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Pablo Ruiz: “Es una vergüenza que Chile firme acuerdos con el Comando Sur”

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Entrevista a Pablo Ruiz, miembro del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile; de la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza CONVIDA-20, y parte de la Red Internacional No a la Guerra, No a la OTAN.

EI: A 51 años del golpe de estado en Chile ¿cómo evalúa la situación de los derechos humanos en el país?, ¿seguimos teniendo justicia en la medida de lo posible?

PR: en primer lugar señalar que a 51 años del golpe de Estado, los familiares y las agrupaciones de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos siguen luchando por conocer toda la verdad y lograr justicia total, lo que demuestra que se ha avanzado lentamente desde el retorno a la “democracia” desde 1990 hasta hoy. Muchos familiares han muerto sin obtener justicia, muchos familiares de detenidos desaparecidos aún desconocen el destino de los suyos.

El año pasado el gobierno lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de quienes sufrieron desaparición forzada y desde el anuncio hasta hoy no han habido resultados concretos, no hay equipos nuevos que estén operando, buscando a nuestras y nuestros detenidos desaparecidos, no hay avances en la identificación de los restos óseos que están en manos del Servicio Médico Legal, lo que demuestra que todo ha seguido en la “medida de los posible”.

Sería muy largo responder cómo estamos en materia de derechos humanos. Sólo quisiera agregar algunos hechos importantes: han seguido registrándose casos de tortura, abuso policial, desaparición forzada; siguen existiendo presos políticos, chilenos y mapuches, en las cárceles; aún hay muchas familias sin acceso a la vivienda, a un trabajo digno, siguen las largas listas de espera en los hospitales. En otras palabras, sigue existiendo desigualdad en Chile.

En la marcha por los Derechos Humanos del pasado 8 de septiembre, la policía volvió a reprimir, lanzando incluso gases lacrimógenos a los familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. 

EI: Y sigue la Constitución de 1980…

PR: Claro que continua y es una vergüenza que Chile, que se declara un país democrático, siga siendo regido por la Constitución de 1980 impuesta por la dictadura encabezada por Pinochet. Si bien es cierto, hubo posibilidades de cambiarla, los poderes reales, la derecha, la oligarquía, y muy posiblemente las agencias estadounidenses, realizaron una enorme campaña del terror, desinformativa, psicológica, con un alto financiamiento, para confundir e influir en la población para que rechazara la primera y mejor propuesta constitucional. El interés de los grandes poderes es que se mantenga la desigualdad y el modelo neoliberal que garantiza sus privilegios y negocios.

EI: ¿Cuál cree que es la señal que está dando el gobierno de Gabriel Boric al permitir que su Ministra de Defensa se reúna con destacados generales del Comando Sur de los Estados Unidos y se firme, además, un acuerdo de “cooperación” en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa del país?

PR: La señal para Estados Unidos y el mundo es que nuestro país sigue bajo el mandato estadounidense y que somos dependientes de ellos, tanto a nivel económico como político. Para nosotros, es una vergüenza que Chile, que su Ministra de Defensa y que el gobierno, se reúnan y firmen acuerdos militares de “cooperación” con el Comando Sur, con los Estados Unidos, que es uno de los principales responsables del golpe de Estado en Chile. Es una vergüenza, además, porque Estados Unidos sigue siendo el mismo de antes, el que ayer conspiró contra Salvador Allende, que entrenó a los agentes de la DINA y la CNI, hoy sigue conspirando y atacando a naciones hermanas. Sigue la militarizando del mundo, siguen las guerras, y Estados Unidos es responsable.

EI: ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en América Latina y dónde están desplegadas?

PR: Se estima que en América Latina existen más de 70 bases militares y no me refiero únicamente a las típicas, como la que existe en Guantánamo – contra la voluntad de Cuba – o la que existe en Honduras, en Soto Cano, o las que existen en Colombia. También consideramos bases a todos los radares, a los acuerdos para usar pistas de aterrizaje; la base NAMRU-6 en Perú que hace investigación de enfermedades infecciosas y que representa un peligro para todo el continente. También existe presencia militar y la base en las Islas Malvinas por parte de Reino Unido, la OTAN. Existe una fuerte presencia militar estadounidense y ejercicios militares conjuntos permanentes. A esto debemos sumar que EE.UU. sigue dando entrenamiento a militares y policías en la nueva Escuela de las Américas, la que actualmente se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). También existe la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que opera en El Salvador, y donde se forman policías, fiscales y jueces de América Latina. En fin, de distintas formas EEUU sigue manteniendo su influencia y hegemonía en nuestro continente como el “gran hermano” que se siente.

EI: Cambiando de tema, ¿Cómo se podría resolver el  conflicto entre palestinos e israelíes para alcanzar la paz?

PR: Este tema es muy complejo, ya que el Estado de Israel fue creado en territorios del pueblo palestino. Entonces, la única solución es que Israel devuelva todas las tierras que son palestinas, libere a todos los prisioneros palestinos, y cese la violencia contra la población. Para que esto ocurra, Israel debería dejar estas tierras, debería comprar o llegar a acuerdos con otros países para disponer de territorios, en otra parte del mundo, para establecerse, y sin duda es un ese es un escenario muy complejo.

La otra alternativa, es que pudieran convivir pacíficamente en los territorios asignados por la ONU, que entregó, en 1947, una parte de las tierras palestinas a Israel. Para eso deben llegar a un acuerdo y lo principal, debe cesar la violencia contra el pueblo palestino y la acción de los colonos israelí que se han ido apropiando de territorios que habían sido asignados a los palestinos.

Ha sido muy triste, muy desgarrador, la guerra contra el pueblo palestino. Han sido asesinados principalmente mujeres y niños. En este conflicto, Estados Unidos es responsable ya que financia y envía armas al ejército israelí.

EI: ¿Qué piensas del conflicto entre Ucrania y Rusia?

PR: Nosotros lamentamos esta guerra provocada entre dos pueblos que han sido hermanos. Comenzó el 2014, cuando Estados Unidos apoyó e instigó un golpe de Estado en Ucrania, las nuevas autoridades comenzaron a perseguir a la población lingüística y culturalmente rusa en el Donbás, y a pesar de que se firmaron los acuerdos de Minsk, el 2014 y 2015, para cesar la violencia y donde se comprometían a dar autonomía a esta zona, siguieron asesinando a ucranianos-rusos, incluyendo a muchos niños. El gobierno ucraniano no respetó los acuerdos. A eso, debemos sumar que Ucrania se fue militarizando y que tiene la intención de ingresar a la OTAN, que quiere tener armas nucleares. Toda esta situación fue vista como amenaza por Rusia y finalmente se desencadenó la guerra que dura hasta el día de hoy.

Esta guerra ha sido provocada, detrás de ella se encuentra Estados Unidos, hay intereses geopolíticos, económicos, de dominación. Por un lado, y desde mucho antes, se tiene la intención de destruir a Rusia, de debilitarla, de ponerla de rodillas, y para este plan se está usando a Ucrania. Por otro lado, Estados Unidos, ha logrado mediante las sanciones, que Europa deje de comprar gas y petróleo a un precio muy económico a Rusia y comprárselo a ellos. La guerra ha beneficiado también al Complejo Militar Industrial de los Estados Unidos.  Estados Unidos no quiere una Rusia con poder ni menos que Europa vaya creciendo. Algo parecido, está ocurriendo contra China que EE.UU. también quiere destruir.

Tanto Estados Unidos como la OTAN están muy involucrados en la guerra en Ucrania contra Rusia. Pedimos un alto al fuego y negociaciones de paz ahora.

EI: ¿Cómo llegamos a este momento en que la presencia militar de Estados Unidos en América Latina se justifica mediante el combate a las drogas, el crimen organizado y el terrorismo?

PR: Mi pensamiento es que Estados Unidos siempre va tener o encontrar un pretexto para seguir militarizando y controlando el mundo. En teoría, nos quiere supuestamente ayudar y proteger, pero realmente no hay más que su intención de mantener su dominio, hegemonía, el destino manifiesto. Tanto las drogas, el crimen organizado, como el fenómeno del terrorismo son posibles por la presencia del modelo neoliberal que destruye y deshumaniza a la persona.

EI: ¿Qué esfuerzos se están realizando para detener la militarización del continente?

PR: Existen muchas organizaciones en todo el mundo que trabajan por la paz. Entre ellas está el Consejo Mundial por la Paz, la Red Internacional No a la Guerra No a la OTAN, la Alianza CONVIDA-20 o el Servicio Paz y Justicia por toda América Latina, que realizan acciones para denunciar la militarización, para oponerse al gasto militar, para oponerse a la guerra y promover una cultura de paz. Es una vergüenza que nuestros países y en todo el mundo se gasten enormes sumas de dinero en armas para la muerte mientras, no hay trabajo, no hay hospitales, no hay buena educación, hay niños y personas viviendo en la calle. Queremos un mundo en el que podamos vivir como hermanos y recordando a Víctor Jara, tenemos El Derecho de Vivir en Paz.

Foto Archivo: Pablo Ruiz al lado izquierdo del ex sacerdote Roy Bourgeois fundador en Estados Unidos del movimiento contra la Escuela de las Américas (2015).

América Latina: las implicancias de EEUU en Ecuador

Pablo Ruiz*

Las imágenes vistas en Ecuador, en enero pasado, en que un grupo de encapuchados armados se tomaron un canal de televisión fueron impactantes, sin la menor duda. Los grupos criminales, vinculados al narcotráfico, siguen en aumento en Ecuador y en tantos de nuestros países de América Latina impulsados por el rentable negocio de la droga que se consume, en su gran mayoría, en los Estados Unidos y Europa. 

Paralelamente, durante la última década, Ecuador nuevamente está siendo tomado por el gobierno de los mismos Estados Unidos que bajo la bandera del narcotráfico ahora, incluso, ha anunciado un nuevo plan de seguridad de cinco años para Ecuador. 

Es necesario recordar que la fuerte presencia militar de Estados Unidos en Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína a nivel mundial, y su lucha contra el narcotráfico, dirigida por el Comando Sur y otras agencias, ha sido un rotundo fracaso en esos países y lo seguirá siendo también en Ecuador. 

Mientras en los Estados Unidos, el principal consumidor de drogas a nivel mundial, no erradiquen las causas profundas que originan la demanda y no se desmonte la red de corrupción y tráfico que existe en los mismos EEUU -la que permite que la droga se comercialice- el negocio de la droga no podrá ser derrotado y los grupos criminales, al contrario, seguirán en aumento convirtiendo nuestras naciones en “estados fallidos” y excelentes compradores de sistemas y armas del Complejo Militar Industrial estadounidense. Buen negocio para ellos, por donde se les mire. 

Entonces la agenda de militarización que Estados Unidos está imponiendo en nuestro continente cada vez más sólo servirá para el control geopolítico de nuestras naciones, mantener la dependencia, e intentar alinearnos con sus políticas guerreristas.

Recapitulemos. A los pocos días de los hechos de violencia en Ecuador, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), la General Laura Richardson, y el Asesor Presidencial Especial para las Américas, Christopher Dodd, visitaron el país y se reunieron con el Presidente Daniel Noboa.  

“Esta visita –señaló INFOBAE– es una muestra del apoyo de Estados Unidos al Ecuador tras el aumento de la violencia. Además de la entrega de equipamiento y financiamiento para las fuerzas del orden, los Estados Unidos han explicado que han previsto un plan de seguridad para Ecuador con duración de cinco años con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones”. 

El apoyo estadounidense al gobierno ecuatoriano, de acuerdo a una nota de la Embajada de EEUU en Ecuador, busca “profundizar la cooperación bilateral, incluso en materia de seguridad, cooperación antidroga, migración y desarrollo económico”. 

En concreto, el gobierno estadounidense ha facilitado a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas, más de un millón de dólares en equipamiento de seguridad, incluyendo ambulancias y vehículos de apoyo logístico para la defensa. También, en materia de cooperación, el FBI aumentará su personal en Ecuador en apoyo a la Policía Nacional y a la Fiscalía General. También el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU desplegará personal para apoyar el entrenamiento de la policía y la fiscalía; y la USAID aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal, incluido el apoyo a las comunicaciones de crisis.  En dos palabras: Más intervención.

Involucrar a Ecuador en la guerra

Llamó la atención que la ayuda de EEUU a Ecuador, en enero pasado, llegará en el avión ucraniano Antonov An-124 al aeropuerto de Guayaquil. 

Este hecho es muy inusual. Un avión de un tercer país, más todavía de un país en guerra, como es Ucrania, trae el cargamento de EEUU a Ecuador.

Esto podría ser coherente en el escenario que muy posiblemente el verdadero motivo de la segunda visita a Ecuador de la Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, no  fue en primer lugar la situación crítica que se vivía en Ecuador sino concretar la entrega de armas y equipamiento militar ruso, del que dispone Ecuador, anunciadas por el Presidente Daniel Noboa, al gobierno estadounidense a cambio de 200 millones de dólares en equipamiento militar “moderno” de EEUU.

 Esto explicaría el porqué de la presencia del avión ucraniano Antonov An-124 en Guayaquil. Qué mejor que enviar a Ucrania el armamento ruso directamente en un avión ucraniano y con esto saltarse las autorizaciones que posiblemente debe pedir al Congreso estadounidense cada vez más renuente a seguir brindando apoyo militar a Ucrania.

Recordemos que la generala Laura Richardson dijo, en un evento organizado por el think tank estadounidense Atlantic Council, en enero de 2023, que “Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros seis países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos seis países donen el equipamiento militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense”.

Con esto, lamentablemente, Ecuador será el primer país de América Latina que sigue las órdenes y deseos del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de enviar armas destinadas al conflicto armado que se desarrolla en Ucrania pasando por alto la neutralidad estratégica que nuestros países debieran tener de no involucrarse militarmente en ninguna guerra.  

Con esto Ecuador, pasa por alto el principio que América Latina y El Caribe es concebida como Zona de Paz violando el espíritu de la Proclama del 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que este año cumple 10 años desde que se firmará en la reunión en La Habana, Cuba, y que aboga, entre otros compromisos, para que “las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma pacífica, por la vía del diálogo y la negociación”. 

La militarización en Ecuador

No es nueva la injerencia de Estados Unidos en Ecuador. De acuerdo al sitio defensa.com ya el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, en agosto de 2023, entregó donaciones por  3,1 millones dólares a las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

De acuerdo al medio especializado, 1,1 millones de dólares fue para equipo militar; 1,3 millones de dólares para el Centro de Mantenimiento Fluvial para la Brigada de Selva 19 “Napo”; y 747.000 dólares para equipos de comunicación para la Brigada de Infantería de Marina San Lorenzo.

En septiembre de 2022, una nota de la Agencia EFE informaba que “Estados Unidos donó a Ecuador equipos militares por valor de 730.000 dólares para el control de una zona amazónica cercana a su frontera norte con Colombia, según informó en un comunicado la Embajada estadounidense en Quito”.

En septiembre de 2021, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas de Ecuador firmaron un “memorando de entendimiento” con el objetivo de mejorar sus relaciones en materia de seguridad y defensa. El acuerdo titulado “Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional” busca el intercambio de datos e información lo que les permitirá a las fuerzas de Estados Unidos y Ecuador operar de mejor manera.

En el contexto de la firma del “memorando de entendimiento”, la embajada estadounidense en Quito señaló que “los Estados Unidos y el Ecuador gozan de una larga historia de cooperación en materia de seguridad centrada en temas de interés mutuo, incluida la seguridad aérea y marítima” agregando que “desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad en 2018, la Misión de los Estados Unidos ha entregado más de $2.8 millones en asistencia humanitaria, $1.4 millones en entrenamiento militar, y $27.7 millones en equipos y apoyo a las contrapartes ecuatorianas para combatir operaciones ilícitas y fortalecer la defensa del Ecuador”.

El artículo “Violencia y el rol de EEUU en Ecuador”, publicado en el sitio web de TELESUR, indica que “en el periodo 2021-2022 la asistencia militar de EEUU para Ecuador alcanzó los 172 millones de dólares en el marco de programas militares y antinarcóticos, convirtiéndolo en el principal receptor de asistencia militar en la región”.

Principales receptores de asistencia militar EE. UU. en América Latina y el Caribe (millones de dólares):

Fuente: Elaboración propia en base foreingassitance.gov (2023) Publicado en TELESUR

Más atrás, el 2019, el gobierno ecuatoriano firmó acuerdos con los Estados Unidos que permiten a los militares estadounidenses operar con sus aviones P-3 Orion desde las bases aéreas de Simón Bolívar y desde el aeropuerto de la Isla San Cristóbal ubicada en el archipiélago de las Islas Galápagos para combatir el narcotráfico.

El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo entonces que “Galápagos es un portaaviones natural” a modo de justificar la decisión.

A todo lo anterior, Ecuador repuso sus envíos de militares para entrenarse en los EEUU en la sucesora de la Escuela de las Américas que desde el 2001 se llama Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (WHINSEC, por sus siglas en inglés). 

Recordemos que el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador 2010, titulado “Sin Verdad, no hay Justicia”, entre sus recomendaciones señala la importancia de: “Exhortar a los ministros de Defensa Nacional y de Gobierno y Policía para que no se autorice a miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional a que asistan a cursos de formación o capacitación en escuelas o instituciones que tengan antecedentes en la enseñanza de prácticas contrarias a los derechos humanos. De manera particular, por su historial en la formación de militares y policías en América Latina vinculados en violaciones de derechos humanos: el Instituto de Cooperación para Seguridad Occidental (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation), antes conocido como la Escuela de las Américas (United States Army School of the Americas, USARSA)”.

Recordemos que el 2012, el presidente de entonces, Rafael Correa había decidido retirar a las tropas ecuatorianas del entrenamiento en WHINSEC por las consecuencias nefastas que ha tenido el entrenamiento militar estadounidense para América Latina. Así mismo, Correa tuvo la valentía el 2009 de no renovar el Acuerdo con EEUU del uso militar de la base aérea de Manta.

Actualmente, Ecuador también participa del entrenamiento a policías, fiscales y jueces que brindan los Estados Unidos en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) ubicada en El Salvador. Aunque algunos crean que Bukele es un anti imperialista, por algunos discursos populistas, El Salvador de Bukele está completamente al servicio de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos.

La ILEA ha sido señalada como un instrumento ideológico de los Estados Unidos al servicio de la guerra sucia, la judicialización y criminalización de la protesta social, y la guerra jurídica, también conocida como “lawfare”, contra opositores a Washington y de las políticas neoliberales.

Privilegios e inmunidad

A todo lo anterior, en enero pasado el medio digital Primicias tituló que “Militares de Estados Unidos tendrán inmunidad y libre movilidad en Ecuador”.

El medio señala que la Corte Constitucional revisó tres acuerdos entre Ecuador y EEUU, firmados durante el gobierno de Guillermo Lasso, y, el 11 de enero pasado, les dio luz verde. 

Se trata de los acuerdos: Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, y Asistencia en Interceptación Aérea.

El “Estatuto de las Fuerzas” permitirá que los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas estadounidenses, empresas y firmas y sus empleados “podrán estar presentes temporalmente en el territorio ecuatoriano para «visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias».

La jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, durante su visita 2022 a Ecuador. Foto: Southcom.

“Con el acuerdo firmado –señala el medio digital Primicias- Ecuador acepta que este personal estadounidense tenga «privilegios, exenciones e inmunidades» equivalentes a los que tiene el personal diplomático”. De otra forma, se indica que “Estados Unidos mantendrá el control disciplinario y la jurisdicción penal sobre su personal, dentro de territorio ecuatoriano”.

Sobre el acuerdo sobre actividades marítimas, se indica que las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en Ecuador “podrán entrar, salir y desplazarse libremente por el territorio ecuatoriano” e “incluye la utilización del espectro radioeléctrico, para sus sistemas de comunicaciones, sin costo alguno”.

En otras palabras, con estos acuerdos se da un manto de legalidad a las operaciones militares que ya Estados Unidos ha venido desarrollando en Ecuador desde hace años. En otras palabras, Ecuador nuevamente se ha convertido en una gran base militar estadounidense, en un punto de avanzada para sus operaciones en la región.

Es lamentable que el Estado de Ecuador se siga militarizando de acuerdo a las políticas del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos que sigue adelante con su estrategia para que las Fuerzas Armadas y de Seguridad de América Latina sean dependientes y obedientes de los Estados Unidos dejando a un lado nuestro derecho a tener plena soberanía y completa independencia.

 

* Pablo Ruiz es periodista, editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz (www.derechoalapaz.org) y coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile.

https://www.derechoalapaz.com/america-latina-las-implicancias-de-eeuu-en-ecuador/

EEUU: Asesinatos, pobreza y discriminación

Por Pablo Ruiz*

En los grandes medios de América Latina pasó un tanto desapercibido el Informe Mundial 2024 de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) la que analiza la situación de derechos humanos de más de 100 países y que, en mi opinión, los grandes medios suelen utilizar sólo cuando les conviene, en general para seguir con sus retórica contra Cuba o Venezuela, sin explicar que las sanciones económicas de Estados Unidos contra estos países generan pobreza, migración, y terminan violando los derechos humanos.

En general, los grandes medios suelen ocultar o maquillar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus propios países al mismo tiempo que, por línea editorial, defienden el sistema económico neoliberal el que permite la concentración de la riqueza para unos pocos y la pobreza (violación de los derechos humanos) para muchos.

Por supuesto, del gran hermano, de la democracia estadounidense, casi nada se divulga sobre la situación de derechos humanos en Estados Unidos y si se conocen nadie pone el grito en el cielo ni pide sanciones. Menos se critica la política exterior estadounidense que tiene consecuencias nefastas para otros países en materia de derechos humanos.

Vemos en las noticias con horror, tristeza, e impotencia la muerte de más de 24 mil palestinos, muchos de ellos niños, asesinados por Israel con armas y apoyo de los Estados Unidos.

El 11 de enero pasado en las noticias del medio alemán DW en español entrevistaron al subdirector para América Latina de HRW, Juan Pipper, y le preguntaron cómo se explica el doble discurso de EEUU que dos veces vetó una resolución, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para pedir un alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global” dijo Pipper, agregando a continuación que la Comunidad Internacional reaccionó  de forma correcta frente a la guerra en Ucrania.

“Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, las mismas respuestas en el caso de lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca, en nuestra región, en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones a los derechos humanos que requieren que la Comunidad Internacional responda de forma clara y sin dobles raseros. Siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas”, expresó Pipper.

Anotar que en el conflicto en Ucrania la gran mayoría de los países se oponen a la guerra y han abogado por negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Mientras que EEUU y los países de la OTAN han resuelto apoyar la guerra y que se sigan desangrando ambas naciones.

El Informe Mundial 2024, de la organización internacional Human Rights Watch, señala en el apartado de la situación de los derechos humanos en los mismos Estados Unidos que “el racismo, el sentimiento antiinmigrante y las amenazas a la democracia continuaron siendo problemas apremiantes de derechos humanos en Estados Unidos en 2023”.  Veamos algunas partes del informe en cuestión.

Asesinatos policiales

De acuerdo con el informe, “hasta el 28 de septiembre, la policía había matado a más de 800 personas en 2023, cifras similares a las de años anteriores. Per cápita, la policía mata tres veces a más personas negras que blancas”.

Los números de las personas asesinadas por la policía siguieron aumentando, llegando hasta 1329 en el año 2023 de acuerdo al sitio de monitoreo mappingpoliceviolence.org.

El informe de Human Rights Watch indica que “los llamamientos generalizados para reducir la dependencia excesiva de la policía y abordar los problemas sociales con la inversión en vivienda, atención sanitaria y educación fueron en gran medida ahogados por los llamamientos a una mayor financiación policial y a la reversión de las reformas policiales”.

Esto último, “fueron impulsados por una persistente divulgación de información errónea y narrativas engañosas sobre el aumento de las tasas de criminalidad y la disminución de la seguridad pública”.

Lo mismo, sacado de manual, lo podemos ver en tantos países, donde ayudados por los grandes medios de comunicación de los grupos de poder, se siembra el miedo con el fin de seguir militarizando la vida y justificando leyes que dan más garantías e impunidad a las Fuerzas de Seguridad.

Otro antecedente que indica el Informe, común en muchos países del mundo, es que “la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos se niegan a proporcionar datos sobre su uso de la fuerza, lo que hizo necesaria la recopilación y el análisis de datos de organizaciones no gubernamentales”.

Desigualdad Económica y Encarcelamientos

En Estados Unidos, uno de los países más ricos e industrializados del mundo, de acuerdo al informe, “la brecha de riqueza racial continuó siendo muy marcada: por cada dólar de riqueza de las familias blancas, las familias negras tenían apenas 24 centavos y las familias hispanas, 23 centavos, una brecha que ha cambiado muy poco en los últimos 50 años”.

“La desigualdad de ingresos en Estados Unidos es muy alta en comparación con otros países ricos: el 10 % de los que más ganan acapara casi la mitad de todos los ingresos y el 50 por ciento inferior obtiene sólo el 13 por ciento”.

El informe indica que “el índice GINI, una medida estadística de la desigualdad de ingresos, apunta que para Estados Unidos ha aumentado un 3,2 % desde 2021. La desigualdad de riqueza es igualmente marcada: el 50 % más pobre de la población de EE.UU. posee solo el 1,5 % de la riqueza privada del país”.

La pobreza, desigualdad, las grandes diferencias en el acceso a los derechos entre la población estadounidense puede explicar, en alguna medida, el aumento en la tasa de encarcelamiento, El informe de HRW dice que existen “aproximadamente 2 millones de personas recluidas en cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes estatales y federales en un día cualquiera, y millones más en libertad condicional” y donde, claro, hay “una representación enormemente excesiva de personas negras en prisiones y cárceles” en los Estados Unidos.

Migrantes: Biden expulsó a 2,3 millones de personas

Este punto, la problemática de la migración hacia los EEUU, es quizás uno de los pocos temas que uno puede leer en los medios masivos. Aunque, como en muchos temas, no se abordan las causas profundas de la migración que es la pobreza, las consecuencias del neoliberalismo, el cambio climático, las sanciones a terceros países, y la militarización impulsada por los mismos Estados Unidos que son factores que explican por qué las personas buscan migrar.

El informe de HRW señala que “las autoridades estatales y federales (en Estados Unidos) continuaron aplicando políticas destinadas a disuadir a las personas de buscar asilo en el país, en flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos, prácticamente forzándolas a emprender rutas más peligrosas”.

“La política de expulsiones sumarias del Título 42 de 2020 expiró en mayo, pero fue reemplazada por una nueva regla laberíntica de asilo. Conforme al Título 42, justificado como una medida de emergencia para combatir la pandemia de Covid-19, el gobierno de Biden expulsó sumariamente a 2,3 millones de personas sin analizar sus solicitudes de asilo”, señala HRW.

Vale recordar el Artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el que consagra que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” y los Estados están obligados por la Ley Internacional a tramitar sus solicitudes.

El informe recuerda que “como candidato, Biden prometió a poner fin a la detención de inmigrantes en cárceles privadas, pero en julio, el 90 % de los 30.000 extranjeros que en promedio son detenidos cada día en EE.UU. estaban recluidos en instalaciones privadas”.

La Cárcel ilegal de Guantánamo

Debemos recordar que, dentro de la base militar de los Estados Unidos en Guantánamo, territorios que Cuba demanda sean devueltos al país, sigue existiendo una cárcel ilegal que viola los derechos humanos.

Este 11 de enero pasado, se cumplieron 22 años desde su apertura, la que fue establecida por el presidente George W. Bush en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La cárcel ilegal en Guantánamo ha llegado a albergar a más de 700 prisioneros.

El documento de HRW señala que “al momento de redactar este informe, 30 musulmanes extranjeros permanecían encerrados en el centro de detención militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, Cuba, entre ellos cinco acusados de participar en los ataques del 11 de septiembre de 2001”.

También indica que “las conversaciones sobre un acuerdo para que los acusados del 11 de septiembre se declararan culpables a cambio de cadena perpetua se estancaron, después de que el presidente Biden rechazará las solicitudes de atención de los hombres para ayudarlos a recuperarse de las torturas de la CIA y no cumplir sus condenas en régimen de aislamiento”.

Vale agregar que el documento no menciona sobre la existencia de los presos políticos recluidos en las cárceles estadounidenses como Mumia Abu Jamal o Leonard Peltier, entre otros.

Política exterior de EEUU

El informe de HRW también analiza algunas prácticas de la política exterior estadounidense partiendo por el presente conflicto palestino-israelí indicando que el “presidente Biden criticó duramente el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, que resultó en la muerte de cientos de israelíes y otros civiles y se comprometió a aumentar el apoyo a la defensa de Israel más allá de la ayuda militar anual ya aprobada”.

Sin embargo, HRW es crítico al respecto y señala que “dicha asistencia de seguridad y transferencias de armas incumplieron las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional. Los funcionarios estadounidenses instaron pública y privadamente a Israel a minimizar el daño civil en su respuesta militar y permitir la entrada de asistencia humanitaria a Gaza”.

Agregó que si bien es cierto que algunos funcionarios del gobierno de Biden hicieron ver sus preocupaciones el gobierno israelí este no cambió su política y siguió atacando a la población civil palestina la que debe ser protegida y respetada de acuerdo con la Ley Internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Pese a lo anterior, Estados Unidos ha seguido enviando armas y dando asistencia militar a Israel.

Sobre la guerra de Rusia y Ucrania, el informe indica que “Estados Unidos siguió brindando un importante apoyo militar y económico a Ucrania en 2023 en respuesta a la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022” y que “Biden aprobó la transferencia de municiones de racimo estadounidenses a Ucrania. Estas armas están prohibidas por un tratado internacional debido a los peligros que representan para los civiles, pero ni Estados Unidos ni Ucrania son partes de ese tratado”.

En este apartado no señala que también el gobierno de Zelensky incumplió “las leyes y políticas internas de Estados Unidos que condicionan la ayuda militar estadounidense a garantizar que sus aliados no violen el derecho internacional”.

Sin embargo, en el capítulo sobre la situación en Ucrania señala el informe que “la Misión de Observación de la ONU también documentó 75 casos de detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad ucranianas, en su mayoría de personas sospechosas de delitos penales relacionados con el conflicto, y el 57 por ciento de los detenidos dijeron que fueron sometidos a torturas y malos tratos, predominantemente en lugares de detención no oficiales”.

Al cierre de este artículo, en una cárcel de Ucrania murió el periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira quien antes de morir, bajo custodia del Estado ucraniano, acuso persecución, tortura, y extorsión bajo el gobierno de Zelensky.

Finalmente, el informe de Human Rights Watch, con sus acentos y silencios, nos permite ver cómo también dentro de los Estados Unidos se violan los derechos humanos. Es importante denunciar el mito de la democracia estadounidense.

* Pablo Ruiz es periodista y parte del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile

Foto: SOA Watch