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Etiqueta: Juan Carlos Cruz Barrientos

“Comunista”

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

Cuando el poder deja de convencer, empieza a etiquetar. Y en ese gesto, convierte palabras en armas y el lenguaje en campo de batalla.

En la política contemporánea, figuras como Donald Trump, Javier Milei y Rodrigo Chaves han convertido términos como “comunista”, “zurdo” o “izquierdista” en instrumentos de combate. No son categorías analíticas ni definiciones ideológicas rigurosas: son etiquetas diseñadas para simplificar, estigmatizar y deslegitimar al adversario.

La historia demuestra que este recurso no es nuevo ni inocente. El señalamiento de “comunista” ha servido como antesala de la violencia. Los ejemplos abundan, pero aquí hay algunos: Maximiliano Hernández Martínez lo utilizó para justificar la masacre de más de 30 mil indígenas en 1932; Adolf Hitler lo integró en su cruzada anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial; Augusto Pinochet lo convirtió en argumento para la represión, la desaparición y el asesinato sistemático, como también ocurrió con las dictaduras argentinas tras el golpe de 1976.

Hoy, en pleno siglo XXI, el término “comunista” funciona como un significante vacío. Puede designar a un sindicalista, a un senador demócrata estadounidense, a una feminista, a un ambientalista o a una lideresa indígena. Su función no es describir, sino despojar de legitimidad cualquier crítica que incomode.

Nombrar al adversario como “comunista” no explica lo que es: define cómo debe ser tratado.

Algo similar ocurre con la etiqueta de “terrorista”. Su uso indiscriminado deshumaniza y simplifica. Una vez aplicada, borra matices y convierte demandas de soberanía, autodeterminación o justicia en amenazas contra la seguridad, la paz, la nación. Así, la violencia pasar dominio exclusivo de los adversarios, combatirles no es cuestionado, es más bien un imperativo, una necesidad.

Lejos de ser un simple exceso retórico, este tipo de lenguaje forma parte de una disputa más profunda. Como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por su capacidad de construir sentido común: esa trama de ideas y percepciones que hace que el mundo parezca “natural” e incuestionable.

En ese terreno, el lenguaje es decisivo. Durante décadas, instituciones educativas, religiosas y mediáticas han contribuido a fijar asociaciones automáticas: “comunista” como amenaza, “terrorista” como enemigo absoluto. El resultado es una reacción casi refleja: la etiqueta sustituye al análisis.

Cuando la etiqueta reemplaza al argumento, la democracia empieza a vaciarse.

En contextos de crisis o de disputa política intensa, este mecanismo se vuelve más visible. Cuando el consenso se resquebraja, se intensifica la lucha por el sentido. Es allí donde estas etiquetas operan como herramientas en una verdadera “guerra de posiciones”: una confrontación menos visible que la fuerza directa, pero decisiva en la construcción de legitimidad. Etiquetar en ese contexto, es fijar fronteras. No solo se define quién tiene razón, sino quién merece ser escuchado… y quién no. Y más aún, quién merece ser destruido sin que medie ninguna otra explicación.

El uso sistemático de epítetos como estos revela, en última instancia, una fragilidad. Cuando un proyecto político necesita recurrir a la estigmatización constante, lo que evidencia es su dificultad para sostenerse en la argumentación y en la persuasión. En lugar de convencer, busca alinear; en lugar de debatir, intenta clausurar.

La disputa por el lenguaje no es secundaria. Es parte del conflicto político central. Porque allí donde etiquetar sustituye al debate, lo que está en juego no es solo una palabra, sino la capacidad de una sociedad para pensarse a sí misma, deliberar y decidir en libertad.

“Gran Israel”: expansión, guerra y disputa por el orden regional en Medio Oriente

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

El proyecto del llamado “Gran Israel” (Eretz Israel) ha dejado de ser, en ciertos análisis críticos, una referencia marginal o puramente teológica para convertirse en una clave interpretativa de la política regional del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Así lo plantea el podcast La Base, que examina este concepto como eje estructurante de una estrategia de expansión territorial, control geopolítico y reconfiguración del Medio Oriente.

Uno de los elementos más controvertidos señalados en el análisis es la aprobación por parte del parlamento israelí de una ley que establece la pena de muerte para prisioneros palestinos considerados terroristas. La medida —aprobada con 68 votos a favor y 42 en contra— contempla su ejecución en un plazo de 90 días y se aplicaría exclusivamente a población palestina, en un contexto en el que se reportan más de 11.000 presos políticos.

Para el análisis de La Base, esta legislación no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una arquitectura de control sobre los territorios ocupados, que refuerza una lógica de diferenciación jurídica y política entre poblaciones bajo dominio israelí.

Expansión militar y reconfiguración territorial

En el plano regional, el foco se desplaza hacia el Líbano. Según el análisis, Netanyahu habría instruido la ampliación de la denominada “zona de seguridad” en el sur del país, con el objetivo de extender el control militar hasta el río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera actual.

Este avance se traduciría en una transformación del terreno: de cinco a dieciocho posiciones militares dentro de territorio libanés, acompañadas por el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas, equivalente a aproximadamente el 20% de la población del país.

El modelo, según el podcast, busca replicar el esquema aplicado en Gaza: un control militar permanente que combina ocupación territorial, fragmentación espacial y presión constante sobre la población civil.

El concepto de “Gran Israel” se apoya en interpretaciones bíblicas que delimitan el territorio “prometido” entre el Nilo y el Éufrates. En su proyección geopolítica, esta idea implicaría —de forma directa o indirecta— la anexión, fragmentación o subordinación de territorios pertenecientes a países como Líbano, Jordania, Siria, Irak y Egipto, así como áreas de Arabia Saudí, Turquía y Kuwait.

Más allá de su viabilidad material, el análisis subraya su valor como horizonte ideológico. En septiembre de 2023, durante una intervención ante la ONU, Netanyahu exhibió mapas de un “Nuevo Oriente Medio” en los que Cisjordania y Gaza aparecían integradas dentro de Israel, sin reconocimiento de un futuro Estado palestino.

Estrategia regional: fragmentar o subordinar

El podcast identifica dos mecanismos principales de control en la región. Por un lado, la descomposición, que consiste en promover o aprovechar la fragmentación interna de países como Siria o Líbano, debilitando su capacidad estatal hasta convertirlos en territorios ingobernables. Por otro, la subordinación, aplicada a Estados como Egipto o Jordania, que permanecen formalmente soberanos pero atados a relaciones de dependencia económica y política.

Esta doble lógica permitiría, según el análisis, consolidar un entorno regional favorable a la expansión israelí sin necesidad de ocupación directa en todos los casos.

Uno de los puntos más relevantes es la afirmación de que Israel nunca ha definido oficialmente sus fronteras definitivas. Esta ambigüedad no sería accidental, sino funcional a una lógica de expansión permanente. El propio acuerdo de coalición del gobierno de Netanyahu establece el “derecho exclusivo e inalienable del pueblo judío sobre todas las partes de la tierra de Israel”, reforzando esa perspectiva.

El análisis plantea además que este proyecto geopolítico se articula con el rol de Estados Unidos en la región. Según esta lectura, la prolongación de conflictos regionales mantiene a Washington atrapado en guerras de alto costo político y económico, mientras la fragmentación territorial favorece los intereses estratégicos de Israel.

Lenguaje, medios y legitimación

En el plano comunicacional, el podcast denuncia un proceso de normalización mediática. Términos como “zonas de amortiguación” o “zonas de seguridad” serían utilizados por parte de la prensa occidental para describir operaciones que, en los hechos, implican ocupaciones militares o anexiones de territorio soberano.

Esta disputa por el lenguaje no es menor: define los marcos de interpretación desde los cuales la opinión pública global comprende —o distorsiona— el conflicto.

El análisis también establece una comparación polémica entre la doctrina israelí de la “amenaza existencial” y el concepto de Lebensraum (espacio vital) utilizado históricamente por regímenes fascistas para justificar su expansión territorial. Más allá de la controversia que esta analogía suscita, su inclusión apunta a subrayar el papel de las narrativas de seguridad como legitimadoras de políticas expansivas.

Sin embargo, el análisis introduce un elemento de contraste entre objetivos y capacidades. El analista Taer Alí sostiene que, pese a la voluntad expansionista del mando político, la realidad militar muestra límites evidentes: dificultades para controlar plenamente Gaza tras años de ofensiva y obstáculos para avanzar en profundidad en el sur del Líbano frente a la resistencia local.

Esta tensión entre ambición estratégica y capacidad operativa abre interrogantes sobre la sostenibilidad del proyecto.

¿Un horizonte sin paz?

La conclusión del análisis es contundente: bajo las condiciones actuales, no existirían posibilidades reales de una solución pacífica. Mientras el Estado israelí mantenga —según el invitado— principios estructurales excluyentes, el conflicto tendería a reproducirse. En ese marco, se plantea que la resistencia palestina se mantendrá como un factor persistente del escenario regional.

Más allá de la carga valorativa de esta afirmación, el diagnóstico apunta a un punto central: el conflicto ya no puede entenderse únicamente como una disputa territorial, sino como una confrontación estructural sobre modelos de Estado, legitimidad política y orden regional.

Fuente principal:

  • La Base. Análisis sobre el proyecto “Gran Israel” y la política regional del gobierno de Netanyahu.

Guerra en Irán y crisis interna en Estados Unidos: escalada que expone los límites del poder occidental

Escrito en . Publicado en Análisis.

Más de 8 millones de personas protestaron en EE.UU. contra la guerra en Irán. Mientras tanto, el conflicto escala sin salida clara. Este análisis explica por qué no es solo una guerra, sino una crisis del orden global.
Fotografía tomada de The Guardian

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026 no solo abrió un nuevo frente de guerra en Medio Oriente. A poco más de un mes de iniciada, sus efectos desbordan el plano militar: impactan la economía global, reconfiguran el tablero geopolítico y, de forma cada vez más visible, erosionan la estabilidad política interna estadounidense.

La denominada “Operación Furia Épica”, iniciada el 28 de febrero, tenía un objetivo claro: descabezar al régimen iraní mediante la eliminación del ayatolá Ali Khamenei. El cálculo estratégico era que la estructura estatal colapsaría en cuestión de horas. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Como sintetizó el programa La Base (30/03/2026), la apuesta por una “guerra rápida” fracasó, dando paso a un escenario de desgaste prolongado.

Una guerra sin resolución a la vista

Lejos del colapso esperado, Irán ha demostrado una capacidad de resistencia sostenida. La clave reside en su doctrina de “defensa mosaico”, desarrollada desde mediados de los años 2000, que descentraliza el mando militar en estructuras territoriales con autonomía operativa. Esto permite que, incluso ante la eventual caída de la cúpula, el aparato estatal y militar continúe funcionando.

El periodista Rafael Poch de Feliu advierte que Occidente repite un patrón de errores estratégicos: subestimar a sus adversarios. Ocurrió con Rusia en Ucrania y con China en el terreno tecnológico. En todos los casos, el resultado es similar: cuando la victoria rápida no se materializa, el conflicto se transforma en una guerra de desgaste sin salida clara (Poch de Feliu, 2026).

En ese marco, el análisis de La Base describe la dinámica actual como una “trampa de la escalada”: cada fracaso inicial conduce a una intensificación del conflicto. La administración de Donald Trump mantiene un discurso de victoria hacia el interior, mientras incrementa la presión militar en la región. No obstante, lo que se observa no es una invasión terrestre masiva, sino ataques limitados y demostraciones de fuerza que buscan evitar los costos de una guerra total (La Base, 30/03/2026).

La guerra como desgaste económico

Irán ha logrado desplazar el conflicto hacia una lógica de guerra asimétrica. El uso de drones de bajo costo —como los Shahed— obliga a sus adversarios a emplear sistemas de defensa extremadamente costosos, generando un desgaste económico sostenido (Small Wars Journal, 2026).

A ello se suma el impacto geoeconómico. El bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, ha incrementado la volatilidad energética. La activación de actores aliados —como Hezbolá en el Líbano o los hutíes en Yemen— amplía el conflicto más allá de las fronteras iraníes, consolidando un escenario regional altamente inestable (Chatham House, 2026; ACLED, marzo 2026).

En este contexto, la guerra deja de ser un episodio estrictamente militar para convertirse en un fenómeno sistémico que afecta mercados, cadenas de suministro y equilibrios estratégicos globales (World Economic Forum, 2026; Stimson Center, 2026).

Disputa por la narrativa global

La dimensión mediática se ha convertido en un campo de batalla central. Según el analista Manu Levin en La Base, la cobertura dominante en medios occidentales tiende a presentar las acciones iraníes como agresivas, minimizando el papel de Estados Unidos e Israel en la escalada (La Base, 30/03/2026).

Esta narrativa contrasta con el discurso oficial iraní. El presidente Masoud Pezeshkian, en una carta dirigida al pueblo estadounidense, presenta a Irán como una civilización histórica de carácter defensivo, víctima de intervenciones extranjeras desde el golpe de Estado de 1953 contra Mossadegh (Pezeshkian, 2026). Más allá de su intencionalidad política, este relato busca disputar legitimidad en el plano internacional.

Palestina y el desplazamiento de la agenda

La escalada con Irán también ha tenido efectos indirectos sobre otros conflictos, particularmente el palestino. En un momento de creciente presión internacional sobre Israel por su accionar en Gaza, la apertura de un nuevo frente ha contribuido a reordenar la agenda mediática global.

Sin necesidad de asumir una estrategia deliberada, el efecto es claro: el foco se desplaza desde la crisis humanitaria hacia la lógica geopolítica, reduciendo la visibilidad internacional del conflicto palestino.

La guerra vuelve a casa

Mientras el conflicto se prolonga en el exterior, sus repercusiones internas en Estados Unidos son cada vez más evidentes. Las protestas del movimiento “No Kings” han movilizado a más de 8 millones de personas en los 50 estados, en lo que reportes de The Guardian describen como una de las mayores jornadas de protesta en la historia del país (The Guardian, 2026).

El eje de estas movilizaciones es el rechazo a la guerra en Irán, ampliamente impopular entre la población. A ello se suma el impacto económico: aumento del costo de vida, encarecimiento del combustible e inflación, fenómenos que los manifestantes vinculan directamente con la escalada militar (The Weekend Primetime, 2026).

El análisis del podcast The Weekend Primetime subraya que esta convergencia entre política exterior y malestar económico ha generado una protesta transversal que desborda las divisiones tradicionales.

“No Kings”: entre ruptura y restauración

La consigna del movimiento remite al imaginario republicano de 1776 y al rechazo de toda forma de poder concentrado. Sin embargo, el propio análisis crítico advierte una tensión de fondo: buena parte del movimiento parece orientarse más hacia la restauración de una “normalidad” previa —asociada a administraciones demócratas— que hacia una crítica estructural del rol global de Estados Unidos (The Weekend Primetime, 2026).

Esta ambivalencia se refleja en la selectividad de sus causas y en sus silencios frente a otros escenarios internacionales, lo que plantea interrogantes sobre el alcance real de su potencial transformador.

Polarización y fisuras del Estado

La respuesta del gobierno ha sido endurecer el discurso. Sectores afines a la administración han intentado deslegitimar las protestas, mientras se observa una creciente criminalización de la disidencia.

En paralelo, la polarización mediática se intensifica y la disputa por el control del relato se vuelve más aguda. A ello se suma un elemento inquietante: la percepción de vulnerabilidad del propio Estado. Episodios como el hackeo a altos funcionarios —incluido el director del FBI, según el análisis— refuerzan la idea de que, en medio de la escalada internacional, incluso el aparato de seguridad estadounidense muestra fisuras (The Weekend Primetime, 2026).

Un orden en descomposición

Más allá de los desarrollos inmediatos, el conflicto con Irán se inscribe en una transformación estructural: el tránsito de un orden unipolar hacia uno multipolar. Como señala Poch de Feliu, los errores acumulados en Rusia, China e Irán no son hechos aislados, sino síntomas de una crisis más profunda del hegemonismo occidental (Poch de Feliu, 2026).

La ofensiva no logró sus objetivos iniciales. La guerra no se resuelve: se prolonga, se expande y se vuelve más peligrosa. Y en ese proceso, no reordena el sistema internacional: lo desestabiliza.

La conclusión es incómoda pero cada vez más evidente: cuando las potencias necesitan alargar los conflictos para sostener su posición, lo que está en juego ya no es solo una guerra. Es la propia viabilidad del orden que pretendían sostener.

Fuentes

  • La Base. (30 de marzo de 2026).
  • Rafael Poch de Feliu. (2026). Errores de cálculo.
  • Masoud Pezeshkian. (2026). Carta al pueblo de Estados Unidos.
  • The Guardian. (2026). Cobertura sobre protestas “No Kings”.
  • The Weekend Primetime. (2026). Análisis sobre protestas y guerra en Irán.
  • Small Wars Journal. (2026). Preliminary Assessment U.S.-Israel Strikes on Iran.
  • (marzo de 2026). Middle East Special Issue.
  • World Economic Forum. (2026). Global Risks Report 2026.
  • Stimson Center. (2026). Top Ten Global Risks for 2026.
  • Chatham House. (2026). Houthi Attacks on Israel.
  • Asia Society. (2026). Asian Middle Powers and Fragmenting Global Order.

Una operación estratégica de alcance aun desconocido

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS*

La ofensiva lanzada este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán marca un punto de inflexión en la crisis de Oriente Medio. No se trata de un episodio más en la prolongada tensión entre Teherán y Tel Aviv, sino de una operación de alcance estratégico que transforma un conflicto de fricción permanente en un escenario de confrontación abierta y regionalizada.

Según las informaciones disponibles, los ataques han tenido como objetivo infraestructura militar y capacidades estratégicas iraníes, con el propósito declarado de debilitar su potencial ofensivo y contener su influencia regional. La respuesta de Teherán no se hizo esperar: lanzamiento de misiles contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en varios países del Golfo. Este elemento es clave, porque desplaza el conflicto más allá del eje bilateral y lo convierte en un enfrentamiento multinivel.

La extensión geográfica ya es evidente. Se han reportado acciones o alertas en países como Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, donde existen bases militares estadounidenses. Esto implica que cualquier represalia iraní no solo golpea a Israel, sino también a la arquitectura militar occidental desplegada en la región. El conflicto, por tanto, deja de ser localizado y se proyecta sobre todo el sistema de seguridad del Golfo.

Un segundo nivel de riesgo proviene de los actores no estatales aliados de Teherán. Organizaciones como Hezbollah en Líbano y los hutíes en Yemen podrían activar frentes adicionales, abriendo una guerra por delegación que multiplique los focos de violencia. La experiencia de los últimos años demuestra que estas redes tienen capacidad de operar de forma coordinada o autónoma, lo que complica cualquier intento de contención rápida.

El impacto económico global tampoco es menor. Una escalada sostenida pone en riesgo el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas del comercio mundial de hidrocarburos. Cualquier interrupción significativa en ese corredor elevaría los precios del petróleo, afectaría cadenas logísticas y presionaría economías ya tensionadas por la desaceleración global. El cierre parcial de espacios aéreos y la cancelación de vuelos en la región son señales tempranas de esa perturbación sistémica.

En el plano diplomático, la crisis reconfigura posiciones. China ha llamado al cese inmediato de hostilidades, consciente de que su estabilidad energética y sus rutas comerciales dependen en buena medida de la región. Arabia Saudí, por su parte, enfrenta un dilema estratégico: equilibrar su rivalidad histórica con Irán con la necesidad de evitar una guerra total que desestabilice el Golfo.

En términos estratégicos, el alcance de este ataque radica en tres dimensiones. Primero, consolida una confrontación directa entre Estados con capacidad militar significativa, lo que eleva el umbral de riesgo respecto a conflictos previos de baja intensidad. Segundo, internacionaliza el escenario al involucrar bases, alianzas y corredores comerciales vitales. Tercero, introduce una variable de imprevisibilidad asociada a actores armados no estatales que pueden expandir el teatro de operaciones.

La pregunta central ya no es si habrá consecuencias regionales, sino cuán profundas y prolongadas serán. Si la lógica predominante es la de la disuasión limitada, podría abrirse un espacio para la negociación indirecta tras una fase de demostración de fuerza. Pero si se impone la lógica de la represalia acumulativa, Oriente Medio podría ingresar en un ciclo de confrontación abierta con implicaciones económicas y geopolíticas globales.

Estamos, en suma, ante un episodio que rebasa el plano táctico y se instala en el terreno de la disputa estratégica por el equilibrio de poder regional y por la arquitectura de seguridad internacional. Lo que ocurra en los próximos días definirá si esta ofensiva será recordada como un golpe puntual de alto impacto o como el inicio de una nueva fase de guerra extendida en el corazón energético del mundo.

*Resumen basado en varias fuentes.

Venezuela y el retorno descarnado del imperialismo

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para Surcos

Los acontecimientos recientes en Venezuela no pueden ser leídos como un hecho aislado ni como una simple excentricidad de la política exterior estadounidense. Diversos analistas críticos, tanto latinoamericanos como europeos, coinciden en que estamos ante una nueva fase del imperialismo en América Latina, más explícita, más agresiva y menos preocupada por las formas del derecho internacional.

La agresión militar, el secuestro del presidente venezolano, el bloqueo naval y la presión política ejercida por Estados Unidos constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Sin embargo, lo más relevante no es solo la ilegalidad del acto, sino el hecho de que esta ya no se disimula. El mensaje es claro: la potencia hegemónica se arroga el derecho de intervenir directamente cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.

Existe un amplio consenso entre analistas críticos en que no se trata de una operación humanitaria ni de una defensa de la democracia. Tampoco de una lucha efectiva contra el narcotráfico. El objetivo central es el control de recursos estratégicos, comenzando por el petróleo, pero incorporando hoy un elemento decisivo del siglo XXI: las tierras raras y minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica, militar y energética global. En un contexto de competencia creciente con China y Rusia, Venezuela aparece como un enclave geopolítico clave.

Esta ofensiva se inscribe en una actualización de la Doctrina Monroe, ahora presentada bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. América Latina vuelve a ser concebida como “zona de influencia exclusiva”, al margen del sistema multilateral y del derecho internacional. No es un retroceso coyuntural, sino una redefinición estratégica del orden mundial, donde la fuerza prima sobre las normas.

Otro punto de coincidencia es que el cambio de régimen ya no adopta necesariamente la forma clásica del golpe de Estado. La estrategia actual combina presión militar, judicialización, control informativo, operaciones encubiertas y negociaciones bajo amenaza. El objetivo no es el caos, sino una transición tutelada que garantice orden interno, control territorial y continuidad de las infraestructuras clave, especialmente las energéticas.

En este escenario, la situación interna venezolana aparece profundamente erosionada. El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad y de representación, y ha demostrado ser incapaz de defender efectivamente la soberanía nacional frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, sectores de la oposición han apostado abiertamente a la intervención extranjera, subordinando la autodeterminación del país a intereses externos. El resultado es un vacío político, donde las Fuerzas Armadas se consolidan como actor central no por legitimidad democrática, sino por su monopolio de la fuerza y su capacidad de negociación.

Los analistas coinciden también en que Venezuela no es el único objetivo. La agresión funciona como advertencia para toda la región. Si se normaliza una intervención de este tipo sin consecuencias políticas, ningún país latinoamericano con márgenes de autonomía está a salvo. Cuba, Nicaragua y otros procesos incómodos para Washington aparecen claramente en el horizonte.

Frente a este panorama, hay una conclusión compartida que incomoda tanto a gobiernos como a oposiciones tradicionales: no existe una salida progresiva sin una recomposición autónoma de las clases trabajadoras y populares. Ni el respaldo acrítico a regímenes debilitados ni la confianza en soluciones diplomáticas tuteladas por las grandes potencias garantizan soberanía, democracia ni justicia social. La resistencia al imperialismo debe ir de la mano de la defensa de las libertades democráticas y de los derechos sociales dentro de cada país.

Lo que ocurre en Venezuela confirma, además, una tendencia global más amplia: la crisis del multilateralismo y la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Gaza, Ucrania, Sudán, Irán y ahora Venezuela forman parte de un mismo proceso de descomposición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Defender hoy el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es una consigna abstracta. Es una condición mínima para cualquier proyecto emancipador en América Latina. En ese marco, la solidaridad con el pueblo venezolano no es solo un gesto ético: es una necesidad política urgente frente al retorno descarnado del imperialismo.

Cronología de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela (2001–2026)

– 2001

– Inicio de la campaña de presión tras la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez.

– Financiación de grupos sociales y políticos antibolivarianos vía NED y USAID.

– 2002

– Participación en el intento de golpe de Estado.

– Creación del programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID para Venezuela.

– 2003–2004

– Apoyo financiero y político a Súmate (María Corina Machado) para impulsar un referéndum contra Chávez.

– 2004

– Estrategia de cinco puntos: penetrar la base chavista, dividir el movimiento, aislar a Chávez, crear grupos opositores y proteger intereses comerciales de EE. UU.

– 2015

– Barack Obama firma orden ejecutiva declarando a Venezuela “amenaza extraordinaria”, base legal para sanciones posteriores.

– 2017

– Prohibición de acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses.

– 2018

– Presión a bancos y navieras para cumplir sanciones.

– Banco de Inglaterra confisca reservas de oro del Banco Central de Venezuela.

– 2019

– Reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente provisional” por EE. UU.

– Intento de levantamiento fallido.

– Congelación de activos petroleros venezolanos en el extranjero.

– 2020

– Operación Gideon: intento de secuestro de Maduro y recompensa por su captura.

– Campaña de “máxima presión” durante la pandemia.

– FMI niega acceso a reservas de Venezuela.

– 2025

– María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz.

– Comité Nobel declara que Maduro debería abandonar el cargo.

– 2025–2026

– Ataques a embarcaciones venezolanas.

– Armada estadounidense aplica embargo marítimo y confisca petroleros.

– 3 de enero de 2026

– Ataque aéreo de EE. UU. contra Caracas y otras zonas.

– Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

– Confirmación de su traslado a EE. UU. bajo acusación de “complot narcoterrorista”.

Esta cronología muestra cómo la presión comenzó con sanciones y financiamiento en 2001 y escaló hasta un ataque militar directo en 2026.

El pensador que enseñó a leer el poder en los medios

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

En la madrugada del 31 de octubre de 2025, en París, falleció Armand Mattelart, uno de los intelectuales más influyentes del pensamiento comunicacional contemporáneo. Con su partida se extingue una voz crítica que supo vincular la comunicación con la política, la economía y la cultura, desmontando las tramas ideológicas del poder mediático y el imperialismo cultural.

Nacido en Lieja (Bélgica) el 8 de enero de 1936, se graduó en Derecho en la Universidad de Lovaina y se especializó en demografía en La Sorbona. Su formación inicial, anclada en el estudio de las políticas de población, pronto lo llevó a cuestionar las estrategias de control demográfico impulsadas por la Alianza para el Progreso en los años sesenta, promovida por el gobierno de John F. Kennedy.

Un belga en América Latina: el despertar crítico en Chile

En 1962 llegó a Chile invitado por la Pontificia Universidad Católica, donde se integró como profesor de sociología de la población. En ese contexto fundó el Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) y comenzó a articular su mirada crítica sobre los medios de comunicación masiva y su papel en la construcción del imaginario social.

Durante el gobierno de Salvador Allende, Mattelart participó activamente en los debates sobre la democratización de la comunicación y el rol de los medios en los procesos de cambio social. En 1971, junto a Ariel Dorfman, publicó el célebre Para leer al Pato Donald, texto pionero en la crítica al imperialismo cultural. En sus páginas reveló cómo los cómics de Disney difundían valores, jerarquías y modelos de vida funcionales a la dominación ideológica estadounidense.

El libro se convirtió en un símbolo del pensamiento crítico latinoamericano, cuestionando lo que parecía inocente —el entretenimiento infantil— como un vehículo de colonización cultural.

Exilio, pensamiento global y crítica del poder mediático

El golpe militar de 1973 interrumpió abruptamente ese ciclo. Mattelart fue expulsado de Chile y debió exiliarse en Francia. Desde allí, transformó la experiencia latinoamericana en un marco global de análisis: la comunicación entendida como campo de disputa política y estructural dentro del sistema-mundo.

Profesor emérito de la Universidad de París VIII (Vincennes–Saint-Denis), desarrolló una vasta producción académica que renovó la Economía Política de la Comunicación, incorporando la crítica de la mundialización y las redes transnacionales de poder mediático.

Entre sus obras más destacadas figuran La Comunicación-Mundo, Multinacionales de la Comunicación, La Invención de la Comunicación, Diversidad cultural y mundialización, Un mundo vigilado y, junto a Michèle Mattelart, Historia de las teorías de la comunicación.
En todas ellas defendió una convicción: democratizar la información es democratizar la sociedad.

Legado intelectual y humano

Mattelart recibió doctorados honoris causa de universidades en Nuevo León, Córdoba, Málaga, La Habana y Valladolid, y junto a su esposa Michèle fue reconocido como Profesor Honorario por la Universidad de Chile durante la IX Bienal Iberoamericana de Comunicación en 2013.

También incursionó en el cine documental. En 1976 presentó en el Festival de Cannes La Spirale (La Espiral), codirigida con Jacqueline Meppiel y Valérie Mayoux, una mirada lúcida sobre el proceso chileno de la Unidad Popular y la ofensiva mediática que precedió al golpe.

Hasta sus últimos años, Mattelart siguió observando con atención las nuevas formas de concentración mediática, la lógica extractivista de las plataformas digitales y los riesgos de vigilancia global. Su lucidez seguía intacta: la comunicación no era para él un simple flujo de información, sino un terreno de batalla simbólica donde se juegan la libertad, la cultura y la soberanía.

Una luz crítica que no se apaga

Su pensamiento sigue marcando a generaciones de investigadores, periodistas y educadores. En América Latina, su paso por Chile dejó una huella indeleble: enseñó que leer los medios es leer el poder, que la comunicación no es neutral y que comprender sus mecanismos es condición de toda emancipación.

Armand Mattelart fue, ante todo, un intelectual comprometido con su tiempo, que convirtió la crítica en un acto de esperanza: entender el mundo para transformarlo.

Referencias

  • FELAFACS-Regional Brasil. (2025, 3 de noviembre). Murió Armand Mattelart: Pensar la comunicación como política del mundo.
  • Diario UChile. (2025, 3 de noviembre). Se apaga una luz crítica de la comunicación global: muere Armand Mattelart.
  • [Sin firma]. (2025, 31 de octubre). Fallece Armand Mattelart: Pensador mundial de la comunicación y la cultura de masas.

Resumen de Juan Carlos Cruz Barrientos. Para Surcos.

Armand Mattelart (1936–2025) Imagen: AFP

De vuelta a Isabel Rauber

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Editado por Juan Carlos Cruz Barrientos

Isabel Rauber, en sus textos «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», «Revoluciones desde abajo: gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica», y «Refundar la política», propone una visión innovadora sobre el rol de la izquierda en América Latina. A través de sus reflexiones, señala la necesidad de una transformación profunda que vaya más allá de la mera toma del poder institucional y apunte a una “revolución social y cultural desde abajo”. Según Rauber, la izquierda debe reorientar su quehacer hacia las siguientes direcciones clave:

1. Construcción de poder popular desde abajo

Rauber insiste en que el cambio no puede ser únicamente impulsado por gobiernos progresistas o populares desde las estructuras estatales, sino que debe surgir desde los movimientos sociales y las bases populares. La izquierda debe enfocarse en fortalecer el poder popular, entendiendo este poder como la capacidad de los pueblos para autogestionarse, autoorganizarse y ser protagonistas de sus propios procesos de transformación. Esto implica que el cambio social no es algo que pueda ser “concedido” desde arriba, sino que debe construirse en los territorios, en las comunidades y en las organizaciones de base.

En este sentido, Rauber aboga por una “política desde abajo” que promueva la participación activa de los sectores populares en la toma de decisiones y en la creación de alternativas concretas al sistema capitalista. Para ella, la verdadera transformación revolucionaria ocurre cuando las personas se organizan para cambiar sus realidades cotidianas, en lugar de depender exclusivamente de las estructuras políticas estatales.

2. Refundar la política

En «Refundar la política», Rauber critica la forma en que la política ha sido secuestrada por una lógica partidista y electoralista que se enfoca en la conquista del poder estatal como fin último. Para ella, esta visión ha sido insuficiente para impulsar cambios profundos y duraderos. La refundación de la política implica repensar el rol de los partidos políticos, de las instituciones y de la democracia misma, para que estas no se conviertan en fines en sí mismas, sino en herramientas para el empoderamiento y la transformación social.

Rauber propone una nueva concepción de la política, que esté íntimamente ligada a la vida cotidiana de las personas, que escuche y aprenda de las luchas de los movimientos sociales y que se guíe por valores de solidaridad, igualdad y participación colectiva. Esto requiere que la izquierda deje de concebir la política como una competencia por el poder y la entienda como un proceso de construcción continua, en el que los sectores populares sean protagonistas.

3. Revolución cultural y social

Rauber enfatiza la necesidad de una revolución cultural que transforme no solo las estructuras políticas y económicas, sino también las formas de pensar, actuar y relacionarse entre las personas. La izquierda debe apostar por un cambio cultural profundo que cuestione los valores del individualismo, el consumismo y la competencia, e impulse valores como la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad.

Esta revolución cultural es esencial para crear las condiciones subjetivas que permitan la sostenibilidad de cualquier transformación política o económica. Para Rauber, los procesos revolucionarios deben ir más allá de la redistribución material, también deben transformar las relaciones sociales y los valores culturales que sustentan al sistema capitalista. Es un cambio de mentalidad que involucra a toda la sociedad y no solo a los sectores tradicionalmente organizados.

4. Articulación de las luchas múltiples

En sus escritos, Rauber subraya que la izquierda debe articular las diversas luchas sociales en torno a un proyecto emancipador común. Esto significa que la lucha de clases, aunque central, no puede ser la única preocupación. Los movimientos feministas, ecológicos, indígenas, de diversidades sexuales, entre otros, deben integrarse en un proyecto integral de emancipación que aborde las distintas opresiones que existen en la sociedad. La izquierda debe ser capaz de “tejer alianzas” y reconocer que la emancipación debe ser simultáneamente económica, de género, étnica, cultural y ambiental.

Rauber insiste en que el enfoque de la izquierda debe ser “multidimensional”. La lucha contra el capitalismo no puede dejar de lado otros sistemas de opresión, como el patriarcado, el colonialismo y el racismo. Todos estos sistemas se entrelazan, y solo con una visión amplia y articulada será posible construir una sociedad realmente justa y equitativa.

5. Autonomía y autogestión

Otro aspecto clave de la propuesta de Rauber es la importancia de la autonomía y la autogestión en los movimientos populares. Ella defiende la creación de espacios autónomos que no dependan del aparato estatal para su funcionamiento, como cooperativas, comunidades autogestionadas y organizaciones de base que practiquen formas alternativas de economía, producción y vida en común.

Rauber cree que estos espacios autónomos son cruciales para construir las bases de una nueva sociedad, donde las personas tengan el control de sus medios de vida y puedan desarrollar prácticas democráticas más profundas. La izquierda, en lugar de buscar siempre el poder estatal, debería promover y apoyar la “autogestión y la autonomía” de los pueblos, como un camino hacia la verdadera emancipación.

6. Superar el electoralismo

En «Apostar a la creación de una nueva izquierda política, social y cultural», Rauber es crítica con la “deriva electoralista” de muchos movimientos de izquierda. Señala que la obsesión por ganar elecciones a menudo termina por desviar a los partidos de sus principios revolucionarios, llevándolos a “adaptarse al sistema” en lugar de desafiarlo radicalmente.

Para ella, el trabajo de la izquierda no debe reducirse a la conquista de espacios institucionales, sino que debe estar enfocado en “fortalecer el poder popular” y en construir alternativas desde las bases. Las elecciones pueden ser una herramienta, pero no deben convertirse en el eje central de la acción política. El verdadero cambio revolucionario no se da en los parlamentos, sino en los barrios, en las fábricas, en las tierras y en las calles.

Conclusión

En resumen, Isabel Rauber plantea que el quehacer de la izquierda en América Latina debe reorientarse hacia una “política de base”, que apueste por la construcción de poder popular desde abajo, la articulación de diversas luchas, y la creación de una nueva cultura política basada en la participación, la autonomía y la autogestión. Esta nueva izquierda no debe limitarse a la conquista del poder estatal, sino que debe fomentar una “revolución integral”, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, construyendo alternativas concretas al capitalismo desde las prácticas cotidianas de los pueblos.

JC octubre 2024

Gilbert Brown Young, referente e inspiración

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz B, comunicador social

Ha muerto uno de los últimos líderes gremiales con sólida formación político-sindical y con sincera convicción en los principios de una social democracia que ya no existe. Deja un vacío difícil de llenar, máxime en tiempos de resignación frente al avance de las derechas y del autoritarismo, de la desesperanza en el futuro y del pragmatismo acomodaticio de las nuevas generaciones.

Gilbert Brown fue un cuadro sindical que creció en la Costa Rica que ofrecía posibilidades de movilidad social, en la que se desarrolló y consolidó la clase media a la buena de sombra de las instituciones del Estado de Bienestar y que, antes de la década de los 80, alimentaron la vida democrática nacional.

A Gilbert Brown le tocó vivir la transición del Estado benefactor al modelo neoliberal y sin titubeo, se sumó a las grandes luchas por la defensa de las instituciones públicas y de los derechos sindicales. A él le tocó vivir la gloria del viejo Partido Liberación Nacional y sufrir la debacle ideológica y política de este.

Un hombre que igual sabía cuándo había que hablar y cuándo debía escuchar. No se aferraba al pasado, salvo cuando de sacar lecciones para proyectarse al futuro se trataba. Fue así como, desde la Secretaría de la Rerum Novarum, se involucró en el innovador proceso de articulación de organizaciones productivas y sociales, que se llamó “Costa Rica: Hacia la Tercera República Frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”, un conjunto de respuestas consensuadas a los desafíos nacionales con visión de largo plazo.

A diferencia de otros líderes gremiales, él tuvo la disposición de abrirse a nuevos temas que no entraban en la agenda sindical, como fue la reivindicación de los derechos de la población afro costarricense. Con las reticencia de un hombre de su tiempo, pero con la madurez que da la experiencia, comprendió la importancia que tiene la lucha por la igualdad de las mujeres trabajadoras y no dudó en apoyarla.

Gilbert Brown fue un hombre muy bien informado y desarrolló la habilidad de ligar su análisis de la realidad de RECOPE, con la situación del país. Si algo tuvo claro, es que RECOPE no es una isla y que la supervivencia de la Empresa y del monopolio de los hidrocarburos no es ajena al destino del resto de las instituciones nacionales que conforman el cada día más amenazado Estado de Bienestar.

Más allá de los honores rituales a quien sin duda los merece, es necesario que la nueva generación de sindicalistas honre el legado de Brown, recuperando la identidad y la mística sindical en cuanto a la defensa de todos los derechos para toda la clase trabajadora y fortaleciendo los procesos de formación político sindical de las y os afiliados.

Sirva la memoria de Gilbert Brown de inspiración y punto de referencia para la militancia sindical, frente a las amenazas actuales y los desafíos de la presente generación, para sentar las bases de una sociedad más democrática, justa y solidaria.

¡Gracias por todo, a su memoria Maestro Brown!

¿Miden las encuestas lo que piensa la gente?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz Barrientos. Comunicador social

Esa es una pregunta que suele asaltarnos cada vez que un ente académico o una empresa de estudios de opinión difunde los resultados de una nueva encuesta. Especialistas de la comunicación social han concluido que lo que realmente miden las encuestas es la opinión pública construida por los medios informativos. Es decir, miden la eficacia de los medios para colocar su relato en la conciencia ciudadana. De eso va la hegemonía cultural. Ese relato se refiere al planteamiento del hecho, objeto de la información y a su interpretación, haciendo referencia a un nicho interpretativo previamente instalado en la conciencia colectiva.

El hecho de que la inseguridad ciudadana aparezca como la principal preocupación ciudadana en el Estudio de Opinión Pública del CIEP de abril, por encima del costo de la vida y del desempleo, es un caso típico.

El objetivo aumento de la violencia y de la consecuente inseguridad ciudadana, permanentemente tratado por los medios informativos, termina colocando el tema en la “agenda ciudadana”, pero los medios omiten la necesaria reflexión sobre las causas estructurales de la violencia: el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, como resultado del debilitamiento sistemático de las políticas sociales.

Si las pugnas entre bandas de “narcomenudeo” están ocasionando la muerte de jóvenes, habría que decir que esos jóvenes están, en su mayoría, expulsados del sistema educativo y proceden de las comunidades más abandonadas por el Estado.

La perseverancia mediática en el tema de la violencia criminal, sin reflexión sobre la causalidad, conduce al fomento del miedo, en particular, el miedo a ser víctima del crimen. Y es un miedo tan grande y poderoso, que pone a la violencia criminal por encima de la violencia estructural, que condena a 399.439 hogares costarricenses a no poder satisfacer sus necesidades de alimentación y vivienda.

La ausencia de reflexión sobre la causalidad estructural y la búsqueda colectiva de soluciones alternativas convoca la indefensión y empuja a esa ciudadanía asustada a buscar soluciones individuales, encerrados en nuestras casas, pensando en adquirir armas de fuego y a clamando por más medidas punitivas, más cárceles y mayor represión.

El hecho objetivo

De acuerdo con las estadísticas del OIJ, los actos de criminalidad que sustentan percepción de mayor inseguridad ciudadana son los siguientes:

  • Durante el 2022, la tasa total de homicidios dolosos aumentó a 12,6 por cada 100.000 habitantes
  • Se registran 68 víctimas más de homicidio doloso en comparación al mismo periodo del 2021.
  • El 92,7% de las víctimas son hombres, el 7,2% mujeres y 0,2% con sexo desconocido.
  • En promedio, se registran 55 víctimas de homicidio doloso al mes, 6 víctimas más al mes en comparación al mismo periodo del 2021.
  • Las principales víctimas de homicidios dolosos continúan siendo personas jóvenes, el 53% de ellas tenía entre 20 y 34 años.
  • El 72% de los homicidios dolosos se cometió utilizando un arma de fuego, 16% utilizó un arma blanca y un 12% otros métodos.
  • Por tipo de móvil, 63% de los homicidios dolosos se vinculan a la delincuencia organizada.
  • Las provincias de mayor ocurrencia son: Limón, San José, Puntarenas y Alajuela.
  • Las mujeres constituyen las principales víctimas de la violencia doméstica: 8 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 5 personas agresoras son hombres (2021).
  • Durante el año 2021, 5.419 personas fueron imputadas por infringir la Ley de Armas y Explosivos según el Ministerio de Seguridad Pública, 9 de cada 10 infracciones estaban relacionadas con la portación ilegal de un arma blanca o de fuego.
  • Durante el año 2021, 84.770 personas fueron imputadas por infringir la Ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El 98% de estas infracciones estaban relacionadas con la tenencia de droga.

Ocuparnos de las causas

Para el Programa de Análisis de Coyuntura de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), detrás del aumento de la violencia criminal hay elementos socioculturales, políticos y económicos relacionados con la violencia estructural que interpelan al Estado, llamado a garantizar el ejercicio de todos los derechos humanos para todas las personas.

Costa Rica fue el país de América Latina en el que más creció la pobreza y la desigualdad entre el 2017 y el 2022. Según un cálculo hecho por el Banco Mundial, la pobreza aumentó al menos 2,3 puntos porcentuales en este periodo.

Los datos del BM coinciden con los del Instituto en Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR), según los cuales para el cierre del 2022 la cantidad de hogares en condición de pobreza en el país podría haber crecido a 24% o 25%. Esto sería levemente superior al 23% reportado por el INEC para noviembre del 2022 y superior a lo registrado en el 2017, cuando se calculaba en 20%.

Mientras tanto, frente a este panorama, el país no cuenta con una estrategia de combate a la pobreza ni con acciones definidas para acortar la brecha social entre ricos y pobres, en su defecto, cobran vitalidad las soluciones paliativas de corte punitivo, esgrimidas por autoridades gubernamentales y aupadas por los medios de información. No tardarán en aparecer los estudios de opinión que digan que eso es lo que quiere la gente.

Abril,2023

Homicidio machista y austericidio institucional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Carlos Cruz Barrientos, comunicador social

El fallo emitido el miércoles 22, en el caso de la señora María Tacsan, se las trae. La primera reacción es de bronca, indignación e impotencia frente a la injusticia, por un fallo que sin duda sentará un peligroso precedente en favor de los femicidas. Es precisamente por eso que hay que hurgar más allá de la bronca para tratar de encontrar explicación racional a las circunstancias que rodearon dicho fallo.

Tal y como lo señalan los profesionales en materia penal, “a una persona se le juzga por lo que hizo y no por lo que es, aunque sea la peor persona del mundo”. Si la relación de indicios o pruebas no demuestra el delito, procede el fallo de absolución de los cargos por “falta de pruebas”. Eso, a juicio de los juristas, quiere decir que “existe la posibilidad de que el marido asesinara a la señora Tacsan pero que el Tribunal no contó con prueba suficiente para condenar al imputado”.

Dicho lo anterior, surge la duda sobre la pericia del personal judicial, a la hora de recabar y sistematizar las pruebas, que le permitieran a la Fiscalía, llegar al proceso judicial con una acusación bien sustentada y que no diera margen a fallos por duda, como el del miércoles.

Al respecto, la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, denunció en un comunicado hecho público el mismo día del fallo, que “hubo falencias en el proceso de investigación a cargo del OIJ y del Ministerio Público, pues, a pesar de que el caso fue asignado a una fiscalía especializada de género, este enfoque y la aplicación de los protocolos de investigación de las muertes violentas de mujeres estuvo ausente desde el inicio de la investigación”.

Entre los errores, la Red cita:

  1. a) A la escena del crimen acude un oficial del OIJ sin certificación en el manejo de esta etapa de la investigación.
  2. b) El investigador, evidentemente sin formación, acepta como válida la versión del imputado de que se trata de un suicidio y no aplica los protocolos que obligan a investigar como femicidios TODAS las muertes violentas de mujeres;
  3. c) Patología forense no se hace presente para el levantamiento del cuerpo razón por la cual no se cuenta con certificación de la hora de muerte ni se documenta el estado del cadáver mediante las métricas protocolizadas;
  4. d) No se toman rastros de pólvora en manos del imputado y se contamina la escena.

Tales ejemplos de impericia ocurren en un contexto de crisis en las instituciones judiciales, tal y como lo han denunciado las organizaciones gremiales del Poder Judicial, crisis que se expresa en problemas de sobrecarga de trabajo en la Fiscalía, por lo que cada fiscal debe atender una gran cantidad de casos, impidiéndoles dedicar el tiempo necesario al estudio de cada uno.

Los gremios han hecho público, también, el clima de incertidumbre y la desmotivación que existe a lo interno del Poder Judicial, en torno a salarios y sus futuras pensiones. Por ejemplo, los nuevos fiscales entran ganando mucho menos que el salario de entrada de quienes los antecedieron en sus puestos.

Hay una desbandada de personal que, ante la incertidumbre, se jubilaron o renunciaron. Esa situación implica, entre otras cosas, la pérdida de experiencia acumulada por el personal que se va y el ingreso de nuevo personal que a veces viene con debilidades en su formación.

De manera que, sin quitar el peso que tiene el machismo estructural que padecen nuestras instituciones y las personas funcionarias públicas, nuevamente, estamos ante la causa común de muchos problemas que aquejan a nuestra sociedad: el debilitamiento de la institucionalidad pública en aras de la austeridad fiscal. Otra vez, nos topamos con la rigidez absurda de una Regla Fiscal y una Ley de empleo público que impiden al Estado costarricense, contar con los mejores profesionales y en la cantidad necesaria para que las instituciones públicas cumplan con su cometido constitucional.