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Etiqueta: Juan Carlos Cruz Barrientos

Trump pierde las elecciones, pero la Doctrina Donroe sigue en pie

Escrito en . Publicado en Análisis.

La derrota republicana en las elecciones de medio mandato modifica el equilibrio político en Estados Unidos, pero no desmantela los intereses económicos, militares y tecnológicos que sostienen su política de dominación sobre América Latina.

Juan Carlos Cruz B, para SURCOS

El 3 de noviembre, los electores estadounidenses le tomaron la palabra a Donald Trump. El presidente había pedido que imaginaran que él mismo estaba en la papeleta electoral. Y así lo hicieron: castigaron a su gobierno y dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

El resultado constituye un severo revés político para Trump. El encarecimiento del costo de la vida, la incertidumbre económica, la represión a personas migrantes, las consecuencias de la guerra con Irán, los conflictos de intereses y el estilo autoritario de ejercer el poder alimentaron el descontento ciudadano.

Sin embargo, sería prematuro interpretar esta derrota como el principio del fin del trumpismo. Y sería todavía más equivocado suponer que un Congreso controlado por los demócratas transformará automáticamente la política exterior estadounidense hacia América Latina.

Esta es una de las principales advertencias que plantea Marlon Ochoa en su análisis publicado en Diario Red, titulado «¿Sobrevivirá la Doctrina Donroe a las elecciones de medio término?».

La llamada Doctrina Donroe, adaptación trumpista de la histórica Doctrina Monroe, concibe América Latina como un espacio de influencia privilegiada de Washington. Los recursos naturales, las posiciones geográficas estratégicas y las decisiones políticas de nuestros países son considerados parte de los intereses de seguridad y competencia internacional de Estados Unidos.

Pero esta orientación no responde exclusivamente a la voluntad de Trump. Detrás de ella existe una estructura de poder económico, militar y tecnológico que atraviesa a los dos grandes partidos estadounidenses.

El tradicional complejo militar-industrial incorpora hoy a las grandes corporaciones tecnológicas y financieras. Las empresas vinculadas con inteligencia artificial, vigilancia, análisis de datos y tecnologías militares mantienen relaciones cada vez más estrechas con el Pentágono, los organismos de inteligencia y los centros de decisión política.

La competencia con China por minerales críticos, tierras raras, litio y otros recursos estratégicos explica buena parte del renovado interés estadounidense por nuestra región. No se trata solamente de asegurar materias primas, sino de controlar cadenas de suministro, inversiones, infraestructura y posiciones geopolíticas.

Por eso, aunque republicanos y demócratas mantienen diferencias importantes en sus instrumentos y procedimientos, existen coincidencias estratégicas que sobreviven a los cambios de gobierno.

La historia ofrece una advertencia. En los años ochenta, durante la administración de Ronald Reagan, el Congreso estadounidense impuso restricciones al financiamiento de la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua. Sin embargo, la intervención continuó mediante operaciones clandestinas que desembocaron en el escándalo Irán-Contra. Los controles institucionales pueden limitar determinadas actuaciones, pero no necesariamente desmantelan los intereses que las sostienen.

Esto no significa que la victoria demócrata carezca de importancia. El nuevo Congreso podrá fiscalizar las actuaciones presidenciales, investigar conflictos de intereses, cuestionar operaciones militares y elevar el costo político de determinadas intervenciones. Puede abrir espacios para limitar las presiones unilaterales y ampliar los márgenes de negociación de los países latinoamericanos.

Pero esas oportunidades no llegarán por sí solas. América Latina necesita fortalecer sus mecanismos de integración, la cooperación económica, la defensa de sus recursos naturales y la coordinación diplomática. La fragmentación política y la competencia entre gobiernos facilitan la imposición de intereses externos.

Aquí el tema central no es solamente quién controla nuestros recursos, sino quién decide cómo se utilizan, quién agrega valor a su transformación industrial y quién se beneficia de la riqueza que producen.

Hay, además, una lección política que trasciende las fronteras estadounidenses. Ganar elecciones puede modificar la correlación de fuerzas institucionales, pero no equivale necesariamente a transformar las estructuras de poder. Para ello se requiere organización social, participación ciudadana y capacidad colectiva para disputar los intereses económicos que condicionan las decisiones del Estado.

Esta reflexión tiene particular relevancia para Costa Rica. Frente a proyectos políticos que buscan concentrar el poder, debilitar las instituciones democráticas y presentar intereses particulares como si fueran los de toda la sociedad, no basta con esperar su desgaste electoral. Es necesario construir organización, fortalecer la conciencia democrática y articular alternativas vinculadas con las necesidades concretas de la población.

La derrota de Trump demuestra que el autoritarismo también encuentra límites electorales. Pero no debemos confundir el debilitamiento de un gobierno con la desaparición de las estructuras que sostienen su poder.

La Doctrina Donroe puede enfrentar mayores obstáculos y controles, pero sus raíces económicas, militares y tecnológicas son mucho más profundas que la voluntad de un presidente. La soberanía no se concede desde Washington, se construye desde nuestros pueblos.

Referencia

Ochoa, M. (2026, 2 de noviembre). «¿Sobrevivirá la Doctrina Donroe a las elecciones de medio término?». Diario Red.

«Esa parte no la leí»

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz, para SURCOS

Una hora de entrevista, dos periodistas a quienes el entrevistado considera amigos y un programa que se llama No Mientas El Show. Rodrigo Chaves la grabó el martes y salió el viernes, mientras la presidenta Laura Fernández andaba por el Vaticano. Según lo reportó Álvaro Murillo en el Semanario Universidad, el ministro de Hacienda y de la Presidencia estuvo cómodo, sonriente y bromista. También repartió calificativos: «terrorista» para la rectora del TEC, «idiotas» para los diputados de Liberación, «vividores» para quienes protestan.

Sería un error leerlo como un arranque de mal genio. Llevamos años viendo que el estilo de Chaves tiene método, y esta entrevista lo muestra casi completo. Ese método se puede resumir en cinco operaciones.

Personalizar. El poder se concentra en pocas figuras. Chaves habla una hora como si el país fuera suyo, con la presidenta de viaje, y adelanta incluso una decisión sobre el Transpacífico que ella anunciaría después. Las instituciones quedan en segundo plano.

Polarizar. El país se divide en dos bandos: de un lado, «tres cuartas partes» que dicen «go, Laura, go»; del otro, un 12% de «vividores». No presentó dato alguno que respalde esas cifras. Lo que importa es la frontera, no la medición.

Deslegitimar. A quien controla o cuestiona se le quita credibilidad. La rectora que advierte que la sede de Limón podría cerrar por los recortes es «extorsionadora». Un magistrado tiene «podredumbre intelectual». Y una sola palabra sirve para todo: Liberación, que lleva décadas en el centro del sistema, es «ficha del comunismo». Cuando una palabra sirve para todo, deja de describir algo y solo marca de qué lado está cada quien.

Emocionalizar. El chiste a pedido, la burla y el insulto crean complicidad con quien escucha. Gramsci hablaba de intelectuales orgánicos: gente que da forma y voz a la visión del mundo de un grupo, sin que nadie les dé órdenes. Un programa afín, con preguntas cómodas, cumple esa función mejor que cualquier conferencia de prensa.

Saturar. Cada declaración abre una pelea, y cada pelea desplaza a la anterior. Con tanto ruido, los datos difícilmente permanecen en la conversación el tiempo suficiente para discutirse.

El momento clave

Hacia el final le preguntaron por el dato oficial más reciente: el ingreso de los hogares bajó 3,8% en el último año, y bajó en todos los quintiles. Hizo un gesto de poco interés y dijo: «esa parte no la leí».

Antes, uno de los entrevistadores le había planteado el aumento de la deuda frente al PIB, el golpe del tipo de cambio a los exportadores y los 300.000 hogares que siguen en pobreza. Chaves respondió que el país ahora es de «ingreso alto». Un promedio nacional sirve para presumir afuera, pero no paga el recibo de nadie. Casi la mitad de los hogares reporta deudas, y las listas de espera de la CCSS crecieron más de 30% en poco más de un año.

Eso es lo que el método permite: cuando falta la respuesta, aparece el culpable. Una sociedad golpeada por la deuda y el estancamiento necesita explicaciones. Si la política no las da, alguien ofrece otras, y la rabia se dirige hacia una rectora, hacia diputados, hacia gente que marcha, nunca hacia las decisiones que explican por qué los hogares ganan menos. El que reclama pasa a ser el problema.

La billetera y el bloque

Hubo otra frase que casi pasó inadvertida. Chaves dijo que los empresarios que financiaron a Liberación fueron traicionados, y que dar plata a ese partido sería de gente «muy corrupta». Aceptó, además, que los aportes de campaña condicionados son normales en política.

Se lee como un mensaje a quienes sostuvieron durante décadas al bipartidismo: la ventanilla cambió de lugar. Gramsci llamaba bloque histórico a la alianza de fuerzas sociales y económicas que sostiene a un grupo en el poder. Detrás de los insultos hay un intento de armar uno nuevo y de desarmar el viejo a golpe de burla.

Qué hacer con esto

El chavismo no disputa solo la información, disputa la interpretación de la realidad. Por eso desmentir cada frase o responder cada provocación no basta: es entrar al juego de la saturación. Competir haciendo más ruido es perder de antemano.

Lo que corresponde es hacer más comprensible la realidad: explicar las causas de lo que le pasa a la gente, contrastar los discursos con hechos verificables y sostener mensajes claros, repetidos con inteligencia. Si el discurso oficial usa la comunicación para generar identificación con un líder, la tarea democrática es usarla para generar comprensión, organización y participación.

Nada de esto significa que la rectora o los diputados tengan siempre la razón. Pueden equivocarse y deben responder por lo que hacen. Pero a un argumento se le responde con otro. Mientras tanto, los datos siguen ahí, los lea o no el ministro. Los hogares que perdieron ingreso este año sí leyeron esa parte.

Más allá de quién forme gobierno en Israel: un sistema que vota mucho y decide poco sobre Palestina

Escrito en . Publicado en Análisis.

Las elecciones israelíes dejaron un Parlamento bloqueado, una participación récord y a los partidos palestinos con ciudadanía como árbitros que nadie quiere admitir como socios. La pregunta de fondo no es si Netanyahu sigue o cae, sino si alguno de los que aspiran a sucederlo está dispuesto a desmontar el régimen de ocupación y desigualdad que todos administran.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Las elecciones del 27 de octubre debilitaron a Benjamin Netanyahu, pero no pusieron en discusión lo esencial. Su coalición actual no logra reproducirse sin cambios, y aun así ninguna de las alternativas que compitieron en las urnas propuso cuestionar de fondo la ocupación ni reconocer la autodeterminación del pueblo palestino. El debate público israelí, y el internacional que lo replica, se concentra en una sola pregunta: ¿seguirá Netanyahu en el poder? Para los palestinos hay otra, mucho más incómoda: ¿qué cambiaría realmente si dejara de gobernar?

Daniel Lobato, en un artículo publicado en Diario Red antes de la votación, preguntaba quién quería manejar el «timón israelí». Más allá de sus conclusiones, la metáfora sirve: una cosa es cambiar al conductor y otra, muy distinta, cambiar el rumbo. Los resultados, y la manera en que fueron contados y comentados, confirman que lo que estuvo en disputa fue lo primero.

Un empate que no sacude al sistema

Con el escrutinio aún abierto, el recuento más reciente de medios israelíes ubica al bloque de Netanyahu entre 53 y 54 escaños y al de Eisenkot entre 48 y 49, con las listas árabes entre 17 y 19. Nadie llega a los 61. El Likud sigue siendo la primera fuerza, aunque cae respecto de los 32 escaños de 2022, y Netanyahu conserva la ventaja de su posición: sigue gobernando en funciones mientras se negocia. Como señaló el programa La Base (Canal Red), le basta con que nadie lo derrote. El bloqueo, que ya le sirvió entre 2019 y 2022, es su mejor aliado.

A ello se suma un dato que mantiene abierto el cuadro: faltan los llamados «dobles sobres», los votos de soldados en servicio, diplomáticos y personas hospitalizadas o desplazadas. Según La Base, son entre 600.000 y 650.000 sufragios, equivalentes a unos 15 escaños, que históricamente favorecen a los partidos sionistas. La foto de hoy puede moverse, y el resultado oficial no llegará hasta el viernes.

El otro dato central es la participación. Según la Comisión Central de Elecciones, citada por La Base, alcanzó el 77,7 %, la más alta desde 1999. Entre los ciudadanos palestinos de Israel habría rondado el 80 %, casi treinta puntos más que en 2022. No es un fenómeno espontáneo. Durante la jornada, Netanyahu acusó a los ciudadanos árabes de «robar las elecciones» por ir a votar, un discurso que movilizó a su base, pero todavía más a quienes señalaba. Es una movilización defensiva, frente a un sistema que los trata como una amenaza demográfica cuando votan.

La llave que el sistema fue diseñado para no usar

Con una oposición sionista que no llega a 61, los diputados palestinos de Israel quedan como la llave de cualquier alternativa. Lo revelador es que casi nadie en el sistema político quiere girarla. Netanyahu ya advirtió que un gobierno que dependa de partidos árabes sería inadmisible, y tampoco Eisenkot ni sus socios han dado señales de aceptarlos como parte de una coalición.

No es una improvisación de campaña, sino la consecuencia de un diseño institucional. Hasta 2014 el umbral para entrar a la Knéset era del 2 %. Una ley impulsada por Avigdor Liberman lo elevó al 3,25 %, con el propósito explícito de dejar fuera a los pequeños partidos árabes. La medida salió a medias, porque esos partidos se unieron en la Lista Conjunta y en 2015 fueron la tercera fuerza. En 2018 llegó la Ley del Estado-nación, que reserva el derecho a la autodeterminación al pueblo judío, rebaja el árabe de idioma oficial a lengua con «estatus especial» y declara el asentamiento judío un valor nacional. En setenta y ocho años, un partido árabe formó parte de un gobierno una sola vez: Ra’am, con la coalición de Bennett y Lapid en 2021, que duró apenas un año. Itzhak Rabin aprobó Oslo con apoyo árabe desde fuera, pero nunca dentro del gobierno.

La aritmética de la investidura lo vuelve explícito. Según el análisis de La Base, ni Netanyahu con 56 diputados ni Eisenkot con 48 pueden asegurarse el voto de confianza, porque la investidura exige más votos a favor que en contra, y los bloques sionistas rivales se cancelan entre sí. Eisenkot necesitaría no solo la abstención, sino el voto favorable de la Lista Conjunta, lo cual choca con sus promesas de no depender de ella. Cuando los políticos israelíes hablan de una «mayoría sionista», no están describiendo un deseo. Están describiendo cómo funciona el sistema.

La pregunta se impone: ¿qué clase de democracia es aquella en que una quinta parte de la ciudadanía puede votar, puede incluso decidir la mayoría, y a la vez su participación en el gobierno se considera ilegítima de antemano? Como se señaló en el debate del programa, pedirle el voto a un palestino es un «escándalo nacional» en Israel, mientras que bombardear Gaza se ha convertido en un consenso. Esa asimetría es el verdadero termómetro de la democracia israelí.

El «moderado» y el espejismo de la alternancia

Buena parte de la prensa occidental presentó estas elecciones como un ejercicio de normalidad democrática y a Gadi Eisenkot como la esperanza de devolver a Israel a la cordura. El perfil insiste en su discreción, su honestidad y la tragedia personal de haber perdido un hijo en la guerra. Lo que suele quedar al final, como dato circunstancial, es que él también rechaza un Estado palestino y respalda las campañas militares en Gaza, el Líbano e Irán.

La Base repasó el historial del exjefe del Estado Mayor. En 2008, al frente del mando norte, formuló la llamada doctrina Dahiya, que justifica la destrucción deliberada de barrios civiles como método de disuasión, aplicada primero en un distrito de Beirut. Entre octubre de 2023 y junio de 2024 formó parte del gabinete de guerra de Netanyahu, es decir, durante los primeros ocho meses de la ofensiva sobre Gaza. Su crítica a Netanyahu es de gestión: los rehenes, la comisión de investigación sobre el 7 de octubre, el servicio militar de los ultraortodoxos. No cuestiona la lógica de la ocupación.

No es una excepción dentro de su bloque. Naftali Bennett presidió el Consejo Yesha, la organización de los colonos, y sigue rechazando un Estado palestino. Liberman rompió con Netanyahu para exigir más mano dura en Gaza, no menos. El periodista Mehdi Hasan, en una columna citada por el programa, recordó además declaraciones de otros supuestos moderados: Benny Gantz, que presumió de haber devuelto partes de Gaza a «la edad de piedra», y Yair Golán, el «izquierdista» de la prensa occidental, que habría justificado impedir la entrada de ayuda humanitaria. Solo los Demócratas, con ocho escaños, defienden dos Estados y la derogación de la Ley del Estado-nación, y son la cuarta fuerza dentro del propio bloque opositor.

La advertencia de Hasan es la más inquietante: el peligro de Eisenkot es que sea un villano que proyecta moderación y por ello neutralice buena parte de las críticas liberales a Israel, mientras el ejército y los colonos continúan las mismas políticas de expansión y destrucción. En ese sentido, la alternancia puede cumplir una función de legitimación. Un genocida con rostro amable, o dicho con menos retórica, el mismo proyecto con mejor prensa, es funcional a un orden que necesita seguir pareciendo democrático ante el mundo. Es lo que el pensamiento gramsciano llamaría el trabajo de consenso de un bloque dominante que se renueva sin cambiar su naturaleza.

Esto no significa que las diferencias sean irrelevantes. Importan para el Poder Judicial, para el peso de los ultraortodoxos y de la extrema derecha, para la política militar y para las condiciones concretas de vida de los palestinos. Pero son diferencias dentro de un mismo marco. La oposición a un Estado palestino independiente y soberano ya no es patrimonio de Netanyahu, Smotrich o Ben-Gvir: está extendida en casi todo el espectro político judío israelí. Durante la campaña, fueron las fuerzas palestinas las que defendieron de manera explícita el fin de la ocupación y la autodeterminación.

Gaza: alivio inmediato, continuidad política

La salida de Netanyahu podría facilitar decisiones enormes para la población gazatí: más ayuda humanitaria, reconstrucción, apertura de pasos, reducción de las operaciones militares, retirada parcial de tropas o nuevos mecanismos de administración. Nada de eso debe minimizarse. Para una población devastada por la guerra, el desplazamiento y el hambre, una reducción efectiva de la violencia significa vidas salvadas. Debe decirse también, sin embargo, que la violencia no se ha detenido bajo el actual alto el fuego: La Base informó de un ataque en Jan Yunis, con varios muertos, horas antes de la votación, y de ataques de artillería continuos en el sur del Líbano, donde el número de víctimas en 2026 superaría las 4.400 personas, según la corresponsal Irene Zugasti. Son afirmaciones del programa que conviene contrastar, pero describen el escenario en que se vota.

Hay que distinguir entre cambio humanitario y cambio político. Puede mejorar sustancialmente la vida inmediata en Gaza sin que Israel reconozca el derecho palestino a decidir su futuro. Puede bajar la intensidad militar sin que termine la ocupación, y puede comenzar la reconstrucción sin reconocerse la soberanía. Un gobierno israelí menos extremo puede hacer una diferencia real en la vida cotidiana y dejar intacta la estructura que produce la subordinación. Tampoco debe olvidarse que las elecciones se celebraron un día después de que una comisión de la ONU concluyera, según recordó La Base, que Israel sigue cometiendo genocidio en Gaza. Ninguna de las fuerzas con opción real de gobernar convirtió ese hecho en eje de la campaña.

Cisjordania: el termómetro verdadero

Si hay un lugar donde medir un cambio de rumbo es Cisjordania. La expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras, la violencia de los colonos, la fragmentación territorial y los avances hacia distintas formas de anexión son tan profundos que ya no pueden leerse como excesos de unos pocos ministros. Según el programa, la base de Sionismo Religioso son los colonos mesiánicos de Cisjordania, y su plataforma incluye anexar los asentamientos. Smotrich ha reivindicado, incluso tras las elecciones, la «revolución» de los asentamientos.

Una eventual salida de Smotrich y Ben-Gvir del gobierno sería significativa. Podría reducir la velocidad de ciertos proyectos de anexión, limitar el respaldo institucional a los colonos más radicales y aliviar algunos mecanismos de presión sobre la población palestina. Pero la prueba será otra: ¿se detendrá la colonización?, ¿se devolverán las tierras confiscadas?, ¿se reconocerá la continuidad territorial palestina?, ¿se aceptará, por fin, un Estado soberano? Si las respuestas siguen siendo negativas, habrá cambiado el gobierno, pero no el rumbo.

Jerusalén Este: democracia para unos, decisiones para otros

Jerusalén Este muestra la contradicción con crudeza. Cientos de miles de palestinos residentes allí no participaron en estas elecciones, aunque las decisiones del próximo gobierno afectarán sus viviendas, sus permisos de residencia, la planificación urbana, las demoliciones y su futuro político. Israel elige, mediante elecciones, un gobierno que ejerce un poder enorme sobre una población que no participa, en igualdad de condiciones, en esa elección.

Se puede discutir sobre la independencia judicial, la corrupción de Netanyahu, el servicio militar de los ultraortodoxos o el carácter secular del Estado. Son conflictos reales, y fueron los que ocuparon la campaña. Pero hay un problema democrático anterior que quedó fuera de la discusión: millones de personas viven bajo decisiones fundamentales del Estado israelí sin disponer de los mismos derechos políticos que quienes toman esas decisiones. La lectura colonial que propone Lobato adquiere aquí todo su sentido. Las elecciones pueden expresar conflictos profundos dentro de la sociedad dominante sin que se someta a votación la relación de dominación.

Lo que dicen quienes viven bajo ese régimen

Desde el sur del Líbano, Irene Zugasti recogió el pulso de las organizaciones palestinas, entre ellas el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Su lectura es que el resultado despierta poco interés: votar entre «un genocida en general y un general genocida» no cambia sustancialmente el panorama. Valoran la movilización masiva del electorado palestino dentro de Israel, un electorado deshumanizado y señalado, que hoy debe oír en la televisión pública que se discute su eliminación política, pero consideran que ello no modifica la estructura de opresión. Para ellos, el fin de la ocupación no vendrá de una fractura interna del régimen, sino de la pérdida de legitimidad internacional, la solidaridad y el trabajo de la resistencia.

Es una advertencia que debería escucharse con atención, en especial en el momento en que la política europea celebra una eventual caída de Netanyahu. En campos de refugiados donde unas 100.000 personas viven en dos kilómetros cuadrados, con un solo hospital y sin derecho a poseer propiedad, la discusión sobre quién será primer ministro se vuelve secundaria frente a una pregunta mucho más antigua: cuándo, cómo y quién articulará el derecho al retorno.

Tres escenarios, un mismo dilema

Un nuevo gobierno de Netanyahu, otra vez aliado con la extrema derecha, significaría probablemente la continuidad, e incluso la profundización, de la colonización de Cisjordania, de la anexión de facto y de la presión sobre Gaza.

Un gobierno opositor sostenido directa o indirectamente por los partidos palestinos podría traer cambios concretos: reducir el poder de Smotrich y Ben-Gvir, frenar ciertos proyectos de anexión y adoptar otra política hacia Gaza. Serían cambios importantes, pero distan de ser el reconocimiento de un Estado soberano. Y habría que ver cuánto está dispuesta a ceder una Lista Conjunta que, según La Base, condiciona su apoyo al fin del genocidio en Gaza, o un Ra’am que ya aceptó reconocer a Israel como Estado judío y democrático.

Si ninguno de los bloques acepta depender de los representantes palestinos, Israel entraría en un nuevo período de bloqueo y, eventualmente, de elecciones repetidas, como ya ocurrió entre 2019 y 2022. Sería la señal más clara de que, para amplios sectores del sistema político, es preferible la parálisis a compartir el poder con los palestinos.

Cambiar el conductor o cambiar el rumbo

Sería erróneo afirmar que Netanyahu, Eisenkot, Bennett, Smotrich y Ben-Gvir representan exactamente lo mismo. Sus diferencias pueden traducirse en menos violencia, más ayuda humanitaria o menor expansión de ciertos asentamientos, y para quien vive bajo las bombas, pierde su tierra o teme la demolición de su casa, esas diferencias no son insignificantes. Pero tampoco debe confundirse el alivio con la justicia.

La cuestión de fondo permanece intacta: ocupación, colonización, desigualdad de derechos y negación de la autodeterminación palestina. Estas elecciones decidirán quién maneja el timón israelí en los próximos años; lo que no se votó, y que ninguna de las alternativas con posibilidades reales de gobierno parece dispuesta a someter a votación, es el rumbo. Hasta que esa pregunta tenga respuesta, cualquier cambio de gobierno israelí debe juzgarse menos por el nombre de quien ocupe la oficina del primer ministro que por hechos concretos: el fin de la ofensiva contra Gaza, la reconstrucción y el retorno de su población, la paralización y reversión de los asentamientos, el fin de la ocupación, la igualdad de derechos y el reconocimiento efectivo del derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro.

Lula y la batalla digital: cómo la izquierda conquistó las redes y logró una remontada histórica en Brasil

Escrito en . Publicado en Elecciones, Portada.

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil no solo representó el regreso de la izquierda al gobierno de la principal economía latinoamericana. También marcó un punto de inflexión en la disputa política contemporánea: por primera vez, un proyecto progresista logró revertir una derrota electoral apoyándose en una estrategia digital capaz de competir con la hegemonía que la derecha había construido durante años en las redes sociales.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

La remontada de Lula sorprendió incluso a muchos de sus propios partidarios. Tras la primera vuelta, el escenario parecía favorable al bolsonarismo. La ventaja obtenida por la extrema derecha alimentó la percepción de que la izquierda volvía a enfrentarse a una derrota en el terreno donde más dificultades había mostrado durante la última década: el ecosistema digital.

Sin embargo, tres semanas después, Lula no solo logró revertir el resultado, sino que se convirtió en el primer candidato desde el retorno de la democracia brasileña capaz de perder una primera vuelta y terminar ganando la presidencia.

La elección de las plataformas digitales

El proceso electoral dejó una conclusión que muchos analistas consideran ineludible: la disputa política ya no se libra únicamente en los territorios, los partidos o los medios tradicionales. Las plataformas digitales se han convertido en el principal campo de batalla.

La campaña estuvo marcada por una intensa circulación de contenidos, operaciones de influencia y una creciente preocupación por la capacidad de las redes sociales para intervenir en los procesos democráticos.

Desde el entorno de Lula surgió incluso la idea de que será necesario avanzar hacia una regulación de estas plataformas para limitar la capacidad de actores externos de influir en las decisiones electorales mediante algoritmos, campañas coordinadas y la difusión masiva de desinformación.

André Janones y el “ejército virtual” de Lula

Uno de los nombres más citados tras la victoria fue el del diputado André Janones, convertido para muchos observadores en el arquitecto de la ofensiva digital que terminó inclinando la balanza electoral.

El llamado “ejército virtual de Lula” nació pocos días después de la primera vuelta. Organizado principalmente a través de WhatsApp, reunió a millones de seguidores y funcionó como una red de distribución de contenidos destinada a responder rápidamente a los mensajes de la derecha, posicionar tendencias, amplificar mensajes favorables a Lula y combatir informaciones falsas.

La tesis de Janones era sencilla: mientras la izquierda dedicaba esfuerzos a construir argumentos elaborados, la derecha dominaba la atención pública mediante formatos breves, emocionales y altamente adaptados a la lógica de las plataformas.

Según esta visión, la batalla política digital no consiste únicamente en convencer, sino primero en captar la atención. Solo quien logra ocupar el espacio mental de millones de personas puede aspirar después a persuadirlas.

Del discurso largo al lenguaje de las redes

Durante años, gran parte del progresismo latinoamericano reaccionó a las campañas digitales de la derecha mediante explicaciones extensas, análisis detallados y respuestas defensivas.

Janones sostuvo que ese enfoque resultaba insuficiente en un entorno gobernado por vídeos cortos, titulares impactantes y mensajes diseñados para provocar reacciones inmediatas.

La estrategia consistió entonces en abandonar la actitud defensiva y disputar cada espacio digital utilizando las mismas herramientas comunicativas que habían permitido a la derecha consolidar su influencia.

El objetivo era trasladar al mundo digital la capacidad comunicativa que Lula mantenía en el contacto directo con la ciudadanía.

Una remontada construida en las urnas

La comunicación digital fue importante, pero no explica por sí sola el resultado electoral.

La remontada se sustentó también en una extraordinaria movilización territorial y electoral.

En la primera vuelta, Bolsonaro había obtenido alrededor del 47% de los votos frente al 45% de Lula. La diferencia superaba los dos millones de sufragios. Sin embargo, en la segunda vuelta el líder del Partido de los Trabajadores consiguió una ventaja superior a los cuatro millones.

El cambio se explicó por tres factores fundamentales: la reducción de las ventajas bolsonaristas en grandes estados como São Paulo; el vuelco electoral en Minas Gerais, considerado tradicionalmente un estado clave para definir la presidencia; y la ampliación de la ventaja de Lula en el nordeste brasileño, su principal bastión electoral.

A ello se sumó un aumento significativo de la participación. Millones de ciudadanos que no habían acudido a votar en la primera vuelta participaron en la segunda, favoreciendo especialmente a Lula.

La combinación de movilización y comunicación

Las imágenes de las últimas semanas de campaña muestran una intensa movilización popular en calles, plazas y actos públicos.

La campaña petista no se limitó a convencer nuevos votantes. También logró reactivar a sectores de su propia base social que habían permanecido desmovilizados durante la primera vuelta.

La combinación entre organización territorial y ofensiva digital terminó generando una sinergia decisiva. Las redes ayudaban a difundir los mensajes, pero la presencia física en los barrios y ciudades transformó esos mensajes en participación electoral efectiva.

La reacción de la derecha mediática

Tras conocerse los resultados, sectores de la derecha política y mediática comenzaron a cuestionar la legitimidad del proceso electoral.

Diversos medios y figuras asociadas al bolsonarismo difundieron sospechas sobre un supuesto fraude, centrando sus críticas en la decisión de ampliar durante dos horas el horario de votación en algunas zonas afectadas por problemas logísticos y climáticos.

Sin embargo, los datos disponibles mostraron que la medida había sido solicitada por distintos actores políticos y avalada por las autoridades electorales competentes.

La narrativa del fraude recordó a episodios recientes en distintos países donde sectores de la extrema derecha reaccionaron ante derrotas electorales cuestionando las instituciones democráticas sin aportar pruebas concluyentes.

Paralelamente, surgieron advertencias sobre un supuesto colapso económico, la reacción negativa de los mercados y la incertidumbre política que generaría el regreso de Lula al poder.

Brasil y el equilibrio político latinoamericano

La importancia de la elección brasileña trasciende las fronteras nacionales. Brasil representa cerca de un tercio del producto interno bruto de América Latina y es el principal socio comercial de varios países de la región. Cualquier cambio en su orientación política repercute sobre las dinámicas económicas, diplomáticas y geopolíticas del continente.

La victoria de Lula fortalece una visión de política exterior orientada a la integración regional, la cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento de espacios multilaterales como los BRICS y el Mercosur.

Su proyecto contrasta con las posiciones defendidas por el bolsonarismo, más alineadas con Washington y con una menor apuesta por los mecanismos de integración latinoamericana.

Una victoria con desafíos enormes

La victoria de Lula abre una nueva etapa política, pero también plantea desafíos considerables. El nuevo gobierno deberá convivir con un Congreso fragmentado y en muchos casos hostil, con importantes gobiernos estatales controlados por el bolsonarismo y con una sociedad profundamente polarizada.

Además, la disputa digital que marcó la campaña electoral está lejos de haber terminado. Las redes sociales seguirán siendo un espacio central de confrontación política, cultural e ideológica.

Lo ocurrido en Brasil deja una enseñanza para toda América Latina: la comunicación digital se ha convertido en un factor estratégico de primer orden. La victoria de Lula demuestra que la izquierda puede competir en ese terreno, pero también evidencia que las campañas del siglo XXI ya no se ganan únicamente con programas, estructuras partidarias o liderazgo político. Hoy también se deciden en algoritmos, plataformas y pantallas.

La elección brasileña de 2026 será recordada, probablemente, como la primera gran demostración de que una estrategia progresista bien articulada pudo disputar con éxito la hegemonía digital de la derecha y convertir esa batalla por la atención en una victoria electoral histórica.

Fuente: pódcast La Base (7×30), ‘Lula: remontada’, 26 de octubre de 2026”.

Israel puede cambiar de gobierno. ¿Qué cambia para el pueblo palestino?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre podrían poner fin a la larga era política de Benjamin Netanyahu. Pero, independientemente de quién gane, las expectativas palestinas de un cambio sustancial son muy limitadas, porque el problema no es quién gobierna Israel, sino el desplazamiento de todo su sistema político respecto de la cuestión palestina.

Juan Carlos Cruz Barrientos para SURCOS

Israel celebrará elecciones generales el próximo 27 de octubre. Buena parte de la atención internacional está concentrada en la posibilidad de que Benjamin Netanyahu pierda el poder después de haber dominado la política israelí durante buena parte de las últimas tres décadas.

Para los palestinos, sin embargo, se trata de qué pueden esperar de un cambio de gobierno en cuanto al rumbo en la política israelí hacia Palestina. Las reacciones provenientes del campo palestino están marcadas por el escepticismo y la prudencia. No porque las elecciones sean irrelevantes, sino porque existe la percepción de que las principales fuerzas políticas israelíes comparten posiciones fundamentales sobre seguridad, asentamientos y rechazo a la creación de un Estado palestino independiente.

En otras palabras, Netanyahu puede perder sin que desaparezca el consenso político que se ha construido alrededor de la cuestión palestina. Las diferencias entre Netanyahu y sus principales adversarios son importantes en asuntos como la democracia israelí, la relación entre religión y Estado, el servicio militar de los sectores ultraortodoxos, la corrupción y el funcionamiento de las instituciones, pero esas diferencias se reducen considerablemente cuando se habla de Palestina.

Reuters señalaba el 22 de octubre que tanto Netanyahu como su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, se oponen actualmente a la creación de un Estado palestino independiente. Ambos defienden además que Israel conserve el control último de seguridad sobre el territorio situado entre el río Jordán y el Mediterráneo.

La coincidencia no termina allí. Naftali Bennett, otro de los dirigentes importantes de la oposición, también rechaza un Estado palestino y la evacuación de los asentamientos. De esta manera, aunque los adversarios de Netanyahu prometen un nuevo comienzo para Israel, en asuntos centrales de seguridad y territorio comparten posiciones que limitan las expectativas palestinas de un cambio fundamental.

Esta percepción explica buena parte del escepticismo expresado por dirigentes y analistas palestinos durante la campaña: si cambia el gobierno pero permanecen las premisas fundamentales de la política hacia Palestina, el cambio electoral puede ser importante para Israel sin ser decisivo para los palestinos.

La paz ha desaparecido del centro de la campaña

Quizá uno de los datos más reveladores de estas elecciones sea precisamente aquello de lo que casi no se habla. Durante los años noventa, el conflicto palestino-israelí y la posibilidad de alcanzar la paz dividían profundamente a la sociedad israelí. Tres décadas después, la situación es muy diferente.

Un análisis publicado por The Jerusalem Post señala que la paz está prácticamente ausente de la campaña electoral de 2026. Pocos candidatos ofrecen una visión sobre las futuras relaciones con los palestinos y mucho menos un camino para resolver políticamente el conflicto. Según datos del Peace Index de la Universidad de Tel Aviv citados por ese medio, apenas un 29% de la población judía israelí apoyaba en julio alguna forma de negociación con la Autoridad Palestina. El dato resulta significativo porque permite comprender que el problema no puede atribuirse exclusivamente a Netanyahu.

La derecha israelí no solamente ha ganado elecciones. Durante las últimas décadas consiguió desplazar hacia la derecha una parte considerable del sentido común político del país. Posiciones que hace treinta años pertenecían fundamentalmente a la derecha nacionalista —el rechazo de un Estado palestino, la expansión de los asentamientos y el mantenimiento indefinido del control militar sobre los territorios ocupados— han penetrado progresivamente en el centro político.

Un examen reciente de las votaciones de la Knesset muestra que, en varias decisiones relacionadas con Palestina, partidos de oposición han coincidido con la derecha gobernante en asuntos como el rechazo de la estatalidad palestina y medidas contra la UNRWA. Por eso Netanyahu podría perder las elecciones y, sin embargo, sobrevivirle buena parte del paradigma político que contribuyó a consolidar.

Los palestinos saben que los matices existen

Pero sería un error concluir que para los palestinos «da lo mismo» quién gane. Las diferencias entre un gobierno y otro pueden tener consecuencias concretas y, en determinados casos, decisivas para la vida cotidiana.

Un gobierno menos dependiente de la extrema derecha podría contener la expansión de determinados asentamientos, reducir la tolerancia hacia la violencia de los colonos y abrir algunos espacios políticos hoy cerrados. Para una comunidad palestina amenazada por la confiscación de sus tierras, para una familia expuesta a la violencia de los colonos o para quienes intentan permanecer en sus viviendas, esas diferencias no son menores.

La socióloga palestina Areej Sabbagh-Khoury plantea precisamente esta distinción: las elecciones difícilmente transformarán por sí mismas la naturaleza fundamental del sistema, pero los diferentes gobiernos sí pueden modificar las condiciones en las que los palestinos viven, se organizan, protestan, defienden sus instituciones y permanecen en su tierra. Por eso el escepticismo palestino no debe confundirse con indiferencia. Una elección puede no producir emancipación y, sin embargo, ampliar o reducir las posibilidades de resistencia.

Gaza: la seguridad israelí sigue ocupando el centro, mientras sigue el genocidio

Las diferencias entre los principales candidatos se estrechan todavía más cuando se observa Gaza. Netanyahu y Eisenkot coinciden en que las fuerzas israelíes no deben retirarse completamente mientras Hamás no sea desarmado y ambos contemplan recurrir nuevamente a la fuerza militar para conseguirlo.

Eisenkot propone que Hamás deje de gobernar Gaza en un plazo de 18 meses, ya sea mediante el marco impulsado por Estados Unidos o mediante acciones militares. Así, la discusión electoral se concentra fundamentalmente en cómo garantizar la seguridad israelí y quién puede hacerlo mejor, mientras ocupa un lugar mucho menor la cuestión del derecho del pueblo palestino a decidir soberanamente su propio futuro. Esta es una de las principales limitaciones de las elecciones vistas desde Palestina.

Más allá de Netanyahu

Durante demasiado tiempo la política israelí hacia Palestina se ha explicado fundamentalmente a partir de la personalidad de Netanyahu y de su alianza con la extrema derecha. Esa explicación ya resulta insuficiente.

Netanyahu ha sido una figura decisiva en la derechización de Israel, pero las posiciones que representa han penetrado mucho más profundamente en la sociedad y en el sistema político.

Por eso la permanencia de Netanyahu no es la preocupación palestina. La cuestión fundamental es si alguna de las fuerzas con posibilidades reales de gobernar está dispuesta a modificar las condiciones estructurales que han hecho posible la ocupación, la expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial palestina.

Hasta ahora, la respuesta parece ser negativa. La posibilidad de terminar con la ocupación, desmontar los asentamientos y reconocer plenamente el derecho palestino a la autodeterminación prácticamente ha desaparecido del horizonte inmediato de las principales fuerzas con posibilidades de gobernar.

¿Qué cambia entonces para Palestina? Puede cambiar mucho en el terreno concreto y muy poco en el terreno estructural. Puede cambiar el primer ministro. Puede desaparecer del gobierno la extrema derecha más radical. Puede disminuir la tolerancia hacia la violencia de los colonos. Pueden abrirse espacios políticos hoy cerrados. Pueden modificarse las condiciones de vida y de resistencia de miles de palestinos.

Todo eso importa, pero mientras permanezcan la ocupación, la expansión territorial de los asentamientos, la fragmentación de Cisjordania, los ataques cotidianos contra Gaza y la negativa a reconocer efectivamente el derecho palestino a la autodeterminación, la cuestión fundamental seguirá sin resolverse y por eso el escepticismo que llega desde Palestina está más que fundamentado.

Las elecciones del 27 de octubre pueden ser históricas para Israel y producir una modificación importante en su vida política. Pero para el pueblo palestino la pregunta decisiva no es simplemente quién gana las elecciones, sino qué proyecto político está dispuesto a reconocerlo como sujeto de derechos, como pueblo y como protagonista de su propio futuro.

El verdadero cambio para Palestina comenzaría cuando la autodeterminación palestina dejara de ser una cuestión marginal o una concesión negociable y pasara a constituir un principio fundamental de cualquier proyecto político para el futuro de la región.

Imagen: Un niño palestino y un soldado israelí frente al muro israelí en Cisjordania. Foto de Justin McIntosh / Wikimedia Commons.

Las afirmaciones y datos utilizados en este artículo se sustentan en las siguientes fuentes periodísticas, académicas y de investigación:

Referencias:

* Obeid, Lina, & Uriel-Beeri, Tamar. (22 de octubre de 2026). How would a Netanyahu election loss change Israel’s policies toward the Palestinians? Reuters.

* Eglash, Ruth. (22 de octubre de 2026). The Palestinian issue once defined Israeli elections. Now no one’s talking about it. Jewish Telegraphic Agency (JTA). Reproducido por The Jerusalem Post.

* Rosler, Nimrod, & Yakter, Alon. (julio de 2026). Peace Index July 2026. Tel Aviv University, The Peace Index Project.

* Sabbagh-Khoury, Areej. (12 de agosto de 2026). Amid genocide, Palestinian participation in Israel’s elections must be reimagined. +972 Magazine.

* Graham-Harrison, Emma. (18 de octubre de 2026). There’s a lot of racism, a lot of hatred: Far right gains predicted as Israel heads to the polls. The Guardian.

Francia: lo que se oculta detrás de las protestas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

Reducir las movilizaciones francesas a incendios, saqueos y enfrentamientos con la policía oculta sus causas sociales. En Costa Rica, esa imagen parcial está siendo utilizada para desacreditar la protesta y presentarla como una amenaza al orden público. Las protestas que sacuden Francia llegaron de pronto al debate político costarricense, no para intentar comprenderlas, sino para convertirlas en advertencia.

La diputada oficialista Kattia Calvo acusó a Ariel Robles, exdiputado del Frente Amplio, de promover la “sedición” por llamar al estudiantado costarricense a seguir el ejemplo de las movilizaciones en Francia y España. Calvo recordó los saqueos, incendios y actos de violencia ocurridos en Francia y responsabilizó anticipadamente a Robles por eventuales hechos vandálicos que pudieran producirse en una manifestación estudiantil en nuestro país.

Es cierto que en las movilizaciones francesas se han producido hechos de violencia. Negarlo no ayudaría a comprender lo que está ocurriendo. Pero tampoco se comprende una protesta social seleccionando las imágenes más espectaculares y suprimiendo todo lo que ocurrió antes de ellas.

¿Por qué protesta el estudiantado francés?

Un seguimiento más o menos regular de la prensa crítica europea permite reconstruir un panorama más completo de lo que está ocurriendo. Las movilizaciones comenzaron a finales de septiembre en institutos franceses y rápidamente se extendieron. Las y los estudiantes denunciaban falta de docentes y personal sustituto, aulas saturadas, deterioro de los edificios, carencia de personal de apoyo y reducción de recursos, problemas particularmente graves en centros situados en los barrios populares.

Algunos testimonios hablan de goteras, servicios sanitarios en malas condiciones y hasta presencia de ratas, ausencia de ventilación en el verano y de calefacción en el invierno. Es decir, los estudiantes no salieron inicialmente a las calles para enfrentarse con la policía. Salieron a reclamar mejores condiciones para estudiar. Pero el problema no termina en las aulas.

El economista y profesor Sebastián Irigoyen, en un análisis publicado por Diario Red, vincula el deterioro de la educación pública con una discusión mucho mayor: las políticas de austeridad y la manera en que se distribuye el costo del ajuste fiscal.

Mientras el Gobierno francés invoca el endeudamiento público para justificar restricciones presupuestarias, crece el cuestionamiento a las políticas fiscales que durante años han favorecido a los sectores de mayores ingresos. De manera que detrás de la protesta estudiantil está la pregunta: ¿quién termina pagando el ajuste?

Cuando el malestar se extiende

Las protestas estudiantiles comenzaron a encontrarse con otras demandas por parte de trabajadores, sindicatos, agricultores, activistas y otros sectores que se movilizaron contra el aumento del costo de la vida, por mejores salarios y en defensa de los servicios públicos y lo que inicialmente parecía un conflicto educativo empezó a mostrar un malestar social mucho más amplio.

A ello se sumó la actuación policial. Las intervenciones contra bloqueos y manifestaciones, las detenciones y las denuncias de agresiones contra menores introdujeron otro elemento en el conflicto. Amnistía Internacional expresó preocupación por la seguridad de los jóvenes participantes y reclamó a las autoridades francesas que garantizaran el derecho a manifestarse.

Y entre medio se han sucedido actos de violencia que si bien son condenables, para nada pueden usarse para restarle legitimidad a las causas que han llevado a la movilización.

Una imagen útil para el poder

Si de todo lo ocurrido en Francia se seleccionan únicamente automóviles incendiados, enfrentamientos y escaparates destruidos, se obtiene una imagen muy eficaz: la protesta aparece asociada al caos. Aquí es donde el episodio francés adquiere interés para Costa Rica.

Y si esa imagen se traslada al debate costarricense, el siguiente paso resulta sencillo. Quien convoca a protestar estaría convocando al desorden; quien llama a los estudiantes a movilizarse podría estar promoviendo la violencia. Así llegamos a una palabra mucho más grave: sedición.

La operación política consiste en desplazar la discusión. Ya no hablamos de las razones por las cuales determinados sectores podrían querer manifestarse. Hablamos del peligro que representarían quienes los convocan. La secuencia es conocida: protesta, desorden, violencia, amenaza al país y en algún momento de ese recorrido desaparece el derecho a protestar.

La democracia también ocurre en la calle

Conviene recordar algo elemental. En una democracia el conflicto social no constituye una anomalía. Las elecciones son fundamentales, pero la democracia no termina cuando se cierran las urnas. Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, universidades, asociaciones comunales y ciudadanos tienen derecho a organizarse, reclamar y manifestarse contra decisiones que consideran injustas. Eso también es democracia.

Por eso resulta preocupante que desde el Partido Pueblo Soberano y su enjambre de medios afines, troles e influencers, se instale una narrativa en la que cuestionar al Gobierno se aproxima cada vez más al desorden, convocar a una manifestación puede convertirse en instigación y llamar a protestar termina asociado con la sedición.

Francia merece ser observada con mayor cuidado.

Sus protestas no demuestran que toda movilización social conduce al vandalismo. Muestran algo bastante distinto: los conflictos que no encuentran respuesta política no desaparecen por decreto. Se acumulan.

Primero faltan profesores. Después se deterioran los centros educativos. Se encarece la vida, aumenta la precariedad y se debilitan los servicios públicos. Hasta que personas que parecían vivir problemas separados descubren que existe algo común entre ellos. Entonces la juventud estudiantil de toda Francia sale a la calle.

Y una democracia debería preocuparse no solamente por el desorden que eventualmente ocurre durante una protesta, sino por los problemas estructurales que padece la sociedad francesa desde hace varios años y que han dado lugar a grandes protestas sociales, por ejemplo: la Ley del Trabajo (2016); el movimiento de los Chalecos Amarillos (2018-2019), así como las revueltas de las periferias (2023).

Entre todas ellas hay un hilo conductor: la resistencia a las consecuencias sociales de las políticas de austeridad y liberalización, la defensa de los servicios públicos y del Estado social, la percepción de desigualdad y abandono de determinados territorios y sectores sociales y, progresivamente, el cuestionamiento de un sistema presidencial considerado excesivamente vertical.

De manera que Francia no estaría simplemente atravesando una nueva protesta estudiantil; estaría entrando en una nueva fase de un ciclo de conflictividad social iniciado hace aproximadamente una década. Lo novedoso de 2026 es que una generación que era niña cuando surgieron los Chalecos Amarillos está entrando directamente en escena política. Además, la crisis fiscal actual —con una deuda cercana al 119 % del PIB y un proyecto presupuestario que contempla fuertes ajustes— reduce considerablemente el margen del Estado para responder mediante mayor gasto, como ocurrió ante crisis sociales anteriores.

Fuentes consultadas

Diario Red:

  • Sebastián Irigoyen, “La disputa educativa en Francia: ultra ricos blindados, estudiantes precarizados”, 8 de octubre de 2026.

  • “Los jóvenes del mundo se levantan”, 9 de octubre de 2026.

  • Chloe Arús, “Manifestaciones en Francia: Amnistía Internacional denuncia la inseguridad de los menores frente a la violencia policial”, 9 de octubre de 2026.

  • Benjamín Gutiérrez, “Obreros y estudiantes unidos, ¡adelante!”, 4 de octubre de 2026.

  • “Más de 500.000 personas se manifiestan en toda Francia contra el Gobierno, las subidas de los precios y el deterioro de los servicios públicos”, 19 de octubre de 2026.

El Mundo CR, “Kattia Calvo acusa a Ariel Robles de sedición por llamar a seguir el ejemplo de las protestas en España y Francia”, octubre de 2026.

Imagen: Manifestación de estudiantes en Toulouse, 14-10-2026 (foto de Mathieu Pinard Baillet / Le Pictor / DPA).

El Hondurasgate y la transformación de la presencia israelí en Centroamérica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos
Comunicador social

En el programa La Base del 27 de julio último, el equipo de redacción analiza la nueva publicación exclusiva de audios del Hondurasgate, los cuales fueron sometidos a una auditoría forense independiente que revelan la penetración de Israel en América Latina con armas de espionaje, control y guerra sucia digital. En el programa interviene la periodista Valeria Duarte de Canal Red América Latina, quien participó en la investigación y que complementa investigaciones desarrolladas por organizaciones como Citizen Lab, Forbidden Stories, Artículo 19, Project Torogoz, Revista Raya y Señal Colombia.

Se trata de una nueva entrega de audios de la plataforma Honduras Gate que Diario Red América Latina y el medio de Estados Unidos Dropside que han vuelto a colocar sobre la mesa un tema que América Latina ha discutido de manera fragmentaria durante las últimas décadas: el papel desempeñado por Israel en la región y la transformación de los instrumentos mediante los cuales ejerce su influencia. El reciente programa La Base, titulado Espionaje israelí en América Latina, ofrece una oportunidad para abordar esa discusión desde una perspectiva histórica más amplia, evitando tanto las simplificaciones como las explicaciones conspirativas.

Para comprender el alcance de estas revelaciones es necesario retroceder varias décadas. La relación entre Israel y Centroamérica no comenzaron con Pegasus, la inteligencia artificial o las campañas digitales. Durante los años más intensos de la Guerra Fría, Israel desempeñó un papel relevante en la estrategia de seguridad de varios gobiernos centroamericanos, particularmente en Guatemala, El Salvador y Honduras. En un contexto marcado por la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el Estado israelí suministró armamento, entrenamiento militar, asesoría en inteligencia y tecnología de defensa a gobiernos que enfrentaban movimientos guerrilleros.

Diversos historiadores y especialistas en relaciones internacionales han documentado que esa cooperación adquirió especial importancia cuando la política exterior estadounidense encontró restricciones impuestas por el Congreso para continuar proporcionando asistencia militar directa a determinados gobiernos acusados de violaciones a los derechos humanos. En ese escenario, Israel se convirtió en un proveedor estratégico de armas, capacitación y asistencia técnica, actuando en numerosos casos dentro de una convergencia geopolítica con Washington, cuyo objetivo consistía en impedir el avance de organizaciones insurgentes en la región.

Aquella etapa dejó una huella profunda en la historia centroamericana. Sin embargo, el fin de los conflictos armados no significó el retiro de Israel. Lo que cambió fueron los instrumentos de su presencia.

Durante las décadas siguientes, la cooperación comenzó a orientarse hacia ámbitos como la agricultura de precisión, la gestión del agua, la salud pública, la innovación tecnológica, la investigación científica y la formación de recursos humanos. Paralelamente, crecieron las inversiones privadas, la participación de empresas israelíes en proyectos de infraestructura tecnológica, telecomunicaciones, ciberseguridad, software, energías renovables y transformación digital. La presencia israelí dejó de estar asociada casi exclusivamente al ámbito militar para convertirse en un fenómeno mucho más amplio, donde convergen diplomacia, cooperación técnica, inversión privada, innovación, redes académicas y relaciones empresariales.

Precisamente esa transformación constituye uno de los aspectos más interesantes del análisis presentado por La Base. El programa sostiene que el Hondurasgate no debería interpretarse únicamente como un posible caso de espionaje político, sino como una manifestación de un cambio más profundo en las formas del poder internacional.

Los ejemplos que presenta son reveladores. En México, investigaciones de Citizen Lab y Artículo 19 documentaron el uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para intervenir teléfonos de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En Colombia, investigaciones de Revista Raya y Señal Colombia revelaron la presunta compra clandestina de Pegasus mediante el traslado de once millones de dólares en efectivo hacia Israel durante la administración de Iván Duque. En El Salvador, el Project Torogoz, elaborado por Citizen Lab, identificó infecciones con Pegasus en teléfonos pertenecientes a periodistas de El Faro, La Prensa Gráfica, Diario El Mundo y otras organizaciones de la sociedad civil.

A estos antecedentes se suman las investigaciones internacionales sobre empresas privadas dedicadas a operaciones de influencia política. Facebook eliminó en 2019 cientos de cuentas vinculadas con Archimedes Group, una firma israelí acusada por la propia plataforma de desarrollar campañas coordinadas de manipulación política mediante perfiles falsos en distintos países. Poco después, la investigación internacional Story Killers, coordinada por Forbidden Stories, expuso las actividades del denominado «Equipo Jorge», encabezado por el exmilitar israelí Tal Hanan, quien aseguró ante periodistas infiltrados haber participado en operaciones de desinformación, hackeo y manipulación de procesos electorales mediante sofisticadas herramientas digitales. Hanan ha rechazado haber cometido actividades ilegales, pero el caso abrió un debate internacional sobre la existencia de un mercado privado dedicado a intervenir la conversación pública y los procesos democráticos.

La importancia del Hondurasgate radica precisamente en que invita a observar estos antecedentes como parte de un mismo proceso histórico. No solamente porque demuestra la existencia de una red regional de espionaje, sino porque plantea preguntas coherentes con fenómenos cuya existencia ya ha sido documentada en distintos países.

Lo verdaderamente novedoso no es la presencia israelí en América Latina, sino la transformación de sus herramientas. Si durante la Guerra Fría el eje de la cooperación estuvo constituido por armas, entrenamiento militar e inteligencia clásica, hoy el centro de gravedad parece desplazarse hacia la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la vigilancia electrónica, el análisis masivo de datos, las plataformas digitales y la comunicación estratégica.

Ese desplazamiento no significa que hayan desaparecido las formas tradicionales de cooperación en materia de seguridad. Significa, más bien, que el poder internacional incorpora nuevas dimensiones donde la información, los algoritmos y la infraestructura tecnológica adquieren una importancia comparable a la que anteriormente tuvieron los equipos militares o la asistencia logística.

Esta evolución también obliga a ampliar el objeto de análisis. Las relaciones entre Israel y Centroamérica ya no pueden estudiarse únicamente desde la diplomacia o la cooperación militar. Es necesario incorporar la dimensión económica, identificar las empresas israelíes que operan en la región, analizar los sectores donde concentran sus inversiones, estudiar el papel del capital israelí dentro de las economías centroamericanas y reconstruir las redes que articulan inversión privada, cooperación tecnológica, universidades, consultoras, cámaras empresariales y organismos estatales.

Desde esa perspectiva, el Hondurasgate deja de ser un episodio exclusivamente hondureño para convertirse en una oportunidad de investigación regional. Las preguntas relevantes ya no son únicamente quién espió a quién o qué tecnología se utilizó. También importa conocer cómo se adjudican los contratos de ciberseguridad, qué empresas participan en la transformación digital de los Estados, qué mecanismos supervisan el uso de tecnologías de vigilancia, qué consultoras intervienen en campañas de comunicación política y cómo interactúan estos actores con gobiernos, empresas y organismos internacionales.

La historia de la presencia israelí en Centroamérica puede leerse como la historia de la transformación de las formas del poder: de la cooperación militar propia de la Guerra Fría a la innovación tecnológica de la posguerra; de las armas a los datos; de la inteligencia convencional a los algoritmos; del fusil a la inteligencia artificial.

Comprender esa evolución constituye hoy uno de los grandes desafíos para el periodismo de investigación y para las ciencias sociales latinoamericanas. Solo mediante investigaciones rigurosas, sustentadas en documentos, registros públicos, datos verificables y contraste permanente de fuentes, será posible distinguir entre hechos, hipótesis y especulaciones, contribuyendo así a una comprensión más precisa de las nuevas formas de influencia que atraviesan la región.

Escuche el programa completo:

Cuba ante una nueva fase de presión estadounidense: ¿preludio de una intervención?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

En las últimas décadas, la relación entre Estados Unidos y Cuba ha estado marcada por una constante histórica: la tensión entre la pretensión estadounidense de disciplinar a la isla y la persistente capacidad de resistencia del proyecto político cubano. Sin embargo, distintos acontecimientos recientes sugieren que la actual coyuntura podría representar algo más que un nuevo episodio de endurecimiento del bloqueo: podría tratarse del inicio de una fase distinta, caracterizada por la articulación simultánea de presión económica extrema, construcción narrativa de amenaza y señales político-militares que recuerdan mecanismos empleados previamente en otros escenarios internacionales.

Esa es la tesis central desarrollada en el programa La Base del 20 de mayo de 2026, conducido por Pablo Iglesias, en el que se plantea la posibilidad de que Estados Unidos esté creando condiciones políticas y discursivas para legitimar futuras acciones de mayor intensidad contra Cuba.

La pregunta central no es únicamente si Washington planea una intervención militar. La cuestión más relevante es si se está produciendo una transformación en la lógica estratégica aplicada históricamente hacia la isla.

Desde enero de 2026 la administración Trump ha impulsado medidas que, según los participantes, constituyen una escalada sin precedentes de la presión económica sobre Cuba. El elemento central sería un bloqueo energético de facto que limita severamente la llegada de hidrocarburos a la isla mediante sanciones y amenazas contra empresas navieras, aseguradoras y operadores financieros internacionales.

La consecuencia inmediata ha sido una crisis energética profunda: apagones prolongados, dificultades para el funcionamiento de servicios básicos y afectaciones severas en sectores estratégicos como salud, transporte y producción.

Pero la novedad radica menos en la existencia de sanciones —instrumento de la política estadounidense hacia Cuba desde hace 64 años 1— que en su alcance extraterritorial creciente.

Las nuevas disposiciones autorizan sancionar empresas extranjeras vinculadas con sectores considerados estratégicos dentro de la economía cubana, independientemente de su relación directa con Estados Unidos o del uso del sistema financiero estadounidense. La lógica aplicada ya no consiste únicamente en impedir vínculos bilaterales entre Washington y La Habana; el objetivo parece ser convertir el mercado mundial en mecanismo de coerción.

En otras palabras, Estados Unidos actuaría como árbitro global de las relaciones económicas con Cuba. La presión financiera adquiere entonces una dimensión estructural. Bancos internacionales enfrentan un dilema simple: mantener operaciones vinculadas con Cuba o preservar acceso al sistema financiero estadounidense y al dólar.

En términos prácticos, esto multiplica el aislamiento económico cubano y convierte la política de sanciones en un mecanismo de alcance planetario. No obstante, la dimensión económica constituye solo una parte del cuadro.

Uno de los aspectos más relevantes del análisis presentado fue la identificación de una posible arquitectura narrativa destinada a redefinir la imagen de Cuba ante la opinión pública internacional.

Según La Base, recientes publicaciones de medios estadounidenses y occidentales han desplazado progresivamente el eje discursivo: Cuba deja de aparecer únicamente como un problema político o humanitario para ser presentada como potencial amenaza de seguridad.

Las referencias a supuestos drones rusos e iraníes, vuelos de inteligencia, cooperación militar y operaciones encubiertas son interpretadas como componentes de un marco discursivo más amplio.

El procedimiento resulta familiar

La secuencia histórica ha sido observada en otros escenarios: primero se identifica un enemigo; después se amplifica una amenaza; finalmente se construye la idea de una intervención necesaria o preventiva.

Irak y las inexistentes armas de destrucción masiva constituyen el ejemplo paradigmático, aunque el esquema también fue identificado en Libia, Siria, Venezuela y otras experiencias recientes. La construcción de amenazas cumple una función política específica: transformar acciones ofensivas en respuestas defensivas.

Cuando un país deja de ser representado como víctima de presión y pasa a ser percibido como peligro potencial, las condiciones simbólicas para legitimar medidas extraordinarias comienzan a consolidarse.

En este sentido, los anuncios sobre posibles procesos judiciales contra Raúl Castro por el derribo de aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate en 1996 adquieren relevancia política más allá de su dimensión jurídica.

Treinta años después de los hechos, la reapertura mediática y judicial del caso aparece como una operación de presión adicional orientada a erosionar la legitimidad histórica de la dirigencia cubana. La experiencia venezolana constituye un antecedente que alimenta estas interpretaciones.

La utilización de procesos judiciales internacionales, acusaciones criminales y narrativas sobre amenazas regionales formó parte de una estrategia más amplia destinada a justificar acciones posteriores.

A ello se suma un nuevo elemento que complejiza el escenario: el despliegue hacia el Caribe del grupo de combate encabezado por el USS Nimitz, uno de los principales portaaviones de propulsión nuclear de la marina estadounidense. Aunque Washington presentó el movimiento como una operación rutinaria de presencia regional, el contexto vuelve difícil interpretarlo como un simple trámite administrativo.

En política internacional, los movimientos militares rara vez transmiten únicamente capacidades técnicas; también comunican mensajes políticos. Los portaaviones constituyen una forma particular de lenguaje geopolítico. Su función no consiste solamente en prepararse para una guerra. También sirven para proyectar fuerza, modificar cálculos políticos y ejercer presión psicológica. Son instrumentos de señalización estratégica.

Y precisamente aquí emerge quizá la hipótesis más inquietante del debate actual. Tal vez la cuestión ya no sea si Estados Unidos prepara una nueva Bahía de Cochinos.

Las imágenes de invasiones convencionales, desembarcos y ocupaciones militares pertenecen a una gramática clásica del poder imperial. El siglo XXI parece operar mediante mecanismos distintos y mucho más complejos.

En el análisis discutido en La Base apareció una pregunta perturbadora: ¿qué ocurre si el objetivo ya no consiste en conquistar militarmente un territorio, sino en volver materialmente inviable la vida cotidiana?

La referencia inevitable es Gaza

Aunque se trata de escenarios históricos diferentes, con dinámicas específicas, algunos elementos del paralelismo resultan difíciles de ignorar: restricciones sobre recursos estratégicos, presión sobre combustible, deterioro de condiciones materiales de vida y construcción narrativa de amenazas bajo una lógica permanente de seguridad.

En Gaza, el control sobre electricidad, infraestructura, combustible y abastecimiento adquirió una dimensión política y militar decisiva. El objetivo no fue únicamente la confrontación armada. También implicó la generación de condiciones extremas de desgaste social. La pregunta inevitable es si ciertas dinámicas recientes alrededor de Cuba comienzan a mostrar mecanismos semejantes.

Durante meses la isla enfrentó una creciente presión energética, restricciones financieras, sanciones extraterritoriales y dificultades cada vez mayores para sostener procesos básicos de reproducción económica y social. Paralelamente se multiplican discursos que redefinen a Cuba no solo como adversario político, sino como potencial amenaza estratégica.

La secuencia comienza a adquirir una forma reconocible: aislamiento económico, construcción de amenaza, judicialización política, presión diplomática y demostraciones militares. No se trataría necesariamente de ocupar un país.

Se trataría de producir agotamiento

Las formas contemporáneas de intervención ya no necesitan desembarcos espectaculares para quebrar sociedades. Pueden operar mediante mecanismos prolongados de desgaste económico, psicológico y político capaces de erosionar resistencias internas y fracturar cohesiones sociales.

Las guerras del siglo XXI no comienzan siempre con bombardeos. Muchas veces comienzan cuando el sufrimiento cotidiano de un pueblo se convierte en instrumento de presión geopolítica.

En el fondo, lo que aparece en disputa es algo más profundo que el futuro político de Cuba. La isla ocupa un lugar singular en la imaginación geopolítica estadounidense. Desde 1959 representa una anomalía histórica: un proyecto revolucionario que sobrevivió al colapso soviético, a décadas de aislamiento y a múltiples intentos de desestabilización.

Cuba representa, además, una señal incómoda para la hegemonía estadounidense en América Latina: recuerda la posibilidad histórica de trayectorias autónomas en un espacio que Washington ha considerado tradicionalmente parte de su área de influencia.

La coyuntura adquiere una complejidad adicional en un sistema internacional en transformación. El apoyo energético ruso, la cooperación tecnológica china y la emergencia de espacios multipolares indican que la cuestión cubana ya no pertenece exclusivamente al espacio hemisférico.

La pregunta, entonces, deja de ser exclusivamente cubana. Estamos ante un nuevo episodio del histórico conflicto entre Washington y La Habana o frente a un laboratorio donde se ensayan nuevas formas de coerción imperial adaptadas a un mundo en transición?

La historia ofrece una advertencia elemental: antes de las guerras suelen construirse relatos que las hacen parecer inevitables y, precisamente por ello conviene observar no solo los movimientos militares, sino también las palabras, las imágenes y las narrativas que comienzan a prepararlas.

1 El bloqueo —denominado oficialmente “embargo” por Estados Unidos— fue formalizado el 3 de febrero de 1962 por la administración de John F. Kennedy, aunque las primeras medidas de presión económica comenzaron entre 1960 y 1961. Esto significa que la política de sanciones y aislamiento contra Cuba se ha prolongado por aproximadamente 64 años, convirtiéndose en uno de los regímenes de coerción económica más extensos de la historia contemporánea. Lejos de permanecer inalterado, el bloqueo se profundizó mediante legislaciones como la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), que ampliaron su alcance extraterritorial permitiendo sancionar empresas y actores de terceros países. Más de seis décadas después, varias generaciones de cubanos han nacido y vivido bajo condiciones permanentes de restricción económica, haciendo del bloqueo no solo un instrumento de política exterior, sino un componente estructural de la relación entre Washington y La Habana.

“Comunista”

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

Cuando el poder deja de convencer, empieza a etiquetar. Y en ese gesto, convierte palabras en armas y el lenguaje en campo de batalla.

En la política contemporánea, figuras como Donald Trump, Javier Milei y Rodrigo Chaves han convertido términos como “comunista”, “zurdo” o “izquierdista” en instrumentos de combate. No son categorías analíticas ni definiciones ideológicas rigurosas: son etiquetas diseñadas para simplificar, estigmatizar y deslegitimar al adversario.

La historia demuestra que este recurso no es nuevo ni inocente. El señalamiento de “comunista” ha servido como antesala de la violencia. Los ejemplos abundan, pero aquí hay algunos: Maximiliano Hernández Martínez lo utilizó para justificar la masacre de más de 30 mil indígenas en 1932; Adolf Hitler lo integró en su cruzada anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial; Augusto Pinochet lo convirtió en argumento para la represión, la desaparición y el asesinato sistemático, como también ocurrió con las dictaduras argentinas tras el golpe de 1976.

Hoy, en pleno siglo XXI, el término “comunista” funciona como un significante vacío. Puede designar a un sindicalista, a un senador demócrata estadounidense, a una feminista, a un ambientalista o a una lideresa indígena. Su función no es describir, sino despojar de legitimidad cualquier crítica que incomode.

Nombrar al adversario como “comunista” no explica lo que es: define cómo debe ser tratado.

Algo similar ocurre con la etiqueta de “terrorista”. Su uso indiscriminado deshumaniza y simplifica. Una vez aplicada, borra matices y convierte demandas de soberanía, autodeterminación o justicia en amenazas contra la seguridad, la paz, la nación. Así, la violencia pasar dominio exclusivo de los adversarios, combatirles no es cuestionado, es más bien un imperativo, una necesidad.

Lejos de ser un simple exceso retórico, este tipo de lenguaje forma parte de una disputa más profunda. Como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por su capacidad de construir sentido común: esa trama de ideas y percepciones que hace que el mundo parezca “natural” e incuestionable.

En ese terreno, el lenguaje es decisivo. Durante décadas, instituciones educativas, religiosas y mediáticas han contribuido a fijar asociaciones automáticas: “comunista” como amenaza, “terrorista” como enemigo absoluto. El resultado es una reacción casi refleja: la etiqueta sustituye al análisis.

Cuando la etiqueta reemplaza al argumento, la democracia empieza a vaciarse.

En contextos de crisis o de disputa política intensa, este mecanismo se vuelve más visible. Cuando el consenso se resquebraja, se intensifica la lucha por el sentido. Es allí donde estas etiquetas operan como herramientas en una verdadera “guerra de posiciones”: una confrontación menos visible que la fuerza directa, pero decisiva en la construcción de legitimidad. Etiquetar en ese contexto, es fijar fronteras. No solo se define quién tiene razón, sino quién merece ser escuchado… y quién no. Y más aún, quién merece ser destruido sin que medie ninguna otra explicación.

El uso sistemático de epítetos como estos revela, en última instancia, una fragilidad. Cuando un proyecto político necesita recurrir a la estigmatización constante, lo que evidencia es su dificultad para sostenerse en la argumentación y en la persuasión. En lugar de convencer, busca alinear; en lugar de debatir, intenta clausurar.

La disputa por el lenguaje no es secundaria. Es parte del conflicto político central. Porque allí donde etiquetar sustituye al debate, lo que está en juego no es solo una palabra, sino la capacidad de una sociedad para pensarse a sí misma, deliberar y decidir en libertad.

“Gran Israel”: expansión, guerra y disputa por el orden regional en Medio Oriente

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos, para SURCOS

El proyecto del llamado “Gran Israel” (Eretz Israel) ha dejado de ser, en ciertos análisis críticos, una referencia marginal o puramente teológica para convertirse en una clave interpretativa de la política regional del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu. Así lo plantea el podcast La Base, que examina este concepto como eje estructurante de una estrategia de expansión territorial, control geopolítico y reconfiguración del Medio Oriente.

Uno de los elementos más controvertidos señalados en el análisis es la aprobación por parte del parlamento israelí de una ley que establece la pena de muerte para prisioneros palestinos considerados terroristas. La medida —aprobada con 68 votos a favor y 42 en contra— contempla su ejecución en un plazo de 90 días y se aplicaría exclusivamente a población palestina, en un contexto en el que se reportan más de 11.000 presos políticos.

Para el análisis de La Base, esta legislación no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una arquitectura de control sobre los territorios ocupados, que refuerza una lógica de diferenciación jurídica y política entre poblaciones bajo dominio israelí.

Expansión militar y reconfiguración territorial

En el plano regional, el foco se desplaza hacia el Líbano. Según el análisis, Netanyahu habría instruido la ampliación de la denominada “zona de seguridad” en el sur del país, con el objetivo de extender el control militar hasta el río Litani, unos 30 kilómetros al norte de la frontera actual.

Este avance se traduciría en una transformación del terreno: de cinco a dieciocho posiciones militares dentro de territorio libanés, acompañadas por el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas, equivalente a aproximadamente el 20% de la población del país.

El modelo, según el podcast, busca replicar el esquema aplicado en Gaza: un control militar permanente que combina ocupación territorial, fragmentación espacial y presión constante sobre la población civil.

El concepto de “Gran Israel” se apoya en interpretaciones bíblicas que delimitan el territorio “prometido” entre el Nilo y el Éufrates. En su proyección geopolítica, esta idea implicaría —de forma directa o indirecta— la anexión, fragmentación o subordinación de territorios pertenecientes a países como Líbano, Jordania, Siria, Irak y Egipto, así como áreas de Arabia Saudí, Turquía y Kuwait.

Más allá de su viabilidad material, el análisis subraya su valor como horizonte ideológico. En septiembre de 2023, durante una intervención ante la ONU, Netanyahu exhibió mapas de un “Nuevo Oriente Medio” en los que Cisjordania y Gaza aparecían integradas dentro de Israel, sin reconocimiento de un futuro Estado palestino.

Estrategia regional: fragmentar o subordinar

El podcast identifica dos mecanismos principales de control en la región. Por un lado, la descomposición, que consiste en promover o aprovechar la fragmentación interna de países como Siria o Líbano, debilitando su capacidad estatal hasta convertirlos en territorios ingobernables. Por otro, la subordinación, aplicada a Estados como Egipto o Jordania, que permanecen formalmente soberanos pero atados a relaciones de dependencia económica y política.

Esta doble lógica permitiría, según el análisis, consolidar un entorno regional favorable a la expansión israelí sin necesidad de ocupación directa en todos los casos.

Uno de los puntos más relevantes es la afirmación de que Israel nunca ha definido oficialmente sus fronteras definitivas. Esta ambigüedad no sería accidental, sino funcional a una lógica de expansión permanente. El propio acuerdo de coalición del gobierno de Netanyahu establece el “derecho exclusivo e inalienable del pueblo judío sobre todas las partes de la tierra de Israel”, reforzando esa perspectiva.

El análisis plantea además que este proyecto geopolítico se articula con el rol de Estados Unidos en la región. Según esta lectura, la prolongación de conflictos regionales mantiene a Washington atrapado en guerras de alto costo político y económico, mientras la fragmentación territorial favorece los intereses estratégicos de Israel.

Lenguaje, medios y legitimación

En el plano comunicacional, el podcast denuncia un proceso de normalización mediática. Términos como “zonas de amortiguación” o “zonas de seguridad” serían utilizados por parte de la prensa occidental para describir operaciones que, en los hechos, implican ocupaciones militares o anexiones de territorio soberano.

Esta disputa por el lenguaje no es menor: define los marcos de interpretación desde los cuales la opinión pública global comprende —o distorsiona— el conflicto.

El análisis también establece una comparación polémica entre la doctrina israelí de la “amenaza existencial” y el concepto de Lebensraum (espacio vital) utilizado históricamente por regímenes fascistas para justificar su expansión territorial. Más allá de la controversia que esta analogía suscita, su inclusión apunta a subrayar el papel de las narrativas de seguridad como legitimadoras de políticas expansivas.

Sin embargo, el análisis introduce un elemento de contraste entre objetivos y capacidades. El analista Taer Alí sostiene que, pese a la voluntad expansionista del mando político, la realidad militar muestra límites evidentes: dificultades para controlar plenamente Gaza tras años de ofensiva y obstáculos para avanzar en profundidad en el sur del Líbano frente a la resistencia local.

Esta tensión entre ambición estratégica y capacidad operativa abre interrogantes sobre la sostenibilidad del proyecto.

¿Un horizonte sin paz?

La conclusión del análisis es contundente: bajo las condiciones actuales, no existirían posibilidades reales de una solución pacífica. Mientras el Estado israelí mantenga —según el invitado— principios estructurales excluyentes, el conflicto tendería a reproducirse. En ese marco, se plantea que la resistencia palestina se mantendrá como un factor persistente del escenario regional.

Más allá de la carga valorativa de esta afirmación, el diagnóstico apunta a un punto central: el conflicto ya no puede entenderse únicamente como una disputa territorial, sino como una confrontación estructural sobre modelos de Estado, legitimidad política y orden regional.

Fuente principal:

  • La Base. Análisis sobre el proyecto “Gran Israel” y la política regional del gobierno de Netanyahu.