Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense
El dominio por parte de las empresas públicas de la energía en Costa Rica es un factor determinante para un modelo que se plantea como meta facilitar el acceso universal, solidario y democrático a la energía eléctrica en a la gran mayoría de personas. El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un componente público aún muy importante (tanto en la generación como en la transmisión y la distribución) es clave para la construcción de la justicia climática. El control de la generación y la distribución cuenta con la certeza de estar en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entidad estatal que goza de relativa autonomía política y financiera a nivel constitucional, pero que distintos proyectos de ley amenazan por completo su integridad.
Aunque desde hacer años el modelo solidario se encuentra en franco deterioro debido a los privilegios otorgados a las empresas privadas mediante normativas y reformas leoninas, el sistema público sigue siendo la base sobre la cual se sustenta el hito de que en 2021 el 99,92% de la electricidad suministrada a hogares, instituciones, industrias provenía de fuentes consideradas renovables. En este sentido, al menos un 70% de esta energía provenía de empresas públicas con costos de generación bajos. Este sistema goza del prestigio a nivel internacional debido a que el 74,05% de la energía eléctrica en 2021 fue hidráulica, seguida por un 12% de eólica, un 12% de geotérmica, y apenas un 0,02% de térmica (proveniente de hidrocarburos).
Por otro lado, el sector privado ha vendido electricidad al ICE que no necesita, incluso son sobreprecios ilegales, consecuencia de las leyes n° 7200 y 7.508 que han posibilitado la expansión de proyectos hidroeléctricos que generan grandes conflictos comunitarios y por eso han encontrado mucha oposición social en distintas partes del país debido a los graves impactos que generarían.
La expansión de proyectos de hidroelectricidad por lo general hace que los impactos negativos los sufran comunidades que ni siquiera van a gozar de la electricidad generada. Por ello, entre otras cosas, son injustos social y ambientalmente.
En la Asamblea Legislativa alistan más injusticia climática
En el primer poder de la República está en trámite el Proyecto 23.414 «Armonización del Sistema Eléctrico Nacional» que fue presentado en octubre de 2022 por la bancada oficialista del presidente Rodrigo Chaves. El cual busca reafirma el papel de los mercados privados en materia eléctrica y concentra todo el poder de decisión en el en el MINAE. Volviendo designaciones técnicas en materia de energía en tranzas políticas manejadas por jerarcas con nula experiencia en el ramo.
Por otro lado, las generadoras privadas buscan mayor participación dentro del Mercado Eléctrico Regional con el proyecto n°22.561 denominado “Ley para la Autorización de las Empresas Privadas de Generación de Electricidad para la Venta de Excedentes de Energía en el Mercado Eléctrico Regional”. Desplazando así al ICE en la venta de energía fuera de las fronteras ticas.
Pero además el proyecto n°21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas” que busca permitir la venta los activos de cualquier empresa del ICE y ampliación de los contratos de compraventa de electricidad que las plantas eléctricas privadas ofrecen al ICE por hasta 40 años, cuando ahora el máximo es de 20 años.
Panel:
Sofía Guillen. Diputada de la República
Osvaldo Duran. Docente investigador de Instituto Tecnológico de Costa Rica
Mariana Porras Rozas. Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica
Modera:
Henry Picado Cerdas. Red de Coordinación en Biodiversidad
Lugar: Asamblea Legislativa. Sala de Conferencia en el nivel 3.
Fecha: miércoles 19 de abril. 5:30 p.m. hasta 8:00 p.m.
Formulario de asistencia al Foro Justicia Climática y Generación de Electricidad en Costa Rica: Impacto de los proyectos de ley expedientes 23.414, 22.561 y 21.606 sobre el sistema de generación de energía eléctrica y el desempeño climático costarricense.
Jiri Spendlingwimmer y Cristoph Burkard Miembros del Movimiento Ríos Vivos
De manera natural, estamos expuestos a ondas electromagnéticas que nos vienen del espacio en niveles bajos. Desde los inicios del uso de la electricidad en el siglo XIX ha habido cambios en el estilo de vida de la sociedad y los niveles de radiación han aumentado por las ondas provenientes del sistema eléctrico y sus aplicaciones. Hoy en día los niveles son aún mayores por las torres de telecomunicaciones, las líneas eléctricas de alta tensión, los aparatos electrónicos que usamos diariamente, celulares, wifi, bluetooth, radio, tv, etc. Con la implementación de la 5G, todos los espacios públicos, nuestras viviendas, el ambiente natural será sometido a una intensa radiación electromagnética, varias veces superior a la tecnología predecesora, la 4G.
La tecnología 5G tiene sus ventajas, no obstante, también desventajas, las cuales al igual que en el caso de otros grandes negocios de empresas multinacionales, en los medios de comunicación corporativos se omiten, se mencionan poco y hasta se niegan.
Para la salud humana y de los demás seres vivos, la exposición a las ondas de la 5G implica múltiples riesgos incluyendo cancerígenos, reproductivos y de desarrollo, ver por ejemplo investigación completa en Belpoggi, F., Health. Impact of 5G: current state of knowlegde of 5G-related carcinogenic and reproductive/deveplomental hazards as they emerge from epidemiological studies and in vivo experimental studies, European Parlament, 2021.
Desde la perspectiva ecologista, la implementación del 5G significa un aumento significativo del consumo eléctrico dado que en lo cotidiano de la nuestra vida utilizaremos aún más aparatos electrónicos, lo cual aumentará la demanda de energía eléctrica, y por ende habrá más presión para construir proyectos como los hidroeléctricos en perjuicio de los ecosistemas y las comunidades; además habrá más producción de desechos o basura tecnológica de las predecesoras 2G, 3G, y 4G, así como más extractivismo minero en muchas zonas del mundo para producción masiva de aparatos electrónicos.
La anunciada 4ta revolución industrial digital de la cual la tecnología 5G es fundamental, introduce y fortalece nuevas herramientas de control social, incluyendo los ámbitos más íntimos del individuo, hasta hoy privados. Desde hace muchos años sabemos de la utilización de nuestra información de redes sociales para mercadeo de las empresas, entre otros fines; recientemente el código QR se nos impuso para acceder a los espacios públicos y servicios, y es de esperar que conforme avance la era de la digitalización este servirá como un instrumento con el cual llegarán a monitorearnos, controlarnos y aun mucho más.
Las bondades de la “omnipresente conectividad” del 5G que nos prometen, poseen a su vez numerosas aplicaciones militares siendo utilizadas para guiar armas hipersónicas, sistemas de defensa, drones, etc. para uso en las guerras, lo cual podría ser catastrófico para la humanidad, hay que desincentivar la producción y uso de armas, así como la guerra y no lo contrario.
En Costa Rica, el gobierno y las cámaras promueven la implementación del 5G; en los primeros días del gobierno actual, mediante un decreto ejecutivo el presidente Chávez ordenó al jerarca del ICE de que, a más tardar en seis meses, la tecnología 5G debe estar disponible en el país, y poco tiempo antes la Cámara Costarricense Norteamericana (Amcham) y Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) realizaron un foro para su impulso. Dada la situación actual en el país, nos parece urgente analizar e informar a la ciudadanía sobre las ventajas y desventajas de esta nueva tecnología, y tal como sucede en otros países organizar campañas exigiendo moratorias al 5G, así como regulaciones y controles más estrictos, entre otras medidas.
En conclusión, debemos informarnos sobre los impactos del 5G, los elementos radiantes en general y la era de la digitalización en favor del resguardo de nuestra salud y la vida de los seres vivos del planeta, y no dar más poder a ese 1% que acumulan la riqueza mundial.
Recomendaciones informativas:
Youtube: El arcoíris invisible. Una historia de la electricidad y la vida. Arthur Firstenberg. 2021.
Youtube: 5G: efectos en la salud, la sociedad y el medioambiente. Ecologistas en Accion. 9/10/2020.
Artículo: El lado escuro de la 5G: el uso militar. Manlio Dinucci. 2020.
La última edición de la Fiesta del Agua se realizó en el año 2019. Foto: Kioscos Socioambientales.
El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Vicerrectoría de Acción Social, en conjunto con personas de la comunidad de Longo Mai y de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, organizan la “Fiesta del Agua: Intercambios regionales en la defensa de nuestros territorios”, en el marco de la declaratoria institucional “Universidades para las Comunidades”. Esta sería la sexta edición de la Fiesta del Agua que organiza la comunidad de Longo Mai.
La actividad se realizará el día sábado 11 de junio del presente año en la comunidad Longo Mai de Buenos Aires de Puntarenas, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este Festival se realizará en conmemoración a la lucha comunitaria que Longo Mai enfrentó hace pocos años, en la defensa de los ríos Convento y Sonador, frente a la amenaza de privatización por proyectos extractivistas, como son los proyectos hidroeléctricos. También se buscará desarrollar espacios de encuentro, reflexión y recreación entre personas de la comunidad universitaria con representantes de organizaciones comunitarias, activistas y ecologistas vinculados a la defensa de los bienes comunes frente a los extractivismos.
Actividades dentro del salón de Longo Mai durante la Fiesta del Agua 2019. Foto: Kioscos Socioambientales.
Si desea más información sobre esta actividad, puede comunicarse con las personas docentes Dylanna Rodríguez Muñoz y José Antonio Mora, a los correos dylanna.rodriguez@ucr.ac.cr y joseantonio.mora@ucr.ac.cr. O bien comunicarse a la oficina de Kioscos Socioambientales, a los teléfonos 2511-6221 y 2511-5771.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
(FECON, 17/06/2020) En los últimos días se ha desarrollado un fuerte debate sobre la desafortunada idea de que Costa Rica se abra a la explotación petrolera, a la minería de oro a cielo abierto y a la explotación de gas natural. Ideas empujadas por diputados y diputadas de dudoso prestigio ambiental. Pero el debate que merece el país debe ser más profundo y consecuente. Es necesario hablar de justicia energética, justicia climática y transición justa.
El debate ha despertado por la negativa por parte del directorio de la Asamblea Legislativa de recibir a Cristiana Figueres, ex-Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (2010-2016), pero también miembro de una de las familias propietarias de embalses hidroeléctricos privados. Al menos se conoce que las plantas hidroeléctricas “Volcan” y “Pedro”están ligadas a su familia; de las cuales para 2018 recibieron por parte del ICE ¢2.863 millones y ¢2.678 millones, respectivamente.
La discusión de la generación eléctrica en Costa Rica es importante debido a la gran presión que existe para represar ríos. En 2015, se detectaron al menos 16 proyectos hidroeléctricos solamente en la Zona Sur. Gracias a la organización comunitaria esto se pudo parar, pero continua la insistencia por parte de intereses particulares por llamarlo a esta energía “limpia”. Escondiendo así las consecuencias graves de este modelo energético sobre el ambiente y la gente de las comunidades.
Pero este “enjambre hidroeléctrico” no es casual, se sabe que la generación eléctrica privada es un gran negocio gracias a la apertura que brindan la Ley #7200: “Ley de Generación Autónoma o Paralela” y la Ley #8345: Ley Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional.
Este marco normativo propicia un clima muy favorable para los negocios vinculados a la venta de energía al ICE. Que solo en 2018 significó un gasto por compra de energía innecesaria que ascendió a más de ¢25.000 millones de colones. Pero según informes del Diputado José María Villalta para el período 2010-2018 se ha pagado a las empresas privadas de energía ¢709.936 millones por energía que el ICE no necesitaba.
Sumas que año a año, de una u otra manera, las personas que pagamos el recibo de electricidad estamos condenadas injustamente para engordar las billeteras de unos cuantos. Que de paso, esos cuantos políticos y empresarios, siguen empeñados en destruir los ríos con sus represas.
Desde el sector ecologista por supuesto que deseamos que la moratoria a la explotación petrolera se convierta en ley. Pero aparejado a esto es urgente la justicia energética que proteja a los más pobres y genere las condiciones para transitar con justicia social hacia la sociedad post-petrolera.
El modelo que representa Cristiana Figueres pretende falsamente plantearse como el futuro, la Economía Verde propone la electrificación del transporte sin asumir los costos ambientales de la migración de la industria del vehículo eléctrico privado bajo el mismo modelo individualizado. A Cristina Figueres se le olvida que no solo existe el pico del petroleo, sino también estamos ante el pico en la extracción de minerales. Materiales necesarios para el impulso de la electrificación del sector automotríz. América Latina ya somos testigos de enfrentamientos armados y golpes de estado producto del extractivismo de oro, cobre, niquel, litio, cobalto, etc.
Costa Rica merece un debate profundo sobre su modelo energético. Proponemos que el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa abra un Dialogo Energético, espacios inclusivos, basados en la ciencia, la sostenibilidad ambiental, la justicia social, la distribución de la riqueza y el acceso universal a la energía.
Vecinos y vecinas de Turrialba y de las comunidades de la Zona Sur como Longo Mai, Santa Marta, San Rafael, Fátima, La Unión, Santa Elena, San Isidro, San Jerónimo, Barrio Los Ángeles, San Jerónimo, Villa Ligia, Cajón, Zapotal, marchan en contra de los Proyectos Hidroeléctricos sobre los ríos San Rafael, Bonilla y Reventazón. La movilización será a partir de las 2 p.m. desde el parque de San Pedro hacia los Tribunales de Justicia en San José, este jueves 25 de abril.
MINAE debe rechazar las presiones de H. Solis S.A y denegar conveniencia nacional
Represar más ríos es inconveniente para Costa Rica
(FECON, 24 de abril 2019) Este jueves 25 de abril a las 2:00PM representantes de Pérez Zeledón y Turrialba marcharon por San José para defender el Río San Rafael y el Río Bonilla respectivamente. A inicios de esta semana organizaciones ecologistas presentaron documentación ante el Ministerio de Ambiente y Energía para demostrar la inconveniencia de la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos. Defensores del Río San Rafael, el Movimiento Ríos Vivos y la FECON han solicitado al ministro Carlos Manuel Rodríguez denegar la conveniencia nacional al proyecto hidroeléctrico San Rafael.
Las organizaciones ambientales consideran que estos proyectos hidroeléctricos privados son innecesarios para el país e inconvenientes para la sociedad costarricense.
Al contrario de lo que se plantea el Gobierno de la República hay una tendencia internacional enorme hacia el desmantelamiento de las represas ya existentes y la prohibición de la construcción de futuras represas. Solamente en los Estado Unidos, cerca de 1,200 represas han sido desmanteladas. En Francia, más de 5,000 pequeñas represas han sido removidas en los últimos 25 años. La destrucción de las represas hidroeléctricas también ha ganado un momento significativo en Europa empezando en el año 2000 después de que la Unión Europea adoptó la Water Framework Directives- European Commission, que requiere que los estados miembros mejorar las protecciones a la ecología de los lagos y los ríos. También hay planes de destruir represas hidroeléctricas en todo España, Holanda y Dinamarca en el 2019.
Datos oficiales del ICE y respaldados por la Contraloría General de la República, reafirman lo que desde hace años expusimos como tendencia consolidada, Costa Rica cuenta con una sobreoferta de capacidad instalada que prácticamente doblaba la demanda máxima histórica.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (2016: 23) en julio del 2016 se registró un pico máximo de demanda de 1.674 megavatios (MW), cuando en ese momento la capacidad instalada pública y privada de todas las fuentes en el país era de 3.243 MW. A esta sobre oferta instalada con respecto de la demanda, la hemos denominado “excedente relativo”, y para ese año llegó a ser de 1.568 MW, prácticamente el doble de lo que consumimos. En años posteriores la demanda máxima ha sido menor, lo que coloca al país en mejores condiciones para satisfacer su demanda eléctrica. Los registros del Sistema eléctrico nacional que dan cuenta de la “operación en tiempo real”, es decir, el registro más actualizado posible, indican que, por ejemplo, el 28 de agosto del 2018, a las 12 del día, una de las horas de más consumo, la demanda total fue de 1.541 MW. El 4 de marzo del 2019 a las 4:15 de la tarde la demanda máxima llegó a los 1.497 MW. Es decir, 177 MW menos de consumo que cuando el excedente relativo fue de 1.568 MW (ver cuadro). En otras palabras: si revisamos la relación demanda máxima con la capacidad instalada el 4 de marzo de 2019, el excedente relativo es de 1.745 MW.
Costa Rica no requiere generación privada de electricidad. El PH San Rafael, y cualquiera otro que se pretenda construir es totalmente innecesario y carece de cualquier interés, pues la demanda nacional está debida y sobradamente satisfecha. Es virtud de esto, la empresa HSolís carece de cualquier asidero para argumentar la supuesta necesidad de su proyecto. No existe ninguna razón social, necesidad nacional, interés público, o urgencia de más electricidad, con base en la cual se pueda argumentar esa supuesta necesidad que lleve a otorgarle “conveniencia nacional”. En caso de obtenerla, el MINAE y el Poder Ejecutivo, podrían incurrir en delitos, dado que no se puede justificar su necesidad o conveniencia para la sociedad costarricense.
Contactos para información a los teléfonos:
Luis Monge: 8921 4621
Osvaldo Duran: 8380 0955
Referencia:
Contraloría General de la República (CGR). (2016). INFORME N.° DFOE-AE-IF-15-2016, 23 de diciembre, 2016; Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica. Recuperado de
Recientemente se dio a conocer la intención de construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona limítrofe entre los cantones de Turrialba y Siquirres, en las faldas del volcán Turrialba. Se trata de los proyectos hidroeléctricos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito II, los dos primeros pertenecientes a la empresa H. Solís sobre el río Bonilla (inscritos a nombre de Hidrodesarrollos del Río Platanares, S.A.) y el tercero de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) sobre el río Torito.
Esta noticia despierta preocupación entre los habitantes de Turrialba debido a que este cantón es uno de los más explotados para generación hidroeléctrica en todo el país, con un total de diez represas solamente en la cuenca del río Reventazón, a las cuales se sumarían los tres proyectos nuevos. Hay que recordar que en este cantón se dio una de las luchas sociales en defensa de los ríos más importantes en toda la historia de Costa Rica, como lo fue la defensa del río Pacuare, en donde en 2005 se realizó un plebiscito en el cual 97% votaron en contra de proyectos hidroeléctricos sobre este río.
Llama la atención el secretismo con que las empresas manejan estos proyectos, pues si bien estas han cumplido con los trámites que exige la ley, es hasta varios años después que esta información se vuelve de conocimiento público de la ciudadanía. Luego de una visita de campo realizada el día 12 de octubre a la zona de Bonilla, donde se pretenden realizar los proyectos Bonilla 1320 y 510, se pudo constatar que ni siquiera los vecinos de las comunidades más cercanas cuentan con información clara acerca de estos proyectos y sus posibles implicaciones socioambientales. Aparentemente, la empresa ya ha comprado algunos terrenos en donde se construirían las obras del proyecto. En el caso de los dos proyectos sobre el río Bonilla, ya cuentan con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA, con fecha del 22 de setiembre de 2016.
A raíz de esta situación, se tomó la iniciativa de organizar un espacio informativo acerca de estos proyectos, el cual se realizó el sábado 13 de octubre en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en Turrialba. A esta reunión se hicieron presentes dos representantes de la empresa H. Solís, quienes presentaron información sobre los proyectos y respondieron las preguntas de las personas participantes, tanto estudiantes como vecinos del cantón.
Entre las principales preocupaciones de las y los turrialbeños está la afectación que sufriría el río Bonilla, una de las pocas zonas en la cuenca del Reventazón en donde los ríos aún están libres. Para las y los practicantes del canyoning (un deporte de aventura que está creciendo rápidamente en Turrialba, el cual consiste en bajar cañones de ríos con el uso de equipo especializado), represar el río Bonilla implicaría sacrificar uno de los mejores sitios para esta práctica, el cual presenta espectaculares cataratas y caídas de agua, aún desconocidas por muchos.
Estos proyectos se pretenden desarrollar en una zona con dificultades económicas y deficiente inversión pública. Los pobladores se dedican principalmente a la producción de queso y una de sus principales limitaciones tiene que ver con el mal estado del camino. Además de los proyectos hidroeléctricos, la empresa ofrece pavimentar el camino que da acceso a esta zona, lo cual resulta claramente atractivo para los pobladores. Además, ofrecen destinar un 1% de las ganancias de los proyectos a la Asociación de Desarrollo local.
Frente a esta situación, desde la ciudadanía crítica y activa:
Manifestamos la necesidad de discutir estos proyectos de manera transparente y democrática con la población. A nivel nacional y mundial, cada vez hay más evidencias del daño irreparable producido por proyectos hidroeléctricos, tanto a nivel ambiental como social y económico.
Ponemos en duda la verdadera necesidad de estos proyectos para el país, el cual tiene una capacidad de generación eléctrica (3.242 MW) de casi el doble de la demanda máxima registrada (1.674 MW). Además, nos oponemos la generación privada de electricidad, la cual ha demostrado ser innecesaria para el país, al mismo tiempo en que desangra las finanzas públicas.
Cuestionamos la manera en cómo las empresas se acercan a las comunidades e instrumentalizan sus necesidades en favor de intereses económicos particulares. No se justifica destruir los ríos de la zona a cambio de arreglar un camino público, lo cual debería ser responsabilidad de las Municipalidades.
Consideramos que construir proyectos hidroeléctricos en esta zona, en vez de contribuir para su desarrollo económico y social, más bien puede agravar su situación de empobrecimiento y exclusión. Se trata de una zona con fuerte potencial eco-turístico, el cual aún no ha sido aprovechado plenamente. Represar estos ríos implica sacrificar este gran tesoro hídrico.
Nos preocupa el secretismo y la falta de espacios de información y discusión acerca de estos proyectos. La ciudadanía ya se ha pronunciado en contra de represas, y promoverlas sin abrir espacios de discusión significa irrespetar la voluntad popular expresada de manera firme en el pasado.
La Fiesta del Agua Longo Mai nació hace cuatro años, como una forma de celebrar el Agua y los Ríos para la Vida, en plena lucha de las comunidades por la defensa de los Ríos Convento y Sonador, de la construcción proyectos hidroeléctricos PH Monteverde I y PH Monteverde II, para la generación de electricidad por parte de una empresa privada.
“Hace ya dos años que las ganas de festejar se nos multiplicó, cuando logramos archivar estos dos proyectos en la SETENA y sumar dos victorias más para la gente y la Naturaleza” aseguro Angélica Alvarado de la Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador (ver memoria).
Así que le invitamos este próximo sábado 12 de mayo para que venga y celebremos en comunidad la Cuarta Fiesta del Agua Longo Mai, a partir de las 9:00 a.m. en el Rancho de UNAPROA, en Longo Mai de Volcán de Buenos Aires. Este día estaremos vecinos y vecinas de los Ríos Convento y Sonador, con el apoyo del programa Kioskos Socioambientales y estudiantes de TCU de la Universidad de Costa Rica, de la Federación Ecologista (FECON), así como de personas de diferentes partes del país, realizaremos juegos para niños y niñas, talleres y charlas, así como una grandiosa noche cultural con varios artistas, cerrando con el Circo Fantazzticoy la cantante Guadalupe Urbina. Tendremos un conversatorio con invitados muy especiales que nos acompañaran de la Comisión Pro Defensa del Río San Rafael y de la Alianza de las Comunidades por la Defensa del Agua, que compartirán un poco sobre su experiencia y sobre la situación de la lucha por la defensa del agua en el país.
Según Angélica Alvarado. “También se realizará un intercambio de semillas y feria de agricultura durante todo el día. Nuestra meta es la de activar la economía local y la de continuar la tradición del intercambio, especialmente el de las semillas, que es, junto con el agua, la base de nuestro sustento. ¡Queremos Ríos y Semillas libres, para seguir sembrando!”
En el pueblo de Longo Mai se promueve el turismo rural comunitario, por lo que contamos con hospedajes económicos en las casas de los vecinos y vecinas, para que quien quiera pueda pasar la noche en el lugar y disfrutar de todo el Festival con tranquilidad. La zona, además, cuenta con varios atractivos como lo son el bello Rio Convento, por supuesto, con sus deliciosas pozas, petroglifos dentro y fuera de la comunidad, senderos por el bosque, la famosa piedra de Convento y para los más aventureros, la grandiosa poza la Perica.
¡Venga a resistir, recordar y celebrar con nosotros y nosotras cuatro años de Fiesta por el Agua y por la Vida!
¿Cómo llegar? Desde San José hasta Longo Mai puede tomar en bus de la empresa TRACOPA, desde San Isidro son unos 45 minutos (ver más en http://www.sonador.info/es/index.html)
Para más información con Angélica Alvarado al 8583-0253.
La inauguración oficial de la planta hidroeléctrica del Reventazón, la más grande de Centroamérica, es sin duda un gran acontecimiento en construcción de obra pública que ha despertado reacciones importantes de discutir.
En primer lugar, surgió una reacción adversa proveniente de algunos sectores preocupados por los impactos en los ecosistemas que una obra tan grande implica. Es sabido que las plantas hidroeléctricas tienen severas consecuencias sobre los causes de los ríos y por tanto sobre la biodiversidad; y también es conocido que la generación eléctrica en plantas térmicas implica grandes emisiones de gases con efecto invernadero. Estas preocupaciones evidencian una singular contradicción entre la estrategia para lograr la carbono-neutralidad y la de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Sobre este particular no se visualiza una solución que atienda ambos objetivos en el corto ni mediano plazo.
En segundo lugar, avivó la idea de que Costa Rica debe avanzar en la sustitución, parcial o total, de la actual flotilla vehicular, por una eléctrica o al menos híbrida; partiendo del supuesto de que la capacidad eléctrica instalada -pero principalmente potencial-, es capaz de atender una demanda energética como la que implica la movilidad de personas y mercancías, debido a que los vehículos eléctricos son más eficientes al gastar aproximadamente una tercera parte de la energía que consumen los vehículos de diésel para recorrer la misma distancia. De ahí que si fuera posible sustituir con vehículos eléctricos todas las unidades para movilizar personas y mercancías por vía terrestre, el consumo de energía para ese fin se reduciría a menos de la mitad de lo que se consume actualmente.
El problema técnico que plantea esta propuesta, a pesar de que supone una importante mejora en la eficiencia energética, es su relación con la matriz eléctrica en Costa Rica. La cantidad de energía consumida en la movilidad de personas y mercancías es aproximadamente el doble de la energía producida como electricidad según datos de la Dirección Sectorial de Energía (2016).
Si toda la flota vehicular actual fuese sustituida por una eléctrica, y suponiendo que la eficiencia energética de los vehículos eléctricos efectivamente permitiese reducir su consumo energético a una tercera parte del actual, y que la demanda de electricidad para otros usos se mantuviese constante, se ocuparía duplicar la actual producción de electricidad para poder movilizar esa hipotética flotilla eléctrica; pero si la oferta no crece lo suficiente, generaría rivalidad en mercado eléctrico con los usos doméstico, industrial y de los otros sectores, debido al gran incremento en la demanda. Esto podría presionar al alza el precio de la electricidad y promover la exclusión de este importante servicio a las familias más pobres del país.
De esta manera, una política orientada a la sustitución de la flotilla vehicular actual por una eléctrica necesariamente debe considerar el aumento en la producción eléctrica como una de sus prioridades, la cual tendría que provenir mayoritariamente de la hidroenergía, ya que como estimó El Estado de la Nación en el 2013, el 76% de todo el potencial geotérmico ya está siendo explotado, así como cerca del 50% del eólico y 50% del de la biomasa, mientras que sólo el 26% del potencial hidroeléctrico identificado está siendo aprovechado.
Por todo esto, las políticas energéticas orientadas a la movilidad terrestre de personas y mercancías requiere de una planificación que incluya, en primer lugar, un proceso de transición en el uso de fuentes alternativas a los hidrocarburos, como los biocombustibles, que no suponga un riesgo para la producción de otros bienes como alimentos; en segundo lugar, que considere la reducción en el consumo de energía mediante una mejora en los medios de transporte públicos, tanto de personas como de mercancías, como por ejemplo una red ferroviaria y; en tercer lugar, una producción eléctrica que concilie los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas, por ejemplo, mediante el aprovechamiento energético de algunos residuos.
Este reto debe asumirlo toda la sociedad costarricense, y si bien el gobierno actual puede jugar un papel destacado, la principal responsabilidad recaerá sobre los gobiernos futuros, ya que tanto el sector energético como el de transporte tienen dinámicas de largo plazo.
*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.
***Para mayor información comuníquese con Diego Zárate (88020925) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3067).
Imagen con fines ilustrativos tomada de columbia.co.cr
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