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Etiqueta: PNUD

Mujeres costeras y rurales de Costa Rica se reúnen para defender sus derechos y territorios

«Con la Fuerza del Mar y la Tierra»

Ante la creciente escalada de violencia hacia las mujeres y la urgencia de fortalecer su liderazgo en las comunidades rurales y costeras del país, se realizará el Encuentro de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, bajo el lema «Con la Fuerza del Mar y la Tierra», este 17 de mayo de 2025 en el Estadio Nacional.

Esta iniciativa, autogestionada y convocada por diversas colectivas de mujeres feministas de las costas y zonas rurales, reunirá a 70 lideresas y representantes de comunidades de todo el territorio nacional. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Unidas Talamanca, el Foro de Mujeres Puntarenenses, la Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres (ACOPROM), el Movimiento Feminista Santa Teresa (MFST) y Sámara Empoderada. Además, el encuentro cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Geografía, el programa Diálogos y Saberes, el programa Kioscos Sociambientales, el Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El evento tiene como propósito principal construir una agenda nacional que visibilice las problemáticas que enfrentan las mujeres rurales y costeras, particularmente en un contexto de violencia creciente y de desatención institucional. En Costa Rica, 68 mujeres por día fueron víctimas de delitos sexuales en 2023, un incremento del 76% respecto al año anterior. No obstante, solo un 15% de las denuncias resultaron en acusaciones formales, evidenciando graves fallos en el sistema de justicia. Esta situación se agrava en zonas costeras como Santa Teresa, Puerto Viejo o Cóbano, donde muchas comunidades carecen de fiscalías especializadas y servicios de atención inmediata a víctimas (El País, 2024).

Las zonas rurales y costeras enfrentan altos índices de violencia intrafamiliar y sexual, muchas veces sin acceso oportuno a centros de atención ni a redes de apoyo institucional. En la mayoría de estas comunidades no existen juzgados especializados ni servicios constantes del INAMU, lo que dificulta la denuncia y una atención efectiva. A esta violencia directa se suma la exclusión social en servicios como educación y salud, así como mayores niveles de desempleo, pobreza y bajo desarrollo humano.

En 2023, las autoridades registraron un promedio mensual de 9.388 incidentes de violencia contra mujeres, sumando un total de 112.000 casos en el año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (Monumental, 2024).

Las mujeres costeras enfrentan también dobles exclusiones: de género y territoriales. La falta de acceso seguro a la tierra y a servicios básicos como salud y educación afecta de manera particular a mujeres afrodescendientes, indígenas y migrantes. Además, una gran parte de ellas trabaja en la economía informal, en actividades como el turismo, la pesca artesanal o la venta ambulante, sin acceso a seguridad social ni protección laboral (Cano, 2023).

Las políticas públicas suelen centrarse en el desarrollo turístico o la conservación ambiental, dejando de lado la inclusión y necesidades de las mujeres locales, que han sostenido sus comunidades en contextos de abandono estatal. Aunque existen programas del INAMU, IMAS o INA, muchos no llegan con pertinencia cultural ni territorial, es usual que en muchas comunidades se tenga poca o nula información sobre la existencia de estas instituciones, lo que profundiza las brechas estructurales.

Frente a este panorama, las mujeres rurales y costeras han impulsado respuestas organizativas desde sus comunidades. Colectivos como el Movimiento Feminista de Santa Teresa o Unidas Talamanca han logrado condenas históricas en casos de violencia sexual y han promovido procesos de formación, incidencia y organización territorial. Iniciativas como el programa Trayectos de ONU Mujeres también han reforzado el liderazgo y empoderamiento de mujeres y personas LGBTIQ+ en tránsito en zonas vulnerables (El País, 2024b).

Durante el encuentro, se llevarán a cabo mesas temáticas, ponencias y dinámicas participativas que fomentarán el intercambio de experiencias, la construcción de soluciones colectivas y la definición de compromisos de acción. Este será un espacio fundamental para promover alianzas, potenciar la incidencia política y reconocer el papel vital que desempeñan las mujeres rurales y costeras en el desarrollo sostenible, la conservación ambiental y la preservación cultural del país.

Con la fuerza del mar y la tierra, las mujeres costeras y rurales de Costa Rica avanzan juntas hacia la transformación de sus territorios, tejiendo redes de resistencia, solidaridad y esperanza.

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

El desarrollo humano mide las condiciones necesarias para que las personas alcancen su máximo potencial y vivan dignamente, integrando derechos fundamentales como educación, salud y trabajo, esenciales para garantizar todos los derechos humanos.

Una educación de calidad, accesible y permanente fortalece la capacidad de decisión y libertad, impactando tanto la vida individual como colectiva.

El acceso a servicios de salud de calidad y la promoción de hábitos saludables son indispensables para una vida integral, vinculando el bienestar con prácticas preventivas y atención oportuna durante todo el ciclo de vida.

El empleo formal y bien remunerado promueve la autonomía económica, permitiendo a las personas satisfacer necesidades básicas y tomar decisiones sobre su vida, en estrecha relación con el acceso a la educación.

El Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, desarrollado por el PNUD en colaboración con instituciones aliadas, es una herramienta clave para analizar los desafíos territoriales del desarrollo humano, ofreciendo datos fundamentales para diseñar soluciones sostenibles y alineadas con la Agenda 2030.

El informe del Atlas 2024 detalla índices, tendencias y mejoras, destacando su utilidad para abordar problemas multicausales y diseñar políticas públicas efectivas a nivel nacional y local.

Este análisis de resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal (2024), fue  realizado con la participación de las instituciones públicas. Explora los principales resultados con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los Índices de Género (IDG), Índice de Desigualdad de Género (IDG-D) y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), así mismo realiza apuntes sobre el desarrollo humano, con apartados como:

  • La inseguridad ciudadana como fenómeno territorial
  • Limitaciones del desarrollo humano y sus efectos en la convivencia ciudadana
  • Condiciones para la localización de la criminalidad en los territorios
  • Análisis de las violencias contra las mujeres en Costa Rica: invertir en igualdad de género potencia el Desarrollo Humano
  • Correlación con la Tasa de Infracciones por Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres
  • Correlación con la Tasa del Delito de Violación o Tentativa de Violación
  • Respuesta frente a la violencia desde el enfoque del desarrollo humano
  • Análisis de los impactos y pérdidas por desastres en Costa Rica: fortalecer la resiliencia es clave para el Desarrollo Humano
  • Análisis de la cobertura forestal y el desarrollo humano en Costa Rica

Invitamos a leer el análisis de German Masís Morales relativo a este informe: https://wp.me/p6rfbZ-u77

Asimismo, sugerimos consultar el PDF adjunto dada la importancia del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal para el trabajo comunitario y territorial.

Información compartida con SURCOS por Carlos Carranza.

Desarrollo humano cantonal: bajos niveles en costas y fronteras y relación con violencia y vulnerabilidad a desastres

Desarrollo humano cantonal: bajos niveles de desarrollo humano en las costas y fronteras y su relación con la violencia y la vulnerabilidad a los desastres

German Masís

Los nuevos resultados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2024, elaborado por el PNUD y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, nuevamente refleja condiciones desiguales para las costas y fronteras.

En este informe del Atlas, el análisis provincial revela que los cantones fronterizos de Costa Rica están más rezagados en términos de desarrollo humano y que los cantones de las provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón se sitúan en su mayoría por debajo del promedio nacional.

Entre los principales hallazgos de este informe, los cantones con menor desarrollo humano fueron Matina, Buenos Aires, Los Chiles, San Mateo, Guatuso, Coto Brus, Talamanca, Guácimo, La Cruz y Dota y 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Los cantones que completan los 25 cantones con el IDH más bajo, además de los mencionados son, Corredores, Osa, Limón, León Cortés, Garabito, Parrita, Nandayure, Montes de Oro, Sarapiquí, Upala, Hojancha, Golfito, Pococí, Acosta y Tarrazú.

Al ajustar el IDH por desigualdad (IDH-D), 5 cantones descienden a la categoría de bajo desarrollo humano (Coto Brus, Nandayure, Matina, Buenos Aires y Osa).

Por su parte, los 25 cantones con el IDH ajustado por Desigualdad son; Talamanca, Hojancha, los Chiles, León Cortés, Guatuso, la Cruz, Guácimo, Sarapiquí, Corredores, San mateo, Upala, Garabito, Dota, Golfito, Limón, Acosta, Cañas, Puntarenas, Montes de Oro y Siquirres, más los 5 antes mencionados.

En relación con el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), a pesar de la disminución general de la pobreza multidimensional, solo dos cantones se consideran con una pobreza muy baja (Montes de Oca y Flores) y uno con una pobreza muy alta (Los Chiles).

Aproximadamente el 10% de la población vive en cantones con alta o muy alta pobreza multidimensional. La mayoría de los cantones clasificados con un IPM alto o muy alto se encuentran en zonas fronterizas (seis de once), tanto en la Zona Norte como en la Zona Sur. (ElPaís.cr,1-11-2024)

En esta ocasión, el informe del Atlas de Desarrollo Humano profundiza en la correlación ente el desarrollo humano, la desigualdad, la pobreza y la violencia, estableciendo que el menor desarrollo humano, la alta desigualdad y la pobreza suponen situaciones de vulnerabilidad por escasas o menores capacidades personales y comunitarias, así como más precaria o débil presencia institucional.

Pero esta no es una relación unidireccional, debido a que la violencia afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, perpetúa y amplifica la desigualdad en varios aspectos del desarrollo humano, incluidos los derechos, los ingresos, la salud, la educación y la representación política.

Se señala, que una persona en situación de pobreza, viviendo en contextos empobrecidos, se encuentra en condiciones que restringen el ejercicio pleno de sus derechos y libertades y lo colocan en una situación de vulnerabilidad frente a diversas situaciones, entre ellas la violencia y el delito. Las situaciones prolongadas de pobreza por definición implican insuficiente, ineficiente o ausente acciones del Estado, es decir, servicios inexistentes o de baja calidad con nula o débil presencia institucional.

Igualmente, indica que a menor Desarrollo Humano mayores son las violencias contra las mujeres. Así los cantones de Corredores, Osa y Los Chiles tienen Índices de Desarrollo Humano Cantonal medio, Osa el Índice de Desarrollo Humano Cantonal Ajustado por Desigualdad más bajo, y Los Chiles, en ellos el Índice de Desigualdad de Género Cantonal presenta una alta desigualdad.

En estos cantones, las desigualdades económicas y sociales son exponenciales respecto del resto del país, lo que coloca a las mujeres a una mayor exposición frente a las violencias: la pobreza estructural, el uso cotidiano de armas, las dinámicas del crimen organizado, la violencia crónica y la ausencia y/o debilidad de las respuestas institucionales, entre otros aspectos, refuerzan procesos violentos que afectan en forma diferenciada la vida de las mujeres, niñas y adolescentes e identidades sexo-genéricas en sus territorios como así también en sus experiencias de movilidad humana, justo en dos de los cantones fronterizos (Corredores y Los Chiles).

La solución de un problema multicausal como la inseguridad ciudadana o la violencia en el ámbito de las comunidades pasa por atender oportuna y efectivamente los factores de riesgo que la propician, es crucial fortalecer estrategias de prevención, especialmente para personas y comunidades en riesgo inmediato de verse vinculados a la violencia interpersonal.

Así mismo, es fundamental una fuerte y permanente presencia institucional que incluya, entre otras cosas, la mejora de la oferta educativa, incluyendo la infraestructura y el acceso a la tecnología; el desarrollo de capacidades para la empleabilidad, la generación de oportunidades de empleo y la creación y habilitación de espacios públicos, con participación comprometida de los gobiernos locales y las instituciones nacionales.

De la misma forma, el impacto de eventos destructivos, incluso si no llegan a un nivel de desastre pueden convertirse en un factor de incremento de la pobreza debido a sus efectos sobre la producción, la infraestructura pública y servicios, así como sobre los medios de vida y bienes de las personas en un territorio. Está claro además que las comunidades en situación de pobreza suelen estar más expuestas a estos embates y sufrir efectos mayores debido a una alta exposición a las amenazas, la falta de infraestructura adecuada, viviendas seguras y menor capacidad para recuperarse de las consecuencias, que pueden llegar a ser de muy largo plazo.

Los efectos mayores de los eventos de este período se han dado en zonas cercanas a la frontera norte y sur, y que además son cantones con bajos IDH. En este sentido es importante resaltar como un problema estructural el hecho de que los cantones del territorio Norte-Norte, Upala, Los Chiles y Guatuso presentan una importante recurrencia de eventos casi anual, generando una acumulación de daños y pérdidas en periodos tan cortos que no dan oportunidad para una recuperación, reactivación y mejora de los indicadores de desarrollo.

El informe concluye, que cuando el desarrollo humano no es suficiente o se deteriora, nos encontramos frente a una distorsión que constituye uno de los factores subyacentes para explicar la inseguridad ciudadana y la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, los niveles territoriales de desarrollo humano por debajo del promedio nacional, presentan altas manifestaciones de violencia, delito y destrucción en los hogares y comunidades de las zonas costeras y fronterizas. (PNUD, AtlasdeDesarrolloHumanoCantonal,2024).

Proyecto de ley establece mecanismos para que municipalidades actualicen tarifas de servicios

  • Con apoyo de IFAM y PNUD, diputaciones de la comisión de asuntos municipales proponen procedimientos para la revisión periódica de tasas y tarifas por servicios municipales.

  • Auditorías de la Contraloría y estudios del PNUD revelan que municipalidades usan recursos que deberían ser para inversión en financiar gastos ordinarios.

Diputaciones de la comisión de asuntos municipales de la Asamblea Legislativa presentaron el proyecto de ley expediente 24.384 que define procedimientos obligatorios, para que las municipalidades actualicen las tarifas y tasas que ya cobran por los servicios prestados. La iniciativa evitaría la desactualización de las tarifas y la pérdida de ingresos que afectan la calidad de los servicios municipales.

Los gobiernos locales realizan distintos servicios como la recolección de residuos sólidos, el mantenimiento y gestión de parques y espacios verdes públicos, la limpieza de caños y acequias, e incluso en algunos cantones la gestión del agua potable y alcantarillado sanitario. Estas acciones son financiadas con las tasas y tarifas que pagan las personas habitantes del cantón.

“Las municipalidades enfrentan un reto en hacer inversiones para mejorar la calidad de los servicios porque los cálculos mediante los cuales fijaron las tarifas están desactualizados, por lo que apenas alcanzan para la operación mínima. El Código Municipal establece que cada municipalidad cobrará tasas y precios considerando su costo más un 10% de utilidad para desarrollarlos. Pero la falta de mecanismos que aseguren la actualización oportuna hace que se queden sin presupuesto para mejoras y ampliación de servicios”, dijo Jorge Ocampo Sánchez, presidente ejecutivo del IFAM,

Según el Código Municipal las tasas y tarifas deben revisarse anualmente. Sin embargo auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que hay gobiernos locales que pasan años sin actualizar sus tarifas, generando un grave deterioro en la calidad de los servicios públicos que brindan. Cuando por fin una administración municipal responsable hace la revisión, años de inacción pueden convertirse en fuertes golpes al bolsillo de las y los habitantes, al generar aumentos que no estaban presupuestados.

Para solucionar lo anterior, la iniciativa de ley, impulsada por los diputados Horacio Alvarado (PUSC), Luis Diego Vargas (PLP), Danny Vargas (PLN), Geison Valverde (PLN), Waldo Agüero (oficialista) y la diputada Olga Morera (PNR), establece procedimientos para que la alcaldía – en coordinación con los departamentos técnicos municipales – realicen estudios tarifarios cada 4 años, el año en que se realizan las elecciones municipales. Los estudios deberán ser conocidos y aprobados por los concejos municipales ese mismo año en que inicia la administración.

“El procedimiento y los plazos para la fijación de precios por servicios públicos municipales deben regirse por criterios técnicos, incluyendo valoraciones socioeconómicas para asegurar que no se afectarán a las poblaciones más vulnerables. Al ser un procedimiento de carácter obligatorio, se libera a los concejos y alcaldías de las presiones políticas que reciben para que no realicen los ajustes, permitiendo que concentren su tiempo y esfuerzos en el análisis técnico de la propuesta financiera, que sea costo-eficiente y beneficie a la población del cantón”, señaló Horacio Alvarado Bogantes, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa.

Además, el proyecto propone que posteriormente se deberá realizar el ajuste cada año correspondiente a la variación interanual del índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

“El estudio identificó casos en los que municipios se ven obligados a reducir la calidad, frecuencia o cobertura del servicio, debido a estas restricciones presupuestarias. Esto pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales para las personas residentes, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones más vulnerabilizadas, que son quienes más urgen de gobiernos locales fortalecidos, democráticos, cercanos y capaces de cubrir las necesidades más apremiantes”, aseguró José Vicente Troya Rodríguez, Representante Residente del PNUD en Costa Rica.

El proyecto de ley es apoyado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) y el Proyecto Transición hacia una Economía Verde Urbana (TEVU), implementado por el PNUD y ejecutado por la Organización para Estudios Tropicales (OET) con financiamiento de Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF por sus siglas en inglés).

“Para los gobiernos locales es muy importante tener lo más claro y estandarizado posible el procedimiento de actualización de tarifas, que dé confianza y seguridad de transparencia a la población del cantón de que las decisiones se toman conforme a estudios técnicos para el bienestar de las mayorías”, afirmó Rosario Siles Fernández, alcaldesa de Alajuelita.

Auditorías y estudios técnicos respaldan la reforma

Un estudio del Proyecto TEVU analizó la situación financiera y las necesidades de una muestra de 20 gobiernos locales de la Gran Área Metropolitana (GAM). La investigación concluyó que los municipios enfrentan barreras presupuestarias para mantener los servicios públicos básicos que brindan, como mantenimiento de parques y vías, saneamiento ambiental, servicios de alcantarillado sanitario y pluvial, valorización de residuos, entre otros.

Lo anterior ha sido señalado por la Contraloría en repetidas ocasiones. El Informe No. DFOE-DL-IF-00003-2016 del 2016 concluyó que la ausencia de políticas y procedimientos para fomentar la actualización de las tasas de los servicios incumple la normativa. El ente contralor señaló que esto “va en detrimento de la calidad, cobertura y frecuencia de la prestación de ese servicio, por cuanto no se generan los recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad financiera y su desarrollo. Por esta razón, se pierde la oportunidad de financiar proyectos sostenibles de separación y valorización de los residuos”.

Atlas de Desarrollo Humano Cantonal

El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2022 es una herramienta valiosa que brinda información relevante en el diseño de políticas locales, al mostrar asimetrías en las oportunidades de desarrollo, la igualdad y el bienestar en Costa Rica. Esta herramienta revela altos niveles de desigualdad en Costa Rica. 

El informe, elaborado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), muestra un panorama preocupante en términos de desarrollo en el país. 

El Atlas 2022 se basó en una metodología utilizada en los cálculos nacionales desde 2010 hasta 2021. Esta metodología se nutre de la aplicación de un conjunto de índices a nivel cantonal, lo que permite obtener un panorama detallado en todo el territorio costarricense.

Para más información ingrese a la plataforma de Atlas https://www.undp.org/es/costa-rica/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal 

 

Compartido con SURCOS por Ana Leonor Ramírez.

Imagen ilustrativa.

Prevengamos para vivir mejor: una reflexión sobre seguridad ciudadana desde los territorios  – invitación a conversatorio

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), abordar el tema de la seguridad desde una perspectiva multisectorial, con un enfoque de género y de derechos humanos, favorece la toma de decisiones hacia soluciones eficaces así como una gobernanza democrática efectiva. 

En este sentido, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), el Nodo de Gobernanza Territorial de Dirección de Extensión Universitaria y la Carrera de Ciencias Criminológicas de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, le invitan a participar del conversatorio “Prevengamos para vivir mejor: una reflexión sobre seguridad ciudadana desde los territorios” un espacio de diálogo abierto e intercambio virtual con personas expertas, estudiantes y actores territoriales. 

Dirigido a:

  • Organizaciones sociales y del régimen municipal
  • Funcionariado y estudiantes de la UNED. 

Día: 27 de abril 

Hora: 6:00 pm 

Modalidad: Virtual 

Para participar en este evento debe inscribirse en: https://forms.gle/DyrhBSQEPURzN3P76 

Un país inundado de veneno

Clemens Ruepert | Foto: Giorgio Trucchi

Con Clemens Ruepert

Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Giorgio Trucchi

Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).

En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.

Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.

Agrotóxicos altamente peligrosos

El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.

También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.

Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.

Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.

Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.

En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.

Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.

Un falso paradigma

“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).

“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.

Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.

“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.

Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.

La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.

Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.

“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.

Foto: Giorgio Trucchi

1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos
2 Fuente consultada Semanario Universidad

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/un-pais-inundado-de-veneno/

¿Pobreza en Costa Rica?

Defiendan la causa del huérfano y del desvalido;
al pobre y al oprimido háganles justicia.
Salmo 82:3

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

El lunes pasado, 17 de octubre 2022, se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Este día fue proclamado por la ONU en 1992; pero la primera vez que se conmemoró fue en 1987 en París, cuando más de cien mil personas se reunieron en la Plaza del Trocadero, para manifestarse a favor de los Derechos Humanos y la libertad en honor a las víctimas de la pobreza, el hambre, la violencia y el miedo.

La convocatoria fue organizada por Joseph Wresinski, fundador del Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, quien organizó esta campaña y quiso hacer pública la solidaridad. En un primer momento, se le llamó Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema.

Aquel día, en la Plaza de Trocadero, se inscribieron los principios de los Derechos Humanos en una losa conmemorativa, que se inauguró como parte de los actos contra la pobreza, y de la que se han hecho réplicas en todo el mundo. Una de ellas está en la sede de la ONU en Nueva York.

Así mismo, esta fecha, tiene como reto alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que «poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo».

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – también conocidos como Objetivos Globales- fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015, como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el 2030, todas las personas disfruten de paz y prosperidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Resulta paradójico-incomprensible que, en una era-mundo caracterizado por el aumento de las tecnologías, recursos financieros y desarrollo económico, haya con constante aumento de la pobreza. Por ejemplo, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, «una de cada diez personas de las regiones en desarrollo viven con menos de 1,90 dólares al día, que es la cantidad establecida internacionalmente como el umbral de la pobreza. Y muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados».

Además, se señala que, la realidad actual muestra que mil trescientos millones (1.300.000.000) de personas siguen viviendo en la pobreza y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.

Sin duda alguna, la pobreza tiene causas multidimensionales e interrelacionadas; no es solo falta de recursos económicos.

Por ello, podemos afirmar que se trata de, entre algunas: condiciones de trabajo peligrosas, viviendas inseguras, falta de alimentos nutritivos, acceso desigual a la justicia, falta de poder político, acceso limitado a la atención médica.

En general, es la falta de las capacidades básicas de los seres humanos empobrecidos/as, para vivir con dignidad. La dignidad del ser humano no solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base del resto de los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, la «dignidad» no es un concepto abstracto: es inherente a todos y cada uno de los individuos.

En la actualidad, muchas personas que viven en la pobreza persistente ven denegada y violada su dignidad. Es por ello que, “La dignidad para todos en la práctica” incluye la erradicación de la pobreza.

En el caso de Costa Rica, ya desde 2018, según la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Alice Schackelford, erradicar la pobreza, «es una meta factible para Costa Rica … el país dispone de los recursos para cumplir esa meta en 2030. (…) Hay que definir estrategias a mediano y largo plazo para erradicar la pobreza. No podemos pensar que cada gobierno lo va a hacer en cuatro años”.

Pero, al parecer, los gobiernos de turno de Costa Rica no van hacia la meta propuesta, más bien se acrecienta la brecha de pobreza, la desigualdad entre pobres y ricos.

Nos ayudan y dan esperanza los consejos bíblicos.

No obstante, no debemos seguir resignándonos a las interpretaciones equivocadas sobre las palabras de Jesús «a los pobres siempre los tendréis con vosotros”. El llamado de Jesús es a no aceptar este flagelo. Empecemos por denunciar la injusta distribución de la riqueza.

Por ejemplo, el 10% de las personas con mayor riqueza acumula el 50% del total de ingresos en Costa Rica, según un estudio presentado en el Reporte Mundial de Desigualdad 2022 en París. El reporte también muestra que este año, en el país, el 20% del ingreso es acumulado únicamente por el 1% de las personas más ricas; mientras que el 50% de las personas con menor riqueza acumuló el 10% de los ingresos.

Con esta injusta distribución, nunca se va a erradicar la pobreza. Por el contrario, hoy ya la pobreza alcanza a más del 20% de familias en Costa Rica; hay un aumento cada vez mayor del trabajo informal, especialmente de las mujeres.

De acuerdo con los conocedores en la materia, cuando se reducen la pobreza y la desigualdad, tiende también a reducirse otros problemas conexos, tales como la inseguridad ciudadana, el abandono educativo o el estrés patológico y a reducirse los gastos en salud, en seguridad y en administración de la justicia, lo cual puede liberar recursos para reducir el déficit, aumentar reservas y financiar ambiciosos proyectos de inversión, que a su vez pueden generar muchos empleos, según el PNUD.

Retomando el consejo bíblico es, «hacerle justicia al pobre», cuestionando las estructuras de acumulación. De esta forma, podemos ir hacia las metas de erradicar, y plantear nuevos estadios de dignidad para los seres humanos, nuestros prójimos-próximos.

Levanta la voz, y hazles justicia;
¡defiende a los pobres y a los humildes!

Proverbios 31:9

Todo listo para gran reforestación de “El Santuario” en Belén

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa.

23 de junio de 2022

  • Proyecto comunal pretende crear un parche boscoso en el cantón
  • Actividad se realizará este sábado 25 de junio, desde las 8 de la mañana

Más de 50 personas voluntarias de todas las edades se reunirán este sábado 25 de junio en Belén, para participar en una nueva reforestación y limpieza de las fincas conocidas como ‘’El Santuario’’. La actividad comenzará desde las 8 de la mañana y es organizada por la Comisión de Manejo del Proyecto que es integrada por representantes de la sociedad civil, organizaciones varias del cantón, la Municipalidad de Belén y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El Santuario es un proyecto comunal que pretende regenerar un sitio que antiguamente estaba constituido de potrero, para convertirlo en un bosque. Las fincas que lo componen se encuentran en área de protección por la presencia de varias nacientes de agua. El sitio se encuentra en las colindancias del balneario Ojo de Agua y son aproximadamente 4 hectáreas entre fincas públicas y privadas.

Los trabajos de reforestación se realizarán en el espacio público que es propiedad de la Municipalidad de Belén y en otro sector colindante que esta próximo a ser adquirido por el municipio, lo que duplicará el espacio público de El Santuario.

Anteriores siembras que se han realizado en el lugar.

Un proyecto ejemplo para la Gran Área Metropolitana

Para Paulo Ramírez, miembro de la Comisión de manejo del proyecto y de la Asociación para el Desarrollo integral de Calle La Labor (APICAL), este proyecto constituye una forma en cómo las y los belemitas pueden construir sentido de pertenencia y a su vez dar un ejemplo que pueden replicar otros cantones para seguir el modelo de ciudades verdes.

‘’Me gustaría que con el paso de tiempo tome se consolide el sentido de pertenencia que El Santuario ha creado en la comunidad de Belén, que las y los belemitas se sientan orgullosos de haber participado y de que seamos como una plataforma para ser ejemplo para otros lugares’’. Afirmó Ramírez.

 ‘’A nivel urbano creo que podemos ser líderes para que estos proyectos se puedan replicar, y en temas de fauna y vida silvestre que sea un pequeño pulmón para que la gente pueda tener consciencia y tener contacto con flora y fauna y no tener que desplazarse a distancias tan largas para estar en un ambiente natural’’. Agregó.

Participarán más de cincuenta personas

Georgina Jiménez, parte de la comisión de manejo y de la Asociación Belén Sostenible indicó que al jueves 23 ya habían cerca de cincuenta personas inscritas para participar en el evento.

 ‘’El sábado esperamos que las voluntarias y voluntarios nos colaboren en diferentes tareas tales como siembra de árboles y plantas, limpieza del sitio y acondicionamiento de senderos y espacios para crear jardines y también áreas de regeneración de bosque. El objetivo es ir poco a poco desarrollando un espacio verde, con mucha diversidad de flora y fauna, donde la población pueda disfrutar de un entorno natural que brinde paz y salud. Relató Jiménez.

Como forma de agradecimiento al trabajo voluntario, la empresa Trimpot Electronicas Ltda, quienes apoyan activamente el proyecto, donarán los refrigerios a todas y todos los colaboradores.

Especies nativas serán las protagonistas

La diversidad de especies florales y árboles que se sembrarán tendrán como común denominador el ser especies nativas de Belén. La lista se preseleccionó dentro del comité y de esa forma se adquirieron gracias al aporte del Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ), la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

‘’Se donará una lista de especies variada con el fin de promover la biodiversidad. Todas son especies nativas o naturalizadas, son plantas que atraen polinizadores y otro tipo de fauna, aportando de esta manera al ecosistema. Además, se incluyeron plantas con floración altamente ornamental, con el fin de generar un espacio más atractivo para las personas usuarias’’. Señaló Miriam Miranda Quirós, Coordinadora del Proyecto TEVU-MINAE-OET-GEF-PNUD.

¿Cómo nació el proyecto El Santuario?

El Proyecto del Parque Ambiental El Santuario nació de la iniciativa de la Asociación Para el Progreso Integral de Calle La Labor (APICAL) que es vecina próxima del sitio. En la sesión del Concejo Municipal de Belén 56-2020 del 8 de octubre del 2020 esta asociación se presentó ante el Gobierno Local para solicitar que se cumplieran unos acuerdos municipales de años anteriores que avalaban adquirir las fincas de El Santuario para protección del agua.

A partir de ese momento el Concejo Municipal de Belén les apoyó y se fueron sumando nuevas organizaciones como la Asociación Belén Sostenible, El Comité Cantonal de la Persona Joven, el medio local El Guacho, la Comisión Cantonal de Cambio Climático, la propia Municipalidad de Belén y más recientemente la ONG Operation Rich Coast y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mediante el proyecto TEVU-MINAE-OET-GEF-PNUD.

Para más información contactar con: Ulises Araya Chaves. 8470-4094.

Flayer de la jornada de reforestación.

Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común

El 8 de junio de 2022, se realizó el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el cuido del bien común”, organizado por el Programa Kioscos socioambientales y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

La intencionalidad de este foro fue exponer sobre la mesa, temas primordiales como el uso alarmante de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica, mencionado en el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, del riesgo para la salud humana y el ambiente, la conservación del medio, el uso sostenible de los recursos naturales, los retos y desafíos, entre otros. Se indicó en dicho informe que, los plaguicidas usados son de alta  peligrosidad, estableciendo un rango significativo de uso muy por encima de países del continente que poseen condiciones agrícolas similares a las de Costa Rica.

La mesa de panelistas fue integrada por el representante residente adjunto del PNUD Kifah Sasa; la Docente en la Escuela de Salud Pública, Rebeca Alvarado; el Químico David Bolaños; el Químico Ambiental Clemens Ruepert; la Síndica del distrito Cipreses de Cartago, Isabel Méndez y la moderadora Isabel Avendaño.

Para más información, en el siguiente enlace encontrará el vídeo completo del foro: https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos/videos/7668355893239026/