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Elecciones en Venezuela: El hegemón al acecho

Escrito el 30/08/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jaime Delgado Rojas (AUNA-Costa Rica)

Estas, del 28 de julio no han sido las únicas elecciones cuyos resultados se juzgan como fraudulentos. Desde 1998 cuando Hugo Chaves llegó al poder la derecha local, los medios de comunicación de masas internacionales y la potencia hegemónica, coreada por los más preclaros conservadores del continente, lo han señalado: hubo fraude. Excepto el referéndum del 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015, ambas perdidas por el chavismo.

Nicolás Maduro, fue el presidente sustituto de Hugo Chaves en el 2012; luego es electo en el 2018 y reelecto en el 2024 (según números del CNE). Cuenta con la virtud ser el heredero político del chavismo y el hombre de confianza de su mentor. No obstante, acumula a su haber una carga importante de señales que no le dan buena imagen: haber sido dirigente sindical, chofer de autobús y un cuadro político de bases. No es un intelectual con vida universitaria como lo fuera Rafael Correa, Tabaré Vázquez o Gabriel Boric. No acumula la trayectoria conspirativa de Daniel Ortega, José Mujica, Evo Morales o Gustavo Petro; tampoco la capacidad de organización obrera de Lula da Silva o la indígena de Evo, ni la destreza en la comunicación con la gente que engalanaba su antecesor Chaves o el mexicano López Obrador. Omito señalamientos morales pero es claro que con la derrota de Maduro en estas elecciones, la derecha internacional pretende hacer retroceder al progresismo latinoamericano. Por ello esa derecha, con muchos recursos económicos, montó un solemne fraude contra el chavismo, mediante un sabotaje informático al sistema electoral y a las instituciones estatales. Por su constancia y contundencia, minuto a minuto y durante semanas, este boicot informático pudo haber tenido un costo estratosférico.

Sin aludir a los daños económicos infringidos por la derecha desde que Chaves tomó el poder, en el periodo de Maduro se sufrieron otros deterioros al lado de la pandemia, la presión externa y el bloqueo de los Estados Unidos. Ese drama es acompañado con una comedia bufa, de mal gusto, escenificaba por Juan Guaidó, autoproclamado presidente entre el 2019-2022 acompañado con un parlamento de comparsa y el apoyo imperial y de un buen grupo de países. Hubo golpes de estado con tintes fascistoides frustrados, robos a mansalva de los depósitos en oro venezolanos en Europa y de una empresa petrolera en Estados Unidos, Citgo, entre otras barbaridades. Entre bloqueos, pandemia y sabotajes, el daño social y económico provocó que la gente saliera en tropeles y la imagen externa se deteriorara tanto que incluso en el progresismo no faltaron líderes que se abstuvieran de legitimarlo a riesgo de ser calificados de autócratas dictadores y sus prospectos. En otras palabras, si el oficialismo venezolano ganaba también se hacía retroceder al progresismo latinoamericano, dada la campaña desatada por todos los medios de comunicación de masas internacionales.

¿Cuál fue el pecado cometido? Venezuela no ha dejado de tener una economía capitalista, no obstante, el uso del excedente petrolero, cuando lo hubo, fue bien utilizado por Chaves para el bienestar de la población, lo que, junto con la cooperación con el gobierno cubano en educación, salud y seguridad crispó los nervios de los sectores económicos más reaccionarios venezolanos y de los países vecinos de Nuestra América. Aunque los proyectos sociales impulsados se asemejasen a los que ponía en ejecución las socialdemocracias latinoamericanas del siglo XX, con un sector privado tolerado y respetuoso de los derechos laborales de la gente que contratan y con un mercado con niveles de competencia soportada: es un capitalismo con elecciones periódicas y conteos con vigilancia independiente, con una acentuación expresamente antineoliberal. Aquí su pecado. Pero no el único.

Pero el bloqueo norteamericano ha sido inclemente. Entre el 2013 y el 2021 la nación vivió una crisis económica y social que acentuó los niveles de pobreza en los hogares, tanto que no obstante una mínima señal de recuperación en el 2022 respecto al 2021, la pobreza se ubicó, en 81,4% y la pobreza extrema (de familias cuyos ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades de alimentación) en 50,2%. Estos niveles siguen siendo de los más elevados de la región latinoamericana, según Informe de Coyuntura Económica del I.I.E.S de la UCAB (2023)

Esto repercutió directamente en los flujos migratorios sobre todo de jóvenes: en el 2015 salieron 697.562 venezolanos, representando el 2,3 % de la población total; para el año 2017 pasó a tener casi 5,4 % de la población del país fuera de sus fronteras, con cerca de 1,42 millones de personas. En el año 2018, al entrar el país en una hiperinflación, aumentó a 2,3 millones de venezolanos los que aproximadamente representan el 7 % de la población nacional. De acuerdo con los registros de ENCOVI 2022, alrededor del 44% de quienes abandonaron el país se encuentra en el tramo de edad de 15-29 años y si ampliamos el espectro, el 86% se ubica entre los 15 y los 49 años (Ibid). En términos globales hay un total de 7.7 millones de venezolanos fuera del país (prácticamente la cuarta parte de su población).

Este retrato de la pobreza y migraciones de Venezuela es el que gustan exhibir los medios de comunicación internacionales y el que se repite en pasillos, debates intelectuales y políticos. La realidad de fondo pueda que nos diga otras cosas; por ahora, solo señalo que Venezuela flota sobre la franja petrolera del Orinoco, tal vez la reserva petrolera más grande del mundo y eso la hace profundamente tentadora para las potencias capitalistas: ese petróleo es requerido día a día por el norte “violento y brutal” (como lo calificara Martí) y por las naciones de Asia, al igual que los múltiples recursos minerales estratégicos con los que Venezuela cuenta con una enorme facilidad para abrir lazos diplomáticos, de cooperación y comercio con los gigantes asiáticos, en franca competencia con la potencia hegemónica hemisférica.

En su pasado, Venezuela como parte del patio trasero norteamericano había formado parte de los foros continentales convocados para respaldar y hacer coro a las políticas imperiales de los Estados Unidos. Con Hugo Chaves esto cambió rotundamente.

Durante su mandato (1998-2012) esa nación se autoafirmó como república soberana y esa conducta la irradió a las naciones vecinas con programas novedosos de cooperación e integración. Ese cambio radical es el que se ha venido castigado con bloqueos y sabotajes que exhiben, del hegemón continental, su injerencismo y su desprecio al principio de autodeterminación de los pueblos.

Los procesos de autoafirmación soberana en la región no son recientes: se han dado, desde el momento emancipatorio, como respuesta pensada, con construcciones conceptuales y acciones realizadas por patriotas en las excolonias hispanoamericanas; también, en el siglo anterior desde su inicio, con debates académicos y con expresiones violentas frente a la agresión del norte que había definido las naciones al sur del Río Bravo como su “patio trasero”. Su injerencia en los asuntos internos de estos países pretendía aplacar las luchas por justicia social y la participación democrática en sociedades que han sufrido décadas de represión política ejercida por élites corruptas y sanguinarias. Notoria fue la intervención en los conflictos centroamericanos, los que fueron interpretados por los estrategas del norte como el resultado de la amenaza cubana con respaldo soviético. Desde esa perspectiva se le dio apoyo económico, político e ideológico a la contra revolución en Nicaragua (y a la oposición al sandinismo en las elecciones de 1990), se aportó cooperación militar a El Salvador y Guatemala, se realizó la intervención militar en Granada en 1983; agrego los asesinatos de figuras destacadas portadoras de retóricas antihegemónicas y prácticas de apoyo a la insurgencia centroamericana: los presidentes de Ecuador y Panamá (1981), figuras religiosas y académicos en El Salvador. Además, como granjería, la plataforma de favorecimiento comercial a los países leales y de sanción a los amigos de los enemigos, denominada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (1983). Cuba nunca fue beneficiaria de ninguna política norteamericana; más bien sufría bloqueo desde los años 60.

Como una salida negociada a la crisis centroamericana sin la intervención militar fue creado el Grupo de los Cuatro o Contadora en 1983 por Panamá, Venezuela, Colombia y México; luego sería reforzado por el grupo de apoyo en 1985 (Brasil, Argentina, Uruguay y Perú). Estos ocho crearon el año siguiente el Grupo de Río de diálogo político y cooperación subregional, sobre cuya base se constituirá, un cuarto de siglo después, la CELAC (2010).

La globalización, debo señalarlo, se venía consolidando desde el fin de la segunda guerra mundial. Sus tres pilares lo constituían los organismos del Bretton Woods creados en 1944 (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), más el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 y su engendro, la O.M.C. de 1995; fueron diseñados para impulsar la apertura comercial, el libre comercio y las políticas públicas favorecedoras de la inversión extranjera y de contracción del sector público. Al recetario se le llamó Consenso de Washington (en 1989), junto al cual se suscribió y firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá con México (en 1992 y vigente desde 1994). Este TLC se constituyó en modelo hegemónico de las políticas públicas nacionales y de las negociaciones comerciales hemisféricas (el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). En los foros globales había euforia por el aperturismo: sonaban las voces del ideario neoliberal que toma la batuta cuando el llamado “socialismo real” entraba en franca decadencia pues la potencia antagónica había implosionado. Se vivía la ilusión del “fin de la historia” como libreto de un mundo unipolar.

Paralelamente, en el “patio trasero” se habían realizado encuentros para alcanzar acuerdos subregionales importantes: algunos con inspiración bolivariana. Con este cometido, durante la segunda mitad del siglo XX se contó con el apoyo de la CEPAL, un organismo de NNUU creado en 1948 y la inspiración de su secretario ejecutivo Raúl Prebisch. Sin embargo, los encuentros más pretensiosos y con membresía diversa se dan en la década de los 90; una de las cuales fue la Asociación de Estados Caribeños (AEC), creada en 1994 con 25 estados de la Cuenca excluyendo a EE. UU. En su reunión de mandatarios en la Isla Margarita en el 2001, el presidente Chaves, al lado de su homólogo cubano, enuncia la idea de crear la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). Su contenido y definiciones se irán formulando paulatinamente incluso con el acuerdo bilateral en La Habana en diciembre del 2004 entre Cuba y Venezuela. Un año después, en la Cumbre de las Américas de Mar de Plata se le hace el funeral simbólico al ALCA que impulsara Clinton en 1994.

La presidencia de Chaves está marcada por la retórica antineoliberal, el antiimperialista, la inspiración bolivariana y fue calificada como “socialismo del siglo XXI”. Su relación con otros gobiernos progresistas fue vista como parte de la llamada “marea rosa” de América Latina, en la que se vio acompañado por (aquí los nombres y los años importan) Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil; Néstor Kirchner (2003-2007) y luego Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina; Tabaré Vásquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015) en Uruguay; Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en Chile; Evo Morales (2006-2019) en Bolivia, Manuel Zelaya (2006-2009) en Honduras, Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador, Daniel Ortega (2007-) en Nicaragua y Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay; obviamente con Fidel Castro y su hermano Raúl (2008-2018). Con esos acompañamientos, Chávez apoyó la cooperación en América del Sur y el Caribe, desde el ALBA-TCP (ahora denominada Alternativa Bolivariana de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos). Jugó un papel decisivo en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Banco del Sur, Petrocaribe y la red de televisión regional TeleSUR. Además, en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (2010) un sustituto clave de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues excluye a EE. UU y a Canadá. En aquel primer ciclo progresista, el chavismo encabezó una insurrección cultural que le desordenó el “patio trasero” al imperio sobre la plataforma petrolera más grande del mundo.

Ese primer ciclo de progresismo declina, simbólicamente, con la muerte de su mentor. Con la presidencia de Maduro (a partir del 2013) se desatan los medios de comunicaciones y las redes exhibiéndole una imagen de ineptitud, improvisación y corrupción como partes de la batalla cultural para desmotivar a los vecinos en el ideario del progresismo latinoamericano. En la Casa Blanca después de Barack Obama (2009-2017) vendrá el portador del neoconservadurismo, el supremacismo y la irracionalidad Donald Trump (2017-2021) que será acompañado desde la O.E.A. por el nuevo secretario general Luis Almagro quien le hace coro. El péndulo se desplaza a la derecha. Algunos de los compañeros de viaje de Chaves dejaron el poder por golpe de estado, enjuiciamientos, deslealtad o enfermedad (la de Fidel Castro), en un periodo de anulación de la racionalidad: la pandemia es vista como una estrategia de dominación comunista y una señal del final de los tiempos, el cambio climático como un invento de los intelectuales y las medicinas como instrumentos de control por parte de las grandes farmacéuticas; con ello los monstruos salen del claroscuro: Jair Bolsonaro (2019-2022), precedido del golpista Michel Temer (2016-2018) en Brasil, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina y Sebastián Piñera (segundo mandato 2018-2022) en Chile; la golpista Jeanine Añez (2019-2020) de Bolivia, el giro a la derecha de Lenin Moreno (2017-2021) que había acompañado a Correa en su gestión progresista y que será seguido por Daniel Noboa (2023-).

Empero, la esperanza no puede abandonarse. Llega un segundo ciclo progresista con muchas debilidades políticas y mediática. Pueda que la excepción notable sea Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en México; pero hay tropiezos: la fugaz gestión de Pedro Castillo (2021-2022) en Perú, frustrado por un golpe de Estado, el gobierno de Luis Arce (2020-hoy) en Bolivia con señales de debilitamiento en su frente interno y la gestión, aun de promesas y expectativas de Gustavo Petro (2022-hoy) en Colombia, Xiomara Castro (2022-hoy) en Honduras y de nuevo Lula da Silva (2023-hoy). A su lado, pero con el beneficio de la duda, la gestión confusa de Gabriel Boric (2022-hoy) en Chile. En general hay una derecha fascista envalentonada con Javier Milei (2024-) el abanderado de las peores causas, acompañado con la amenaza del retorno de Trump a la Casa Blanca. Ante las agresiones, Venezuela ha hecho esfuerzos para salir a flote en los espacios del multilateralismo integrándose a los BRICS+, pero la batalla cultural se recrudece. Pasa por sanciones, bloqueos, sabotajes; sufre un “presidente autoproclamado”; vive el desconocimiento y robo descarado de la propiedad soberana de recursos en el exterior. Ahora enfrenta una posverdad agitada por las redes y medios de comunicación.

En esta batalla cultural, el objetivo no es solo Venezuela y su petróleo: es todo el “patio trasero”. De ahí que los cuadros de pobreza, desabastecimiento y migraciones se exhiban perversamente: son parte de esa campaña publicitaria con lemas y notas del fundamentalismo religioso y del fascismo; una guerra donde los intereses hegemónicos no han abandonado la ofensiva ni la iniciativa: viven y disfrutan del asedio. Por ello, las elecciones del 28 de julio van a quedar en el entredicho; su verdad es lo que menos les importa, aunque ese resultado no nos puede ser indiferente: el hegemón está al acecho.

Movimiento Patriótico por Costa Rica ante situación en Venezuela

Escrito el 13/08/2024. Publicado en Derechos.

Comunicado

Nuestro país, Costa Rica, se ha distinguido siempre por su adhesión a la democracia, a la paz, al respeto a la soberanía de todos los países del mundo y es el abanderado de la neutralidad perpetua y no armada, es decir, le declaramos la paz al mundo.

Venezuela, es un país de nuestro continente, favorecido por la naturaleza con inmensas riquezas, que han despertado la codicia y la avaricia de quienes por un presunto “destino manifiesto”, se han auto otorgado el “derecho” de la usurpación, la dominación e incluso el robo de las riquezas ajenas.

En esta Venezuela, se ha venido realizando, desde hace varios decenios, un proceso político, patriótico, soberano, nacionalista y de inspiración bolivariana que en lo fundamental pretende la recuperación de tales riquezas para ponerlas al servicio del desarrollo y bienestar del pueblo venezolano. Esto ha provocado una criminal respuesta de las fuerzas hegemonistas de bloqueos, sanciones, despojos y más con la consecuente crisis que afecta principalmente al pueblo y ha impulsado un infortunado éxodo de venezolanos.

El pasado 28 de julio, se celebraron en Venezuela elecciones generales, en las que se permitió con toda amplitud la participación de la oposición. Fueron elecciones muy supervisadas, con un sistema moderno y tecnificado, con una cantidad enorme de observadores y en fin con todas las garantías posibles de legalidad y transparencia. Los resultados dieron el triunfo al presidente Nicolás Maduro. De manera inmediata, la oposición declaró el desconocimiento de los resultados electorales y lanza la acusación de fraude.

El Gobierno de Costa Rica, solo unas horas después, declara oficialmente ante el mundo que “repudia la declaratoria del presidente electo por considerarla fraudulenta», en una pobre y vergonzosa injerencia de mala fe en los asuntos internos de una nación soberana; agraviando además, de manera vil esos principios y símbolos intangibles de nuestro patrimonio cultural que han distinguido a Costa Rica y de paso, haciendo añicos la diplomacia que en parte se había distinguido al reanudar relaciones consulares con el actual gobierno de Venezuela.

Por lo tanto, ante las poderosas e indestructibles fuerzas de la verdad y la justicia y por la dignidad de nuestra nación, nos oponemos a la posición del presidente de Costa Rica y le pedimos que respete los principios de paz, democracia, no injerencia y neutralidad que son característicos del ser costarricense.

MPPCR- agosto 2024.

Chavizmo con zeta

Escrito el 29/07/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manuel Delgado

El triunfo de las fuerzas revolucionarias en las elecciones venezolanas de este domingo tiene una significación muy especial. Será posiblemente un hito en la historia del continente y repercutirá en la política latinoamericana y mundial.

La primera razón es que se trató de una derrota de las fuerzas de la reacción, de inspiración y de financiamiento imperialistas, y solo por sí solo esa una gran cosa. Pero eso es solo el comienzo.

El triunfo del chavizmo (así con zeta, para que no se vaya a confundir nadie) es una muestra de la madurez y de la alta conciencia del pueblo de Bolívar. Cada venezolano tuvo la oportunidad de votar por Maduro o por González, y en la soledad de su mesa de votaciones y ante su conciencia, una mayoría se decantó por Maduro. Las fuerzas opositoras hicieron campaña en torno a la idea de que un triunfo de la oposición iba a ser el inicio de un cambio en las relaciones con Estados Unidos, que se iban a levantar las sanciones y los bloqueos, culpables de las incomodidades y las estrecheces del país. Bueno, esto puedo haber cambiado con ese voto ciudadano. Pero no fue así: el pueblo votó por el sacrificio, pero por la dignidad de su Patria. Lo hicieron los viejos, pero también un gran porcentaje de la juventud, que son la garantía de la continuidad revolucionaria.

En estas elecciones se ponía en juego la misma ficha que empleó el imperio en Nicaragua en 1990, cuando el pueblo votó no por Chamorro sino por acabar con la guerra. Muchos temíamos que esa misma lógica iba a prevalecer aquí: votos a cambio de levantamiento de las sanciones, pero no fue así.

Este triunfo del chavizmo representa, además, la madurez de la revolución, que se mantiene viva y pujante después de un cuarto de siglo y que en medio de tantas dificultades comienza a marcar un repunte en todos los campos, en especial en el económico.

Ni qué decir de hace 24 años, hace solo 6 años, cuando Maduro ganó las anteriores elecciones y lo único que se vislumbraba era el enfrentamiento total, el apocalipsis; la situación del mundo y de Venezuela en el mundo era muy diferente a la de hoy. Entonces, el BRICS era apenas un niño y empezaba a dar sus primeros pasos. Hoy el BRICS es una fuerza en plena adolescencia, preparada ya para irrumpir en la adultez. Ese tratado internacional y Venezuela dentro de él van a transformar el mundo y van a poner en el museo de antigüedades muchas de las artimañas del imperio. Otro mundo está a punto de nacer, y Venezuela es pieza fundamental en él. He allí la importancia histórica de este triunfo.

La última observación que quiero hacer es que la revolución consolida su continuidad. Venezuela es la segunda revolución del continente y constatar su fortaleza es una alegría. En medio de tanta pusilanimidad y tanto desconcierto, constatar eso es como un baño de agua fresca. Sí, la revolución se mantiene a pesar de todo, a pesar de los ataques imperialistas y a pesar de sus propios errores, de las incomprensiones de muchos y de cobardía de otros tantos.

Hoy todos agradecemos a Cuba sus 65 años de resistencia. Esa resistencia nos ha hecho la lucha más sencilla. Ahora también debemos agradecer a Venezuela el cuatro de siglo de la suya. Ella nos ayuda en nuestra lucha, nos hace más fuertes y redobla nuestras esperanzas.

¡Viva Venezuela!

Tribunal declara con lugar recurso de amparo por contaminación en Puerto Viejo: ordenó medidas urgentes desde el 2019

Escrito el 10/04/2024. Publicado en Madre Tierra.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.

La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.

Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.

Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.

Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.

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Imagen ilustrativa, UCR.

¿Cambio de la Administración Biden respecto a Cuba?

Escrito el 18/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Germán Gorraiz López – Analista político

El anacrónico Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba instaurado por Kennedy en 1.962 aunado con la irrupción de la pandemia del coronavirus habría abocado al pueblo cubano a una asfixia económica sin precedentes desde la crisis vivida en el llamado “período especial” de inicios de los 90.

Cuba y la Guerra Fría 2.0

Los cambios propuestos por la Administración Trump tenían la intención de aumentar las regulaciones y la supervisión para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar acuerdos con Cuba y que los ciudadanos estadounidenses continúen viajando al país. Estas decisiones fueron fruto de la extenuante presión de los destacados representantes cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos. Según un estudio realizado por Engage Cuba, la nueva política “le costaría 6.600 millones de dólares a la economía estadounidense y afectaría 12.295 empleos durante el primer mandato de Trump”. Por su parte, el exvicepresidente Mike Pence anunció la implementación de nuevas medidas contra dos compañías que transportan crudo venezolano hasta Cuba así como contra los 34 buques que utiliza PDVSA para tal cometido, con el objetivo confeso de provocar la “asfixia energética de Cuba” mediante la amputación del cordón umbilical que unen a Venezuela y Cuba, siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria”, expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949) y como traca de despedida, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo” hasta completar la cifra récord de 243 sanciones contra la Isla.

El objetivo confeso de EEUU era que la Isla se viera abocada a una asfixia de resultados imprevisibles tras el hundimiento del turismo provocado por la irrupción en la Isla de la pandemia del coronavirus. Así, en el paroxismo de la insolidaridad, EEUU bloqueó las compras y entregas de mascarillas, jeringas, ventiladores pulmonares y demás insumos sanitarios básicos para el tratamiento de pacientes con Covid-19, pues el objetivo último de EEUU sería conseguir el desabastecimiento total de petróleo, alimentos e insumos sanitarios vitales para hacer tambalear el actual status quo de la Isla.

Cambio geopolítico de la Administración Biden

A pesar de las esperanzadoras declaraciones de Joe Biden sobre su intención de reconducir las relaciones con Cuba, en una entrevista concedida a la CNN, el asesor de Joe Biden para América Latina, el colombiano Juan González , descartó un nuevo deshielo con Cuba y aseguró que “Joe Biden no es Barck Obama en la política hacia la Isla” al tiempo que añadió que “el momento político ha cambiado de forma importante”. Dichas afirmaciones se habrían visto corroboradas con el apoyo expreso de Biden a las recientes asonadas populares que serían la punta del iceberg de la nueva Revolución de Colores impulsada por la CIA al declarar que “nos unimos al pueblo cubano y a su clamoroso llamado por la libertad”, asonadas que terminaron diluyéndose en la nada.

La decisión de Biden de continuar con el endemismo del Bloqueo e imponer nuevas sanciones a destacados dirigentes cubanos podría generar un vacío de resultados imprevisibles en plena Guerra Fría 2.0 entre EEUU y Rusia que podría terminar por dibujar una nueva cartografía geopolítica en el Caribe y el conflicto en Ucrania habría sido el detonante del cambio de la percepción geopolítica de la Administración Biden para descartar una posible reedición de la Crisis de los misiles en Cuba y podríamos estar en la antesala de un nuevo período histórico en el que el papel geopolítico de la Isla se vería reforzada.

Así, asistimos al inicio de una época de deshielo en las relaciones Cuba-EEUU que aunque no alteran la cruda realidad de un embargo anacrónico, significan la flexibilización de ciertas medidas implementadas por la Administración Trump, como la reanudación de vuelos comerciales a varias ciudades cubana, la suspensión del límite de 1.000 dólares en el envío de remesas así como la ampliación de visas y el apoyo a un amplio acceso universal de Internet en la Isla, medidas calificadas pro el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano como “ un paso limitado en la dirección correcta” y se verán reforzadas por la pronta salida de Cuba de la Lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo” que impedían al Gobierno cubano acceder a ayudas económicas de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Nuevo acuerdo con Irán y las celadas de Macron

Escrito el 15/02/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Mikail Álvarez Ruiz

Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mejicano Excelsior, un artículo firmado por Esther Shabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título “¿Nuevo acuerdo con Irán? Las propuestas de Macron”.

En dicho artículo la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada según ella por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias del COVID, como de la historia del popularmente denominado Acuerdo Nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto o JCPOA por sus siglas en inglés, para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo que no es otro sino el ofrecimiento “mediador” del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel.

Ciertamente el pasado 4 de febrero el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo junto con el Reino Unido y Alemania, dijo estar dispuesto a servir de mediador «honesto y comprometido» en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudita y el ente sionista.

La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante, y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos regímenes quedaran salvaguardados.

La pregunta es ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos; en absoluto para la República islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado, y siguen apostando todo, en favor de ese acuerdo.

Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los EE.UU. hizo varias alusiones a su intención de devolver a los EE.UU. al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los EE.UU., que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras “negociaciones” con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica.

Si el acuerdo nuclear en su momento para muchos iraníes fue un trago amargo obligado a tomar en pro de una esperanza de alivio de la situación económica que sufría del país como consecuencia de las sanciones unilaterales impuestas especialmente desde la presidencia del “demócrata” Bill Clinton, lo cierto es que pronto se pudo comprobar, antes incluso del abandono estadounidense, que todo lo relacionado con los compromisos de los países occidentales hacia Irán dentro de ese acuerdo era puro papel mojado, por no haber cumplido estos jamás ninguna de sus obligaciones.

Nada hizo la Francia de Macron, ni los otros países europeos firmantes del acuerdo ratificado por la Resolución 2.231 del Consejo de Seguridad de la ONU, para salvar el pacto tras el abandono estadounidense, como hubieran podido hacer con la puesta en marcha del mecanismo Entidad con Cometido Especial (SPV, por sus siglas en inglés) y el mecanismo llamado Instrumento de Apoyo a Intercambios Comerciales (Instex, por sus siglas en inglés), con los cuales podría haberse avanzado en el desarrollo del JCPOA. Nada, salvo enredar e intentar ganar tiempo frente a la República Islámica con interminables conversaciones, al igual que hicieron durante la negociación del propio acuerdo y durante el corto periodo en el que este estuvo en teórico vigor, mientras al tiempo exigían que Irán cumpliera escrupulosamente con sus obligaciones, como así hizo y ha hecho hasta principios de este año 2021 cuando frente al continuo incumplimiento de los países occidentales desde que el acuerdo entró en vigor en enero de 2016, Irán comenzó a reducir de forma gradual y casi simbólica, a pesar del bombo dado en Occidente, sus compromisos con el acuerdo nuclear.

La postulación de Macron como negociador «honesto y comprometido» raya en lo cómico, habida cuenta la histórica animadversión de la República Francesa hacia la República Islámica de Irán, y los compromisos e intereses del régimen francés con sus homólogos árabes del Golfo Pérsico y por supuesto con el ente sionista, amén de lo ya mencionado respecto al comportamiento y la responsabilidad de Macron y su gobierno en la no implementación de los acuerdos plasmados en el Plan de Acción Integral Conjunto.

Más cómica aún es la pretensión de los EE.UU. y sus adláteres europeos de plantear una renegociación de lo ya pactado en el JCPOA para incluir en el hipotético nuevo acuerdo temas fundamentales para la seguridad de la República Islámica como son su capacidad de influencia regional y sobre todo el control de su industria militar, especialmente el programa misilístico de la misma.

Si el acuerdo nuclear fue un trago amargo a cambio de una esperanza que pronto se demostró falsa, y que no solo no fue capaz de eliminar las sanciones estadounidenses vigentes en 2015 sino que a 6 años vista desde la firma del acuerdo las mismas han sido considerablemente incrementadas con las lógicas consecuencias para la economía iraní y la vida de los iraníes, lo que ahora proponen los países occidentales firmantes del acuerdo, con el aliento del ente sionista y los regímenes monárquicos del Golfo, representaría un simple acta de rendición para la República Islámica que nadie en Irán, ni siquiera aquellos sectores más occidentalizados y que tanto siguen intentando vender las supuestas virtudes del JCPOA, podrá aceptar ni tan siquiera negociar.

De cierto que los EE.UU. y sus aliados europeos saben esto, luego esa vacía pretensión de renegociación del “acuerdo nuclear” solo puede perseguir dos cosas. Por una parte, prolongar la actual situación de presión máxima frente a Irán a la espera de que un colapso económico lleve a una inestabilidad social que ayude a su postergada intención desde hace 42 años de hacer claudicar a la República Islámica, culpando al tiempo a “la intransigencia iraní” de la situación creada ante la acomodada y acéfala opinión pública de sus países. Por otra parte, y en paralelo con lo anterior, intentar que la brecha entre los sectores prooccidental y revolucionario en el seno de la política iraní se ensanche al punto de un enfrentamiento tal que igualmente contribuya a la destrucción de la República Islámica de Irán tal como hoy la conocemos.

Sin embargo, la República Islámica, para desesperación de sus enemigos, viene demostrando en los últimos 42 años una capacidad de resiliencia como pocos países han hecho en la historia moderna. El mundo unipolar referenciado a los EE.UU., a su poder militar y a su economía está cambiando poco a poco, abriéndose nuevos horizontes en el oriente más colaborativos y menos impositivos, a los cuales seguramente la República Islámica sabrá mirar salvaguardando como hasta ahora su independencia.

Seguramente veremos pasar a Macron y a sus ambiciones neocoloniales, o mejor dicho, las ambiciones neocoloniales de la República Francesa (tan entrometida por ejemplo en la situación libia, siria o libanesa); veremos pasar a Biden al igual que vimos pasar a Trump y a todos sus antecesores desde hace 42 años, y seguramente veremos que la República Islámica de Irán seguirá en su lugar. Por tanto, mejor harían los EE.UU., Reino Unido, Francia y Alemania en aceptar que la realidad histórica no siempre es la que ellos trazan, en aceptar que las relaciones entre países deben alejarse de las imposiciones unilaterales y la rapiña. Y sobre todo, mejor harían los países que componen la Unión Europea en dejar de ser perros falderos de la política e intereses de otros países que falsamente los llaman aliados, y que solo los utilizan como peones carne de cañón de su propia política, lo que muchas veces, como en el caso que nos ocupa, representa una importante pérdida de capacidad de negocio para estos países a cambio de nada, ya que esto “del negocio” es lo único que en el fondo parece pretender unir a esta “comunidad económica”.

Sanciones de EEUU contra la CPI: reacción de la CPI y reflexiones sobre las verdaderas motivaciones que oficialmente se omiten

Escrito el 05/09/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

**Nicolas Boeglin (*)**

Este 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.

Por su parte, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes al Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta – versión en español – difundida desde el sitio oficial de la CPI).

La reacción de la CPI en breve

En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:

«These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute«.

../..

«Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.»

Como se puede apreciar, el rechazo a estas sanciones es vehemente y contundente. No pareciera que la CPI se sienta en lo más mínimo impresionada por estas nuevas decisiones unilaterales ordenadas por Estados Unidos, cuyos anuncios previos fueron condenados por la mayor parte de los Estados que integran la comunidad internacional desde varios meses, con una notable excepción: Israel.

En efecto, Israel fue el único Estado en celebrar de manera entusiasta y en felicitar oficialmente a Estados Unidos en junio pasado por estas sanciones: véase nota de The Times of Israel del 11/06/2020 titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against «corrupt» ICC«.

Las sanciones de Estados Unidos y su verdadera motivación

Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):

«Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel «.

Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario a las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC y en muchos otros cables noticiosos.

Un comentador curioso se percataría, al revisar con un simple click el expediente sobre la investigación en Afganistán de la CPI (véase enlace oficial ), que no hay nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 para explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI de estos últimos tiempos. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán que realiza la CPI.

La inminente decisión de la CPI sobre Palestina

En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra la CPI, precisando que:

«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa /…/ que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana«

(véase nuestra breve nota nuestra titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»).

Cabe precisar que el texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura (y relectura) evidencia el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Es esta misma omisión la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso que sus colegas en Israel, en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado » US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says«, al leerse que:

«Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision«.

En un muy completo artículo publicado este 1ero de setiembre del 2020 en Estados Unidos en el sitio de JustSecurity, titulado «The Int´l Criminal Court Executive Order: Global Reactions Compiled» (y cuya lectura completa se recomienda), una académica mucho mejor informada que algunos analistas es enfática, al señalar que:

«… the OTP’s investigation into events in the Palestinian territories may actually be the real driving force behind the United States’ virulent response. Paul R. Pillar, a former intelligence officer, demonstrated that Israel “pushed America” to sanction the Court and to coordinate these with Israel. Indeed, some have noted that the risk to Israeli officials is much greater (witness the leaked list of potential defendants drawn up by the Israeli government)«.

Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter «histórico» del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto (véase breve nota nuestra titulada: «Foro sobre Palestina y sobre supuesto «acuerdo histórico» de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel»).

Foto extraída de nota de prensa de The Times of Israel, titulada «US places sanctions on International Criminal Court Prosecutor Bensouda», edición del 2/09/2020.

A modo de conclusión

No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.

Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración norteamericana: de manera insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.

El pasado 18 de julio en una nota relacionada a la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado «ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases«, que para la Fiscal de la CPI, no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada de Estados Unidos e Israel:

“It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court,” Bensouda said.«

Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.

Con relación a estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.

La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí – usualmente muy expresivo – desde el 2 de setiembre pasado con relación a estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.

El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.

International Criminal Court condemns US economic sanctions

The International Criminal Court («ICC» or «Court») condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.

The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.

These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis

La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.

Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.

Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

Enviado por el autor.

Estados Unidos / Irán: puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales (infundadas) anunciadas este 6 de agosto

Escrito el 17/08/2018. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 6 de agosto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán (véase comunicado oficial de la Casa Blanca). Se trata de sanciones tomadas de manera unilateral por la actual administración norteamericana y que se añaden a las adoptadas el 8 de mayo del 2018, aduciendo supuestos incumplimientos por parte de Irán del denominado Pacto Nuclear adoptado en julio del 2015. Como previsible, el único Estado en felicitar a Estados Unidos por esta decisión fue Israel (véase nota del Times of Israel).

Se lee en el precitado comunicado por parte del Presidente norteamericano que:

«Since my announcement on May 8 withdrawing the United States from the JCPOA, my Administration has sanctioned 38 Iran-related targets in six separate actions. Reimposition of nuclear-related sanctions through today’s actions further intensifies pressure on Tehran to change its conduct«.

Sanciones norteamericanas alegando incumplimientos por parte de Irán: su contexto en breve

Este anuncio se da a pocos días de otro anuncio del Presidente de Estados Unidos, sugiriendo esta vez una cita con las máximas autoridades persas, que provocó profundo estupor en Israel (véase artículo de prensa del Express, Reino Unido).

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales — Foto extraída de artículo de prensa titulado «US-Iran tensions: Israel ‘SHOCKED’ by Trump’s offer to meet Iran leader Rouhani» (Express, Reino Unido, edición del 2/08/018).

Esta decisión unilateral norteamericana de reinstaurar sanciones contra Irán contradice la resolución adoptada por el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el 2015, la cual endosa el acuerdo pactado en materia nuclear con Irán y el riguroso mecanismo de verificación al que accedieron someterse las autoridades persas (véase texto completo de la resolución 2231 del 20 de julio del 2015 en favor de la cual votó Estados Unidos); a su vez, esta decisión unilateral confirma la visión bastante peculiar del actual ocupante de la Casa Blanca, dispuesto a desechar un documento que se logró acordar por parte de la comunidad internacional con Irán en julio del 2015 luego de largas negociaciones.

Tal y como tuvimos la oportunidad de escribirlo en julio del 2015, en una nota publicada en Derechoaldia reproduciendo al final el texto del comunicado de prensa emitido por la diplomacia de Costa Rica:

«El documento acordado este 14 de julio en Viena constituye sin lugar a dudas la culminación de uno de los ejercicios diplomáticos más arduos y complejos de los últimos tiempos, realizado en un período marcado por discursos hostiles e intentos variados tendientes a minar el proceso de negociación. Permite apaciguar en parte la confrontación existente entre Estados Unidos e Irán que inició en 1979, y que se ha mantenido desde entonces muy presente, desbordando el marco de las relaciones bilaterales entre ambos Estados» (véase nota nuestra editada en el sitio de Derechoaldia el 15 de julio del 2015).

El repudio generalizado a la decisión de Estados Unidos de reimponer sanciones a Irán

En un comunicado conjunto del 6 de agosto del 2018, la Alta Representante de la Unión Europea y los jefes de las diplomacias de Alemania, Francia y Reino Unido lamentaron la decisión norteamericana, concluyendo que:

«La préservation de l’accord nucléaire avec l’Iran relève du respect des accords internationaux et importe pour la sécurité internationale» (véase texto en francés de esta declaración conjunta).

Por otro lado, China ha anunciado que estas sanciones norteamericanas no afectarán en lo más mínimo su creciente comercio con Irán (véase nota de prensa).

Por su parte, la Comisión de la Unión Europea (UE) anunció la entrada en vigor inmediata del denominado Estatuto de Bloqueo este 7 de agosto: se trata de una herramienta jurídica que busca resguardar y proteger a todas las empresas europeas que inviertan en Irán de las sanciones norteamericanas (véase comunicado de prensa de la UE). Se lee en el comunicado antes mencionado que:

«El estatuto de bloqueo permite a los operadores de la UE reclamar compensación por daños y perjuicios como consecuencia de las sanciones extraterritoriales de los Estados Unidos a las personas que ocasionen tales daños y anula el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras basadas en ellas«.

Como es sabido, Teherán se ha convertido desde julio del 2015 en una apetecida capital para muchos consorcios y empresas europeas: para citar un ejemplo reciente, una importante misión empresarial encabezada por el jefe de la diplomacia española en persona visitó Teherán en febrero del 2018 (véase comunicado oficial de España).

Cabe recordar que a 24 horas de anunciadas las sanciones unilaterales contra Irán en mayo del 2018, la Organización Internacional para la Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA) desmintió públicamente a Estados Unidos, señalando que Irán si cumplía con todas las obligaciones contraídas en el Pacto Nuclear suscrito en julio del 2015: sobre este punto preciso, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en DIPúblico, titulada «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«.

Estados Unidos Iran puesta en perspectiva de las nuevas sanciones unilaterales2 — Foto de los jefes de la diplomacia de Irán y de Estados Unidos, extraída de artículo de prensa del 2013 del Times of Israel titulado «Kerry, Zarif to meet in Geneva as nuke talks ramp up».

En América Latina, Irán ha desplegado una hábil agenda diplomática regional en años anteriores, cosechando logros recientes como, por ejemplo, en enero del 2018 la llegada del primer embajador de Chile a Teherán (véase nota de HispanTV); y celebrando, en abril del 2018, la visita oficial del jefe de la diplomacia persa a Brasil (véase comunicado oficial del Itamaraty) así como a Uruguay (véase comunicado oficial de Uruguay).

En el caso específico de Costa Rica, no ha existido ningún acercamiento con Irán desde julio del 2015 (salvo error de nuestra parte), optando más bien Costa Rica por un acercamiento con la potencia rival de Irán en Medio Oriente, Arabia Saudita, con la que Estados Unidos mantiene relaciones muy estrechas (véase nota de prensa sobre visita realizada en enero del 2018 por altos funcionarios saudíes). Ya en este cable confidencial norteamericano del 2008 dado a conocer por Wikileaks, se podía leer que para Estados Unidos, el tema de Irán no ameritaba mayor atención en el caso costarricense:

«Although there is no particular Costa Rican cooperation with Israel to limit the influence of Iran in the region, we do not detect any sympathy for Iran on the part of Costa Rica nor any expansion or opening of relations. To the GOCR (as to most other governments in Central America), Iran has no natural ties to the region«.

El reciente recurso a la justicia internacional por parte de Irán

Al mantener incólume su posición Estados Unidos con relación a las sanciones anunciadas en mayo del 2018 contra Irán, el 17 de julio del 2018 Irán acudió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), interponiendo una demanda contra Estados Unidos (véase comunicado de prensa de la CIJ en inglés y en francés). Tuvimos la ocasión de analizar los alcances de esta demanda iraní en una breve nota nuestra a la que nos permitimos remitir a nuestros lectores, en la que concluimos haciendo referencia al esfuerzo creativo que debe estar suponiendo esta demanda para los asesores legales del Departamento de Estado (Nota 1).

Al haber acompañado Irán su demanda contra Estados Unidos con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente (véase texto completo), la CIJ fijó a finales del mes de agosto las audiencias orales entre ambos para tomar una decisión al respecto (véase comunicado de prensa en francés y en inglés del pasado 26 de julio del 2018). Es probable que en caso de asistir a estas audiencias, la delegación de Estados Unidos alegue, entre otros puntos, que la CIJ carece de toda competencia para ordenar medidas provisionales en su contra. En caso de no comparecer (una posibilidad que no se puede descartar dado el espectáculo que ofrece al mundo el actual Presidente norteamericano), las audiencias en La Haya se mantendrían con la sola presencia de la delegación persa, sin afectar mayormente el procedimiento (Nota 2).

A modo de conclusión

El retiro de Estados Unidos en el 2018 del Pacto Nuclear suscrito con Irán en julio del 2015 se basa en hechos inexistentes. Las sanciones reimpuestas a Irán por Estados Unidos se inscriben en esta misma lógica.

Cabe indicar que la demanda iraní presentada en julio del 2018 constituye la primera acción legal interpuesta en La Haya por un Estado contra Estados Unidos desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, en enero del 2017: este último se ha caracterizado por acciones unilaterales e inconsultas que violentan acuerdos previos suscritos por Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, otros Estados cuyos derechos se han visto vulnerados en razón de la actitud desafiante de Estados Unidos bien podrían acudir de igual forma a la justicia internacional de La Haya en el futuro.

—Notas—

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán demanda a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por sanciones comerciales del 8 de mayo«, CIARGlobal, edición del 24 de julio del 2018, disponible aquí.

Nota 2: En 1973, una solicitud de medidas provisionales de Australia contra Francia con relación a los ensayos nucleares franceses en el Océano Pacífico dió lugar a audiencias en La Haya con la presencia de una sola delegación (véase acta de audiencias de mayo de 1973).

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, UCR.

Enviado por el autor.

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