Por primera vez en Costa Rica se pondrá en marcha la iniciativa Aeropuertos preparados para los desastres (GARD por sus siglas en inglés), con el fin de desarrollar un diagnóstico de las capacidades y la infraestructura del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ante un potencial aumento de tráfico aéreo y la demanda de los servicios aeroportuarios en situaciones de emergencia o desastres que requieran una movilización de grandes cantidades de asistencia humanitaria.
Dicha iniciativa será liderada por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), con el apoyo de AERIS Holding y corresponde a un programa conjunto entre Deutsche Post-DHL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento del gobierno de Alemania. Con ello, Costa Rica se sumará a países como Bangladesh, Sri Lanka, Turquía, República Dominicana, Perú y Panamá.
El equipo GARD ha capacitado a más de 1000 personas de 45 aeropuertos en 21 países. En Costa Rica, participarán hombres y mujeres de las instituciones de primera respuesta desde carga, aduanas, servicio fitosanitario e inmigración hasta servicios de emergencia contra incendios, seguridad, policía y administración. La iniciativa es parte del Programa GoHelp de DHL.
Se evaluarán las instalaciones del aeropuerto para determinar aspectos de mejora y elaborar un plan estratégico para enfrentar adecuadamente un aumento súbito en la demanda de los servicios aeroportuarios, como es el caso de la llegada masiva de suministros humanitarios, de especialistas internacionales, de animales de rescate, de equipamiento sofisticado o atípico, que requieren una tramitación expedita. Se contemplan las áreas de pasajeros, carga, operaciones e infraestructura.
Los procedimientos que se diseñen en este proceso serán alineados y compatibilizados con los procedimientos nacionales para la movilización de asistencia humanitaria del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Costa Rica; así mismo con los acuerdos de asistencia recíproca centroamericana del Centro para la Prevención de los desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y de los mecanismos de Naciones Unidas como el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG) y el Manual del Equipo de las Naciones Unidas para la Coordinación y la Evaluación en casos de Desastre (UNDAC).
En el acto de inauguración se contará con la participación de Alexander Solís, presidente de la CNE, Rafael Mencia, CEO de Aeris Holdings, Gilberto Castro, Gerente GoHelp de DHL y Alice H. Shackelford, Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y Representante Residente del PNUD.
Acto de inauguración:
Día: Lunes 01 de octubre, 2018
Hora: 10:00 am
Lugar: Hotel Double Tree Cariari, Belén.
*Imagen con fines ilustrativos tomada de Aeropuertos.Net
Enviado por Ingrid Hernández Sánchez, Asesora Comunicación, PNUD Costa Rica.
Son muchos los esfuerzos realizados por diversas organizaciones internacionales para dar cuenta de los elementos que componen el progreso de un país de forma multidimensional. En esta oportunidad, se hará referencia al Índice de Desarrollo Humano (IDH) y al Índice de Desigualdad de Género (IDG) para Costa Rica, ambos elaborados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El IDH es un índice compuesto que estudia el progreso de un país a través de tres dimensiones: el disfrute de una vida larga y saludable, el acceso a la educación y tener una vida digna; por su parte, IDG hace hincapié en la salud reproductiva, el empoderamiento y la participación de las mujeres en el mercado laboral. En este sentido, el enfoque de dichos índices, da cuenta de los desafíos que enfrentan los países para un óptimo desarrollo humano, donde los indicadores económicos se acompañan de indicadores de índole social.
Según el último Informe (2016), de los 188 países que analiza el PNUD, Costa Rica ocupó el puesto 66 en el IDH, catalogándose como un país con “desarrollo humano alto”. Dentro de los datos más relevantes a resaltar, es que la esperanza de vida al nacer es de 79,6 años (hombres: 77,2; mujeres: 82,1), los años esperados de escolaridad rondan los 14,2 (Hombres: 13,8; Mujeres: 14,5), los años promedio de escolaridad los 8,7 (igual entre hombres y mujeres) y, el ingreso nacional bruto (INB) por persona (ajustado a PPA), ronda los 14 mil dólares anuales, monto muy cercano al de Brasil ($14.145), Tailandia ($14.519) y China ($13.345). Con respecto a este último indicador, si se desagrega por sexo, el INB de las mujeres es de S9.995, mientras que el de los hombres es prácticamente el doble: $18.052.
Con respecto al IDG, Costa Rica se ubica en la posición 63. Entre los indicadores más preocupantes de dicho índice está la elevada tasa de natalidad adolescente (56,5 nacimientos por cada mil mujeres de edades entre los 15 y 19 años) y la escasa ocupación de las mujeres en escaños políticos (para el 2014 eran del 33,3%, porcentaje que asciende en las recientes elecciones al 45,6%, cifra histórica más alta). Otro aspecto por resaltar es que, aunque el porcentaje de población con algún tipo de educación secundaria es mayor en las mujeres (mujeres: 54,5%, hombres: 53.8%), la tasa de participación en la fuerza de trabajo de ellas es bastante menor que la de ellos (46,8% vs. 76,6% en el 2015).
Lo anterior resulta preocupante ya que después de tres años, no hemos logrado incrementar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada por el INEC, para el II trimestre de 2018, la tasa de participación laboral de los hombres fue 74,9%, mientras la de las mujeres sigue siendo del 46,8%. Peor aún, aunque la tasa de participación femenina no ha variado en los últimos años, sí lo ha hecho la tasa de desempleo femenina, la cual pasó de un 10,6% a un 12% en el último año. A lo anterior, deben sumársele las manifestaciones de violencia sexual, psicológica y simbólica contra las mujeres que según datos del INAMU se han mantenido constantes en los últimos años, a pesar de las inversiones que ha realizado el Estado con el objetivo de reducirlas.
En síntesis, Costa Rica ha presentado avances en materia de desarrollo humano y en acceso a oportunidades para el desarrollo de una vida digna, que incluso nos acerca a los estándares de países desarrollados; sin embargo, siguen existiendo disparidades en torno al desarrollo económico-social que impactan negativamente a grupos particulares. Es de este modo que, en términos de género, las mujeres siguen siendo uno de los grupos que, aunque presentan características favorables en el acceso a la educación y salud, experimentan dificultades en el acceso al empleo, al salario equitativo y en la ocupación de curules políticas en toma de decisiones.
Por último, después de analizar los datos anteriores y dadas las manifestaciones de violencia contra la mujer que han sacudido al país en lo que llevamos del año, es necesario que el Estado, junto con el sector privado, articulen esfuerzos con miras a reducir la desigualdad de género -en todas sus dimensiones-, lo anterior considerando que se requiere de un esfuerzo país para poder alcanzar este objetivo, más aún, conociendo la situación fiscal que de no resolverse a corto plazo, podría terminar impactando negativamente a los grupos más vulnerables, entre ellos a las mujeres y las niñas.
*Observatorio Económico y Social, Escuela de Economía UNA.
El Consejo Editorial y la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) nos comparte la última edición de la Revista Ambientico, en la cual se presentan avances sobre el trabajo que se está llevando a cabo a través del Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
A continuación la Editorial y la tabla de contenidos.
La imperante necesidad de proteger y manejar los humedales en Costa Rica
Las áreas silvestres protegidas del mundo son espacios únicos en términos de biodiversidad, pero con frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas producto de su poca valoración, o por los limitados recursos para su adecuada protección y manejo de manera conjunta con los múltiples agentes.
A pesar del mayor reconocimiento que las áreas silvestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, de una deficiente planificación del uso del suelo y de actividades industriales. Sistemas de riego, ganadería, deforestación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos de contaminación, eutrofización o simplemente desaparición de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo XX se redujo la extensión de los humedales naturales del mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continentales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.
No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios altamente productivos y esenciales en la provisión de múltiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el suministro de agua dulce, alimentos y materias primas como la madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, y la protección contra tormentas o su rol en la mitigación del cambio climático. Ellos son indispensables para que innumerables especies vegetales y animales puedan subsistir brindando beneficios irremplazables para la humanidad. Se conoce, por ejemplo, que el ciclo global y local del agua depende en gran medida de los humedales. Como se argumenta más adelante, la calidad de vida de las personas depende de la calidad del ambiente, y los humedales marinos (costeros), lacustres (lagos), ribereños (ríos) y palustres (pantanos, ciénagas) proveen beneficios en términos materiales, físicos y sociales que son necesarios para el mantenimiento y generación de este bienestar integral.
Enmarcado dentro de las metas globales de Biodiversidad (Metas Aichi) y la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025, resalta el aumentar para el año 2020 el área de humedales bajo categoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en comparación con las 569 742 bajo categoría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 mil hectáreas adicionales de humedales de importancia internacional (HII) bajo protección y rehabilitación. El desafío no es menor. Para lograrlo es necesario aumentar la capacidad institucional para su gestión sostenible y conservación, el involucramiento de los actores locales de forma activa en las diversas actividades de manejo y mejoramiento, ajustes y aplicaciones más estrictas a la normativa, y el reconocimiento de su importancia entre la sociedad para su financiamiento. En esta edición les presentamos avances desarrollados desde el año 2015 por el Proyecto Humedales, una iniciativa de apoyo al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).
En su conjunto, el accionar del Proyecto Humedales se dirigió hacia el desarrollo e implementación de herramientas para gestionar de mejor forma la protección y la rehabilitación de los ecosistemas de humedal y para la conservación de las especies que habitan en ellos, en concordancia con los principios de desarrollo sostenible y de adaptación a la variabilidad climática. Estos esfuerzos también contribuyen a que Costa Rica avance en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, cumpliendo así con los compromisos país establecidos en el Proyecto Humedales.
Inaugurado el Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidades de Producción Sostenible con abejas Tropicales
El Proyecto es desarrollado en conjunto con la Asociación de Apicultores Unidos del Pacifico Central (APIPAC), que incluye 35 apicultores de San Mateo, Orotina, Esparza y localidades aledañas. El mismo es financiado con fondos del PNUD – Programa de Pequeñas Donaciones -UNOPS, por un monto de $110,000.
Para el Dr. Rafael A. Calderón Fallas, Director del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (Tropical Beekeeping Research) uno de los principales objetivos del proyecto es capacitar en el manejo y buenas prácticas apícolas desde una perspectiva integral, incorporando aspectos de manejo agroecológico, adaptación al cambio climático y asegurar la polinización de la flora circundante. Así como, sobre los principales métodos de diagnóstico, control y manejo de enfermedades y plagas de las abeja, e implementar un proceso de formación práctica en el desarrollo de productos derivados de la colmena, además la manera de cómo identificar emprendedores y oportunidades de negocio que puedan convertirse en iniciativas empresariales viables y sostenibles social, ambiental y económicamente.
En este sentido, este proyecto, se convierte en una oportunidad para analizar y discutir sobre diferentes aspectos del manejo de las colmenas, la sanidad apícola, la polinización de cultivos, la diversificación de productos, entre otros.
El Proyecto inaugurado en San Mateo con participación de autoridades universitarias plantea todo un reto para el desarrollo, y para la competitividad y productividad de la apicultura en las zonas indicadas.
El CINAT-UNA participa activamente en el desarrollo de los contenidos temáticos de los módulos de capacitación. Este proyecto plantea la integración de la Universidad con el Sector Productivo, con el financiamiento de un ente como el PNUD.
Colaboración:
Dr. Rafael A. Calderón Fallas
Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer el pasado 21 de marzo los resultados de su medición anual en materia de Desarrollo Humano (Índice de Desarrollo Humano – IDH) para el 2016, ubicando a Costa Rica en el puesto 66 (véase, de las pocas editadas en Costa Rica, esta nota de prensa de Elpais.cr).
A nivel global, Costa Rica y Serbia comparten el puesto 66, escoltados por dos Estados isleños del Caribe: Trinidad y Tobago (en la posición 65) y Cuba (en el puesto 68). En la medición anterior correspondiente al año 2015, estos mismos cuatro Estados se situaban en el siguiente orden: Trinidad y Tobago (64), Serbia (66), Cuba (67) y Costa Rica (69).
En el 2016, el primer Estado miembro de la Unión Europea aparece en la posición 4 (Alemania), el primero del hemisferio americano es Canadá en el puesto 10, mientras que el primer Estado asiático es Japón con la posición 17. El Estado de África mejor ubicado es Mauricio (64), mientras que en la península arábica, es Catar (33).
El IDH en breve
Como bien se sabe, el IDH es un indicador desarrollado por Naciones Unidas desde varias décadas, que clasifica anualmente a los Estados con base en información proporcionada por los mismos Estados. El Informe Global 2016 sobre el IDH (véase texto completo del informe) precisa la metodología y la clasificación obtenida en el 2016. Se lee en esta nota oficial del PNUD que:
«El IDH se creó para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país. El IDH índice también puede usarse para cuestionar las decisiones normativas nacionales, comparando cómo dos países con el mismo nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita obtienen resultados diferentes en materia de desarrollo humano. Estos contrastes pueden impulsar el debate sobre las prioridades normativas de los gobiernos».
La casilla correspondiente al IDH de Costa Rica medido en el 2016 se puede acceder en este enlace oficial del PNUD: en ella, se desglosa el IDH con los diversos valores numéricos usados para cada una de las variables. Nótese en este desglose que el único valor que no fue asignado fue el de pobreza, con un rubro que se mantiene con la indicación «n.a /not available». Se ignora si la gran cantidad de estudios y diagnósticos sobre la pobreza realizados en Costa Rica por entidades estatales impide, por alguna razón, a los investigadores del PNUD cuantificar con algún valor numérico esta variable y se esperaría que, con ocasión de la próxima medición del IDH, sea plenamente integrada.
La evolución de Costa Rica en materia de IDH
En el 2015, Costa Rica ostentaba la posición 69 a nivel mundial, según se desprende del Informe IDH 2015 (véase texto). La desmejorada posición para el 2016 puede también ser comparada al IDH de Costa Rica en el año 2003, año en el que Costa Rica ostentaba la posición 42 a nivel mundial. Desde el año 2006, el descenso de Costa Rica ha sido significativo. En el 2011, cayó al puesto más bajo en su historia, el puesto 69, lo cual puede plantear algunas interrogantes sobre los efectos, en materia social, de la gestión de la administración del Presidente Oscar Arias Sánchez (2006-2010). Al haberse mantenido en el 2014 con un IDH en la posición 68, las interrogantes son mayores, al no haber logrado la administración de la Presidenta Laura Chinchilla (2010-2014) mejorar sustancialmente el IDH de Costa Rica: en el 2015, Costa Rica volvió a ocupar la posición 69.
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (Costa Rica)
2003———–Puesto 42 a nivel mundial
2004———– Puesto 45 a nivel mundial
2005———-47
2006———-48
2007———-48
2008———-50
2009———-54
2010———-62
2011———-69
(Fuente: Informe Estado de la Nación / PNUD. Informe EdN, XVIII (2012), p. 363. Cabe señalar que en las últimas ediciones del Estado de la Nación, por alguna razón que desconocemos, ya no se incluye en sus listas de indicadores el IDH desarrollado por el PNUD como tal).
El IDH (2016) en el resto de América Latina
En América Latina, mientras que Chile permanece con el puesto más alto (39), Haití se mantiene como el último Estado de América Latina, con el puesto 163.
De manera a comparar el puesto 66 de Costa Rica con el de algunos de los otros Estados de América Latina, el Informe Global IDH (2016) indica lo siguiente: Argentina se sitúa en el puesto 45, Bolivia en el 118, Colombia en el 95, Cuba en el puesto 68, Ecuador en la posición 89, México en la 77, Perú se ubica en la posición 87, República Dominicana en la 99, Uruguay en la 54 y Venezuela en el puesto 71. Una comparación con el Informe IDH 2015 (véase texto), el Informe IDH 2014 (véase texto) y el Informe IDH 2013 (véase texto) permite apreciar quiénes progresan y quiénes no, y quiénes se estancan.
Para el 2016, en América Central, Belize se sitúa en la posición 103, El Salvador en el puesto 117, mientras Nicaragua en el puesto 124, Guatemala en el 125 y Honduras en el 130. Panamá lidera a los Estados de Mesoamérica en el puesto 60.
Foto extraída de artículo de CRHoy del 2012 titulado «20% de las familias pobres apenas concentró el 4,2% del total de ingreso de los hogares».
El irresuelto problema de la desigualdad social
Es de notar que Costa Rica es uno de los Estados de América Latina en los que la desigualdad ha crecido en mayor proporción, así como en República Dominicana. En este estudio de la Comisión Económica para América Central (CEPAL) del 2015, se lee que: «Los cambios en los indicadores de desigualdad de la región han ocurrido de manera gradual y son apenas perceptibles en las variaciones interanuales, pero resultan evidentes al comparar períodos más largos. Durante el período 2002-2013, en 15 de los 17 países considerados se evidencian mejoras distributivas, reflejadas en la disminución del índice de Gini (véase el gráfico I.1). Las excepciones son Costa Rica y República Dominicana, cuyos índices de Gini son superiores en 2013 que en 2002» (p. 14).
Gráfico sobre variación anual del coeficiente Gini en el que República Dominicana y Costa Rica presentan una evolución distinta a la de los demás Estados de América Latina, extraído de este análisis sobre crecimiento y desigualdad (UNAM, 2013).
Al ser considerada América Latina la región más desigual del mundo, figurar en posiciones tan destacadas debió haber interpelado a muchos sobre los correctivos a incorporar al modelo económico actualmente en voga en Costa Rica y en otros Estados de la región: no cabe duda que sin estos, se convierte en un generador de abundante riqueza, la cual tiende a concentrarse cada vez mas en menos sectores, mientras los índices de mayor pobreza aumentan.
La tendencia es confirmada en el último panorama social de América Latina publicado por una entidad como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) (véase estudio), en el que se analizan las medidas correctivas implementadas con algun grado de éxito por algunos Estados de América Latina.
Foto extraída de artículo de prensa (El Financiero) del 2013 titulado «Crece desigualdad de ingresos en Costa Rica según Informe de Estado de la Nación».
El coeficiente Gini en Costa Rica: breves apuntes
Un indicador internacional como el coeficiente Gini que mide la desigualdad social en función del ingreso (véase sitio del PNUD con medición del coeficiente Gini al 2014) advierte que, en el caso de Costa Rica, pasó de 0,485 en el 2005 a 0,524 (2013): en este mismo 2013, un artículo de prensa publicado en Informa-tico se tituló «Costa Rica ya es modelo de desigualdad social en América Latina». En el precitado estudio de la CEPAL publicado en el 2014 (véase documento), los dos gráficos sobre índices de desigualdad (el Gini y otro denominado Theil en la página 100) evidencian lo anómalo de la situación de Costa Rica en comparación con el resto de América Latina.
En otro acápite del mismo estudio sobre el índice de bipolarización en la distribución del ingreso (índice de Wolfson) se lee que:
«En cuanto a la evolución del índice, en el gráfico II.4 se constata que la bipolarización del ingreso disminuyó en 15 de 18 países entre 2004 y 2012, mientras que aumentó solo en tres países (Costa Rica, el Paraguay y Guatemala)» (p. 105).
En este estudio del 2012 de la Fundación Konrad-Adenauer-Stiftung sobre pobreza y desigualdad en América Latina, en el capítulo sobre el caso de Costa Rica, se indica que: «Para el 2009, el coeficiente de Gini se ubica en torno a los 0.44 puntos, cuando en 1990 tomaba un valor de 0.37.5 Como el coeficiente de Gini es más sensible a los cambios en la parte media de la distribución, se puede complementar con otros indicadores de desigualdad como el índice de Theil, más sensible a la parte alta de la distribución, o la varianza del logaritmo del ingreso, más sensible a lo que sucede en la parte inferior de la distribución. Estos otros indicadores ofrecen la misma tendencia hacia el aumento en la desigualdad en las dos últimas décadas» (p.76).
En el caso de Chile, que ha logrado frenar y luego reducir sus niveles de desigualdad en materia social, se precisa en un documento de trabajo del PNUD que aún queda mucho por recorrer: «No obstante, el país está aún lejos de lograr los niveles de equidad y progreso social que presentan las naciones más desarrolladas. En efecto, la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, por lo que hay diferencias muy marcadas de los estándares de vida que logran distintos grupos de la población. El coeficiente de Gini debe caer aún 20 puntos adicionales, para que la desigualdad del ingreso en Chile converja al nivel promedio de la OCDE» (Véase LARRAÑAGA O., RODRIGUEZ M.E., «Desigualdad de Ingresos y Pobreza en Chile 1990 a 2013», Documento de trabajo, Dic. 2014, Santiago de Chile, PNUD, p. 37). La mención de Chile en materia de desigualdad social cobra particular relevancia al tratarse de un Estado que ha ingresado a la OCDE, aspiración que tiene Costa Rica desde el 2013.
La evolución del coeficiente Gini en Costa Rica entre 1987 y el 2012 puede ser revisada en este estudio del Informe del Estado de la Nación del 2013 (gráfico p.2). Se ha intentado obtener un gráfico reciente (al 2016) sobre la progresión del coeficiente Gini en Costa Rica con relación al resto de América Latina en los últimos 10 años, sin éxito a la fecha: al respecto, agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores el hacernos llegar alguna publicación digital que lo contenga. Posiblemente este gráfico arroje algunos datos que puedan explicar mejor este notable declive del IDH en Costa Rica durante ese período, mientras que otros Estados progresan en materia de Desarrollo Humano.
Con relación a la pobreza en Costa Rica, en el 2014 se leyó en este artículo de La Nación, que: «La pobreza en los hogares de Costa Rica llegó al nivel más alto en cinco años al alcanzar en el 2014 un 22,4%. Esto significó un incremento de casi dos puntos porcentuales frente al 2013 según reveló, la mañana de este jueves, la Encuesta Nacional de Hogares 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)». Otro documento del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) del 2016 arroja cifras similares con relación a la pobreza (véase documento). Tanto MIDEPLAN como el INEC son entidades estatales, sus datos no han sido cuestionados, por lo que surge nuevamente la pregunta de saber porqué el IDH 2016 se estableció para Costa Rica sin contar con un valor numérico correspondiente a la variable de la pobreza.
El desmejoramiento de la calidad de los servicios públicos, también puede estar influyendo, entre otros factores, en esta medición en la que Costa Rica se ve superada por ocho Estados de América Latina y del Caribe con respecto al IDH en este último ejercicio correspondiente al 2016.
De otros indicadores y datos preocupantes
En una materia como la ambiental, en la que Costa Rica figura en diversos foros internacionales como un Estado a la vanguardia, un indicador desarrollado por dos universidades norteamericanas (indicador EPI) arrojó en el 2014 un vertiginoso descenso de Costa Rica, pasando del puesto 5 al puesto 54 (véase nota en este mismo sitio). Los investigadores norteamericanos consideraron oportuno elaborar una nota sobre Costa Rica a raíz de algunas declaraciones oficiales de Costa Rica cuestionando la metodología EPI (véase nota).
Posiblemente relacionado con el tipo de partículas que circulan en el aire que respiran a diario los costarricenses, en particular los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), este dato se leyó en un reciente artículo en temas de salud: «Cerca de un 12% de la población costarricense padece de asma, de acuerdo con la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, en tanto que con un 32%, Costa Rica es el país con mayor prevalencia de asma en niños en América Latina».
En un ámbito muy distinto, este otro gráfico extraído de un informe del 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de Costa Rica (órgano técnico adscrito a la Defensoría de los Habitantes) ilustra otro alarmante síntoma que debería de haber interpelado a los decisores políticos costarricenses desde hace muchos años: el aumento vertiginoso de la tasa de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
Estos datos (así como muchos otros) permiten evidenciar el notable deterioro del clima social, de la calidad de vida, de la salud, consecuencia lógica de advertencias tan sostenidas como recurrentes de los diversos instrumentos de medición en materia social en Costa Rica.
De algunas iniciativas privadas recientes
Con respecto a estos últimos, resulta oportuno indicar que desde Costa Rica, en el 2013, una alianza entre una entidad como el INCAE Business School y las universidades Oxford y de Harvard (con el generoso apoyo de la Fundación Rockefeller, la Pratham Education Foundation, y la empresa Deloitte) propuso una nueva forma de medir el desarrollo social, con la creación del Índice de Progreso Social (véase nota del INCAE). Se puede consultar la plataforma del Social Progress Index en este enlace. No se ha podido conocer cuáles son las deficiencias detectadas en el IDH que elabora el PNUD por parte del INCAE y de sus socios anglosajones para proceder a crear una nueva metodología de medición, en la que, como era previsible, Costa Rica aparece en una posición privilegiada en América Latina.
De igual forma, el reciente creado Índice de Felicidad (Happy Planet Index), otorga a Costa Rica una envidiable posición como uno de los países «más felices» del mundo.
Es de notar que estas y algunas otras iniciativas de índole privado encuentran mayor eco en los medios de prensa que la medición del IDH elaborada por el PNUD.
A modo de conclusión: la persistente pertinencia del IDH en Costa Rica
Jugar con variables, datos y metodologías para reflejar de la manera más precisa la realidad social constituye siempre un desafiante ejercicio. Con relación a la metodología utilizada para establecer el IDH, es posiblemente perfectible, y podría incluso ser mejorada en el futuro. En el 2014, el economista costarricense Pablo Sauma discutió y analizó algunos aspectos metodológicos relativos al IDH, concluyendo su artículo de opinión publicado en La Nación en los siguientes términos: «En cualquier caso, se concluye que el IDH sigue siendo un indicador importante para comprender la situación del desarrollo a nivel mundial y de Costa Rica en particular, y que con una perspectiva de mediano y largo plazo se confirma que como país hemos perdido impulso en el avance hacia el logro de mayores niveles de desarrollo, por lo que debemos realizar esfuerzos renovados en las dimensiones consideradas, especialmente en educación».
La posición 66 obtenida por Costa Rica en año 2016, precedida por la posición 69 para el 2015, confirman ambas que, además de haber perdido impulso, los esfuerzos de sus autoridades no han (aún) logrado extraer a Costa Rica de las posiciones en las que la administración (2006-2010) concluyó su ejercicio gubernamental.
(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Entidades públicas y privadas firmarán carta de intención este 15 de julio donde se comprometen a mejorar condiciones laborales entre hombres y mujeres
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya iniciativa
Por: Renzo Kcuno Aimituma
Implementar un sistema de gestión para la equidad de género es el objetivo que persiguen varias instituciones del país, entre ellas la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Para llevar a cabo este plan, las entidades se integrarán en el Sistema de Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
La carta de intención que se firmará este 15 de julio propone trabajar de forma conjunta hacia la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, así como promover el ingreso de las mujeres al mercado laboral y el mejoramiento de la calidad de su empleo.
Las entidades que sellarán su compromiso iniciarán el proceso mediante la participación en el ciclo de sensibilización e información denominado “Igualdad de Género en el Empleo”.
Con esta primera acción obtendrán las capacidades y herramientas para la realización del diagnóstico de brechas y un plan de acción dentro de sus organizaciones.
Alejandra Mora Mora, Presidenta Ejecutiva del INAMU y Ministra de la Condición de la Mujer, expresó que desde hace muchos años se ha venido trabajando en un modelo de gestión de igualdad de género para el cierre de brechas en el empleo, mediante la creación de mecanismos y herramientas como es el “Sello de Igualdad de Género”.
“Este año tenemos como meta contar con al menos 20 empresas comprometidas y que estén trabajando en garantizar la igualdad de género en sus organizaciones, lo que permitirá una inserción de las mujeres, permanencia y crecimiento en los espacios de trabajo que las empodera económicamente y que paralelamente le inyecta un enorme caudal de competitividad a las empresas e instituciones, y un crecimiento económico más inclusivo que logra incorporar al 50% de las mujeres que están fuera de la economía”, manifestó Mora Mora.
En representación de la UNED, quien firmará la carta de intención será Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la institución.
¿Qué es el Sello de Igualdad de Género?
Es una distinción a la implementación de un sistema de gestión para la igualdad de género, este sistema es una herramienta, que contribuye a la eliminación de brechas entre hombres y mujeres, aumentando su productividad y valor agregado como elemento diferenciador.
El Sello de Igualdad de Género busca establecer un modelo de igualdad de género con calidad en las empresas y organizaciones del país que incremente la competitividad y promueva acciones y políticas a nivel público y privado para eliminar brechas de género e incrementar la participación y las oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.
Las organizaciones que manifiesten su interés en implementar un sistema de gestión con igualdad de género pueden escribir a selloigualdad@inamu.go.cr
Un grupo de actores sociales del Pacífico Sur, compuesto por líderes del sector de pesca artesanal de pequeña escala, empresarios turísticos y de comunidades indígenas; acordó proponer que se establezca una franja paralela a la costa, de 5 millas de ancho, exclusiva para la pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia; y excluir de ahí la pesca de palangre a flote y la pesca de arrastre.
El grupo, facilitado por la Fundación Pedagógica Nuestra América, quien funge bajo contrato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); trabaja en el desarrollo de un modelo de gobernanza y una propuesta de zonificación para el Sitio de Importancia para el Bienestar Humano y la Conservación del Pacífico Sur. Esta área, de gran riqueza por sus recursos marino costeros, comprende las zonas de Dominical-Sierpe, Corcovado y la Isla del Caño.
Dicho Sitio se delimitó porque la zona ha sido identificada como un área muy importante -por sus recursos marino costeros- y por su contribución al bienestar de las personas a través del turismo y la pesca. La riqueza en biodiversidad marina incluye, entre otros, cetáceos, tortugas marinas, especies comerciales de peces, tiburones, rayas y formaciones coralinas.
Luis Alberto Monge Arrieta, facilitador en la Fundación Pedagógica Nuestra América, explicó que actualmente se busca establecer acuerdos entre los actores para un manejo sostenible de los recursos marino costeros, amenazados por diferentes factores. Estos son la contaminación que fluye desde las zonas terrestres con agroquímicos y desechos; la sobre-explotación pesquera; y, en general, el uso no regulado de los recursos.
“De acuerdo a las denuncias de los mismos pescadores, se pesca en lugares donde no se debe pescar; y se usan artes de pesca ilícitos; por ejemplo, mallas más pequeñas de lo que permite la ley. Las embarcaciones de pesca de arrastre a veces incursionan en lugares donde no deberían o cambian su especie objetivo. Los pescadores han denunciado que esas embarcaciones sacan grandes cantidades de peces, abarrotan el mercado y así bajan los precios, lo cual perjudica a los pescadores artesanales. Cuando éstos últimos llegan a vender su pesca, el mercado está saturado; entonces el precio del producto que ellos ofrecen ha bajado”, señaló Monge.
La necesidad de establecer un tipo de regulación que permita garantizar el uso de esos recursos y su permanencia a largo plazo, llevó a iniciar el año pasado un proceso de diálogo con amplia participación, para llegar a acuerdos. Hasta el momento han participado 32 organizaciones e instituciones.
Los actores locales incluyen: pescadores artesanales de Dominicalito, Ojochal-Cortez-Humedal y el área frente al Parque Nacional Corcovado; quienes realizan pesca deportiva en Punta Banco y Puerto Jiménez; y cámaras de turismo, tour operadores, guías de turismo, hoteleros y boteros de Bahía Ballena, Drake y Sierpe. También representantes del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), la Municipalidad de Osa y el Servicio Nacional de Guardacostas. Asimismo, se han sumado la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Boruca, el Consejo de Cultura de Boruca, y las administraciones de las Áreas Protegidas presentes en el área: Parque Nacional Marino Ballena, Humedal Nacional Térraba Sierpe, Parque Nacional Corcovado, Reserva Natural Isla del Caño y la del Área de Conservación Osa (ACOSA).
Los actores llegaron al acuerdo general de que “es urgente gestionar los recursos marino costeros, que son la base del bienestar y de la economía de las comunidades costeras”.
Otros acuerdos, según detalló Luis Alberto Monge Arrieta, son:
Que se establezca una franja paralela a la costa de 5 millas de ancho exclusivamente para pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia; y excluir de ahí la pesca de arrastre y palangre a flote.
Que las comunidades de pescadores definan una zonificación; es decir, por ejemplo, cuáles serán designadas áreas de crianza o anidación para especies marinas, y cuáles serán áreas de extracción pesquera con artes selectivos y regulados.
Que la franja dedicada sólo a pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia se extienda hasta Punta Burica. Inicialmente el Sitio de Importancia estaba contemplado entre la boca del río Barú y Punta Matapalo. En las mesas de diálogo, sobre todo el sector de pesca artesanal de pequeña escala y el de pesca turística, plantearon que esa franja debería extenderse hasta Punta Burica.
Por otra parte, el sector turismo de la zona tiene interés en generar medidas que permitan garantizar la protección de las ballenas, los delfines y las tortugas, que se encuentran en el área que va desde la costa hasta 30 millas mar adentro.
“Quieren que en una línea paralela a la costa se desarrolle algún tipo de gestión, que permita garantizar la permanencia estacional especialmente de la ballena jorobada y de las tortugas y delfines porque estas especies son parte de los recursos a los que ellos acceden y son parte del atractivo turístico de esta zona”, dijo Monge.
La crisis económica mundial de los últimos años trajo una reducción sustancial de la inversión pública en muchos países de Latinoamérica. Esta situación produjo importantes bajas en la inversión en tecnología de información y comunicación (TIC) del sector público, ante esta coyuntura, emerge como alternativa el uso del software libre. La Escuela de Informática de la Universidad Nacional (UNA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizaron el estudio “Retos y oportunidades del software libre en la administración pública en Costa Rica”, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de tecnología de información y comunicación en pequeñas y medianas empresas y gobiernos locales mediante el uso del software libre”, el cual fue presentado el pasado 25 de octubre en el Instituto México.
A través de grupos focales, entrevistas, encuestas y estudios específicos, se concluye que hay cierto uso del software libre en la administración pública de Costa Rica. “De las 16 instituciones del Gobierno Central que participaron, la mayoría de ellas utilizan o están evaluando el uso del software libre. Asimismo, el 69% de los gobiernos locales que participaron indicaron que han implementado o están en proceso de implementar software libre. Sin embargo, su uso es aún incipiente por la falta de recursos para capacitación en el uso y desarrollo de aplicaciones usando este tipo de software, la existencia de recursos humanos disponibles en las organizaciones, y limitaciones para llevar a cabo proyectos de innovación utilizando software libre”, explicó Francisco Mata, director de la Escuela de Informática.
Además, según Mata, existe una percepción sesgada sobre el software libre, en la cual se aduce que existen pocas opciones de soporte técnico para su uso, ya que este no es mercadeado como un producto. “Las universidades costarricenses cuentan en sus planes de estudio con cursos en los cuales se introduce a los estudiantes no solo al uso de software libre sino también a herramientas de desarrollo basadas en este tipo de software; aunque es importante reconocer que este tipo de formación no es aún percibida como prioritaria en estos centros de enseñanza, debido a que no se refleja aún en la demanda laboral del país”, detalló Mata.
No solo costo
“El software libre no debe ser favorecido a expensas del software propietario. La justificación para su uso debe estar fundamentada en sus méritos. Lo anterior se establece en el principio de neutralidad tecnológica, comúnmente citado en la normativa costarricense. Aunque el costo es un factor importante, este no debe ni puede ser el factor determinante para tal justificación”, explicó Gilda Pacheco del PNUD.
Para Mata, la coexistencia del software libre con otros tipos de software debe ser vista como resultado natural de la búsqueda de soluciones para el mejoramiento de los servicios públicos. “No todas las aplicaciones propietarias poseen un equivalente libre que pueda utilizarse para sustituirlas, ni es obligatorio que todas las aplicaciones sean desarrolladas con software libre. En este sentido, cabe recalcar que incluso algunas aplicaciones desarrolladas con este último poseen versiones más sofisticadas que requieren del pago de licencias para su uso”, puntualizó el académico.
El estudio también analiza oportunidades para que las instituciones públicas del país hagan un mayor uso de este tipo de recurso.
Información enviada a SURCOS por UNA Comunicación.