Marlin Ávila
Un ciudadano se encuentra por casualidad con otros dos desconocidos en un supermercado a quienes les expresa su preocupación por la inseguridad que se vive a diario en Honduras. Los otros dos interlocutores que son amigos entre sí, le expresan que esta inseguridad se va a resolver pronto, puesto que ya hay una organización (clandestina) que va a “cazar a los mareros”, tal y como ocurrió durante el gobierno de Ricardo Maduro. “¿Recuerda usted cuando se quemó el presidio de La Ceiba?” Le preguntaron, sin esperar respuesta continuaron. “Ricardo Maduro casi acabó con las maras”.
El primer ciudadano les respondió a modo de saber cómo pensaban sus dos interlocutores: “Pero en ese afán pueden asesinar a muchos jóvenes inocentes” A lo que le respondieron con actitud de mucha seguridad: “No, ellos (los paramilitares) se cercioran bien y estudian quienes son los mareros.” Este primer ciudadano quedó más preocupado después de esta corta conversación, puesto que podría estar ante los mismos paramilitares.
Según Wikipedia: Paramilitar o paramilitarismo, se refiere a organizaciones particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y (a menudo) una función igual a las de un ejército, pero que no forman parte de manera formal a las fuerzas militares de un Estado. Las organizaciones paramilitares, sirven a los intereses del Estado, o grupos de poder en él enquistados, y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros pueden estar fuerzas policiales, militares, mercenarios e integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados.
A finales de abril se distribuyó por las redes electrónicas, un comunicado supuestamente de un grupo de paramilitares, asegurando y declarando la guerra a las maras en este país, advirtiendo que a partir del 5 de mayo van a asesinar a miembros de las maras.
Esto hubiese sido motivo de asombro y preocupación, además de medidas concretas de control y persecución del gobierno, si hubiese sucedido en un país como Nicaragua, Costa Rica, Panamá o República Dominicana. Sin embargo, en Honduras se tomó como algo que no alteraría el modus vivendi actual de esta sociedad, percudida de asesinatos en masa y selectivos desde el golpe de Estado el 28 de junio de 2009, con un 95% sin enjuiciar, o en la impunidad. Desde hace varios años se dice, y hasta se grita, sobre la existencia de paramilitarismo en Honduras, sin que los gobernantes demuestren algún grado de preocupación y la toma de medidas para su desmantelamiento. Al contrario, reprimen al quien lo denuncie. Los mismos medios más grandes se mandan al silencio.
Pero tampoco es un fenómeno de los últimos siete años. Como le dijeron los dos caballeros al ciudadano con que se encontraron recientemente “En el período del gobierno de Ricardo Maduro casi se acabó con las maras” (2002-2006). Mucho se dice en los cafés que el Ex Presidente Maduro procuró acabar con las maras porque un marero le asesinó a uno de sus hijos. Esto se ejecutó con paramilitares. También se dice, cada vez con voz más fuerte que el ahora diputado Oscar Álvarez, es uno de los organizadores y líder de los grupos paramilitares. Algo que las autoridades correspondientes (MP) debieron investigar de oficio. Pero sigue en rumores lo que puede producir más daño si las autoridades no cumplen su deber de investigar y acusar ante los juzgados correspondientes.
También ha habido hechos criminales de lesa humanidad que se han quedado sin una explicación creíble, no se ha tenido una investigación científica a fondo, y pareciera que, exceptuando a sus familiares, nadie está interesado en saber quiénes causaron los crímenes. El pueblo hondureño ha aprendido a quedarse con el rumor y ha aceptado un estado de impunidad sin que se haga justicia dado que parecen aceptar que “tienen el gobierno que se merecen”.
Los asesinatos en masa o, limpieza social en masa, ocurrieron sin que pasara nada más que el dolor familiar. El 5 de abril de 2003, en la granja penal de El Porvenir, La Ceiba, ocurrió lo que el Rev. Ismael Moreno, SJ, calificó de “La carnicería humana en el penal El Porvenir”. Además denunció “otros asesinatos en serie de jóvenes mareros (que) permiten sospechar de una campaña nacional de “limpieza social” impulsada por sectores empresariales con la tolerancia o la complicidad de autoridades del gobierno”. La noticia era que en menos de una hora 69 muertos y 39 heridos yacían ensangrentados en las instalaciones carcelarias. Sesenta y uno de los muertos eran jóvenes de la Mara 18, cinco eran reos comunes no pertenecientes a maras y tres eran mujeres que visitaban a sus presos, una de ellas menor de edad.
Exactamente un año después, mayo de 2004, se da la muerte de 104 reos al incendiarse la prisión en San Pedro Sula. Otros 27 prisioneros resultaron heridos. El incendio se declaró hacia la 1.30 (hora local). La sociedad parecía haber aceptado la escusa oficial de que el incendio había sido causado por un cortocircuito.
Otra de las tragedias en presidios fue la de la Granja Penal de Comayagua, en febrero de 2012, donde hubo 359 muertos. Un comentario fue que “lo único cierto es que los guardias y el director de la prisión no hicieron nada para impedir que los reos se quemaran vivos. “Se dio esa orden”, dice uno de los custodios.” Esta vez, el enfoque del crimen no pareciera haber sido a las maras, pero a otros grupos o personas “indeseables” por quienes tenían el poder en ese momento.
Esta técnica de juntar a las víctimas en un solo sitio para luego eliminarles, es efectiva, puesto que permite ligeras explicaciones falsas de las causales y ocurren en un promedio de una hora, evitando los procesos de violación a los derechos humanos. Además de las centenas de jóvenes asesinados en otras formas, más de 50 mil en los últimos siete años, están estas 173 personas asesinadas, más unas 60 personas heridas. Si sumamos a los de Comayagua, estaremos llegando a 532 muertes, utilizando la técnica de juntarles en un sitio encerrado y luego incinerarles.
Esto nos hace comprender por qué el anuncio de un nuevo grupo de paramilitares no ha hecho meya en nuestra temerosa y sometida sociedad. Para la ciudadanía viene a ser “más de lo mismo”.
La institucionalidad nacional está desprestigiada, hay ausencia significante de credibilidad. Ahora está a prueba la OEA con la presencia de la MACCIH. Y se pone a prueba la ONU, al enviar al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, quien se encuentra ahora en Honduras, para evaluar el nivel de protección del derecho a la vida en el país, donde la tasa de homicidio se encuentra a menudo entre las más elevadas del mundo, y es más de 10 veces mayor que el promedio mundial. (criterio.hn)
Si la Comunidad Internacional nos falla, perderemos las últimas esperanzas que hay, quedando como opción, para quienes logran abandonar el país, salir de este sangriento país, como ahora sucede en Siria y Libia, o quedarse para buscar otros medios mucho más arriesgados de sobrevivencia.
Enviado a SURCOS Digital por el autor.
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