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Etiqueta: América Latina

Panorama Social de América Latina

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte este documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Panorama Social de América Latina, 2020 fue publicado a inicio de 2021. Reproducimos parte de la introducción del documento y le invitamos a descargarlo para su lectura completa en el enlace al final del texto.

En esta edición del Panorama Social de América Latina se refleja el impacto social de una crisis sin precedentes. Los efectos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) se han extendido a todos los ámbitos de la vida humana, alterando la manera en que nos relacionamos, paralizando las economías y generando cambios profundos en las sociedades. La pandemia ha evidenciado y exacerbado las grandes brechas estructurales de la región y, en la actualidad, “se vive un momento de elevada incertidumbre, en el que aún no están delineadas ni la forma ni la velocidad de la salida de la crisis” (CEPAL, 2020h, pág. 13). De lo que no cabe duda es de que los costos de la desigualdad se han vuelto insostenibles y de que es necesario reconstruir con igualdad y sostenibilidad, apuntando a la creación de un verdadero Estado de bienestar, tarea largamente postergada en la región (CEPAL, 2020h).

A lo largo de este documento, se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en 2020, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado. Se examinan, asimismo, las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Frente a los desiguales efectos de la pandemia sobre las mujeres y los hombres, se hace un llamado a invertir en la economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad.

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. El primer caso en la región se detectó en el Brasil el 25 de febrero de 2020 y, tras la notificación de casos en todos los continentes a escala comunitaria, el 11 de marzo la OMS declaró que el brote de COVID-19 podía considerarse una pandemia. Si bien esta se encuentra en constante evolución, los datos disponibles indican que América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por el coronavirus, en términos tanto de número de casos como de muertes. Si bien, en 2020, en la región vivía solo el 8,4% de la población mundial, a diciembre de ese año, se concentraban en ella el 18,6% de los contagios acumulados de COVID-19 y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan desafíos en diversos frentes para controlar la pandemia. La propagación del COVID-19 y sus efectos económicos y sociales se ven agravados por los problemas estructurales de la región: principalmente, los elevados niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social, pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, la región se caracteriza por poseer sistemas de salud y protección social débiles y fragmentados y asentamientos urbanos marginados en expansión carentes de acceso a servicios básicos. También presenta grandes flujos migratorios y desplazamientos de población, así como conflictos de diversa índole, y sufre de manera desproporcionada las consecuencias de la crisis climática.

El COVID-19 llega a una región marcada por una matriz de desigualdad social, cuyos ejes estructurantes —el estrato socioeconómico, el género, la etapa del ciclo de vida, la condición étnico-racial, el territorio, la situación de discapacidad y el estatus migratorio, entre otros— generan escenarios de exclusión y discriminación múltiple y simultánea que redundan en una mayor vulnerabilidad ante los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta enfermedad. En el ámbito de la salud, estas desigualdades se expresan en la cobertura, el acceso efectivo y los resultados de los servicios de salud, así como en las condiciones basales de salud de las personas y las comunidades (CEPAL/OPS, 2020). Sin embargo, las desigualdades se ven frecuentemente invisibilizadas por problemas relacionados con la disponibilidad de datos. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, solo el Brasil y Colombia informan sobre casos confirmados y defunciones por COVID-19 entre las personas afrodescendientes2. Visibilizar y considerar la desigualdad en la respuesta a la pandemia es clave. En el contexto actual, y desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, el deterioro de las condiciones económicas de los hogares, con el consiguiente aumento de la inseguridad alimentaria (FAO/CEPAL, 2020), podría forjar un círculo vicioso de pobreza y mal estado de salud en el caso de amplios sectores de la población, lo que repercutirá en las sociedades a largo plazo. En particular, en tiempos de crisis, los déficits de protección social pueden afectar de manera catastrófica el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, con impactos críticos en el ejercicio de sus derechos y el desarrollo de capacidades humanas. A pesar de que no son los más afectados por la enfermedad en términos de salud, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes serán quizás una de las principales víctimas de esta crisis, por las consecuencias que tendrán en ellos el cierre temporal de los establecimientos educacionales y la crisis económica y social que afecta a sus hogares.

Los efectos de la pandemia sobre las condiciones de vida de la población se potencian con el paulatino aumento de la pobreza y la pobreza extrema y el enlentecimiento del ritmo de disminución de la desigualdad observados en el quinquenio previo a la crisis del coronavirus. Pese a los avances alcanzados en lo que respecta a la reducción de la pobreza y la desigualdad y la expansión de los estratos de ingreso medio entre los años 2002 y 2014, antes de la pandemia, el progreso económico y social de la región ya mostraba señales claras de estancamiento, y crecía el descontento de la población. En el sexenio 2014-2019, el PIB de América Latina y el Caribe había crecido en promedio tan solo un 0,3% por año (CEPAL, 2020a). En América Latina, el porcentaje de pobreza extrema había aumentado del 7,8% al 11,3% de la población y la pobreza, del 27,8% al 30,5% (véase el gráfico 1). Asimismo, la reducción del coeficiente de Gini se había ralentizado, de un promedio del 1,1% anual en el período 2002-2014 a uno del 0,5% anual en el período 2014-2019. Además, desde fines de 2019, la ciudadanía de varios países había expresado su malestar, descontento e insatisfacción con el sistema político y sus actores en grandes manifestaciones de protesta en las que se exigía mayor justicia social.

Es importante también reconocer los retos específicos que enfrentan los países del Caribe. Antes de la llegada de la pandemia, estos países presentaban un alto nivel de endeudamiento público debido a su necesidad de financiamiento para recuperar y reconstruir su estructura productiva frente a los recurrentes desastres climáticos, lo que limita su capacidad fiscal de respuesta a la pandemia (CEPAL, 2020d). Asimismo, las repercusiones de la pandemia en el sector del turismo, relacionadas con el empleo, los ingresos de los hogares y los ingresos gubernamentales, son mayores en el Caribe, donde el sector emplea a unos 2,4 millones de personas y representa el 15,5% del PIB. A esto se suma la gran dependencia de estos países de alimentos y otros bienes importados, que pone en riesgo sus cadenas de suministro (CEPAL/OPS, 2020).

En 2020, las proyecciones relativas a los indicadores económicos y sociales de América Latina y el Caribe muestran un escenario muy complejo, ligado a factores tanto internos como externos. Para frenar la propagación del coronavirus, evitar el desborde de los sistemas de salud y reducir las pérdidas humanas, los gobiernos han adoptado medidas de cuarentena y distanciamiento físico. En muchos casos se ha recurrido al confinamiento de la población en sus hogares como forma de minimizar los contactos, especialmente aquellos que pudieran producirse a escasa distancia o en ambientes cerrados, lo que se ha demostrado que incrementa las probabilidades de contraer el virus (CEPAL, 2020b). Por lo tanto, sectores enteros de la economía han visto su actividad mermada o temporalmente reducida a cero, según la rigidez de las medidas adoptadas. Por otra parte, se produjo una fuerte caída de la demanda de los productos de exportación de la región, originada en la adopción de medidas similares en el resto del mundo. A consecuencia de ello, la CEPAL (2020a) ha estimado que el PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe caerá un 7,7%, y la tasa de desocupación aumentará 2,6 puntos porcentuales (CEPAL, 2020a). Esta fuerte recesión económica supondrá un empeoramiento de las condiciones de vida, así como sustanciales aumentos de la desocupación, la pobreza y las desigualdades. A continuación, se discuten tres temas que es necesario abordar para entender el desarrollo de la pandemia en la región: los factores de riesgo ligados a la urbanización y metropolización, y sus efectos en la salud y la educación. Posteriormente, se presentan los hallazgos principales de esta edición del Panorama Social de América Latina con respecto a la pobreza y la desigualdad, el mercado de trabajo, la protección social, el gasto social, la economía del cuidado y el malestar social. Finalmente, se concluye con los mensajes principales de política pública de este informe.

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Compartido con SURCOS por German Masís.

Contagio viral, contagio económico. Riesgos políticos en América Latina

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Pierre Salama

SURCOS comparte este documento publicado por la Asociación Latinoamericana de Sociología y CLACSO. El autor hace un análisis en cuatro capítulos: 1. ¿Adiós a la hiperglobalización? 2. ¿Por qué los países de América Latina sufren un estancamiento económico de largo plazo?  3. Del SARS-COV-2 a un virus social en América Latina. 4. Contagio viral, riesgos políticos en América Latina. Compartimos la introducción e invitamos a descargar el documento completo en el enlace que está al final.

La pandemia está en marcha en América Latina, tal vez haya terminado para cuando leas esto. Espero. En el momento de redactar el presente libro –entre marzo y junio de 2020–, parece que está lejos de haber terminado y que su punto álgido no se ha alcanzado todavía en Perú, México y Brasil, que ya están gravemente afectados. Uno podría preguntarse por qué no esperar antes de escribir este libro, y algunos de mis amigos me han hecho esta pregunta. Es un poco peligroso comenzar este análisis cuando la Historia aún no está escrita.

Siempre es más fácil decirlo una vez que lo sabes. Por lo que a mí respecta, soy de los que no creen que la Historia sigue un camino inevitable, siempre hay bifurcaciones económicas y/o políticas posibles y por ello prefiero situarme antes, a riesgo de equivocarme, que después. Parafraseando a Marx: “Los hombres hacen su historia libremente, pero en condiciones que no son libremente decididas por ellos”. En otras palabras, hay un margen entre el idealismo y el determinismo. La Historia que se hace es, al mismo tiempo, producto de este idealismo de los Hombres, de su voluntad y del determinismo de las leyes económicas. Ninguno de los dos puede ser ignorado excepto hundiéndose en el idealismo puro o el determinismo vulgar. Es este margen el que me interesa, es fascinante y sobre todo puede ser útil para quienes piensan que, sobre la base de un análisis profundo, podemos actuar sobre el curso de los acontecimientos o prepararnos para hacer frente a una repetición de la pandemia o a la aparición de un nuevo virus.

¿Por qué este tema, por qué la pandemia? Porque ningún economista o sociólogo había previsto que pudiera tener tal efecto en la economía y la sociedad. Ciertamente, virólogos, epidemiólogos y algunas figuras públicas habían señalado el riesgo, pero una vez más nadie, incluyéndome a mí, había pensado que una pandemia podría paralizar la economía mundial en tal medida.

La pandemia actuó como un indicador de la fragilidad de un sistema. Todas las fragilidades y las nuevas dependencias estaban punteados por la hiperglobalización. La globalización no produjo la pandemia, pero sí contribuyó a ella mediante el deterioro de la naturaleza y, como consecuencia, a la aparición de nuevos virus. Las pandemias existían antes de la globalización. Pero la globalización ha sido un vehículo muy importante para la propagación del virus y el contagio. Con la pandemia y su propagación global surgieron fragilidades y vulnerabilidades intrínsecas a la hiperglobalización.

Las consecuencias del contagio en términos de soberanía sobre ciertas producciones esenciales, como la producción de medicinas, pero también la industria automotriz, que se había vuelto imposible, no por una demanda insuficiente, sino por la imposibilidad de satisfacer la oferta… se hicieron evidentes. Lo que las movilizaciones no lograron contra la globalización desenfrenada y por una alter-mundialización, lo logró la pandemia. Es cierto que desde la crisis financiera de 2008-2009, la elección de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos y el temor a ver el ascenso de China se estaban poniendo en marcha los frenos al ascenso de la hiperglobalización.

La fragmentación de los territorios dentro de las naciones, entre los que pierden y los que ganan, con una desindustrialización más o menos pronunciada aquí y allá, la precariedad y las nuevas formas de organización del trabajo, el desempleo en algunos países y el temor a un futuro más o menos de pesadilla han legitimado las medidas proteccionistas, fomentado las deslocalizaciones todavía tímidas y permitido que la hiperglobalización se convierta de nuevo en una globalización del comercio, frenando así el ascenso del poder de China, especialmente en las nuevas tecnologías. Revelando la fragilidad del sistema, pero también las consecuencias socioeconómicas y los peligros para la democracia en los Estados Unidos y algunos países europeos, la pandemia también revela la extrema fragilidad de las economías latinoamericanas y la fortaleza de sus sistemas políticos.

El virus del SARS-CoV-2 actuó sobre un “cuerpo ya enfermo” en América Latina. ¿Ya estaba enfermo? La respuesta es, desafortunadamente, positiva. Desde finales del decenio de 1980, la famosa “década perdida” de América Latina, la tasa media de crecimiento del PIB per cápita ha sido más que modesta, por lo general inferior al 1%. Si bien muchas economías asiáticas han experimentado su “milagro” económico con la ayuda de un Estado en desarrollo en los últimos cuarenta años, en América Latina se estaba arraigando una tendencia de estancamiento económico, que contrastaba con los años de fuerte crecimiento que abarcan desde la [segunda] posguerra hasta el decenio de 1970. Se podría pensar que el bajo crecimiento sería una forma de decrecimiento beneficiosa para el medio ambiente, pero se estaría olvidando que con un crecimiento del 1% se necesitan unos 70 años para que el ingreso per cápita se duplique, y que, incluso con un crecimiento tan moderado, el daño a la naturaleza y a la humanidad, como resultado, ha sido considerable. Esto significa que, a tal ritmo, la movilidad social se hace casi imposible. Un individuo que nace pobre solo puede ser desarraigado de esta condición si se convierte en un excelente futbolista, en un muy buen cantante, en un político que no duda en coquetear con la corrupción, en un miembro de la mafia, pero también debe ser excelente para no caer bajo las balas de los oponentes o de la policía, ya que la esperanza de vida es generalmente corta. Por cierto, hay otras posibilidades para salir de la pobreza, principalmente un esfuerzo sustancial en materia de educación y salud, cuyos efectos positivos se sentirán a largo, corto y mediano plazo, la redistribución de la riqueza y/o lograr una tasa de crecimiento alta y sostenible. Esto último no ha sido posible pues las causas estructurales dificultan el crecimiento. La redistribución de los ingresos a favor de los pobres, y en detrimento no tanto de los ricos sino de una fracción de las clases medias, es posible. Esto fue realizado en los primeros diez años de la década del 2000, por unos pocos gobiernos progresistas. Sin embargo, esta política se encontró con obstáculos políticos, y después de la ola de izquierda siguió una ola de derecha en muchos países. Poco antes de la aparición del virus, surgieron importantes movimientos sociales que anunciaron el regreso del progresismo en varios países de América Latina.

¿Por qué este crecimiento es tan lento? Por varias razones ligadas a la historia, que hemos descrito como las ocho plagas de América Latina (Salama, 2020b) y de las que es tan difícil deshacerse: desigualdades de ingresos y riqueza que están entre las más importantes del mundo, una informalidad del trabajo absolutamente considerable, una restricción externa particularmente alta en algunos países que provoca un crecimiento irregular del tipo stop and go, una apertura a los movimientos de capital mucho más importante que la del comercio de bienes, una llamada desindustrialización temprana unida a una repartición de las exportaciones, un nivel de violencia considerable.

Cada una de estas heridas tiene su propia responsabilidad particular, que difiere de un país a otro. El resultado es que el virus actúa sobre un cuerpo enfermo, con poca capacidad de reacción enérgica y produciendo un impresionante número de muertes.

¿Un número impresionante de muertes? Sí, pero tenemos que ir más lejos. La llamada pandemia COVID-19 alcanza a toda la población de los conglomerados –los lugares donde la pandemia se propaga– donde emerge. Primero, aparecen los grupos. Algunas regiones se salvan, otras no o a duras penas, sin saber por qué, salvo que no se tomaron a tiempo medidas preventivas (medidas de barrera, uso de la máscara, pruebas, encuestas) para frenar su propagación, la mayoría de las veces por falta de medios y errores de apreciación. Dentro de estos grupos opera una diferenciación social. Todos se ven ciertamente afectados, pero los de las categorías sociales más pobres y modestas son los más afectados por varias razones. Los pobres están mucho más necesitados. Viven en barrios marginales, más o menos consolidados, donde la densidad demográfica es muy alta. La promiscuidad hace casi imposible practicar “gestos de barrera”. El acceso al agua es, a veces, dificultoso y el frecuente lavado de manos para eliminar el virus se hace difícil. Los pobres suelen tener poco o ningún acceso a los hospitales públicos, o lo tienen demasiado tarde, y ningún acceso a los hospitales privados que están mejor provistos de respiradores. Y cuando es posible, el gasto sanitario público y privado, en promedio mucho más bajo que en los países avanzados, genera una baja eficiencia en la detención del virus, especialmente en los hospitales públicos. Por último, en el caso de los pobres y los grupos de bajos ingresos, la elección suele ser entre permanecer confinados y sin ingresos, arriesgándose a contraer el virus, o seguir trabajando de manera informal, con pocos ingresos y una alta probabilidad de contraer el virus. La pandemia provoca una disminución de la producción, un aumento del desempleo, una mayor desigualdad de los ingresos y un aumento de la pobreza.

Las perspectivas de un rebote siguen siendo poco claras, especialmente porque la capacidad de un rebote fuerte es débil debido a un cuerpo que se ha enfermado, como veremos. Algunos gobiernos tratan de hacer lo imposible, para aliviar las consecuencias sociales de la pandemia, otros actúan más o menos coherentemente y otros, peor aún, subestiman incoherentemente la pandemia y militan cínicamente por la apertura de empresas y la reanudación del trabajo, incluso antes de que la pandemia hubiera alcanzado su punto máximo cuando aún se podían adoptar las precauciones mínimas (uso de una máscara, distanciamiento social). Una crisis así no es neutral.

No habrá recuperación cuando el virus haya desaparecido como si nada hubiera pasado, como si estos momentos dolorosos pudieran ser borrados. La memoria colectiva está teñida de estos sufrimientos, los empleos han caído, los ingresos han disminuido con el cierre de muchos negocios considerados no esenciales, las deudas públicas se han incrementado más allá de lo que se consideraba razonable ayer.

Luego, será difícil rehacer el mundo, tal como era ayer. Sin embargo, es posible y muchos empresarios lo están pidiendo. Pero, como dijo Marx en el 18 Brumario… criticando a Hegel, cuando la historia se repite es “la primera vez como una gran tragedia, la segunda como una sórdida farsa”.

La búsqueda de la soberanía perdida se producirá probablemente en algunos sectores llamados estratégicos, como la salud, y menos en otros, como la industria automotriz. No será ni autarquía ni libre comercio, sino más “proteccionismo-protección”. Puede ser una soberanía regional más que nacional sobre ciertos sectores. Las fronteras entre el mercado y el Estado se moverán. El lugar del cursor entre lo privado y lo público, entre los bienes y los bienes comunes, dependerá de la evolución de la política después de esta tragedia.

El virus ya está mutando en un virus político. La historia no está escrita, pero las tendencias funcionan bajo tierra y están surgiendo los lineamientos y los comienzos de los trastornos políticos. La aparición del populismo de extrema derecha, incluso el “illberalismo”, es amenazante. Para analizar estas posibilidades, se hace necesario un retorno analítico a los populismos del siglo XXI y un análisis profundo de las iglesias evangélicas en las que se apoyan una serie de representantes electos, en especial porque están creciendo rápidamente en América Latina. La comparación con los movimientos europeos de extrema derecha en cuanto a la composición social de sus electorados o adherentes, sus creencias, su relación con los demás, con las minorías, con la política, con la importancia de la intervención estatal y la corrupción, sus tradiciones culturales y religiosas reaccionarias o incluso fundamentalistas es rica en lecciones. Con todos los matices necesarios, no todas las iglesias evangélicas son iguales, sus miembros no son “soldaditos” obedientes a las instrucciones de las autoridades religiosas. El hecho es que los evangélicos, en rápido crecimiento, pueden constituir un “ejército de sombras” favorable al advenimiento del populismo de extrema derecha o de gobiernos “antiliberales” a menos que… A menos que se elabore una profunda renovación de las propuestas progresistas, teniendo en cuenta la historia tal como se ha desarrollado en los últimos 30 años. Este es, en cierto modo, el propósito de este libro, escrito en el calor del desarrollo de la Historia por alguien que ama particularmente a América Latina, mi segunda patria.

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Compartido con SURCOS por German Masís.

Informe alerta sobre asesinato de personas defensoras de derechos humanos

Escrito el . Publicado en Derechos.

  • En América Latina, entre 2015-2019 fueron asesinadas 933 personas defensoras. Un 70% del total mundial

  • Costa Rica registra el asesinato del defensor y líder indígena Sergio Rojas

El informe denominado “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos” fue presentado por la relatora especial Mary Lawlor al Consejo de Derechos Humanos N º 46, período de sesiones del 22 de febrero al 19 de marzo de 2021.

El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).

Situación en nuestro país, Costa Rica

En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

Una herramienta para combatir la situación

El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).

Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.

Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.

Informe disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/46/35

Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Kioscos Ambientales
UCR

Petición: El Acuerdo de Escazú cumple tres años: un llamado a ratificarlo YA

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).

Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente y valiosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.

Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina, mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como en Chile, Colombia y en Perú . El equipo de comunicadores de «La Pulla» en Colombia realizó un ingenioso video que desnuda con su dosis de humor las verdaderas falacias ideadas por las cámaras empresariales colombianas y sus fichas políticas.

A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.

Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.

No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.

Argentina y México recientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho.

Puede apoyar esta petición siguiendo este enlace

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

“Eso arde”: Observación comunicante sobre las actuales movilidades humanas centroamericanas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

En los últimos días las respuestas estatales regionales ante las movilidades humanas se han caracterizado por una agresiva militarización y blindaje de sus zonas fronterizas, como primer medida de un conjunto de acciones afincadas en el enfoque securitario utilizado para administrar las migraciones internacionales.

Durante el mes de enero de 2021 esa militarización fue observada tanto en fronteras centroamericanas, con lo actuado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir y disolver los colectivos provenientes fundamentalmente de Honduras, como en el sur de América Latina al “sellar” la frontera con Ecuador el gobierno peruano, como

medida para impedir el paso de grupos de venezolanos en contextos de movilidad.

Sobre este escenario que enfrenta al mismo tiempo militarización y sobrevivencia, la circulación de noticias se ha decantado por la homogeneización para referirse a los grupos que caminan y tratan de cruzar fronteras internacionales. No en pocos casos en los medios de comunicación empresariales se han vertido conceptos criminalizantes y discriminatorios, desconociendo las causas y la heterogeneidad social y cultural de las personas que conforman estos colectivos humanos contemporáneos en America Latina.

En el caso centroamericano, es preciso visibilizar otras propuestas informativas que con cercanía, implicación y sensibilidad regional desmontan el aparataje de la comunicación que solo fluye en un solo sentido. Es necesario atender un lenguaje regional que explique con sentido lo que ocurre.

En esta dirección el jueves 28 de enero se desarrolló el conversatorio “Caravanas y otras luchas migrantes en Mesoamérica”, organizado por el proyecto regional “(in)movilidad en las Américas” con la participación de diferentes actores vinculados a los colectivos centroamericanos que se movilizan, así como representantes de medios regionales que han construido una interesante agenda noticiosa propia sobre el tema.

Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso (Honduras), ha cubierto las últimas movilidades originadas en aquel país. Su intervención en el conversatorio fue propicia para repasar el rol del periodismo en contextos de vulnerabilidad y su Importancia para conocer con certeza las causas de los procesos regionales.

Coincidimos de entrada cuando hace una distinción que no solo es semántica sino ética y política: no son caravanas las que salen de Centroamérica: son éxodos humanos forzados por las condiciones presentes en sus países de origen. Su observación en campo y su implicación con el contexto lo legitima para trazar esta consideración sobre los grupos centroamericanos que se movilizan.

Lo segundo que señala es considerar estas movilidades como expresiones de rebeldía. Se distancia así de aquellos intentos por descalificar las razones de la salida en colectivo aduciendo variables políticas y utilitarias por parte de terceros actores. También concordamos con su apreciación.

Sobre este aspecto, es importante entender que las salidas en colectivo desde la región obedecen a estrategias pensadas desde abajo para responder las lógicas del poder, la exclusión y la discriminación. En conjunto, estas tres nociones nunca serán nombradas de esa manera en los medios de comunicación empresariales.

En tercer lugar habla de un desprecio absoluto por parte de las autoridades hacia las personas en movilidad. No solo la forma violenta como disuadieron su paso en el caso de la coyuntura en frontera guatemalteca sino la actitud inhumana con la que se deshicieron de las pertenencias que quedaron desperdigadas luego de los enfrentamientos: “por la noche los militares quemaron coches de bebé, mochilas, ropa”, comentó.

En su relato, lo subjetivo es necesario para contar la verdad. Ante la violencia observada con la que fueron tratados niños, niñas, personas jóvenes, hombres y mujeres y ser testigo en primera línea, su reacción es epidérmica: “eso arde”, dice al recordar esas imágenes. Luego señala contundentemente: “somos periodistas, pero también somos humanos”.

Dados estos acontecimientos, son imprescindibles seguir dos acciones desde la región: incorporar en el entendimiento general la movilidad colectiva como estrategia desde los sectores vulnerables y precarizados y priorizar otras formas de comunicar esos procesos, lejos del estigma y la criminalización.

Es necesario por ello visibilizar esas otras formas de narrar la estrategia de respuesta de quienes se movilizan. Iniciativas que acompañan, informan y dialogan con la verdad como la misma Radio Progreso y el medio digital Contracorriente (ambas de Honduras) y Plaza Pública ( Guatemala) son algunos ejemplos de esa otra perspectiva comunicativa que debe priorizarse.

En tiempos en que la simbólica sustituye el contenido en las propuestas mediáticas globales, es preciso facultar y validar esas otras formas comunicativas que se generan desde la propia región. Es decir: pasar de la “sanderización” del relato a la profundización de las narrativas. Invito a reproducir sus contenidos, superponerlos a las maquinarias hegemónicas y empresariales que niegan la diversidad, la resistencia, la política que se crea y se construye desde lo cotidiano, desde abajo.

Imagen tomada de Página Siete.

Foto de cabecera: www.avispa.org

“Sentipensar la pandemia desde la sistematización de la experiencia en Trabajo Social: reflexiones con Oscar Jara Holliday”

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte el artículo “Sentipensar la pandemia COVID-19 desde la sistematización de la experiencia en Trabajo Social: reflexiones del profesor Oscar Jara Holliday” de la doctora en Educación y Pedagogía Social, Elia Sepúlveda-Hernández de la Universidad Santo Tomás, Chile.

Sepúlveda-Hernández realiza una reflexión teórica sobre los desafíos disciplinares que impone el nuevo escenario social producto de la pandemia; dichas transmutaciones sociales contienen experiencias necesarias de registrar para construir el Trabajo Social del futuro. Asimismo, el artículo reflexionar a partir de una entrevista realizada al profesor Oscar Jara H., y se pone en valor la sistematización como recurso metodológico para sentipensar y racionalizar este momento histórico.

La autora presenta al entrevistado algunas preguntas que invitan a la reflexión:

“¿Cómo sistematizar desde las distancias y fronteras – distanciamiento social– que instala la pandemia? ¿Qué desafíos metodológicos enfrenta el proceso de sistematización cuando los espacios virtuales son hoy las esferas de la intervención social?”

“Las cuestiones de género han sido un asunto complejo en esta pandemia. Las mujeres son uno de los colectivos sociales más afectados (aumento de la pobreza, violencia, desempleo, multi roles…) Siendo el Trabajo Social una profesión compuesta principalmente por mujeres que se encuentran en la primera línea de esta pandemia, ¿qué oportunidades aporta la sistematización a la visibilización, protagonismo y construcción de un quehacer profesional en clave antipatriarcal?”

“Algunos vaticinan que esta pandemia cambiará para siempre las formas de educarnos, de relacionarnos, de organizar las sociedades modernas. ¿Qué sistematizar de acá en adelante a partir de la realidad de América Latina?”

Puede leer las respuestas, reflexiones y conclusiones en el artículo.

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Notas sobre la Venezuela Bolivariana y Revolucionaria a partir del año 2021

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

La Revolución Bolivariana, inicia el 2 de febrero de 1999, por lo que en este año se celebran 21 años de Revolución. La actual escalada de asedio continuo, en múltiples áreas de la vida de la Nación venezolana, lleva al menos dos décadas por parte del imperialismo norteamericano, cuyos objetivos son: imponer un Golpe de Estado que ponga fin al Chavismo, y cerrarle las puertas a la posibilidad de una nueva y/o continua opción revolucionaria y socialista en América Latina, que se suponía muerta y enterrada.

Este cerco inmisericorde, es inevitablemente parte de la lógica revolucionaria, ya que cuando se trata de la creación de una sociedad nueva, de un hombre nuevo y una mujer nueva, hay que estar preparado para luchar toda la vida. La revolución es una trinchera sin fin. La revolución es permanente o no es revolución. Y este es el camino optado por Venezuela.

En este sentido, en este año nuevo y los siguientes, Venezuela debe corregir, enrumbar, replantear, redefinir algunos elementos importantes para su subsistencia revolucionaria y caminar hacia el horizonte pensado por su líder Hugo Chávez Frías. Así, mostramos algunas líneas-notas en torno al porvenir de la Venezuela Revolucionaria, si es que deseamos proseguir por ese camino.

Venezuela revolucionaria

No hay revolución sin brega revolucionaria. Toda revolución supone irremediablemente cambios, a veces dolorosos, de opciones y actitudes renuentes a los cambios.

En este sentido, a Venezuela revolucionaria, se le impone la necesidad de enrumbar el modelo socialista existente, lo que replantea echar mano a lo que, de una manera general, se deriva de los ideales socialistas revolucionarios; ahora con una visión más amplia de lo que fue desde sus inicios, al nutrirse en la actualidad de elementos pertenecientes a otros pueblos, culturas y grupos sociales. Más todavía cuando estos mismos pueblos, culturas y grupos sociales mantienen una lucha de resistencia prolongada, en contra de la exclusión, la explotación, la desigualdad y la miseria a que han sido condenados desde siempre, por el sistema capitalista, no importa cuál sea el rostro con que éste pretenda presentarse.

Así mismo, Venezuela debe corregir, lo que históricamente han sido las revoluciones: ninguna ha iniciado su proceso por los oprimidos, las masas como sujeto protagónico, independientemente de su apertura hacia ellos. Para que ésos sujetos, produzcan el colapso del régimen existente y para la toma del poder.

En otras palabras, se debe romper totalmente con la autoridad del Estado capitalista, que en algunos casos se encuentra intacta, y se debe desmoronar.

Hay que buscar que el pueblo venezolano, se sienta verdaderamente protagonista de su emancipación, se ha avanzado en este sentido, pero hay que profundizar aún más.

Ideología revolucionaria

No hay revolución sin ideología revolucionaria. La ideología como sistema de valores, creencias y principios que nos permite legitimar el orden social revolucionario, se sustenta en los factores emocionales del ser humano, el modelo de la revolución bolivariana se edifica sobre el sustento de la espiritualidad emocional que conduce a la conciencia.

Los pilares ideológicos de la revolución bolivariana, se deben preservar, a saber:

  1. Su fuente de inspiración: como punto de partida y emblema del nacionalismo, patria, soberanía y emancipación continental lo constituye el ideario de Simón Bolívar, fuente primaria que se complementa con el pensamiento de Simón Rodríguez y se refuerza con los postulados liberadores de Ezequiel Zamora. La fuente de inspiración es, también, el pensamiento rector de las masas populares de Hugo Chávez. Resalta en él, su apego al rescate de los valores patrios, la difusión constante de la historia nacional, su posición irreductible antiimperialista y la continuación de la obra de Bolívar orientada a la unidad latinoamericana.
  2. Los principios políticos: la concepción del poder popular y los cambios estructurales a nivel de las relaciones de poder, sociales y de producción. Como premisa, sobresale el postulado que señala que el gobierno revolucionario se transforma en instrumento del pueblo. Esto elimina el sistema cupular de la reforma representativa, sustituyéndolo por la democracia directa. Es decir, la participación del pueblo organizado en todos los procesos de la toma de decisiones para definir su propio destino.
  3. La base espiritual: se produce con base en el precepto derivado del cristianismo primitivo como lo es el bien común: la satisfacción de las expectativas más elevadas en lo moral, lo espiritual y lo material del ser humano, soportado en el amor al prójimo y la buena voluntad. Amor es el pregón de Cristo, primer revolucionario del mundo. El amor también era el motivo que hacía la fortaleza del Ché Guevara. La lucha revolucionaria sólo se justifica si se alcanza el amor fraterno entre los semejantes. La revolución para el Ché es amor. Y de amor entre los revolucionarios se fundamenta la palabra orientadora de Chávez.

También se debe beber de la ideología del Comandante Fidel Castro, cuando señala: “La lucha debe venir primero y la conciencia revolucionaria vendrá inevitablemente detrás con un ímpetu cada vez mayor”. El líder revolucionario consideraba un error alterar el orden de los términos, pues entendía la lucha de clases como “un vasto proceso de aprendizaje, una escuela irreemplazable”.

Señala además que, “sin propaganda no hay movimiento de masas, y sin movimiento de masas no hay revolución posible”. En este sentido, no se trata sólo de potenciar la agitación y la propaganda, hay otros elementos que cultivar, por ejemplo, la paciencia. “El gran secreto del éxito es saber esperar”, aprendió Fidel Castro de José Martí. El Comandante tenía claro que la lucha revolucionaria depende de la correlación de fuerzas, y que el objetivo es avanzar por etapas “sin quemarlas”. Sin generarse enemigos de modo inútil, ni enfrentarse contra todos a un tiempo. “Mucha mano izquierda y sonrisa con todo el mundo”, otra lección martiniana.

En síntesis, en la lucha revolucionaria, la ideología desempeña un rol importante.

Ejército revolucionario

No hay revolución sin ejército revolucionario. En el caso venezolano, no deben ser unas fuerzas armadas conservadoras, sino una milicia enteramente radical en lucha contra un imperio capitalista, esto lo han comprendido los altos mandos venezolanos, el problema está en los mandos medios y bajos, cuando se enfrentan en la lucha diaria a la inclemente posibilidad de ceder a la corrupción. Aquí hay que reforzar la formación sociopolítica y blindar una ética revolucionaria poderosa, como diría el Presidente obrero Nicolás Maduro.

Lo que sí hay que mantener es la premisa fundamental del líder Hugo Chávez: el pueblo hecho ejército. Hoy “el pueblo venezolano cuenta de nuevo con su ejército revolucionario, con su Ejército Libertador, el mismo de Bolívar, el mismo de Carabobo, impulsando junto al pueblo la revolución de Bolívar, porque la revolución nuestra es la de Bolívar, por Bolívar y para Bolívar”.

Recordando a Andrés Eloy Blanco, dice Chávez que “la democracia es como una nube: el agua es el pueblo, pero tiene por dentro un rayo, y ese rayo es el ejército, que cuando no ha de herir alumbra, y cuando alumbra con luz propia se une al agua”.

“Pueblo y ejército son como agua y luz, la fórmula del arco iris, camino rumbo al socialismo, la fórmula de la revolución”.

Como lo señala también el líder Diosdado Cabello, hay que ir conformando otros ejércitos, a la par del oficial como: los jóvenes que apoyan la revolución bolivariana, y que la mayoría se está preparando para su defensa ante cualquier ataque de la derecha capitalista. “Lo que ustedes están haciendo sobre tener su propia vocería es, quizás, el mayor avance de la revolución”, ese ejército de jóvenes dispuestos a defender la patria, de manera espontánea, esa Venezuela joven que no se arrodilla, que se niega a ser una patria indigna arrastrada a los gringos.

En síntesis, es la preparación de todo el pueblo para la guerra. Esta corresponde a una tradición y recoge una amplia experiencia histórica. Refleja la práctica militar revolucionaria y popular de muchos años. Es un paradigma que se nutre de la sabiduría militar popular acumulada en las guerras y los conflictos bélicos en que las masas explotadas debieron recurrir a la violencia y a las armas para contrarrestar estructuras de dominación política arbitrarias y sistemas económicos de extorsión que dan sustento a privilegios de minorías sociales y ocasionan la miseria de multitudes humanas.

A saber, procesos como: 1) La lucha guerrillera española contra la invasión napoleónica; 2) Las campañas militares lideradas por Simón Bolívar para romper la dominación colonial española y europea; 3) La revolución francesa; 4) la guerra de independencia americana, 5) las formulaciones y análisis de Karl Marx, F. Engels y V. Lenin; 7) las experiencias de la segunda guerra mundial; 8)La obra y la práctica de Mao Tse Tung, del partido Comunista Chino y de la revolución popular China; 9) Los aportes teóricos y estratégicos del general vietnamita Vo Nguyen Giap; 10) la experiencia de la revolución cubana, de su comandante Fidel Castro y de las Fuerzas Armadas de Cuba; 11) La lucha del movimiento guerrillero colombiano representado en las FARC, el ELN y los otros movimientos armados; 12) Los procesos de lucha armada revolucionaria en Nicaragua, El Salvador, Malasia y Filipinas, entre muchos otros.

Ética revolucionaria

No hay sociedad nueva sin Hombre y Mujer Nuevo. Las experiencias socialistas que se dieron a lo largo del siglo XX, intentaron poner en marcha un nuevo ideario, una nueva ética superadora de viejos vicios. Sucede, sin embargo, que más allá de extraordinarios logros en el campo socio-económico que obtuvieron estos proyectos (se terminó con la miseria crónica, con el hambre, con la marginación, se redujo considerablemente o se abolieron distintas formas de explotación, se redujeron tasas de morbi-mortalidad, la noche oscura de la postración y la ignorancia secular se iluminó), más allá de todo ello, la construcción del “Hombre y la Mujer nuevos” siguió siendo una agenda pendiente. ¿Por qué?

Porque la ética (es decir: la tabla de valores que rige la vida, la normativa social, la moral dominante en un momento histórico determinado) no se puede fijar por decreto, no cambia por un acto de voluntad. Es decir: no se puede ser “buena” o “mala” gente por decisión simplemente porque…. no hay “buena” o “mala” gente.

La realidad en las revoluciones es que, cuando efectivamente mejoran las condiciones objetivas de las grandes mayorías (también se construyen grupos privilegiados, burocracias con prebendas, a veces insultantes para el pueblo), llegándose a excesos increíbles como lo sucedido en algunos movimientos guerrilleros latinoamericanos donde problemas entre “comandantes” se dirimían a balazos: ¿quién es el más revolucionario?, mandándose a matar al “menos” revolucionario.

En Venezuela es una tarea inconclusa, que hay que abordar con toda la seriedad necesaria en este caso.

Cultura revolucionaria

No hay revolución sin cultura revolucionaria. Entre algunos de los problemas que debilitan la cultura revolucionaria están, según el líder Fidel Castro: las penurias materiales o las dificultades económicas, que sin dudas son extremadamente influyentes. Es cierto que ese debilitamiento puede ocurrir por un grupo de factores combinados, que van desde la influencia de la cultura globalizada y capitalista a través de sus infinitos canales de diseminación, la pérdida de los referentes, valores y paradigmas revolucionarios, erosionados por los errores y carencias propias, por la fiera batalla de ideas con el enemigo, y también, precisamente, como reflejo en la superestructura de problemas en la base económica no debidamente resueltos, o no suficientemente atendidos a tiempo, y que van ahondando paulatinamente la brecha entre la realidad y el discurso.

Cuando Fidel insiste, hasta la saciedad, en que hay que hacer que cada ciudadano del país adquiera una cultura general integral, está apostando por el desarrollo de las ideas y la conciencia como antídotos contra las asechanzas del enemigo y lo pernicioso de nuestros propios errores y nuestra propia soberbia. Un pueblo culto, ya se sabe, tienen conciencia de su libertad y es inconquistable. Un destacado papel en este campo juega, y han de jugar, los artistas e intelectuales revolucionarios, en cierta medida, la vanguardia de estos procesos culturales. Y podrán cumplir mejor sus misiones, en la medida en que ellos mismos, desde su arte, demuestren que poseen una elevada cultura general integral, de la que son piedras angulares la cultura histórica, la cultura política y el más profundo humanismo. “Las probabilidades de que surjan artistas excepcionales (profetizaba el Che, en 1965, en su luminoso ensayo “El socialismo y el hombre en Cuba” (serán tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de expresión”.

Sin duda alguna, la cultura revolucionaria venezolana, buscando al hombre y la mujer nuevas, debe constituir un elemento esencial para que perdure en el tiempo el modelo socialista. Debe buscarse una cultura general histórica, política al alcance de todos, propiciando el internacionalismo, el patriotismo, la defensa de nuestros principios, la solidaridad, la capacidad de sacrificio, la cohesión social, el optimismo colectivo, los momentos más brillantes y creativos de la propia política revolucionaria y socialista. De esta cultura depende, en grado sumo, la continuación de la Revolución.

Praxis revolucionaria

La praxis revolucionaria en Venezuela, está asociada directamente al fortalecimiento de la participación popular aunque, esencialmente, en su forma tradicional, o para decirlo de otra forma, a través de los limitados canales de la democracia representativa, y también, a través de un conjunto de organizaciones sociales y políticas propias que van encontrando nuevos espacios y van rompiendo viejos mitos y hábitos de los “viejos” tiempos de clandestinidad y de hostigamientos de los aparatos de represión y vigilancia de la anterior oligarquía dominante.

En este sentido, se ha avanzado mucho y se debe seguir avanzando para consolidar el Poder Popular, y a su vez, en otros ámbitos como el militar, político, tecnológico y económico, para producir otra variación cualitativa en el nivel de la formación ideológica.

Internacionalismo revolucionario

La solidaridad internacional es inseparable del quehacer revolucionario y de su vocación internacionalista. Durante decenios la izquierda latinoamericana ha mostrado una gran sensibilidad solidaria con proyectos revolucionarios y progresistas sometidos a la injerencia agresiva de Estados Unidos. Hoy la izquierda no puede vivir de espaldas a los movimientos reivindicativos populares, no importa cuáles formas adopten.

En este aspecto, la revolución bolivariana, debería avanzar mucho más de lo que ha hecho. Por supuesto, esta práctica solidaria, depende mucho en lo que avancemos en el campo de la ética, la cultura y la conciencia revolucionaria.

No obstante, debemos recordar que los sujetos de la práctica internacionalista son: las grandes masas excluidas, los sectores medio arruinados, los defensores de la vida y la naturaleza, las mujeres patriarcalmente y socialmente oprimidas, las etnias y nacionalidades oprimidas, discriminadas y marginadas, las comunidades abandonadas, las poblaciones bombardeadas o desplazadas, todos los sujetos dominados y oprimidos, todos los actores de las luchas contra la globalización neoliberal, y contra las diversas modalidades de expresión.

Más específicamente, las fuerzas del trabajo explotado, a sus dos géneros (masculino y femenino) sometidos con intensidad diferenciada por el capitalismo neoliberalizado, las fuerzas del trabajo expulsadas de la esclavitud asalariada, excluidas del sistema económico, lanzadas al desempleo, a la incertidumbre y al desamparo, la juventud que llega a la edad laboral y no encuentra fuente de trabajo remunerado, las mujeres ligadas al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres súper-oprimidas por un capitalismo neoliberal y patriarcal, la diversidad social que integra el mundo de la llamada economía informal, los campesinos sin tierra y sin medios de producción, los pequeños y medianos propietarios o empresarios urbanos y rurales en proceso de ruina, los empresarios que producen para el mercado interno y han sido golpeados por la apertura y el impacto de las mal llamadas “áreas de libre comercio”, las etnias oprimidas y discriminadas y los pueblos originarios excluidos y maltratados, las naciones en proceso de recolonización, especialmente sus fuerzas sociales y políticas excluidas de las decisiones del poder dominante, la niñez abandonada y maltratada, los / as adultos mayores despreciados / as y abandonados / as, el llamado Tercer y Cuarto Mundo, excluidas sus elites privilegiadas, los y las protagonistas de las diversas corrientes culturales, artísticas, creativas afectados / as por la uniformidad cultural que se nos quiere imponer y por el totalitarismo ideológico en desarrollo, la gran parte de la humanidad afectada por la desertificación, la contaminación, el calentamiento de la Tierra, la depredación de su flora y de su fauna, y todo el deterioro ecológico en marcha, las diversas fuerzas sociales y políticas que reclaman participación poder de decisión, y cese del autoritarismo y de la exclusión política, entre otros.

Ya que, una estrategia imperial obliga a una estrategia revolucionaria continental y mundial, sin desmedro de la diversidad y las particularidades nacionales. Por lo que hay que coordinar, sincronizar, más las luchas. Hay que articular y darle más simultaneidad a los procesos liberadores en todo el continente y en todo el mundo. Hay que construir nuevos espacios para un internacionalismo revolucionario innovador, para una orientación común de la diversidad revolucionaria.

El internacionalismo de las cúpulas capitalistas del mundo, exige de un nuevo y revitalizado internacionalismo de todos / as los / as oprimidos / as y afectados / as. Si más global es el dominio del gran capital, más global deberá ser la respuesta necesaria para liberarnos de él.

Venezuela, escenario de una nueva ola transformadora, con sus procesos sumamente originales y esperanzados, pasan a ser blancos fundamentales del poder imperialista estadounidense asociado, por lo que necesita atender a las arriba notas modestas que hemos planteado, que son los enunciados principales del artículo de Luis Britto García “Son y sentido cubano”.

Finalmente, como señala Narciso Isa Conde, Venezolanos: no debemos tener miedo a ser felices, ni escatimar esfuerzos y sacrificios para conquistar el pan y la alegría, y merecernos el cielo prometido aquí en esta tierra, donde las oligarquías capitalistas se proponen seguir construyendo un paraíso para ellas, y un infierno para la inmensa mayoría de sus habitantes.

¡Basta ya! de la farsa de Juan Guaidó en Venezuela

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Lic. José A. Amesty R.

Recordemos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó, en una plaza pública, Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, desconociendo al Presidente electo constitucionalmente Nicolás Maduro Moros.

Posteriormente, e inicialmente fue reconocido por alrededor de 50 países, entre los cuales se encuentran: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Paraguay; el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y el Grupo de Lima.

Mencionando, además, que gracias a Donald Trump, a su apoyo, al “arriarlo”, pone de moda el término “autoproclamado”. La verdad ineludible, es que Guaidó fue y está avalado, financiado, apoyado por Donald Trump y los Estados Unidos de Norteamérica, como Imperio actual.

No obstante, y sin duda alguna, en el contexto de la Revolución Bolivariana, Juan Guaidó, es el usurpador no reconocido por la mayoría del pueblo venezolano. No fue ni siquiera candidato en mayo del 2018, cuando se celebraron las elecciones legítimas y legales en Venezuela, para escoger al Presidente, nadie lo eligió; fue un tipo que escogieron para interpretar el rol de líder “popular”.

Guaidó era prácticamente un desconocido en la escena política de Venezuela, cuando en una plaza pública y sin cumplir ninguno de los preceptos constitucionales, se auto juramentó como presidente encargado.

En términos más políticos, está al servicio de una operación intervencionista de recolonización desde el extranjero. Viola la Constitución venezolana, negociando la entrega de las riquezas a las transnacionales, a los privados; eliminando el control del Estado sobre el petróleo y el gas, aparte de subordinar las negociaciones a los Tribunales Internacionales, entre otras medidas.

En general, Guaidó no fue, en ningún momento, ni es presidente de Venezuela, está actuando al margen de las leyes constitucionales venezolanas, por lo tanto, puede ser enjuiciado por tal actitud.

Igualmente, para recordar que, entre las atribuciones, más importantes, del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela están: Cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela. Nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo, así como nombrar y destituir a los ministros. Dirigir las relaciones exteriores de la República, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales. Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. Declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución. Administrar la Hacienda Pública Nacional. Nombrar y destituir aquellos funcionarios cuya designación le atribuye la legislación. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Autorizar y ejecutar las extradiciones, liberación de presos, entre otras.

Nos preguntamos, Juan Guaidó, en su supuesto mandato, ¿ha ejercido o ejecutado alguna de estas atribuciones? Por supuesto que no.

Groseramente, si ha influenciado a varios de los países que lo apoyan, para desconocer, por ejemplo, a las autoridades diplomáticas en esos países, desconociendo y usurpando las tareas de las embajadas y consulados, así como los embajadores y cónsules.

Conocemos de los problemas, angustias, dificultades y tristezas, de muchos venezolanos/as, que estando fuera de su país, no pueden renovar o adquirir pasaporte nuevo, u otro documento, ante la inexistencia de autoridades legales, ya que el país por ejemplo (Costa Rica), no reconoce a las autoridades venezolanas, sino a las del usurpador Juan Guaidó.

En este sentido, es significativo, lo que señala el funcionario y miembro del partido de gobierno en Costa Rica, Partido Acción Ciudadana PAC, Federico Picado, “Creo que el Presidente Alvarado y el Canciller Solano, deben prepararse para repensar y replantear las relaciones con las autoridades legítimas de Venezuela. Con la derrota de Trump, desaparece Guaidó, y en consecuencia llega a su fin una política que fracasó, que no condujo a nada, que nuestro gobierno apadrinó, y que el único que pagó las consecuencias fue el venezolano de todos niveles y colores, pues las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Trump y Pompeo, y sus consecuencias internas humanas y materiales, no hicieron distinción alguna entre chavistas, opositores e independientes. El Presidente y el Canciller, no pueden seguir ignorando una realidad objetiva por razones ideológicas, a la espera de la mano piadosa del norte. Han desconocido la dinámica propia de un país, que ha soportado todas las agresiones posibles exceptuando la agresión e intervención militar directa del imperio. Creo que llegó la hora de tender la mano sin imponer condiciones y que gane espacios la política y la sensatez con relación al abordaje de la situación de Venezuela”.

Y es cierto, ante las elecciones parlamentarias en Venezuela, el 6 de diciembre, Guaidó ya no es ni diputado, ni mucho menos Presidente. Aún, pese al saboteo y la abstención, la Asamblea Nacional venezolana, está ahora en manos de una mayoría chavista, y los países que apoyaron la aventura de Guaidó, deben recapacitar, considerar y reconocer ahora, a los actuales diputados y diputadas, incluido a Nicolás Maduro Moros, como genuino y legítimo presidente electo constitucionalmente.

Es más bien, un inepto con acusaciones recientes de ser corrupto y ladrón de fondos, para su aventura política de “autoproclamado”. Se ha revelado, por la prensa, incluida la prensa opositora al gobierno bolivariano, ‎el súbito enriquecimiento de los familiares de Juan Guaidó, comprobado desde que el “presidente ‎interino” y sus colaboradores tienen acceso a los activos del Estado venezolano “confiscados” ‎por Estados Unidos. La prensa opositora también ha divulgado historias de supuesta complicidad, ‎entre altos funcionarios del gobierno y algunos diputados opositores.

Es abiertamente conocido, como una ficha a utilizar por USA, aunque ya va a ser desechado, según algunos partidarios de la oposición venezolana. Bufón del Imperio e incompetente.

Pasadas las elecciones parlamentarias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho, que su cargo ha quedado ratificado y «recontraratificado», por el amor, el voto y la pasión del pueblo bolivariano, luego del rotundo triunfo del chavismo en las elecciones legislativas, en las que no participó la oposición que representa el líder opositor Juan Guaidó.

Juan, por su parte, reiteró sus denuncias de fraude en las elecciones, alegando que no participó, porque los comicios no cuentan con las garantías suficientes para que sea un proceso transparente.

Como dice un dicho popular, son “pataleos de ahogado”, se aferra a un sillón presidencial ficticio, argumentando que el Gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, pese a ser reconocido por más de 135 naciones, frente a 50 países que le brindaron a Guaidó su respaldo inicial.

Como ya intuimos, a partir del 5 de enero 2021, los gobiernos que lo apoyaron en enero de 2019, y no renovaron su confianza, al menos de manera pública, tendrán que dar un paso al frente y manifestarse al respecto, dichos apoyos o rechazos son vinculantes y de valor práctico.

Deseamos ya casi finalizando, destacar un elemento que alude al pernicioso y recurrente ataque sobre la acusación de la “dictadura de Maduro”. Cómo es posible, que luego de unas elecciones parlamentarias legales, constitucionales, con veedores internacionales, se permita que un impostor (Juan Guaidó), primero, llame “tirano”, “impostor”, “usurpador”, al Presidente que de verdad está ejerciendo (Nicolás Maduro); segundo, que éste último, permita, que el autoproclamado, pueda aparecer y circular en el país, ante la opinión pública; tercero, organizar una consulta popular, con unos supuestos 7.000 centros de recepción de votos, y finalmente, salir campante sin ser molestado por los agentes de seguridad del Estado o la policía política del “dictador” de turno.

¡Imagínense qué le habría ocurrido a quienes, durante algunas de las dictaduras acaecidas en América Latina, hubiesen instalado no 7.000 sino, 7 centros de recepción de votos para expresar su repudio al régimen! Habrían sido arrestados al instante, probablemente torturados hasta morir y desaparecidos sin dejar rastros.

Finalmente, el año 2020 ha sido para Juan Guaidó, el año de su máximo truco ilusionista y el de su caída que ya parece indetenible. La caída de la ilusión está sucediendo en estos momentos.

Parece inevitable que el invento Guaidó termine por apagarse. Su historia política, desde su reconocimiento en enero del 2019, por parte de Trump, es una sucesión de errores e incapacidades.

Su progresivo declive venía sucediendo sin demasiado impacto. Su incapacidad para proponer algo nuevo (o incluso repetir algo viejo) quedaba tapada por las casi semanales sanciones anunciadas por Estados Unidos, en el marco de un bloqueo férreo, persiguiendo barcos y navieras para que no comercie petróleo con Venezuela.

¿Hasta cuándo seguirá el respaldo a Guaidó? Lo que es seguro es que Guaidó no hizo lo que debía hacer, y deben existir otros planes en vista de sus fracasos. Como señalan los dichos populares: “a Guaidó, solo le queda una presidencia virtual en el país de Narnia”.

Corte Penal Internacional: de cara a la elección de jueces titulares

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin

En esta segunda quincena del mes de diciembre, se realiza la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya: véase comunicado oficial de la CPI al respecto.

En la actualidad, son en total 123 los Estados Partes al Estatuto de Roma, tal y como se puede apreciar del estado oficial de firmas y ratificaciones (véase enlace oficial): en América Latina, faltan únicamente al llamado Cuba y Nicaragua, que tan siquiera han firmado este valioso instrumento internacional adoptado en 1998, que busca sancionar penalmente a personas responsables de actos considerados como los más graves por la comunidad internacional (crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión).

En este año 2020, la CPI debió enfrentar la creciente hostilidad de Estados Unidos y de Israel, una situación raramente observada (Nota 1), la cual tiene como tela de fondo la investigación preliminar llevada por la Fiscal de la CPI sobre las exacciones israelíes en territorio palestino (Nota 2). En su último discurso como titular de la Fiscalía de la CPI ante la Asamblea de Estados Partes (véase texto completo), su autora señaló que:

«All here present have recognised the unacceptable nature of the measures taken by the United States (“US”) administration. I’m grateful to the ASP President and to all those who have spoken out on the matter, through joint statements, individual expressions of support, or otherwise supported the Court and me personally.

The measures do not only constitute an attack on the Court and the Rome Statute system but a direct political affront to States Parties and a dangerous precedent for a rules-based international system.

It is my sincere hope that the US reverses its aggressive policy of antagonism towards the Court. No one wins from such tactics. Until such time, it is crucial that States Parties remain vigilant and keep close tabs on the matter, especially as further escalation remains on the table«.

Con relación a América Latina, resulta oportuno indicar que la Fiscalía de la CPI tiene abiertas cuatro investigaciones preliminares: una en Bolivia, una en Colombia y dos en Venezuela (véase enlace oficial), mientras que la CPI registra actualmente veinte casos, todos contra dirigentes del continente africano (véase enlace oficial). Con relación a Costa Rica, es de notar que pese a lo oído en Costa Rica, no figura su nombre en la lista de los Estados citados por la CPI que le solicitaron colectivamente abrir una investigación en Venezuela a finales del año 2018 (véase enlace oficial).

Las elecciones del 2020 en breve

En una sesión siguiente a realizarse en Nueva York en este mismo mes de diciembre del 2020, se procederá a la escogencia de seis nuevos integrantes de la máxima instancia en materia de justicia penal internacional (véase comunicado oficial en español de la CPI que precisar perfil de candidatos propuestos y sistema de votación escogido), así como al nuevo titular de la Fiscalía de la CPI (véase enlace sobre proceso seguido).

Con relación a la elección de los futuros jueces, sobre la que versarán las siguientes líneas, los Estados Partes son llamados a postular a sus nacionales en dos listas (A y B) de candidatos, según su perfil profesional (véase arículo 36, párrafo 3) del Estatuto de Roma: la lista A se reserva para profesionales del derecho penal, que cuentan con «reconocida competencia en derecho y procedimiento penales y la necesaria experiencia en causas penales en calidad de magistrado, fiscal, abogado u otra función similar«; mientras que la lista B contempla a personas con «reconocida competencia en materias pertinentes de derecho internacional, tales como el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte«.

En la actualidad, de 18 jueces, la CPI cuenta con tres provenientes de América Latina y el Caribe (dos mujeres y un hombre). Como en muchas otras instancias internacionales, la igualdad de género sigue siendo un desafío en el seno de la justicia penal internacional, si consideramos que en su composición actual de 18 integrantes, la CPI cuenta con seis mujeres (véase listado oficial).

Cabe señalar que de un total de 18 postulantes para las seis vacantes, los Estados de América Latina y el Caribe han presentado en total a siete candidatos. La distribución geográfica no debería permitir más que un puesto para este bloque regional. La poca coordinación de la región que evidencian estos números implica para cada aparato diplomático la realización de diversas gestiones diplomáticas y solicitudes de apoyos, en aras de intentar alcanzar la victoria de su postulado o postulada: se trata de la candidata de Brasil (lista A), del candidato de Colombia (lista B) del candidato de Costa Rica (lista B), del candidato de Ecuador (lista B), de la candidata de México (B), de la candidata de Trinidad y Tobago (A) y de la candidata del Uruguay (B). En algunos casos, se trata de reconocidas figuras y profesionales en su campo, en otros no tanto; en unos adicionales, las atractivas condiciones que ofrece la CPI (véase enlace oficial) y el hecho de beneficiar de un mandato de nueve años pueden, en parte, explicar su interés por integrarla.

Nótese que no siempre este bloque regional ha actuado de esta manera: en el 2014, la coordinación regional permitió que el único candidato de América Latina y el Caribe fuera el candidato de Brasil. Este último inició con 34 votos a favor en la primera ronda y terminó retirándose de la contienda después de la ronda número 11 con 14 votos (véase nota oficial sobre elecciones del 2014 con resultados de las 22 rondas registradas).

Con relación al candidato propuesto por Costa Rica (véase hoja de vida), su innegable experiencia como diplomático es un elemento a tomar en consideración. No obstante, considerando la gran cantidad de profesionales y de especialistas en derecho penal y en derechos humanos con los que se cuenta en Costa Rica, así como jueces penalistas con amplia experiencia, no se tiene claro si su postulación resultó de una terna o de algun concurso involucrando el criterio de gremios profesionales, especialistas, escuelas de derecho y de la judicatura penal. En esta nota de prensa, se señala que las máximas autoridades diplomáticas de Costa Rica consideraron oportuno – febrero del 2020 – conocer a los demás contendores antes de hacer público el anuncio de la candidatura oficial (véase nota de CRHoy del 16/02/2020).

América Latina, mujeres y justicia internacional

Es de notar desde ya que a diferencia de Colombia, Costa Rica y Ecuador, los departamentos de candidaturas de Brasil, México y Uruguay optaron para esta contienda del 2020 por postular a una mujer: un detalle de interés que muy probablemente explique, si nuestra intuición es la correcta, la ventaja de la que estos aparatos diplomáticos sabrán sacar provecho a la hora de intentar convencer a las demás 122 delegaciones. En el 2017, para seis vacantes, los Estados Partes escogieron a cinco mujeres entre las 12 postulaciones (véase resultado oficial de votaciones).

En la primera elección de jueces de la CPI realizada en el 2003, el candidato de Bolivia, René Blattmann fue escogido por un mandato de seis años (véase hoja de vida), con 57 votos obtenidos (véase nota de prensa); al tiempo que la jurista costarricense Elizabeth Odio Benito reunió a 60 votos de 85 posibles en la primera ronda, con un mandato que culminó en el 2012 (véase nota de prensa de 5/02/2003). Nótese que la misma jurista costarricense fue electa jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el mes de junio del 2015 (Nota 3).

En el caso de otros integrantes de América Latina que llegaron a ser electos jueces en el seno de la CPI desde el 2003, se pueden contabilizar:

– la jueza propuesta por Argentina, Silvia Fernádez de Gurmendi, quién fungió como jueza de la CPI en el período (2010-2018), habiendo ocupado con anterioridad funciones dentro de la CPI (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por República Dominicana Olga Venecia del C. Herrera Carbuccia (2012-2021) (véase hoja de vida);

– la jueza propuesta por Perú Luz del Carmen Ibáñez Carranza (2018-2027) (véase hoja de vida).

A modo de conclusión

Es de notar que la nacionalidad de un juez en la CPI obliga al Estado del que es oriundo a cierta reserva, en aras de permitir cierta rotación a nivel de la región o subregión. Ello puede explicar por ejemplo que Argentina no postulara ninguna candidatura para estas elecciones del 2020 y que Brasil y Uruguay sí lo hicieran. También puede explicar que el candidato postulado por Costa Rica en diciembre del 2011 no tuviera mayores posibilidades, teniendo la CPI hasta el 2012 a una jueza de nacionalidad costarricense (véase rondas 9 a 11 y los votos registrados en diciembre del 2011).

Cabe también precisar que algunos candidatos propuestos poseen un perfil de personas poco familiarizadas con la justicia penal internacional: por ejemplo, podemos citar el extraño caso del candidato de Colombia y su negativa evaluación por parte de un comité internacional adscrito a la CPI (véase informe, página 19). Tratándose de un latitud del continente que posee a reconocidos especialistas en materia penal y en materia de derechos humanos, el espectáculo brindado por Colombia merece mención: pese a la recomendación negativa, el candidato colombiano sigue en la contienda y será interesante apreciar el número de votos obtenidos por la diplomacia colombiana.

En la práctica, se observa también que muchas de las personas que llegaron a la CPI ejercieron anteriormente como jueces penales en su Estado de origen, o bien adquirieron experiencia internacional en materia penal en funciones dentro de la CPI antes de integrarla como jueces titulares.

Con relación a Costa Rica, formalmente se trata de la segunda postulación oficial que realiza de un candidato para la CPI, si consideramos que la primera se dió en diciembre del 2011 sin lograrse concretar. En efecto, en el 2003, fue Panamá (y no Costa Rica) el Estado que postuló a Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la CPI hasta el 2012.

–Notas–

Nota 1: Véase al respecto nuestra breve nota BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional (CPI): breves apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 24/09/2020, disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto nuestra breve nota de junio del 2020, BOEGLIN N., «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»), Derecho Internacional, edición del 13/06/2020, disponible aquí.

Nota 3: Véase al respecto nuestra breve nota, BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, DerechoaldDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

Imagen: Elizabeth Odio Benito, jurista costarricense electa integrante de la CPI (2003-2012), acompañada por Bruno Stagno Ugarte, Presidente de la Asamblea de Estados Partes a la Corte Penal Internacional (2005-2008) y ex Canciller de Costa Rica (2006-2010). Foto extraída de nota de prensa, Prensa Libre, edición del 14/08/2009

Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).