El pasado martes 20 de septiembre, el Presidente de la República de Colombia, Sr. Gustavo Petro, participó de la 77° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se celebró en la ciudad de New York.
Durante su intervención, el señor Petro comentó que Colombia es un país de una gran belleza y riqueza natural, pero su belleza se encuentra ensangrentada y con una violencia imperante a causa de la causa por la destrucción de la selva amazónica y la planta de la coca, posteriormente, criticó dicha causa, alegando que se está envenenando la tierra y el agua con venenos que son perjudiciales para el desarrollo de la vida, únicamente para eliminar la mata de la cosa, lo que consecuentemente asesina millones de latinoamericanos, e incluso esta lucha contra el narcotráfico, deja como saldo miles de personas asesinadas y afrodescendientes apresados en Estados Unidos.
El señor Petro acotó que, mientras la selva se ve perjudicada, las autoridades mundiales hacen la guerra y se interesan por aumentar sus arcas financieras, además, aseguró que a estos no los interesa salvaguardar la biodiversidad ni la educación, sino extirpar la selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas.
Por otra parte, instó a acabar la guerra contra las drogas, pues considera que ha fracasado y, en su lugar, se construya una nueva sociedad, más justa y equitativa, que sea capaz de atender el desastre climatológico producido por el capital y la mentalidad mercantilista del mundo.
Finalizó comentando la importancia de salvaguardar la selva amazónica y dejar de financiar los proyectos armamentísticos en pro de la vida en el planeta y la sociedad humana.
Compartido con SURCOS por Luis Bernardo Villalobos.
El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:
“Estimado señor
Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.
El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).
A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.
Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´
La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos.
El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años.
Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.
Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.
Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)
Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc.
¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas?
¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?
Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana”
Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente:
“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:
Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.
No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.
O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.
Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.
Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.
En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”
Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:
“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.
Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile.
Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:
En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.
¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”
Proyecto endeudaría a Costa Rica con ¢300.000 millones en un contexto de crisis económica para beneficiar supuestos evasores fiscales y empresas contaminantes
Embalse atenta contra ecosistema del Jabirú, la cigüeña más grande del continente americano y en peligro de extinción
(FECON 26-7-2022) El “Proyecto Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras” PAACUME por sus siglas, es de sobra conocido por beneficiar a unas pocas grandes empresas de monocultivo y mega turismo. En la misma Declaración de Impacto Ambiental (1) queda claro que el grueso del agua quedara en manos de CATSA, Pelón de la Bajura, Hacienda el Viejo, la Corporación Del Monte y Exporpack S.A. Algunas de estas empresas cuestionadas en casos de Panama Papers (2), desastres ambientales y con fuerte vinculo con el partido Liberación Nacional. ¿Es ecológicamente aceptable regalarle infraestructura tan cara a empresas con muy cuestionables prácticas ambientales? ¿Es justo ofrecer más agua a empresarios como estos que han demostrado moverse bajo esquemas de poca transparencia ? ¿Es justo que todo el país les regalemos una infraestructura tan cara a empresarios que esconden sus ganancias para no pagar impuestos? El movimiento ecologista ha señalado, en múltiples ocasiones, que este megaproyecto de infraestructura carece de sustento técnico suficiente; tiene errores catastrales importantes y pone en riesgo la biodiversidad de un Área RAMSAR. Por otro lado el PAACUME no cuenta con estudios de costo-beneficio y se prevé que no será rentable para el Estado y necesita la inversión de $458 millones; de los cuales $425 millones (unos 300.000 millones de colones) provendrían del empréstito aún por ratificar en segundo debate por la Asamblea Legislativa. El Paacume requiere inundar unas 113 hectáreas de un ecosistema en riesgo donde se protejen especies en peligro en extinción como lo es el Jabiru mycteria, conocida como Galán sin Ventura y denominada la mayor cigüeña de América y que se contabilizan tan solo 120 individuos. Por otro lado, el Registro Nacional en el oficio DIG-0388-2018 dirigido a la Asamblea Legislativa advirtió de los errores que existen en el proyecto que aprobó el plenario mediante la llamada vía rápida conocida también como 208 bis. El Registro Nacional demostró que las nuevas fronteras tienen errores catastrales importantes, pero los diputados lo pasaron por alto. Sumado a esto tanto SENARA, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería admitieron que no tenían el dinero para adquirir las fincas que supuestamente compensarían las 113 hectáreas y dependen de la modificación del Presupuesto Extraordinario pendiente de aprobación en la Asamblea Legislativa. La Federación Ecologista consultó en 2018 al Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre la fuente de financiamiento de los recursos necesarios para adquirir las tierras supondrían la compensarían la perdida de biodiversidad. El oficio DM-MAG-715-2018, el ahora exministro Renato Alvarado admitió que el Gobierno Central no tiene el dinero para adquirir las tierras al momento de firmar la ley de modificación de los limites de la Reserva Biológica. ¿Entonces no será posible la compensación de las más de cien hectáreas que le quitarán en al Área Protegida? Por otro lado, en el oficio SENARA-GG-0674 del 13 de setiembre de 2018, la directora del SENARA, Patricia Quirós confirmó sobre la ausencia de estudios técnicos y científicos suficientes, para justificar la decisión de desafectar 113 ha de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, lo cual significa, que no existió el respaldo científico suficiente, para tomar la medida, a pesar de eso fue aprobado en la legislatura pasada con 41 votos a favor. Tanto el SENARA como el AyA han señalado que el Paacume no considera dentro de sus objetivos el tratamiento y distribución de agua potable de consumo humano. La necesidad de abastecimiento poblacional no es viable en este proyecto según el mismo AyA. Es evidentemente que Paacume sólo tiene como objetivo beneficiar a grandes empresas cañeras, meloneras y arroceras; sumado a esto megaturismo.
La Dirección de Aguas del MINAE en forma conjunta con la Municipalidad de Sarapiquí y otros actores importantes, participaron el pasado 25 de junio del presente año en el taller para la elaboración conjunta del reglamento de ley 10152.
Este se realizó con el objetivo principal de proteger el recurso hídrico, la biodiversidad, así como garantizar el desarrollo del turismo sostenible. Esto mediante la consolidación del texto de reglamento de la ley conforme a las propuestas e intercambio de opiniones de los diferentes actores.
En el siguiente enlace puede encontrar antecedentes relevantes para el seguimiento del tema:
-Somos el basurero global de agrovenenos que en otras partes del mundo están prohibidos.
(Bloque Verde, 18-6-2022) Las universidades norteamericanas de Yale y Columbia han publicado el Índice de Desempeño Ambiental (EPI por su siglas en inglés) el cual analiza 180 países en materia de cambio climático, salud ambiental y vitalidad de los ecosistemas. Este índice reporta 40 indicadores de desempeño en más de 11 categorías. En este prestigioso reporte Costa Rica se sitúa en la posición 68, muy por debajo de lo que se esperaría de un país que hace tanto autobombo de la supuesta efectividad de sus políticas ambientales (Wolf, 2021).
El informe de la universidades norteamericanas se desglosa en 40 indicadores y es verdaderamente vergonzosa puntuación para Costa Rica sobre el riesgo en el uso de plaguicidas. El país se encuentra en el puesto 96 sobre el manejo del riesgo de los agrotóxicos y el 156 en eficiencia de uso de fertilizantes. Es decir, existen 95 países como mejor desempeño ambiental en materia agrícola, incluso vecinos de nuestra región como Colombia, ,a cual está en el puesto 56 en materia de riesgo por uso de plaguicidas.
Además Costa Rica está entre los 30 países en los cuales la biodiversidad está sujeta a alto riesgo de contaminación por mezclas de plaguicidas, además es la nación en posición 11 en dónde existe especies en peligro de extinción amenazadas por agroquímicos.
Las universidades de Yale y Columbia además señalan a Costa Rica como un lugar donde existe un alto riesgo de contaminación de agua por plaguicidas. Situación que ha sido más que patente en comunidades de San Carlos Siquirres y Cartago.
En Costa Rica se siguen usando 133 agrotóxicos considerados altamente peligrosos por sus implicaciones en la salud y en el medio ambiente, como por ejemplo, el paraquat y el metamidofós, un insecticida que está prohibido en 102 países (Semanario, 2021). El reciente informe del PNUD sobre uso de plaguicidas en el país revela que el 93% de los agrovenenos usados en Costa Rica son Pesticidas Altamente Peligrosos (PAP).
Lo anterior podría resumirse en que Costa Rica es el basurero de los agroquímicos que en otras partes del mundo están prohibidos y que acá todavía se comercializan. Un ejemplo de esto es el clorotalonil segundo fungicida de mayor uso en el Costa Rica y ha sido prohibido en 32 países, al ser considerado un plaguicida altamente peligroso debido a sus probabilidades de producir cáncer. Justamente está el plaguicida que ha contaminado las fuentes de agua de unas 3000 personas en Cipreses de Oreamuno de Cartago.
Referencias:
Wolf, M. J., Emerson, J. W., Esty, D. C., de Sherbinin, A., Wendling, Z. A., et al. (2022). 2022 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law & Policy. epi.yale.edu https://epi.yale.edu/epi-results/2022/country/cri
En Costa Rica se usan 133 plaguicidas considerados altamente peligrosos. Setiembre 2021. https://semanariouniversidad.com/pais/en-costa-rica-se-usan-133-plaguicidas-considerados-altamente-peligrosos
Cambiando un poco la frase de Julio César emperador romano, eso parece ser la consigna que se ha propuesto el Partido Político Nueva República, mediante su exdiputada Sra. Carmen Chan Mora y el diputado actual Sr. David Segura Gamboa. Ambos han realizado por enésima vez, acciones tendientes a fraccionar la Región de los distritos de Lepanto, Paquera, Cóbano el Golfo de Nicoya y sus Islas.
Insisten por sí mismos con la presentación de propuestas de cantón de los distritos de Paquera y Cóbano, adscribiéndolos a la provincia de Puntarenas. Y como si este entuerto fuera poco, el diputado Sr. Fabricio Alvarado Muñoz, pide ser parte de la Comisión Guanacaste, la cual debe velar por los intereses de esa provincia; ¡habrase visto tal desacierto!
Estos pequeños grupos partidistas, a contrapelo y en busca de relevancia, hacen divisiones en un mundo que tiende a la unión de bloques de negociación para el desarrollo. Para tal fin, utilizan el distractor de “cantonitis” para romper con los ideales de las mayorías de los habitantes de esta Región, obstaculizando nuestras vinculaciones y creando desconfianza entre la población de los distritos.
Mediante esta táctica, mantienen control y poder dividiendo y fragmentando, para evitar que nos unamos y formemos un solo cantón, como centro de autoridad social y política de mayor impacto para el desarrollo sustentable.
La experiencia conjunta como distritos nos da la razón, en forma conjunta los habitantes de esta Región hemos logrado impactos muy positivos, principalmente con la protección de la biodiversidad, que en forma separada no se hubiera logrado. Somos la cuna de la conservación costarricense que desde 1963 con la creación de la RNA Cabo Blanco, inició el concepto de parques nacionales y luego pasa al SINAC.
Gracias al esfuerzo de los habitantes unidos en una asociación ecológica por más de 30 años, tenemos una reserva de mil hectáreas que custodia el recurso hídrico y parte de la biodiversidad de la Región. Nuestro esfuerzo ha sido reconocido mundialmente en múltiples ocasiones; Ford Motors premio a la ingeniería ambiental, Defensoría de los Habitantes aportes a la calidad de vida, tenemos una estación bioclimática al servicio regional, con el apoyo de Italia etc.. Recientemente en el 2021 el manglar del Golfo de Nicoya fue declarado como una Reserva Hemisférica para aves playeras. En el 2022 destaca la Reserva Karen Mogensen de la Asoc. Ecol. Paquera, Lepanto, Cóbano (ASEPALECO), como sitio de restauración por Foundation, duch and duchess of Sussex.
En lo político-administrativo, la Región puede preciarse de tener un alto contenido de trabajo en temas de desarrollo sustentable y político no partidista, relacionado a un proceso que busca la fundamentación de un desarrollo sustentable con identidad. En esto destaca:
La Región tiene una distorsión histórica de larga data, que nos ha sumergido en el subdesarrollo, el cual da inicio cuando Alfredo González Flores como presidente de Costa Rica, emitió el decreto número 20 del 18 de octubre de 1915, entregando en administración a Puntarenas esta Región perteneciente a Guanacaste.
En Julio del 2012 la Municipalidad de Nicoya apoyada por la sociedad guanacasteca sin distingos, presenta un recurso legal Contencioso Administrativo contra dicho decreto, haciendo ver que la división territorial administrativa solo se puede realizar mediante ley y no por decreto, como se realizó. Solicita la anulación del decreto y el traslado de la Región a la provincia de Guanacaste, concretamente al cantón de Nicoya, donde pertenecía cuando fue desmembrada.
El litigio legal está en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por lo que todo lo concerniente a modificaciones territoriales de la Región, debe esperar a una resolución de este Tribunal. Como ya es de conocimiento general, el tema de división territorial administrativa en esta Región está judicializado, por tal razón, está fuera de la vía política o la vía partidista, como es el caso de las propuestas de cantón que se mencionan.
Que en la Región desde hace 15 años existe un movimiento social sin bandera partidista, reconocido socialmente como el Foro Agenda Verde, que busca la unión de los distritos y la presentación de un solo bloque para la formación de un cantón, que incluya el Golfo de Nicoya y las islas presentes en este. Este movimiento ha realizado múltiples esfuerzos y destacan: a) Diseño, definición y socialización de una herramienta de desarrollo sustentable, conocida como la Agenda Verde, que propone 6 ejes temáticos para alcanzar desarrollo sustentable, que incluye lo social, ambiental, político y económico. b) Diseño, definición y socialización en proceso, de una iniciativa de cantón que represente la visión de la mayoría de los habitantes de la Región Sur, Península de Nicoya.
Los tiempos han cambiado, los diputados y diputadas deben entender que no son los herederos del Olimpo. Deben respeto y moderación en sus funciones y decisiones para con los habitantes y no están envestidos para pasarle por encima a la población, mucho menos a los habitantes de la Región Sur; Península de Nicoya, que llevamos años trabajando para moldear nuestro desarrollo y el de las futuras generaciones.
Con lo supra mencionado, nos preguntamos: ¿cuáles son las intenciones de fondo que mueven estos personajes partidistas, para seguir lloviendo sobre mojado? ¿Por qué se empecinan en un afán de notoriedad partidista y clientelista, con acciones fuera de contexto? El poder político partidista es su objetivo fundamental; no el desarrollo.
El emperador romano nos dio la respuesta “Divide y Vencerás.
Henry Picado Cerdas Red de Coordinación en Biodiversidad
En 1999 por primera vez en Costa Rica se solicitó la aprobación del convenio internacional conocido como la Unión de Protección para las Obtenciones Vegetales (UPOV91). Un tratado que otorga propiedad intelectual sobre plantas y semillas, una forma de privatización y de restricción del derecho de los pueblos a poseer sus semillas. Para 2005, los y las legisladoras rechazaron y archivaron su expediente gracias a que diversas organizaciones ecologistas, campesina, indígenas y de la academia nos posicionamos en contra de ese convenio internacional nocivo.
Pero en 2006, con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se volvió a poner sobre la mesa de discusión. Ahora como parte de su agenda complementaria. El equipo de negociadores por parte de Costa Rica rompieron su promesa de no aceptar UPOV y así dejar comprometido al país a adherirse a este convenio, que ya se había rechazado y que además contradice nuestra Ley de Biodiversidad (N°7788), mundialmente premiada por estar a la vanguardia para la época. Es importante decir que de esta ley en el artículo 78, en su inciso 6, exceptuar de cualquier tipo de propiedad intelectual a “las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales o culturales en dominio público”. Prácticas entre las que se encuentran el cuido, resguardo y multiplicación de semillas criollas.
Pero los negociadores de Estados Unidos fueron categóricos en señalar que: “era absolutamente indispensable” la eliminación de esa parte de la ley 7788, por oponerse a los lineamientos UPOV. Además amenazaron a sus promotores nacionales que sin la modificación de nuestra legislación en este tema no habría TLC. De esta manera el entonces presidente Oscar Arias Sánchez rápidamente emitió un mandato que permitía la aplicación de propiedad intelectual sobre formas de conocimiento tradicional, el decreto ejecutivo 3459-Minaet-COMEX y así acatar las exigencias de Estados Unidos para cumplir con las disposiciones de UPOV.
El compañero Sergio Rojas Ortíz, en su calidad de presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre y en alianza con la Red de Coordinación en Biodiversidad, presentó en 2009 una acción de in-constitucionalidad en defensa del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad, contra este decreto ejecutivo de la administración Arias. La Sala Constitucional le dio la razón mediante la resolución Nº 2012-018147, declarando con lugar la acción de inconstitucionalidad y así obligando al aparato estatal a respetar lo dispuesto en materia de protección de los conocimientos tradicionales. De esta manera Sergio derrotó al TLC y resguardó el derecho de los pueblos indígenas y campesinos a sembrar y compartir las semillas.
El líder indígena asesinado el 18 de marzo de 2019 por defender las tierras indígenas, también luchó por las semillas criollas y nativas. Traer esto a la memoria nos compromete a continuar su legado y luchar de igual manera en defensa de las semillas y en contra del proyecto de ley 21.087 en trámite en la asamblea legislativa que busca, nuevamente, privatizar las semillas y arrebatárselas a los pueblos para dárselas a las transnacionales. ¡Sergio Rojas vive!
El proyecto número 22.524 denominado Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, contó con la aprobación de 40 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en la discusión del segundo debate y se convirtió en Ley de la República.
Así lo informó la Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí, quien fuera la promotora de la iniciativa y que de forma incansable desde hace 3 años, lucha por oficializar la defensa de esta importante cuenca, que desde el año 2000, con el primer plebiscito ambiental de Costa Rica, se propuso como Monumento Histórico Natural por su importancia estratégica para el cantón y el país.
Con la aprobación de esta Ley, se están sentando las bases para la protección, el desarrollo sostenible de sus actividades integrales y el uso adecuado de su biodiversidad.
Desde el año 2020, el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) ha venido elaborando la serie de videos titulados “Introducción a la agricultura orgánica”.
La producción de estos vídeos ha estado a cargo del investigador del CICDE Francis Muñoz Calvo, en colaboración con el especialista en agricultura orgánica Esteban Barquero Salazar y del realizador audiovisual Ramón Morales Garro. Los videos son dirigidos a sectores productivos interesados en herramientas y conocimientos, que permitan desarrollar la producción de agricultura orgánica.
En esta tercera temporada el objetivo es profundizar los contenidos en la producción de insumos que permitan llevar la vida y bio-diversidad del bosque a los suelos.
El CICDE, desde su conformación, ha colaborado y trabajado con diferentes sectores productivos agropecuarios en la construcción de alternativas que fortalezcan la capacidad de gestión y el trabajo de las organizaciones y familias con las cuales nos vinculamos. Actualmente apoyamos las iniciativas de familias campesinas en comunidades del cantón de Los Chiles, zona norte de Alajuela, y del distrito de Potrero Grande en el cantón de Buenos Aires. Estos materiales son insumos para acompañar dichos procesos, y la capacitación de estas familias.
Compartido con SURCOS por la Licda. Megan López La Touche, divulgadora académica, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
