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Etiqueta: Estados Unidos

Después de Trump

Arnoldo Mora

La conciencia que la humanidad tiene del rol preponderante que juegan los Estados Unidos, el más reciente y último –eso esperamos- imperio universal de Occidente, quedó patente, una vez más, con la actitud asumida casi unánimemente por los pueblos de la tierra, frente a los acontecimientos que tuvieron verificativo en ese país durante las elecciones presidenciales pasadas y, sobre todo, ante los acontecimientos que pusieron término – ¿por ahora? – dramáticamente al conato de golpe de estado. Ese intento de golpe de estado, inspirado en la manera como ellos mismos lo acostumbran hacer en todas partes en donde ven amenazados sus “intereses”- es decir, los intereses de sus trasnacionales, que se nutren de la explotación de las materias primas de los países periféricos – puso en vilo a la humanidad entera; todo el mundo estaba consciente de que allí se jugaba, en medida no desdeñable, el destino de la especie sapiens; no era un asunto doméstico de quienes lo habían provocado; podría devenir en un asunto de vida o muerte para la humanidad entera; un golpe de estado de índole fascista en Washington haría realidad lo que Hitler intentó hacer y tuvo como desenlace la II Guerra Mundial. No nos ha de extrañar, por ende, el sentimiento de alivio que muchos en todos los rincones del planeta experimentaron cuando se dio el feliz desenlace de tan arriesgada y riesgosa aventura; sentimiento acentuado con la inusual ceremonia – marcada por las medidas militares de precaución ante la amenaza de terroristas nacionales y para evitar el contagio de la Covid-19- de la toma de posesión del nuevo presidente, un anciano de endeble salud y formado en la más rancia tradición política, pues su único oficio conocido es haber sido senador. La escogencia de Biden sólo puede interpretarse como una visceral y clara reacción de la mayoría del electorado yanqui, ante el fracaso de la afirmación de Trump de que todos los males de la sociedad norteamericana provenían de la corrupción del establishment político, incrustado en las instituciones consideradas, desde los días de los padres de la patria, como base fundamental del edificio “democrático” de la nación, y ubicadas en la Casa Blanca y el Capitolio; esto explica el ataque de hordas fascistas al Capitolio y el berrinche de Trump al verse obligado a abandonar, sino hasta el último minuto y sugiriendo que volvería, las instalaciones de la Casa Blanca.

El fracaso de Trump – ¿momentáneo? – es el fracaso de un intento de deslegitimar las tradiciones o, más exactamente, la rutina del ejercicio del poder político imperial. Pero, en realidad, sólo se trataba de cambiar las formas, no el fondo del quehacer político; más aún, si algún “mérito” (¿?) le hemos de reconocer a Trump, es haber puesto en evidencia la podredumbre que excreta el poder imperial de la Roma americana; como en la conocida y divertida leyenda, bastó que un niño –Trump- señalara que la noble dama Lady Godiva andaba desnuda, para que la impúdica farsa del poder imperial quedara al desnudo ante la mirada estupefacta del mundo entero.

Pero, no nos hagamos ilusiones, Trump puede estar no sólo ya muerto políticamente y a un tris de parar con sus huesos de viejo y degenerado corrupto en la cárcel -¡ojalá¡- pero sólo como persona física, porque el movimiento que él ha suscitado, sale hoy más fuerte que hace 4 años; las cifras no engañan: más de 74 millones votaron por él, 45% de los cuales le siguen con perruna fidelidad aún hoy día; 95% de los que votaron por Trump creen que hubo fraude, es decir, están firmemente convencidos de que el nuevo gobierno es espurio y, por ende, antidemocrático; la fe en el sistema “democrático” norteamericano está severamente golpeada; haga lo que haga la nueva administración, siempre será objeto de sospecha y rechazo por casi la mitad de los ciudadanos yanquis, pues en la política pasa lo mismo que en el amor: si se pierde la confianza todo está arruinado. Esto lo cambia todo; hoy el enemigo de Estados Unidos no está afuera; en vano se buscaría en Pekín o Moscú, y menos en Pyongyang, Caracas o la Habana, porque está en sus propias entrañas; como en la lúcida y esclarecedora película de Bergman, la serpiente ha incubado un huevo que engendrará una nueva víbora. Desde este punto de vista, buscar las causas de los males endémicos de la “democracia” norteamericana fuera de sus fronteras, no deja de ser un acto de mala fe, como sospecho parece estar incurriendo el nuevo Secretario de Estado; si insiste en ese trillado e irresponsable juego, como ya lo advirtió en la cumbre (virtual) de Davos el líder de China, la consolidada potencia hegemónica mundial, el nuevo gobierno yanqui pondría en peligro la paz mundial en detrimento de todos, incluidos en primer lugar, quienes lo provoquen. Por su parte, Putin, al derrotar en Siria a la OTAN y a sus aliados regionales del régimen sionista, ha demostrado estar mucho más avanzado en tecnología bélica y estrategias militares que sus adversarios occidentales. China ha proseguido con su política de conformar pactos de amplio espectro en el campo comercial, como lo demuestra la formación de una zona de libre comercio – la más amplia y poderosa del mundo actualmente- con todos los países de Asia y Oceanía, con la – ¿momentánea? – excepción de la India; en la misma línea de apertura mundial en los mercados, ha de interpretarse el acuerdo recién firmado entre China y la Unión Europea. Con ello, queda claro que el epicentro de las finanzas mundiales no es más Wall Street.

Las repercusiones en los ámbitos económico, social y político no han hecho sino ahondar y acelerar la crisis estructural del fallido modelo neoliberal, crisis que, desde 2008, ha venido siendo el protagonista principal del escenario de la geopolítica mundial. Hasta ahora, las medidas adoptadas por los sectores hegemónicos de la metrópoli imperial para enfrentar su crisis interna, no sobrepasan el ámbito coyuntural, muy justas por lo demás, tales como dar de inmediato multimillonarios subsidios a los sectores más empobrecidos, solventar el problema de los inmigrantes, contrarrestar la ola racista y combatir los prejuicios supremacistas tan en boga en la administración anterior y, lo más importante, tratar de imponer mayores cargas impositivas a las minorías plutocráticas. Pero esto no basta; para llegar al fondo del problema se debe cambiar radicalmente el “orden” económico-mundial imperante desde los acuerdos de Breton Wood, impuestos por la potencia que se creyó ganadora luego del cataclismo de la II Guerra Mundial. La solución no está en exportar la guerra a los países periféricos con el único fin de satisfacer los apetitos criminales de ganancias del complejo militar industrial, el más poderoso lobby en los sinuosos pasadizos de Washington; las élites imperiales deben, por fin, llegar al convencimiento de que la guerra ya no es un negocio, como lo ha señalado en múltiples ocasiones el Papa Francisco. Para lograr una salida a la crisis actual, se requiere que los países periféricos se unan y conformen un bloque que les dé protagonismo en el escenario de la geopolítica mundial; la pandemia ha demostrado fehacientemente que la humanidad es una sola, por lo que ya no hay problemas locales: las calenturas de unos pocos pronto se convierten en la pulmonía de todos…

Y para poner punto final a estas reflexiones, cabe preguntarse: y en Tiquicia ¿qué? Ese asunto lo trataré en un próximo artículo.

Palestina / Corte Penal Internacional (CPI): camino despejado para la justicia penal internacional

Nicolas Boeglin

En una muy esperada decisión dada a conocer este 5 de febrero del 2021, la Sala de lo Preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió que la CPI tiene plena jurisdicción para conocer de exacciones cometitas por Israel y ello, en todos los territorios palestinos, sin excepción de ningún tipo (véanse los comunicados de prensa de la CPI en inglés y en francés).

Por parte de la sociedad civil, son varias las organizaciones que expresaron su profunda satisfacción con esta decisión (véase, entre muchos otros textos, el comunicado de prensa de Human Rights Watch).

Esta Sala de la CPI estuvo integrada por tres miembros: una jueza (oriunda de Benín), y dos jueces (de Francia y de Hungría); y fue presidida por el juez húngaro, el cual optó por separarse del criterio de sus dos colegas.

La conclusiones a las que llega la Sala de la CPI en breve

En su larga sentencia (véase texto completo de 60 páginas), la Sala de la CPI concluye en su parte dispositiva que:

«- that Palestine is a State Party to the Statute; (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that, as a consequence, Palestine qualifies as ‘[t]he State on the territory of which the conduct in question occurred’ for the purposes of article 12(2)(a) of the Statute; and (…)

– by majority, Judge Kovács dissenting, that the Court’s territorial jurisdiction in the Situation in Palestine extends to the territories occupied by Israel since 1967, namely Gaza and the West Bank, including East Jerusalem«.

Como se puede observar, dos jueces de los tres optaron por considerar que la justicia penal internacional es competente para examinar lo que ocurre en todos los territorios palestinos, incluyendo Gaza y Jerusalén Oriental: un escenario particularmente temido por Israel. Algunos de sus aliados (Alemania, Australia, Austria, Brasil, Hungría, República Checa y Uganda) intentaron en los amici curiae presentados en La Haya, convencer a la CPI de declararse incompetente y de limitar su competencia territorial, sin lograr mayores éxitos en su gestión.

Habíamos tenido la oportunidad de analizar el alcance de la demanda presentada por Palestina en el 2018, así como los intentos (desesperados) de Israel y de sus aliados para intentar evitar a toda costa que se concretara lo que se escuchó en La Haya este 5 de febrero del 2021 y que viene a confirmar en todos sus extremos la interpretación hecha por la Fiscalía de la misma CPI (véase nuestra breve nota titulada «Solicitud de investigación contra exacciones militares israelíes procede en todos los territorios palestinos, Gaza incluida. Fiscal de la Corte Penal Internacional«, publicada en el Portal de la UCR, sección Voz Experta, edición del 12/05/2020, y disponible en este enlace).

La actitud desafiante de Israel y de su incondicional aliado norteamericano ante la justicia penal internacional

Cabe recordar que cuando la Fiscalía de la CPI anunció que había procedido a iniciar formalmente una investigación en Palestina en diciembre del 2019, en Israel, el Primer Ministro y el Ministro de Defensa calificaron a la CPI como antisemita (véase nota del Jerusalem Post y este cable de la agencia Reuters), como parte de las gesticulaciones iracundas del aparato estatal israelí que ya no impresionan mayormente.

Hay que tener presente que Israel pudo beneficiar como nunca antes en la historia de un ocupante de la Casa Blanca (hasta enero del 2021) dispuesto a satisfacer cada una de sus pretensiones y de sus caprichos, tanto en el plano bilateral como multilateral: como parte del abanico de presiones ejercidas sobre la CPI, Estados Unidos adoptó de manera insólita sanciones contra el personal mismo de la CPI en junio del 2020, que tuvimos la oportunidad de analizar (véase nuestra breve nota titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)» y disponible en este enlace).

Anteriormente, y como expresión de solidaridad absoluta con Israel, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos cuando este órgano de Naciones Unidas votó una resolución creando un mecanismo para investigar las exacciones israelíes contra los manifestantes palestinos que participaron a la denominada «Marcha del Retorno«, en junio del 2018 (véase al respecto nuestra breve nota titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes» y disponible en este enlace).

Foto de la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas saliendo de la sala de sesiones del Consejo de Seguridad al iniciar su alocución el Embajador de Palestina, el 15 de mayo del 2018 en Nueva York. Foto extraída de nota de prensa titulada «EE.UU. se queda solo en la ONU» (La Vanguardia, edición del 16/5/2018).

Más allá de posturas, vociferaciones y de las amenazas puestas a ejecución por el aliado norteamericano, en julio del 2020 se filtró en la prensa israelí que las autoridades preparaban un lista secreta de cientos de integrantes de sus fuerzas de seguridad involucrados en actos susceptibles de calificar como crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad (véase nota de Haaretz del 16/07/2020 titulada «Israel drafts secret list of hundred of officials who may stand trial at Internacional Court» y esta otra nota publicada en la misma fecha en The Times of Israel).

A modo de conclusión

Esta sentencia del 5 de febrero del 2021 viene a finalizar un largo recorrido procesal desde la solicitud de investigación preliminar presentada en mayo del 2018 por Palestina (véase cronograma seguido en este documento oficial de Naciones Unidas) y abrir una nueva y decisiva etapa.

Con esta decisión, la justicia penal internacional ve despejado el camino para examinar todo lo observado, documentado y denunciado en el territorio palestino desde el mes de junio del 2014, y que tiene enlutadas a tantas familias en Palestina, esperando desde entonces por justicia y clamando por ella.

El hecho que una jurisdicción internacional como la CPI, por vez primera en la historia del derecho internacional público, se pronuncie sobre el estatuto de Palestina como Estado y acepte examinar lo que ocurre dentro de su territorio, confiere a esta decisión un alcance ya no solamente jurídico, sino altamente simbólico y esperanzador.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Enviado a SURCOS por el autor.

El gobierno de Biden: más allá de la multiculturalidad

El desajuste no es de raza, sino entre tener y no tener. La diferencia entre el 1% más rico y el otro 99% es terrible.
Jesse Jackson

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

Después de la tragicomedia de Donald Trump en la casa blanca cualquier cambio merece ser celebrado, dirían algunos. Para otros, el optimismo alza vuelo con los cambios y rectificaciones anunciados por Joe Biden, como si se tratara de un presidente sin rostro imperial.

Recuerdo haberme acercado a un profesor para comentarle cómo el líder de los derechos de los negros, Jesse Jackson, celebraba con lágrimas el ascenso del primer presidente negro a la casa blanca, Barack Obama. Su comentario fue contundente: “Ninguna garantía, un negro con chofer en Estados Unidos se emblanquece”. Y una profesora de secundaria me compartía que un estudiante le comentó: “Profesora, qué bueno un presidente negro en Estados Unidos”, a lo que le respondió: “Ojalá que no tenga el hueso muy blanco”.

Por más que valoremos la multiculturalidad y la interculturalidad, con todo lo que significa de reivindicativo en el orden de los derechos humanos y culturales, el problema fundamental de los negros en Estados Unidos sigue siendo el acceso justo y equitativo a los recursos para una vida digna. Así lo constata el articulista David López quien, a propósito de una entrevista a Jesse Jackson, señaló: “La muerte de Floyd desató la tormenta, pero ha sido la crisis del coronavirus la que mejor ha expuesto la realidad en Estados Unidos. A pesar de ser solo el 13% de la población, los negros suponen el 30% de las muertes por COVID-19. Su falta de acceso al sistema de salud, su estilo de vida —las mujeres negras son las personas más obesas del país—, la mayor exposición por sus trabajos y su alarmante diferencia de recursos —una familia blanca tiene una riqueza media de 150.000 euros frente a los 15.000, 10 veces menos, de una negra— los convierte en los más vulnerables. “Hoy luchamos por la justicia económica, por la igualdad y por la paz”, me dice Jackson”[1].

En este aspecto, lleva razón el sociólogo Zygmunt Bauman al apuntar que el multiculturalismo, en el marco de la “tolerancia liberal” y a pesar del reconocimiento a la afirmación de las identidades diversas, “actúa como una refundición de desigualdades […] La fealdad moral de la privación de recursos se reencarna milagrosamente como la belleza estética de la variación cultural. Lo que se ha perdido de vista a lo largo del proceso es que la demanda de reconocimiento es impotente a no ser que la sostenga la praxis de la distribución, y que la afirmación comunal de la distintividad cultural aporta poco consuelo a aquellos cuyas elecciones toman otros, por cortesía de la división creciente desigual de recursos[2].

Atilio Barón, por su parte, destaca que la diversidad étnica del gabinete de Biden no es ninguna garantía de cambios sustantivos, pues la mayoría están “íntimamente ligados al gran capital”[3]. Por consiguiente, lo más probable es que seguirán prevaleciendo los intereses de los poderosos sobre las razones y argumentos a favor de un nuevo orden mundial más igualitario y menos depredador y guerrerista. Al parecer, la cuarta revolución de la inteligencia artificial y la robotización no significará la caída de la hegemonía del complejo científico-tecnológico y militar sobre el que se asienta el poder imperial de los Estados Unidos.

Y es que “cuando hablan las armas, callan las leyes”. También los intereses de los poderosos prevalecen hoy sobre los derechos, las razones y los argumentos. Para muestra un botón: la negociación actual del gobierno costarricense con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde ha quedado en evidencia que las razones no importan, los intereses sí.

El bipartidismo en Estados Unidos se asemeja mucho al costarricense de los últimos 40 años: dos caras de una misma moneda. Aunque en Costa Rica perdió legitimidad, entre otras razones por los múltiples escándalos de corrupción (CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL, para referir los más publicitados), ha buscado reciclarse aliándose con el Partido Acción Ciudadana (PAC) que enarboló la bandera de la ética y la anticorrupción, pero que sigue gobernando al mismo estilo bipartidista neoliberal.

Volvemos sobre el viejo dicho popular: “Por más que la mona se vista de seda, mona se queda” (con perdón de la mona cuyas monadas resultan tan inocentes como artísticas y lúdicas). Ya tuvo Estados Unidos en el pasado un presidente demócrata que se vistió de defensor de los derechos humanos, Jimmy Carter, pero que fue tan solo un maquillaje de su rostro imperial.

Hoy, cuando estamos siendo sacudidos por una pandemia que azota sin clemencia a los pobres de la tierra y la prepotencia imperial de los grandes poderes fácticos de la globalización neoliberal que azota sin clemencia a la tierra de los pobres, no queda otra salida que apostar por otro mundo posible: dignidad y justicia para el 99% y salud y descanso para la tierra. Que prevalezca la fuerza de la razón y los buenos afectos sobre el imperio de las armas, el egoísmo humano y el desamor.

[1] https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/jesse-jackson-reverendo-entrevista-martin-luther-king-racismo-trump/46273

[2] Bauman, Zygmunt (2009) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid; Siglo XXI p.103 (la cursiva es nuestra).

[3] https://www.pagina12.com.ar/318499-joe-biden-en-la-casa-blanca-ninguna-ilusion

 

*Imagen tomada de France24.

No es con violencia con que se debe afrontar la crisis de migración de nuestros países

Pronunciamiento público de iglesias y organizaciones basadas en la fe

No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto.»
Éxodo 23:9

Urgen respuestas humanitarias en Centroamérica y Estados Unidos…

Guatemala, 21 de enero de 2021. Con dolor e indignación, las distintas iglesias y organizaciones basadas en la fe de distintas espiritualidades, hemos visto la forma atroz con que la fuerza pública guatemalteca ha reprimido a miles de migrantes, mayoritariamente de origen hondureño, devolviéndolos a golpes a la dramática realidad de la que huyen, en medio de una crisis de salud que nos afecta a Guatemala y el mundo. Ante el llanto, la impotencia y la frustración de tantas y tantos que cada vez se quedan con menos opciones de vida en sus países de origen, expresamos:

1)  Nuestra solidaridad con quienes, forzados por la necesidad y la desesperación frente a la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia, se ven obligados a migrar, incluso llevándose lo más preciado o quizá lo único que tienen, sus hijos e hijas, para recorrer a pie, miles de kilómetros, buscando llegar a Estados Unidos de Norte América.

2) Expresarnos nuestro rechazo y nuestra oposición al abuso de la fuerza pública en los países de tránsito que, con el argumento de resguardar su soberanía, violan flagrantemente los derechos humanos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, obviando todos los mecanismos, protocolos, leyes y convenios nacionales e internacionales en cuanto a protección de derechos. Duele que el gobierno guatemalteco sea parte de esa respuesta militarizada que golpea y violenta a migrantes.

3) Nos sumamos a las voces que demandan a los gobiernos de México y Centroamérica asumir su   responsabilidad para la emisión de políticas públicas que combatan las causas que originan la migración, exacerbadas por la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

4) En el marco del cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norte América, hacemos un llamado al binomio Presidencial Biden-Harris, así como a la Cámara de Representantes y al Senado de dicho país, para Impulsar políticas migratorias más humanas que rompan con el sello xenofóbico que marcó su antecesor, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los países centroamericanos en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad, que la alianza criminal ha avanzado, devastando los recursos públicos a través de negocios ilícitos entre la clase política corrupta y sectores empresariales, militares, incluso vinculados al narcotráfico.

5) Nuestro reconocimiento a la loable labor de la Pastoral de Movilidad Humana, de las Casas del Migrante, de los albergues y de todas las iglesias, instituciones y personas que han extendido su mano solidaria, socorriendo a quienes se han visto forzados a salir de su país. En esta línea expresarnos nuestra preocupación y rechazo a los actos de hostigamiento a la Ca. del Migrante «Sin Fronteras» ubicada en Tecún Umán, Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco ocurrida el 19 de enero recién pasado.

6) Nuestro llamado y respaldo a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para el acompañamiento a las personas en situación de migración, así como a las entidades que les socorren, verificando y velando por el respeto de sus derechos, así corno accionando en contra de los vejámenes que han sido cometidos.

7) Nuestro reiterado llamado al pueblo de Guatemala y de los países de tránsito, para no caer en la trampa y culpar a las y los migrantes de las situaciones de robo, delincuencia, desempleo, y ahora del repunte de contagios de covid-19, pues estas problemáticas se derivan de la cuestionable capacidad gubernamental e institucional para atender y buscar soluciones prontas y eficientes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no necesitan golpes y estigmatización, necesitan nuestra empatía y solidaridad.

Amerindia Guatemala
Asociación Civil Verdad y Vida
Comisión Arquidiocesana de Comunidades Eclesiales de Base de Guatemala,
CEB’s-GUATEMALA
Comunidad Cristiana Menonita Shalom
Concejo Ecuménico Cristiano de Guatemala
Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala, CONFREGUA
Coordinadora de Institutos Seculares de Guatemala
Iglesia Luterana ILUGUA
Iglesia Episcopal de Guatemala, obispo Silvestre Romero
Institución Teresiana
JPIC Familia Franciscana
Núcleo de Mujeres y Teología
Movimiento Monseñor Gerardi
Red Continental Cristiana por la Paz (RECONPAZ)
Servicios Ecuménicos de Formación en C.A. (SEFCA)
Solidaridad y Misión de los Misioneros Claretianos de América (SOMI MIGA)
Sector Interreligioso Centinelas por la Dignificación del Estado

Cuando la ilusión de progresismo no alcanza

Por Memo Acuña, (Sociólogo y escritor costarricense)

Muchas cosas faltaron en el acto de investidura de Joe Biden como el Presidente estadounidense #46 de la historia. Muchas. Otras irrumpieron en escena como mensaje directo y frontal: el discurso absolutamente doméstico y comprensible del presidente entrante, la referencia continua en la imagen televisiva a las banderas de Estados Unidos instaladas en la plaza del Capitolio, como símbolo de una audiencia que aplaudía, reverenciaba y hacía silencio al compás de las intervenciones en el estrado, el guiño de Jennifer lopez a la comunidad hispana con su brevísima frase en español clamando justicia.

La parafernalia del cambio tenía que ser contundente, rápida, apelando todavía a los efectos producidos por una aceitada industria cultural y su uso pragmático del espectáculo para transformarlo convirtiéndolo en el más significativo acto político y simbólico: el acto de credibilidad basado en el rigor de la música y el estruendo de los juegos artificiales.

El mismo día en que Biden se sentaba en la silla presidencial, emitía un conjunto de órdenes ejecutivas de impacto en materia migratoria: detener la construcción del muro fronterizo con México, iniciar un proceso de regularización y ciudadanización de más de 10 millones de personas indocumentadas durante los próximos 8 años, suspender la orden ejecutiva emitida durante la Administracion Trump en la que se endurecía la política migratoria al considerar prácticamente deportable toda persona indocumentada, reactivar la implementación del Programa de Acción Diferida para los llegados en la infancia (DACA) suspendido en la Administración anterior y eliminar el programa «Permanecer en México», que enviaba a ese país a toda persona solicitante de refugio.

Estas primeras ordenanzas se respaldaron en promesas de campaña en las que palabras más, palabras menos, el presidente demócrata se comprometía a desmontar toda la maquinaria de odio y discriminación hacia las personas migrantes instalada por Trump y sus correligionarios, cuyas cifras de comunidad alcanzan hoy la nada despreciable cantidad de 75 millones de seguidores en toda la unión americana, si se contabiliza el caudal electoral alcanzado en noviembre anterior.

Pese a la inmediatez de las órdenes ejecutivas emanadas en las primeras horas de mandato de la fórmula Biden-Harris, una política migratoria más amplia, conceptualizada ya como “integral, progresista y de avanzada” aguarda en espera de ser anunciada en los próximos días. Sin embargo, de nuevo la discusión política se anticipará a la razón humanitaria y la postergación de lo realmente necesario será una realidad.

Sobre Centroamérica, entre tanto, se ha establecido apoyar las causas estructurales de la migración e instalar centros de procesamiento en sus países para gestionar las solicitudes de refugio. Para la primera acción se presupuestaron 4.000.000 millones de dólares destinados a paliar las razones “subyacentes” mediante las cuales la gente sigue saliendo en colectivo y forzadamente de sus países.

Sin embargo, entre las tareas proyectadas se cruzan todavía enfoques basados en el esquema securitario que predominó en los últimos años. Si bien el anuncio de detener el muro fronterizo puede parecer un alivio, lo cierto es que todavía resta un segmento considerable de construcción encargada por Trump y sus aliados internos. El muro fronterizo en lo que toca a lo dispuesto por los contratos previos, no se termina hasta que se termine, a pesar de las disposiciones demócratas sobre el tema.  Se ha dicho además que Biden apelará (de nuevo) a la tecnología como recurso para la protección de la frontera con México y agilizar así los controles migratorios. Otra forma de continuar un muro, esta vez desde el vallado electrónico.

La disuasión y el control seguirán siendo verticales, con una participación mucho más protagónica de México y Guatemala en el control de las movilidades humanas, como se ha comprobado en las coyunturas recientes. Aún más, la propuesta de regularización para las más de 10 millones de personas indocumentadas indica que serán contempladas aquellas que llegaron a territorio estadounidense antes del 1 de enero de 2021, con lo cual se le asesta un golpe a aquellas personas centroamericanas que todavía transitan en colectivo y vía terrestre la región, con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Dicho lo anterior, cualquier determinación medianamente distante a las emprendidas por la Administración de Donald Trump aparecerá como “progresista o integral”. La externalización de la frontera y las acciones de control y disuasión no son dimensiones transables para una industria que mueve millones de dólares anuales para resguardarse de sus “enemigos externos” incluídas las personas migrantes centroamericanas, el terrorismo y el narcotráfico.

El viernes 22 de enero el río Suchiate ubicado en la frontera entre México y Guatemala fue escenario una vez más de acciones de represión y disolución de grupos que han continuado su caminar pese a la violencia con que han sido abordados en su tránsito. Es decir, las personas continuarán saliendo de sus países si no se atacan las condiciones históricas de los proyectos de dominación de las élites centroamericanas, se elimina su tono racista, colonial y clasista y se construyen sociedades horizontales e inclusivas. Mucho de ese estado presente en los países centroamericanos ha tenido invariable e históricamente el sello del Departamento de Estado.

Al tiempo de la redacción y edición final de estas reflexiones, se anuncia el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en la zona de frontera entre México y Estados Unidos. Se presume que muchos de ellos son de origen centroamericano.  La maquinaria de la industria migratoria criminal y castigadora de las personas que se movilizan sigue su camino y no se detiene esperando que los vientos de cambio se terminen de instalar en la Casa Blanca.

Está por verse si la promesa de progresismo en materia de política migratoria en Estados Unidos cumple con el cometido de adecentar la atención hacia las personas centroamericanas que seguirán caminando, forzadas por las condiciones históricas y presentes en sus países de origen. De lo contrario, como tantos proyectos progresistas que se han visto pasar incluso en los mismos países centroamericanos, se convertirá en un fraude absoluto.

 

Foto: https://wradio.com.mx

Costarricense Dr. Arturo Fournier Facio recibirá testimonios en Comisión Internacional que investiga la situación de violencia policial y racismo sistémico en EEUU

El Dr. Arturo Fournier Facio, quien destaca como único comisionado latinoamericano entre los 12 que conforman la Comisión Internacional de investigación sobre racismo sistémico y violencia policial contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, estará recibiendo testimonios los días 1, 3 y 5 de febrero a partir de las 6:00 pm.

En junio de 2020 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó la continua discriminación racial, racismo estructural en el sistema de justicia y prácticas violentas perpetradas contra personas afrodescendientes en los Estados Unidos, particularmente ante los eventos ocurridos en Minnesota en el mes de mayo y que acabaron con la vida de George Floyd y otras personas afrodescendientes.

Así, la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL), la Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) y el Gremio Nacional de Abogados (NLG) decidieron convocar una Comisión Internacional de Investigación compuesta por Miembros Expertos Distinguidos de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe.

La Comisión remitirá un informe final con los hallazgos al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, autoridades competentes y público general. Las audiencias públicas de investigación se realizarán de manera remota, dentro de las cuales participará el Dr. Fournier junto al comisionado de Japón.

Para más información puede visitar el sitio web: www.inquirycommission.org

 

Imagen ilustrativa.

De la Marcha sobre Roma a la Marcha sobre Washington

Vladimir de la Cruz

Los sucesos del 6 de enero en Washington me hicieron recordar la Marcha sobre Roma que organizó Mussolini en Italia, en 1922, momento de su ascenso al poder, comparable con la intención de Trump de hacerse por la fuerza del Gobierno y la Presidencia que perdió en elecciones.

El fascismo italiano se había desarrollado al finalizar la I Guerra Mundial, en 1919, con la complacencia del Rey Víctor Manuel III, y se mantuvo como régimen o sistema político hasta 1945, al finalizar la II Guerra Mundial. Benito Mussolini se había destacado como el principal líder dentro del Partido Nacional Fascista.

En 1922 Mussolini organizó una Marcha sobre Roma, la que se llevó a cabo, en su movilización, entre el 22 y 29 de octubre de 1922.

El resultado político de la Marcha fue que Mussolini se hizo con el poder, acabó con el sistema parlamentario imperante en Italia y más tarde acabó con los partidos de la oposición política prohibiéndolos, imponiéndose como un dictador, un gobernante autoritario.

El discurso de Mussolini era contra los socialistas y comunistas, exaltaba la violencia y las movilizaciones de sus simpatizantes, organizados como brigadas de choque social contra opositores, con grupos armados inclusive. Hacía un discurso violento desde cualquier espacio público que se le facilitara.

En 1921 Mussolini había sido electo diputado desde donde empezó a combatir a todo el sistema político imperante en Italia.

Mussolini atacó al liberalismo y a la democracia desde sus posiciones populistas, que eran muy atractivas para los grupos sociales desplazados por las consecuencias de la I Guerra Mundial, afectados por la crisis social generada por ellas y por la “amenaza” que sentían del surgimiento de la Revolución Rusa, y sus impactos en Italia como en el resto de Europa, especialmente durante los años 1919-1921, y de que pudieran llegar al poder.

En octubre de 1922 Mussolini impulsó convocatorias para que se realizaran concentraciones públicas en toda Italia. Así prepararon su Gran Marcha sobre Roma, llegando a Roma en tren, en autos, o a pie, para forzar o presionar la renuncia de las autoridades políticas, especialmente en las regiones donde había autoridades socialistas, que dominaban principalmente el norte de Italia. El objetivo de la Marcha era tomar el poder para Mussolini. Desde el 22 de octubre de 1922 empezaron a llegar a Roma, amenazando de hecho con la guerra civil si les impedían la llegada. Trump ha creado condiciones para un enfrentamiento civil en la sociedad norteamericana, desde las acciones policial represivas contra negros y afrodescendientes hasta la de enfrentamientos de sus seguidores con otros ciudadanos.

La situación llegó a ser tan tensa que el entonces Primer Ministro italiano, Luigi Facta, impuso un estado de sitio, para la ciudad de Roma, acto que el Rey, Víctor Manuel III, lo suspendió, facilitando que el 31 de octubre se realizará la gran concentración convocada, permitiendo que Mussolini al día siguiente se hiciera con el poder, impusiera su Gobierno e iniciara su dictadura, la que fue estructurando poco a poco, pero de manera acelerada.

Características del fascismo fue su nacionalismo, su totalitarismo, su antiliberalismo, su antimarxismo, su antisocialismo, su anticomunismo, el culto a la personalidad de Mussolini procurando, con ello, un control y la subordinación de todas las autoridades y líderes políticos, el control del Partido Nacional Fascista, convirtiéndose Mussolini en el líder de masas más importante de ese momento en Italia. El culto a la “personalidad” individualista de Trump es parte de su arraigo en una gran masa de ciudadanos y votantes.

Como gobernante Mussolini impulsó una serie de leyes y acciones administrativas de actos de gobierno contra personas y grupos sociales, con un profundo carácter racial, en ese momento contra judíos, exceptuando a los “judíos convertidos en arios”, o que prestaban ciertos servicios al Estado. Estableció leyes que impedían matrimonios con judíos, que emplearan judíos, que impedían el ingreso de judíos a Italia, de retiro de la ciudadanía italiana, que impedían inscribir niños judíos en escuelas públicas.

Estas leyes se impulsaron por la influencia de Hitler en Italia, y por el acercamiento político de Mussolini y de Hitler.

Mussolini exhortó a que los italianos se declararan racistas. Hasta llegaron a elaborar el “Manifiesto de la raza”, con apoyo de una gran cantidad de intelectuales y personajes de la cultura. Allí se hablaba de la existencia de razas humanas, razas grandes y pequeñas, de la raza como concepto biológico, de la pura “raza italiana”, de distinguir entre mediterráneos de Europa, de los orientales y los africanos, excluyendo categóricamente a los judíos de la raza italiana, entre otros conceptos.

En 1922 en Italia había una crisis del sistema político, un vacío de poder. La Marcha sobre Roma fue un movimiento político, una acción política para imponer un gobierno de derecha y autoritario. La base social de Mussolini era el sindicalismo con la Confederación Italiana de los Sindicatos Económicos y la Confederación Nacional de Corporaciones Sindicales, particularmente. La base social de Trump también es de sectores laborales y sindicales, de campesinos y de habitantes de zonas rurales.

El 27 de octubre de 1922 el gobierno italiano, del Primer Ministro Facta, dimitió mientras los fascistas iban controlando el escenario político. La izquierda italiana, incluido el Partido Comunista, nada pudo hacer contra la Marcha. Los otros líderes políticos trataban de llegar a un acuerdo político con Mussolini, que impuso el 30 de octubre un Gobierno de Coalición, controlado por Mussolini, de nacionalistas, de los grupos llamados populares, de los democrático sociales nittianos, giolittianos, salandrinos e independientes filofascistas, mientras la Marcha avanzaba sobre Roma.

La llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos fue intempestuosa. Tradicionalmente no era un cuadro político, un líder político, ni siquiera de larga tradición y vínculo con el Partido Republicano, hasta había apoyado en el pasado a líderes y candidatos del Partido Demócrata. No era en sentido estricto un militante político. Nunca ejerció un cargo de elección popular. Era un intruso en ese Partido Republicano y en la política tradicional norteamericana, donde logró imponerse en las elecciones internas de ese partido, en las llamadas elecciones primarias.

Su campo principal de acción estaba en los negocios e inversiones. En el campo político desplazó líderes tradicionales e históricos dentro del Partido Republicano, haciendo uso social, especialmente, de las redes sociales digitales, que en las elecciones norteamericanas empezaron a desempeñar un gran papel desde las elecciones del 2008, en ese momento usándolas Barak Obama.

Las redes sociales sustituyeron espacios tradicionales de comunicación de líderes, candidatos y partidos políticos, sin que los desplazaren del todo, con la ventaja de que son mecanismos al instante, más baratos, directos a los públicos que están destinadas, fáciles de conexión, con cantidades masivas de participantes o de “seguidores”.

Donald Trump, quienes le han estudiado, afirman, que se vinculó a estas redes desde el 2009, con sus actividades profesionales y empresariales, logrando gran alcance de masas.

A la cuenta de Twitter, su medio favorito de comunicación, se vinculó desde ese mismo año, 2009. Así hizo su campaña del 2016 y así la repitió en el 2020. Pero no solo hizo campañas electorales de esa forma. Todo su gobierno, 2016-2020, lo manejó y comunicó principalmente en sus acciones constantes, al instante, mediante su Twitter, con más de 40.000 twitts, según lo han estudiado, durante todo este período. También utilizó hashtags, retuis, las plataformas digitales como Instagram, Facebook y otras.

La imagen proyectada de Trump es la del Héroe, la del superhéroe capaz de hacer grande a los Estados Unidos y de volverlo a hacer, como planteó para esta campaña electoral.

Para Trump los Estados Unidos estaba primero, había que recuperar su economía, sus espacios económicos, de manera que sus relaciones económicas no fueran deficitarias, de allí el ataque y la rediscusión de los tratados de libre comercio con Canadá, México y su disputa con China. El retorno de empresas a Estados Unidos para revitalizar su economía fue clave, la recuperación de empleos en sus primeros años de gobierno le dieron fuerza, la crítica a la infraestructura vial y de comunicaciones que hacía le depararon seguidores, su preocupación por el empleo fue determinante antes de la Pandemia.

Para Trump el papel de los Estados Unidos se había debilitado internacionalmente, de allí que cuestionara el proceso globalizador del que formaba parte, rompiendo alianzas estratégicas militares, económicas y políticas, saliéndose de algunos compromisos internacionales, impactando los escenarios geopolíticos y geoestratégicos.

En lo interior arremetió contra el Partido Demócrata al que constantemente atacaba de socialista y de querer introducir el comunismo en Estados Unidos, sabiendo que en Estados Unidos el Partido Comunista existe desde 1919. Esta lucha contra el socialismo la quiso llevar, sin éxito, y sin investigaciones del Congreso, casi hasta los niveles de la época macartista de la década del 50, a pura publicidad y ataques mediáticos.

Hizo del Partido Demócrata su principal enemigo político y le convirtió en su principal adversario a derrotar por el bien de los Estados Unidos y del pueblo norteamericano, porque los males internos de los Estados Unidos se los achacaba a este partido y a las estructuras políticas e institucionales dominantes en ese país.

Poca atención prestó a los problemas sociales de los negros, de los afroamericanos, de los latinos. Su discurso contra los mexicanos y puertorriqueños, desde el inicio de Gobierno, lo era contra todos los latinos, contra todos los migrantes, contra los mexicanos, con su lucha por el muro fronterizo, casi una obsesión, logró detener bastante los procesos migratorios terrestres hacia los Estados Unidos, estableciendo una alianza estratégica con el con Gobierno de México el que puso casi 30.000 efectivos militares a resguardar la frontera para contener a los migrantes.

Su principal atención eran los ciudadanos norteamericanos y no los que habían llegado, como migrantes, o ilegalmente, a Estados Unidos. Sus políticas antimigratorias dividió familias, separó niños de sus padres, se acentuaron cotidianamente.

Ley y Orden, consignas fundamentales, que autoritariamente blandía para recordar la mano dura de su gobierno.

Cuando Trump se enfrentó a Hillary Clinton, en el 2016, la presentó como la representante de las estructuras de poder, que él cuestionaba. Cuando se enfrentó a Joe Biden, en el 2020, lo presentó como el parásito de la política, que tenía 46 años de estar en política, que nunca había trabajado, decía.

A Hillary como a Biden los presentó como lo más negativo siendo Trump el factor positivo, el salvador de los Estados Unidos, presentándose, en muchas ocasiones como la víctima de los medios de comunicación, a pesar de que tenía los propios que lo defendían y exaltaban. Este campo para Trump era un campo minado contra la corrupción imperante.

El discurso de Trump fue vulgar, ofensivo, insultante, siempre negativo hacia sus contrincantes, siempre combatiendo todo lo que se le oponía o creía que se le enfrentaba. Atacó instituciones, medios de comunicación, personas, líderes de todo tipo.

En las elecciones que acaban de pasar, el 3 de noviembre, Trump enfrentó su peor crisis de gobierno, de sus políticas y acciones Ejecutivas, especialmente por el impacto del surgimiento de la Pandemia del Coronavirus Covid-19, y su imponente desarrollo en los Estados Unidos, que también paralizó el mundo en sus relaciones económicas internacionales, que bloqueó las redes de intercambios productivos, de comercio, de transportes internacionales y locales, de turismo, de millones de contagiados y de muertos.

En el caso del gobierno de Trump despreciando el papel de los científicos en esta lucha, contra el COVID-19, estimulando con su actitud la expansión de la pandemia en los Estados Unidos, como un elemento de limpieza “étnica”, entendiendo que los afectados con este virus son principalmente sectores y poblaciones pobres, de migrantes, de negros y afroamericanos, de latinos, poblaciones marginales. Quizá su desinterés estaba asociado a la eliminación de votantes, por la pandemia, más del Partido Demócrata que del Republicano.

Irresponsablemente convocando a manifestaciones en el período electoral, de carácter masivo o presencial, facilitando de esa manera los contagios.

Frente a las elecciones últimas, sabiendo de la situación de la pandemia, de las dificultades de las concentraciones humanas, del resultado preliminar de las encuestas desfavorables a él, empezó a cuestionar todo el proceso electoral, presentándose como una víctima del mismo y de los mecanismos de fraude que podían hacerse mediante los sistemas de emisión de votos que hay en Estados Unidos, debilitando la institución federal de correos en este campo, incitando a la población que le sigue fanaticamente a que se estaba fraguando un fraude en su contra, apoyándose en bases sociales incultas, de poca educación, de los grupos fascistas, nacionalistas, racistas, supremacistas, anti migracionistas, misóginos, conservadores en general, en los miembros de la Asociación del Rifle Norteamericana, en la población de tradición religiosa pentecostal, especialmente de la población de los Estados centrales y rurales de los Estados Unidos. Mientras Mussolini combatió y persiguió a los pentecostales, en una sociedad italiana muy católica, Trump los apoyó y los hizo sus aliados estratégicos, en una sociedad no tan católica.

Nadie como Trump había cuestionado el proceso y el sistema electoral de los Estados Unidos, que se tenía como un modelo democrático casi ideal, de larguísima tradición histórica, confiable en todos sus extremos, donde la posibilidad de hacer fraude electrónico es de 0.009 %. Con este cuestionamiento quebró la credibilidad de la misma población norteamericana en su propia estructura democrática. Siempre habló de que las elecciones y su triunfo se la habían robado. Este fue parte del argumento que utilizó para la Marcha sobre Washington, impedir el robo de su elección y triunfo.

Cuestionó el mismo sistema electoral de votos populares donde fue ampliamente derrotado, así como el de los electores del Colegio Electoral, que surgen de esos votos populares, donde también sufrió una amplia y contundente derrota, que son los que en definitiva definen el ganador.

De acuerdo al sistema electoral de los Estados Unidos, cada uno de los 50 Estados, más el Distrito Capital, tienen sus propios sistemas de votación y de conteo de votos. De hecho, son 50 procesos electorales, cuyos resultados tienen que tenerse el 14 de diciembre, habiendo sido las elecciones el 3 de noviembre. Certificados estos procesos electorales de los Estados su informe de resultados se pasa al Congreso el 6 de enero, lo que sucedió, para sobre las certificaciones de votación declarar el candidato ganador de las elecciones para que asuma, formalmente, el 20 de enero la Presidencia de los Estados Unidos.

No satisfecho Trump con los resultados empezó a cuestionar, bajo el pretexto de fraude hecho de distintas maneras, resultados electorales de aquellos Estados que más Electores dan al Colegio Electoral con la finalidad de cambiar el resultado final. Impugnó casi en 60 localidades, de los distintos Estados, la emisión de votos, sin resultado favorable a sus pretensiones, así fallados en su contra por Cortes Federales.

No satisfecho con esto desde el mismo día 14 de diciembre empezó a preparar el ambiente contra lo resuelto que tenía que conocerse el pasado 6 de enero en el Congreso.

Su objetivo, al estilo de la Marcha sobre Roma de Mussolini, una gran Marcha sobre Washington el 6 de enero cuando el Congreso debía conocer los resultados, para detener allí el robo electoral que se le había hecho, sitio en el que todavía se podían impugnar resultados conforme se fueran dando los informes de las certificaciones electorales de los resultados de las votaciones, y tratar de anularlos con el propósito de que, en situación extrema, el resultado pasara a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde tiene una amplia y holgada mayoría de Jueces nombrados por el Partido Republicano, y por su propio Gobierno, todos de características conservadoras en su formación profesional.

La Marcha sobre Washington no solo para presionar con la multitud, sino para actuar, como lo hicieron, sobre los Congresistas reunidos, e impedir de esa manera la proclamación y reconocimiento de la Presidencia para Joe Biden. La Marcha sobre Washington, fue debidamente planeada, hasta en el asalto al Congreso, para cambiar los resultados electorales por la presión de los manifestantes. La Marcha sobre Washington no fue una movilización de desobediencia civil, fue una acción debidamente impulsado de desacato, de desconocimiento, de no aceptación del resultado de la elección del 3 de noviembre, ni fue un simple asalto al Congreso como inicialmente lo pintaron. Fue una acción contra los congresistas, su institucionalidad y contra la misma Constitución Política de los Estados Unidos.

Los movilizados iban con la intención de tomar el Congreso, de asaltarlo, de impedir que sesionara. Minutos antes los convocados a Washington, que llegaron de distintas partes de los Estados Unidos, se habían reunido en la Casa Blanca, donde fueron alentados por miembros de la Familia Trump a actuar violentamente contra los congresistas. De la Casa Blanca fueron invitados a marchar sobre el Congreso, al edificio del Capitolio, para tomarlo. Así se movilizaron las hordas trumpistas.

De hecho, Trump esperaba una imposición de la multitud sobre los congresistas, del “pueblo” sobre sus “representantes”. Estaba a las puertas de un Golpe de Estado, de una situación de sedición popular, que alentó constantemente desde que cuestionó el resultado electoral aún días antes de que se produjera la votación.

Llamaba a que se reconociera que él debía seguir gobernando, que debía mantenerse en la Presidencia, que desconociera a Joe Biden. De hecho, proponía un golpe de Estado institucionalmente ejecutado en su favor.

Las elecciones para Trump habían sido un éxito, aun en su derrota electoral. Había llegado casi a los 75 millones de votantes en su favor, lo que lo convertía en un líder popular, populista, como no tiene el Partido Republicano, como tampoco lo hay en Estados Unidos en el campo político. Trump como fenómeno político había irrumpido como el principal dirigente político de masas en los Estados Unidos. Había desplazado a todos los dirigentes de la estructura organizativa del Partido Republicano y no había casi ninguna duda de que sería el candidato de las elecciones del 2024, a las que ya había anunciado que volvería a participar.

Las elecciones para el Partido Republicano también fueron exitosas a nivel del Congreso, donde aumentó el número de diputados. Perdió el Senado, por la derrota del 5 de enero de los senadores de Georgia, que en parte ya había perdido desde el 3 de noviembre. La actitud de Trump contra el proceso electoral en general, de fraude en su contra, se ha señalado como una causa adicional para que el 5 de enero estos dos senadores republicanos perdieran, dándole un triunfo apretado al Partido Demócrata del Senado, y del Congreso, lo que obligará al Presidente Biden a un gran proceso de negociaciones políticas constantes, en lo que tiene gran experiencia.

La derrota de Trump no ha acabado con la derrota del fascismo en Estados Unidos. Con Trump se ha alimentado esta tendencia política, que en Estados Unidos tiene más de 1000 distintas organizaciones fascistas y filofascistas de diferentes tipos, que agrupan todo tipo de ciudadanos, lo que explica parcialmente también por qué Trump tiene seguidores latinos, afroamericanos, entre otros grupos. Trump puede convertirse en su líder más importante aun cuando lo llegaren a marginar de procesos político-electorales. Trump puede seguir siendo el emblema del fascismo actual en los Estados Unidos y el agitador político más importante de oposición al nuevo gobierno que inicia el 20 de enero. Podría llegar a convertirse en un mártir político si se le llega a apresar con motivo de los juicios y acusaciones que le seguirán.

Con esta tendencia populista de Trump quizás entramos a una nueva etapa de liderazgos políticos en los Estados Unidos, liderazgos de masas, de populismos políticos…

Los sucesos de asalto al Capitolio, que se señalan de terroristas, que le imputan a Trump su responsabilidad, lo que ha abierto es un juicio político contra él, ya aprobado en el Congreso, ahora en manos del Senado, juicio que puede concluir, ya no en su destitución, sino en una sanción político-jurídica que lo inhabilite para participar en futuros procesos electorales y a puestos de elección pública. Este es el resultado óptimo que esto puede tener.

Si de algo no va a escapar Trump es de la persecución judicial a la que será sometido por una serie de acusaciones que ya le tienen montadas, de las que difícilmente saldrá triunfante de todas ellas.

La Marcha sobre Washington sigue latente para el próximo 20 de enero, con posibilidades de altos grados de violencia, y hasta de actos terroristas contra su realización, y de posibles atentados contra Biden y las nuevas autoridades públicas norteamericanas. Lo que tradicionalmente ha sido una actividad de traspaso de poder festiva, popular, y tranquila, la del 20 de enero es un traspaso de poder que se realizará con un público altamente militarizado, con uniformes militares, con medidas extremas de seguridad y posiblemente sin caminata del Congreso a la Casa Blanca…con protestas republicanas y pro trumpistas en diferentes partes de los Estados Unidos. Será, por todo esto, más una ceremonia virtual que física presencial. Estos son los nuevos Estados ¿Unidos?

Publicación: “Ocaso. La erosión del control de Estados Unidos y el futuro multipolar”

El Instituto Tricontinental de Investigación Social publicó el dossier número 36 titulado “Ocaso. La erosión del control de Estados Unidos y el futuro multipolar”, el cual explora el surgimiento de una nueva guerra fría impuesta por Estados Unidos a China y las formas de guerra híbrida que han sido utilizadas como parte de este nuevo escenario estratégico.

La publicación se divide en tres partes:

  1. El siglo estadounidense
    2. La guerra en Eurasia
    3. Guerra híbrida

Puede leer el dossier aquí

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

¿Injerencia Colombiana en las Elecciones Norteamericanas?

Lic. José A. Amesty R.

En artículo reciente del 19 de septiembre pasado, titulado “Las Visitas no Gratas, no Deseadas”, señalamos la visita del Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo a algunos países de América Latina, durante los días 17 al 20 de septiembre del año en curso, y específicamente a Bogotá, Colombia, como una visita injerencista, y como un país aliado de Washington en la región suramericana.

En este sentido, conocimos que durante una reunión de Iván Duque con Mike Pompeo, éste le habría solicitado en privado, su apoyo para articular, aún más, a la comunidad colombiana, radicadas en Texas, New Jersey y el sur de la Florida, a favor del voto republicano.

A pocos días de esta reunión, amigos/as colombianos nos comentan que cumpliendo estas indicaciones, desde la cancillería en Bogotá, se emitieron instrucciones al embajador de Colombia en EEUU Francisco Santos, para que éste viajara lo más pronto posible a los Estados norteamericanos mencionados, y se reuniera con la comunidad colombiana, para hacer campaña y recaudación de fondos, a favor del presidente Donald Trump.

Para esto, debería entrar en contacto con el equipo de campaña de Trump, para informarle de estas acciones, y proponerle expresar su interés sobre esta comunidad.

Además, se le instruyó que evaluara el posible apoyo de algún funcionario del Gobierno colombiano, para su rápida tramitación.

Según, fuentes con acceso a la cancillería colombiana, esta semana se recibió una queja formal del Departamento de Estado estadounidense, indicando una supuesta intromisión en los asuntos internos de EEUU, en la que se cuestiona el papel desarrollado por el embajador colombiano.

Otras fuentes consultadas en USA, vinculadas al Departamento de Estado, ratifican esta información e indican que esto ha causado un revuelo político en Washington, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones y el temor que existe, en las estructuras del partido republicano, que sea usado por los demócratas en su contra.

En este sentido, en suelo neogranadino, el senador colombiano por el partido Polo Democrático, Iván Cepeda, cita a la canciller de Colombia, Ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, a la Comisión Segunda, por vínculos de Iván Duque en la campaña de Donald Trump y responder por presuntos lazos del Ejecutivo.

Cepeda, desde su cuenta oficial de Twitter señalo: “he citado a debate de control político, para examinar si funcionarios del Gobierno Nacional, han estado promoviendo la intervención en la campaña para la elección del presidente de los Estados Unidos”.

“Hay informaciones de medios de comunicación, que indican que personas habrían estado tramitando, apoyar la candidatura del hoy presidente Trump”, indicó el senador colombiano.

Cepeda, cuestiona a la canciller Blum, si es cierto que embajador de Colombia en Washington Francisco santos, sostuvo varios encuentros con organizadores de la campaña electoral de Donald Trump.

El senador Cepeda, inquirió a la alta funcionaria, si es cierto que el presidente Iván Duque, ha planeado viajar a USA, días antes de realizarse los comicios generales estadounidenses, los cuales tendrán lugar el próximo 3 de noviembre 2020.

Iván Cepeda, se pregunta: “¿Cómo es posible que el gobierno colombiano esté comprometiéndose a intervenir en un asunto, que tiene que ver con la política (interna) de USA?”.

Una posible respuesta es la gran cantidad de colombianos/as que reside, legal e ilegalmente, en EEUU, que pudieran eventualmente (¿los pondrían a “votar”?) o ejercer influencia en las elecciones estadounidenses.

Es ya conocido, que si un funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del país, es considerado “miembro activo del Servicio Exterior” y, por ende, no puede participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género; esto es en política interna de cualquier país, imagínense si se tratara de un país en el exterior.

Ahora, lo más escandaloso de esta situación es la injerencia atrevida y delictiva del Ejecutivo colombiano, más la actitud permisiva y cómplice del Estado norteamericano. Además, del precedente que se marca en términos diplomáticos y las consecuencias a futuro tras una actitud como esta.

¡Acontecimientos en pleno desarrollo! Veremos qué consecuencias conlleva esta actitud intrusiva.

 

Imagen ilustrativa tomada de https://www.dinero.com/

Enviado a SURCOS por el autor.