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COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS

Costa Rica ha sido escenario, durante el mes de octubre, de varios incidentes que involucraron a miembros de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, por una parte, y por otra parte a profesionales en periodismo y a por le menos una ciudadana en pleno ejercicio de su derecho humano a buscar y difundir informaciones.

La sociedad costarricense vive y enfrenta una etapa de convulsión social agravada, a partir de marzo del presente año, por la aparición del virus del Coronavirus-19, que indujo al Gobierno de la República a decretar un estado de cuarentena social que obligó al cierre de muchas actividades económicas y dejó sin empleo a miles de personas.

Esos estados de convulsión no son indiferentes para los periodistas, en tanto su misión fundamental es garantizar el derecho de toda la población costarricense a estar informada, de acuerdo con los parámetros definidos por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica.

Esa función de los periodistas que tutela la Convención Americana y la Constitución Política, dirigida a garantizar el derecho de toda la población a estar informada, no puede ser limitada ni restringida por acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, llámese Guardia Civil o cuerpos de vigilancia privados contratados por las instituciones gubernamentales.

Los funcionarios públicos, y entre ellos destacan las fuerzas de policía, son simples depositarios y no pueden atribuirse más funciones que las dadas por la ley.

Ello implica que ni la Guardia Civil ni los cuerpos de vigilancia privada pueden, sin violar el principio de legalidad definido por el artículo once la Constitución Política, obstaculizar las labores que despliegan los periodistas en su labor cotidiana dirigida a buscar informaciones para satisfacer un derecho de toda la población costarricense: el derecho a ser informada.

Los incidentes denunciados en los últimos días con el periodista Richard Molina, en las instalaciones del Poder Judicial en Cartago, y la comunicadora Stella Chinchilla, mientras filmaba una protesta en el Alto de Ochomogo, ponen en evidencia comportamientos dirigidos a entorpecer el ejercicio de un derecho consagrado a favor de todos los habitantes de Costa Rica: la búsqueda de información.

Preocupa significativamente al Sindicato Nacional de Periodistas que, posteriormente a los incidentes, se hayan formulado denuncias penales contra el señor Molina y la señora Chinchilla. El derecho a informar no puede ser criminalizado, sin vulnerar de manera muy peligrosa la democracia costarricense.

El Sindicato Nacional de Periodistas considera que tanto el Gobierno de la República como la Corte Suprema de Justicia, como garantes del Estado de Derecho, deben iniciar una investigación sobre los dos incidentes ocurridos la noche del 29 de octubre de 2020.

El derecho a informar y el derecho a ser informado forma parte del equilibrio del juego político de la democracia costarricense. Su vulneración no puede pasar por alto pues solo pueden presagiar, en momentos de crisis, un resquebrajamiento del sistema democrático.

Es de esperar que ni el Gobierno de la República ni la Corte Suprema de Justicia dejen de pasar por alto lo sucedido.

Junta Directiva SNP