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UCR: En Costa Rica vivimos más, pero no mejor

Imagen elaborada con IA.

Retos de la seguridad social

Especialistas alertan sobre el envejecimiento acelerado y las crecientes listas de espera que amenazan la calidad de vida de la población

Imagine que a usted se le diagnostica una enfermedad cardiaca que requiere de una operación. Cuando llega a la seguridad social, a fin de solicitar la cita para su intervención quirúrgica, le indican que deberá esperar cerca de 640 días; es decir, casi dos años.

Si considera esa cifra un poco exagerada, lamentablemente, no lo es. El sitio web de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expone que ese es el tiempo aproximado que las y los pacientes deben esperar en el Hospital México para recibir una cirugía cardiovascular.

Si tan solo ese escenario ya marca un verdadero desafío, añada el hecho de que la población adulta mayor está aumentando.

Dentro de 25 años, el grupo mayor a los 65 años podría alcanzar las 1 262 311 costarricenses, lo que equivaldría al 20,7 % de seres humanos que vivan en el país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En otras palabras, para mediados de siglo, una de cada cinco personas en el territorio nacional será adulta mayor, más del doble porcentual y numérico actual que enfrenta Costa Rica.

Ahora, imagine el escenario completo: más personas adultas mayores y un sistema de salud con altas dificultades para atender, incluso, la demanda actual. ¿Qué se puede esperar de esto? Cuatro especialistas afirman que, de no tomarse medidas, podríamos esperar un posible colapso.

“No hay duda que nuestro sistema de salud es un gran orgullo nacional y nos da prestigio universal. Pero, si eso no se cuida, se puede acabar”, advirtió el Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la UCR.

Así se conversó en la mesa redonda: “Retos que enfrenta la seguridad social en Costa Rica”, efectuada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En la charla participaron la Dra. Daisy Corrales Díaz, exministra de Salud; el Dr. Alvaro Salas Chaves, expresidente ejecutivo de la CCSS; el Dr. Roberto Cervantes Barrantes, exgerente general de la CCSS y la Dra. Olga Arguedas Arguedas, exdirectora del Hospital Nacional de Niños, bajo la moderación del Dr. Morales.

Durante la conversación, las y los expertos hablaron de los desafíos que enfrenta la Caja en medio de un escenario de envejecimiento poblacional acelerado, retos financieros y transformaciones epidemiológicas profundas.

Para ellas y ellos, de no efectuarse reformas estructurales urgentes, nuestro pilar del bienestar nacional —que se ha posicionado como uno de los mejores del mundo— podría desmoronarse ante una realidad demográfica que ya no admite espera.

 

Más personas adultas mayores

La mesa redonda comenzó con un tema de gran preocupación: el rápido envejecimiento poblacional de Costa Rica.

Para las y los expertos, el país está envejeciendo y más rápido de lo esperado. La tradicional pirámide poblacional, que durante décadas mostraba una base ancha compuesta por población joven, y una cúspide estrecha de adultos mayores, se está invirtiendo.

Este cambio demográfico no es simplemente un fenómeno estadístico: es una transformación estructural que impacta de lleno en el sistema de salud, las pensiones, la economía y la planificación pública.

En palabras de la Dra. Olga Arguedas, exdirectora del Hospital Nacional de Niños, “el país está enfrentando un agotamiento del bono demográfico”. En otros términos, se está acabando la cantidad de personas que están más activas laboralmente, lo cual es vital para sostener la seguridad social.

“Ni siquiera llegamos a la tasa de reemplazo, o sea, no logramos sustituir al óvulo y al espermatozoide”, expuso la Dra. Arguedas. En efecto.

El Dr. Fernando Morales profundizó que la tasa global de fecundidad ha caído a niveles históricos: apenas 1.3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional.

Al mismo tiempo, dijo el Dr. Morales, la esperanza de vida es una de las más altas de América Latina, con una edad promedio de 81 años y una baja tasa de mortalidad de seis personas por cada 1 000 habitantes.

Si bien ese es un logro que refleja décadas de inversión en salud pública y calidad de vida, también representa un reto mayúsculo: las personas viven más, pero los últimos años de vida suelen transcurrir con enfermedades crónicas, dependencia funcional y alta demanda de cuidados médicos especializados, comentó el geriatra.

“Nos tenemos que sentir muy orgullosos del aumento de la expectativa de vida, porque eso muestra la solidez de nuestro sistema, pero yo soy especialista en preocuparme por cosas y, entonces, a mí lo que me preocupa es cómo nos va a tocar vivir esa última década de la vida antes de irnos al cielo”, aseveró la Dra. Arguedas.

La pediatra comentó que la Unidad de Estadística y Dirección Actuarial de la CCSS hizo un estudio que mostraba que, aunque la esperanza de vida ronda los 80 años, la vida saludable se reduce a unos 70.

En pocas palabras, hay una década entera en la que muchas personas vivirán con condiciones que requieren atención médica constante, medicamentos costosos, terapias de rehabilitación o cuidados paliativos. Esto supone una carga financiera y logística que el sistema aún no está preparado para asumir.

“Estamos viviendo más, pero no necesariamente mejor”, alertó la Dra. Arguedas. Y si la Caja no se prepara con anticipación para esta ola gris, el resultado será un sistema de salud desbordado, amplias listas de espera y una atención cada vez más fragmentada.

 

Espera y renuncia

Para las y los expertos, uno de los síntomas más visibles del deterioro de la salud pública en Costa Rica es el crecimiento constante de las listas de espera.

A esa realidad se suma la renuncia de médicos especialistas, lo que amenaza con desestabilizar, aún más, un sistema que ya opera bajo presión.

Durante la mesa redonda, la Dra. Arguedas —exdirectora del Hospital Nacional de Niños— fue enfática al indicar que el sistema tiene dificultades que no son nuevas, vienen desde hace décadas.

Algunas son las barreras de acceso a los servicios de salud, las extensas listas de espera y, ahora, la popularización de la renuncia de especialistas. Este último, afirmó la pediatra, ha agregado un nuevo nivel de complejidad.

Las razones, expresó la Dra. Arguedas, se deben a que esas renuncias no se limitan solo al tema salarial, también influyen las condiciones laborales, la rigidez institucional, el exceso de burocracia, la sobrecarga emocional y la falta de proyección profesional que hacen que las y los especialistas decidan migrar al sector privado.

Como si eso no fuera suficiente, el problema no se detiene ahí. Mientras los hospitales enfrentan una fuga constante de talento, las listas de espera crecen, en especial para las cirugías, las citas con especialistas y los procedimientos diagnósticos.

Ante esto, la Dra. Arguedas propuso que la Caja debe evolucionar cuanto antes para, como dice Darwin, “no extinguirse”.

“Las causas de las listas de espera son diferentes en todos los hospitales. Las razones de las listas de espera en el Hospital Nacional de Niños son muy distintas a las listas de espera que se pueden tener en el Hospital de Golfito o el Hospital México. Entonces, los instrumentos generales para manejar listas de espera perdonen, no sirven, tienen que ser customizados a las necesidades de cada centro”, especificó la exdirectora del Hospital Nacional de Niños.

El Dr. Roberto Cervantes, exgerente general de la CCSS, no se quedó atrás. Él expresó que los cuadros técnicos no han estado a la altura y, tampoco, los esfuerzos adicionales de preparación académica.

“Recuerdo que la Junta Directiva en la que estuvo el Dr. Ramos aprobaron 244 becas para [que los médicos] se fueran a especializar al exterior y resulta que no se pudo. No se pudo por un requisito de que, cuando vinieran, estaba la deuda que adquirió la Caja y no se podían colegiar”, increpó el Dr. Cervantes.

Otros obstáculos son el poco acceso a los servicios, la poca modernización del acceso a la red, la falta de flexibilización horaria y la poca calidad de atención hospitalaria.

Desde la mirada de la Dra. Daisy Corrales, exministra de Salud, lo que se necesita es que el país, si aspira salir a flote, tenga un modelo que combine cuatro elementos primordiales: una mayor accesibilidad, una mayor eficiencia operativa, una mejor retención del talento profesional y la modernización del sistema de salud, todos trabajando de manera conjunta.

 

¿Falta de oxígeno?

A pesar de las múltiples crisis que la rodean, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue en pie, no ha colapsado, no está quebrada, pero respira con dificultad, afirmó la exministra de Salud.

Para la Dra. Corrales, la resistencia de la CCSS no es producto de la improvisación, sino del arraigo histórico que tiene en la mente del costarricense, de su gente trabajadora y del sentido de pertenencia que aún despierta entre quienes la han construido con décadas de servicio.

Durante la mesa redonda la Dra. Corrales fue clara: “la Caja no está quebrada, la Caja es sostenible y la tenemos que defender así, con esos términos”.

“En los últimos siete años, por cada colón que se gasta en la Caja, los ingresos son de 1.24. Esos 24 centavos han permitido que se mantengan las reservas de invalidez, vejez y muerte —en la parte de salud y enfermedad— y en prestaciones sociales. Otra buena noticia es que hay un superávit del último año billonario”, aseguró la Dra. Corrales.

No obstante, al igual que las y los otros expositores, la buena noticia de la Dra. Corrales vino acompañada de una advertencia: la sostenibilidad está en riesgo si no se corrigen algunas distorsiones estructurales. Una es la disminución de las cotizaciones, declaró.

Otro elemento a mejorar de manera urgente, según la Dra. Corrales, es la deuda del Estado con la institución, “que ronda los 4.2 billones de colones”, especificó. A esto se suma una morosidad patronal que alcanza los 470 mil millones de colones y una morosidad de trabajadores independientes cercana a los 515 mil millones de colones, añadió la exministra.

Estos datos reflejan un sistema de recaudación que, para la Dra. Corrales, necesita modernizarse con la misma rigurosidad con la que opera el Ministerio de Hacienda. “La Caja debe tener una gestión de cobro más eficaz, más inteligente y más firme”, insistió.

“Si nosotros, además de todo esto que pasa, lográramos hacer efectivo el cobro al Estado, el cobro a los patronos y a los independientes, estaríamos en otra condición”, reflexionó la exministra.

Así, para la Dra. Corrales, hay que trabajar la recaudación de ingresos, la gestión y administración de fondos, la prestación de servicios y beneficios, así como la evaluación y reformas para la sostenibilidad.

Por supuesto, los números no lo son todo. Lo que más preocupa es el estancamiento en la estructura contributiva.

 

Una cirugía mayor

Menos nacimientos, más adultos mayores y una alta tasa de informalidad laboral amenazan el equilibrio financiero de la institución a largo plazo.

Así, si no se amplía la base de cotizantes, ni se fortalecen mecanismos de ingreso alternativo, es probable que la presión sobre el régimen de salud y el de pensiones crezcan de forma insostenible, comentaron las personas panelistas.

“Los problemas son muy serios, son muy grandes, difíciles y van a requerir de mucho coraje, de mucho esfuerzo y de mucha voluntad para poder resolverlos. El sector salud ha sido declarado de emergencia nacional y les quiero recordar esa declaratoria, porque ha llegado el momento de tomar decisiones”, expuso el Dr. Álvaro Salas.

Por el momento, aún hay motivos para sostener la esperanza. En el 2022, según recordó el Dr. Roberto Cervantes, exgerente general de la CCSS, la institución vivía uno de sus momentos más sólidos.

“Al entregarle la Caja al nuevo presidente ejecutivo, don Álvaro Ramos, le dije: ‘señor presidente ejecutivo, le entrego una institución con una reserva de 1.6 billones de colones, con el portafolio de inversiones más grande y más ambicioso que haya tenido esta institución o cualquier otra del país, con un proyecto de manejo de brecha de primer nivel al 2030, implementando alrededor de 340 ebáis a lo largo y ancho de todo el país, y con proyectos innovadores que poco a poco usted va a conocer”, expuso el Dr. Cervantes.

Hoy, la Caja aún funciona y sus hospitales atienden. Sus dispositivos electrónicos, como el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), recopilan información de alto valor. Los programas de vacunación y atención primaria siguen siendo ejemplo regional, pero se necesita algo más que buena voluntad: requiere dirección estratégica, respaldo político y compromiso ciudadano.

 

Los antídotos

Las alternativas son varias. El Dr. Salas propone un plan a cinco años para robustecer la salud pública nacional y, entre ellas, un necesario rescate del médico general.

“No hay ninguna solución posible si no rescatamos al médico general y lo convertimos en especialista en Medicina de Familia y Comunidad”, sostuvo.

El Dr. Salas plantea un plan estructural para formar a estos profesionales en todo el territorio nacional, lo que permitiría descongestionar los servicios hospitalarios, acercar la atención primaria a las comunidades y responder a los retos de una población cada vez más envejecida; es decir “revolucionar la salud como lo hicimos hace 20 y 40 años”, dijo.

Su propuesta es clara: motivar al médico general, actualizar los procesos de formación, establecer programas de residencia en todo el país y crear condiciones laborales más atractivas y dignas para este perfil profesional.

“Formemos a nuestros médicos generales y démosle una perspectiva futura. No hay manera de corregir las listas de espera de 500 días y 600 días, si no es con recurso humano preparado”, puntualizó el Dr. Salas.

La Dra. Corrales agregó algunas sugerencias adicionales como fortalecer el uso de la inteligencia artificial y los sistemas automatizados, que podrían contribuir a agilizar diagnósticos en telemedicina y optimizar los procesos administrativos. Esto reduciría los tiempos de espera.

Asimismo, mencionó la Dra. Corrales, es vital fortalecer la alfabetización digital, especialmente entre adultos mayores, para garantizar que todos los sectores de la población puedan beneficiarse de estos avances como acceder con mayor facilidad a consultas virtuales y a su expediente electrónico.

Desde la perspectiva de la Dra. Arguedas, también se debe transformar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) e, incluso, valorar un aumento de la edad de pensión y flexibilizar las modalidades de empleo de la tercera edad.

Asimismo, indicó que es vital fortalecer la rehabilitación para que las personas puedan reincorporarse, cuanto antes, al mercado laboral y, de esta manera, seguir contribuyendo al sistema y mejorar el abordaje de los errores en salud, en el cual se vea el error como aprendizaje y no una condena.

“La realidad es que nunca le hemos dado la oportunidad a la Caja de hacer las cosas como se debe, porque nunca le dimos los recursos mínimos necesarios. Nunca las poblaciones estuvieron así, siempre hubo rezago. Entonces, démosle esa oportunidad a la Caja, démosle los recursos que la Caja necesita y les cuento que las cosas van a ser diferentes”, dijo el exgerente de la Caja.

Por el momento, el sistema público, que es la columna vertebral del derecho a la salud en Costa Rica, se enfrenta a un círculo vicioso: menos personal, más pacientes en espera y mayor desgaste institucional.

Mientras tanto, cientos de costarricenses siguen esperando por una cita, por una operación y por una respuesta.

 

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR.

Viviendo la realidad de ser adulto mayor en Costa Rica

Carlos Hernández
COKOMAL / RedESS

En nuestro país, la población está envejeciendo rápidamente. Se estima que para el año 2050, el 20% de los costarricenses serán mayores de 65 años, lo que representa alrededor de 1.02 millones de personas en este grupo etario. Nos enfrentamos a desafíos serios y urgentes para garantizar una vejez digna, inclusiva y sustentada en principios de equidad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la población adulta mayor en Costa Rica, definida como personas de 65 años o más, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. En los cantones como San José, Cartago y Heredia, esta población representa un porcentaje considerable del total de habitantes.

La ENAHO de julio de 2023 revela que un 51.7% de los adultos mayores necesita apoyo para el mantenimiento y adecuación de sus hogares, y que más de 215,000 personas adultas mayores viven sin ningún tipo de pensión, colocándolos en una situación de alta vulnerabilidad económica.

El papel de la economía solidaria en el apoyo a los adultos mayores

La economía solidaria puede ser una herramienta transformadora para enfrentar los retos asociados con el envejecimiento poblacional. A través de la promoción de cooperativas, asociaciones y redes de colaboración, se pueden crear espacios donde los adultos mayores participen activamente en la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios de manera inclusiva.

Estas iniciativas no solo fomentan la sostenibilidad económica, sino también la integración social, al reconocer y valorar los saberes y la experiencia de los adultos mayores. Por ejemplo:

• Promoción de redes de apoyo comunitario: Estas redes pueden facilitar el acceso a alimentos producidos localmente y promover el consumo responsable, garantizando la seguridad alimentaria de los adultos mayores.

• Creación de programas de formación y mentoría: Aprovechando la experiencia de los adultos mayores, estos programas pueden contribuir a la transmisión de conocimientos a generaciones más jóvenes y ofrecerles oportunidades de aprendizaje y empleo.

• Fomento de proyectos intergeneracionales: Iniciativas que conecten a adultos mayores con jóvenes en actividades cooperativas pueden fortalecer el tejido social, promoviendo una cultura de respeto mutuo y aprendizaje compartido.

Reflexionamos

Es fundamental reconocer la invaluable contribución de los adultos mayores en Costa Rica. Las organizaciones sociales y la economía solidaria tienen un rol crucial en la promoción de una vejez digna e inclusiva. Esto no solo implica garantizar el acceso a servicios de salud y apoyo social adecuados, sino también permitir que los adultos mayores participen activamente en la sociedad mediante proyectos comunitarios basados en la solidaridad y la asociatividad.

Al integrar los principios de la economía solidaria en las políticas públicas y las iniciativas comunitarias, no solo se mejora la calidad de vida de esta población, sino que se construye un modelo más equitativo y humano de desarrollo, en beneficio de todas las generaciones.

Imagen: Laura Rodríguez Rodríguez / UCR.

Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria seguirá luchando en contra de la Ruta del Arroz

  • La medida dictada pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos que genera la actividad arrocera

(San José 4 de junio de 2024). La Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) seguirá luchando en contra de la Ruta del Arroz, con el objetivo de apoyar a los arroceros costarricenses.

Pese a que, hace varios meses el Tribunal Contencioso Administrativo había acogido una medida cautelar que suspendía el Decreto Ejecutivo N°43.642, o mejor conocido como la Ruta del Arroz, este martes el mismo organismo decidió dejar sin validez la medida y aceptar la apelación que presentó el Gobierno de la República. 

Por lo que, con la decisión tomada se mantendrá en vigencia la reducción arancelaria a las importaciones del producto establecida en ese decreto, y que ha impactado negativamente a los arroceros costarricenses, quienes hasta el momento se han visto en la obligación de dejar de lado la producción al no poder competir en el mercado.  

Desde la CNAA, respetamos la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo, reiteramos nuestra oposición total a la Ruta del Arroz debido a que esta política pone en riesgo a los miles de empleos directos e indirectos que genera esta actividad productiva y afecta significativamente a los productores nacionales de arroz. 

El presidente a.i. de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria expresó que “lamentamos el fallo del tribunal contencioso administrativo, anunciado el día de hoy, el cual vuelve a quitarle la esperanza a nuestros productores arroceros, quienes nuevamente no tendrán la oportunidad de competir por un precio justo.   

Razón por la que mantenemos nuestra preocupación por el futuro del sector y reiteramos nuestra disposición a colaborar con el gobierno para encontrar soluciones que protejan a los productores, a los consumidores y a la seguridad alimentaria del país”, puntualizó Oscar Arias Moreira. 

Recordemos que el objetivo de la Ruta del Arroz fue reducir el precio de este grano básico a los consumidores, sin embargo, según datos del INEC este propósito no se ha logrado, pues desde la entrada en vigencia y hasta el 31 de marzo de este año, el arroz aumentó su precio en un 4,62%. 

Por lo que, mantenemos nuestro apoyo a los arroceros costarricenses quienes son los principales afectados con la decisión, teniendo en cuenta lo anterior reiteramos que la existencia y preservación de los pequeños productores agropecuarios, como base fundamental de nuestro sistema productivo, resulta del más evidente interés público, pues es lo que favorece que los microempresarios participen en los encadenamientos y en la democratización de la distribución de la riqueza.  

Destruir la base productiva nacional tendría altísimos costos en lo económico y social, pone en riesgo el sistema democrático y la paz social de las zonas rurales de nuestro país. 

“Costa Rica en Cifras” por INEC 2023

“Costa Rica en Cifras» es una recopilación estadística que presenta indicadores sociales, demográficos, ambientales y económicos de manera gráfica y accesible. El folleto, basado en datos del período 2022 y algunas cifras del 2023, utiliza información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y otras instituciones. Con representaciones visuales, ilustraciones y mapas, ofrece una visión general del país en diversos campos, como agricultura, ciencia, comercio, educación, empleo, medio ambiente, entre otros.

“Costa Rica en Cifras» se convierte así en una valiosa herramienta para la toma de decisiones, abriendo una ventana informativa sobre la realidad costarricense. 

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023, menos área productiva y menos producción en la mayoría de las actividades como tendencia

German Masís

Se revelaron los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el INEC en el año 2023, con datos correspondientes al ciclo productivo 2022, los cuales, para el lector poco interesado, puede que tengan poca relevancia. No obstante, para el ciudadano interesado en la situación actual y en el futuro de la actividad agropecuaria, debe revelar al menos una tendencia, que es hacia la reducción del área sembrada para casi todas las actividades y en algunas de ellas también en la producción obtenida en comparación con el año 2020, es decir en sólo 2 años.

En la ENA 2022, se establece que los granos básicos representan el 78.3% de los cultivos anuales de Costa Rica y que, si bien el café fue el cultivo permanente con la mayor extensión sembrada y cosechada, su producción no fue de las mayores de los cultivos permanentes, que corresponde a la caña de azúcar, al banano y la palma aceitera que en su conjunto alcanzaron el 88.6% de la producción de estos cultivos en el país, (INEC, Comunicado de prensa,2023). Entre los cultivos permanentes se encuentra también el cultivo de la piña, pero esta actividad no se incluye en la encuesta nacional.

Según la ENA, el año pasado se sembró de arroz 33.586.4 has, que es el 53.2% de los ochos cultivos anuales estudiados y se obtuvo una producción de 145.302,5 toneladas métricas (TM). Estas cifras reflejan que el arroz tuvo la mayor extensión sembrada, cosechada y la producción más alta de los cultivos anuales.

Sin embargo, comparando el área y la producción de arroz del año 2020 (encuesta nacional 2021), que fue de 38.112,7 hectáreas, hubo una reducción de casi 4 mil hectáreas entre el 2022 y el 2020, aunque en la producción que fue de 137.503,5 toneladas métricas en el 2020, si hubo un aumento de más de 7 mil TM. en el año 2022. Un dato importante es que en el 2020 se destinaba el 98,8 % de la producción a la industria y en el 2022 se destina el 83% de la producción nacional, como resultado del aumento progresivo del producto importado, situación que se va a profundizar con la Ruta del arroz, y la salida de una cantidad importante de productores de la actividad.

Con respecto al cultivo de frijol, el área sembrada en el 2022 fue de 8.653,3 has sembradas y una producción de 6.000,2 TM. Mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 9.452,3 hectáreas, 800 has más que en el último año y la producción obtenida fue de 5 308,4 toneladas métricas, un poco menor que la del 2022.

En cuanto al maíz, en el 2022 se sembraron 7.175,9 ha sembradas y se tuvo una producción de 10.246,1 TM., en tanto el área sembrada en 2020, fue de 8.376,2 hectáreas, es decir 1.200 has más que el 2022 y una a producción obtenida este año de 14.180,6 toneladas métricas, es decir cerca de 4 mil toneladas más en el 2020, resultado al parecer de un mayor rendimiento por hectárea.

Dentro de las raíces y tubérculos, destaca la yuca con un área sembrada de 7.084,4 ha y una producción de 78.275,6 TM. en el 2022, frente a un área de 11.161,1 hectáreas y una producción de 97.201,0 toneladas métricas en el 2020; que marca una diferencia de más de 4 mil has sembradas y de 18 mil toneladas de producto entre aquel año y el 2022.

En el caso de la papa se reportó para el 2022 un área de 2.912,4 ha, y una producción de 48.171,6 TM. para el 2022, en tanto para el 2020, el área sembrada fue de 2.816,3 hectáreas, y la producción obtenida fue de 47.619,3 toneladas métricas; con escasas diferencias entre un año y otro tanto en área como en producción.

Por su parte para la cebolla, la Encuesta Nacional Agropecuaria 2022 reveló una extensión sembrada de 1.422,8 ha y una producción de 32.184,4 TM., mientras que, en el año 2020, el área sembrada fue de 1.884,9 hectáreas y la producción obtenida fue de 36 546,3 toneladas métricas; con diferencias de más de 400 has y más de 4 mil TM entre uno y otro año.

Entre los cultivos permanentes, según los principales resultados de la ENA 2022, la caña tuvo un área sembrada 57.006,2 ha sembradas y una producción de 3,366.915,7, en tanto en 2020, el área sembrada fue de 60.750,0 hectáreas y la producción obtenida fue de 4, 194.596,7 toneladas métricas, con una diferencia que de más de 3.700 has sembradas.

Seguidamente, el banano con un área sembrada de 48.369,2 ha sembradas y la producción obtenida de 2.307 933,3 TM, cifras que eran mayores en el 2020, con el área sembrada de 54.783,6 hectáreas y la producción obtenida de 2,528.720,8 toneladas métricas. Es muy significativa la diferencia en el área sembrada entre uno y otro año, de más de 6 mil hectáreas.

Para el café, el área sembrada en 2022, según la ENA fue de 77.352,5 ha sembradas y una producción de 436.473,3 TM de producción, mientras que, en el 2020, el área sembrada fue de 80.210,3 hectáreas y la producción obtenida fue de 400.042,1 toneladas métricas, con una diferencia de más de 2.800 has sembradas en el 2020, aunque la producción es mayor en el 2022, probablemente por una mayor productividad de las plantaciones.

En cuanto a la palma aceitera, el área sembrada fue de 68.288,5 ha sembradas con una producción 1,040.239,3 TM en el 2022, frente al área sembrada de 72.898,1 hectáreas y una producción obtenida de 1,138.886,8 toneladas métricas en el 2020, cuya comparación revela un área sembrada mayor en este año de más de 2.600 has, con respecto al 2022.

El caso de la naranja, el área sembrada fue de 13.220,7 ha y la producción obtenida de 289.564,5 TM. el 2022, mientras en el 2020 el área sembrada de 13.354,1 hectáreas y la producción estimada fue de 258.234,3 toneladas métricas, con áreas y producciones muy similares en los dos años, así como en el volumen que se vende en el mercado interno que es entre un 27 y un 30%.

Respecto al mango, el área sembrada es de 6.217,4 ha área sembrada, y una producción 30.187,4 tm de producción para el 2022, en tanto para el 2020 el área sembrada fue de 7. 482,5 hectáreas y una producción obtenida fue de 23.812,1 toneladas métricas, registrando una diferencia de más de 1,200 has sembradas ese año, aunque se tuvo una producción menor en 2020, probablemente por un mayor rendimiento por hectárea.

Por su parte, el plátano presentó en el 2022, un área sembrada de 10.697,3 y una producción de 72.083,3 TM de producción, frente a un área sembrada de 10.860,3 hectáreas y una la producción obtenida de 84.412,8 toneladas métricas en el 2020, evidenciando áreas similares en ambos años, pero una producción mucho mayor en el 2020, de más de 12 mil TM.

Siguiendo el palmito, el área sembrada fue de 3.231,9 ha de sembradas y una producción de 3.203,3 TM de producción en el 2022, mientras que el área sembrada fue de 3.866,3 hectáreas y la producción fue de 3.218,6 toneladas métricas en el 2020, con una diferencia de más de 600 has sembradas, pero un volumen de producción similar, en el palmito también una parte pequeña se destina al mercado nacional.

Finalmente, el área sembrada de chayote fue 407,0 ha y la producción de 28.990,7 TM. en el 2022, en tanto en el 2020, el área sembrada fue de 493,6 hectáreas y la producción obtenida fue de 31.284,7 toneladas métricas, con una diferencia de más de 85 has sembradas y más de 2.200 TM. producidas en el 2020. (INEC, ENA,2022).

Las diferencias en el área sembrada y en menor medida en la producción de las actividades analizadas en la ENA, revelan con excepción de la papa y el plátano, descensos en el área sembrada, entre 6 mil has en el banano y 4 mil en el arroz, hasta 85 has en chayote y 800 en frijol, que debieran llamar la atención de las autoridades del sector agropecuario, de las organizaciones y de los consumidores.

Esta reducción en el área y en algunos casos en la producción de las actividades agrícolas, tiene implicaciones sobre la seguridad y la soberanía alimentaria del país, ya que en algunas de ellas podrían estar llegando al límite mínimo(piso) de producción nacional de ciertos productos alimentarios y un descenso mayor en éstas, llevaría al desabastecimiento y al aumento de la importación(como está ocurriendo con el arroz) o al ingreso ilegal de productos(como ha ocurrido algunos años con la cebolla).

Las razones de la reducción de las áreas sembradas en el 2022 podrían atribuirse a los fenómenos de la pandemia y el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como se mencionó en un artículo anterior (Alterdes.com,2022), pero la tendencia hacia la reducción de las áreas ya se había reflejado en las anteriores ediciones de la encuesta agropecuaria

Si se compararan las cifras de áreas sembradas y cosechadas del 2020 y el 2022 con las del censo agropecuario del 2012, se podría confirmar la tendencia de mediano plazo en la reducción de las áreas en la mayoría de las actividades, poniendo en evidencia que la producción agroalimentaria, en especial para el mercado interno, presenta un deterioro irreversible, por la dedicación de las áreas a otras actividades económicas(turismo, inmobiliario) en algunas zonas del país y por la baja inversión en las actividades agropecuarias y/o la disminución de la asistencia tecnológica hacia ellas.

Por la tendencia comprobada, la seguridad y la soberanía alimentaria del país está seriamente amenazada y no sólo porque se produce menos de los alimentos que los agricultores del país pueden producir, sino también porque en algunos productos se dedica y se consume una proporción menor en el mercado interno, porque se vende la totalidad de la producción al exterior y tiene que cubrirse el consumo nacional con producto importado.

Abandonar más la producción agroalimentaria nacional es difícil, pero que se formulen políticas adecuadas para el fortalecimiento del sector, a veces parece imposible.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento sobre la importancia de realizar el Censo Nacional en el año 2022

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento:

Acuerdo firme de la Sesión Ordinaria N.° 212 de la Junta Directiva, celebrada el 7 de octubre de 2021.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, CONSIDERANDO QUE:

1.Una de las finalidades del Colegio, es pronunciarse sobre los problemas de interés nacional e internacional relacionados con los objetivos y las actividades profesionales del Colegio, tal como lo indica el inciso f), Capítulo II sobre las Finalidades del Colegio en la Ley N.°8974.

2.En diferentes medios de comunicación ha circulado la noticia que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), está enfrentando una situación presupuestaria crítica que dificultaría realizar el XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, debido a que el Ministerio de Hacienda le impone aplicar la regla fiscal, lo que impide el espacio de crecimiento en el gasto corriente. 

3.El último Censo Nacional de Costa Rica se realizó en el año 2011, en una década se generan cambios en las realidades y condiciones de las personas y de las comunidades, por eso el país necesita realizar un nuevo censo, como dictan las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La realización del Censo Nacional contribuye con la obtención de datos y la elaboración de estadísticas nacionales de calidad que se utilizan en la construcción de indicadores demográficos, económicos, sociales, de vivienda, de salud, entre otras; y permite contar con información para la toma de decisiones

4.La Ley N.° 9694 Ley del Sistema de Estadística Nacional, señala que el INEC tiene la obligación de ejecutar los censos nacionales de población y de vivienda cada diez años. Esa Ley fue requisito para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

5.El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, es consciente desde su creación el 30 de setiembre de 2011 y a través de más de sus mil personas colegiadas distribuidas en todo el país, que los censos nacionales recopilan información muy diversa y actualizada sobre las diferentes poblaciones y desagregaciones geográficas, la cual permite la evaluación y elaboración de políticas públicas precisas, el desarrollo de programas y proyectos institucionales de diversa índole con un claro beneficio para el país y para los diferentes sectores.

6.El monitoreo de los derechos humanos es ineludible en áreas geográficas pequeñas (cantones, distritos, barrios, cuadras o manzanas) y poblaciones particulares (migrante, refugiada, indígena, afrodescendiente, intercontinentales, con discapacidad, población adulta mayor, parejas del mismo sexo, en situación de calle, en asentamientos informales, en hogares para personas adultas mayores, albergues infantiles, personas privadas de libertad, entre otras).

7.El Censo Nacional ha sido crucial para el conocimiento de la concentración de la población, el estado de las viviendas, la presencia o ausencia de los servicios públicos (incluso municipales), para el análisis del sistema de pensiones, la cobertura del sistema educativo (máxime ante la grave crisis que vive este sector con la no presencialidad en escuelas y colegios), los niveles socioeconómicos y de pobreza, las condiciones laborales de los diferentes sectores económicos, las poblaciones en riesgos ante desastres naturales asociados al cambio climático, la información vinculada con las condiciones de salud y su relación con el ambiente.

8.Que las estadísticas nacionales que genera el Censo Nacional son vitales porque caracterizan por cuadra o manzana y con rostro humano las necesidades sociales y económicas que tiene la población de este país. 

9.El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica reconoce que, de no contar con información censal actualizada, se tendría serias repercusiones en términos de la elaboración y ejecución de políticas públicas, pues no se tendría noción de las desigualdades sociales que pondría en desventaja a las poblaciones más vulnerables del país. Por ejemplo, al no realizarse el Censo Nacional, esto va incidir en la ejecución del Censo Nacional Agropecuario.

10.Los resultados obtenidos del Censo Nacional son utilizados para la investigación en diferentes centros académicos, también son utilizados por la población estudiantil universitaria que realiza sus tesis de grado o posgrado. Así como el sector privado que la utiliza para realizar estudios de mercado, proyecciones económicas y contratación de mano de obra entre otros.

11.El contar con información actualizada proveniente del Censo Nacional, ha demostrado, ante la situación de pandemia que vive el mundo y en particular el país, la importancia estratégica de contar con indicadores de calidad sobre salud, y la respuesta del sistema de salud pública, lo cual garantiza la toma de decisiones oportunas en beneficio de la población.

12.El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, tiene conocimiento que el INEC, cuenta con el presupuesto y el equipo humano para realizar el Censo Nacional en junio del 2022, sin embargo, la regla fiscal impide su realización (Ley N.°9635).

POR TANTO, ACUERDA QUE:

1.Las consecuencias de no realizar el Censo Nacional en el año 2022, representan múltiples problemas para la población en general y los usuarios de la información; asimismo no realizarlo va en detrimento de la definición de políticas públicas y el desarrollo de programas y proyectos que se derivan de dicha información, a corto, mediano y largo plazo. Entre otros aspectos, sucintamente, podemos citar: 

a.Implica no tener información actualizada del análisis en los cambios demográficos, incluso motivados por la actual pandemia. 

b.Instituciones como la C.C.S.S. no tendrían información actualizada de sus áreas de salud y lo que implica en la planificación de los EBAIS.

c.Ante la crisis educativa del país es trascendental contar con información actualizada. 

d.La cartografía censal es utilizada en sistemas de información geográfica.

2.Solicitar a la Asamblea Legislativa excluir de la regla fiscal a los censos nacionales y otros proyectos poco frecuentes del INEC, para que pueda ejecutar los fondos presupuestarios para tal fin. 

3.Instar a las diferentes instituciones estatales, universidades públicas, organizaciones sociales y empresas privadas a que se pronuncien a favor de la realización del Censo Nacional para el año 2022.

4.Darle una mayor difusión en los diferentes medios de comunicación y redes sociales el presente pronunciamiento. 

Dado en San José, a los 7 días de octubre del año 2021.

ACUERDO FIRME.

MSc. Mariano Sáenz Vega

Presidente de la Junta Directiva

Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica 

Adjuntamos el documento oficial para descarga:

UNA: Usan dato falso en precio del arroz

El arroz desregulado genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio del arroz regulado.

Leiner Vargas, economista del Centro Internacional de Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), denunció que en un estudio financiado por la Cámara de Comercio de Costa Rica se indica que el porcentaje que gastaban los sectores más bajos en arroz era casi de un 8.5%, lo cual para el académico es falso. Incluso, ese dato fue utilizado por el Banco Central en un estudio del efecto de la desregulación del precio del arroz en las familias pobres; asimismo, el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre competencia, se equivoca al utilizar una referencia secundaria sin verificar el dato ante el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en relación con lo que gastan las familias pobres en el consumo del arroz.

Esta situación fue externada por el economista de la UNA en un reciente webinar que analizó los pros y contras del precio del arroz en Costa Rica, organizado por el Cinpe y la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Vargas manifestó que esto es un error que no se puede permitir ni a la OCDE y menos al Banco Central, ya que éste financia parte de la encuesta de ingresos y gastos. “No se vale que sus investigadores utilicen datos secundarios de un estudio financiado por la Cámara de Comercio y menos, que la OCDE contrate consultores nacionales que no se validan con la información del INEC”, señaló el economista de la UNA.

Datos en manos de Vargas revelan que el 4.59% al 2019, es la cifra correcta que tanto el Banco Central como la OCDE, debieron considerar en sus estudios e informes. (vídeo adjunto).

Desregulado y a la libre

Otra inexactitud dada a conocer por el economista del Cinpe en materia de arroz, es la que plantea que el aumento en el gasto de los consumidores más pobres en arroz obedece a los precios regulados, cuando en realidad se debe al precio del grano desregulado.

Vargas explicó que en el caso del arroz regulado existe una categoría denominada grano entero que analiza el Banco Central a través del INEC. Sin embargo, en el mercado existen importadores que traen arroz de diversas categorías, los cuales tienen los precios desregulados.

 “Por ejemplo, el arroz regulado en la categoría 80/20, cuyo precio ronda los ₡620 el kilo, en la categoría de arroz desregulado (precocido, con camarones, integral y jazmín, entre otros) el consumidor llegaría a pagar entre ₡1.600 y ₡1.800 por ese mismo kilo del grano, solo porque viene en distintas presentaciones”, explicó Vargas.

El economista agregó que precisamente entre el 2013 y el 2019, el porcentaje de arroz entero regulado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) cayó de un 4.91% en la canasta de los más pobres a un 4.56%, lo que significa que la regulación de precios disminuye el costo y el gasto en arroz para las personas de más bajos ingresos. No obstante, el arroz desregulado aumentó de 4% a 9% en el presupuesto de las familias. “Es el arroz desregulado el que genera un drenaje en el presupuesto de los consumidores, ya que se vende a tres o cuatro veces el precio el arroz regulado, porque está a libre y se vende bajo el concepto del libre mercado, que algunos intentan achacarle al mercado del arroz, pero que no tienen”, precisó Vargas.

Según datos del INEC, el gasto en el presupuesto de las familias no solo se refleja en el arroz desregulado, sino también en el mercado de las medicinas, internet y otros. Muy diferente al mercado del arroz regulado, en relación con el presupuesto que gastan las familias más pobres.

Vargas mencionó que la discriminación de precio realizada por la importación de arroz lo que hace es maximizar el ingreso de los importadores y no minimizar el gasto de las personas. “Así que cuando se habla de que estamos con el interés en los consumidores que se hable con números, porque en este contexto el arroz desregulado ha avasallado al consumidor”.

Así está el arroz

Isabel Quirós, presidenta Ejecutiva de Conarroz comentó que durante muchos años el sector arrocero se ha visto amenazado por los intereses de unos pocos que se refugian en estudios desactualizados, con informaciones e interpretaciones inexactas en busca de liberar el precio del arroz.

Quirós explicó que la encuesta de hogares realizada por el INEC entre 2013 y 2018, reveló que el gasto de los quintiles de menor ingreso en arroz de grano entero (regulado) presentó una disminución al pasar de 5.3% a 4.6%, con lo cual se demuestra que la regulación de precio ha beneficiado al quintil de menor ingreso del país. “En la actualidad el precio del arroz ha favorecido a los cinco millones de consumidores, los cuales tenemos acceso a comprar el grano a precios muy favorables, ya que es el único producto que ha experimentado una disminución del 15% en la última década y forma parte esencial de la canasta básica nutricional del costarricense”, explicó Quirós.

La presidenta de Conarroz aseveró que los altos porcentajes de intermediación en otros productos no regulados han detonado en precios altos por lo que el fomento de la competencia no demuestra que los consumidores se beneficien de mejores precios, si los productos se mantienen a la libre.

Quirós afirmó que el sector arrocero ha hecho esfuerzos por elevar la productividad, por lo que de 2012 a 2020 ha tenido un crecimiento sostenido del 3.8% anual, pasando de 3.4% a 4%, superando el promedio mundial que está en cuatro toneladas por hectárea, esto a pesar las inclemencias el tiempo y la carencia de herramientas para el sector.

A la vez, la actividad arrocera aporta el valor agregado agropecuario y brinda empleo a más de 33 mil personas en 25 cantones del país que no cuentan con otras actividades productivas para su desarrollo económico.

Más de 60 mil indígenas MIFUTES costarricenses olvidados por la Defensoría

Sra. Catalina Crespo Sancho
Defensora de los habitantes

Reciba un cordial saludo de MIFUTE-COSTA RICA (Migrantes-Indígenas-Fuera Territorios de Costa Rica) (Migrantes Indígenas Fuera de Territorios), y de Asociación Indígena ARIFUTESUR.

Según el censo 2011 de INEC indica que los indígenas MIFUTES son el 65% de la totalidad de los indígenas que viven en Costa Rica. (62.800 indígenas).

La Defensoría ha invocado la no discriminación para ninguna persona en tiempos de PANDEMIA y hasta hoy ni el gobierno, ni la Defensoría nos ha contestado nuestras peticiones, ni se han acordado de que por lo menos existimos.

Estamos organizados en Consejos de Mayores, Asociaciones de la ley 2018, y filiales en todo el país.

Según el último informe del Tribunal Supremo de Elecciones elecciones 2018, página 445, indica se estima que 16mil indígenas que viven dentro de los territorios ejercieron su derecho al voto, por lo que nosotros estimamos que más de 32 mil indígenas MIGRANTES MIFUTES votaron en las pasadas elecciones. Esto revela la importancia que debe tener y que no se le está dando a los indígenas MIFUTES.

El proyecto MIFUTE-COSTA RICA fue escogidos entre uno de los primeros proyectos a abordar bajo el Decreto Ejecutivo 41529MP, para la atención especial del Cantón de Buenos Aires.

Ante la emergencia del Covid 19 urge que nos tomen en cuenta ya que a la fecha solo se han hecho gestiones para ayudar una minoría indigena que está dentro de los territorios (35%), dejando por fuera los MIFUTES.

POR LO TANTO:

A- Solicitamos una cita virtual para explicar con más detalles nuestra problemática.

B- Solicitamos apoyo para los agricultores indígenasg puedan sembrar y cosechar mediante el Proyecto Agricola Indigena Las Tres Lunas.

C- Solicitamos atención inmediata para atender con alimentos o diarios igual que se atendió a algunos indígenas que viven dentro de los Territorios.

No omitimos manifestar que hemos enviado solicitud desde que empezó la pandemia del covid19 a Heiner Blanco de casa presidencial para articular acciones en favor de nuestros indígenas en tiempos de PANDEMIA y hasta la fecha no se ha gestionado nada, o bien si lo ha hecho no nos damos cuenta.

De usted atentamente. Stefany Fernandez Vargas, presidente MIFUTE COSTA RICA y PRESIDENTE DE ASOCIACION INDIGENA ARIFUTESUR.

cc- Comisión Local de Emergencia de Buenos Aires.
Eduardo Rojas Méndez: Asesor Experto en MIGRANTES- MIFUTES.
TELEFONOS 8303-0073.

*Imagen ilustrativa: UCR.

“Desenganche” del bueno

Programa Martes Económicos

Greivin Hernández González*

Jeison Rodríguez Flores

 

Los resultados de la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) revelaron un cambio positivo en la dinámica del mercado laboral, la economía está generando puestos de trabajo más rápido de lo que crece su producción. En artículos previos habíamos llamado la atención del fenómeno contrario, esto es, una situación en que la producción del país aumentaba, pero a pesar de ello no se generaban empleos, lo cual ocurrió en 2014 y 2015, momentos en que a pesar de que la economía nacional creció en promedio 4,2% cada año, se perdieron 60 764 puestos de trabajo en el bienio. Tal situación no afecta solamente a Costa Rica, es un fenómeno mundial causado en gran parte por el avance tecnológico, y la ausencia de políticas públicas para abordarlo.

La buena noticia es que la ECE muestra que a partir del cuarto trimestre de 2016, las variaciones trimestrales en el número de personas que tienen trabajo pasaron a ser positivas, luego de cinco trimestres consecutivos en que venían cayendo de manera significativa.

La encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), registra además una mejora casi generalizada sino fuese porque el sector construcción perdió empleos. Asimismo, evidencia la recuperación en el sector primario, las actividades de agricultura, silvicultura y pesca finalmente mostraron tasas positivas de generación de empleo, luego de seis trimestres consecutivos en que el número de trabajadores descendió.

El sector primario generó 20 mil empleos más en relación al segundo trimestre del año anterior, y el sector servicios 79 mil. En el segundo caso, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida; comercio; y otras actividades de servicios, generaron: 25 mil, 22 mil y 14 mil empleos, respectivamente. Esto es notable por cuanto en el sector servicios es de los que presentaba de forma más aguda la desvinculación entre crecimiento y empleo, a pesar de su constante crecimiento productivo en los últimos años.

En cuanto al grado de calificación de los empleos generados, el mercado sigue privilegiando la formación en las aulas. Encontraron trabajo 71 195 personas con algún grado de educación universitaria, 26 673 que asistieron a la secundaria y 22 965 con estudios en primaria.

El otro aspecto positivo que se desprende del análisis de los datos de la ECE es la mejora en las condiciones laborales de una parte importante de la población asalariada. La cantidad de trabajadores que reciben menos de un salario mínimo se redujo en relación al segundo semestre del 2016, en aproximadamente 8 600 personas, y quienes están en el rango de uno a dos salarios mínimos aumentó en 11 mil. En cuanto a horas laboradas, se presentó una reducción de las personas que trabajan más de 48 horas (cerca de 43 mil trabajadores), mientras que todas las personas que trabajaban menos de las 48 horas aumentaron el tiempo de trabajo.

Si bien el resultado global es alentador, pues se alcanza la tasa de desempleo más baja de los últimos siete años, 8,5%, aún no se recupera el nivel máximo de personas ocupadas registrado por la ECE en el IV trimestre de 2013, que fue de 2 088 282 trabajadores, y restan cerca de 193 mil personas por encontrar trabajo. Además existen retos en el mercado de laboral que es preciso atender, como el alto grado de informalidad, brechas de género y regionales.

No obstante lo anterior, es destacable que en medio de un crecimiento económico moderado, la mayor parte de actividades económicas estén siendo capaces de absorber más trabajadores de lo que su dinamismo productivo diría, lo cual es esperanzador, dado que muestra que es posible revertir una tendencia que condenaba a miles de costarricenses a las consecuencias negativas de la falta de opciones laborales. Sería deseable que el gobierno y el sector privado estudien a fondo el fenómeno, para promover políticas que fortalezcan la tendencia, dado que un mercado laboral fuerte genera un círculo virtuoso entre demanda impulsada por el consumo privado, crecimiento económico y mayores ingresos fiscales, a propósito de las necesidades que tiene el país actualmente en este último tema.

*Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de Masters a.

Enviado por UNA Comunicación.

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