La reciente aprobación de la reforma al artículo 23 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad señala lo siguiente:
«Artículo 23- Para su funcionamiento, las organizaciones comunales regidas por la Ley N.° 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)” y sus reformas de 7 de abril de 1967, y su reglamento pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo, realizar toda clase de operaciones lícitas, dirigidas a la consecución de sus fines, implementar emprendimientos socio-productivos, bajo la figura de microempresas comunitarias, para labores de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios.
Se autoriza a las entidades públicas y a los gobiernos locales a realizar convenios y/o contratos con esas asociaciones, para que de manera planificada y con cargo a los recursos de los entes públicos, las asociaciones puedan prestar servicios de mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios, para generar empleo y propiciar el desarrollo socioeconómico en las comunidades, en apego a los requisitos técnicos y mediante el procedimiento de contratación que corresponda y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación Pública.”
Con esta reforma, las organizaciones comunales pueden operar como microempresas socio-productivas y así, tener la posibilidad de ofertar para el Estado en obra pública.
Uno de los ejemplos de éxito del plan piloto que motivó a esta reforma, es el proyecto de microempresas de mantenimiento vial de la red vial cantonal que ha permitido que 12 personas del distrito de San Carlos, en el cantón de Tarrazú, tengan un trabajo y puedan llevar alimento a sus casas y sacar adelante a sus familias.
Según un video publicado por el medio “Canal Altavisión”, estos funcionarios realizan labores de mantenimiento de las vías, alcantarillas, cunetas y señales de tránsito, además de que recolectan basura. Su contrato durará por tres años aproximadamente y esperan seguir ampliando este tipo de proyectos.
De esta manera califica el Ministerio Público y el OIJ la forma de operar de la corrupción en las municipalidades intervenidas.
Desde hace mucho tiempo se ha dejado de considerar a la corrupción como el producto de una fruta podrida, del efecto de una persona que corrompe a las personas de su rededor. La corrupción, pública y privada, es una forma de crimen organizado, de la existencia de grupos debidamente estructurados para enriquecerse de manera ilegal.
La estructura criminal en esas municipalidades parte de un grupo privado, de un empresario, que teje junto con los alcaldes una organización para delinquir, para otorgar prebendas, privilegios y negocios ilegales a cambio de dádivas, coimas o favores; produce un enriquecimiento mutuo, de empresarios y altos jerarcas de instituciones. La estructura criminal o de crimen organizado es tanto externa, con el empresario, como interna con los subalternos del jerarca que realizan funciones para cuidar las espaldas al alcalde y favorecer sus corruptelas.
En el caso de la operación Diamante se ha puesto en evidencia la corrupción que gira alrededor de la concesión de obras viales, una parte de la obra pública. Pero si se escarbara un poco más también veríamos los grandes negociados en parquímetros, obras en parques públicos, desarrollo inmobiliario o patentes, para citar algunos.
La formación de estas estructuras criminales es favorecida por la reelección indefinida de los alcaldes, los cuales han tenido décadas para crear esa red de compromisos y favores. Tal vez el caso más emblemático sea el de San José, pero eso se repite en la mayoría de los gobiernos municipales.
La operación Diamante saca a la luz pública las relaciones amistosas de pagos de favores, de compromisos o amistades íntimas para influir en procesos judiciales, resoluciones de los más diversos órganos y hasta la elección de cargos importantes en instituciones y órganos del Estado, favores que luego tendrán que pagarse.
El Estado costarricense viene desde hace muchos años manejado por una red de intereses políticos y económicos que han corrompido a las instituciones: diputados eligen magistrados para luego cobrar esos favores, políticos de fuste ponen sus fichas en tribunales, instituciones públicas, de control, fiscalización o regulación, personas nombradas para ejecutar u omitir deberes. Es la corrupción que está carcomiendo nuestra democracia y que solo una sacudida o un cambio en grande podrá recuperar.
Ahora bien, esta estructura criminal solo ha sido posible construirse con la complicidad activa de los Partido Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana. No es casualidad que de los alcaldes detenidos 5 sean del PLN; y es así porque ese Partido ha prohijado y alcahueteado, ya sea por acción o por omisión, la construcción de esas organizaciones criminales.
En 2010 se tuvo la quijotada, Gloria Valerín y Xinia Escalante, de pelearle la alcandía a Johnny Araya. Fue una experiencia formidable, la lucha contra una maquinaria total, de escritores, desarrolladores inmobiliarios, los principales dueños de ventas de vehículos, los dueños de los canales de televisión, especialmente de Canal 7, los importadores, los comerciantes, funcionarios municipales, grupos comunales comprometidos con favores o sacos de cemento, en fin un enfrentamiento con una gigantesca estructura clientelar, de comunidad de intereses y de favores, frente a la cual era imposible disputar el cargo.
Solo la ambición y el sentido de impunidad que llegan a sentir personajes como estos alcaldes, es lo que los hace traspasar los límites más laxos impuestos por el sistema. Y en este momento caen.
Y cuando caigan, el sistema los abandonará para volver a recomponerse. Ese ha sido el círculo de la lucha contra la corrupción en Costa Rica hasta que no se produzca un auténtico y profundo cambio de valores y de actores.
PGR y Sala Primera respaldan al ICE Constructor: En días recientes la Procuraduría General de la República mediante dictamen PGR·C·228 2021 ratificó que el ICE puede incursionar en obras de construcción. Dicho órgano superior consultivo, técnico y jurídico de Ia Administración Pública no encontró problemas en que el ICE pueda ofrecer servicio de construcción de obras, aparte de telefonía y electricidad. Debido a ello su criterio en mención, plasmó que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puede incursionar en obras de ingeniería civil, metalmecánica, hidráulica, subterráneas, electromecánicas y de construcción.
A dicho dictamen de la PGR le antecedió semanas atrás, la sentencia de la Sala Primera de la Corte, mediante el cual los magistrados que la integran fueron enfáticos en afirmar que la Contralorla General de la República (CGR) se atribuyó estas potestades que no le correspondían al prohibir la participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la supervisión y administración de obras viales. La sentencia mencionada, dictaminó que a la CGR no le competía opinar sobre la participación del ICE en la supervisión de la carretera a San Carlos (obras entre Sifón y La Abundancia).
Nada nuevo bajo el sol:Sin embargo, a pesar de la importancia de que se pronuncien en esta dirección instancias como la Sala Primera de la Corte o la Procuraduría General de la República, lo cierto es que lo afirmado no es nada nuevo bajo el sol. ASDE·ICE ha dado desde hace años el sustento legal para que el ICE pueda hacer obra pública, y hemos defendiendo la posición del ICE constructor.
Descubriendo el agua tibia: Con respecto a la posición que la cúpula gerencial ha tenido sobre la consulta y el criterio de la PGR, desde ASDE· ICE consideramos que parecieran descubrir agua tibia. La actual Administración preguntó a la Procuraduría lo que ya se sabía, pero con preguntar no es suficiente. Lo consultado no alcanza comomérito de gestión. Es claro que no se esperaron a la respuesta de la Procuraduría, para implementar otras acciones, que borran con el codo la consulta realizada.
Debilitaron desde adentro la capacidad Constructiva:Lo Más allá de la consulta y el criterio de la PGR, con su medida de reorganización, de la que siguen sin demostrar los estudios técnicos que la justificaron, la actual administración, en la práctica han desmantelado el proceso de ingeniería y construcción, debilitando la capacidad instalada que tenía el ICE en materia constructiva. La prensa ha denunciado cómo se ha venido maquinaria a precios mucho menores de su costo y desagregado procesos claves. Ahora con su política de cero inversión, ¿cómo van a reconstruir la capacidad constructiva? Por eso desde ASDE ICE pensamos que sobre este tema, desde la administración superior, no ha habido coherencia entre el decir y el hacer.
Las instancias externas desde ASDEICE consideramos que en materia de construcción de obra pública, si esto no se le ha permitido antes al ICE,ha sido por capricho de la clase política, y de quienes los últimos gobiernos, han puesto a administrar la institución. En la actualidad y desde años atrás, presidentes y diputados, han sido laxos ante las presiones o el lobby político de algunas cúpulas empresariales, que se han opuesto a la posibilidad del ICE constructor.
Recientemente el país ha sido testigo de los actos que investiga el Ministerio Público sobre el llamado caso Cochinilla. A la luz de esa investigación vale la pena preguntarse: ¿será que las grandes empresas constructoras, han visto en la eficiencia del ICE un obstáculo a sus intereses?, ¿será acaso que quienes siempre hablan de la libre competencia han buscado el foul técnico, para que el ICE no entre a competir y a dar su aporte en construcción de obra pública?
También hay como excepciones, diputados defensores del ICE constructor: Han sido muy pocos los diputados que han coincidido con ASDE-ICE la defensa del ICE para hacer obra pública, también es cierto,que han habido diputados defensores del ICE constructor, incluso en la actual legislatura, lo cual es necesario de clarificar.
En días recientes el Diputado Welmer Ramos, presentó a corriente legislativa el proyecto 22570, que busca impulsar este tema del ICE constructor, mediante esta iniciativa, no solo se daba la oportunidad de demostrar la experiencia que la valiosa cantera de talento humano de la organización tiene sobre el tema, sino que además esta iniciativa estaba orientada a dinamizar y dar trabajo a cientos de compañeros y compañeras de la Dirección de ingeniería y Construcción (IC) hoy profundamente debilitada por las directrices de la actual administración.
En honor a la verdad, la posición del Diputado Welmer Ramos en defensa del ICE constructor no es nueva ni algo que se reduzca a la presentación de este proyecto de ley. Ramos ha promovido desde hace más de 7 años que el ICE tenga la oportunidad de construir obra pública. Su posición siendo ministro de economía industria y comercio, contribuyó de forma significativa, para que en momentos de emergencia nacional luego de la tormenta tropical Otto, la rehabilitación de Bagaces y Upala en la Región Chorotega,se logrará con el ICE en buena medida.
Hoy consideramos que pronunciamientos como el más reciente de la CGR, no sólo se deben a la posición sostenida que ASDE-ICE ha tenido sobre el tema, sino también a gestiones, impulsos, proyectos e iniciativas que actores sociales amigos del ICE constructor también han realizado sobre el tema.
Desde ASDE-ICE seguiremos impulsando el rol y aporte del ICE en la construcción de obra pública, y realizando las gestiones necesarias para que se frene el debilitamiento de IC y se dinamicen las oportunidades de demostrar su experiencia a las y los compañeros de esta área de la Institución. Seguiremos informando…
La represa del PH Reventazón con una altura igual a un edificio de 40 pisos, consumió la misma cantidad de concreto que necesitaría una carretera de cuatro carriles entre Liberia y San José.
Los trabajadores y trabajadoras del Consejo Nacional de Vialidad hacemos un vehemente llamado para que se respete el trabajo digno de quienes laboramos con responsabilidad, transparencia y compromiso en construir y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional.
Desde la fundación de la Seccional UNT-CONAVI en el año 2014, hemos defendido que la obra pública debe recuperar su función de contribuir al desarrollo, al bienestar de los costarricenses y que se debe terminar con el corporativismo y la corrupción en el proceso de elaboración de diseños, mantenimiento y construcción de obra pública vial.
Hemos denunciado ante los últimos dos presidentes de la República, Diputados y Diputadas, los Ministros de Obras Públicas y Transportes y las Direcciones Ejecutivas del CONAVI de las últimas dos administraciones, como los grupos corporativos político empresariales controlan todo el proceso de diseño, construcción, mantenimiento, inspección y operación de las obras viales. Dentro de nuestros planteamientos hemos condenado que haya dos representantes de la UCCAEP en el Concejo de Administración y propuesto las reformas legales para terminar con ese conflicto de intereses.
Lamentablemente, para desviar la atención en relación al saqueo a las finanzas públicas, se ha posicionado ante la opinión pública, la imagen de que el CONAVI y particularmente sus trabajadores, son los responsables de todos los atrasos, pésimas obras y corrupción que enfrenta la obra vial nacional, lo cual es solo una cortina de humo para desviar la atención de los grandes negocios que políticos y empresarios hacen mediante la figura de concesión de obra pública, germen de la corrupción.
Somos conscientes que lamentablemente puede haber compañeros que están siendo cuestionados y confiamos en que los encargados de impartir Justicia hagan su trabajo, no se dejen torcer el brazo y logren hacer valer la verdad, con transparencia y todo el peso de la ley, para quienes han faltado a su deber de probidad como funcionarios públicos y los grandes empresarios que han comprado conciencias para facilitar el negocio con la obra pública.
En el Consejo Nacional de Vialidad trabajamos más de 400 personas de forma directa y miles de forma indirecta, personas que día a día continuamos laborando con honestidad, responsabilidad, transparencia y compromiso por el desarrollo del país. Exigimos sistemas y procesos totalmente transparentes que nos permitan seguir trabajando honradamente para dar sustento a nuestras familias y asimismo, recuperar la credibilidad en la institucionalidad del país, en especial, la de una institución tan importante para el desarrollo nacional como es el CONAVI.
El presente comunicado es un acuerdo de la Asamblea de Afiliados y Afiliadas a la UNT realizada el Jueves 1 de julio de 2021.
Propuestas de la UCR para la reconstrucción de la Costa Rica pospandemia
Las alianzas Público-Privadas deben incrementarse ante la carencia de recursos estatales
De acuerdo con los expertos de la UCR, el sector de la construcción es clave en la reactivación de la economía porque genera empleos, incrementa la productividad y mejora la calidad de vida de las personas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Con el fin de contribuir con la reactivación económica del país ante la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, un grupo de estudio de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica elaboró un documento con más de20propuestas para el sector de la construcción y de la ingeniería civil.
De acuerdo con los expertos, este sectorrepresenta casiel7% del empleo en el país, tomando en cuenta solo puestos directos de trabajo. Esto lo convierte en una actividad clave para desarrollar estrategias de recuperación económica con efectos positivos a corto plazo, tomando en consideración su capacidad de emplear personas de todos los estratos sociales.
Sin embargo, la misma crisis económica aunada a la compleja situación fiscal que atraviesa el país y a los recortes que aplicó la Asamblea Legislativa al Presupuesto de la República para el 2021, obligan a pensar en Alianzas Público-Privadas (APP) para que el sector de la construcción siga desarrollándose y generando puestos de trabajo.
En este sentido, Germán Valverde, docente de la Escuela de Ingeniería Civil, considera imprescindible este tipo de convenios. “Queda muy claro que para darle el impulso necesario al desarrollo de la infraestructura en general va a ser necesario el uso de capitales privados y el apoyo de las APP para los próximos años. Es muy importante no parar la continuidad del desarrollo de proyectos”, enfatizó.
En esta misma línea, Rosendo Pujol Mesalles, catedrático de esta misma Escuela, advierte sobre la urgencia de bajar la incertidumbre económica y territorial por medio de un diálogo en el que se discutan cuáles son los proyectos que están maduros para ser ejecutados y quitarles las trabas que los están bloqueando.
Las propuestas están organizadas en 7 grandes ejes que van desde la construcción en general hasta el desarrollo de infraestructura relacionada con la telemática. También se incluye un apartado más extenso sobre la construcción de obras de infraestructura vial y la edificación de viviendas bajo un novedoso sistema.
Eje de la construcción en general
En vista de que las obras de infraestructura de gran envergadura suelen mejorar la competitividad del país, el grupo de estudio sugiere mantenerlas activas y agilizar su desarrollo, de la mano de la promoción de proyectos de corto plazo que requieran gran cantidad de mano de obra, que sean ejecutados por muchas empresas constructoras y que, a su vez, satisfagan necesidades inmediatas de la sociedad, como vivienda, acceso a agua potable, tratamiento de aguas residuales e infraestructura hospitalaria, entre otros.
Subraya el documento que estas medidas deben acompañarse de una revisión de los procesos de contratación y de la tramitología actual, en aras de fomentar la transparencia y abrir las oportunidades a la mayor cantidad de oferentes en todo el territorio nacional.
En este apartado las propuestas son las siguientes:
Continuar el financiamiento del programa de vivienda para las personas de menores recursos.
Mantener el financiamiento y acelerar la ejecución de proyectos hospitalarios, de alcantarillados pluviales y sanitarios y el mantenimiento de vías nacionales y cantonales.
Adaptar infraestructura existente para hacerla más apropiada a la situación de la pandemia.
Dotar de nueva infraestructura a escuelas y colegios que hayan sido declarados inhabitables por situaciones sanitarias o estructurales.
Tomar en cuenta el cambio climático en todas las obras para mitigar los daños que puedan ocasionar condiciones climáticas más adversas.
No paralizar el diseño y planificación de obras y proyectos, pero sí adaptarlos a las nuevas necesidades.
Mejorar el ordenamiento territorial que promueva una mayor productividad y un mejoramiento en la calidad de vida.
De acuerdo con el criterio de los analistas de la UCR, la inversión en obra pública debe incrementarse. La foto corresponde a la reconstrucción del edificio de Correos de Costa Rica en Limón. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Esta consiste en la identificación de lotes pequeños y casas que hayan cumplido su vida útil dentro de los cascos urbanos de las ciudades, donde pequeñas y medianas empresas diseñen y desarrollen proyectos residenciales de condominio vertical de pequeña escala.
1) Presentar una alternativa que permita aprovechar mejor la infraestructura y repoblar la ciudad.
2) Dar mayor accesibilidad a las familias de escasos recursos a terrenos con buena ubicación.
3) Generar opciones de empleo para trabajadores de la industria de la construcción, así como para profesionales y empresas de ingeniería y arquitectura.
4) Contribuir con los esfuerzos del plan de reactivación económica del país.
Eje de la construcción de obras de infraestructura vial
Los analistas de la UCR consideran que este eje es estratégico para ampliar mercados, incrementar la inversión privada y reducir los costos de producción, entre otros beneficios. Sin embargo, llaman la atención sobre la importancia de enfocar estas acciones en los sectores más rezagados.
“Los mayores rendimientos e impactos se consiguen cuando las inversiones se realizan en lugares donde la infraestructura es más escasa y deficiente. Por lo tanto, si se desean conseguir los mayores impactos en el crecimiento económico, es necesario volver los ojos a las zonas del país con mayores rezagos de desarrollo y que presentan mayores carencias de infraestructura”, puntualiza el documento.
En términos generales, las sugerencias en esta materia se centran en retomar y fortalecer el Plan Nacional de Transporte (PNT) y que cada gobierno dé continuidad a los proyectos iniciados en administraciones anteriores e inicie los procesos de nuevas obras de infraestructura que heredará al siguiente gobierno.
Las propuestas de esta sección se resumen en los siguientes puntos:
Aumentar la inversión en obras de infraestructura vial en el orden del 3.66% de Producto Interno Bruto, en promedio, cada año, e incrementar la inversión privada en este ámbito.
Retomar el PNT como la hoja de ruta de inversión pública en infraestructura de transporte.
Acelerar las etapas de preinversión, diseño y gestión de derechos de vías de nuevos proyectos contemplados en el PNT y su inscripción ante el CFIA, para no paralizar el desarrollo de obras de infraestructura de transporte.
Priorizar aquellos proyectos del PNT que corresponden a la mejora de corredores estratégicos desde el punto de vista logístico y a la mejora de vías que forman parte de la red vial complementaria, particularmente aquellas localizadas en zonas rurales de alto potencial productivo, turístico y de atracción de nuevas inversiones, en lugar de concentrar inversiones dentro de la Gran Área Metropolitana.
Convertir las rutas de lastre que pertenecen a la red complementaria establecida en el PNT en vías pavimentadas o mejorar su condición por medio de sellos asfálticos no estructurales. “Nuestra recomendación es mejorar la calidad de las redes de lastre. Cada año se invierten cerca de 8 mil millones de colones y la durabilidad que tienen las intervenciones de esta red es de aproximadamente 4 meses. Es una inversión muy poco efectiva. De hecho, el Plan Nacional de Transporte requiere, además de la Red Estratégica de Alta Velocidad, también una Red complementaria, y parte de esa red complementaria está conformada por estas vías no pavimentadas”, detalló Valverde.
Incrementar la participación del sector privado a través de diversas figuras de APP para la inversión y como responsables del mejoramiento, operación y mantenimiento de infraestructura de transporte.
No utilizar más recursos del Fondo Vial del Conavi para financiar obras del proyecto San José-San Ramón, sino que el Fideicomiso del Banco de Costa Rica gestione la obtención de recursos frescos para el desarrollo de ese proyecto.
Fomentar la creación de microempresas de conservación vial.
Mejorar la Red Estratégica de Alta Velocidad y la Red Complementaria compuesta, en su mayoría, por caminos de lastre son parte de las propuestas en materia de infraestructura vial. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Otras medidas
El análisis desarrollado por el equipo de docentes de la Escuela de Ingeniería Civil no se limitó a la llamada “obra gris” sino que contempló otros aspectos de vital importancia para la convivencia y el desarrollo el país. Uno de ellos es el fortalecimiento de la infraestructura telemática en todo el territorio nacional, especialmente en escuelas, colegios y áreas públicas.
“La crisis del COVID-19 es una crisis que se gesta sobre otra ya existente: la de la desigualdad de conectividad para el acceso a servicios o a fuentes de información y conocimiento. Bajo la nueva realidad, con las clases virtuales, la conectividad de estudiantes y docentes que habitan a todo lo largo y ancho del país, se vuelve una necesidad tan imperiosa como en su momento fue la construcción de escuelas”, reza el documento.
Por otra parte, también se considera que muchos centros educativos urgen una reconversión para ajustarse a la denominada “nueva normalidad”. Esto incluye aspectos como mejoramiento en servicios sanitarios y estaciones de lavado de manos, habilitación de espacios para atender personas con afecciones respiratorias, colocación de mamparas de acrílico en sitios de atención al público y señalización en general.
El documento también propone fortalecer, acelerar y difundir un programa de inversión que incluya la construcción de acueductos nuevos y la reparación de los ya existentes, en vista de que la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto la enorme importancia de contar con un suministro permanente de agua potable para garantizar la higiene básica personal y la limpieza frecuente del hogar.
Finalmente, se propone simplificar los trámites para obtener los permisos de construcción como un eje transversal que contribuya con la materialización y aceleración de todas las propuestas, así como rendir cuentas a la ciudadanía en relación con todas las acciones desarrolladas.
Puede consultar el documento de las propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/uhIH
Fernando Montero Bolaños Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Desde finales del año anterior la economía ha mostrado una mejora en su ritmo de crecimiento, explicado en buena medida por el mayor dinamismo experimentado por las firmas amparadas al régimen de zonas francas, así como por el estímulo más o menos constante de las empresas de “base local”.
Es así, que el sector industrial dejó atrás el efecto adverso que significó el retiro de una parte de las operaciones de la firma Intel e incluso, el sector agropecuario superó un periodo de casi año y medio en el que registró tasas de crecimiento negativas. Cabe indicar, que a julio anterior la gran mayoría de actividades económicas se encuentran creciendo a tasas cada vez mayores, con una clara excepción: el sector construcción.
En este sentido, esta actividad se ha contraído en cerca de un 15% en el último año (de julio 2015 a julio 2016), debido al errático comportamiento tanto de la construcción privada como de la pública, siendo que esta última ha presentado tasas de crecimiento negativas en los últimos 14 meses, producto de la finalización del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón así como el correspondiente a la ampliación del trayecto entre Cañas y Liberia,
Ante este panorama, tal como fue dado a conocer en las últimas semanas por varios medios de comunicación, las autoridades gubernamentales buscan impulsar esta actividad, mediante un incremento cercano del 26% para el próximo año en los recursos del presupuesto de la República destinado a gasto de capital.
Pero, ¿por qué es importante reactivar la construcción de obra pública en el país?
En primer lugar, porque de los instrumentos con que cuenta el sector público para estimular la producción, la construcción de obra pública es la que tiene un mayor impacto directo e indirecto.
Derivado de lo anterior, porque es una fuente generadora de empleo por excelencia, asimismo, en los casos de proyectos geográficamente bien localizados, también puede tener un impacto importante en la economía local.
Por los encadenamientos productivos que podría genera, en cuanto compra de materiales, alquiler de maquinaria y equipo, así como por la demanda de servicios asociados (seguridad, alimentación, transporte, entre otros).
Finalmente, por su impacto en el nivel de competitividad, cuyo efecto es aún más notorio en el caso de la expansión de la capacidad productiva del país.
No obstante lo anterior, para que estos beneficios se materialicen de manera oportuna, es necesario velar por el cumplimiento de los siguientes preceptos:
Acatamiento de la normativa ambiental aplicable a cada iniciativa, a efectos de minimizar los impactos negativos que este tipo de iniciativas podría tener sobre el medio socio-ambiental.
Cumplimiento de la programación de los proyectos en cuanto su duración, costo y alcance, para así reducir lo más pronto posible el déficit de infraestructura que sufre el país y evitar que los recursos financieros contratados para tales efectos, permanezcan sin uso.
Labor coordinada entre las entidades participantes e interesadas, de tal manera que se minimicen los atrasos que son generados por trabas atribuibles a las propias instituciones del sector público, como es el caso de otorgamiento de permisos, suministro de servicios de apoyo, entre otros.
En conclusión, el año 2017 será crítico para reactivar la construcción de obra pública en el país, sin embargo será necesario superar algunas prácticas que han caracterizado el desarrollo de estos proyectos – especialmente las relacionadas con el atraso en la entrega de las obras – y evitar que las complicaciones actuales existentes en el frente fiscal, se traduzca en la sub-ejecución y postergación de este tipo de iniciativas.
***Para mayor información comuníquese con Greivin Salazar (8835-6576) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3066).
(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.miningpress.com
Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.
El proyecto debe respetar los derechos de los trabajadores y recuperar el papel de la obra pública como proyecto de desarrollo y no como negocio de corporaciones privadas
Se ha anunciado que el Proyecto de Transformación del CONAVI está listo. La UNT a través de su Seccional UNT-CONAVI está preparada para analizar a fondo el proyecto de ley, desde dos perspectivas fundamentales:
-Garantizar el derecho al trabajo de quienes laboran en el CONAVI.
-Garantizar que el proyecto realmente sirva para terminar con el corporativismo y la corrupción en el proceso de elaboración de diseños, mantenimiento y construcción de obra púbica vial.
Quedamos a la espera de que el Ministro Segnini envíe a consulta de la UNT el proyecto, a la vez de que redoblaremos nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa para el posicionamiento de nuestras propuestas.
Si el proyecto no cumple con las expectativas que desde la UNT nos planteamos: tutelar los derechos de las y los trabajadores y recuperar el papel de la obra pública como proyecto de desarrollo y no como negocio de corporaciones privadas, la UNT dará la pelea donde haya que darla para que el proyecto no prospere.
Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores.
