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Etiqueta: alimentos

El empleo, los salarios y los alimentos en Honduras

Por Marlin Oscar Ávila

En Honduras, según datos oficiales el 60% del producto interno bruto (PIB) es generado por las micro, medianas y pequeñas empresas (MIPIMES). Lo que no sabemos es si éstas están pagando los salarios adecuados a las leyes nacionales y a los convenios internacionales, honrando los derechos laborales del trabajador.

No lo sabemos porque las instituciones académicas, ni el gobierno, realizan investigaciones y, menos supervisiones oficiales, para garantizar que al menos se esté pagando el salario mínimo. Este salario, estimado en base a 30 productos de la canasta básica familiar, incluye: pan y cereales, carnes, pescado y mariscos; lácteos y huevos, aceites y grasas; frutas, legumbres y hortalizas; azúcar, mermelada, miel, jarabes, y chocolate; agua mineral, refrescos y jugos. Los montos establecidos van desde L.725.99 (US$29.39) a L1,406,05 (US$56.99) mensuales, dependiendo de la actividad económica que se realice dentro de las once categorías definidas oficialmente. La tabla de salarios mínimos acordada va desde las actividades agrícolas, silvicultura, caza y pesca hasta servicios comunales sociales y personales, seguridad y limpieza. Por “salario mínimo” de hecho, debe entenderse un salario máximo, puesto que la patronal no está dispuesta a pagar más de eso, pero sí menos. Sin embargo, sí en este momento tomamos esa lista de productos y visitamos un mercado en la ciudad, no lograríamos llevar a casa los alimentos para cinco miembros de la familia, ni para quince días.

Los trabajadores asalariados para lograr ese pago mínimo vienen a ser quienes, al no tener organización sindical, ni suficiente supervisión del gobierno existe una mayor explotación del trabajador. Afuera de las industrias textiles o maquiladoras, donde sus sindicatos han logrado firmar contratos colectivos, incluso en las industrias cementeras, embotellaras y las agroindustriales para la exportación, donde también se tienen contratos colectivos, a excepción de los trabajadores en las plantaciones hortícolas, como existe en el Valle de Comayagua, la fuerza laboral en las MIPIMES, vienen a ser quienes, al no existir organización sindical ni suficiente supervisión del gobierno, hay una mayor explotación del trabajador.

Desde luego, en la época actual, se da el llamado trabajo en línea. Es decir, el trabajo que se realiza desde una computadora, de manera virtual. Es una forma moderna de hacer que una o varias personas trabajen por metas y objetivos, o sea a destajo. Esto se inició en la industria maquiladoras, donde se han experimentado una variedad de formas de explotación, entre ellas los horarios laborales de dos días no y tres sí, ir a la fábrica, o tres y tres, cuatro y tres, etc., las invenciones para que la patronal pague menos han sido diversas. El servicio de transporte de personas como son el denominado UBER, ha sido una de las formas más actuales de contratación en línea, donde el empleado no tiene más derecho que un porcentaje de la tarifa establecida por la empresa, cuya sede está en Estados Unidos de Norte América, ofreciendo al pasajero cierta seguridad personal mediante el uso de un GPS. Se dan otros contratos de trabajo en línea por empresas y compañías cuya sede está en otro país de adonde está el empleado. Este puede trabajar muchas horas diarias, sin cobrar las horas extras ni otros de los derechos a los cuales debe tener acceso de acuerdo al código de trabajo y los convenios internacionales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta consiente de esa situación, pero no hace nada para resolver el problema, es otro de los motivos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) está siendo fuertemente criticada.

Con el avance tecnológico vienen profundizándose las formas de explotación y el desempleo. Estamos en una carrera donde la inteligencia artificial y la robótica está afectando a los países menos desarrollados. Se está profundizando los niveles y escalas de la pobreza y la desnutrición. Las instituciones educativas están desactualizadas, los jóvenes buscan opciones para mejorar su calidad de vida, las grandes empresas tratan de evadir impuestos del Estado y la clase política quiere seguir con su tradicional sistema de enriquecimiento ilícito e impune.

Esto ocurre mientras los productores agrícolas se las ingenian para extraer los alimentos de las tierras nacionales, luego de una fuerte sequía, los comerciantes buscan abastecer el mercado de alimentos importándolos para lograr una renta mayor, el poder Ejecutivo se debilita al perder a uno de sus principales ministros: Rodolfo Pastor de María y así seguiremos sin cumplir ningún plan de desarrollo soberano.

14 de junio de 2024

UCR: Documental revela el valor del maíz morado en Costa Rica

En Guanacaste, pequeños productores de la tercera edad conservan las semillas y cultivan el maiz morado de forma artesanal. A la variedad de color lila se le conoce como maiz Pujagua y a la de color oscuro se le llama maiz Congo.

Ciencia y tradición

El documental “Maíz pujagua, innovación tecnológica de un alimento ancestral” rescata una parte valiosa de la tradición culinaria guanacasteca y recopila el conocimiento generado en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) sobre este nutritivo grano.

En un esfuerzo por rescatar tradiciones ancestrales y promover una alimentación más saludable, el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA) en coproducción con Canal UCR, presentó un documental revelador sobre el maíz pujagua, también conocido como maíz morado, cultivado en la región de Guanacaste en Costa Rica.

El Proyecto C-509 “Fomento del consumo del maíz pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional, y estudio de sus usos tradicionales”, que dio origen a este documental, liderado por la destacada investigadora Ana Mercedes Pérez Carvajal, busca fomentar el consumo y el cultivo sostenible de esta variedad de maíz, que se encuentra en peligro de desaparecer.

El cultivo del maíz ha sufrido una drástica reducción desde mediados de la década de 1980, según datos de la FAO, pasando la producción de 127.000 ton en 1987 a 10.700 ton en 2014. De acuerdo con el Programa del Estado de la Nación, en el 2020 Costa Rica se había convertido en el país con mayor dependencia de las importaciones de maíz de la región centroamericana, de manera que el 99.4% de todo el maíz consumido era importado (Chacón, 2020).

Estos datos y el acercamiento de la emprendedora Ligia Salazar, de la empresa Curubanda, quien buscaba cómo revitalizar el consumo de este maiz, motivaron a la coordinadora del proyecto a estudiar el maíz pujagua y realizar esfuerzos para rescatar esta valiosa variedad. Desde 2018, el equipo de la Dra. Pérez Carvajal ha estado coordinando este proyecto financiado inicialmente por fondos de regionalización del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y, posteriormente, con apoyo de fondos ordinarios de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR.

Gracias a estos recursos, se ha logrado estudiar a fondo el valor nutricional del maíz pujagua y los usos tradicionales de este cereal en la región de Guanacaste. Además, el proyecto ha ido más allá de la investigación y ha incursionado en el desarrollo de nuevos productos a partir del maíz morado y en la divulgación de sus propiedades y usos.

Valor nutricional

Los datos obtenidos por el proyecto indican que el maíz pujagua es alto en fibra dietética, una excelente fuente de proteína y una materia prima que permite la elaboración de productos libres de gluten, destinados a una población celíaca, alérgica o intolerante al gluten, o bien, para el consumidor preocupado por una alimentación saludable.

Con el apoyo de fondos de innovación y emprendimiento, se ha trabajado con la microempresa Curubanda en la creación de una premezcla para preparar pancakes, waffles y queques a partir de este cereal, resaltando su color característico y valor nutricional.

La empresaria Ligia Salazar Chavarría destaca que gracias a la alianza con el CITA-UCR han logrado innovar en el mercado con productos sumamente nutritivos a base de maiz pujagua producido por pequeños productores de Guanacaste.

La Dra. Pérez destaca el alto contenido de proteína en el maíz morado, que alcanza hasta un 16% y hasta 11% de fibra dietética, en algunos ecotipos seleccionados por la Dra. Helga Blanco Metzler, profesora e investigadora jubilada de la Escuela de Agronomía. Además, señala que se ha descubierto que contiene almidón resistente, lo que contribuye a un menor índice glicémico y una mejor regulación de la glucosa en sangre. Estos atributos lo convierten en una opción nutricionalmente valiosa para el consumo humano.

Dentro del marco de este proyecto, además se identificaron los compuestos fenólicos en extractos de maíz pujagua. Entre ellos: (kaempferol-3-O-rutinoside, isorhamnetin-3-O-rutinoside, quercetin-3-O-rutinoside, es decir rutina o rutinósido), los cuales, presentan actividades biológicas reportadas en la literatura por estudios previos de diferentes autores.

Estos polifenoles se asocian con propiedades como: actividad antiinflamatoria, cardioprotectora, antioxidante, hepatoprotectora, antidiabética, antiproliferativa, entre otras, que podrían, por lo tanto, permitir la obtención de extractos para su uso en la industria alimentaria o farmacéutica.

Para aprovechar estas características también se han explorado en conjunto con el Centro de Investigación en Productos Naturales (Ciprona) posibilidades de aprovechamiento de los residuos, como los olotes, que contienen pigmentos ricos en antocianinas y que podrían ser utilizados en productos cosméticos o alimentarios.

La presentación del documental se realizó el 20 de julio en el auditorio de UCAGRO y su lanzamiento en televisión el 25 de julio en el marco de las celebraciones de la Anexión del Partido de Nicoya.

Rescatar una tradición

El documental destaca la importancia de rescatar este maíz criollo, ya que se ha observado una alarmante disminución en su cultivo y consumo en Costa Rica en las últimas décadas. La dependencia de maíz amarillo importado ha llevado a la pérdida de conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación.

El equipo de producción de Canal UCR grabó en cantones como Nicoya, Sanat Cruz, Carrillo y La Cruz y pudo captar las situaciones apremiantes de los agricultores de maíz pujagua. En el documental sus relatos se entrecruzan con la recopilación de recetas a base de maíz morado, y la promoción de esos nuevos productos.

El diagnóstico agronómico del cultivo realizado como parte del proyecto mostró algunos factores que afectan la conservación del maíz pujagua, por ejemplo: que los productores son adultos mayores, propietarios de parcelas pequeñas (menores a 0.5 ha), y que la semilla se conserva por tradición familiar. Además, el manejo agronómico del maíz pujagua es complejo, con una mayor susceptibilidad a plagas, menor rendimiento, cuya siembra se realiza principalmente sin insumos ni mecanización.

El equipo de investigación ha buscado concienciar a la población sobre la riqueza nutricional del maíz pujagua y su vinculación con festividades y tradiciones en la región de Guanacaste, mediante la elaboración de materiales educativos como videos, microcápsulas radiofónicas, talleres, charlas y un calendario recetario que recoge recetas tradicionales, así como la divulgación de usos novedosos del maíz pujagua.

El documental, producido por la periodista Alejandra Fernández de Canal UCR, ha sido una herramienta efectiva para dar a conocer los resultados del proyecto y sensibilizar a la población sobre la importancia de preservar el maíz pujagua y su cultura asociada. La Dra. Pérez Carvajal espera que esta iniciativa contribuya a cambiar la situación del cultivo de este cereal y que se extienda su consumo más allá de la región de Guanacaste.

En el proyecto han participado las investigadoras: M.Sc. Ana Lucía Mayorga M.Sc. Laura Murillo Bach. Ligia Salazar Dra. Rosaura Romero M.Sc. Víctor Vásquez M.Des. Pilar Fallas Dra. Helga Blanco M.Sc. Jacqueline Aiello M.Sc. Alejandra Mencía M.Sc. Ileana Morales M.Sc. Alejandra Fernández. Así como estudiantes de la Escuela de Tecnología de Alimentos y de la Sede de Guanacaste quienes han realizado sus trabajos finales de graduacion en torno a esta temática. Con la renovación del proyecto hasta el 2024, el equipo continuará trabajando para promover el maíz pujagua como un alimento valioso y rescatar las tradiciones que están intrínsecamente ligadas a este cereal.

Ficha técnica del documental: «Maíz pujagua: innovación tecnológica de un alimento ancestral”

  • Producción y guión: Alejandra Fernández Bonilla
  • Edición: Laura Mora Rodríguez
  • Cámaras: Enrique Vega Méndez, Freddy Quesada Carvajal, Max Arce Mora, Víctor Calderón Zeledón, William Rojas Rodríguez
  • Música original: Luis Diego Solórzano Boza y Alonso Torres Matarrita
  • Edición de sonido y mezcla final de sonido: Eduardo Solano Valverde
  • Canal QUINCE UCR

El documental tiene una duración de 40 minutos, producido en High Definition y con música original.

 

Katzy O`neal Coto

Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR

5 de mayo: Día Internacional de las Personas Celiacas

Celiaquía en Costa Rica ¿Dónde estamos? ¿Que hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer?

Dr. Francisco Javier Hevia Urrutia
Gastroenterólogo Hepatólogo
Miembro de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica

La palabra Celíaco proviene del latín (vientre) y del griego (enfermedad del intestino).

En el Siglo II AC el medico griego Areteo de Capadocia, viviendo en Turquía la describe como “enfermedad del intestino” pues residía en un área conocida como “Creciente fértil” debido a la cantidad de cereales cultivados ahí y observó que las personas se enfermaban frecuentemente del intestino debido al alto consumo de los cereales.

La relación con el Gluten del trigo fue hecha en 1952 en Inglaterra y posteriormente determinaron la presencia de este en la avena, cebada y centeno. En el 2011 aparece un nuevo concepto conocido como Intolerancia al Gluten o Sensibilidad al Gluten, también aparece el término llamado Alergia al Trigo definido por otros anticuerpos.

La Celiaquía la debemos separar en tres grupos:

  1. El Enfermo Celíaco tiene manifestaciones en el intestino y en otros órganos del cuerpo. En pruebas de laboratorio y genética se determina quienes son los de este grupo. Este es el grupo más importante ya que en los niños no detectados a tiempo no podrán evitarse lesiones severas el resto de sus vidas. Aquí tenemos también diferentes tipos de pacientes Celíacos: Atípico, Silente, Potencial y Refractario. A este último grupo es importante ponerle especial atención ya que pueden desarrollar malignidad como los linfomas intestinales entre otros.
  2. El Paciente Sensible al gluten no tiene trastornos de laboratorio ni daño en el intestino y logra una mejoría con la dieta sin gluten.
  3. El Paciente alérgico al trigo va a tener únicamente elevación de un tipo de anticuerpos llamados IgE.

En Costa Rica en el 2004, pacientes y familiares de personas que fueron diagnosticadas crean APPCEL (Asociación Pro-Personas Celíacas) con el propósito de promover una línea de enseñanza y manejo adecuado, logrando establecer un marco legal por parte del Gobierno y la Asamblea Legislativa. Con la colaboración de diferentes personas en diferentes niveles y la ayuda en educación de la Enfermedad por parte de profesionales nacionales y extranjeros y junto con la utilización de los modelos legales de España, Argentina y Brasil se establece en julio del 2014 la NORMA NACIONAL DE ATENCION A PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA. También se estructura una Comisión Nacional, dirigida por el Ministerio de Salud incluyendo al Ministerio de Economía para que los alimentos sean etiquetados como alimentos SIN GLUTEN, el Ministerio de Educación, APPCEL, CCSS e INCIENSA. En junio del 2016 se establece la Comisión Institucional de Celiaquía-CCSS y se elabora el “PROTOCOLO: ATENCION DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD CELÍACA, publicado en el 2019 por la Caja Costarricense del Seguro Social, donde nos indica con detalle qué hacer con el posible paciente con enfermedad celíaca tanto en niños como en adultos, ya sea en EBAIS, CLINICAS y HOSPITALES del Seguro Social.

Un grupo interdisciplinario junto con APPCEL y la Comisión Nacional de Salud hemos impulsado mejoras para el manejo de la celiaquía en Costa Rica, además participamos en la formación de la Comisión Institucional de la CCSS para la elaboración del PROTOCOLO mencionado.

 Aún falta establecer los datos epidemiológicos y clínicos de la Enfermedad en Costa Rica y definir el tipo de Celiaquía que tiene cada persona, por lo tanto, hemos puesto a disposición de la Asociación (APPCEL) una Encuesta Digital la que permitirá establecer la información necesaria para seguir avanzando en el manejo de este problema de salud, que abarca a un 1 % de la Población Mundial.

Costa Rica camina progresivamente en el manejo de la Celiaquía, para esto se requiere el compromiso y la continuidad en el trabajo de cada uno de los grupos mencionados.

UCR: Las pymes del sector agroalimentario en Guanacaste resguardan la cultura alimentaria de la región Chorotega

Rocío González (izq.) y Dunia Méndez forman parte del proyecto de Acción Social de la Sede de Guanacaste, dirigido a mejorar la gestión de las MIPYMES. Foto cortesía Ana María Quirós.

La UCR trabaja en conjunto con actores fundamentales de la provincia para mejorar las condiciones socioeconómicas de las comunidades

Desde la incorporación a Costa Rica del partido de Nicoya ocurrida el 25 de julio de 1824, la identidad cultural costarricense no podría definirse sin los aportes culturales, económicos y naturales de esta provincia, sin embargo es una de las provincias con mayor desigualdad, alto desempleo y pobreza.

Según los datos del Banco Central, Guanacaste es la segunda provincia con menor desarrollo empresarial (9.343 empresas) en el 2017. Considerando la importancia de las PYMES y su potencial vinculación con la principal actividad económica de la región (el turismo), la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolla en la región Chorotega varios proyectos de acción social, entre los que destaca el ED-3245 Servicios de capacitación y asesoría para micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos (PYMES) en la provincia de Guanacaste.

Su principal objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de PYMES aplicables al procesamiento, control de calidad e innovación de productos alimenticios, para el desarrollo del sector agroindustrial en la región Chorotega. Muchos de estos productos son elaborados con cultivos de la zona.

Con las capacitaciones sobre manipulación e inocuidad de los alimentos, estandarización de procesos, etiquetado y registro, se espera que las PYMES mejoren la calidad y cumplan con los requisitos necesarios para obtener los permisos del Ministerio de Salud que les permitan operar en diversos mercados, y de esta forma se amplíen sus oportunidades económicas, ya que estos productos en su gran mayoría se realizan de forma artesanal.

La carrera de Ingeniería de Alimentos, de la Sede de Guanacaste, ha organizado varios talleres y charlas para las y los participantes del proyecto. Foto cortesía Ana María Quirós.

Según la Licda. Ana María Quirós Blanco, coordinadora del proyecto, desde el 2015 han trabajado en los 11 cantones de la provincia de Guanacaste, no solo contribuyendo al desarrollo de la ingeniería de alimentos y agro industrial, sino también en el rescate de algunos aspectos de la cultura culinaria de la provincia.

Gracias a que en la Sede de Guanacaste de la UCR se imparte la carrera la Ingeniería de Alimentos, se logró que participaran en este proyecto ocho de los 10 docentes de esa carrera, así como estudiantes que por medio del Trabajo Comunal Universitario TC-721 Apoyo a MYPIMES de la provincia de Guanacaste, participan activamente para brindar las capacitaciones.

Rocío González, una de las participantes del proyecto cuyo emprendimiento es la carnicería Jomar, que se ubica en Abangares, recibió asesoría técnica y recomendaciones para cumplir con los requerimientos que solicita el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), así como mejoras en la creación de procesos e inocuidad de los alimentos.

“Elaboramos desde cero los productos, traemos la carne del matadero, hacemos los cortes y elaboramos embutidos, chuletas ahumadas, chorizo chino, tocineta ahumada, pastrana y salchichón jamonado. Nuestro proceso es totalmente natural y lo hacemos de forma artesanal”, concluyó González.

Este proyecto tiene como objetivo el impulso de las MIPYMES en Guanacaste, con el fin de mejorar la calidad de vida en las comunidades locales. Foto cortesía Ana María Quirós.

Por su parte, Dunia Méndez, quien es dueña de un emprendimiento de productos en Hojancha llamado Lácteos DValle, resaltó la formación integral que ha recibido en las capacitaciones y que responde a necesidades concretas adaptadas a la realidad de los productores.

“La capacitación que obtuve fue en cómo realizar la pasteurización de forma correcta, lo cual es muy importante cuando hablamos de productos lácteos, y las temperaturas adecuadas de los cultivos en el caso del yogurt, ya que mi formación en ese campo era muy básica”, indicó Méndez.

Ambas productoras se caracterizan por desarrollar sus productos desde las etapas más básicas de la materia prima, pasando por el envasado o empaquetado, hasta lograr la distribución en el mercado local.

Uno de los principales aportes de Guanacaste al país es su gastronomía y producción agropecuaria. En ese sentido, Ana María Quirós destacó la importancia de la industria agroalimentaria en la provincia, dada la cantidad de PYMES que se dedican a esta actividad y el servicio que le brindan al turismo, que representa la primera actividad económica de Guanacaste.

Así, este proyecto de la UCR contribuye a la economía, la innovación y al rescate de la cultura alimentaria de la región Chorotega.

 

Esteban Umaña Picado
Periodista de la Vicerrectoría de Acción Social, UCR

¿Cambio de la Administración Biden respecto a Cuba?

Germán Gorraiz López – Analista político

El anacrónico Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba instaurado por Kennedy en 1.962 aunado con la irrupción de la pandemia del coronavirus habría abocado al pueblo cubano a una asfixia económica sin precedentes desde la crisis vivida en el llamado “período especial” de inicios de los 90.

Cuba y la Guerra Fría 2.0

Los cambios propuestos por la Administración Trump tenían la intención de aumentar las regulaciones y la supervisión para dificultar a las empresas estadounidenses rubricar acuerdos con Cuba y que los ciudadanos estadounidenses continúen viajando al país. Estas decisiones fueron fruto de la extenuante presión de los destacados representantes cubanoamericanos Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, ambos republicanos. Según un estudio realizado por Engage Cuba, la nueva política “le costaría 6.600 millones de dólares a la economía estadounidense y afectaría 12.295 empleos durante el primer mandato de Trump”. Por su parte, el exvicepresidente Mike Pence anunció la implementación de nuevas medidas contra dos compañías que transportan crudo venezolano hasta Cuba así como contra los 34 buques que utiliza PDVSA para tal cometido, con el objetivo confeso de provocar la “asfixia energética de Cuba” mediante la amputación del cordón umbilical que unen a Venezuela y Cuba, siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria”, expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949) y como traca de despedida, Trump volvió a incluir a Cuba en la lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo” hasta completar la cifra récord de 243 sanciones contra la Isla.

El objetivo confeso de EEUU era que la Isla se viera abocada a una asfixia de resultados imprevisibles tras el hundimiento del turismo provocado por la irrupción en la Isla de la pandemia del coronavirus. Así, en el paroxismo de la insolidaridad, EEUU bloqueó las compras y entregas de mascarillas, jeringas, ventiladores pulmonares y demás insumos sanitarios básicos para el tratamiento de pacientes con Covid-19, pues el objetivo último de EEUU sería conseguir el desabastecimiento total de petróleo, alimentos e insumos sanitarios vitales para hacer tambalear el actual status quo de la Isla.

Cambio geopolítico de la Administración Biden

A pesar de las esperanzadoras declaraciones de Joe Biden sobre su intención de reconducir las relaciones con Cuba, en una entrevista concedida a la CNN, el asesor de Joe Biden para América Latina, el colombiano Juan González , descartó un nuevo deshielo con Cuba y aseguró que “Joe Biden no es Barck Obama en la política hacia la Isla” al tiempo que añadió que “el momento político ha cambiado de forma importante”. Dichas afirmaciones se habrían visto corroboradas con el apoyo expreso de Biden a las recientes asonadas populares que serían la punta del iceberg de la nueva Revolución de Colores impulsada por la CIA al declarar que “nos unimos al pueblo cubano y a su clamoroso llamado por la libertad”, asonadas que terminaron diluyéndose en la nada.

La decisión de Biden de continuar con el endemismo del Bloqueo e imponer nuevas sanciones a destacados dirigentes cubanos podría generar un vacío de resultados imprevisibles en plena Guerra Fría 2.0 entre EEUU y Rusia que podría terminar por dibujar una nueva cartografía geopolítica en el Caribe y el conflicto en Ucrania habría sido el detonante del cambio de la percepción geopolítica de la Administración Biden para descartar una posible reedición de la Crisis de los misiles en Cuba y podríamos estar en la antesala de un nuevo período histórico en el que el papel geopolítico de la Isla se vería reforzada.

Así, asistimos al inicio de una época de deshielo en las relaciones Cuba-EEUU que aunque no alteran la cruda realidad de un embargo anacrónico, significan la flexibilización de ciertas medidas implementadas por la Administración Trump, como la reanudación de vuelos comerciales a varias ciudades cubana, la suspensión del límite de 1.000 dólares en el envío de remesas así como la ampliación de visas y el apoyo a un amplio acceso universal de Internet en la Isla, medidas calificadas pro el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano como “ un paso limitado en la dirección correcta” y se verán reforzadas por la pronta salida de Cuba de la Lista de “Estados Patrocinadores del Terrorismo” que impedían al Gobierno cubano acceder a ayudas económicas de organismo internacionales como el Fondo Monetario Internacional.

Malas noticias para el sector agropecuario, para los consumidores de productos agrícolas y los que siguen tomando agua contaminada con residuos de plaguicidas

Compartido con SURCOS por Bloque Verde

La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos. 

Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios. 

Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas. 

Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas. 

Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.

El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia. 

Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.

Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias. 

El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios  y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.

Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.

Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.

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Fuente: distintaslatitudes.net

Los problemas de la producción agroalimentaria frente al aumento de los precios de los insumos y la transformación pendiente

German Masís

En un momento en que existe preocupación por el aumento de los precios de los productos importados como el petróleo, insumos agrícolas y algunos alimentos debido a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, pero también por el incremento de la inflación en varios países desarrollados, en nuestro país existe gran incertidumbre sobre el efecto de esos aumentos en los precios y en los costos de producción de algunas actividades como el transporte y la producción de alimentos.

Aunque aún no se ha precisado las dimensiones del crecimiento en los precios de los insumos agropecuarios, algunos productores ligados a organizaciones agrícolas como la Cámara de Agricultura, la Unión de Pequeños y Medianos Productores (UPANACIONAL) y sobre todo los agricultores que participan de las ferias del agricultor, han manifestado inquietud sobre el aumento del precio de los insumos sobre la producción agrícola actual y a lo largo de este año.

“En los meses siguientes, los precios de la papaya van a ser muy altos y la fruta va a escasear porque los agricultores ya no van a poder pagar los precios de los insumos que se utilizan para las fumigaciones que necesitan las plantas de papaya para mantenerse sanas y tener una buena cosecha”, así se expresaba Xinia una agricultora de San Carlos el fin de semana anterior en la feria del agricultor de Cartago, ante los problemas que están teniendo los agricultores con el aumento de los precios de los agroquímicos, pero no sólo para el cultivo de papaya, sino también para los demás productos que cultiva y vende en la feria, como la yuca, camote, plátano, maracuyá y ñampí.

La actividad agropecuaria, ha sido particularmente sensible al aumento de los precios de los insumos químicos importados (herbicidas, fertilizantes, fungicidas y semillas), por el alto consumo de estos productos por parte de las diferentes unidades de producción.  En Costa Rica el uso de fertilizantes químicos es muy alto, ya que oscila entre un 95% en cultivos como chayote y tiquisque, a 90% en papa, 85% en frijol, 84% en arroz, cebolla y yuca, 80% en café, 70% en naranja, 64 en caña, 53% en plátano, 52% en mango, 46% en aguacate y 38% en palmito (INEC, Encuesta Nacional Agropecuaria 2020).

El aumento de los precios de los insumos se han comenzado a trasladar al incremento de los precios de los alimentos básicos, como ha ocurrido con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor de los primeros meses del 2022, en donde productos como la vainica, el limón ácido, el aguacate, la yuca y el tomate han tenido las mayores variaciones entre el 15 y el 30% con respecto al mes de diciembre anterior, además de que los productos aguacate, tomate, café y frijoles tuvieron la mayor variación entre los productos agrícolas incluidos en el IPC total en el mes de febrero. (INEC, IPC, marzo, 2022)

Decía la agricultora de San Carlos, que “se está poniendo en peligro la producción agroalimentaria y el acceso de la población a los alimentos, ya que los agricultores que venden en las ferias, además del aumento en los costos de los insumos, deben enfrentar el alto precio de la gasolina para sus vehículos de transporte, así como el pago del local en las ferias, el del parqueo de estos y hasta el pago de la limpieza del lugar de la feria que realiza la Municipalidad”.

Indica que a los agricultores en nuestro país con los aumentos de costos y el pago de servicios los tienen “arrinconados”, ya que los ingresos por las ventas son limitados e insuficientes para seguir produciendo la comida, mientras en otros países (como en Europa) a los agricultores los cuidan, los protegen y les dan facilidades para producir y vender sus productos.

La queja de esta agricultora ha sido una constante a lo largo de varias décadas por parte de los agricultores del país, quienes claman por apoyo y asistencia estatal para mejorar la actividad agropecuaria y la que contrariamente se ha visto reducida por el desmantelamiento institucional y presupuestario provocado por las reformas económicas de las últimas décadas.

A pesar de que se está celebrando el Decenio de la Agricultura Familiar, de que las últimos dos gobiernos manifestaron interés por el fortalecimiento de la actividad agropecuaria y de que el actual Ministro ha afirmado que el apoyo a los productores debe ser objeto de la política productiva para que se integren a la producción y al mercado en mejores condiciones, la producción campesina de alimentos para el mercado interno continúa teniendo dificultades para producir y comercializar sus productos.

El Ministro de Agricultura ha dicho, “hay muchos productores que por vocación se quedan en la producción. La producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, igualmente en otros comentarios ha expresado el apoyo a la producción para el mercado interno y a la legítima preocupación por la seguridad alimentaria de la población. (Alterdescr.octubre,2020).

Al respecto la FAO en su pronunciamiento sobre los efectos de la pandemia en la seguridad alimentaria en América Latina, afirma que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).

En el año 2014 un grupo de académicos de la Universidad Nacional elaboró una propuesta para el mejoramiento de la producción agroalimentaria para el mercado interno, sustentada en que esa actividad ha sido abandonada por los gobiernos desde la década de los 80s y en que la misma es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico y los bajos rendimientos, mientras afirmaban que los agricultores que producen para el consumo interno, tiene escasa rentabilidad, problemas de precios y de mercados, situación que se mantiene hoy en día.

Este grupo proponía para revertir el deterioro de la producción agroalimentaria, acciones estratégicas tales como: establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias, fomentar la agroindustria, el valor agregado, la calidad e inocuidad de los productos, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional (PAI) y crear un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores y un sistema de cobertura del riesgo agrícola.(Grupo de Políticas Agrícolas,2014,12p.).

Esta propuesta que no fue acogida por las autoridades del Ministerio de Agricultura del momento, tenía como aspecto central la transformación de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, cometido en el que se ha avanzado muy poco y que en una coyuntura política como la actual, resulta ser muy oportuna y desafiante para los líderes y partidos políticos a comprometerse con la transformación pendiente hacia una Nueva Agricultura.

Imagen: TEC

Estudiantes de Ingeniería de Alimentos de la UCR ganan competencia con un producto inspirado en las zonas azules

Las costarricenses crearon Vitazul, un alimento sostenible para los adultos mayores costarricenses elaborado a base de maíz pujagua

María Gabriela Rojas Arce, Diana Larios Medina, Rebeca Molina Valverde y Raquel Víquez Montero, estudiantes avanzadas de la carrera de Ingeniería de Alimentos, desarrollaron el producto Vitazul, un atol de maíz Pujagua, que les dio el gane en el prestigioso concurso “Rose Spiess Foundation Student Video Competition: “For A Sustainable Food System” del “New Zeland Food Science and Technology Institute”.

Esta competencia internacional instó a jóvenes estudiantes de ciencia y tecnología de alimentos de todo el mundo a contar una historia de impacto positivo de la ciencia de los alimentos  en su región, país o comunidad mediante videos cortos.

Nacimiento del producto

Vitazul es un producto listo para el consumo, al ser una mezcla seca se reconstituye con agua y se calienta.  El producto va dirigido a la población adulta mayor, debido a las pocas opciones que existen actualmente en el mercado para este grupo etario que presenta deficiencias nutricionales tanto en  macro y micronutrientes, lo cual es exacerbado por los cambios físicos en la vejez como la dificultad de deglución.

“La idea principal era promover la agricultura de cultivos nativos costarricenses, como el maíz Pujagua. Además, de aprovechar subproductos de la piña, que es una de las principales frutas que se cosechan en nuestro país y que generan subproductos que se desaprovechan”, destacó María Gabriela Rojas, una de las integrantes del equipo Vitazul.

“Nos inspiramos en las zonas azules, como la de Nicoya, Guanacaste y consultamos en la literatura sobre su alimentación diaria, para desarrollar el producto de acuerdo con las necesidades de los adultos mayores y promover una alimentación integral”, señaló  Rojas.

Ganar a equipos de otras universidades del mundo

Las estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica superaron a participantes de otras universidades como la Universidad de Minessota, Washington State University y universidades de África, Indonesia y Alemania.

Para estas futuras profesionales en Ingeniería de Alimentos, ganar este concurso es “un reconocimiento a todo el esfuerzo invertido para ofrecer una propuesta prometedora. Este triunfo expone todos los conocimientos que hemos adquirido en la carrera, gracias a docentes de primera que hay en la Escuela como a la docente Dra. Jessie Usaga que nos acompañó a lo largo de este proceso”.

“Es de gran satisfacción ver el crecimiento que las estudiantes mostraron durante el proceso de preparación para esta competencia y además un gran orgullo al ver cómo su esfuerzo y dedicación es reconocido en un ámbito internacional tan competitivo”, destacó  la  Dra Jessie Usaga, líder y mentora de este equipo de estudiantes.

Este logro también se visualiza como el fruto del trabajo en equipo en el que participaron las estudiantes, docentes e investigadores de la Escuela de Tecnología de Alimentos y el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos (CITA).

 

**En la imagen se aprecia de izquierda a derecha a Diana Larios Medina, María Gabriela Rojas Arce, Raquel Víquez Montero y Rebeca Molina Valverde.

Olga Marta Ramírez,
Comunicadora UCR

UCR: Apoyo al proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

Dos escuelas y un instituto de la UCR apoyan el proyecto de ley de etiquetado nutricional frontal

  • Las unidades de la UCR consideran que el proyecto de ley favorece el cumplimiento del derecho del consumidor a acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos

Lunes 24 de enero del 2022. La Escuela de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa) y la Escuela de Nutrición, todos de la Universidad de Costa Rica (UCR), muestran su apoyo al proyecto de ley expediente 22 065 que propone el etiquetado nutricional al frente de los empaques de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así lo manifestaron esas tres unidades en comunicado enviado en diciembre del 2021. De acuerdo con el documento, (mismo que puede ser consultado en su totalidad al hacer clic aquí) el proyecto de ley 22 065 favorece el cumplimiento del derecho del consumidor, pues permite acceder a información veraz y oportuna sobre el contenido nutricional de los productos.
Lo anterior es especialmente relevante ante el panorama alimentario actual. Según se expresa en el documento, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación en Costa Rica aumentan a un ritmo alarmante, lo que representa un grave problema para la salud pública. Las consecuencias de esto son cada vez más palpables.
La Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del 2018, dirigida a mayores de 19 años, puso sobre la mesa una prevalencia de hipertensión arterial de 37,2 % y una prevalencia de diabetes de 14,8 %.
Asimismo, con base en el Censo Escolar del Ministerio de Salud del 2016, hay un claro aumento de exceso de peso en niños y niñas escolares. Este censo retrata un aumento de 1,5 % de forma sostenida. En el 2008 la prevalencia de exceso de peso fue de 21 % y en 2016 de 34 %.
“La ley de etiquetado frontal viene a facilitar la lectura de etiquetas que actualmente requiere conocer tamaños de porción, así como entender las relaciones de nutrientes y cómo se aplican a cada persona. Este proyecto favorece la identificación de alimentos altos en calorías, grasa total, grasa saturada, azúcar o sodio; con un símbolo de entendimiento claro que es el octágono negro. Este proyecto facilita la toma de decisiones informadas, la protección de las personas menores de edad respecto a estrategias comerciales directas (desde los personajes, juguetes y vinculación con películas o deportistas del momento). Es decir, ver el alimento procesado con sus cualidades alimenticias y no porque traen simbolismos asociados”, comentó la Dra. Nadia Alvarado Molina, docente de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La idea del proyecto de ley es incluir un sello en forma de octágono al frente del empaque cuando el producto se excede en azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio. Esto favorecería a que las personas puedan tomar decisiones más conscientes al seleccionar sus alimentos, afirman las especialistas de la UCR.
“En Costa Rica hay múltiples situaciones dentro del panorama nutricional.  A pesar de que el exceso de peso no es una patología en sí misma, esta tendencia creciente es un reflejo de múltiples factores ambientales, incluido el ambiente alimentario y de actividad física, en los cuales se evidencia que los alimentos frescos han sido reemplazados por alimentos procesados cada vez con más frecuencia y en mayor porcentaje de la alimentación. La información clara puede ser un motivador y una señal para la acción y el cambio”, enfatizó la Dra. Alvarado.
De igual forma, de aprobarse el proyecto se ayudaría a limitar las estrategias de mercadeo de los productos alimenticios que tienen exceso de algún nutriente crítico (azúcar, grasas saturadas, grasas trans o sodio, entre otros).
Datos de la UNICEF (2021) exponen que uno de cada dos niños y niñas, atraídos por la publicidad, compran productos alimenticios poco saludables.
En cuanto al ámbito nacional, el comunicado menciona un estudio del 2019 titulado “Marketing televisivo de alimentos y bebidas dirigido a niños en Costa Rica: estado actual e implicaciones políticas”, el cual encontró que en el país más del 90 % de los productos publicitados en televisión no cumplió con los estándares de calidad nutricional.
Ese mismo estudio también identificó que los productos que utilizan dibujos animados, deportistas o promociones en los alimentos tienen un mayor contenido de nutrientes críticos en comparación con los productos que no los utilizan.
“Existen investigaciones que demuestran que el uso de este tipo de estrategias de mercadeo influyen en la decisión de compra y preferencias alimentarias de la población infantil y adolescente, animándolos y motivándolos a consumir alimentos con alto contenido de azúcares, sodio, grasa, calorías y, a su vez, prefiriendo estos alimentos en lugar de alimentos frescos como las frutas y los vegetales. Por lo tanto, es importante la aprobación de este proyecto de ley que, además de informar a los consumidores del contenido de nutrientes de los alimentos, busca proteger a la población infantil y adolescente de la exposición a estrategias de publicidad y promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas poco saludables”, explicó la M. Sc. Tatiana Gamboa Gamboa, docente de la Escuela de Salud Pública de la UCR.
Para las expertas, el proyecto de ley complementa las acciones que ha venido realizando el país y que están orientadas a revertir el perfil epidemiológico de la alta prevalencia de la obesidad y de otras enfermedades no transmisibles.
Por ejemplo, tan solo en la Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad física (2018) se observó un 30.9 % de sobrepeso y obesidad en adolescentes, un hecho inquietante de salud pública, especialmente, en la adolescencia.
Dicho panorama, al ser una condición multifactorial, debe tener soluciones que respondan a las distintas necesidades identificadas. Una de ellas es la educación a los consumidores para que tomen decisiones informadas, fáciles y rápidas a la hora de seleccionar sus alimentos, reiteran las docentes.
“Ante nuestra realidad actual, en que la economía se ha visto impactada a raíz de la pandemia, un temor sumamente válido es la afectación de este proyecto de ley en el sector productivo de alimentos. Sin embargo, lo esperable es que las empresas desarrollen y amplíen su oferta de alimentos saludables. Así ha ocurrido en países como Chile, donde después de aprobada la ley no hubo un impacto en cuanto a empleos, salarios y producción del sector alimentario”, dijo la Dra. Carolina Santamaría Ulloa, directora del Inisa-UCR.

Lea la postura completa en
https://www.ucr.ac.cr/medios/documentos/2022/comunicado-proyecto-de-ley-etiquetado-frontal-1.pdf 

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista de la Oficina de Divulgación e Información, UCR

¿Por qué se enferman sus cultivos? Expertos de la UCR le ayudan a averigüarlo

La Clínica de Diagnóstico en Fitopatología del Ciproc-UCR ayuda a pequeños y medianos productores a encontrar la causa de las enfermedades de sus cultivos y a combatirlas de forma sostenible

Distintos agentes bióticos (hongos, bacterias, nematodos, virus) y abióticos (temperatura, luz, pH, agua, concentración de nutrientes, viento) pueden causar una enfermedad en un cultivo y acabar con él, por lo que identificar cuál de todos ellos es el responsable es una tarea que requiere del ojo experto.

Por eso, el Centro de Investigación en Protección de Cultivos (CIPROC) de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la UCR le brinda a pequeños y medianos productores servicios para la identificación y control de plagas, patógenos y parásitos que afectan diversos cultivos comestibles, ornamentales y forestales.

Este centro de investigación pone al servicio del sector productivo la experiencia de sus investigadores y técnicas analíticas a un bajo costo con la finalidad de identificar las causas de los daños en sus cultivos y diseñar estrategias de manejo integrado para reducir las pérdidas de calidad y productividad.

“En los sistemas agrícolas, estas reducciones a menudo se traducen en pérdidas económicas para los agricultores, precios más elevados para los consumidores y en muchos casos, han resultado en ruina y hambrunas en regiones enteras” detalló Oscar Castro Zúñiga, en la descripción del proyecto. De ahí la importancia de que los productores puedan acceder a un diagnóstico oportuno.

Esta labor se realiza en el marco del proyecto de Acción Social ED-313 “Clínica de Diagnóstico en Fitopatología” del Laboratorio de Fitopatología del CIPROC, coordinado por el MSc. Oscar Castro Zúñiga. Este laboratorio recibe muestras de todo el país. Por ejemplo, entre el 2017 a 2019 se revisaron: 440, 448 y 452 muestras respectivamente provenientes de 335, 289 y 320 empresas agrícolas.

Beneficios económicos y ambientales

El diagnóstico que realiza el laboratorio tiene un impacto directo en la situación económica de los agricultores, al disminuir las pérdidas en los cultivos y disminuir el gasto en agroquímicos que no son los adecuados para combatir los agentes causales de la enfermedad.

La ingeniera Gabriela Chinchilla, colaboradora del Laboratorio de Fitopatología apunta que al conocer exactamente cuál es patógeno que causa la enfermedad se puede hacer un manejo integral y efectivo, evitándose así la aplicación excesiva y muchas veces inútil de agroquímicos que no solucionan el problema.

Los expertos advierten que el uso indiscriminado de agroquímicos, aparte de afectar la economía del agricultor, tiene un impacto sobre su salud, la de sus trabajadores y su familia, al exponerlos a agroquímicos que se aplicaron en demasía y no tuvieron ningún efecto. Este impacto también lo sufre el medio ambiente, al contaminarse los suelos y las fuentes de agua entre otros.

En este sentido, la Clínica de Diagnóstico provee un servicio fundamental, no sólo al identificar los agentes causales de las enfermedades, sino, en brindar asesoría en el manejo integrado, lo cual contribuye a prevenir la contaminación por residuos de plaguicidas, y así proteger el medio ambiente y la salud del consumidor.

¿Cómo solicitar el servicio?

Para acceder a este servicio, los interesados deben seguir las recomendaciones para la toma correcta de las muestras de las plantas afectadas, luego deben enviarlas al Laboratorio de Fitopatología, ubicado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, y podrán obtener resultados en menos de dos semanas. El costo de cada análisis va desde los 10 mil colones.

Para realizar el diagnóstico de las enfermedades se utiliza una amplia gama de técnicas para determinar el agente causal, entre ellas el aislamiento a nivel in vitro, la identificación morfológica, la caracterización bioquímica, el análisis molecular de marcadores y la secuenciación de ADN.

En algunos casos, los expertos del CIPROC se apoyan con otros laboratorios y centros de investigación de la UCR como el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular (CIBCM) y el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) que cuentan con otros tipos de análisis que pueden ayudar a complementar y precisar el diagnóstico.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono: 2511-4141 o al correo: ciproc@ucr.ac.cr . para obtener más información.

Servicios del Laboratorio de Fitopatología del CIPROC

  • Identificación de hongos en plato Petri
  • Análisis fitopatológico por hongos y bacterias
  • Análisis fisiopatológico de sustrato y suelo
  • Identificación de hongos en plato petri de muestreos
  • Análisis de aguas agrícolas para detección de hongos fitopatológico
  • Análisis de sensibilidad de hongos fitopatógenos a fungicidas y extractos
  • Análisis fitopatólogico especial efectuado a muestras para hongos omycetes
  • Identificación bioquímica de bacterias fitopatógenas
  • Visita a campo por asesoría técnica en el área de Fitopatología.
  • Análisis de sensibilidad de hongos fitopatógenos a fungicidas y extractos

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR