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Etiqueta: periodistas

COLPER reclama protección de periodistas, defensa de la libertad de prensa y derecho a la información

COMUNICADO

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica (COLPER) presentó un recurso de amparo en defensa de tres periodistas que recibieron ataques y descalificaciones en el ejercicio del periodismo durante las conferencias de prensa semanales realizadas en Casa Presidencial.

La acción es con el propósito de que la Sala Constitucional confirme la protección del trabajo de los profesionales en el ejercicio de la libertad de prensa y el derecho de información de la ciudadanía que se materializa con sus preguntas, las respuestas obtenidas, la información procesada y publicada en medios de comunicación.

El recurso de amparo se presentó el viernes 13 de setiembre, el cual se le dio curso el martes 17 de setiembre en el expediente No. 24-025545-0007-CO y se planteó contra Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República; Arnold Zamora, ministro de Comunicación y Enlace; Mauricio Batalla Otárola, ministro de Obras Públicas y Transporte y el director o encargado de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), a favor de los periodistas Héctor Guzmán Suárez, David Chavarría Hernández y David Bolaños Acuña.

El recurso denuncia que los continuos ataques, insultos, maltratos, coerción de personas de seguridad así como el impedimento de preguntar y repreguntar, entre otros, son formas de autocensura y causan temor de parte de los periodistas en el desempeño de su trabajo.

En la conferencia de prensa del martes 30 de julio de 2024, Guzmán hizo una pregunta en torno a la decisión de la Sala Constitucional sobre la consulta legislativa de la denominada “Ley Jaguar” y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, indicó: “…Ahora bien, la interpretación que usted hace de que todos los artículos eran inconstitucionales no es correcta …” a lo que el periodista le dice que “no es mi interpretación” y trata de releer el comunicado de la Sala Constitucional sobre el tema. Posteriormente el presidente Chaves calla al periodista y termina su alocución golpeando la mesa.

Otra situación ocurrió el pasado 11 de setiembre cuando los periodistas Bolaños y Chavarría, de los medios Doble Check e Interferencia de la Universidad de Costa Rica, fueron rodeados por escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), cuando intentaron hacer repreguntas a la ministra Fernández, y al presidente Chaves; además, el propio presidente impidió que hablaran en el micrófono junto con el Ministro de Información Zamora.

También hubo burlas por parte del presidente hacia Chavarría y al mismo tiempo el ministro de Obras Públicas se le acerca y le dice que respete la investidura del presidente, y acto seguido los rodearon en una clara acción de intimidación. Posteriormente, en otra pregunta que hace Bolaños, y al indicar a la ministra que no le contestó su pregunta, se le apaga el micrófono.

“El Colegio agremia a una importante cantidad de los profesionales que ejercen el periodismo de manera profesional y estamos en presencia de la defensa de intereses que atañen a la totalidad de los agremiados y al Colegio, por cuanto los hechos señalados contravienen normas constitucionales que protegen la libertad de expresión y el libre acceso a la información pública”.

La fundamentación legal del recurso incluye los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Sentencia 2006-5977 de mayo de 2006 de la Sala Constitucional y la Resolución 12085–2023 de la Sala Constitucional en mayo del 2023.

Por otra parte, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica reitera su compromiso por defender el ejercicio profesional de una prensa libre e independiente.

Somos el periodista Assange y somos o ¿seremos espías? si lo decide Londres

 Por Laura Martínez Quesada, Periodista

En esas tardes de lluvia intensa de setiembre de 2007, mi vientre embarazado amenazaba con disparar el botón de la blusa contra cualquier persona que se me pusiera al frente en la oficina de la dirección del Semanario Universidad. Allí llegó Vicky Luna, excompañera de canal cuando hacíamos noticias fuertes. Ella escuchó la rápida conversación con el estimado Vinicio Chacón. Hablaba sobre las amenazas para que no publicáramos el Memorando del Miedo por parte de uno de los autores de ese documento, que en síntesis era un chantaje para que promovieran el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la campaña para el decisivo referendo del 7 octubre de 2007.

Comentamos frente a Luna que lo publicaríamos porque era un documento de interés público. La amenaza de inminente demanda también llegó en forma de carta a la entonces rectora, Yamileth González, a quien le agradecí su respeto por nuestra labor. Vicky solo llegó a regalarme algo muy práctico para los recién nacidos, unas camisetas y calzones de la Red Point (la tiendita queda cerca de la U), que le agradecería toda la vida. Y no se equivocó. Claro, como buena periodista, Luna captó la tensión sobre lo que conversábamos y después ella lo escribiría en las redes sociales de entonces porque el artículo del Memorando salió y fue la bomba, como era de esperar. También salió disparado como una bomba bebé, que de previo me daba cada vez más patadas alborotadas, supongo, por mis obstinadas luchas por tirar la publicación del documento. Un famoso columnista de Llorente, amigo de uno de los autores, según me contaron, consideraba la publicación de la delineada estrategia como el jodido robo de un hacker de una conversación privada entre pares, Sánchez y Casas del gobierno de Óscar Arias. Le respondí al reconocido periodista en un artículo y, posteriormente, el Tribunal Supremo de Elecciones nos dio la razón; se trataba de un documento de interés público. Y ni les cuento que el autor que dimitió un año después se fue a la Fiscalía para activar una investigación contra el periódico que permitiera dar con la persona malévola que me hizo llegar el Memorando. Por dicha, no llegó a más porque alegué los intentos de violar el sagrado derecho de reservarnos nuestras fuentes cuando haya riesgos.

Ese argumento usado en el caso del Memorando sobre el hacker perverso y los “documentos privados”, casi como un secreto de Estado, son a los que se siempre se recurre para que la verdad no salga a luz pública, la luz que necesita el pueblo para tomar decisiones, como en aquella oportunidad durante el referendo.

Ahora que salen las noticias sobre el futuro de Julian Assange, sorprende cómo pasó de ser el periodista australiano a un peligroso megalómano hacker, a quien el Gobierno estadounidense acusa de espionaje basado en una ley de 1917, que usaría por primera vez contra un comunicador.

Un periodista, cuyo crimen fue facilitar con información a través de los WikiLeaks, las verdades sobre los crímenes de guerra en Irak y Afganistán: la cantidad mayor de personas civiles asesinadas, ¡upps!, por algún error (horror), la corrupción y los encubrimientos que se habrían hecho en el manejo de la política exterior estadounidense.

Esa información fue publicada por renombrados medios de comunicación como el alemán Der Spiegel, el estadounidense New York Times o el británico The Guardian. Periodistas de esos medios hicieron revelaciones como las conexiones entre los servicios secretos de estadounidenses y los talibanes, matanzas de civiles o que a los prisioneros les vendaban los ojos, los electrocutaban, maniataban y golpeaban, que se produjeron asesinatos extrajudiciales y que 63% de las personas muertas en Irak eran civiles.

Y para que no olvidemos los periodistas, el video que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, el cual mostraba como dos helicópteros estadounidenses mataban como en el juego de “Call of duty” a 12 civiles en Bagdad, entre ellos a dos corresponsales de la agencia inglesa Reuters. La reconocida agencia internacional solicitó en diversas ocasiones que le dieran el video y siempre se les negó. ¡Gracias WikiLeaks por esas imágenes, gracias Assange por dejarnos conocer esta historia y gracias por garantizar el derecho a la información de las personas!

Esas revelaciones les dieron galardones a los periodistas de estos medios, que hoy olvidan que Assange se pudre en una cárcel en Londres, cuando ni siquiera ha sido condenado porque se encuentra en prisión preventiva, en aislamiento total en una celda a la que solo llevan a personas de alta peligrosidad, donde no lo dejan hablar con nadie y solo sale a un patio por menos de una hora diaria.

Assange, con un historial de depresión suicida, ha sido perseguido por más de diez años y está a las puertas de ser juzgado por lo que debe hacer un periodista: denunciar los abusos del poder y difundir información de interés público. La escritora italiana, Oriana Fallaci, lo dijo en uno de sus libros que en mi época devorábamos: el periodista debe estar siempre contra el poder.

A las puertas de una extradición que busca silenciar su voz y condenarlo por 173 años, los periodistas estamos en riesgo de ser acusados de espionaje por revelar la verdad a la que tiene derecho la ciudadanía. Por eso, estimadas Yanancy Noguera y Giselle Boza, la voz jurídica de apoyo a la publicación del Memorando, pronunciémonos y digamos: Somos Assange, el periodista y no somos espías.

 

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/somos-el-periodista-assange-y-somos-o-seremos-espias-si-lo-decide-londres/

La política de lo ficticio

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

FICTICIO: Adjetivo. Fingido, imaginario o falso… ENTUSIASMO FICTICIO/ 2. Convencional que resulta de una convención. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

La política de la mentira descarada, caracterizada por la incapacidad y la negativa de llamar a las cosas por su nombre, nos hunde en el universo de lo ficticio, lo que conlleva a que no podamos conocer la esencia de las cosas y el tipo de sociedad en que vivimos.

La corrupción irritante y descarada es inherente a ese mundo ficticio, y empieza por el financiamiento de las campañas electorales, destinadas a escoger a quienes forman la fachada del régimen, no a los verdaderos detentadores del poder: es así como un conjunto de negociados oscuros de algunos banqueros, y manejadores políticos de profesión que han implantado un monopolio de la llamada “participación política”, convertida en un club selecto y cerrado en el que otros actores sociales y políticos no pueden entrar. Las actitudes “transgresoras” de quienes entraron al juego político por vías consideradas como “no legítimas”, por parte de los miembros de ese club de la política ficticia, han provocado un verdadero terremoto en la pasada campaña electoral de Costa Rica(2021-2022), cuando un candidato presidencial que apareció como un outsider (para ellos un intruso), apoyado por un grupo de empresarios y banqueros que estaban fuera del reparto de la piñata, terminó ganando las elecciones y accediendo a la Casa Presidencial del Barrio de El Zapote, en San José la capital costarricense.

Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero, e incluso de una serie de actividades muy diversas: entre ellas los parques de diversiones (tal es el caso del llamado Parque Viva), que son el objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades, además de ser el único que circula los sábados y domingo como un mero boletín de la oligarquía.

A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento, o no de determinada legislación, relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.

Sus reporteros no hacen preguntas sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden, o terminan pagando su silencio y complicidad en determinadas coyunturas.

Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica.

De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de Salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo.

No estamos en las épocas en las que las grandes empresas periodísticas del siglo pasado, a las que hemos hecho alusión: eran diarios y radioemisoras que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad para lograr sus propósitos como formadores de opinión, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.

Como hace ya muchos años que no hay, o no existen partidos políticos dignos de ese nombre, se ha instaurado la práctica de conformar unas estructuras ficticias, a lo sumo postizas, para justificar los millonarios gastos en las campañas electorales: es así como se inventan seminarios de formación política, estructuras de base, o comités regionales, con apoyo financiero, que dan lugar a movilizaciones raquíticas ante la falta de entusiasmo y de credibilidad en esas instancias “políticas”, por parte de un gran sector de la ciudadanía. Es por eso que formamos parte de una humanidad desesperanzada y descreída a la que, sin embargo, los medios de comunicación y la propaganda persiguen hasta la intimidad de sus hogares, con tal de hacerlos volver al redil.

Mientras tanto las élites del poder, las de la prensa canalla, vendida o mermelera (para el caso del Perú) y las del Poder Ejecutivo, situadas en la cúspide del mando político se ponen de acuerdo para legislar en contra de las grandes mayorías nacionales: aprobarán el aumento de la jornada laboral hasta por doce horas, burlando el pago de horas extras, seguirán imponiendo la regla fiscal deteriorando la institucionalidad del país, congelando los salarios nominales por decreto, en tanto que los reales(poder adquisitivo) a través de la inflación siguen en caída libre, permitiendo la evasión fiscal, la ruina del fisco por los altos intereses que reciben los tenedores de bonos de la deuda pública, las exoneraciones fiscales abusivas y los negociados que les permitirán privatizar y vender a precio de remate las instituciones más importantes de nuestro país(CCSS, ICE y otras). Sobre esos elementos se fundamenta la política de lo ficticio en nuestros países.

Llamamiento para poner fin a la violencia contra las mujeres periodistas

En el ámbito periodístico, la mitad de las mujeres han experimentado violencia política, acoso sexual, maltrato psicológico, acoso en línea y otras formas de violencia de género (VG) mientras trabajaban, esto según datos de la Federación Internacional de Periodistas. Estos actos de violencia no sólo tienen como objetivo intimidar y silenciar a las mujeres que trabajan en los medios de comunicación, sino que sus efectos amedrentadores contribuyen a acallar historias y privar al público de información. Como consecuencia, estos ataques socavan el pluralismo y el derecho de acceso a la información.

Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre, ponemos la mirada en la violencia online; es hora de que los medios de comunicación y los sindicatos denuncien públicamente TODOS los actos de abuso en línea. Es urgente que los/as legisladores/as conviertan el abuso en línea en una cuestión de salud y seguridad. Para ello, nuestra Asamblea Legislativa debe aplicar urgentemente el Convenio C190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el ámbito laboral.

Las direcciones de los medios de comunicación tienen el deber de garantizar un lugar de trabajo seguro y proporcionar, un mecanismo fiable para que las mujeres puedan denunciar y ser protegidas cuando sean objeto de abusos en línea.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica; la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su Consejo de Género de la cual somos directivos; pedimos al Gobierno de Costa Rica que actúe de manera responsable para erradicar la violencia contra las mujeres y que la Asamblea Legislativa agende el Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y la violencia en el mundo del trabajo e instamos a las plataformas sociales a que introduzcan medidas efectivas contra el acoso online. El convenio prohíbe la violencia contra las mujeres en el trabajo, incluido el abuso en línea, y la convierte en un problema de salud y seguridad. Una vez ratificado por un país, obliga a los empleadores de los medios de comunicación a garantizar un lugar de trabajo seguro y a proporcionar un mecanismo sólido para que las mujeres periodistas presenten denuncias y estén protegidas cuando sean objeto de abusos.

Ninguna mujer periodista debería enfrentar los abusos en línea, y por supuesto, ninguna mujer debería hacer frente a ello sola.

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica hace un llamado para pedir al Gobierno de Costa Rica y a las plataformas sociales que tomen medidas inmediatas para erradicar la violencia de género online. Instamos a las empresas a que adopten medidas inmediatas para prohibir los comentarios sexistas, racistas y abusivos en sus plataformas y que nos apoyemos en el Convenio 190 para que Costa Rica goce de mejores instrumentos para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Licda. Sonia Arrieta Mora
Secretaría General SNP

Junta Directiva 2022-2025
Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica

De la mentira mediática y la política (de) ficción

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (31)
Tercera época
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero e incluso de una serie de actividades, entre ellas los parques de diversiones o parques viva, hoy objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades.

A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento o no de determinada legislación relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.

Sus reporteros no hacen preguntas, sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden.

Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica. De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo. No estamos en los tiempos de las grandes empresas periodísticas de hace ya un siglo, esas que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.

Comprarse la bronca ¿de qué se trata? Óscar Arias Sánchez, lo hizo hace rato y marcó la pauta con su “dictadura en democracia” y su afirmación de que los problemas de la democracia no se resuelven con más democracia, sino con una democracia restringida que es la mencionada dictadura, con la que se nos impuso el TLC con los EEUU y su agenda de implementación, mucho peor que el propio tratado. La no tan firme y acaso honesta, Laura Chinchilla con su trocha, y todo eso que incluye la entrega de los muelles de Limón a una transnacional holandesa, ese fue el segundo gobierno de la “dictadura en democracia”, ante la que todos callan, pues ella se compró la bronca contra el pueblo, por supuesto, incluso comprometiendo los fondos de pensiones del IVM y del fondo de los trabajadores de la caja, en la compra de bonos del Grupo La Nación hasta por el orden de los 9 mil millones de colones, según algunas fuentes.

Luisgui y Carlitos, esos “progres” tan miméticos del camaleónico PAC, formado por aquellas gentes que nos engañaron con sus espejismos, también se compraron la bronca con una gran dosis de entusiasmo, eso sí para jodernos al imponernos un plan fiscal regresivo, durante el segundo semestre de 2018, mediante la persecución más descarada contra los trabajadores y sus organizaciones, como en el caso del trabajador de RECOPE, Carlos Andrés Pérez, quien todavía sigue defendiéndose en los estrados judiciales de las falsas acusaciones del gobierno de Alvarado, la criminalización de la protesta social y la limitación del derecho a la huelga en 2019 con el decidido apoyo de Carlos Ricardo Benavides y el PLN, a través de su numerosa fracción parlamentaria, junto con el PUSC, que puso a Edna Camacho al servicio del equipo económico del gobierno y los demás partidos de la coalición neoliberal formada en abril de 2018.

Después, ya en plena pandemia para cerrar con broche de oro el hambre de comprarse broncas, vinieron la ley de empleo público y la regla fiscal, dos medidas con las que terminaron por enredar todo el funcionamiento institucional de la república, tornándolo casi imposible al devenir en la fuente de interminables litigios y conflictos. El asunto no es comérselas (tan propio de los seres omnívoros) sino establecer la naturaleza de esas broncas develando las complejas tramas que hay en el fondo de ellas, al menos como un ejercicio de política ficción.

Es hora de acabar con la inacción de los medios de comunicación ante el acoso online

Yamileth Alfaro Mora

Urgen medidas para frenar abusos y acoso online que sufren las periodistas

La seguridad de los periodistas es crucial para garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informado. Sin embargo, las mujeres periodistas siguen enfrentándose a profundos abusos online que tienen un claro impacto en el pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación. Como profesionales, no podemos limitarnos a observar el problema. Los sindicatos y las asociaciones de periodistas estamos dispuestos a actuar, pero necesitamos que los medios de comunicación se sumen para actuar juntos, para erradicar la violencia en redes en nombre de la libertad de los medios.

Tenemos el resultado de dos encuestas mundiales que ponen de manifiesto la grave falta de acción y de iniciativa de las empresas de medios de comunicación para acabar con esta lacra.

La Federación Internacional de Periodistas FIP, ya había expuesto la magnitud del abuso en línea que sufren las mujeres periodistas, casi dos tercios lo han sufrido alguna vez. Sólo la mitad de las periodistas acosadas en redes denunciaron los ataques a la dirección de su medio de comunicación, al sindicato o a la policía. En dos tercios de los casos no se hizo absolutamente nada.

Se encuestó a 160 periodistas, profesionales y directores de medios de comunicación de 37 países de todo el mundo. Sólo una quinta parte de los/as encuestados/as afirmó que su medio de comunicación tenga un protocolo o mecanismo que permita a las mujeres periodistas y a los/as trabajadores/as de los medios de comunicación denunciar los abusos online y recibir apoyo y protección.

Es hora de introducir mecanismos claros en los medios de comunicación para mostrar una tolerancia cero contra el abuso online.

Un día como hoy seguimos con nuestro compromiso como sindicato para luchar por la mujer periodista.

 

Imagen principal: https://www.unicef.org/

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua seguirán comprometidos con la libertad de expresión

SURCOS comparte la siguiente información:

Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, ratifica su compromiso con la Libertad de Expresión, la Libertad de Prensa y el Derecho a la Comunicación y recuerda cada día el legado del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, mártir de las libertades públicas, asesinado hace 44 años. Toda autoridad debe saber que las ideas no se matan, no se encierran en la cárcel, ni se exilian, pues mantienen vigencia más allá de los límites naturales del tiempo y la distancia, transformándose cada instante en una demanda permanente de cualquier sociedad.

44 años más tarde, la demanda de justicia se mantiene en vigencia, sumada a la demanda de libertad a favor de quienes se encuentran privados y privadas de su libertad por pensar diferente. La prensa independiente es fundamental para la construcción de la nación republicana soñada por Pedro Joaquín, con instituciones basadas en el respeto a los Derechos Humanos y al servicio de la ciudadanía.

Desde PCIN, hemos denunciado las agresiones y delitos cometidos contra hombres y mujeres de Prensa en Nicaragua, seguiremos haciéndolo. Instamos a la prensa independiente a seguir firmes en nuestro quehacer de llevar información veraz y objetiva a la ciudadanía nicaragüense dentro y fuera del país.

¡La democracia no puede concebirse sin Libertad! 10 de enero de 2022 Periodistas Y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Imagen ilustrativa.

La Asociación de Periodistas de Guatemala rechaza las limitaciones para que dos periodistas ingresaran a cubrir una audiencia

El día 22 de junio del 2021 Asociación de Periodistas de Guatemala – APG rechaza las limitaciones para que dos periodistas ingresaran al Centro Médico Militar a cubrir una audiencia en el caso «Diario Militar» y exige al Organismo Judicial permitir el libre acceso a la prensa en todas las audiencias de este proceso.

Comunicado de prensa APG 23-06-2021

APG Condena Restricción a Periodistas en el Centro Médico Militar

La Asociación de Periodistas de Guatemala y su Comisión de Libertad de Prensa manifiestan:

Su enérgico rechazo a las limitaciones que el ejército de Guatemala impuso a dos periodistas, de Emisoras Unidas y TeleSur, para que pudieran cubrir la audiencia de primera declaración de 3 acusados en el caso «Diario Militar», que el Juzgado de Mayor Riesgo B realizó esta mañana en el Centro Médico Militar.

Inicialmente las autoridades militares no querían permitir el acceso de ningún medio a esta audiencia, pero el juez Miguel Ángel Gálvez indicó que los reporteros podrían ingresar para la cobertura correspondiente, para lo cual se elaboró un listado de periodistas. Pese a esto, un oficial del ejército vedó el acceso a Edwin Bercián, reportero de Emisoras Unidas y Publinews, así como a Rolanda García, corresponsal de TeleSur.

En el caso de Bercián, el oficial argumentó que no se encontraba en el listado, pese a que había proporcionado sus datos y que a otros de sus compañeros con quienes esperaba la entrada, sí les permitieron ingresar. Posteriormente, el mismo elemento del ejército de forma autoritaria le cuestionó su presencia en el lugar y lo increpó sobre su ideología política.

El periodista le respondió que ese cuestionamiento estaba fuera de lugar y que no tenía relación con su labor profesional. Finalmente, el oficial se retiró y no le permitió el ingreso.

Por su parte, la corresponsal de TeleSur no figuraba en el listado, pero aunque ella intentó explicar al oficial que no pudo llegar en el horario que se tenía previsto el inicio de la audiencia, para anotarse, y presentó sus credenciales de periodista, no le permitieron pasar. García pasó más de una hora en el lugar.

El Centro Médico Militar no es un hospital privado sino una institución manejada con fondos públicos, por lo que el ejército no puede vedar el ingreso de los periodistas ni arbitrariamente decidir que reporteros sí pueden acceder a esas instalaciones. Las acciones del ejército este día buscaban únicamente proteger a parte de sus elementos en situación de retiro vinculados con desapariciones forzadas y delitos contra la humanidad.

El caso del «Diario Militar» es de importancia nivel nacional e internacional, tanto por la responsabilidad del ejército guatemalteco en las desapariciones durante el Conflicto Armado Interno como por las intimidaciones que están padeciendo algunas de las partes procesales, por lo que la institución castrense no puede censurar los actos relacionados a este caso y el Organismo Judicial debe garantizar la mayor difusión posible del proceso.

Al ejército guatemalteco, permitir el ingreso de periodistas y medios a sus instalaciones, especialmente cuando se aborden temas trascendentales como el caso del «Diario Militar» o «Creompaz». El ejército es una institución pública y que opera con fondos estatales, por lo que no está exenta del escrutinio público ni la fiscalización de los medios. Las fuerzas armadas no deben esgrimir burdos pretextos como la «seguridad nacional» o la secretividad para evitar el acceso a información pública. La acción de este día tampoco es la primera en que miembros del ejército se encuentran involucrados en ataques o restricciones a los reporteros.

Al Organismo Judicial y al Juzgado de Mayor Riesgo B, permitir libremente el acceso sin autorización previa a las audiencias del «Diario Militar», se realicen dentro o fueran de las instalaciones del juzgado. El OJ también debe autorizar el acceso a la prensa a las audiencias y otras actuaciones de casos relacionados a violaciones de derechos humanos relacionadas al ejército y no esgrimir limitaciones de aforo, que si bien es un argumento válido en el contexto actual, no justifica que se coarte la libertad de prensa.

Asociación de Periodistas de Guatemala APG

Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Guatemala

Guatemala 22 de junio de 2021

La publicación original se encuentra en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/APGGuatemala/posts/2678415519128724

 

Compartido con SURCOS por Wendy Méndez.

Foro nacional: Lucha por la equiparación de salarios de las periodistas en Costa Rica

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica invita al Foro nacional: “Lucha por la equiparación de salarios de las periodistas en Costa Rica”.

Moderadora: Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Coordinadora Comisión de Género Sindicato Nacional de Periodistas de CR, secretaria de la Comisión de Género de la FIP

Participantes:

  • Auxiliadora Zúñiga Corea, Periodista del SINAES Y RERUM NOVARUM
  • Noelia Díaz, Periodista de Paraguay
  • José Beato, secretario General Sindicato de Periodistas de República Dominicana
  • Sc. Juan José Arce Vargas, Periodista y Sindicalista

Día: jueves 24 de junio

Hora: 10:00 a.m. a 12 mediodía.

El foro se desarrollará en una modalidad virtual por plataforma de Zoom y el Facebook Live.

 

Compartido con SURCOS por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.

Foro Internacional: Derechos de las periodistas, violencia de género y pandemia Covid 19 en Iberoamérica

El Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica invita al Foro Internacional: “Derechos de las periodistas, violencia de género y pandemia covid 19 en Iberoamérica”

Moderadora: Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Coordinadora Comisión de Género Sindicato Nacional de Periodistas de CR, Secretaria de la Comisión de Género de la FIP

Participantes:

  • María Teresa Herrán, Colombia
  • Zuliana Linez, Presidenta de FEPALC. Perú.
  • Mariángeles Samperio Martin, Presidenta Consejo de Género de la FIP España.
  • Thais Aguilar Zúñiga, Asesora Enfoques de Género, Costa Rica
  • Rodrigo Jiménez Sandoval, Fundación Justicia y Género, Costa Rica

Día: viernes 25 de junio
Hora: 10:00 a.m. a 12 mediodía.

El foro se desarrollará en una modalidad virtual por plataforma de Zoom y el Facebook Live

Compartido con SURCOS por el Colegio de Periodistas de Costa Rica.