En los primeros tres meses del año 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 55 personas menores de edad quienes denunciaron ser víctimas de hostigamiento sexual, lo que enciende las alertas de la Defensoría de los Habitantes ante la necesidad de reforzar las medidas en los centros educativos para prevenir este tipo de violencia.
Mientras en enero y febrero se registraron 15 casos cada mes de personas menores de edad, en marzo la cifra ascendió a 25 casos, siendo el MEP la institución que más denuncias registra por hostigamiento sexual a nivel del Estado costarricense.
“Debemos trabajar muy fuerte a nivel institucional para garantizar espacios seguros para nuestros niños niñas y adolescentes, pues las cifras nos alertan que la violencia que sufre esta población no cesa”, dijo esta mañana el Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira.
En tres meses del 2026, diversas instituciones públicas han reportado a la Defensoría de los Habitantes la presentación de un total de 176 denuncias por hostigamiento sexual, de las cuales casi el 90% de los casos fue presentada por una mujer. Si lo comparamos con ese mismo periodo del año 2025 se han registrado 37 casos más en este 2026.
Del total de denuncias 121 casos son entre personas mayores de edad, lo que también evidencia la frecuencia con que estas acciones de violencia sexual se presentan en los ámbitos laboral y educativo.
Por la naturaleza de las manifestaciones de acoso sexual, algunas de ellas pueden también constituirse en delito. Se diferencia la falta administrativa sancionada por la Ley 7476 en que ésta supone consecuencias disciplinarias, desde amonestaciones hasta el despido, mientras que las manifestaciones que también constituyen delitos sexuales, tienen como resultado la privación de libertad. Se trata de dos ámbitos de responsabilidad diferentes y no excluyentes.
Para la Defensoría es urgente fortalecer las acciones de prevención y sensibilización orientadas al reconocimiento del hostigamiento sexual y a las formas de actuar frente a esta problemática, particularmente la no revictimización y confidencialidad, así como garantizar mecanismos de denuncia y sanción accesibles y eficaces. El acceso a la información sobre las conductas que configuran el hostigamiento sexual contribuye a que la población pueda identificar estas situaciones de violencia y se acerque a presentar las denuncias correspondientes.
Las organizaciones y colectivas feministas firmantes cuestionan el archivo del expediente legislativo 25.400 relacionado con la denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado. El pronunciamiento sostiene que la Asamblea Legislativa incumplió sus responsabilidades institucionales al no concluir el procedimiento ni votar los informes elaborados, favoreciendo la impunidad en sede administrativa. Las agrupaciones exigen reformas reglamentarias, garantías efectivas para las denunciantes y mecanismos claros de sanción frente a la violencia de género en el ámbito legislativo. Seguidamente se transcribe el documento íntegro.
Comunicado abierto de organizaciones y colectivas feministas a las diputaciones de la República
Pronunciamiento
Archivo del expediente 25.400, investigación contra Fabricio Alvarado por denuncia de hostigamiento sexual
San José, Costa Rica, 19 de mayo de 2026.
Señoras y señores Diputadas y diputados Asamblea Legislativa Período 2026-2030
Estimadas señoras y señores:
Las organizaciones y colectivas feministas que trabajamos por los derechos humanos de las mujeres, no podemos guardar silencio ante los bochornosos hechos acontecidos en la Asamblea Legislativa que le ha fallado una y otra vez a una víctima de hostigamiento sexual, y que, al decir de otras mujeres, no es una situación nueva. Nos referimos al caso tramitado bajo el expediente 25.400 el cual fue archivado, por resolución de la Presidencia, el pasado 14 de mayo de 2026.
En primera instancia, expresamos nuestro reconocimiento a la valentía de la decisión tomada por la exdiputada Marulin Azofeifa de activar -por primera vez- los mecanismos institucionales dispuestos en el reglamento aprobado en el año 2021 para interponer una denuncia contra un diputado por hechos de acoso sexual. Denunciar en el propio órgano legislativo es un ejercicio de responsabilidad con la institucionalidad y con el derecho de las mujeres a participar en política libres de violencia.
El acoso sexual en nuestro país es una de las manifestaciones de la violencia de género que afecta diversos bienes jurídicos fundamentales, entre ellos la dignidad humana, la libertad, la autodeterminación sexual, la igualdad y la no discriminación, la integridad personal, psicológica y moral, así como el derecho a trabajar en ambientes libres de violencia y abuso de poder.
El hostigamiento sexual, tal como se define en la ley 7476 Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, 1995, ocurre en todos los ámbitos laborales y de docencia, pero es especialmente grave cuando los perpetradores se valen del poder jerárquico en un ámbito donde se ejerce el poder político en su expresión más cruda, con el rango que ostenta la Asamblea Legislativa. Aún más grave, si se suma a ello un liderazgo de carácter religioso porque las cosas se complican en demasía. Religión y política no es una mezcla aconsejable en las democracias modernas, precisamente por los abusos cometidos en el acontecer histórico.
En esta situación ha privado el contubernio religioso y político, que en perversa combinación se aliaron para no ser transparentes, ni correctos, a la hora de seguir con el debido proceso señalado por el reglamento interno y han preferido realizar alianzas protectoras para sus aliados, burlar la votación de los informes emitidos y tomar una decisión final, no una vez, sino dos veces, propiciando la impunidad al cierre de la anterior legislatura.
Al dejar archivar el expediente 25.400, no solo dejaron de lado la vida y el bienestar de la víctima, también dejaron de lado la responsabilidad moral que la vida en democracia exige a las y los legisladores. De qué sirven los reglamentos aprobados si son burlados mediante retorcidas componendas, cuando el incendio es dentro de la propia casa.
Y entonces todos los coros que se han levantado contra el Poder Judicial cambian rápidamente de discurso y dicen que para eso es el Poder Judicial. ¡Vaya incongruencia! Todo para no asumir la responsabilidad que corresponde.
Pero, ese argumento es además equívoco y genera confusión: la ciudadanía debemos tener claro que los hechos de hostigamiento sexual en el ámbito laboral por parte de un diputado al que se le hayan demostrado, – luego de un procedimiento interno disciplinario en sede legislativa-, conlleva la imposición de una sanción ética-política (amonestación ética pública). Esto se diferencia con el proceso penal que se lleva en los tribunales de justicia por delitos de violencia y abuso sexual y que conlleva una sanción de prisión en caso de demostrarse la culpabilidad. Son dos procesos de diferente naturaleza jurídica no excluyentes. La Asamblea Legislativa, al no someter a votación los informes y archivar el expediente, no cumplió con el objetivo dispuesto en su propio reglamento de garantizar a las víctimas su derecho a denunciar y de sancionar el hostigamiento sexual por parte de diputadas o diputados.En su lugar, el resultado fue impunidad (en sede administrativa) a favor de un diputado de la República.
¿Qué sentido tiene la paridad política si las mujeres no cuentan con garantías reales frente a la violencia? La credibilidad depende de la capacidad de responder, aunque el caso resulte incómodo.
A lo anterior sumamos que no hubo unanimidad en los dos criterios legales emitidos sobre las potestades parlamentarias para continuar o no con el conocimiento del expediente y que privó la opacidad al no haberse dado traslado al plenario el expediente previo al archivo.
Criterios alternos fueron los emitidos por la Defensoría de los Habitantes de la República y por la misma Asesoría Legal, que debieron ser sometidos a debate y discusión pública en el plenario, pero eso no fue lo que ocurrió, discusiones relevantes que la ciudadanía merecíamos conocer, sobre la naturaleza de este procedimiento y la ausencia de una norma expresa que estableciera el archivo automático, entre otros.
Petición a las diputaciones:
Asumir su compromiso político en garantizar, sin excepción alguna, el derecho de las mujeres víctimas denunciantes de acoso sexual en la Asamblea Legislativa a un mecanismo efectivo que proteja el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito legislativo, de conformidad con lo dispuesto en las Convenciones CEDAW y Belem de Pará, así como en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y en los reglamentos internos de la Asamblea en esta materia.
Abrir un debate reglado sobre la base de este expediente para que se aborde en el plenario los procedimientos y obligaciones de la Asamblea Legislativa en la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual, así como los vacíos que se evidenciaron en el caso para generar los acuerdos políticos dirigidos a identificar las reformas que deben hacer al Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas que garantice la conclusión del procedimiento; se establezca la responsabilidad de las diputaciones que obstaculizan los procedimientos; se defina la responsabilidad cuando la persona denunciada ya no ejerza el cargo de diputado, entre otros.
Garantizar la transversalización en todas las etapas de procedimiento del enfoque de género; las garantías de derechos humanos y en especial, la garantía de justicia pronta y cumplida según los mandatos internacionales y constitucionales.
Fortalecer las medidas de protección, de no revictimización y de reparación para las personas denunciantes, en cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Costa Rica atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida democrática reciente. La creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, el desgaste de los partidos tradicionales, la inseguridad, el deterioro económico y el cansancio social han creado un clima político marcado por el desencanto y la polarización. En ese contexto, las recientes decisiones tomadas en torno al caso del exdiputado Fabricio Alvarado no deberían analizarse únicamente desde una perspectiva jurídica o partidaria. Lo ocurrido revela algo más profundo y quizá más preocupante: una transformación cultural en la manera en que la sociedad costarricense comprende la ética pública, la responsabilidad política y la propia democracia.
El archivo de la eventual sanción ética contra el exdiputado ha sido defendido por algunos sectores bajo argumentos procedimentales: que la Asamblea Legislativa perdió competencia al dejar el denunciado su condición de diputado, o que corresponde exclusivamente a los tribunales conocer el caso. Sin embargo, reducir el debate únicamente a la dimensión penal o procesal resulta insuficiente. Las democracias no funcionan solo mediante sanciones judiciales. También descansan sobre responsabilidades éticas, mensajes simbólicos y estándares mínimos de conducta pública.
Precisamente por ello, el problema no radica únicamente en si existía o no competencia jurídica para continuar el procedimiento legislativo. El verdadero problema es el mensaje político y cultural que se transmite a una sociedad profundamente afectada por la violencia y el hostigamiento contra las mujeres. Costa Rica no discute este tema en abstracto: lo hace en medio de una realidad donde miles de mujeres enfrentan acoso, violencia psicológica, agresiones sexuales y múltiples formas de silenciamiento cotidiano.
La contradicción se vuelve aún más significativa cuando se recuerda que la propia presidenta de la República manifestó públicamente haber sido víctima de conductas de hostigamiento por parte del mismo actor político involucrado en este caso. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, resulta legítimo preguntarse qué tipo de señal institucional se transmite cuando un gobierno que afirma representar una ruptura ética con “la vieja política” termina impulsando —o al menos permitiendo— decisiones percibidas por amplios sectores como mecanismos de protección o impunidad.
No se trata aquí de afirmar culpabilidades penales anticipadas ni de desconocer el principio de inocencia, indispensable en cualquier Estado democrático de derecho. Se trata de reconocer que las instituciones también educan simbólicamente. Sus acciones, silencios y omisiones construyen mensajes sociales. Y cuando una denuncia de esta naturaleza termina subordinada a cálculos políticos, pactos coyunturales o disputas partidarias, el efecto pedagógico puede ser profundamente dañino.
Más preocupante aún es la reacción de una parte importante de la ciudadanía frente a estos hechos. Muchos comentarios públicos no negaron necesariamente la gravedad del hostigamiento sexual; simplemente lo relativizaron frente a otras prioridades: “hay cosas más importantes”, “eso le corresponde a los tribunales”, “la Asamblea no debe perder tiempo en eso”. Esa respuesta revela una transformación cultural inquietante: la progresiva pérdida de relevancia de la ética pública dentro de la vida democrática.
La situación adquiere todavía mayor complejidad si se observa que el actual oficialismo ha construido buena parte de su legitimidad sobre una narrativa de pureza moral y regeneración ética del país. El discurso contra “la corrupción”, “los chorizos” y “la casta política” ha sido central en su identidad pública. Sin embargo, las contradicciones acumuladas entre discurso y práctica comienzan a generar una peligrosa erosión de credibilidad. Y esto no afecta únicamente a un gobierno o a un partido: afecta la confianza misma en la posibilidad de una política democrática coherente.
El problema de fondo quizás no sea solamente que existan contradicciones —las ha habido históricamente en múltiples fuerzas políticas—, sino que una parte creciente de la sociedad parece haber comenzado a normalizarlas. Ese fenómeno merece una reflexión seria. Porque cuando las democracias entran en escenarios de fatiga institucional, precariedad económica y polarización permanente, la ciudadanía puede empezar a tolerar prácticas que anteriormente habrían generado mayores costos políticos o éticos.
En ese contexto, la política deja de evaluarse por su coherencia moral y comienza a valorarse principalmente por su capacidad de confrontación, eficacia inmediata o identificación emocional. El riesgo es evidente: el deterioro gradual de la cultura democrática y la consolidación de un clima social donde todo parece justificable si favorece al propio grupo político.
Por eso este debate trasciende a una figura específica o a una coyuntura legislativa. Lo que está en juego es el tipo de sociedad que Costa Rica desea construir. Una democracia saludable no se sostiene únicamente con elecciones periódicas ni con crecimiento económico. Requiere ciudadanía crítica, instituciones confiables, educación humanística, deliberación pública y una ética mínima compartida capaz de reconocer que ciertos temas —como la violencia contra las mujeres— no pueden relativizarse según conveniencias políticas.
Aun así, no todo está perdido. El hecho mismo de que estas discusiones sigan generando indignación, debate público y reflexión crítica demuestra que la sociedad costarricense todavía conserva reservas democráticas importantes. Quizá el desafío más urgente no sea únicamente cambiar gobiernos o partidos, sino reconstruir una cultura política capaz de reconciliar democracia, ética pública y ciudadanía crítica en tiempos de desencanto.
Porque el mayor peligro para una democracia no es únicamente la corrupción o la contradicción política. El verdadero peligro aparece cuando la sociedad deja de percibirlas como problemáticas.
Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en el caso de la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado
UNA Comunica. OC-116-2026. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda indignación y preocupación ante los hechos recientes relacionados con el caso de denuncia por hostigamiento sexual presentado por la exdiputada Marulin Azofeifa, particularmente, la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética correspondiente, producto de ausencias deliberadas que impidieron el cuórum requerido.
Este hecho no constituye un simple trámite no realizado. Por el contrario, representa una omisión institucional gravísima que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.
Tal como señalamos en nuestro pronunciamiento anterior, la violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder.
El hecho de que no se haya tomado una decisión, independientemente de su resultado, ya causó un daño institucional y social profundo. El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente.
Este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.
Asimismo, resulta necesario advertir que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados: la puesta en duda del relato de la denunciante, la politización de la denuncia y el desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante, generando procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.
El argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia.
El Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.
La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual.
Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.
Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres.
El IEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a cumplir la normativa vigente y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que ninguna denuncia de violencia sexual quede sin respuesta.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Pasaron de 225 casos resueltos en 2021 a 452 en el 2023
En el sector público, los casos de hostigamiento sexual encienden las alertas, de acuerdo con los datos de la Defensoría de los Habitantes. En el 2021 se registraron 225 casos resueltos, en el 2022 hubo 321 y en el 2023 un total de 452.
Las cinco instituciones que registran más casos son el Ministerio de Educación Pública (MEP) con 260, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 42, el Poder Judicial con 39, el Ministerio de Seguridad Pública con 22, y el Instituto Nacional de Aprendizaje con 16. El informe elaborado por la Defensoría resalta que las principales víctimas de hostigamiento sexual son mujeres, representando un 92 % de los casos registrados.
Otra situación que genera preocupación de los datos del 2023 refiere a la persona denunciada, pues el 93% corresponde al sexo masculino y según la relación de la persona denunciante con la persona denunciada, el 47% tiene una posición de autoridad, un 20% tiene igual posición de puesto en el trabajo, un 13% presta algún tipo de servicio laboral, un 9% tiene un cargo jerárquico, un 4% tiene el mismo nivel de relación en la docencia (estudiante-estudiante), un 3% es una persona usuaria o voluntaria y otro 3% no indica la relación.
Sobre las manifestaciones presentadas en los casos, predomina el hostigamiento sexual verbal, tocamientos, miradas lascivas, acercamientos mensajes, y rumores.
De acuerdo con los datos del 2023, de los 452 casos resueltos un total de 211 quedó demostrado que la persona denunciada fue responsable, 198 casos fueron absueltos, 33 casos archivados y los 10 restantes hubo desistimiento, la gestión de despido rechazada o fue declarado proceso prescrito.
Con respecto a las sanciones, de esos 211 casos resueltos con sanción, la mayoría de las personas responsables fueron suspendidas laboralmente entre uno y 31 días, seguido por el despido, recibieron una suspensión estudiantil o una amonestación por escrito.
Cabe destacar que, en cumplimiento de la Ley N°7476 contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, el sector público debe informar a esta Defensoría sobre las denuncias recibidas y las resoluciones adoptadas.
Para la Defensoría el abordaje de este problema es fundamental, por lo que mediante talleres relacionados con hostigamiento sexual se ha brindado asesorías puntuales a diferentes órganos disciplinarios. En el 2024, se realizaron 17 talleres de capacitación al personal de la Dirección General de Tránsito del MOPT, del Ministerio de Salud, de la Escuela Judicial, del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), del Ministerio de Hacienda, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de Trabajo, del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, del Instituto Tecnológico de Costa Rica, del Registro Nacional, de RECOPE, de la Comisión Institucional de Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En más de la mitad de los casos denunciados se registra una sanción
Con el objetivo de ofrecer herramientas al sector público para prevenir y sancionar el hostigamiento o acoso sexual, la Defensoría de los Habitantes realiza capacitaciones a diversas instituciones del Estado. El más reciente proceso de formación fue a personal del Ministerio de Salud.
Personal de la Defensoría explica a los y las funcionarias que están a cargo de los procedimientos de investigación y asesoría jurídica, un detalle de las herramientas que contiene la Ley 7476: Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia.
Dicha normativa, en su artículo 7, establece la obligatoriedad de las entidades públicas de informar a la Defensoría de los Habitantes la presentación de denuncias en los lugares de trabajo, a efecto de tener conocimiento, acceso al expediente e intervención facultativa en el procedimiento, en un rol asesor y contralor de legalidad.
Por año la Defensoría es puesta en conocimiento, en promedio, más de 300 denuncias al año por hostigamiento sexual en sector público y ello representa, una alerta para poder capacitar jurídicamente a los órganos legales de los departamentos institucionales y a quienes están a cargo de la investigación de los hechos.
Este tipo de manifestaciones de violencia, una más que viven las mujeres en el ámbito del empleo y la docencia, debe ser abordado con los principios que garanticen que la víctima sea debidamente reivindicada. Para la Defensoría es fundamental la capacitación como un mecanismo que permita hacer, de manera efectiva, la justicia administrativa.
Indicadores de la Defensoría de los Habitantes revelan que, el 52,76% de los casos de hostigamiento sexual registrados en el sector público y cuyo proceso concluyó, por ejemplo, en el año 2021, las personas denunciadas recibieron una sanción. De este porcentaje, en promedio, en dos de cada diez casos, la sanción fue el despido.
La Defensoría es la única instancia que cuenta hoy día con los datos sobre las denuncias y procedimientos disciplinarios de hostigamiento sexual del sector público. Con la información que obtiene, la institución responde a las recomendaciones giradas por los diferentes comités a nivel internacional, y a nivel nacional, al señalar que las estadísticas con perspectiva de género, son un mecanismo imprescindible para visibilizar las distintas manifestaciones de las desigualdades y violencias que viven las mujeres por el solo hecho de serlo.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Especialista en la Enseñanza del Idioma Inglés Estudios en Género, Diversidad y Derechos Humanos Diplomada en Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo de Desastres Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN apquiros@utn.ac.cr
El acoso y hostigamiento sexual son formas de comportamiento no deseado y ofensivo que involucran avances, insinuaciones, comentarios o acciones de naturaleza sexual que se dirigen hacia una persona sin su consentimiento.
Estos comportamientos pueden ocurrir en diversos contextos, como el trabajo, la escuela, las redes sociales y la vida cotidiana.
El acoso sexual puede variar en gravedad, desde comentarios inapropiados hasta agresiones sexuales.
Es importante destacar que el acoso y el hostigamiento sexual son ilegales en muchas jurisdicciones y pueden tener graves consecuencias legales y profesionales para quienes los perpetran.
Las víctimas suelen sentirse incómodas, humilladas o amenazadas, y es esencial denunciar estos comportamientos para detenerlos; asimismo proteger los derechos de las personas.
Las leyes y regulaciones relacionadas con el acoso y el hostigamiento sexual varían de un lugar a otro, por lo que es importante consultar con las autoridades locales o buscar asesoramiento legal si se está enfrentando esta situación.
¿Esto ocurre en las organizaciones públicas y privadas?
¡Si!, lamentablemente, ¡si!
¿A quién pueden acudir quienes están viviendo esta situación?
En Costa Rica, la ley que regula el hostigamiento sexual es la Ley No. 7476, conocida como la «Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia», y establece medidas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el ámbito laboral.
El objetivo de esta Ley es prevenir, prohibir y sancionar el hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por razón de sexo, contra la dignidad de las mujeres y de los hombres en el ámbito de trabajo y educativo, en el sector público y el sector privado.
Y, ¿cómo atender estos casos?
Lo correcto debería ser…
Consultar el reglamento de la universidad: Es importante revisar el reglamento o código de conducta de la universidad para entender los procedimientos específicos y así denunciar el acoso y las posibles consecuencias para el acosador (a).
La mayoría de las universidades públicas o privadas tienen oficinas o departamentos encargados de tratar denuncias de hostigamiento y acoso.
En algunos casos, podría ser necesario buscar asesoramiento legal. Un abogado especializado en derechos estudiantiles o laborales que pueda brindar orientación sobre cómo proceder y cómo proteger los derechos de la víctima.
¿Existe un REGLAMENTO o un DEPARTAMENTO en cada uno de los campus universitarios, encargados de dar soporte legal a estudiantes en estas situaciones?
COMO DOCENTES formadores, guías que incentivan el conocimiento autodidacta y creativo, en aprendientes que ostenten cualidades como: responsabilidad, flexibilidad, preocupación, compasión, cooperativismo, creatividad, dedicación, decisión, y empatía TENEMOS DEBERES que cumplir en las aulas, los pasillos y afuera del campus. Así también, SOMOS RESPONSABLES de reunir un conjunto de interacciones personalizadas con los alumnos para conseguir su participación en su propio proceso de formación y atender a sus distintas necesidades.
¡Como profesionales NO es aceptable ni ético generar temor, duda, angustia emocional y física en estudiantes víctimas del acoso por parte de docentes!
Por nuestros pasillos caminan estudiantes que desean superarse y terminar sus estudios en diferentes especialidades, en busca del desarrollo profesional y de un campo laboral, pero hoy muchas (os) se sienten inseguras (os), decidiendo seguir o desertar por causa del acoso y hostigamiento.
El acoso y hostigamiento sexual como una conducta indeseada NO PUEDE NI DEBE estar presente en nuestros salones de clases. Lamentablemente aun cuando es de conocimiento de autoridades universitarias se sigue dando…
La denuncia individual o colectiva es la mejor alternativa para enfrentar este flagelo, aunque te traiga consecuencias. Lo que está en juego aquí es el RESPETO y la DIGNIDAD DEL SER HUMANO
Pregunto…¿Cuántas y cuantos estudiantes desertaran antes de denunciar a un(a) docente hostigador (a)?
¡No podemos abonar una cultura del silencio y el encubrimiento de estos actos!
Quien hostiga y acosa, tiene hijas (os), hermanas (os), esposa, madre y un puesto que le genera su estabilidad económica, pero las víctimas tienen derecho al respeto de su integridad y a un futuro que nadie debe obstaculizar. En un ambiente de respeto se genera confianza.
Es sumamente necesario iniciar procesos de concientización con docentes, estudiantes y personal administrativo para no tener que enfrentar denuncias a causa de esta conducta que al parecer se siguen obviando sus consecuencias.
¡NADIE DEBE PERMITIR SER ULTRAJADA O ULTRAJADO EN NINGUN CAMPUS UNIVERSITARIO!
Invito a las víctimas de hostigamiento y de acoso sexual a…
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
Es un hecho, EN LAS AULAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL, TENEMOS ADOLESCENTES QUE AUN NO SON MAYORES DE 18 AÑOS.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETO: LEY PARA PREVENIR LA REVICTIMIZACIÓN Y GARANTIZAR LOSDERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDADEN EL SISTEMA EDUCATIVO COSTARRICENSE
En su contenido, expongo algunos capítulos importantes de análisis en nuestra alma mater. El Artículo 1- Establece Principios rectores. La presente ley se fundamenta en los principios del interés superior, igualdad y no discriminación, supervivencia y desarrollo, participación y el de autonomía progresiva.
La Ley #9999 tiene como objetivo proteger y reconocer los derechos de las personas menores de edad, prevenir su revictimización y evitar la impunidad en los procedimientos del régimen disciplinario docente y administrativo. Esta ley tiene como objeto determinar eventuales responsabilidades derivadas de denuncia de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor, que involucre a una persona menor de edad o a un grupo de personas menores de edad, como víctimas. (Artículo 2)
El Artículo 3:
Establece Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende lo siguiente: a)Víctima:toda persona menor de edad estudiante que sufre un daño o perjuicio a su propiedad o integridad física, emocional o sexual por culpa de una persona funcionaria docente, docente administrativa o administrativa. b) Persona menor de edad: toda persona menor de dieciocho años. c) Adolescente: toda persona mayor de doce y menor de dieciocho años. d)Hostigamiento y acoso sexual: toda conducta con contenido o connotación sexuales realizada por un funcionario o funcionaria docente, docente administrativo, técnico-docente y administrativo contra una persona menor de edad estudiante.
¿Qué debemos entender por acoso u hostigamiento sexual?
Todas aquellos manifestaciones o comportamientos de los cuales mencionare algunos: (Artículo 3):
i) La solicitud de favores sexuales.
ii) Promesas de un trato preferencial o de ventaja como condición en la formación o proceso educativo, amenazas sugeridas o expresa, física o moral, o de daños o castigos de la persona hostigada, como condición para la formación o el proceso educativo, para que la persona estudiante realice conductas sexuales con la persona docente.
iii) Las insinuaciones o proposiciones y el uso de lenguaje verbal, no verbal o escrito, de gestos, símbolos o imágenes de naturaleza o contenido sexual.
iv) Los acercamientos corporales, los tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual.
v) Cualquier trato discriminatorio hacia la persona hostigada, que resulte de la negativa de un requerimiento de contenido sexual.
En conclusión, la UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL INICIA AÑO LECTIVO 2023- I CUATRIMESTRE, con una minoría importante de estudiantes de nuevo ingreso que siguen en condición de adolescente ya que son aún menores de 18 años, que están bajo la protección de la Ley # 9999 a los y las cuales debemos proteger, informar, asesorar, y dar a conocer sus derechos.
El personal docente, administrativo docente, técnico-docente o administrativo, que preste sus servicios en la UTN, tiene el deber de conocer, la ley citada como también denunciar los casos de maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor en perjuicio de una persona menor de edad estudiante.
Así también, la responsabilidad de vigilar por la seguridad de esta pequeña población que hoy están en nuestros salones de clases compartiendo con adultos.
Permitamos como institución pública formadora de profesionales que estas personales aun en calidad de adolescentes menores de edad lleguen a cumplir su mayoría de edad en un entorno sano sin acoso u hostigamiento.
Fuente de consulta;
Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense N° 9999 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
El auge de los discursos políticos machistas y la violencia de género no ceden terreno en el mundo
Cada día en Costa Rica las mujeres que incursionan en los campos político, empresarial y comunitario enfrentan el menosprecio de sus colegas; mientras al mismo tiempo otras deben sortear cotidianamente el acoso sexual en los entornos de trabajo o viven bajo diversas formas de violencia doméstica que siguen llenando las fiscalías a lo largo del territorio nacional.
Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, instancia del Poder Judicial, durante el año 2021 cada día el Ministerio Público recibió 57 denuncias relacionadas con delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer (Ley #8589 y sus reformas) como maltrato físico, incumplimiento de medidas de protección, ofensas a la dignidad, amenazas contra mujeres y daño patrimonial. En total, el Poder Judicial recibió casi 21 mil denuncias al amparo de dicha normativa.
Durante ese mismo periodo, de la totalidad de denuncias recibidas por el Ministerio Público la violencia sexual contra las mujeres fue la cuarta categoría de delitos en el ámbito nacional, pero al sumarla a los tipificados por la Ley #8589 y sus reformas son la segunda causa de denuncias, un 17%, solo superado por los delitos a la propiedad que superan el 40% de casos.
La violencia de género contra las mujeres se refiere a cualquier acto que cause daño, sufrimiento físico, sexual, emocional y en última instancia su muerte en razón de su género. Y aunque cada mes se solicitan 132 medidas de protección, al menos dos mujeres pierden la vida a mano de hombres con los que tuvieron algún tipo de vínculo emocional, y quienes sobreviven deben superar los efectos psicológicos posteriores.
Por eso, cada 25 de noviembre el mundo se reúne a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer como un llamado un llamado global para reflexionar sobre la situación que viven millones de ellas. Al igual que en Costa Rica, de esta violenta pandemia no se exime ninguna nación, ya que según estadísticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el planeta una de cada tres mujeres es víctima de violencia de género y, con más alarma señala que cada 11 minutos ocurre un femicidio.
Aunque se intente normalizar las insinuaciones sexuales no deseadas, el acoso callejero y cibernético, e incluso la misma violencia física, la realidad es que la ONU considera los distintos tipos de violencias de género “como una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas”.
Para la Universidad de Costa Rica (UCR), mediante instancias de Acción Social (VAS) e Investigación (VINV), el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (Ciem-UCR) impulsa acciones formativas, de capacitación y acompañamiento en el diseño de políticas públicas para la prevención del hostigamiento sexual y el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género. Una de esas iniciativas es el proyecto “Cero tolerancia al hostigamiento sexual, la violencia contra las mujeres y la discriminación en la Universidad de Costa Rica y la comunidad nacional” (EC-514), que se propone una transformación cultural para vivir en una sociedad donde priven la igualdad, el derecho a una vida libre de violencias y el pleno respeto a los Derechos Humanos.
Los femicidios son una epidemia silenciosa que afecta a todos los países del mundo, unidos estos delitos a otros como el tráfico de personas con fines explotación, las agresiones y falta de políticas públicas para lograr la equidad de género. Por ejemplo, a setiembre del 2022 en Costa Rica ya se registran 34 muertes violentas que involucran a mujeres, 12 ya se consideran como femicidios, mientras otras 17 están a la espera de pruebas periciales para su correspondiente clasificación.
“El proyecto está integrado en tres líneas de trabajo de este centro en materia de investigación y atención de víctimas de violencia, y éste es una tercera parte de la estrategia nuestra en el Ciem-UCR. La otra parte es la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, además de la labor de investigación, y las tres se articulan muy bien. El eje de acción social es uno de los que promovemos, pensando en una estrategia contra las violencias, y mediante el otro de difusión creamos y distribuimos materiales informativos entre la comunidad universitaria”, comentó la Lic. Paola Brenes Hernández.
Mujeres del mundo levantan la voz
Aunque los movimientos mundiales han levantado la voz, como el conocido #MeToo (#YoTambien, en español), fundado por Tarana Burke, tuvieron un gran impacto global; al mismo tiempo tomaron fuerza propuestas políticas que cuestionan los avances en los derechos humanos, e incluso proponen la eliminación de las acciones afirmativas para proteger a las mujeres y crear condiciones de equidad en el mundo. En la actualidad, las activistas en América Central, los Estados Unidos, América del Sur, Europa y otras regiones siguen levantado sus voces para denunciar estas iniciativas neoconservadoras que perciben a los derechos humanos contrarios a sus idearios políticos.
En ese sentido, el proyecto EC-514 es otra de las instancias desde las que el Ciem-UCR que trabaja intensamente todo el año para capacitar a estudiantes de secundaria, universitarias y personas funcionarias públicas en temas de prevención y atención de casos de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género.
“Nuestras actividades dentro y fuera de la universidad incluyen cursos, capacitaciones, acciones conjuntas con algunas organizaciones, otras dirigidas a fiscalías de colegios profesionales y personal de instituciones públicas. Entre las líneas estratégicas que tenemos es llegar a grupos u organizaciones con potencial multiplicador para el abordaje de prevención y otras iniciativas”, comentó la Lic. Brenes.
En materia de prevención, este año el proyecto ha organizado un total de 90 espacios de capacitación en las sedes de la UCR, tanto de manera presencial como virtual. Las mismas fueron solicitadas por unidades académicas, administrativas, por docentes, estudiantes y diversos grupos organizados dentro de la comunidad universitaria. “En este momento estamos cerrando el curso de Promotoras de Derechos de las Mujeres, que se ha impartido desde el 2014, y que busca darle a estudiantes actividades y herramientas en esta materia. Son 14 sesiones en las que aprenden sobre abordaje de la violencia contra las mujeres para que puedan aplicarlo en sus espacios de movimiento estudiantil, y hemos tenido muy buenos resultados”, añadió la investigadora.
Lo anterior es relevante ya que la última encuesta publicada por el Ciem-UCR en julio pasado reveló que el 80% de las estudiantes aseguró haber vivido algún tipo de violencia de género, tanto dentro de la universidad como fuera de ella, entre ellas violencia emocional, sexual, hostigamiento, agresiones físicas o patrimonial. El estudio consultó a 658 mujeres entre junio y julio de 2021, y sus resultados tienen un grado de confianza del 95%.
Otra de las líneas de acción en la que el proyecto se involucra es la Red Universitaria contra el Hostigamiento Sexual, cuyo objetivo es promover el trabajo conjunto con asociaciones estudiantiles para el intercambio de experiencias, estrategias, recomendaciones. En lo que va del año 2022 más de 15 asociaciones se sumaron a este esfuerzo.
Otro curso es sobre la Introducción Feminista a la Vida Universitaria que estaba orientada a estudiantes de primer ingreso que se realizó en abril 2022, y en esa misma línea de la mano de la iniciativa Costa Rica Aprende con la U Publica impulsaron tres cursos de mayo a junio, el primero dirigido a estudiantes de Derecho sobre la “Introducción a los instrumentos internacionales de derecho de mujeres aplicables en Costa Rica”, otro sobre “Introducción al feminismo: un espacio para aprender, acompañarse y resistir”, dirigido a estudiantes de secundaria”. Y finalmente el de “Violencia contra las mujeres y Prevención del Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, enfocado en personas estudiantes de instituciones universitarias publicas y privadas.
¡Aquí estamos!
Si alguna persona requiere acompañamiento o asesoría legal debido a actos relacionados con la violencia de género puede solicitarlo a la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual, mediante la línea telefónica 2511-1909 o al correo electrónico defensoriahs@ucr.ac.cr
Eduardo Muñoz Sequeira Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
El nuevo inmueble se encuentra ubicado en la finca 2 de la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca. Foto: Karla Richmond, UCR
El espacio alberga al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y su biblioteca, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer
Pese a que los estudios feministas y de género vinculados a la Universidad de Costa Rica (UCR) iniciaron hace 35 años, fue hasta el pasado mes de setiembre que la institución inauguró el edificio que otorga instalaciones propias a las instancias universitarias que trabajan en esta materia.
El nuevo inmueble, ubicado en la finca 2 de la Sede Rodrigo Facio en San Pedro de Montes de Oca, alberga al Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) y su biblioteca, la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual y el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer.
El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez Espeleta reconoció que, desde 1987, el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género comenzó un trabajo multi y transdisciplinario de gran importancia para la Institución. Más tarde, en 1999, la iniciativa se convirtió en el CIEM y desde entonces, “ha sido partícipe de importantes iniciativas universitarias, nacionales e internacionales”.
“Dotar a este Centro de infraestructura adecuada para el desarrollo de sus proyectos resulta trascendental. El trabajo que realizan permite generar conocimiento sobre las relaciones de género e impactar positivamente para disminuir las brechas que existen tanto adentro como afuera de nuestra institución. Es una inversión sumamente importante para nosotros”, enfatizó el jerarca universitario.
La directora del CIEM, la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, celebró la creación de la obra, la cual catalogó como un reconocimiento institucional del trabajo que durante varias décadas ha desarrollado esta instancia especializada, desde diversos inmuebles con importantes limitaciones de espacio.
El nuevo edificio cuenta con una sala de reuniones y con cubículos de trabajo que facilitarán el intercambio de experiencias y aprendizajes entre el equipo de investigadoras del CIEM. Ambos espacios aprovechan mobiliario antiguo de la institución que fue restaurado para darle un nuevo uso y aprovechar al máximo los recursos existentes.
La directora del CIEM, la Dra. Monserrat Sagot Rodríguez, celebró la creación de la obra, la cual catalogó como un reconocimiento institucional del trabajo que durante varias décadas ha desarrollado esta instancia especializada. Foto: Karla Richmond, UCR.
Biblioteca del CIEM ofrece amplia colección de libros y revistas
La obra recién inaugurada también permitió la creación de la Biblioteca del CIEM, la cual cuenta con 5600 libros y 600 revistas especializadas en versión física. Dicho material permaneció almacenado durante varios años, pues se carecería de un espacio adecuado para su organización y presentación al público.
A la colección impresa se suman 340 publicaciones digitales, para lo cual, se habilitaron dentro de la biblioteca tres escritorios con computadoras que permiten a las personas usuarias tener acceso a este material y al resto de servicios del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
La coordinadora del espacio, Marina Rivera Vargas detalló que la biblioteca está al servicio de docentes, estudiantes, personal administrativo e incluso, de personas externas a la institución que requieren información vinculada a temáticas como los derechos de las mujeres, género, violencia, y salud reproductiva.
“Sabemos que facilitar todos esos insumos a la población UCR y al público en general es vital para promover el estudio y la reflexión institucional y nacional sobre la realidad y los aportes de las mujeres en los diversos campos” afirmó la bibliotecóloga.
La Biblioteca del CIEM cuenta con 5600 libros y 600 revistas especializadas en versión física. Esta colección permaneció almacenada durante varios años debido a la falta de un espacio adecuado para su organización y presentación al público. Foto: Karla Richmond, UCR.
Espacio digno para la atención de víctimas de hostigamiento sexual
El edificio incluyó la creación de oficinas para el funcionamiento de la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual. Esta instancia es la unidad encargada de brindar acompañamiento legal y psicológico a la población UCR que es víctima de acoso, hostigamiento o violencia sexual.
La abogada de la Defensoría, Mónica Sancho Rueda afirmó que la creación de este espacio dignifica la labor que realizan, cuya naturaleza demanda instalaciones que permitan velar por la privacidad de la información y la confidencialidad de las interacciones.
Además del área de trabajo para la labor administrativa, se creó una sala de atención que garantiza un espacio privado, seguro y agradable a las personas que solicitan el apoyo de esta instancia. Para tener acceso a este servicio de la Defensoría no es necesario haber formalizado una denuncia ante la Comisión Institucional contra el Hostigamiento sexual.
La psicóloga de la Defensoría, Sylvia Mesa Peluffo enfatizó la importancia de brindar a las víctimas de esta problemática un ambiente acogedor, donde se sientan con la libertad y confianza de hablar sobre las diversas situaciones que han experimentado.
“La parte del espacio es trascendental en nuestro trabajo, porque está comprobado que tener un ambiente agradable ayuda a disminuir el miedo y la ansiedad. Los espacios también definen relaciones de poder y por eso en esta sala no hay escritorios dividiendo la interacción, es un espacio de igualdad” explicó la experta.
El edificio incluyó la creación de una sala de atención para la población UCR que es víctima de acoso, hostigamiento o violencia sexual. Foto: Karla Richmond, UCR.
Fortalecimiento al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer
Así mismo, el edificio dota de instalaciones administrativas y dos aulas al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer. Este esfuerzo académico da continuidad a la labor que inició el primer posgrado en estudios de la mujer de América Latina, el cual surgió en 1993 como resultado de un convenio entre la UCR y la Universidad Nacional.
Según la directora del Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer, Isabel Gamboa Barboza, la creación de este edificio hace un “reconocimiento simbólico y material de la desigualdad contra las mujeres y le otorga un lugar importante, que manda una señal buena”.
“El mundo, el país y la UCR tienen una enorme deuda con las mujeres: la desigualdad y el sexismo siguen siendo un serio problema que requiere inversión política, social y económica: el edificio es una muestra contundente de parte de las autoridades universitarias de su voluntad política por hacer más”, señaló la académica.
Gamboa aseguró que contar con este nuevo espacio permitirá acoger a mayor cantidad de estudiantes y visitantes de todos los sectores de la sociedad; así como promover una de las razones de ser de la institución que es la producción de conocimiento crítico.
El edificio dota de instalaciones administrativas y dos aulas al Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer. Foto: Karla Richmond, UCR.
Andrea Méndez Montero Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
