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Etiqueta: narco mafias

La narco mafia y narco política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social que sea posible

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años, en la década de 1960, el anticomunismo arreciaba en el continente. La cercanía de la recién triunfada Revolución Cubana, que se había declarado socialista, en el contexto anticomunista de la Guerra Fría, fortaleció ese ambiente político mundial en esta región. A 90 millas de Estados Unidos una Revolución como la cubana tenía que desatar ese pánico, esa incertidumbre.

A escala internacional se desarrolló el anticomunismo bajo el concepto de la Guerra Fría. En Europa, Churchill, frente al surgimiento de un conjunto de países socialistas que emergieron de las cenizas bélicas de la II Guerra Mundial impulsó, para Europa, el concepto de la Cortina de Hierro. En el Asia, frente al avance descolonizador de la India, la Península de Indochina y la Península de Corea; y el avance hacia la Revolución Popular Socialista de China, en 1949, se impulsó la idea de la Cortina de Bambú. Con esto se crearon bloques mentales, económicos, militares, como la OTAN primero, y luego el Tratado de Varsovia, que fueron el gran marco de la Guerra Fría, para el llamado mundo “occidental”. En América Latina se aprobó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, en 1948, con igual propósito de defender las naciones latinoamericanas del avance del comunismo.

En Latinoamérica se impulsaron y sostuvieron feroces dictaduras y tiranías, durante una larga noche contra las democracias. La de Costa Rica sobrevivió a la guerra civil de 1948, pero arrastró parte de esa Guerra Fría, en la proscripción del Partido Comunista de Costa Rica, llamado Vanguardia Popular, y de una decena de partidos en los años siguientes hasta 1974, cuando se eliminaron las restricciones y prohibiciones para su organización electoral.

En la década de 1960 a nivel regional se impulsó el Consejo de Defensa Centroamericano, del que seguimos siendo parte, según entiendo, como parte de esa política continental y mundial; se establecieron controles y censuras en el Correo nacional, se cerró un periódico en el gobierno de Francisco Orlich y un coletazo de esas prohibiciones llevó al cierre de Radio Noticias del Continente, en el gobierno de Luis Alberto Monge, al calor del triunfo, en 1979, de la Revolución Sandinista en Nicaragua y la emergencia de la revolución popular anti dictaduras en Centroamérica; conflictos armados que se superaron con las gestiones del Gobierno de Oscar Arias, que llevaron a los acuerdos centroamericanos que se los reconocieron en su merecido Premio Nobel de la Paz.

Ese proceso no ha sido fácil todavía. Basta ver el pasado fin de semana donde se quiso impedir un triunfo electoral socialdemócrata en Guatemala, o en Nicaragua donde opera un gobierno autoritario en toda la línea.

Por cierto, en esa década se produjo el escándalo Irán Contras con el cual se descubrió que Estados Unidos con droga financiaba grupos antirevolución sandinista. ¿Cómo es qué es? Eso favoreció, desde entonces, las rutas y los negocios de la droga en la región.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos dejó libres, por la vía del indulto, a personas capturadas, de origen venezolano, parientes y amigos del presidente Maduro, que habían sido capturados infraganti en drogas y lavado de dinero, a cambio de unos detenidos norteamericanos en Venezuela, y por las negociaciones de inversiones norteamericanas que se estaban autorizando en el petróleo de ese país.

¿Qué mensaje está dando el gobierno norteamericano, a grupos delincuenciales? Está diciéndo a los grupos narcotraficantes que capturen y secuestren ciudadanos norteamericanos o funcionarios de ese gobierno, para cambiarlos por líderes mafiosos o narcomafiosos, que llevan a las cárceles de Estados Unidos, que es lo que se hizo en Venezuela.

En Costa Rica, esas restricciones políticas que existieron, en aquellos años, y las políticas que se ejecutaron, obedecieron a las presiones de los Estados Unidos, como recientemente el gobierno del presidente Rodrigo Chaves fue presionado por el gobierno norteamericano para impedir las negociaciones con la República Popular China, a propósito de las prohibiciones que el gobierno impuso contra el teléfono chino Huawei, y otros artículos de origen chino, a pesar del Tratado de Libre Comercio que existe, con ese país, desde el 2010.

En aquellos años, de la década de 1960, usar el término “comunista” para alguna gente podía ser ofensivo. Así sucedió en un caso, que llevado a los tribunales fue fallado a favor del demandante, condenando a la persona que de esa manera se refirió a una persona.

Un “comunista” es la persona que milita en un partido Comunista, y pertenece organizado a él, así como un liberacionista es aquel que pertenece al Partido Liberación Nacional. Hay gente que perteneciendo a este partido está en gobiernos de otros partidos, quizá porque interpretan que sirven al país, y no a un partido político.

El Ministro Mario Zamora Cordero, por ejemplo, fue Ministro del gobierno de Laura Chinchilla. Ha sido liberacionista en su vida política, lo que no le afecta para su ejercicio ministerial actual. Le está sirviendo al país desde donde él puede. ¿Y puede?

Su trayectoria profesional y pública es buena para el cargo que tiene. Profesionalmente se graduó en Derecho, con una tesis que proponía en cierta forma la creación de un Ministerio del Interior, fusionando Seguridad y Gobernación, sugiriéndolo al estilo de cómo funcionaban en los gobiernos autoritarios de Sur América. Fue Subdirector de la Escuela Nacional de Policía “Francisco J. Orlich”, fue Director de la Unidad de Seguridad Comunitaria, hoy Programas Preventivos, fue Director General de Migración y Extranjería, e impidió, si no recuerdo mal, el negocio de visas chinas que se trató de realizar en esos años. Fue Viceministro y Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública. Hoy es el Ministro de Seguridad Pública que ha impulsado la Política Nacional de Seguridad, que no se ve con buenos frutos.

El Ministro de Justicia y paz, del actual gobierno, Gerald Campos Valverde, es un abogado penalista. Ha sido suboficial y oficial de investigación, jefe de Oficina y de Delegaciones del OIJ en varias provincias, asesor jurídico de la Dirección General del OIJ, subjefe de las delegaciones regionales en la zona de San Carlos y en Limón, provincia muy conflictiva relacionada con la narco delincuencia. Llegó a ser Director General Interino del OIJ.

Pareciera, a la sensibilidad pública, que estos dos ministros andan cada uno por su lado, cuando tienen institucional, profesional y personalmente experiencias que podrían compartir en la lucha nacional contra la pandemia de la narco mafia existente en el país y en las “ medidas fuertes y directas de combate al narcotráfico”, que tampoco se sienten.

Cuando una persona es nombrada en el servicio exterior de Costa Rica, como Embajador, por ejemplo, le sirve a Costa Rica, en el gobierno que así lo designa, del Presidente del caso. No se le sirve al partido político que llevó al Presidente a la residencia de Zapote. Si esto no lo sabe un Ministro es porque es un tonto, porque en el Consejo de Gobierno es donde se nombran y acreditan embajadores. Para ello se valoran sus méritos.

Recordemos, elementalmente, que el Presidente una vez electo lo es de todos los costarricenses, nos guste o no ese Presidente, hayamos votado por él o no. Si esto no lo sabe un ministro, y usa un argumento de este tipo, es para impresionar no al “embajador” que fue, sino contra el Presidente que lo designó, o a algún lector desinformado.

Todavía esas mentes enfermizas, que viven del anticomunismo trasnochado, siguen usando esos adjetivos, y otros, como “socialistas”, “comunistas”, “izquierdistas”, “que visitan Cuba” etc., con el afán de impresionar o asustar interlocutores, generalmente carentes de información, de conocimientos básicos históricos, ingenuos, que se quedaron atascados con las cadenas de la época de la Guerra Fría, o para darle alimento y paga a los troles que están a sus servicios.

Esas mentes enfermizas viven de fantasmas “comunistas” del pasado, a modo de etiquetas que endilgan a personas, o que recuerdan militancias que ya no se tienen. Hay que ser serios y no vulgares panfletarios.

En el caso del Partido Comunista costarricense solo mentes perversas, desinformadas, incultas, prejuiciadas políticamente, genéticamente marcadas por ese anticomunismo enfermizo, ignorantes de la Historia Patria, pueden negar el papel que jugó en la promulgación de la Legislación Social y Laboral y de las Garantías Sociales. Eso está ampliamente reconocido en los Benemeritazgos de la Patria que han dado a líderes comunistas, como Manuel Mora Valverde, Carlos Luis Fallas, Fabián Dobles, Joaquín Gutiérrez Mangel, Emilia Prieto. Dos benemeritazgos ha recibido Carmen Lyra.

En la segunda mitad de la década de 1980 el histórico Partido Comunista de Costa Rica, Vanguardia Popular, sufrió una división catastrófica, que afectó todos los escenarios en que participaba social y políticamente. Ya no participa ni siquiera en elecciones como Vanguardia Popular. Los otros partidos de la izquierda costarricense anteriores a 1990, el Socialista Costarricense, el Movimiento Revolucionario del Pueblo, desaparecieron en esa misma década de 1980. Sus militancias se desagregaron, se dispersaron, se ubicaron en otros escenarios, incluso políticos. Algunos de esos militantes tratan de rearticular algo de ese pasado, pero pesan, en muchos de ellos los prejuicios, los resentimientos, la poca visión de lo que es la unidad política de sectores amplios para atender los graves problemas que tenemos en el país, como el lavado de dinero, el narcotráfico, las narcomafias, las pandillas y los grupos que todo eso crea, que se acercan a los gobiernos y a las instancias de la seguridad nacional.

Las izquierdas hoy tienen otras expresiones organizativas y movilizadoras, la mayor parte alejadas del escenario de los partidos políticos, lo que las hace votar más por el canto y el llanto de los candidatos que por los programas y los partidos.

En el América Latina después de 1991 al caer la Unión Soviética, y el campo socialista europeo, también empezaron a caer los gobiernos dictatoriales del continente. La reconstrucción democrática no ha sido fácil.

Hoy no existen los partidos comunistas como existían antes de 1991. Han perdido influencia política, parlamentaria. Los viejos países socialistas hoy son de desarrollo capitalista. La Rusia actual no es la Unión Soviética, no impulsa movimientos ni partidos comunistas, ni socialistas ni nada que se les parezca. La República Popular China tiene un doble sistema de vida, políticamente comunista con una economía socialista y de mercado, que disputa el mercado mundial.

Con todos los países que fueron comunistas, excepto Vietnam y Corea, tenemos relaciones diplomáticas y comerciales.

En Costa Rica cualquier ciudadano, considerado, definido o autodefinido, de izquierda o de derecha, si quiere organizar un partido político, tiene que hacer una declaración en sus Estatutos y Programas de defender el régimen democrático institucional que tenemos.

Todos los partidos de la izquierda política nacional, desde 1974, han tenido que hacer esa declaración estatutaria y programática.

No hay partidos, hoy en el país, que propicien una insurrección armada, o algo así, contra el gobierno por más que lo critiquen. Tampoco los ha habido.

¿De qué sirve para funcionarios públicos, de alto nivel, ministros, por ejemplo, que se supone que tienen una cierta cultura básica, sobre todo cuando han pasado por la Universidad, salvo que la Universidad no haya pasado por ellos en estos aspectos culturales informativos, que traten de asustar interlocutores, oyentes, acudiendo al adjetivazo de “comunista”, “izquierdista”, “socialista” o de haber “estado en Cuba”. A Cuba hoy cualquier ciudadano costarricense puede viajar libremente sin contagiarse de las ideas políticas oficiales de Cuba.

En la política costarricense al interior de los partidos hay sectores políticos de izquierda, algunos se definen también de centro y hay de derecha. Así ha sido en Liberación Nacional, en la Unidad Social Cristiana, en Acción Ciudadana, por citar tres casos. En estos partidos hay militantes, que tienen raíces comunistas, socialistas, izquierdistas por sus familiares, sus progenitores, sin que ellos hayan militado en organizaciones de ese tipo. Es igual que en la religión y el fútbol. En las familias puede haber divisiones por estos temas, sin que se desintegren. Esa es la riqueza social y política de la vida democrática costarricense.

Cuando se acude al adjetivo, al epíteto, para descalificar a una persona, es porque se carece de argumentos o porque se evade la realidad y la responsabilidad que se tiene que asumir. Así, por ejemplo, si un ministro, supongamos de Seguridad, dice que está luchando contra las narcomafias en el país, eso debe demostrase en hechos, no en discursos sin contenido real. Si en el gobierno anterior, un Ministro de Hacienda dijo que el problema de lavado de dinero en Costa Rica es muy serio, que se estimaba en un 22% del Producto Interno Bruto, y ese Ministro, sigamos suponiendo, llega a presidente, y como tal guarda silencio contra lo que él públicamente reconoció, ¿cómo puede interpretarse ese silencio y esa inacción contra ese lavado de dinero?

Para despejar escenarios de discusión, de diálogo o de intercambio de opiniones, si se quiere, relacionados con las opiniones que he manifestado en medios radiales, les manifiesto a quienes desde el gobierno me han llamado de esas maneras, tratando de invocar fantasmas del pasado, que efectivamente fui militante comunista, dirigente estudiantil universitario. En 1973 voluntariamente me retiré del Partido Comunista. Me integré por una década al Partido Socialista Costarricense. Al desintegrarse este partido y el partido Vanguardia Popular en la década del 80, me quedé sin militancia alguna. En 1996 me invitaron a formar parte y ser candidato a la Presidencia por el Partido Fuerza Democrática, donde estuve hasta la campaña electoral del 2006.

Con esa pequeña biografía política fui miembro del Comité Director del Proceso de Concertación, invitado por el Presidente Miguel Angel Rodríguez, fui Miembro de las Comisiones de Notables que integraron la Presidenta Laura Chinchilla y el Presidente Carlos Alvarado. Serví de Embajador de Costa Rica, en Venezuela, a solicitud del Presidente Oscar Arias.

Nunca he militado en los Partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Valoro sus aportes al desarrollo institucional y democrático de Costa Rica.

Profesionalmente trabajé en las Universidades públicas, de Costa Rica y la Nacional, por más de 40 años, hasta mi retiro en el 2013. En este momento soy miembro del Consejo Universitario de la UNED.

De nada de lo que he hecho me arrepiento. Viví mi tiempo histórico, lo disfruté. He sido consecuente y honesto conmigo en todo esto. En esta larga jornada aprendí a valorar personas, estimarlas, a criticarlas cuando se debe. Mis amigos me han conocido así, y así me aceptan, como yo los acepto a ellos. También acepto la crítica, reconozco que me puedo equivocar, que tengo capacidad para rectificar lo que corresponda.

Los ciudadanos ante los funcionarios públicos, el presidente, sus ministros y otras altas autoridades del Gobierno y del Estado, tenemos el derecho de crítica, de control político ciudadano, asumiendo las responsabilidades del caso. Insisto. La crítica que he hecho en medios radiales no es personal. Es institucional, es política en el buen sentido de esta palabra.

Si se quiere llevar el asunto de las críticas y observaciones a un plano personal, con amenazas judiciales, es para eludir y distraer el problema de fondo, el problema del alcance y trascendencia que tiene en el país la presencia del narcotráfico y la narco política en general.

El tema del narcotráfico, la narcopolítica y su impacto en la sociedad costarricense no es una pasarela para el desfile publicitario y de luces de ciertos personajes.

No tengo miedo a esta discusión ni a las repercusiones que me pueda causar. Ni tampoco me asustan las amenazas.

Es la Costa Rica actual y la del futuro, de nuestros hijos y nietos la que está en juego.

La narco mafia política hay que enfrentarla con la mayor unidad nacional, política y social posible; con comunistas, excomunistas, izquierdistas, revolucionarios de todo tipo, liberales, neoliberales, socialdemócratas, socialcristianos, liberacionistas, exliberacionistas, exsocialcristianos, con pac-istas y expac-istas, con chavistas y antichavistas, con partidos políticos, asociaciones de empresarios y trabajadores, con cooperativistas, con todos los ciudadanos independientemente de donde se ubiquen política, organizada y partidariamente, que quieran sinceramente acabar con este mal.

A esta lucha me he sumado, con los riesgos que esto tiene.

No son Molinos de viento los que se combate, son “desaforados gigantes en fiera y desigual batalla”.

Enviado a SURCOS por el autor.

El financiamiento narco electoral a la vista

Vladimir de la Cruz

Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.

La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.

Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.

Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.

En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.

Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.

Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.

Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.

En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.

El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.

Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.

La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.

El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.

Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.