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Etiqueta: organización comunitaria

«¿Recuerdan Río Azul?»: Manuel Delgado alerta sobre proyecto de basurero en El Jateo y centro de acopio en Balsa

«Posiblemente ustedes se acuerden de Río Azul», comienza su mensaje Manuel Delgado Cascante, vecino del cantón de Mora quien envió a SURCOS un audio de alerta sobre un proyecto para instalar un basurero en la zona conocida como El Jateo, colindante con el cantón de Atenas.

El vecino recuerda que, cuando se cerró el botadero de Río Azul hace unos veinte años por la contaminación y el daño que causaba a las comunidades, se prometió un tratamiento moderno, sin lixiviados ni olores. «Vayan a La Carpio hoy y lo van a ver, pues La Carpio es el reemplazo histórico del botadero de Río Azul», afirma. Y describe una situación donde la gente sufre enfermedades por el ruido, la contaminación y las moscas. «Veinte años después no han hecho nada en relación con la basura y ahora quieren meter aquí, al cantón de Mora, la basura de todo el área metropolitana y aún más allá», advierte.

Agua y biodiversidad en riesgo

Rl vecino explica que El Jateo es «un lugar riquísimo en variedad vegetal y animal», con al menos cuatro quebradas, una fuente de agua cercana y el nivel freático muy superficial. «Para un cantón como este, para un cantón como Atenas, que tiene tantos problemas del agua, destruir esta riqueza es sencillamente un crimen», afirma.

Camiones en la ruta 27 y basura a cielo abierto

El vecino señala además un tema del que, a su juicio, se habla poco: el transporte. La ruta 27 ya está colapsada, y el proyecto implicaría el tránsito de camiones de basura varias veces al día en ambos sentidos.

Lo que considera más grave es que, según explica, la basura no llegaría directamente al sitio de disposición final. Iría primero a un centro de acopio intermedio en Balsa, donde se depositarían a cielo abierto unas 1.500 toneladas diarias. Desde allí, por la dificultad del acceso, se trasladaría al sitio final en vehículos más pequeños. «¿Se imaginan ustedes lo que es tener un basurero a cielo abierto de 1.500 toneladas diarias de basura? […] Río Azul era sinónimo de basura. Eso va a pasar en Balsa», advierte. Agrega que Atenas, conocido como «el cantón del mejor clima del mundo», se convertiría en «el cantón del basurero», y que las propiedades cercanas perderían gran parte de su valor.

«Costarricenses, ¡ayúdenos a parar esta locura!», concluye.

Un problema nacional: la basurización de los territorios

La preocupación del vecino se inscribe en un conflicto más amplio que SURCOS ha venido cubriendo. En julio de 2025, comunidades de distintas regiones advirtieron que el modelo de gestión de residuos basado en megarrellenos operados por empresas privadas ha convertido a cantones periféricos de la Gran Área Metropolitana en «territorios de sacrificio». Comunidades como Río Azul, Desamparados y La Carpio han vivido las consecuencias, mientras que Mora, Turrúcares, Osa y Miramar enfrentan nuevas amenazas. En ese momento, el Movimiento Cívico No al Basurero en Mora participó junto con otras organizaciones en los foros sobre «Territorios amenazados por la basurización», organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, la Asociación Civil Pro Natura, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y el Programa Kioscos Socioambientales.

El tema ha cobrado nueva actualidad en las últimas semanas.

Le invitamos a ampliar detalles sobre este tema en los siguientes enlaces:

¿En la guerra de la basurización, dónde quedan las comunidades?

Movimiento comunitario emplaza al alcalde de Mora para que cumpla su promesa y no se avance con botadero de basura

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

¿Qué sería de nuestra vida sin la CCSS?

Edison Valverde Araya

Yo no estaría contando esta historia si no fuera por la Caja, que me ayudó a sobrevivir al covid-19 y al cáncer.

Hace una semana, 21 personas de Paso Ancho y San Sebastián nos reunimos en La Arboleda para conversar sobre la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sobre lo que podemos hacer para defenderla.

El conversatorio estuvo a cargo de Adriana Garrido y Mario Céspedes, integrantes del colectivo La Caja es Nuestra. Mario Céspedes es además vecino de Los Geranios. Entre las personas asistentes estuvieron don Luis Navarro, presidente de la Junta de Salud, y Ericka Cascante, también integrante de esa junta, así como don Orlando Navarro, presidente del Hogar de la Esperanza de Paso Ancho.

La conversación fue muy animada y todas las personas presentes participaron activamente. Hay una gran disposición a defender la CCSS y los EBAIS de San Sebastián y Paso Ancho, para que sigan siendo administrados por la Caja.

Se acordó abrir un medio de comunicación, un grupo de WhatsApp que ya funciona con el nombre «PA-SS por la Defensa de la Caja», y participar en la marcha del domingo 8 de noviembre en San José.

La marcha, convocada entre otras organizaciones por Buen Vivir Costa Rica bajo el lema «Marchemos por nuestra salud y bienestar», saldrá a las 9:00 a. m. del parque La Merced y llegará a las oficinas centrales de la CCSS.

En la marcha pediremos:

  • que el gobierno pague a la CCSS lo que le adeuda;
  • que se reduzcan las listas de espera;
  • que se mejoren los equipos y se cuente con más especialistas;
  • que se mejoren los servicios.

Sala Constitucional ordena hacer cumplir orden sanitaria contra SIGMA Alimentos por vertidos en Oreamuno

Nota

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por la contaminación de una quebrada en San Rafael de Oreamuno, Cartago. La contaminación proviene de las descargas de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa SIGMA Alimentos Costa Rica S. A. En la resolución n.º 2026041773, el tribunal tuvo por acreditada una demora injustificada de las autoridades de salud en la atención del caso.

En el recurso participaron Fabián Pacheco, agrobiólogo e integrante del Frente Ecologista de Cipreses, y Helmuth Hasbum Fernández, vecino afectado. Lo hicieron después de presentar denuncias reiteradas por malos olores persistentes y descargas irregulares de aguas residuales desde la planta de la empresa.

Hallazgos técnicos

Según informes técnicos avalados por el Ministerio de Salud, la planta de tratamiento de la empresa no operaba adecuadamente. Un muestreo de laboratorio realizado en agosto de 2026 determinó que los vertidos superaban de forma significativa los límites máximos permitidos por la normativa ambiental. Se registraron 717 mg/L de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 1.042 mg/L de demanda química de oxígeno (DQO) y 79 mg/L de grasas y aceites. Estos resultados evidenciaron una remoción insuficiente de la carga orgánica y sustentaron la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 contra la compañía.

Lo que resolvió la Sala

La Sala Constitucional determinó que hubo una dilación indebida de ocho meses entre la presentación de la denuncia inicial (n.º 168-2025) y la notificación de resultados a las personas afectadas por parte del Área Rectora de Salud de Oreamuno. En consecuencia, resolvió:

  • declarar parcialmente con lugar el amparo por la lesión del derecho a una justicia administrativa pronta y cumplida;
  • ordenar a la directora del Área Rectora de Salud de Oreamuno girar las instrucciones necesarias para que la empresa acate a cabalidad la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-039-2026 y se resuelva el problema en definitiva;
  • condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en la vía contencioso-administrativa.

Reacciones

Para Fabián Pacheco, la resolución es «una victoria más de la sociedad civil organizada en la defensa ambiental». Calificó como lamentable que las instituciones del Estado solo actúen a punta de recursos de amparo, y destacó que las comunidades tuvieron que aportar su propio dinero para demostrar los incumplimientos de la empresa en materia ambiental.

«Estaremos vigilantes para que la empresa SIGMA y el Ministerio de Salud ejecuten la orden sanitaria y vamos a seguir monitoreando sus vertidos. Desde el Frente Ecologista de Cipreses no vamos a bajar la guardia, ya que todavía se perciben malos olores por los vertidos de SIGMA. Nos merecemos un ambiente sano y es un derecho constitucional que vamos a defender», afirmó.

Antecedentes

SURCOS ha dado seguimiento a la lucha de las comunidades de Oreamuno por esta contaminación:

  • 5 de agosto de 2026. Un informe del Ministerio de Salud (MS-DSA-UGSA-0751-2026) confirmó la presencia de «olores ofensivos» en las colindancias de la planta de tratamiento.
  • Peritaje del CICA-UCR. El Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica (CICA-UCR) hizo un peritaje, contratado por la Red de Coordinación en Biodiversidad, que encontró valores de DQO y DBO por encima de los límites del Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales.
  • 5 y 6 de setiembre. Las comunidades documentaron episodios de vertidos durante la madrugada de un fin de semana.
  • 10 de setiembre. Las comunidades se manifestaron frente al Área Rectora de Salud de Oreamuno y anunciaron que protestarían ante cada nuevo vertido.

En ese contexto, el Frente Ecologista de Cipreses llamó a la población a denunciar los olores en el momento en que se perciben, mediante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) o la línea 911.

Concejo Municipal de Monteverde respalda moratoria a la extracción mecanizada en el río Guacimal impulsada por la comunidad

El Concejo Municipal de Monteverde aprobó por unanimidad una moción de apoyo a la moratoria a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes. Esa moratoria es una iniciativa comunitaria que el Concejo Municipal de Puntarenas ya había aprobado. El acuerdo se tomó en la sesión ordinaria n.º 163-2026 del 3 de noviembre y quedó en firme.

La moratoria ha sido una lucha de la comunidad, que forma parte de la Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas. El Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas la declaró como «Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal» y la publicó en La Gaceta n.º 156 del 19 de agosto de 2026. La medida tiene carácter preventivo, con fines de ordenamiento territorial, gestión del riesgo y protección ambiental. Suspende nuevos trámites y autorizaciones para esa actividad durante veinticuatro meses prorrogables, y su vigencia queda condicionada a un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

En sus considerandos, el Concejo de Monteverde señala que la cuenca del río Guacimal incluye una parte alta en ese cantón. Por eso, cualquier alteración podría afectar la integridad de la cuenca como unidad hidrológica y ecológica y poner en riesgo el Corredor Biológico Pájaro Campana. Añade que la extracción mecanizada impacta negativamente la morfología del cauce, la conectividad ecológica y los derechos de las comunidades locales sobre el recurso hídrico. Según el acuerdo, el Concejo de Monteverde, «en ejercicio de su autonomía y competencias, debe apoyar medidas que protejan el ambiente y la seguridad hídrica para beneficio de la región».

El Concejo acordó:

  • manifestar su «apoyo expreso y fundamentado» a la moratoria en todos sus términos;
  • solicitar que el informe técnico integral considere la cuenca como una unidad completa, incluida la parte alta en Monteverde, y que esto se tome en cuenta en los procesos de consulta pública;
  • remitir su postura al Concejo Municipal de Puntarenas, a su Comisión de Asuntos Ambientales y a la Alcaldía, para que se valore en la consulta pública;
  • comunicar el acuerdo al Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Geología y Minas, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, e instarles a valorar la moratoria y el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca;
  • divulgar el acuerdo al Consejo Local del Corredor Biológico Pájaro Campana y a las organizaciones comunales de la cuenca.

Inician trabajos en la ruta 30703, pero vecinos de Cipreses exigen una intervención integral

El Frente Eco Cipreses y el Comité de Caminos de Calle Pavilla celebraron el inicio de los trabajos de nivelación en la ruta 30703, en Oreamuno de Cartago. La describen como una vía vital que, hasta hace pocos días, “parecía zona de bombardeo debido al reiterado abandono por parte del MOPT”.

Según las organizaciones, la llegada de la maquinaria “no es un regalo ni una casualidad: es fruto directo de la presión comunitaria” y de la campaña de recolección de firmas que impulsan, que ya alcanzó 600 firmas.

Sin embargo, advierten que no se conformarán con obras paliativas: “Un simple raspado o parcheo volverá a llenarse de baches con dos aguaceros”. Señalan que la clase trabajadora, campesina y productora de Cartago, que transita a diario por este camino y saca por él sus cosechas, “exige y merece una intervención integral, duradera y de calidad”.

Por eso llaman a la comunidad a mantener la movilización y a sumar más firmas “para que no puedan ignorarnos”. Además, piden al Concejo Municipal de Oreamuno que se sume públicamente a la causa y no se quede “mirando los toros desde la barrera”.

“¡Firme y comparta para exigir el camino digno que merecemos!”, concluye el comunicado.

La petición puede firmarse en este enlace.

San Sebastián conversará sobre la CCSS y su lucha por EBAIS administrados por la Caja

Desde 2010, la comunidad del distrito de San Sebastián-Paso Ancho lucha para que los 11 EBAIS que atienden a sus 45.000 habitantes sean administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y no por empresas privadas. Según sus organizadores, esa lucha pasa por defender la CCSS.

En ese marco se realizará el conversatorio “¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?”, el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

Invitan el Encuentro Ecuménico, La Caja es Nuestra y el Hogar de la Esperanza, con el apoyo de la Comunidad Buen Vivir.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria.

En Panamá debatirán cómo construir un país desde y para las comunidades y los territorios

En la ciudad de Panamá se realizará el conversatorio “¿Cómo construir un país desde y para las comunidades y territorios?”, un espacio para pensar alternativas económicas y sociales a la minería y el extractivismo en las comunidades más excluidas, a partir de la organización comunitaria, la gobernanza y la solidaridad.

Según la convocatoria, el encuentro surge ante la crisis social, ambiental y económica que vive Panamá, “agravada por el reciente terremoto en nuestras zonas más vulnerables”. “Tras siglos de abandono, es más urgente que nunca hablar de futuro”, señalan sus organizadores.

Participarán:

  • Kevin Sánchez Saavedra, antropólogo;
  • Juan Jované, economista;
  • Juana Camargo, socióloga, quien abordará el ecofeminismo;
  • Annie Young, de la Mesa UICN, quien se referirá al turismo regenerativo.

La actividad es un diálogo del espacio Pintas y Datos, organizado por La RED con el apoyo de Red Flag Taproom.

Datos de la actividad

  • Fecha: jueves 29 de octubre
  • Hora: 7:00 p. m. (hora de Panamá)
  • Lugar: Red Flag Taproom, calle 72 Este, San Francisco, ciudad de Panamá

Convocan a conversatorio sobre la realidad de la CCSS en San Sebastián

“¿Cómo se imagina Costa Rica sin la Caja?” Con esa pregunta, el Hogar de la Esperanza y el movimiento La Caja es Nuestra invitan a un conversatorio sobre la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad será el viernes 30 de octubre a las 5:00 p. m. en el salón comunal La Arboleda, en San Sebastián Sur.

“¡Venga a conversar con nosotros!”, dice la convocatoria, que lleva como lema “La Caja es nuestra”.

Campaña por el rescate de la ruta 30703 supera las 300 firmas; CONAVI anuncia inspección técnica tras presión ciudadana

Comunicado

Cartago, 19 de octubre de 2026. El Frente Eco Cipreses informa a la opinión pública, medios de comunicación y comunidades aledañas que la campaña activa de recolección de firmas para exigir la intervención urgente de la ruta de travesía 30703 (Sector La Puente – Cipreses, Oreamuno) ya ha superado las 300 firmas de vecinos, trabajadores y personas usuarias de la vía.

Esta movilización ciudadana nace de la absoluta indignación ante el estado deplorable, ruinoso y sumamente peligroso en el que se encuentra la carretera. A través de una denuncia formal dirigida al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a la Contraloría de Servicios, con copia a la Alcaldía y el Concejo Municipal de Oreamuno, las comunidades exigieron la rendición de cuentas por el abandono sistemático de esta arteria vital.

En el documento, los vecinos denuncian que la ruta es hoy un campo de cráteres intransitable que genera un impacto económico devastador para la clase trabajadora de Cartago, obligando a los conductores a pagar altísimas facturas por daños en suspensiones, llantas y aros. Por ello, se exigió a las autoridades una explicación técnica del abandono y una fecha exacta para una rehabilitación integral, rechazando categóricamente los «parches temporales» que desaparecen con las lluvias.

Primera respuesta de las autoridades

Como fruto de esta fuerte presión ciudadana, el Frente Eco Cipreses recibió una respuesta formal por parte del señor Esteban Jarquín Vargas, representante del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien indicó textualmente lo siguiente:

«En atención a su comunicación relacionada con las condiciones de la Ruta de Travesía N.° 30703, específicamente en el sector La Puente–Cipreses, cantón de Oreamuno, provincia de Cartago, se les informa que esta Administración procederá a realizar una inspección técnica en el sitio, con el propósito de verificar las condiciones señaladas en su denuncia, determinar el estado actual de la infraestructura vial y valorar las necesidades de intervención que correspondan.

A partir de los resultados de dicha inspección, y de determinarse la necesidad de ejecutar obras, se procederá a valorar su incorporación en la programación de intervenciones de conservación vial, considerando las competencias institucionales, los alcances legales y contractuales aplicables, la disponibilidad de contenido presupuestario y las prioridades de atención establecidas para la zona.»

Llamado a mantener la presión

Si bien consideramos que esta inspección es un primer paso logrado gracias a la unión comunal, la historia nos ha enseñado que no podemos bajar la guardia.

Por lo tanto, invitamos a toda la población a firmar y mantener activa la campaña de firmas para sostener la presión social ante el abandono que el mal gobierno mantiene sobre las vías públicas de Cartago. No podemos permitir que esta inspección técnica se convierta en una excusa burocrática más ni en promesas vacías; la paciencia de la clase trabajadora llegó a su límite.

Le instamos a sumar su voz y compartir el formulario para exigir soluciones definitivas.

Enlace para firmar la petición: https://forms.gle/uSAGK7auMEDf6fAT7

El fuego del amor consciente: Rebeca y la defensa del río Montezuma

«La protección de la naturaleza no se decreta desde la comodidad de los escritorios oficiales; se defiende en el territorio cuando los ciudadanos asumen el coraje de denunciar el desprecio y la destrucción».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de las denuncias ambientales en la península de Nicoya y el reciente reconocimiento otorgado a la activista; una mirada crítica sobre el impacto de la gentrificación, el inmovilismo institucional y la urgencia de la fiscalización ciudadana.

Hay luchas socioambientales que nacen de la estricta necesidad material, pero hay otras, más profundas, que brotan de la coherencia ética y el arraigo territorial. La defensa de la cascada y el río Montezuma, en el distrito de Cóbano de Puntarenas, personifica este segundo escenario.

Las alarmantes intervenciones en una zona ambientalmente tan sensible, marcadas por la tala ilegal de hileras de árboles y movimientos de tierra, han encontrado un dique de contención definitivo en el coraje de la vecina Rebeca Montero Castro.

Su voz se ha levantado con firmeza para plantear una interrogante incómoda que exige respuestas inmediatas del Estado: «¿Quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza?».

En un video difundido de forma directa por la propia comunidad, Rebeca señaló con indignación la tala indiscriminada de árboles y la apertura arbitraria de un claro justo al frente de la cascada de Montezuma.

A través de este registro de denuncia audiovisual, la activista cuestionó con severidad que este tipo de acciones destructivas puedan ejecutarse de manera impune en una zona ambientalmente tan sensible y con una alta densidad de flora y fauna nativas, donde los pobladores locales poseen una -de verdad- arraigada conciencia ecológica de protección.

El origen de este ecocidio en la península de Nicoya responde a una lógica mercantil de exclusión agresiva. Bajo el amparo de la gentrificación y la búsqueda de un lucrativo «ocean view» impulsado por el poderoso caballero don dinero, se introdujeron tractores y se provocó la caída de rocas hacia el cauce del río y el sendero turístico.

Esta preocupante destrucción no solo arruina el paisaje. También compromete la estabilidad del terreno, altera la flora y fauna de la zona y amenaza directamente la seguridad de las personas que visitan uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

Atentar contra este ecosistema es destruir la gallina de los huevos de oro que sostiene buena parte de la actividad turística y la vida comunitaria.

La parálisis del SINAC y la respuesta comunal

El verdadero rostro de la crisis ambiental costarricense es la impunidad propiciada por el inmovilismo institucional. A pesar de que los vecinos informaron oportunamente a las autoridades sobre la construcción de gaviones y traslados de material pesado ocurridos entre agosto y noviembre de 2025, el Estado hizo la vista gorda, tal como consta en la pormenorizada reseña publicada por el diario SURCOS Digital («Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada…») y el Semanario Universidad («SINAC confirma afectación de patrimonio natural por intervenciones en catarata de Montezuma»).

La parálisis del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) obligó a la comunidad organizada y al Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA Cabo Blanco – Ario) a interponer la denuncia N.º 37.797 ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) para frenar la destrucción de la cobertura forestal dentro del margen de protección hídrica.

Frente a la pasividad estatal, la respuesta civil se ha consolidado a través de una masiva petición ciudadana en línea respaldada por las asociaciones de desarrollo de Santa Teresa, Mal País y Montezuma. El río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica, un galardón conquistado colectivamente por el pueblo durante años de esfuerzo comunitario que hoy se encuentra en grave riesgo por la desregulación, según detalla el informe de prensa.

Por ello, las exigencias de Rebeca superan la simple protesta. La ciudadanía reclama acceso público a los estudios de impacto ambiental y demanda una inspección de campo urgente acompañada por los vecinos para garantizar la restauración del ecosistema agredido.

El reconocimiento al coraje ecologista

La valentía de defender la vida invisible no pasa desapercibida para el movimiento social del país. En un emotivo acto público, el movimiento ecologista Bloque Verde otorgó un merecido reconocimiento y homenaje a Rebeca por haber tenido el valor civil de registrar con su celular los destrozos, levantar la alerta y avivar el fuego de la organización.

Su testimonio constituye una profunda lección de dignidad para una sociedad adulta habituada al desapego: «Siento como que hice caso a mi corazón y eso era lo correcto. Actué desde el amor, porque todo lo que sea una lucha desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto a la naturaleza, es algo de todos».

El Gobierno actual no puede permitir que el capricho del dinero pase por encima de las leyes de protección forestal. Nuestra patria se hace más fuerte cuando defiende sus bienes comunes y protege la integridad de sus agroecosistemas.

Es hora de que los inquilinos transitorios de los despachos públicos dejen la estridencia, salgan a los territorios periféricos y asuman con responsabilidad el mandato de proteger la trinchera fundamental de nuestra biodiversidad.

Tal como lo demostró de forma valiente Rebeca Montero Castro, si vemos que algo destructivo está ocurriendo, nuestro deber es gritar ayuda y organizarnos para que nadie quede atrás.