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Etiqueta: mercado

CONSUMIDORES, MAS NO CIUDADANOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante la primera ronda electoral desarrollada en Costa Rica, se convocó a las personas candidatas a una actividad de divulgación preparada por una cadena de restaurantes de comida rápida. Se trataba de una acción comunicativa, una performance en las que se buscaba la interacción con sus partidarios, generar contenidos, imagen.

De alguna forma, esta actividad es expresiva de un listón demasiado bajo que se desarrolló durante esa contienda electoral y que continuó sin disimulo durante la segunda ronda, en la que los temas de fondo han sido tamizados, casi desdibujados por una seguidilla incontestable de discursos y contradiscursos que no contribuyen a fortalecer el diálogo democrático en una sociedad profundamente atomizada, polarizada, socavada en sus cimientos de convivencia y disminuida en sus horizontes de futuro, en particular para las personas jóvenes y las poblaciones vulnerables.

Lejos de acrecentar la búsqueda de calidad en el debate, lo que hemos observado con preocupación es la crispación de los contenidos, la trivialización de temáticas que son centrales para las subjetividades, como la violencia de género o el suicidio en personas jóvenes. La comunicación, si es que existe tal cosa, se ha ocupado de enmendar la plana y vaciar de contenido el lugar que otrora ocupaban las propuestas, el intercambio de ideas, el diálogo democrático.

Con la «redsocialización» del juego electoral en Costa Rica, se ha terminado por magnificar la forma por el fondo, ese donde yace en lo profundo un modelo por armar de una sociedad desarmada. A la espera por una reconstitución, una refundación necesaria y urgente, las ideas han sido sustituidas por una concatenación de palabras sin mucha argumentación, los personajes en contienda terminan siendo eso: personajes construidos por casas publicitarias cuyas matrices están bastante lejos de la geografía y la configuración costarricense.

Al calor de las hamburguesas y las papas trans, podríamos haber advertido una especie de premonición de un proceso electoral obeso, casi mórbido y sin una sola gota de sudor en su esfuerzo físico, que poco se ha preocupado por ir en busca del reencantamiento de ese electorado una y otra vez perfilado en estudios rigurosos y serios sobre sus principales características.

En su trabajo sobre Cultura Política e intención de voto en la segunda ronda electoral 2022 desarrollado por el Programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional, en Costa Rica, se aborda una tipología que incluye votantes tradicionales (aquellos con costumbre arraigada e interesada en la política y que se presentaron a votar durante la primera ronda), votantes flotantes (tienen un menor interés en la política, fue a votar en la primera ronda y tomó su decisión con pocos días de anticipación) y los votantes apáticos (que nunca o casi nunca conversan de política con nadie y no asistió a ejercer su voto durante los comicios de febrero). Son estos, los rasgos subjetivos que las propuestas en contienda deben ir a buscar, refrendar aquellos que si están claros en la cuestión política y tratar de convencer a estos apáticos o flotantes.

Sin embargo, la escasa propuesta comunicativa se ha centrado en otros discursos y lenguajes, más acordes con la cercanía de ese elector al mercado que lo construye y menos a su consideración como ciudadano.

Una sociedad que apuesta más por la igualdad en el mercado, produce propuestas y respuestas abigarradas en las que sentidos de pertenencia, identificaciones y lealtades son mediadas por las capacidades de consumo, inclusive aquellas vinculadas con el consumo de las propuestas electorales. Por esas razones, pareciera entonces que al electorado le da lo mismo adquirir un combo agrandado y con muchas salsas o escoger entre propuestas que lo han tratado como eso, un consumidor más que un ciudadano.

Es esta una hora crítica para Costa Rica. Venimos sorteando las olas pandémicas sobre un sistema de salud que ha resistido dada su consideración como prioridad por el modelo instalado en Costa Rica entre los años cincuenta y los años ochenta del siglo pasado. Sobre ese sistema de salud, ahora sobrepasado y fatigado, nos preparamos para dar el salto hacia otro estadio de convivencia con nuevas variantes y mutaciones que vendrán seguramente en los próximos años.

Pero la desigualdad, pero la desconfianza, pero la pobreza, pero la desintegración, pero la discriminación, pero la violencia, pero la acumulación por despojo… todo esto bien vale un replanteamiento serio. Quitar las papas trans de la mesa y sentarse a conversar, a repensar, redefinirnos. Colectivamente.

La dimensión desconocida del “Cambio Climático”: Ecofascismo

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Hay armas que son simplemente pensamientos.
Los prejuicios pueden matar y la sospecha puede destruir.
Rod Serling

Una vez más, potencias mundiales, multimillonarios, transnacionales, organizaciones internacionales y países se unen en “coro” para combatir el Cambio Climático en la COP26, sin embargo, cuando vemos las portadas de los periódicos y los “post” en redes sociales, surge un momento de incredulidad. Cómo si aquello que observamos fuera sólo una deformación de la realidad. Valdría la pena aprovechar ese segundo y preguntarnos ¿Qué tensiones han conformado ese contexto que vemos?

Cuando hablamos de Cambio Climático, aparentemente asistimos a un consenso común de emergencia mundial, de preocupaciones y acciones compartidas. Sesión tras sesión pareciera que los consensos se construyen en torno a la protección del planeta. Sin embargo, si abrimos la mirada más allá del evento en cuestión, nos damos cuenta que no hablan de lo mismo, y que los desacuerdos son la ley en torno a la búsqueda de acciones para afrontar la crisis climática.

Pero se preguntarán ¿Qué hay detrás de toda esa infraestructura técnico-social que se despliega en favor del ambiente? Cómo todo espacio de disputa, diversos sectores procuran imponer una narrativa que asegure su posicionamiento, y les permita conservar y reproducir las relaciones que favorecen su dominio. En este caso, el capitalismo no es inocente en la construcción de esto.

En los últimos 30 años, asistimos a un reposicionamiento de las fuerzas extractivas en nuestras sociedades, si por un lado creció una mayor conciencia ciudadana y científica de los límites que rodean a nuestro planeta, por otro lado los sectores dominantes “hicieron su tarea”. Desarrollaron una nueva narrativa que les acompañó, una en la cual el mercado y el crecimiento económico eran imprescindibles para el sostenimiento del planeta.

Resultó que en estas tres décadas, la expansión económica y el consumo de mercancías en todos los niveles de la producción no paró, no resultaba ser un proceso a intervenir, todo lo contrario, era la señal precisa que necesitaban todas las sociedades. Es decir alcanzar un estado de “desarrollo” tal que les permitiera generar la riqueza para obtener mediante la “sofisticación” social esa “conciencia ambiental”. La pobreza fue el primer eslabón de la narrativa, el mercado tenía la ingente tarea de reducir la pobreza y salvar al planeta, es decir culpar al pobre por la contaminación.

Es así como estas fuerzas dominantes, lograron lo impensable, alejar la mirada de las relaciones económico-sociales que les permite acumular y reproducir su riqueza, es decir aquellas relaciones que promueven un consumo desmedido de las sociedades ricas, y derivan en la explotación de los bienes naturales y del trabajo de los seres humanos (abaratamiento por medio de la desregulación ambiental y erosión de los derechos).

Precisamente muchos sectores corrieron a proteger y justificar estas relaciones de explotación como el motor para el cambio social. Y como respuesta surgió la responsabilidad social corporativa, aquellas relaciones en las cuales el mundo corporativo devolvía a la sociedad el fruto de sus preocupaciones, a través del involucramiento “comunitario” y “pagando” por su contaminación.

Llegados a esto, podemos decir que aquel desarrollo sostenible, es meramente una opción financiera mediante la cual “Quien contamina paga”, y que reduce toda la crisis climática a la “compensación”, logrando impedir cualquier asignación de responsabilidad o freno a eso que le llaman crecimiento económico.

Esta idea de “pagar” por la contaminación nos empujó a una etapa de mercantilización de la naturaleza que extendió la frontera extractiva a través del capital natural y las “soluciones basadas en la naturaleza”, es decir sobre los bosques, manglares, mares, entre otros territorios que mantenían fuerzas de resistencia al capital, pero hoy les amenaza la financiarización, una fuerza que rodea y ahoga, que despoja, privatiza y concentra.

Y llegó la Revolución 4.0, la solución tecnológica como elemento clave para la “revolución” de la conciencia humana. Con un despliegue de optimismo desmedido, impulsado por el desarrollo tecnológico en todas las áreas del conocimiento, comprometido con el desarrollo de instrumentos e infraestructura para las interconexiones y cumplimiento de las tareas, ha conllevado a un reimpulso de los extractivismos de todo tipo desde fósil hasta agronegocio, pero está vez el precio se justifica por el compromiso por un “futuro ambiental”.

Tal vez el punto más crítico que evidencia la total desconexión de esta época, es que durante estos últimos treinta años, asistimos a una realidad donde la defensa del ambiente se volvió una de las actividades más peligrosas. Con el paso de los años se evidencia que las comunidades que se resisten al despojo de sus territorios son las “trabas” a la inversión, y los nuevos “ecoterroristas” que azotan los planes de desarrollo.

Hoy en la COP26, asistimos a un teatro que invisibiliza la estrecha relación entre el crecimiento económico y degradación ambiental. Una narrativa que logró impedir poner en cuestión el modo de producción que domina nuestras sociedades, que lo “absolvió” y lo convirtió en solución. Una vez más es importante cuestionar las formas y modos en que nos presentan las “soluciones”. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están padeciendo las consecuencias?

Cuando vemos de nuevo las notas de prensa o redes sociales, nos damos cuenta que ahí arriba se construye una sociedad pequeña, privilegiada y privatizada para aquellas personas que pueden “pagar” el privilegio de “compensar” su huella ecológica. Para el resto de las personas que vivimos fuera de la frontera de esa minúscula sociedad padecemos el apetito de los extractivismos desatados por esta “revolución” del capitalismo verde.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Lo tenemos al frente y no lo vemos

Columna LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (4)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

A ratos nos resulta inexplicable que no nos demos cuenta de la existencia de una serie de eventos, o incluso actitudes de las gentes que ocurren frente a nuestros ojos, pareciera, por lo contrario, que cuanto más sean evidentes por sí mismos más imperceptibles se tornan para nosotros. En medio de una serie de gentes que se presentan como (neo)liberales, libertarios (libertarians, a la manera anglosajona en realidad), demócratas o defensores de la libertad, no nos damos cuenta que muchos de ellos no son más que liberticidas, enemigos de cualquier otra libertad que no sea la del mercado o al menos eso es lo que aseguran, cuando la verdad es que nuestros países latinoamericanos lo que existen son sociedades mercantilistas que favorecen la existencia de grandes monopolios privados, de esos que impidiendo la libre competencia y estrujando a la mayor parte del sector empresarial en una clara negación del tan cacareado libre mercado, se tornan en millonarios a costillas de todos nosotros, además de saquear las arcas públicas o a causa de ello. Es por eso que no debería extrañarnos, ni causarnos asombro, lo que ha ocurrido con empresas como MECO y Solís en el sector de la llamada obra pública, dado que es así sobornando a ciertos funcionarios públicos con poder de decisión como opera la cosa, pongan atención pues eso es lo “normal” dentro del mercantilismo, dejémonos de pudibundeces, el tiempo dirá ¿cuáles fueron las verdaderas causas que llevaron al presente escándalo.? Cuando a otros empresarios, como es el caso de Juan Carlos Bolaños, no pertenecientes a tan selecto club, se les ocurre entrar en el negocio del cemento para competir y abaratar los costos en el mercado de ese bien tan esencial, entonces ya sabemos lo que ocurrió, hasta se llevaron en banda al gerente del Banco de Costa Rica, quien por cierto falleció, en el medio del forcejeo y el escándalo montados por la prensa interesada, la que finge ser la representante, además de defensora de los intereses de la ciudadanía y la nación costarricense.

En el Perú de la segunda década del nuevo siglo, tanto como en otros países de la región, incluida Costa Rica, estamos convencidos de que no hay periodistas cumpliendo su labor informativa, como pudiera pensar cualquier ciudadano desaprensivo, más bien lo que hay en abundancia son agresivos operadores políticos (de la derecha y los dueños monopólicos de la mayor parte de los medios) nos dice el veterano político, periodista, escritor y analista político peruano, Ricardo Belmont, pues se trata de esos “comunicadores” que micrófono en mano hacen imprudentes. irrespetuosas e impertinentes preguntas a sus entrevistados, sobre todo a aquellos que no son del agrado de los poderes fácticos, no lo hacen como debe efectuarlo un periodista sino un policía, y aún este último es más prudente en esa tarea, sobre todo en una investigación judicial que supone, al menos, la presunción de inocencia del interpelado. Don Ricardo quien fuera Alcalde de Lima, en tiempos del dictador Alberto Fujimori, en los turbulentos años de la década del noventa, hace estas afirmaciones frente a la agresiva actitud de una prensa que no acepta el resultado de la segunda vuelta electoral del 6 de junio anterior.

La izquierda democrática y el Partido Perú Libre ganaron las elecciones, mientras los medios al servicio de la oligarquía racista y totalitaria que lo atacaron sin piedad durante toda la campaña electoral, procuran ahora separar al presidente Pedro Castillo Terrones de su base política y social: el propio Partido Perú Libre, su dirigencia y militancia en todo ese inmenso país. Eso sería un error suicida para el nuevo gobierno peruano, como con toda certeza lo ha dicho hasta la saciedad don Ricardo Belmont, en sus programas de radio y televisión.

A casi cien años de su fundación, un día de 1924, en la ciudad de México, bajo el nombre de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), sus remanentes o despojos peruanos se han unido a las bandas fascistas fujimoristas para atacar a las organizaciones populares, a los militantes del Partido Perú Libre y otras organizaciones políticas de la izquierda peruana del presente.

El expresidente Alan García Pérez, quien se hundió en la corrupción y terminó suicidándose, hace apenas dos años, representó en 1985, de una manera circunstancial, lo que ningún otro dirigente del aprismo peruano pudo alcanzar, ni siquiera Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), el fundador del APRA, quien siempre vivió de manera austera, y promulgó la avanzada Constitución del 79 poco antes de morir, las esperanzas regionales de un ascenso de la lucha contra el neoliberalismo y sobre el tema de la impagable deuda externa latinoamericana que empezaba a crecer como alud imparable, todo ello al alcanzar la presidencia de la república del Perú, después de más de cinco décadas de luchas, prisiones, ostracismo, alianzas diversas y golpes de Estado, pues el APRA siempre estuvo vetado por la oligarquía y los militares.

Aquellos cinco años de su primera gestión, de retórica progresista alrededor de la consigna de sólo destinar el 10% del PIB, terminaron sin pena ni gloria, aunque asustaron un poco a la vieja oligarquía, la que buscó representarse a través del escritor arequipeño y converso religioso a la magia del mercado, Mario Vargas Llosa, convertido en el ideólogo de la derecha neoliberal, aunque el que se aprovechó de la ocasión, en una segunda vuelta electoral, fue un ingeniero de origen japonés, quien ya en la presidencia de la república dio un golpe de estado dejó de lado constitución de 1979 para instaurar una de corte neoliberal en 1993, la que es preciso derogar para detener el saqueo del país, por parte de un puñado de empresas monopólicas.

Con una admirable dosis de oportunismo e instinto político de supervivencia, Luis Alberto Monge y otros dirigentes del Partido Liberación Nacional de Costa Rica prefirieron mostrarse omisos frente a las primeras veleidades, supuestamente izquierdistas de Alan García, si aquel se estaba preparando para traicionar el antimperialismo de su viejo partido, los del PLN ya no estaban para antimperialismos de ninguna clase, si es que alguno había quedado por ahí rezagado, no había que desagradar a Washington ni siquiera con la sospecha, ya la vieja socialdemocracia latinoamericana había empezado su largo viaje sin retorno hacia la derecha y en beneficio del más feroz capitalismo financiero, una empresa que los tiene al borde del fascismo, como el de aquellos socialdemócratas alemanes de 1919, que propiciaron el asesinato de Rosa Luxemburgo y el aplastamiento de la revolución alemana: Podemos concluir que ni siquiera en aquellos días ahora lejanos, se aparecieron los del PLN por la capital peruana para acompañar a los líderes del “partido hermano”, con hermandades así no hacen falta enemigos nos dice un viejo refrán.

Volver al futuro: Corrupción en Costa Rica ¿Neoliberalismo absuelto?

¿Qué pasa con todo lo que se habla sobre arruinar eventos futuros? ¿El continuo espacio-tiempo?
Marty McFly – Volver al Futuro

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

Los acontecimientos de los últimos días nos muestran una vez más el nivel de colusión de las redes de corrupción en el aparato Estatal, empresas y funcionarios públicos supuestamente han actuado nuevamente para generar una red de beneficios mutuos en perjuicio de las finanzas públicas, y evidentemente en contra de la ley. Hasta aquí podríamos decir que resumimos lo acontecido, sin embargo, pareciera que no siempre se cierra de forma tan simple, ya que el peso de las acciones y las responsabilidades del hecho recaen en un ambiguo sector público, y de la parte privada, se prioriza personalizar las acciones. ¿Qué encubre este tratamiento?

A simple vista, el Estado sale como el elemento perjudicial en la ecuación, la irresponsabilidad y codicia de sus funcionarios ha mostrado una vez más el interés por beneficiarse de las finanzas públicas, en cambio el sector empresarial aparece una vez más ausente de los juzgamientos mediáticos, y en el mejor de los casos la “responsabilidad” se personaliza en cada hecho.

Esto no es inocente, durante muchas décadas se ha construido un andamiaje político, económico y cultural que defiende un tipo de modelo de “iniciativa privada” como la forma de “desarrollo” beneficioso e igualador, así como “creador” de riqueza. En cambio, el “sector público” se presenta como entorpecedor de este “adecuado” desarrollo, ya sea por su burocratismo, ineficiencia o sencillamente la “pereza” de atender.

Esta trama descrita, es parte de una interiorización de tendencias que hoy dominan la práctica política neoliberal, encabezada por los procesos de privatización de las esferas públicas, esto fue acompañado y “escudado” por la corporativización de los intereses y la privatización de la política.

¿Qué queremos decir? Durante las últimas décadas fue mayor el interés de los diversos sujetos políticos por “trasladar” las funciones públicas a entes privados, lo que abrió un “mercado de lo público”, que no sólo se concentró en el concurso de licitación, sino que generó un tipo de “participación” concentrada en la capacidad de ingreso, es decir quienes tenían capital, podían ser escuchados y competir, pero además se creaban condiciones (leyes, reglamentos, políticas) para proteger su “negocio”.

Es así como los últimos 40 años vemos una explosión del surgimiento de empresas que, bajo este esquema de oferentes públicos, han consolidado una posición de influencia en los mercados locales, llegando a convertirse en actores regionales, y en muchos casos llegadas a llamarse “Multilatinas” sin embargo, sus historias son muy comunes, el negocio de lo público está presente, una vez más el “ineficiente” y “perezoso” sector público financia y protege su crecimiento.

La constante que nos demuestran estos casos llámese “Cementazo”, “Cochinilla”, “Lava Jato” o “Caso Oldebrecht” por citar procesos conocidos, es la preeminencia del “saqueo” de lo público por las manos privadas, por un lado, los “grandes empresarios” generadores de riqueza se sostienen a través de licitaciones públicas, y estas son “renegociadas” para beneficio del contratado, y en pocas ocasiones o casi ninguna son aplicadas las cláusulas de rescisión por sus incumplimientos.

La corrupción que salta a la vista es la punta de un sistema económico-político más profundo, que ha legitimado a toda costa y bajo todo argumento la financiación al sector privado a través de lo público, no en beneficio de la colectividad, sino en aras de proteger y garantizar la acumulación de riqueza de unos pocos, por cierto, riqueza que no es producto de la generación privada, si no de la captura del Estado.

Sí, son redes criminales, pero ¿quién juzga al sistema que premia la privatización de la esfera pública y la desprotege? Procesos que procuran la preeminencia y legitimidad de ciertos intereses particulares sobre los colectivos, que en definitiva premia la financiación pública a un tipo de sector privado explotador.

No es una lucha de sector privado contra sector público, es un cuestionamiento a la forma y modo que hemos interiorizado una política que en aras de menospreciar, desproteger y criminalizar lo “público”, y que dejó a saco abierto el dinero público, para que ciertas “manos privadas” aprovecharan a gusto el “botín”.

Por esta razón es necesario que sigamos con mirada crítica los actores políticos dominantes en nuestra época, la financiación de las campañas electorales suelen ser el lugar de encuentro entre estos actores, por esto es necesario estar pendientes a este posicionamiento neoliberal en favor de lo “privado” a través de la privatización y desregulación, es una forma más de legalizar estos despojos, obviamente no a través de “favores sexuales”, pero si el mismo resultado, omitir acciones en defensa del interés colectivo.

Hablar de Neoliberalismo hoy, es como volver al futuro, esa sociedad privatizada con la ley y el amo del “mercado”, donde el capital garantiza las decisiones y acciones, sin embargo, cuando salen a la luz estos entramados de corrupción, nos damos cuenta que ese futuro tiene un pasado, una estructura que en su accionar garantizó la supervivencia de esos “capitales dominantes” en detrimento de una sociedad desprotegida.

 

Imagen: https://www.nodal.am/

¿Es solo la economía lo que se debe reactivar?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Minutos antes de conversar en un espacio sobre arte y cultura que desarrollo de forma habitual en redes sociales, el poeta, periodista y promotor cultural colombiano Miguel Iriarte me actualizaba la dimensión clara y humana del impacto de la pandemia en su país.

  • “Hoy han fallecido 500 personas”, me dijo.
    Lo interrogué: –
    “¿Solo hoy?”
    Si, confirmó.

De inmediato le comenté sobre lo que ha sido abril y mayo en Costa Rica, un país tan construido sobre una narrativa de la excepcionalidad y la superioridad biológica. Ya esa narrativa ha ido dando paso a otras construcciones discursivas sobre la necesidad de un nosotros contingente, necesario para salirnos del impacto institucional, sanitario y social en el que estamos sumidos.

Pero ese nosotros no es para nada fácil. Las dimensiones humanas de la tragedia son tales que no permiten ni siquiera tener una conversación pública y relajada sobre las implicaciones de decisiones tomadas sobre la suspensión presencial y virtual del curso lectivo en el sistema educativo costarricense, los efectos de medidas parciales en materia de movilidad y otras acciones tomadas para tratar de frenar el aumento exponencial de casos positivos.

Todo ha sido dramático en Costa Rica, hasta la forma en que tratamos de dialogar sobre estos temas. No nos estamos escuchando porque simplemente no hay comunidad ni imaginada ni construida posible que pueda hablarse, luego de 40 años ininterrumpidos de proyecto sociocultural orientado al individualismo, la competencia y el mercado como orientador de lo social.

Al momento de escribirse esta nota, se contabilizan 3.962 personas fallecidas según datos oficiales emanados por el Ministerio de Salud costarricense. Son 3.962 historias, biografías, vínculos familiares y afectivos que han partido sin tener el ritual de la despedida por parte de los suyos.

Ambiente COVID-19 en San José. Mercado Central

Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de reactivar la economía. Pareciera ser un discurso necesario, único. Pero en medio de un modelo que justamente privilegia lo económico por sobre lo humano, se ha dejado de lado la dimensión psicosocial y subjetiva que debe restituirse primero, para después reactivarse. Es necesario comprender que una economía con subjetividades vaciadas y con miedo, no funciona ni garantiza igualdad y equidad.

Pensar entonces en reactivar lo humano, pasa por algunas interrogantes:

¿Cómo serán los encuentros sociales a partir de ahora, los abrazos, las conversaciones? La confianza en el otro, la otra, ¿será la misma? ¿Cuál política pública será implementada para reactivar de forma inmediata el afecto y la certidumbre?

En días recientes se promovió en Costa Rica una campaña llamada “Frenar la ola” orientada a concientizar acerca de la necesidad del cuido personal para minimizar el impacto de una fuerza pandémica incontenible, que está ganando la batalla a la institucionalidad en salud en el país.

Para quienes hemos perdido familiares, amigos, conocidos en estos días una acción así cuenta en lo socioafectivo. Algunas voces intelectuales y académicas han mirado con desdén esta iniciativa, pero yo la defiendo como acción restaurativa de lo emocional. Urgen propuestas que se ocupen de esa otra dimensión tan necesaria para la vida: la del sentido y el afecto sobre la racionalidad economicista.

Durante las primeras semanas de contingencia sanitaria en el 2020, las investigadoras Silvia Citro y María Luz Roa, pertenecientes a un equipo interdisciplinario de Antropología del cuerpo y la performance, con sede en Argentina, ya advertían sobre la urgente necesidad de reinscribir nuevas dinámicas subjetivas e intersubjetivas para contender como colectivo las trampas de discursos basados en el restablecimiento de los cuerpos y las economías:

“Construir desde lo colectivo, nuevas artes de re-existir, nuevas micropolíticas colaborativas que nos devuelvan la forma de ser sujetxs alegres y ya no sólo vectores, que brinden abrazos virtuales y no sólo enfermedades. No se trata sólo de entretenernos como pasa-tiempo, sino de entre-tenernos para re-existir con otrxs y vivir-en-el-tiempo”. (Recuperado de https://latfem.org/pandemia-yo-me-quedo-en-casa-pero-en-communitas/)

Quizá sea el momento de reescribir ciertos contratos donde lo importante no pase por la contabilización y el mercado. Existir para encontrarnos pareciera ser esa nueva promesa civilizatoria a la que debemos apostar como humanidad, como país. Esto pasa necesariamente por redibujar las arquitecturas de la política, el arte de la convivencia, el rigor del sentido comunitario. Nos desafían los tiempos.

Imágenes: informa-tico.com y Semanario Universidad

Individualismo versus cuido mutuo: un proyecto sociocultural en declive en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Durante 40 años seguidos, el proyecto sociocultural en marcha en Costa Rica validó un esquema basado en la actitud individual como base para la construcción de su modelo socioeconómico: se apeló al éxito como fin último de la acción social y muchas concepciones relacionales e identitarias fueron modificadas: del usuario de los servicios del estado se pasó al concepto de cliente, del micro empresario al emprendedor, del trabajador al colaborador.

La creencia en una estructuración societaria organizada de esta manera supuso una serie de condiciones contenidas en las formas de respuesta de las personas ante coyunturas y contingencias: responsabilidad, orientación, criterio.

Por otro lado, el sentido de colectividad, ese al que podríamos acudir hoy bajo la premisa del cuido mutuo, solo fue y es apelado desde la maquinaria industrial de la comunicación de masas y la polifonía de las redes sociales.

La épica de la gloria deportiva, por ejemplo, siempre fue propicia en todos estos años para conjuntar de nueva cuenta esa comunidad imaginada y activar los dispositivos de una identidad nacional que aunque frágil y repleta de remaches, aún funcionaba. Hoy ni siquiera la apelación a la sangre roja del costarricense pareciera tener sentido. Pero en realidad poca cosa pareciera tener sentido en una experiencia fallida de comunidad como la que estamos experimentando durante estos días.

En otras reflexiones sobre la noción de comunidad ampliada y su resquebrajamiento en el caso costarricense, hemos adelantado que existen hoy otras figuras que aglutinan y dan sentido de comunidad: el número de tarjetahabientes que existen en el país se asemeja o supera inclusive al total de la población nacional. Si esto no es una forma de denominar esa otra colectividad basada en la organización del mercado, ya nada podría explicar el comportamiento aparentemente errático endosado preliminarmente a una falta de responsabilidad individual.

Desde el proyecto civilizatorio puesto en marcha a partir de los años ochenta en Costa Rica, la pertenencia a una base social común solicitó peajes de entrada: éxito individual, capacidad de consumo, competencia rampante, a toda costa, a cualquier costo.

De esta manera, una comunidad real y sustentada sobre valores como la protección, la horizontalidad y el apoyo fue disuelta del discurso y las prácticas cotidianas.

Por ello cuando acciones organizativas y orgánicas desde lo colectivo se han levantado, han sido opacadas y silenciadas. Algunas enfrentadas desde la fuerza del estado, otras instrumentalizadas como las de ciertos derechos de poblaciones y comunidades específicas. En los últimos años una subjetividad política joven trató de levantarse, pero rápidamente fue estigmatizada y procesada por un discurso academicista y adultocéntrico que la descalificó ad-portas.

Los derechos colectivos están hoy más que nunca conculcados y truncados. El derecho legítimo a manifestarse fue proscrito. Los defensores de la territorialidad indígena son amenazados permanentemente y en los últimos dos años han sido asesinados dos líderes en medio de una inacción gubernamental sin precedentes. Y una vez más las poblaciones migrantes han sido utilizadas como chivo expiatorio de los males sociales, económicos y sanitarios que aquejan al país.

El discurso ha sido hábil para responsabilizar a la población de una tremenda desidia para acatar órdenes sanitarias y guardar un comportamiento ejemplar. Pero ni lo uno ni lo otro ha sido evidenciado con vehemencia para hacer ver la responsabilidad de los actores económicos, las hegemonías y sus presiones hacia la acción gubernamental.

Es claro que luego de décadas de una permanente individualización de la experiencia colectiva puesta en marcha por la maquinaria comunicativa y cultural hegemónica, la noción de cuido mutuo a partir de una acción personal responsable, fracasó absolutamente. Y ha fracasado porque sencillamente no hay colectividad imaginada que cuidar.

En el año 2020 el politólogo francés Bertrand Badie mencionaba en una entrevista para la Revista Nueva Sociedad, que la humanidad había transitado en un periodo de tiempo muy corto en tres extinciones visibles: la de la crisis financiera de 2008; la del espionaje planetario que supuso la eliminación de las libertades y la extinción sanitaria, a partir de 2020. Para el caso costarricense, en específico, se ha abierto una clausura de un proyecto de sociedad iniciado en el siglo XIX y que el rasgo sociocultural homogenizante de los últimos cuarenta años se ha encargado de diluir. Asistimos a nuestra propia extinción y en eso continuamos siendo creativos y excepcionales.

O como diría Roque Dalton: «País mío, no existes».

Tomarán décadas para volver a levantar de nuevo una idea solidaria e incluyente de ese país en el que todos y todas nos sintamos pertenecientes. Y esta no es una tarea de la postpandemia: es urgente iniciarla ya.

 

Imagen tomada de https://elsoldeoccidente.com

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/

La máscara democrática de la oligarquía

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hemos retomado, para este artículo, el título de un libro que recoge un diálogo fecundo sobre democracia, oligarquía y populismo (Canfora, Luciano y Zagrebelsky, Gustavo (2020). La máscara democrática de la oligarquía. Un diálogo al cuidado de Geminello Preterossi. Madrid, Editorial Trotta). Un texto valioso y sugerente para el análisis de nuestra coyuntura sociopolítica.

Aunque la conversación está referida a la realidad política europea y particularmente de Italia, sus reflexiones resultan, en muchos aspectos, paradigmáticas. Tal es el planteamiento de arranque de quien modera el diálogo, Preterossi: “Hoy nos encontramos ante una tensión: por una parte la política oficial (y en general la clase dirigente que no es solo la clase política) se muestra cada vez más encerrada en un bunker, asediada, en afanosa búsqueda de soluciones, de mediaciones que no aparecen; por otra parte, otros sujetos, que se sitúan fuera de la política tradicional, tratan de captar y conducir la rabia de una masa sin representación, que no se reconoce en el poder democrático y le acusa de haberse convertido en oligárquico”(P.11).

Sin duda, una “fotografía” para nada ajena a nuestra realidad. La imagen del “bunker” recoge muy bien ese “soliloquio” que se ha venido dando por parte de un Poder Ejecutivo y Legislativo de espaldas al pueblo, y que también resulta consustancial a esa suerte de metamorfosis oligárquica de la democracia.

Efectivamente, ya hace rato el proyecto oligárquico neoliberal se ha venido afianzando en nuestro país, procurando ocultar su rostro con celebraciones como la de los cien años de democracia o con campañas de descalificación de las posiciones críticas y de la protesta social, considerándolas como antidemocráticas y hasta subversivas, incluso criminalizándolas. Algo que con el correr del tiempo le ha significado importantes dividendos políticos, que hoy fructifican en un conjunto de leyes pro-oligárquicas, aprobadas por una Asamblea Legislativa que se precia de ser una de las que más consensos ha logrado para impulsarlas.

El principal ideólogo de esta transformación o “mimetización”, el expresidente Oscar Arias Sánchez, se dio el lujo, sin sonrojo alguno, de traducirla al concepto “dictadura en democracia” con su correspondiente estrategia de “torcer brazos”. También, hoy recoge sus frutos en la gestión de un gobierno portador de sus mismos “genes”, que ha contado con el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa.

Efectivamente, a los partidos políticos mayoritarios actuales los unifica el proyecto oligárquico neoliberal, por eso aunque no se puedan homologar sus diferencias no son sustantivas. En este aspecto, es importante el señalamiento de Luciano Canfora: “A nuestros ojos los partidos son isomorfos, variantes de lo mismo que suelen hacerse la guerra. Talvez, incluso creen hacerla, pero en realidad esa guerra no existe porque la disputa se refiere a elementos marginales. Hoy la materia de la política es mínima… el estado de salud de la política en cuanto a lugar de la democracia es bastante deficiente” (P.23-24). En palabras de Zagrebelsky: “La política se ha restringido, la oligarquía no. Política restringida significa, en este caso, que tiende a hacerse un todo único, a reducirse a la no distinción para ser más funcional al equilibrio (externo) de los poderes oligárquicos” (P.33)

Y siguiendo con este autor, para quien la tendencia de la oligarquía es a “encerrarse sobre sí misma”, el “resorte” de la oligarquía es la “autoconservación mediante cooptaciones como autodefensa. En el sistema político actual ¿quién puede imaginar que avanza, que recorre los peldaños que llevan al vértice del poder? El que es cooptado. Y ¿quién es cooptable? El que puede ser chantajeado, o incluso mejor si a su vez tiene instrumentos para chantajear, como se ha dicho con una formula cínica y también veraz. Esto significa formar parte de una telaraña que te envuelve y te hace compatible o funcional con el mantenimiento del equilibrio. Esto es lo que califica un régimen como oligárquico” (P.38).

 En las últimas décadas, el país ha transitado de un modelo oligárquico bipartidista a uno pluripartidista, que ha encontrado un aliado estratégico en los nuevos partidos religiosos fundamentalistas. Es la convergencia entre el fundamentalismo secular economicista y el religioso, ambos portadores de una seudoteología de la prosperidad que sacraliza al mercado y legitima a la oligarquía neoliberal.

La celebración del Bicentenario de vida republicana es una valiosa oportunidad para develar el rostro oligárquico de nuestra democracia, y no convertir esta celebración en un simple saludo a la bandera. Más aún, dar muestras de que todavía tenemos reservas de espíritu y dignidad patrióticas para propiciar una democracia inclusiva, como lo consigna el Artículo 1 de nuestra Constitución, restaurando los derechos, tantas veces conculcados y violentados, a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos originarios, así como propiciando trabajo, educación y seguridad social de calidad para todo el pueblo.

Una oportunidad que deberá ser aprovechada para reafirmar nuestro talante democrático, que ha venido a menos al socavarse valores e instituciones sociales fundamentales en las últimas cuatro décadas, debido al impulso que se ha dado al proyecto oligárquico neoliberal dominante por parte del bipartidismo tradicional y el pluripartidismo actual.

 

Imagen: https://www.youtube.com/watch?v=RKPvU6UZueA

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021