Los resultados de investigaciones sobre violencia de género, concretamente hostigamiento sexual, realizadas en universidades de América Latina y Europa, se presentarán durante un encuentro internacional e interuniversitario, que tendrá lugar en el Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA), en Heredia, los días lunes 17 y martes 18 de junio de 2019 de 8 a.m. a 5 p.m.
Los países integrantes del grupo de Lima actuando, de manera ilegítima, en contra de la soberanía de Venezuela y de la legitimidad que se desprende del funcionamiento de su institucionalidad, en tanto nación soberana, que como bien sabemos se rige por la normativa de su ordenamiento jurídico interno, nos han conducido a un escenario que recuerda los peores tiempos de guerra fría(no sabemos si estos gobernantes tienen conciencia de la gravedad de estos hechos), cuando la OEA se limitaba a obedecer los mandatos de Washington, con los alegatos del tan cacareado y cínico anticomunismo de entonces, especialmente en relación con la invasión mercenaria a Guatemala, ocurrida en 1954 y el desembarco de cuatro mil infantes de marina estadounidenses en la República Dominicana, con el propósito de impedir el restablecimiento de la democracia en ese país, tarea que había sido emprendida por los militares constitucionalistas de 1965, quienes buscaban revertir el golpe de Estado de septiembre de 1963 con el que se había derrocado al profesor Juan Bosch, el único presidente democrático de verdad que tuvo la República Dominicana, a lo largo de todo el siglo XX. Ningún país está autorizado a desconocer los mandatos de la constitución política de otra nación latinoamericana.
La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela carece de un mandato específico para destituir al presidente de esa nación, lo que pretendieron hacer los diputados opositores, en enero de 2016, cuando después de haber obtenido la mayoría, en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, como un hecho esencial que se convirtió en el error estratégico de una oposición, cada vez más controlada por sectores de la ultraderecha que sólo responden a decisiones foráneas, y han demostrado carecer de propuestas políticas sólidas como para lanzarlas como alternativa, a las del gobierno de Nicolás Maduro. Se farrearon el capital político ganado entonces y perdieron la iniciativa frente al poder ejecutivo y el judicial que declaró en desacato a la Asamblea Nacional, a partir del momento en que los integrantes de la mayoría opositora se negaron a la realización de elecciones parlamentarias en el estado Amazonas, donde se habían registrado irregularidades, en los comicios de diciembre de 2015, han pasado casi cuatro años y estos nunca tuvieron lugar, entrabando todo el proceso legislativo al ir disminuyendo las posibilidades de un mayor pluralismo y ejercicio democrático efectivo en una sociedad, que por sus graves problemas, así lo requiere, de manera imperativa.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aprobada por amplia mayoría por los electores en unos comicios convocados, a mediados de 2017, acabó de deslegitimar a una Asamblea Nacional como la actual, cuyo período vence a finales de este año 2019 y terminó de empañar toda su gestión al desconocer el mandato de las elecciones presidenciales de mayo del año anterior, en las que la mayor parte de la oposición se negó a participar, resultando electo Nicolás Maduro Moros para un nuevo período presidencial que se inicia este 10 de enero y hasta el año 2025.
El reconocer estos, y otros hechos recientes ocurridos en Venezuela, ni siquiera implica una toma de posición sobre la política interna de ese país, sin embargo así será asumido pues ese gobierno fue condenado a su derrocamiento desde hace veinte años, por lo tanto quienes no asumamos el rol de repetidores de lo que diga la gran mayoría de la prensa y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya recibimos nuestra sentencia: se nos condena a ser chavistas ad perpetuam, no importa lo que aleguemos, debiendo aceptar todas las altisonantes admoniciones que se nos lancen, ya sea desde la llamada izquierda con todas sus sectas, o desde la poco democrática derecha, como también del limbo del llamado espectro político regional.
Pese a esto, debo insistir en que carece de toda legitimidad y legalidad la descalificación sistemática que algunos medios de comunicación, y comentaristas oficiosos de todo pelaje, han lanzado sobre esas elecciones venezolanas, las que han sido mucho más democráticas, en términos de garantías para todos los participantes, que las han tenido lugar recientemente en países como Paraguay, cuyo gobierno de dudosa legitimidad afinca sus raíces en un golpe de estado parlamentario, ocurrido en junio del año 2012, contra el presidente Fernando Lugo; Honduras, con un régimen que surgió del golpe de estado, militar y parlamentario, de junio de 2009, contra el entonces presidente Manuel Zelaya, donde el fraude electoral de noviembre de 2017 aseguró la continuidad del dictador Juan Orlando Hernández (JOH); Argentina donde la derecha se aseguró el poder ejecutivo mediante una truculenta campaña de prensa en un país donde casi todos los medios están bajo su control; Colombia, donde mediante la intimidación el uribismo impuso a su candidato Iván Duque, un país donde se han saboteado los acuerdos de paz y han continuado los asesinatos de dirigentes sociales y opositores; el Perú, donde casi todos los expresidentes del régimen se encuentran en la cárcel, o sometidos a juicio por graves actos de corrupción, un país que es la sede del grupo de Lima y cuyo presidente Martín Vizcarra se encuentra en una precaria posición. Podríamos seguir con la lista y no quedaría un solo gobernante en esta parte del mundo…el caso de Brasil es el más insidioso de ellos con los manipulados comicios de octubre, los que llevaron a Jair Bolsonaro a la presidencia de la república, un connotado enemigo de los bosques de la amazonía, cuya protección ya ha reducido y hasta de los derechos que la legislación laboral le otorga a los trabajadores brasileños, amén de otras desgracias ya anunciadas.
Los parlamentarios, ya sean diputados o senadores en cualquier nación latinoamericana o europea, carecen de un mandato y de una legitimidad suficiente como para desconocer la de los gobernantes de otro país. El caso de los 43 diputados de Costa Rica es patético por la ignorancia e incondicionalidad hacia los mandatos de la ultraderecha que sus integrantes han mostrado. Si en Venezuela las sectas ultraderechistas como Primero Justicia y Voluntad Popular han suplantado a los viejos partidos como Acción Democrática, de filiación socialdemócrata y COPEI, socialcristiano llevándolos a cometer las insensateces más grandes, en Costa Rica el Partido Liberación Nacional(PLN), que renegó de la socialdemocracia hace mucho tiempo, y el Partido Unidad Socialcristiana(PUSC), que tuvo esa ideología como su norte, ahora se han convertido en meras sectas ultraderechistas, las que marchan sin rumbo cierto de futuro alguno, dentro de un presunto gobierno de unidad nacional, encabezado por el fallido Partido Acción Ciudadana (PAC), que en algún momento trató de retomar la ruta de la socialdemocracia, y finalmente terminó en una dramática conversión religiosa hacia los mandatos del credo neoliberal/neoconservador, los que observa fielmente desde el inicio la gestión del presidente Carlos Alvarado, hace unos pocos meses. La democracia de América Latina se encuentra hoy más amenazada que nunca, en medio de una oleada neofascista que busca aprovechar esta coyuntura para barrer, hasta los cimientos, las conquistas sociales y políticas que las grandes mayorías latinoamericanas habían obtenido durante el siglo anterior. La hora cero para la democracia en la región ha llegado…
SURCOS le invita a leer este informe de Jorge Coronado, compartido con SURCOS por Óscar Rodríguez de la Internacional de Servicios Públicos.
“Cuando en abril del 2016 se hicieron públicos los primeros resultados de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre el bufete de abogados panameños Mossack Fonseca, quedó en evidencia algo que se mantuvo oculto durante casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore que se empezaron a utilizar desde 1960, en lo que se refiere a gestión, registro, conducción y operación de una entidad en un país extranjero a fin de obtener beneficios financieros, legales y fiscales”.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional de Costa Rica-EPPS-UNA, por medio de sus Programas de bachillerato y licenciatura en Planificación Económica y Social, así como el Programa de Maestría, busca contribuir con un desarrollo sustentado e integral en la sociedad.
De la mano con la docencia, la extensión y la investigación la EPPS-UNA lleva a cabo acciones innovadoras, que orientan a un desarrollo integral; con sostenibilidad socio-ambiental y con prácticas democráticas y participativas de los sujetos sociales.
El perfil y la agenda de desarrollo de la sociedad costarricense se ven marcados, tanto, por fenómenos endógenos como por efectos provenientes del tipo de desarrollo imperante en la sociedad global. Costa Rica, pese a los esfuerzos no ha disminuido la deuda económica ni las desigualdades sociales. Por ello, la educación superior pública trabaja junto a los diferentes actores sociales que aspiran a una sociedad de mayor democracia, de vigencia plena de derechos políticos, económicos, sociales y comunitarios, así como a una mayor descentralización en el ejercicio de los poderes y decisiones nacionales, regionales y locales.
Coincidente con esta visión destacamos la iniciativa, esfuerzo y trabajo que emprende desde la academia el Programa de Maestría en Planificación de la EPPS-UNA con sus dos énfasis vigentes: Planificación Estratégica y Formulación y Gestión de Proyectos Socioeconómicos; que son el producto de la experiencia académica obtenida a lo largo de 45 años de existencia de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA; las cuales están vinculadas a las demandas actuales de la sociedad moderna.
Para el Msc. Miguel Céspedes Araya, Director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, desde ambos énfasis se contribuye desde el desarrollo temático, al fortalecimiento organizacional, al desarrollo socioeconómico del sector público y privado del país, así como al progreso técnico, social, económico y ambiental: “Este Programa de Posgrado en Planificación, permite analizar y hacer conciencia de los desequilibrios regionales, acceso a fuentes de empleo, servicios públicos, distribución de la riqueza, inversión en educación para mejorar la capacidades del capital humano nacional, apoyo a los sectores productivos incrementando su capacidad tecnológica, generación de mayor valor agregado y encadenamientos productivos, desarrollo de la microempresa, combate a la pobreza contemplando los diferentes factores ambientales, el mejoramiento de las capacidades de planificación integral, la gestión y generación de proyectos socioeconómicos”.
El Msc. Ángel Ortega, coordinador del Programa de Maestría de la EPPS-UNA, indicó que los énfasis de Maestría privilegian la investigación como eje articulador de conocimiento, teoría y práctica de la planificación estratégica: “Para el caso del énfasis en Planificación Estratégica, las ofertas existentes en otras universidades no contemplan elementos socioeconómicos, en donde la planificación estratégica es parte consustancial del desarrollo organizacional del sector público y privado. De esta manera, otras instituciones se apoyan de las diferentes investigaciones y proyectos de extensión, así como en los procesos académicos que la EPPS ha desarrollado a través de los años”.
Para Ortega, la Maestría en Formulación y Gestión de Proyectos Socioeconómico se caracteriza por poner énfasis en el carácter social, económico y ambiental como elementos sustantivos para fomentar el desarrollo de proyectos socioeconómicos, que contribuyan al mejoramiento del bienestar social, para lo cual se hace uso de procesos de investigación que conduzcan al conocimiento organizacional de los diferentes sectores sociales ejecutores y gestores de proyectos productivos y sociales.
Es importante rescatar que la propuesta de las Maestrías en Planificación-EPPS-UNA, buscan la formación de un profesional interdisciplinario que posea conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos y prácticos en elaboración de proyectos, así como gerenciar procesos de ejecución y operación de proyectos en instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones comunales-regionales y emprendimientos, que promuevan la participación de los grupos y organizaciones en tormo a decisiones que incidan en el desarrollo económico y social.
Bajo este enfoque, este Posgrado pone a disposición de los profesionales el conjunto de herramientas, tácticas y estrategias que deben poner en marcha en sus proyectos e iniciativas para el alcance de los objetivos y expectativas de las organizaciones: “Las temáticas que forman parte del programa de estudio permiten generar en los estudiantes las capacidades para investigar, capacitar, organizar, coordinar, dirigir, promover, evaluar, asesorar y sobre todo diseñar estrategias, tanto en el ámbito estratégico como en el operativo de las organizaciones que operan en el país y en el ámbito internacional”, manifestó el coordinador del Posgrado.
Ambos énfasis de la maestría en Planificación se muestran como una gran oportunidad para profesionales que quieran complementar sus carreras de bachillerato y licenciatura de otras disciplinas, así como a profesionales que laboran en ámbitos donde se requieren capacidades para focalizar, investigar, diseñar estrategias de intervención y realizar análisis de los fenómenos de la realidad socio-económica y conservación del ambiente desde una perspectiva integral del desarrollo y la innovación.
La Universidad de Costa Rica, en el marco de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 años de la Regionalización, se invita este próximo 29 de agosto a la 1:30 p.m. a la lección inaugural de la carrera de Trabajo Social: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina, a realizarse en el Auditorio de la Sede de Occidente.
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Un comunicado conjunto, de otros llamados al cese de la violencia
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Foto extraída de nota de prensa titulada «Nicaragua convulsionada por represión de protestas al Gobierno».
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos activado ante la crisis en Nicaragua
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Nicaragua ante el sistema universal de derechos humanos
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Presión diplomática internacional y derecho internacional: dos ámbitos distintos con reglas propias
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
————–
Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Un indicador sobre la debilidad en el ejercicio del sistema democrático, puede ser la perseverancia de monarquías sin que la ciudadanía llegue a elegir a su primer ministro, como ocurre todavía, como es el caso de Asia donde hay 13 países con monarquías. En Europa queda una docena de ellas, después de haber disuelto 18, pero ahora mantienen un sistema electoral parlamentario que les ha dado buenos resultados. La de Rumanía fue la última en disolverse en 1947 en Europa. África tiene tres y Oceanía mantiene dos. El continente americano es quien no tiene monarquía alguna, aunque sí tuvo en Brasil (hasta 1888), Haití (hasta 1859) y México (hasta 1867).
Cada vez más se demuestra que el sistema democrático como doctrina política y sistema de vida en nuestras sociedades requiere de algunas adecuaciones para recuperarse del trauma causado por los golpes militares, técnicos, suaves e indirectos, en los cuales ha estado presente y activa la corrupción, el narco tráfico y los secuestradores de la democracia representativa. América Latina necesita urgentemente volver a los principios fundamentales de la democracia que respeta la libertad y los derechos humanos, así como favorecer la igualdad de oportunidades en la participación activa de la vida económica, social y política de cada nación que la integra. Debemos rescatar los principios de una democracia directa y participativa que exprese la voluntad de las mayorías, respetando las minorías y los derechos individuales. Esto no se importa ni del Norte de América, ni de Europa y menos de Asia o África. Esto exige nuestra propia reconstrucción.
Estamos observando como algunos ex presidentes se han dedicado a guiar y dirigir proyectos políticos de organismos multilaterales, encaminados, según ellos a recuperar la democracia de algunos Estados. Su nominación para integrar comisiones de esta índole, generalmente depende de la voluntad de los Secretarios Ejecutivos de los organismos mismos, con criterios políticos de quienes controlan al organismo multilateral, como ha venido siendo el caso de la OEA. El señor Luis Almagro ha llevado y traído ex presidentes a cumplir misiones trascendentes en la política nacional e internacional, de acuerdo a sus criterios personales. Esto lo ha llevado a integrar ex funcionarios con dudosa reputación, e incluso, juzgados como delincuentes, que luego guardan prisión (caso Álvaro Colom). Se integran en comisiones de observación electoral, en Comisiones de Investigaciones Políticas, etc, que luego, producen o, la re elección fraudulenta de un proceso electoral viciado (caso Honduras) o la implementación de estrategias intervencionistas, para la quiebra económica, política y social y, eventualmente militar de un Estado (caso Venezuela con Grupo Lima). Pero sabemos que el Sr. Almagro tiene superiores por encima de él, que no necesariamente es el Consejo Superior de la OEA, pero seguro es el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Mike Pence, esta activamente involucrado en esta estrategia imperial. Ya la ex presidenta Sra. Chinchilla de Costa Rica, miembro del ala conservadora del PLN, tiene listas sus valijas para irse a Brasilia, a dirigir la Comisión de Observadores Electorales, sospechamos que para asegurar un fraude contra Lula Da Silva, en el mes de octubre próximo. Para las próximas elecciones en México, el primero de julio, la OEA lleva a 80 observadores, también sospechamos de sus maniobras.
En muchos casos, los perfiles de los y las altas funcionarias de las élites políticas que utilizan los organismos multilaterales, son conservadores con currículum que no muestra los resultados exitosos de sus anteriores gestiones públicas. Así que el producto de su gestión no es otra que asegurar la continuidad de poder en manos de grupos políticos que llegan a la similitud de mafias instaladas para robar, como lo ha demostrado la CICIG y la MACCIH en Guatemala y Honduras, respectivamente.
Es sabido que cualquier re-elección se da en importantes condiciones desfavorables para cualquier opositor o contendiente a procesos electorales por muy transparentes que estos sean, lo que realmente no lo son. Después de cuatro o cinco años de sostener el poder presidencial de una nación, quien preside o dirige una nación, logra concentrar toda una serie de mecanismos, recursos e influencias que, ningún partido de oposición logra superar. Después, queda al libre criterio del re-electo si gobierna con una visión socialista (en sus distintas variantes), liberal (en sus distintas variantes), conservadora, hegemónica dictatorial y hasta militarista o neo fascista. Estas últimas son las atractivas del gobierno estadounidense, por estar afín a sus principios de trasfondo.
Es por esto que en América Latina hemos venido experimentando algunos procesos que distan de ser democráticos y, mucho menos directos y participativos con un seguimiento constante desde la ciudadanía.
El caso nicaragüense actual ilustra lo que sucede cuando una ciudadanía no ejerce sus facultades democráticas de vigilancia activa hacia sus elegidos. Por varias razones, la ciudadanía que logró re establecer el gobierno sandinista, permitió que su gobierno se fuera adecuando al sistema capitalista de mercado y sacara provecho individual del poder que el pueblo le prestó. Así, logró, con cantos de sirena, poesía y música folclórica, adormecer un amplio sector social, además de utilizar el monopolio de la fuerza, que le da la constitución, para amedrentar a sus oponentes. Su astucia fue la utilización del histórico y revolucionario partido FSLN y toda su simbología para mantener la hegemonía del poder. Si hubiese habido algo de testosterona, posiblemente no se hubiera re elegido a Daniel Ortega. Si hubiera consultado con Pepe Mujica, y siguiera sus conceptos, no se hubiera lanzado nuevamente.
Después de poco más de dos meses, Nicaragua, con casi dos centenas de muertes, centenas de heridos, instituciones de servicio público a medio funcionamiento y una economía al bordo de la quiebra, su instrumento de salvación es indiscutible mente la Mesa de Diálogo, coordinada por el Consejo Episcopal de la Iglesia Católica. En pasos hacia adelante y con cortos estancamientos, Nicaragua ha avanzado más que Honduras en resolver su crisis política, con una gran diferencia en formas de resolución de conflictos, años de batallas y victimas sociales y políticas. Desde luego, aún les falta definir sus proyectos políticos y económicos para el futuro, reformas institucionales y jurídicas, definición de posiciones ideológicas, etc. Esto será cuando inicien con un nuevo proceso electoral. Ahora, esperamos que los Ortega den ese trascendental paso y decidan una fecha para las próximas elecciones. Deben saber, que prolongar este conflicto es extender el dolor, llanto y luto de miles de familias inocentes. Si dan la fecha, todos y todas, incluyendo el FSLN, se preparan para la contienda electoral, a construir la Nicaragua que soñó Sandino, Carlos Fonseca, los comandantes sandinistas y mucha ciudadanía de ese valiente pueblo. Además, eso es una necesidad de toda Centroamérica.
Entre los compromisos de la ciudadanía latinoamericana esta en: ayudar a Nicaragua a salir de esta crisis; como es ayudar a Venezuela a no caer en las garras de las corporaciones mundiales y estadounidenses, con un control salvaje del Pentágono; contribuir con la lucha contra la amplia corrupción e impunidad, además del narco Estado, existentes en Honduras; como lograr que Lula Da Silva participe en las próximas elecciones de Brasil; además de, evitar los acostumbrados fraudes en México, para que López Obrador dirija los destinos de ese grandioso país; que se construya el tren transoceánico en Sur América, para sacar a Bolivia de su aislamiento comercial; presionar al nuevo gobierno colombiano para que cumpla los compromisos de la Paz y, desde luego, evitando una invasión militar donde participen los gobiernos lacayos de nuestro continente, contra Venezuela.
Seguramente, podríamos entusiasmarnos para que en el próximo mundial de fútbol en el Norte de América, en ocho años, contemos con paz, prosperidad, equidad y justicia social para todas nuestras poblaciones, ausentes de mafias controlando gobiernos e instituciones internacionales.
Este lunes 2 de julio a las 6 p.m. se llevará a cabo el conversatorio Medios Públicos en América Latina Re-evolución de la Comunicación con Omar Rincón en la Sala de Sesiones de la Escuela de Psicología, sexto piso de la Facultad de Ciencias Sociales.
La Escuela de Ciencias Políticas, el CIEP y el CIEM de la UCR invitan este jueves 22 de marzo a las 7 p.m. a la presentación del libro Política y matrimonio gay en América Latina, con el profesor Jordi Díez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Guelph, Canadá.
La actividad se llevará a cabo en el Instituto Cultural de México.
Moderador: Felipe Alpízar, director CIEP, UCR.
Comentaristas: Larissa Arroyo, directora ACCEDER y María José Cascante, sub-directora CIEP, UCR.
Enviado por Comunicación y Divulgación del CIEP, UCR.
El DEI, junto con otras organizaciones y la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la sociedad civil, le invita este próximo martes 27 de febrero a las 6 p.m. al conversatorio: «Religión y política: lecciones de América Latina y desafíos en la coyuntura costarricense«.
Ponentes: Gabriela Arguedas y Nicolás Panotto.
En la Defensoría de los Habitantes (San José, Av 7).
Enviado por DEI Departamento Ecuménico de Investigaciones.
