vehemente (en particular por parte de las autoridades israelíes), pasando por la amenaza de suspender programas de cooperación de formal unilateral y/o contratos de compra-venta, entre muchas otras formas que tiene un Estado de presionar a otro.
Cuando el 29 de noviembre del 2012, Paraguay se abstuvo de votar a favor del reconocimiento de Palestina como Estado Observador no Miembro, un medio digital paraguayo (E´A) explicó que la abstención de Paraguay se dio en razón de un contrato de compra de carne bovina por parte de Israel firmado justamente un mes antes (véase nota de prensa de E´A titulada «Por carne, Paraguay se abstuvo de reconocer derechos al pueblo palestino«).
El fracaso de Estados Unidos y de Israel en esta votación, y la desafiante actitud de ambos bien podría llevar a varios Estados a acudir a la justicia internacional, solicitando en este caso una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3): desde una perspectiva estrictamente jurídica, la declaración norteamericana del pasado 6 de diciembre constituye una violación flagrante al consenso internacional sobre Jerusalén de los últimos 70 años, precisado en diversas resoluciones del Consejo de Seguridad (de acatamiento obligatorio) y de la Asamblea General de Naciones Unidas.
Notas
Nota 1: A diferencia de Honduras, Guatemala, mediante una frase lanzada a la prensa por su máxima autoridad diplomática, apoyó la decisión de Estados Unidos (véase nota de prensa de Debate). Nótese que el pasado 4 de diciembre, Guatemala explicó también mediante comunicado de prensa su abstención durante la votación de una resolución en Naciones Unidas sobre Jerusalén adoptada por 157 votos a favor, 7 en contra y 10 abstenciones entra las que se contabiliza también a Paraguay (véase comunicado oficial).
Nota 2: El comunicado emitido desde su capital en Bogotá se lee así: » Comunicado de prensa de sobre el estatus de Jerusalén 21/12/2017. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reitera su posición histórica sobre el estatus de Jerusalén. Colombia reconoce que sobre este tema existe un consenso internacional de más de 70 años. Colombia siempre ha privilegiado una solución pacífica al conflicto entre Palestina e Israel. En este sentido, hemos expresado la necesidad de mantener un diálogo y una negociación directa para alcanzar una solución sostenible que ponga fin a este conflicto. Para Colombia es fundamental apoyar acciones que contribuyan al consenso y no que sigan dividiendo aún más a la comunidad internacional. Bogotá, diciembre 21 de 2017«.
Nota 3: Solicitada en diciembre del 2003 sobre la ilegalidad de la contrucción de un muro israelí en territorios palestinos, la CIJ rindió su veredicto en el mes de julio del 2004, confirmando la ilegalidad de esta obra emprendida por Israel: véase detalles del procedimiento seguido en este enlace oficial de la CIJ. El juez norteamericano de la CIJ Thomas Buergenthal añadió a la opinión consultiva una larga declaración (véase texto completo).
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Texto de la resolución adoptada el 21 de diciembre del 2017 por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Estatuto de Jerusalén, en inglés y en francés
Status of Jerusalem
The General Assembly,
Reaffirming its relevant resolutions, including resolution 72/15 of 30 November 2017 on Jerusalem,
Reaffirming also the relevant resolutions of the Security Council, including resolutions 242 (1967) of 22 November 1967, 252 (1968) of 21 May 1968, 267 (1969) of 3 July 1969, 298 (1971) of 25 September 1971, 338 (1973) of 22 October 1973, 446 (1979) of 22 March 1979, 465 (1980) of 1 March 1980, 476 (1980) of 30 June 1980, 478 (1980) of 20 August 1980 and 2334 (2016) of 23 December 2016,
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,
Bearing in mind the specific status of the Holy City of Jerusalem and, in particular, the need for the protection and preservation of the unique spiritual, religious and cultural dimensions of the city, as foreseen in relevant United Nations resolutions,
Stressing that Jerusalem is a final status issue to be resolved through negotiations in line with relevant United Nations resolutions,
Expressing, in this regard, its deep regret at recent decisions concerning the status of Jerusalem,
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Statut de Jérusalem
L´Assemblée générale,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 72/15 du 30 novembre 2017 sur Jérusalem,
Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 252 (1968) du 21 mai 1968, 267 (1969) du 3 juillet 1969, 298 (1971) du 25 septembre 1971, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,
Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant notamment que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Gardant à l’esprit le statut de la Ville sainte de Jérusalem et en particulier le fait qu’il faut protéger et préserver les particularités spirituelles, religieuses et culturelles de la ville, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Soulignant que Jérusalem est une question qui relève du statut final et qui doit être réglée par la voie de la négociation, comme le prévoient les résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Déplorant au plus haut point les récentes décisions relatives au statut de Jérusalem,
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
**Imagen de portada tomada de la nota de SURCOS de Nicolas Boeglin titulada Votación en el Consejo de Seguridad sobre reconocimiento de Jerusalén como capital.
Enviado por el autor.
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Nicolas Boeglin (*)
Un proyecto de resolución (véase texto reproducido al final de esta nota en inglés, en español y en francés) fue circulado por Egipto durante el último fin de semana. Reunió este lunes 18 de diciembre del 2017 a los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: la iniciativa buscaba frenar la decisión unilateral de Estados Unidos del pasado 6 de diciembre de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Este reconocimiento hecho por Estados Unidos constituye en efecto una abierta violación al consenso internacional sobre Jerusalén de 70 años, precisado en varias resoluciones del mismo Consejo de Seguridad. Tal y como lo explicó el Coordinador de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio a los miembros del Consejo de Seguridad, esta decisión norteamericana se ha traducido en un aumento de la tensión y de la violencia (véase texto de su allocución del 18 de diciembre)
En aras de alcanzar el mayor número de votos a favor, los diplomáticos egipcios formularon el texto en términos neutros, sin tan siquiera mencionar a Estados Unidos, de forma tal que el texto fuese aceptado por los 15 integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas (incluyendo a los tradicionales aliados de Estados Unidos). Este cable de la agencia Reuters refiere a algunos extractos del borrador de resolución que le fueron comunicados a esta agencia antes de la votación, entre los cuales se lee que el texto:
«affirms that any decisions and actions which purport to have altered, the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council”;
Se incluye también un llamado a los Estados a
“refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem, pursuant to resolution 478 (1980) of the Security Council.”
Después de los considerandos de rigor, el texto que fue finalmente sometido a votación consta de una parte operativa que incluye cuatro párrafos, dos de los cuales se leen de la siguiente mantera:
«1. Afirma que todas las decisiones y los actos que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y, a este respecto, exhorta a todos los Estados a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en la Ciudad Santa de Jerusalén, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad; 2.Exige que todos los Estados cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén, y no reconozcan actos o medidas que contravengan lo dispuesto en esas resoluciones«;
Como se puede apreciar, se trataba de un texto que, en consonancia con lo dispuesto en diversas resoluciones anteriores del mismo Consejo de Seguridad, instaba simplemente a no establecer ninguna embajada en la Ciudad Santa, haciendo un llamado a que se respete lo dictaminado por el mismo Consejo de Seguridad.
Pese a un texto que omitió hacer mención expresa a Estados Unidos, su Embajadora ante Naciones Unidas recurrió al veto para impedir que se adoptase por parte del Consejo de Seguridad una resolución al respecto (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas y nota con explicación de voto de varias delegaciones).
Jurídicamente, Estados Unidos vetó una resolución que instaba a respetar lo dispuesto por el mismo Consejo de Seguridad: estamos a todas luces ante una situación raramente vista en Nueva York.¿Vetó Estados Unidos la autoridad del mismo Consejo de Seguridad? ¿O el respeto a la legalidad internacional? Esta actitud inédita que se materializó con el recurso al veto constituye sin lugar a dudas una verdadera bofetada al ordenamiento jurídico internacional.
No se ha circulado ninguna informacíón sobre algún texto alternativo o sobre alguna versión modificada del proyecto de Egipto por parte de Estados Unidos que nos podría orientar, en aras de identificar cuáles fueron los puntos objetados en este proyecto de resolución o las reformulaciones sugeridas por los diplomáticos norteamericanos. Desde ya, agradecemos a nuestros estimables lectores el hacernos llegar alguna propuesta alternativa que haya sido distribuida a las misiones diplomáticas en Nueva York sin dejar rastro alguno en medios de prensa y en la red.
Lo que algunos observadores y analistas esperaban también, era apreciar si la votación final sería de 14 contra uno (tal y como ocurrió), o si Estados Unidos e Israel lograrían obtener alguna abstención de algun Estado Miembro del Consejo de Seguridad.
Además de los cinco Miembros Permanentes, el Consejo de Seguridad incluye a los siguientes Estados en la actualidad: Bolivia, Egipto, Etiopía, Italia, Japón, Kazakhstán, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay.
El resultado final evidencia la profunda soledad de Estados Unidos, y sugiere remitir este tema a la Asamblea General de Naciones Unidas, en aras de confortar el repudio generalizado a la decisión norteamericana.
En lo que concierne a América Latina, las reacciones oficiales han sido de rechazo a esta decisión norteamericana, incluyendo un comunicado oficial de Colombia, que no reconoce a la fecha a Palestina como Estado (al igual que Panamá). La única excepción a esta posición de repudio externada por los Estados de la región la constituye Guatemala que sí apoya la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, según manifestaciones dadas a conocer por la prensa de su máxima autoridad diplomática (Nota 1). Varios Estados han optado, por alguna razón, por no emitir ningún tipo de pronunciamiento oficial, entre ellos Costa Rica y Panamá (véase al respecto nota nuestra publicada en DIPúblico y titulada «Reacciones de repudio en América Latina a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel«).
En el caso específico de Costa Rica, vale la pena precisar que la lectura que está haciendo la administración (2014-2018) de la realidad en Oriente Medio es muy distinta a la de la administración (2006-2010), con una cautela extrema que, por alguna razón, le impidió por ejemplo condenar las exacciones cometidas por Israel en Gaza en julio del 2014. La ausencia de un comunicado oficial por parte de Costa Rica desde el anuncio norteamericano del pasado 6 de diciembre pareciera responder a esta misma razón.
En un ámbito distinto al conflicto entre Palestina e Israel, un episodio bastante revelador evidenció esta peculiar lectura que ha imperado en Costa Rica en los últimos años por parte de sus máximas autoridades, y lo constituye una carta colectiva suscrita en septiembre del 2015 por descendientes de inmigrantes árabes en Costa Rica. Los firmantes respondían, profundamente indignados, a declaraciones del actual Jefe de Estado sobre las supuestas dificultades que enfrentarían refugiados sirios si llegasen a Costa Rica. La misiva indicaba que:
“Los abajo firmantes, descendientes todos de territorios que hasta 1945 formaron parte de la Gran Siria, es decir, los ticos descendientes de sirios, palestinos, libaneses o jordanos, nos sentimos ofendidos por lo inapropiado de los comentarios de un Presidente que se enorgullece del carácter multicultural y pluriétnico del país” (véase carta titulada “Carácter multicultural y pluriétnico de Costa Rica incluye lo árabe”, publicada en el Semanario Universidad, 16/09/2015).
La declaración unilateral dada a conocer por el Presidente de Estados Unidos el pasado 6 de diciembre de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel ha dado lugar a un sinnúmero de reacciones en todo el mundo, incluyendo la de los órganos oficiales de Naciones Unidas.
A pocas horas de la declaración norteamericana del 6 de diciembre, el Secretario General de Naciones Unidas en persona señaló en un comunicado (véase texto) que:
«In this moment of great anxiety, I want to make it clear : there is no alternative to the two-state solution. There is no Plan B. It is only by realizing the vision of two states living side-by-side in peace, security and mutual recognition, with Jerusalem as the capital of Israel and Palestine, and all final status issues resolved permanently through negotiations, that the legitimate aspirations of both peoples will be achieved«.
Una sesión urgente del mismo Consejo de Seguridad solicitada a Japón (quién ostenta la Presidencia) por Bolivia, Egipto, Francia, Italia, Reino Unido, Senegal, Suecia y Uruguay se realizó el 8 de diciembre. La lectura detallada de las declaraciones de los demás Estados miembros confirma la soledad de Estados Unidos en el seno del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8128 en su versión en español). El delegado del Reino Unido (pp. 7-8 del acta precitada) no dudo en expresar de manera contundente que:
«We therefore disagree with the United States decision to move its Embassy to Jerusalem and to unilaterally recognize Jerusalem as the capital of Israel before a final status agreement. Those decisions are unhelpful to the prospects of peace in the region — an aim that I know all of us in the Security Council remain committed to. The British Embassy to Israel is based in Tel Aviv, and we have no plans to move it«.
Al confirmarse el veto por parte de Estados Unidos, y de 14 votos a favor, la siguente opción para la diplomacia palestina será una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se ha circulado que podría ser incluso en el marco de una sesión extarordinaria del órgano plenario de Naciones Unidas, convocada de forma urgente por Estados Miembros de la Liga Árabe. La discusión que ahí se dé permitirá una nueva medición de fuerzas (en la que, como ya viene siendo costumbre, Israel y Estados Unidos pueden únicamente contar con los votos de Islas Mashall, Micronesia, Nauru y Palau) (Nota 2).
Al constituirse en una verdadera afrenta al derecho internacional, una opción que también se perfila es solicitar a la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva, en caso de persistir Estados Unidos en su desafiante actitud (Nota 3).
A modo de conclusión
El pasado 15 de diciembre, la Unión Europea presentó un informe (véase texto del informe titulado «Six-Month Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, (Reporting period January – June 2017) en el que se contabilizan, al primer semestre del 2017, más de 8.000 asentamientos ilegales de Israel en territorios palestinos ocupados, incluyendo Jerusalén Oriental.
La política de colonización ilegal de territorios palestinos por parte de Israel fue objeto de una contundente condena por parte del Consejo de Seguridad en diciembre del 2016 (véase breve nota con respecto a la resolución 2334 (2016), publicada en Debate Global y titulada «Consejo de Seguridad condena colonización israelí en Cisjordania y en Jerusalén Oriental«).
En aquella ocasión, los intentos (algo desesperados) de la diplomacia de Israel para que no se adoptara incluyeron gestiones personales solicitadas al entonces Presidente Donald Trump sobre Egipto para que retirase su proyecto de resolución.
Con esta decisión del pasado 6 de diciembre sobre Jerusalén, la dupla Benjamín Netanyahu-Donald Trump exhibe ante el mundo lo dañino que resulta su alianza para el resto de la comunidad internacional.
Notas
Nota 1: Guatemala, mediante una frase lanzada a la prensa por su máxima autoridad diplomática, apoya la decisión (véase nota de prensa de Debate). Nótese que el pasado 4 de diciembre, Guatemala explicó mediante comunicado de prensa su abstención durante una la votación de una resolución en Naciones Unidas sobre Jerusalén adoptada por 157 votos a favor, 7 en contra y 10 abstencionesentra las que se contabiliza también a Paraguay (véase comunicado oficial).
Nota 2: Una semana antes del 6 de diciembre del 2017, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se adoptaron de forma masiva varias resoluciones sobre Jerusalén y la ocupación israelí en diversas zonas, en las que Estados Unidos e Israel lograron reunir a pocos Estados para votar en contra (véase comunicado de prensa de Naciones Unidas del 30 de noviembre del 2017 en el que destaca la solidez de la alianza Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Micronesia y Nauru).
Nota 3: Solicitada en diciembre del 2003 sobre la ilegalidad de la contrucción de un muro israelí en territorios palestinos, la CIJ rindió su veredicto en julio del 2004, confirmando la ilegalidad de esta obra emprendida por Israel: véase detalles del procedimiento seguido en este enlace oficial de la CIJ.
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Text of the draft resolution presented at United Nations Security Council by Egypt on December 18th, 2017 / Texto del proyecto de resolución presentado por Egipto el 18 de diciembre del 2017 ante el Consejo de Seguridad
Versión en inglés
The Security Council,
Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), and 2334 (2016),
Guided by the purpose and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force,
Bearing in mind the specific status of the Holy City of Jerusalem and, in particular, the need for protection and preservation of the unique spiritual, relig ious and cultural dimensions of the City, as foreseen in the relevant United Nations resolutions,
Stressing that Jerusalem is a final status issue to be resolved through negotiations in line with relevant United Nations resolutions,
Expressing in this regard its deep regret at recent decisions concerning the status of Jerusalem,
1. Affirms that any decisions and actions which purport to have altered, the character, status or demographic composition of the Holy City of Jerusalem have no legal effect, are null and void and must be rescinded in compliance with relevant resolutions of the Security Council, and in this regard, calls upon all States to refrain from the establishment of diplomatic missions in the Holy City of Jerusalem, pursuant to resolution 478 (1980) of the Security Council;
2. Demands that all States comply with Security Council resolutions regarding the Holy City of Jerusalem, and not to recognize any actions or measures contrary to those resolutions;
3. Reiterates its call for the reversal of the negative trends on the ground that are imperiling the two-State solution and for the intensification and acceleration of international and regional efforts and support aimed at achieving, without delay, a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967;
4. Decides to remain seized of the matter.
Texto del proyecto de resolución presentado por Egipto el 18 de diciembre del 2017 ante el Consejo de Seguridad
Versión en español
El Consejo de Seguridad,
Reafirmando sus resoluciones pertinentes, incluidas las resoluciones 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980) y 2334 (2016),
Guiado por los propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unida s, y reafirmando, entre otras cosas, la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por la fuerza,
Teniendo presente la situación específica de la Ciudad Santa de Jerusalén y, en particular, la necesidad de protección y preservación de las singulares dimensiones espiritual, religiosa y cultural de la Ciudad, como se indica en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,
Destacando que Jerusalén es una cuestión relativa al estatuto definitivo que debe resolverse mediante negociaciones, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,
Expresando a este respecto su profundo pesar por decisiones recientes relativas al estatuto de Jerusalén,
1. Afirma que todas las decisiones y los actos que pretendan haber modificado el carácter, el estatuto o la composición demográfica de la Ciudad Santa de Jerusalén no tienen efecto jurídico alguno, son nulos y sin valor y deben revocarse en cumplimiento de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y, a este respecto, exhorta a todos los Estados a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en la Ciudad Santa de Jerusalén, con arreglo a lo dispuesto en la resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad;
2. Exige que todos los Estados cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad relativas a la Ciudad Santa de Jerusalén, y no reconozcan actos o medidas que contravengan lo dispuesto en esas resoluciones;
3. Reitera su llamamiento a que se inviertan las tendencias negativas sobre el terreno que ponen en peligro la solución biestatal y a que se intensifiquen y aceleren el apoyo y los esfuerzos regionales e internacionales con objeto de lograr sin demora una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio, sobre la base de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de referencia de la Conferencia de Madrid, incluido el principio de territorio por paz, la Iniciativa de Paz Árabe y la hoja de ruta del Cuarteto, y de poner fin a la ocupación israelí que se inició en 1967;
4. Decide seguir ocupándose de la cuestión.
Texte du projet de résolution présenté par l´Egypte au Conseil de Sécurité le 18 décembre 2017 / Texto del proyecto de resolución presentado por Egipto el 18 de diciembre del 2017 ante el Consejo de Seguridad
Versión en francés
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment les résolutions 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980) et 2334 (2016),
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant notamment que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,
Gardant à l’esprit le statut de la Ville sainte de Jérusalem et en particulier le fait qu’il faut protéger et préserver les particularités spirituelles, religieuses et culturelles de la ville, comme le prévoient les résolutions des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Soulignant que Jérusalem est une question qui relève du statut final et qui doit être réglée par la voie de la négociation, comme le prévoient les résolutions des organes de l’Organisation des Nations Unies,
Déplorant au plus haut point les récentes décisions relatives au statut de Jérusalem,
1. Affirme que toute décision ou action qui visent à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique de la Ville sainte de Jérusalem n’ont aucun effet juridique, sont nulles et non avenues et doivent être rapportées en application de ses résolutions sur la question et à cet égard demande à tous les États de s’abstenir d’établir des missions diplomatiques dans la Ville sainte de Jérusalem, en application de sa résolution 478 (1980);
2. Exige que tous les États respectent ses résolutions concernant la Ville sainte de Jérusalem et s’abstiennent de reconnaître les actions et les mesures qui y sont contraires;
3. Appelle à nouveau à inverser les tendances négatives sur le terrain qui mettent en péril la solution des deux États et à intensifier et accélérer les efforts entrepris et l’appui apporté aux niveaux international et régional en vue de parvenir sans tarder à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, sur la base des résolutions pertinentes des organes de l’Organisation des Nations Unies, du mandat de la conférence de Madrid, y compris le principe de l’échange de territoires contre la paix, de l’Initiative de paix arabe et de la Feuille de route du Quatuor, et de mettre fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967;
4. Décide de rester saisi de la question.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
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