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Etiqueta: bloqueos

Elecciones en Venezuela: El hegemón al acecho

Jaime Delgado Rojas (AUNA-Costa Rica)

Estas, del 28 de julio no han sido las únicas elecciones cuyos resultados se juzgan como fraudulentos. Desde 1998 cuando Hugo Chaves llegó al poder la derecha local, los medios de comunicación de masas internacionales y la potencia hegemónica, coreada por los más preclaros conservadores del continente, lo han señalado: hubo fraude. Excepto el referéndum del 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015, ambas perdidas por el chavismo.

Nicolás Maduro, fue el presidente sustituto de Hugo Chaves en el 2012; luego es electo en el 2018 y reelecto en el 2024 (según números del CNE). Cuenta con la virtud ser el heredero político del chavismo y el hombre de confianza de su mentor. No obstante, acumula a su haber una carga importante de señales que no le dan buena imagen: haber sido dirigente sindical, chofer de autobús y un cuadro político de bases. No es un intelectual con vida universitaria como lo fuera Rafael Correa, Tabaré Vázquez o Gabriel Boric. No acumula la trayectoria conspirativa de Daniel Ortega, José Mujica, Evo Morales o Gustavo Petro; tampoco la capacidad de organización obrera de Lula da Silva o la indígena de Evo, ni la destreza en la comunicación con la gente que engalanaba su antecesor Chaves o el mexicano López Obrador. Omito señalamientos morales pero es claro que con la derrota de Maduro en estas elecciones, la derecha internacional pretende hacer retroceder al progresismo latinoamericano. Por ello esa derecha, con muchos recursos económicos, montó un solemne fraude contra el chavismo, mediante un sabotaje informático al sistema electoral y a las instituciones estatales. Por su constancia y contundencia, minuto a minuto y durante semanas, este boicot informático pudo haber tenido un costo estratosférico.

Sin aludir a los daños económicos infringidos por la derecha desde que Chaves tomó el poder, en el periodo de Maduro se sufrieron otros deterioros al lado de la pandemia, la presión externa y el bloqueo de los Estados Unidos. Ese drama es acompañado con una comedia bufa, de mal gusto, escenificaba por Juan Guaidó, autoproclamado presidente entre el 2019-2022 acompañado con un parlamento de comparsa y el apoyo imperial y de un buen grupo de países. Hubo golpes de estado con tintes fascistoides frustrados, robos a mansalva de los depósitos en oro venezolanos en Europa y de una empresa petrolera en Estados Unidos, Citgo, entre otras barbaridades. Entre bloqueos, pandemia y sabotajes, el daño social y económico provocó que la gente saliera en tropeles y la imagen externa se deteriorara tanto que incluso en el progresismo no faltaron líderes que se abstuvieran de legitimarlo a riesgo de ser calificados de autócratas dictadores y sus prospectos. En otras palabras, si el oficialismo venezolano ganaba también se hacía retroceder al progresismo latinoamericano, dada la campaña desatada por todos los medios de comunicación de masas internacionales.

¿Cuál fue el pecado cometido? Venezuela no ha dejado de tener una economía capitalista, no obstante, el uso del excedente petrolero, cuando lo hubo, fue bien utilizado por Chaves para el bienestar de la población, lo que, junto con la cooperación con el gobierno cubano en educación, salud y seguridad crispó los nervios de los sectores económicos más reaccionarios venezolanos y de los países vecinos de Nuestra América. Aunque los proyectos sociales impulsados se asemejasen a los que ponía en ejecución las socialdemocracias latinoamericanas del siglo XX, con un sector privado tolerado y respetuoso de los derechos laborales de la gente que contratan y con un mercado con niveles de competencia soportada: es un capitalismo con elecciones periódicas y conteos con vigilancia independiente, con una acentuación expresamente antineoliberal. Aquí su pecado. Pero no el único.

Pero el bloqueo norteamericano ha sido inclemente. Entre el 2013 y el 2021 la nación vivió una crisis económica y social que acentuó los niveles de pobreza en los hogares, tanto que no obstante una mínima señal de recuperación en el 2022 respecto al 2021, la pobreza se ubicó, en 81,4% y la pobreza extrema (de familias cuyos ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades de alimentación) en 50,2%. Estos niveles siguen siendo de los más elevados de la región latinoamericana, según Informe de Coyuntura Económica del I.I.E.S de la UCAB (2023)

Esto repercutió directamente en los flujos migratorios sobre todo de jóvenes: en el 2015 salieron 697.562 venezolanos, representando el 2,3 % de la población total; para el año 2017 pasó a tener casi 5,4 % de la población del país fuera de sus fronteras, con cerca de 1,42 millones de personas. En el año 2018, al entrar el país en una hiperinflación, aumentó a 2,3 millones de venezolanos los que aproximadamente representan el 7 % de la población nacional. De acuerdo con los registros de ENCOVI 2022, alrededor del 44% de quienes abandonaron el país se encuentra en el tramo de edad de 15-29 años y si ampliamos el espectro, el 86% se ubica entre los 15 y los 49 años (Ibid). En términos globales hay un total de 7.7 millones de venezolanos fuera del país (prácticamente la cuarta parte de su población).

Este retrato de la pobreza y migraciones de Venezuela es el que gustan exhibir los medios de comunicación internacionales y el que se repite en pasillos, debates intelectuales y políticos. La realidad de fondo pueda que nos diga otras cosas; por ahora, solo señalo que Venezuela flota sobre la franja petrolera del Orinoco, tal vez la reserva petrolera más grande del mundo y eso la hace profundamente tentadora para las potencias capitalistas: ese petróleo es requerido día a día por el norte “violento y brutal” (como lo calificara Martí) y por las naciones de Asia, al igual que los múltiples recursos minerales estratégicos con los que Venezuela cuenta con una enorme facilidad para abrir lazos diplomáticos, de cooperación y comercio con los gigantes asiáticos, en franca competencia con la potencia hegemónica hemisférica.

En su pasado, Venezuela como parte del patio trasero norteamericano había formado parte de los foros continentales convocados para respaldar y hacer coro a las políticas imperiales de los Estados Unidos. Con Hugo Chaves esto cambió rotundamente.

Durante su mandato (1998-2012) esa nación se autoafirmó como república soberana y esa conducta la irradió a las naciones vecinas con programas novedosos de cooperación e integración. Ese cambio radical es el que se ha venido castigado con bloqueos y sabotajes que exhiben, del hegemón continental, su injerencismo y su desprecio al principio de autodeterminación de los pueblos.

Los procesos de autoafirmación soberana en la región no son recientes: se han dado, desde el momento emancipatorio, como respuesta pensada, con construcciones conceptuales y acciones realizadas por patriotas en las excolonias hispanoamericanas; también, en el siglo anterior desde su inicio, con debates académicos y con expresiones violentas frente a la agresión del norte que había definido las naciones al sur del Río Bravo como su “patio trasero”. Su injerencia en los asuntos internos de estos países pretendía aplacar las luchas por justicia social y la participación democrática en sociedades que han sufrido décadas de represión política ejercida por élites corruptas y sanguinarias. Notoria fue la intervención en los conflictos centroamericanos, los que fueron interpretados por los estrategas del norte como el resultado de la amenaza cubana con respaldo soviético. Desde esa perspectiva se le dio apoyo económico, político e ideológico a la contra revolución en Nicaragua (y a la oposición al sandinismo en las elecciones de 1990), se aportó cooperación militar a El Salvador y Guatemala, se realizó la intervención militar en Granada en 1983; agrego los asesinatos de figuras destacadas portadoras de retóricas antihegemónicas y prácticas de apoyo a la insurgencia centroamericana: los presidentes de Ecuador y Panamá (1981), figuras religiosas y académicos en El Salvador. Además, como granjería, la plataforma de favorecimiento comercial a los países leales y de sanción a los amigos de los enemigos, denominada Iniciativa de la Cuenca del Caribe (1983). Cuba nunca fue beneficiaria de ninguna política norteamericana; más bien sufría bloqueo desde los años 60.

Como una salida negociada a la crisis centroamericana sin la intervención militar fue creado el Grupo de los Cuatro o Contadora en 1983 por Panamá, Venezuela, Colombia y México; luego sería reforzado por el grupo de apoyo en 1985 (Brasil, Argentina, Uruguay y Perú). Estos ocho crearon el año siguiente el Grupo de Río de diálogo político y cooperación subregional, sobre cuya base se constituirá, un cuarto de siglo después, la CELAC (2010).

La globalización, debo señalarlo, se venía consolidando desde el fin de la segunda guerra mundial. Sus tres pilares lo constituían los organismos del Bretton Woods creados en 1944 (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), más el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 y su engendro, la O.M.C. de 1995; fueron diseñados para impulsar la apertura comercial, el libre comercio y las políticas públicas favorecedoras de la inversión extranjera y de contracción del sector público. Al recetario se le llamó Consenso de Washington (en 1989), junto al cual se suscribió y firmó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá con México (en 1992 y vigente desde 1994). Este TLC se constituyó en modelo hegemónico de las políticas públicas nacionales y de las negociaciones comerciales hemisféricas (el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA). En los foros globales había euforia por el aperturismo: sonaban las voces del ideario neoliberal que toma la batuta cuando el llamado “socialismo real” entraba en franca decadencia pues la potencia antagónica había implosionado. Se vivía la ilusión del “fin de la historia” como libreto de un mundo unipolar.

Paralelamente, en el “patio trasero” se habían realizado encuentros para alcanzar acuerdos subregionales importantes: algunos con inspiración bolivariana. Con este cometido, durante la segunda mitad del siglo XX se contó con el apoyo de la CEPAL, un organismo de NNUU creado en 1948 y la inspiración de su secretario ejecutivo Raúl Prebisch. Sin embargo, los encuentros más pretensiosos y con membresía diversa se dan en la década de los 90; una de las cuales fue la Asociación de Estados Caribeños (AEC), creada en 1994 con 25 estados de la Cuenca excluyendo a EE. UU. En su reunión de mandatarios en la Isla Margarita en el 2001, el presidente Chaves, al lado de su homólogo cubano, enuncia la idea de crear la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA). Su contenido y definiciones se irán formulando paulatinamente incluso con el acuerdo bilateral en La Habana en diciembre del 2004 entre Cuba y Venezuela. Un año después, en la Cumbre de las Américas de Mar de Plata se le hace el funeral simbólico al ALCA que impulsara Clinton en 1994.

La presidencia de Chaves está marcada por la retórica antineoliberal, el antiimperialista, la inspiración bolivariana y fue calificada como “socialismo del siglo XXI”. Su relación con otros gobiernos progresistas fue vista como parte de la llamada “marea rosa” de América Latina, en la que se vio acompañado por (aquí los nombres y los años importan) Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) en Brasil; Néstor Kirchner (2003-2007) y luego Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina; Tabaré Vásquez (2005-2010 y 2015-2020) y José Mujica (2010-2015) en Uruguay; Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en Chile; Evo Morales (2006-2019) en Bolivia, Manuel Zelaya (2006-2009) en Honduras, Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador, Daniel Ortega (2007-) en Nicaragua y Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay; obviamente con Fidel Castro y su hermano Raúl (2008-2018). Con esos acompañamientos, Chávez apoyó la cooperación en América del Sur y el Caribe, desde el ALBA-TCP (ahora denominada Alternativa Bolivariana de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos). Jugó un papel decisivo en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Banco del Sur, Petrocaribe y la red de televisión regional TeleSUR. Además, en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (2010) un sustituto clave de la Organización de Estados Americanos (OEA) pues excluye a EE. UU y a Canadá. En aquel primer ciclo progresista, el chavismo encabezó una insurrección cultural que le desordenó el “patio trasero” al imperio sobre la plataforma petrolera más grande del mundo.

Ese primer ciclo de progresismo declina, simbólicamente, con la muerte de su mentor. Con la presidencia de Maduro (a partir del 2013) se desatan los medios de comunicaciones y las redes exhibiéndole una imagen de ineptitud, improvisación y corrupción como partes de la batalla cultural para desmotivar a los vecinos en el ideario del progresismo latinoamericano. En la Casa Blanca después de Barack Obama (2009-2017) vendrá el portador del neoconservadurismo, el supremacismo y la irracionalidad Donald Trump (2017-2021) que será acompañado desde la O.E.A. por el nuevo secretario general Luis Almagro quien le hace coro. El péndulo se desplaza a la derecha. Algunos de los compañeros de viaje de Chaves dejaron el poder por golpe de estado, enjuiciamientos, deslealtad o enfermedad (la de Fidel Castro), en un periodo de anulación de la racionalidad: la pandemia es vista como una estrategia de dominación comunista y una señal del final de los tiempos, el cambio climático como un invento de los intelectuales y las medicinas como instrumentos de control por parte de las grandes farmacéuticas; con ello los monstruos salen del claroscuro: Jair Bolsonaro (2019-2022), precedido del golpista Michel Temer (2016-2018) en Brasil, Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina y Sebastián Piñera (segundo mandato 2018-2022) en Chile; la golpista Jeanine Añez (2019-2020) de Bolivia, el giro a la derecha de Lenin Moreno (2017-2021) que había acompañado a Correa en su gestión progresista y que será seguido por Daniel Noboa (2023-).

Empero, la esperanza no puede abandonarse. Llega un segundo ciclo progresista con muchas debilidades políticas y mediática. Pueda que la excepción notable sea Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en México; pero hay tropiezos: la fugaz gestión de Pedro Castillo (2021-2022) en Perú, frustrado por un golpe de Estado, el gobierno de Luis Arce (2020-hoy) en Bolivia con señales de debilitamiento en su frente interno y la gestión, aun de promesas y expectativas de Gustavo Petro (2022-hoy) en Colombia, Xiomara Castro (2022-hoy) en Honduras y de nuevo Lula da Silva (2023-hoy). A su lado, pero con el beneficio de la duda, la gestión confusa de Gabriel Boric (2022-hoy) en Chile. En general hay una derecha fascista envalentonada con Javier Milei (2024-) el abanderado de las peores causas, acompañado con la amenaza del retorno de Trump a la Casa Blanca. Ante las agresiones, Venezuela ha hecho esfuerzos para salir a flote en los espacios del multilateralismo integrándose a los BRICS+, pero la batalla cultural se recrudece. Pasa por sanciones, bloqueos, sabotajes; sufre un “presidente autoproclamado”; vive el desconocimiento y robo descarado de la propiedad soberana de recursos en el exterior. Ahora enfrenta una posverdad agitada por las redes y medios de comunicación.

En esta batalla cultural, el objetivo no es solo Venezuela y su petróleo: es todo el “patio trasero”. De ahí que los cuadros de pobreza, desabastecimiento y migraciones se exhiban perversamente: son parte de esa campaña publicitaria con lemas y notas del fundamentalismo religioso y del fascismo; una guerra donde los intereses hegemónicos no han abandonado la ofensiva ni la iniciativa: viven y disfrutan del asedio. Por ello, las elecciones del 28 de julio van a quedar en el entredicho; su verdad es lo que menos les importa, aunque ese resultado no nos puede ser indiferente: el hegemón está al acecho.

Se ha escrito una página en la historia

Por Giovanni Beluche V.

Abdiel Díaz, Iván Rodríguez, Agustín Morales, Tomás Milton, sus nombres quedan grabados con tinta indeleble en el corazón de Panamá. Su muerte no fue en vano, su pueblo supo levantar la bandera y honrarles.

En la acera de enfrente, si les quedara un ápice de dignidad, ya deberían renunciar los ministros de Comercio e Industria, Ambiente y Gobernación, para empezar.

Y que el pueblo tenga memoria para que nunca vuelvan a la Asamblea Legislativa el montón de maleantes cuya patria es el dólar.

Hay que reconstruir Panamá, hay que disolver todo el aparato represivo del Estado y constituir una fuerza pública realmente civilista.

Gracias pueblo Ngabe, pueblos originarios todos, gremios docentes, Suntracs, universitarios, juventudes, ambientalistas, comunidades humildes de Pacora, Chepo, Panamá Oeste, Colón, tierras altas y tantas otras que resistieron en los bloqueos.

Gracias también a la solidaridad internacional.

El valiente pueblo panameño ha escrito otra vez una página en la historia.

¡No somos, ni seremos una colonia de nadie!

¡Prohibido olvidar!

 

Imagen tomada de: https://www.ecured.cu/

Cali-Colombia Resiste

Lic. José A. Amesty R.

13-mayo-2021

La resistencia (manifestaciones, bloqueos y barricadas) del pueblo colombiano, ante la arremetida del Estado narco y cuasi militar, parece estar focalizada (epicentro) un tanto en la ciudad de Cali. Esto debido a que el esbirro Álvaro Uribe, está llevando a cabo una especie de venganza, contra la ciudad de Cali, motivada a la tenacidad de esta contra las políticas de Uribe.

En este sentido, deseamos hacer unos señalamientos en torno a lo que está sucediendo en Cali-Colombia. Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento de Valle del Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia.

Es la única gran ciudad de Colombia que posee un acceso rápido al Océano Pacífico, dista 114 km de Buenaventura, principal puerto del país. La ciudad forma parte del Área metropolitana de Cali, junto con los municipios contiguos a esta.

La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional después de Bogotá y Medellín. Es a su vez conocida como “la capital mundial de la salsa” y “la sucursal del cielo”.

Dentro de la ciudad de Cali, la burguesía convive en el oeste, donde existen urbanizaciones cerradas, complejos residenciales y también edificios con apartamentos para la clase media; y la clase más popular en el este, lo contrario de muchas capitales latinoamericanas.

Es una burguesía caleña narco, es una clase media narco. Esta burguesía caleña se hace llamar “gente de bien”, pero es la misma derecha de Latinoamérica, que se viste de blanco y ostenta grandes camionetas, de alto costo.

En el territorio de Cali y sus municipios contiguos, igualmente hacen vida los indígenas del Cauca, los paeces, descendientes de los calimas, llamada la cultura calima, de allí el nombre de Cali, quienes han luchado por siglos por el respeto de sus territorios ancestrales, principalmente su líder de los años setenta, Quintin Lame, quien lucho por la recuperación de los Resguardos indígenas en el Cauca.

Los resguardos son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna.

En la actualidad en Colombia, existen 710 resguardos ubicados, en 27 departamentos y en 228 municipios, que ocupan una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas, el equivalente al 30 por ciento del territorio nacional.

El movimiento indígena se ha organizado y aglutinado en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien a su vez pertenece a la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, los primeros han llevado a cabo la llamada minga (caravana indígena, un término de los pueblos originarios de Colombia, que significa encuentro o protesta colectiva) y que se trasladan en buses (chivas).

Recientemente, Daniela Soto, una joven lideresa indígena fue herida en un ataque armado a la minga en Cali, de allí los enfrentamientos entre la Guardia indígena, conformada por los indígenas ya mencionados, contra grupos armados paramilitares o paracos.

La guardia indígena, estaba buscando proteger a Soto, quien ingresó en urgencias del hospital Valle del Lili, por herida de bala en el abdomen. Finalmente se recuperó del balazo.

¿Pero Qué es la Guardia Indígena?

Recordemos primero que las guardias nacionales, fueron un invento estadounidense, impuestas en nuestros territorios, para reprimir y controlar los pueblos en América Latina. Las ultimas guardias nacionales que existen o existieron estuvieron en Panamá, Nicaragua y Venezuela, pero fueron desapareciendo por ser obsoletas.

La Guardia Indígena del Cauca, es una guardia territorial. Son guardas del territorio ancestral indígena. Es una guardia del Estado Comunal Indígena. Es una guardia comunal.

Es la guardia del Estado Plurinacional del Cauca. Además de proteger el territorio indígena, protege a los voceros, en este caso y momento, en la toma de Cali y contra el cerco de Cali por parte de Iván Duque.

Últimamente hemos visto un video, donde la Guardia Indígena, entrega a los ciudadanos/as de Cali, bolsas con alimentos de su producción. Son bolsas de alimentos, tipo bolsas CLAP de Venezuela. Que buscan mitigar el desabastecimiento inducido por parte del Estado colombiano, para hacer morir de hambre a Cali, por ser la abanderada del paro nacional y las protestas contra las políticas de Duque y Uribe.

Señalamos, además, que los indígenas del Cauca, son gente no violenta, que solo se defiende con palos y piedras ancestralmente. Son gente que más bien son dados a la palabra, a la búsqueda de la conciliación por medio del dialogo. Son una especie de palabreros, como los arawacos de Santa Marta en la Sierra Nevada colombiana, y los guajiros del territorio fronterizo colombo venezolano.

También hemos visto videos, donde hay enfrentamientos entre los paracos, ricos del barrio el Jardín de Cali y la guardia indígena, donde los primeros quieren desalojar a los segundos de Cali.

Estos son los sucesos de Cali-Colombia recientemente, que seguramente seguirán suscitándose, y en otros lugares de Colombia, producto del cansancio del pueblo colombiano ante tanta barbarie, muertes, asesinatos, violencia y malas políticas del Estado colombiano.

No cambien la historia

César Olivares

Ni Manuel Mora ni José Figueres desistieron de sus luchas en aras del diálogo y la negociación.

El acuerdo más importante entre ellos, el que más se recuerda, fue el de Ochomogo en 1948, y tuvo lugar sin que ninguna de las partes depusiera las armas y sin que ninguno de ellos pusiera como condición para el encuentro que el otro renunciara a su lucha.

El partido de Manuel Mora era entonces aliado del gobierno, pero nunca tuvo un ministro ni puesto alguno en el gobierno. Había una situación difícil, de guerra, la más difícil que ha atravesado el país después de 1856.

Si Manuel Mora se hubiera negado a negociar con Figueres porque su gente estaba al margen de la ley, no por el bloqueo de una carretera sino porque estaba alzada en armas, no se habría dado el pacto de Ochomogo y la guerra habría terminado de otra manera.

Si Figueres hubiera rechazado la instancia de negociación por venir de lo que él consideraba un gobierno ilegítimo, la guerra habría terminado de otra manera.

No inventen. Quienes rechazan el diálogo con las partes en lucha, no inventen. Quienes cierran las puertas de la negociación auténtica, no inventen.

Después del 48 hubo otras negociaciones en las que participaron activamente José Figueres, ahora como presidente, y Manuel Mora, ahora como vocero de trabajadores en lucha.

Figueres pronunció su famosa «Huelga es huelga” en respuesta a quienes clamaban por no negociar con los trabajadores bananeros en la huelga de 1971. Era una huelga ilegal, tan ilegal como algunos bloqueos de hoy, y tan real como algunos bloqueos de hoy. Y el presidente era Figueres, a quien nadie manipulaba.

Luego, en ese mismo período presidencial de Figueres, los campesinos del Pacífico Sur dieron una de las batallas más grandes y heroicas de América Latina por el rescate de tierras entregadas a una compañía extranjera. Figueres envió las fuerzas policiales y estuvo el país al borde de una matanza. Cuando la crispación estaba en su punto máximo se produjo un acuerdo entre Manuel Mora y Figueres que luego fue concretado en las negociaciones que condujeron a la expropiación de la Federal Beef y la entrega de las tierras a los campesinos. Ni Figueres exigió el cese de la ocupación ilegal de tierras ni Manuel Mora aceptó ninguna condición para deponer la lucha.

No inventen quienes vociferan contra las luchas populares y quieren imponer un diálogo falso. No utilicen en vano los nombres de Manuel Mora y José Figueres.

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos.  Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca.  Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

 

Imagen ilustrativa.

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos ante la grave crisis económica y social que estamos viviendo

Comunicado de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos CR

El sistema económico capitalista vigente ha entrado en una etapa donde los contrastes entre clases sociales se han agravado, de tal manera que estamos señalados como uno de los países más desiguales del mundo.

Con la crisis sanitaria, estas diferencias se han profundizado y la tasa de desempleo ha crecido a niveles históricamente nunca vistos. Los sectores de la diversidad sexual y de género, especialmente las mujeres trans, son uno de los sectores de los más golpeados por carecer de oportunidades de educación y empleo.

El descontento ha crecido, especialmente cuando se anunciaron medidas dirigidas contra los trabajadores y el pueblo en lugar de instruir a las direcciones tributarias para que realicen la función efectiva para recaudar los fondos necesarios dejados de percibir por las ganancias de empresarios, y fundamentalmente porque estas medidas no se han dirigido hacia eliminar la elusión, la evasión, la exención y la mora en el pago de los impuestos de empresarios poderosos, tanto locales como transnacionales.

El anuncio del posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manera de conseguir fondos para el pago de la deuda interna; han provocado con mucha razón el descontento popular. Descontento alimentado, en cierta manera, por oportunistas politiqueros, y noticias falsas, pero que realmente es un descontento sentido y justificado.

La violencia en los bloqueos y ante las Oficinas Presidenciales nos preocupan como Organización, especialmente porque no entendemos que suceda, ahora que se ha llamado a un diálogo nacional. Nos parece que ningún grupo debe negarse a participar ante el llamado presidencial, porque, quien se niegue cerrará las puertas de la credibilidad a sus planteamientos sin embargo también se debe dar participación activa de la sociedad civil.

El presidente, en su alocución referida a los bloqueos de carreteras, anunció que eliminaba la propuesta original, sin embargo, no ha mencionado que no se va a solicitar el préstamo al FMI, tampoco que se ha dejado de pensar en la posibilidad de venta de empresas del Estado, pues no incluyó, por ejemplo, en la lista, no vender la Fábrica Nacional de Licores. Pero rescatamos su llamado a la conversación o diálogo, y nos parece que las negativas de algunos sectores a conversar son injustificadas y solo perjuicio pueden causar a la paz social, ya tan lastimada.

Destacamos eso sí, que ya en las primeras conversaciones se ha logrado que se busque financiamiento al aguinaldo y los aumentos de los empleados públicos.

Creemos que se debe encontrar alternativas al préstamo del FMI, por ejemplo, como la que se ha sugerido de conseguir un préstamo de las reservas económicas y de las inversiones efectivas que mantiene en el exterior el Banco Central, a sabiendas que el sector financiero nacional también es parte del Sector Público Costarricense, además que es el Banco Central de Costa Rica el ente público que se encarga de la emisión y administración de los billetes y monedas.

Y en todo caso los objetivos principales de las conversaciones son investigar y poner denuncias contra elusores y evasores de impuestos. Ya sabemos que este procedimiento es muy lento, la investigación no es fácil, empresas y empresarios esconden sus maniobras minuciosamente. Además, una vez descubiertos y acusados los procesos judiciales duran bastantes años, pero ese camino hay que recorrerlo como una manera de evitar que se siga produciendo este desfalco fiscal que nos perjudica a todo el pueblo. Debe hacerse que los auditores fiscales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda efectúen la labor de una forma efectiva para cobrar la cifra millonaria que aún se encuentra pendiente de recuperar y a su vez que esas empresas regulen su situación tributaria eficientemente.

Si el Gobierno necesita más ingresos no debe de ninguna manera cargar impuestos a quienes menos tenemos. Los impuestos deben ser cobrados para quienes tienen más ganancias de sus negocios. Debe revisarse las exenciones que dejan un hueco fiscal considerable.

Sobre los gastos nos parece adecuado, de forma perentoria, la revisión del costo de alquileres, tal y como se está haciendo. Pero a un plazo muy corto hay que construir los tantas veces planeados edificios propios para las diversas oficinas estatales.

Sí a la justicia tributaria.
Adelante siempre adelante.
San José, 13 de octubre de 2020.