El pasado sábado 27 de julio de 2019, pueblos originarios y organizaciones sociales de la Zona Sur se manifestaron en la carretera Interamericana Sur, frente a la finca recuperada Crun Shurin en el Territorio Indígena de Térraba.
Al ser las 9:00 a.m. varias organizaciones de pueblos originarios, campesinas y sociales ejerciendo su derecho a la autonomía y la protesta social decidieron cerrar el paso en esa vía, al Sur de Costa Rica.
Las organizaciones demandan la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y Judicial en el lugar de la manifestación, para que den respuesta a sus demandas.
Las y los manifestantes exigen justicia para Sergio Rojas Ortiz, miembro del pueblo bribri de Salitre, asesinado el pasado 18 de marzo.
También reclaman la ejecución de varios desalojos administrativos contra terratenientes no indígenas que usurpan tierras en estos territorios.
Luego de un espacio de diálogo y alcanzar algunos acuerdos con representantes del Poder Ejecutivo, las organizaciones de pueblos originarios, campesinos y sociales de la zona sur de Costa Rica levantaron el bloqueo sobre la carretera Interamericana Sur. Los acuerdos alcanzados se compartirán eventualmente.
La totalidad de las demandas y propuestas de estas organizaciones se encuentran en las fotografías adjuntas.
Organizaciones y colectivos de personas indígenas exigen al Poder Judicial y al Gobierno en general un fin a la impunidad ante los ataques perpetrados hacia personas indígenas, recuperadoras de tierras de pueblos originarios
El primero de setiembre de 2016 un grupo de no indígenas dispara al menos en seis ocasiones al campamento de recuperadores de Brazo de Oro, en las montañas de Cabagra, provincia de Puntarenas. Dentro del grupo agresor se identifica a Sebastián Córdoba Rodríguez, Álvaro Solís Moreno y Víctor Hugo Vargas Valderrama.
El 17 de setiembre, unos días después, un grupo de no indígenas ataca a balazos a Allan Delgado Torresy Baldomero Waisa en la misma recuperación de Brazo de Oro. Los agresores fueron identificados como Marlon Sandí Morales, Yordani Sandí Morales, Elvin Picado Altamira y Esteban Córdoba Rodríguez.
Estos son sólo algunos de los cientos de ataques perpetrados durante años, como se recopila en el documento “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur: Pueblos originarios y comunidades campesinas”. Si estos ataques se hubieran dado en cualquier barrio de clase media de San José; o al final de un partido de futbol en Cartago, lo más probable es que ya se hubiera dado un juicio, una sentencia y cárcel para los responsables. Pero poco le importa a la gente y a las autoridades lo que ocurre en las montañas de Cabagra, en ese lugar lejos de todo, donde pareciera que ya no hay ley.
Luzmilda Delgado Morales, recuperadora en su territorio de Brazo de Oro de Cabagra, confirma que las amenazas y ataques físicos que han sufrido son a raíz de las recuperaciones que hicieron.
“El 17 de setiembre de 2016 se dio un ataque violento, donde dos de nuestros hermanos fueron heridos. Fueron impactados con balas, les dispararon y tuvieron que ser atendidos. Al día siguiente hicimos la denuncia correspondiente; pero hasta la fecha no ha habido resolución. Los agresores siguen libres y, hasta donde sé, tenían medidas cautelares, pero siguen por la comunidad transitando como si nada. No ha habido sentencia”, cuenta Luz.
Costa Rica arrastra problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. La Ley de Terrenos Baldíos de 1939 establece el derecho inalienable de los indígenas sobre las tierras que habitan. Sin embargo, desde fines de los años 50s muchas personas no indígenas adquirieron fincas dentro de estos territorios de manera violenta, mediante procesos de compra-venta o por medio de engaños. La indiferencia de los gobiernos, la presión de sectores políticos y económicos y la lentitud de los procesos judiciales es lo que ha colmado la paciencia de las familias indígenas, que han decidido recuperar estas tierras que históricamente les pertenecen.
Finca recuperada Crun Shurin, en territorio indígena Térraba. Foto: Fabiola Pomareda.
Todas las agresiones han sido denunciadas ante las autoridades, afirman
El 5 de julio un grupo de no indígenas con matones a sueldo queman ranchos de familias indígenas recuperadoras en Cebror, Salitre y los persiguen por las montañas. Bloquean la entrada al territorio indígena. El 6 de julio más de 100 no indígenas amenazan y disparan, bloqueando el acceso al territorio con piedras y arena que llevan en dos vagonetas. Cortan la electricidad en Cebror. Este es otro hecho recopilado en el documento citado.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre y relata: “Estábamos en una finca que pertenecía a Pindeco y se había recuperado, en Salitre. Habíamos hecho el rancho. De pronto llegaron los terratenientes que se habían organizado y habían bloqueado la carretera por Cebror. Nos corretearon. Muchas mujeres tuvieron que huir hacia la montaña; estuvieron escondidas por varias horas. Y así nos quemaron el rancho. Encontramos las botellas con gasolina”.
“La mayoría de los ataques que se han cometido, se han hecho las denuncias pero no se llega a ningún castigo ni a ninguna condena. Lo único que hacen es que archivan los casos. Los ataques han sido de los terratenientes no indígenas que viven en los territorios indígenas. Unos son de Salitre o Cabagra; otros de Buenos Aires. No ha habido ningún castigo. Muchos casos se han archivado, han quedado impunes porque dentro de los territorios uno sigue viendo a los mismos agresores. No hay nada que nos favorezca. No se han cumplido las leyes a favor nuestro”, afirma Leandro.
Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y la Coordinadora de Lucha Sur Sur, señala que “en los últimos años, ante su digna lucha y justa causa de recuperar sus territorios, los pueblos originarios han sido víctimas de distintas agresiones, como intentos de homicidio, quema de sus casas, agresiones físicas, agresiones psicológicas, amenazas por parte de terratenientes y de grupos de interés que tratan de apoderarse de sus territorios”.
“Todas estas agresiones han sido denunciadas públicamente. La mayoría han sido llevadas a las vías judiciales y hasta el momento ha habido una impunidad total, en el sentido de que ninguno de los responsables ha sido sancionado de acuerdo a la ley, sino que siguen en la mayor impunidad. Las y los funcionarios judiciales del cantón de Buenos Aires no están cumpliendo con sus obligaciones; entonces, las investigaciones que en muchos casos se han iniciado, no han llegado a nada. En otros casos, por la inacción de las y los funcionarios judiciales nisiquiera se llegan a desarrollar los procesos judiciales. Es absolutamente necesario que se establezcan las sanciones legales ante estas agresiones”, subraya Oreamuno.
Leandro Morales Ortiz, es parte del Consejo Iriría Ajkonuk Wakpa, de Salitre. Foto: Fabiola Pomareda.
Jueces desvirtúan la demanda original de las agresiones, dicen
El 17 de setiembre de 2012 un grupo de no indígenas dispara en seis ocasiones contra Sergio Rojas Ortiz, líder del territorio bribri de Salitre y en ese entonces presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre, en Cebror. La persecución que ha tenido que experimentar Rojas desde entonces ha sido inaudita. En lugar de que sus agresores fueran detenidos, él fue arrestado y encarcelado injustamente, por apoyar las recuperaciones de tierras.
Rojas se encuentra libre y el 9 de agosto participó en una conferencia de prensa realizada en la Casa de Ejercicios Espirituales Misioneros Claretianos, en San José. La actividad fue organizada por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía Indígena.
“Hemos enfrentado la persecución de los invasores, encarcelamientos, agresiones físicas y verbales en Salitre, Cabagra y Térraba y hemos logrado enfrentar y salir adelante de estas agresiones. Hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dictó medidas cautelares; pero el Gobierno no las ha cumplido”, añade Rojas.
“En el caso del territorio bribri de Salitre, hay varias causas judiciales que han sido desestimadas. Otras que han sido archivadas porque dicen que no hay suficiente pruebas, que no hay testigos, que no saben si la tierra es de indígenas o de no indígenas; entonces que por eso no pueden resolver el caso, porque no están seguros de quién es la tierra”, explica el líder.
“Cuando tratan de resolver un tema de agresión de usurpadores, los jueces lo que hacen es desvirtuar la demanda original, para decir que no castigan al agresor porque no saben si la tierra es del agresor o era de los indígenas, y declaran libre de culpa al agresor”, critica Rojas.
El 22 de febrero de 2016 Clarita Quiel Torres y su familia recuperan una finca en Palmira, territorio indígena de Cabagra. El no indígena Mario Espinoza, quien era el usurpador ilegal de la finca, los alemanaza con arma de fuego. Al día siguiente regresa con otros seis hombres a amenazar de nuevo. Posteriormente llegan dos oficiales de la Fuerza Pública y únicamente pidieron los datos a la familia de Clarita y se fueron. La noche del 22 alguien prendió fuego y destruyó el ú-sure o casa cósmica, en Cabagra, construido por el Consejo de Mayores Iriria Jtecho Wakpa, que apoya las recuperaciones.
Clarita Quiel Torres también participó en la conferencia de prensa del 9 de agosto. “Hasta el momento no han habido resoluciones en contra de los agresores. Algunas resoluciones han habido en contra de nosotros los bribris. Hay algunos casos cerrados. En el caso mío la denuncia que pusimos de amenazas contra mi persona está cerrada. La fiscalía la cerró”, refiere.
Clarita Quiel, junto a doña Luisa Bejarano. Foto: Fabiola Pomareda.
Piden investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur se solicitó a las autoridades una investigación en el Poder Judicial y en el Ministerio de Seguridad, incluyendo defensores públicos, fiscalía, tribunales, Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la delegación de la Fuerza Pública del cantón de Buenos Aires. Las personas afectadas quieren que se cumplan las leyes, que se sancione a los responsables de las agresiones, que las denuncias se tomen con seriedad y que haya resoluciones.
La Coordinadora gestionó, junto con la Defensoría de los Habitantes una reunión con representantes del Poder Judicial. Finalmente esta se realizó el 24 de agosto en Buenos Aires. Asistieron representantes de distintos pueblos y de los territorios indígenas de Salitre, Cabagra, Rey Curré y Térraba y representantes campesinos de Finca Chánguina y Térraba. De parte del Estado participaron distintas juezas, jueces, representantes de la defensa pública, de la fiscalía, de la Contraloría de Servicios y Carmen María Escoto, coordinadora de la Comisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas es Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
“Los y las representantes indígenas dejaron en evidencia las sistemáticas agresiones que viven los pueblos indígenas en los procesos de recuperación de tierra-territorio, donde la respuesta institucional ha sido la impunidad. Esto es evidente al constatar que ninguno de los agresores plenamente identificados ha sido condenado, además de que distintas denuncias han sido desestimadas por considerarse falsamente como un conflicto entre indígenas”, recuenta un comunicado de la Coordinadora.
El Poder Judicial se comprometió “a presentar ante la Inspección Judicial cada uno de los casos denunciados por las personas indígenas presentes en la reunión, para que sean debidamente investigados; lo que podría generar sanciones administrativas y/o judiciales a las y los funcionarios implicados”.
Para Luzmilda Delgado, “el objetivo de retomar lo que era de nosotros es algo que nos da fuerzas para seguir adelante hasta el final porque una vez empezado un proceso de esa magnitud sabíamos que enfrentaríamos cosas” y afirmó: “Creemos que tenemos todo el derecho de retomar lo que por derecho nos corresponde”.
Leandro Morales, por su parte, expresó: “Hemos seguido con nuestra visión, con nuestra lucha, que es recuperar las tierras. Aprendemos de lo que sucede y agarramos más valor para hacer que se cumplan las leyes y demostrar que el territorio es nuestro”.
Enviado a SURCOS por Fabiola Pomareda, periodista Voces Nuestras.
Este 27 y 28 de octubre asista a la comunidad de Térraba a la Feria de productos y alimentos tradicionales Bri ri zen Tj.
Usted podrá disfrutar de la gastronomía indígena de la zona; habrá venta de artesanías de Térraba y de otros pueblos originarios de la región Sur: gnöbes, currés, boruca, bribris.
Pueblos originarios de la zona sur de Costa Rica, protestan en la frontera con Panamá (Paso Canoas) contra el plan fiscal, desde tempranas horas de hoy miércoles 3 de octubre.
Compartimos el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Convenio 169 relativo a Pueblos Indígenas y que fuera presentado ante la Organización Internacional de Trabajo OIT, el cual fue trabajado por Organizaciones de Pueblos Originarios y los 2 bloques sindicales, Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y los Sindicatos Globales Guatemala.
Ingrese en el siguiente enlace para acceder al documento.
Presentación de conocimientos, habilidades, logros y preocupaciones de los artesanos indígenas a estudiantes del Liceo Rural Usekla de San Vicente
La iniciativa es parte del Plan de acompañamiento a las iniciativas comunitarias de los egresados del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios versión del Caribe
El Intercambio de artes de pueblos originarios se origina como una iniciativa comunitaria del egresado del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios TGL-PO; el señor Carlos Zúñiga, quien soñó con un encuentro en su comunidad que convocara a estudiantes y diversos especialistas del arte y artesanía de los pueblos originarios de la región Caribe.
El objetivo es facilitar un espacio de encuentro e intercambio entre estudiantes y artesanos de diversas especialidades, a fin de compartir conocimientos, habilidades, logros y preocupaciones comunes.
Eta iniciativa es apoyada por la UNED mediante el Plan de acompañamiento a las iniciativas comunitarias de los egresados del TGL-PO y el Liceo Rural Usekla de San Vicente. Los y las participantes provienen de los pueblos bibri, cabécar, naso y ngöbe, tanto de Panamá como de Costa Rica. Han sido invitadas personas con habilidades en elaboración de chácaras, canastos, hamacas, tallados en madera y piedra, pulseras, vestidos tradicionales, entre otros.
Detalles:
Fecha: Sábado 8 de mayo, 2018
Lugar: Liceo Rural Usekla de San Vicente
Agenda:
De 09:30 a 12:00 md: Muestras artesanales: compartiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Se colocan estaciones de trabajo a lo largo del espacio donde cada artesano estará haciendo una demostración de su técnica. Se dividen en sub-grupos a los estudiantes para que pasen por estación.
De 01:00 a 02:00 p.m: Espacio recreativo
De 01:00 a 02:30 p.m: Teatro del Liceo China Kichá
De 02:30 a 03:00 p.m: Documental “Yo vine, no me invitaron”
De 03:20 a 05:30 p.m: Cado Boruca: Problemática
Propiedad intelectual
Intercambio de artesanos
De 05:00 a 06:00 p.m: Reflexiones en torno al trabajo de artesanía
Más información: Carlos Zúñiga, 8498 8296, egresado del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios TGL-PO y Amílcar Castañeda, 8765 5144
El Gobierno echó a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, aunque en algunos territorios se mantienen vivos los cuestionamientos al proceso.
Fabiola Pomareda García
Reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur en Salitre. Foto: Ditso.
El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.
Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.
También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por qué pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.
El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.
Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso
El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:
Solicitud de la consulta; admisibilidad de la solicitud de la consulta; acuerdos preparatorios; intercambio de información; evaluación interna del pueblo indígena; diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso; y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.
“La informacion a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.
Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.
Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.
Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:
“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,
“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.
Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.
Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.
“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).
La conformación de las Instancias Territoriales
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.
Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.
Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosas porque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.
De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.
“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.
La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios
Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.
“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.
De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.
Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.
Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.
¿Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.
Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.
De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.
Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.
“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.
Durante un mes, 25 latinoamericanas y latinoamericanos abordarán temas como luchas territoriales, crisis de la democracia y reconstrucción socio-comunitaria de la vida
Haití, Chile, Ecuador, Cuba y Honduras son algunos de los países de donde provienen las 25 personas que se integran al Taller Socio-Teológico que inicia esta semana en el DEI y se extiende durante un mes. Nos acompañan también participantes de Guatemala, Argentina, Brasil, Perú; México, Venezuela y Costa Rica. Además, se integran al taller personas de pueblos originarios de la amazonía ecuatoriana y territorios bribri y cabécar costarricense, entre otros.
La apertura del taller tuvo lugar este lunes, con la presentación grupal de cada participante. Además, se realizó una visita guiada por las instalaciones y un repaso de la trayectoria del DEI, tras 40 años de su fundación, que incluyó historias de las fotografías que cuelgan en sus pasillos. Los participantes también compartieron sus intenciones para estas cuatro semanas de taller, así como sus historias de lucha, orígenes y expectativas de este espacio de formación.
Silvia Regina de Lima Silva, directora del DEI, y Alberto Álvarez Toirac, a cargo del Programa de Formación, dieron una cálida bienvenida al grupo y les acompañaron durante la sesión inicial.
En la primera semana del taller, la agenda incluirá tanto un análisis de coyuntura, como un mapeo de las luchas sociales e incidencia de las organizaciones participantes. Durante la segunda semana, se abordarán diálogos de saberes colectivos, se tocarán temas como crisis de la democracia y desafíos para los movimientos sociales.
La segunda mitad del taller abarcará entramados comunitarios y repasará formas alternativas de lo político. Cerca del cierre del taller, se dedicará la cuarta semana a la reflexión desde la reconstrucción de las luchas, y se plantearán propuestas para la acción, como proyectos de incidencia y acuerdos grupales.
El Taller Socio-Teológico es una actividad anual que convoca a personas líderes de movimientos y organizaciones sociales, líderes de pueblos originarios y comunidades u organizaciones afrodescendientes, así como a organizaciones basadas en la fe con vocación liberadora, de América Latina y el Caribe. El espacio es organizado por el DEI, con sede en San José, Costa Rica, y cuenta con el auspicio de organizaciones como Mission 21, Pan para el Mundo y la Iglesia Unida de Canadá.
San José, 9 de abril, 2018.- La Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, publicó “Los conflictos por la tenencia de la tierra en la Zona Sur, Pueblos originarios y comunidades campesinas”, como resultado de una investigación que busca aportar a las acciones de personas y organizaciones que trabajan en la resolución de los conflictos de tenencia de la tierra en la región.
La investigación estuvo a cargo de José Pablo Hernández González, y fue realizada con apoyo de la Coordinadora de Lucha Sur Sur, la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, la agencia de cooperación Brot für die Welt (Pan para el Mundo) y la Fundación Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS).
Muchos pueblos originarios y comunidades campesinas de Costa Rica arrastran problemas históricos de falta de reconocimiento jurídico de sus derechos ancestrales y territoriales; discriminación y desigualdad de condiciones en el acceso a la tierra; y despojo de sus bienes naturales. Todo esto se agrava con una marginación socio-cultural y la invisibilización de gran parte de los medios hegemónicos de comunicación.
En este documento se hace un recuento y análisis sobre los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra en la Zona Sur. Si bien éstos son de larga data, se ha dado particular atención al periodo comprendido entre enero del 2014 y febrero del 2017.
Se incluyen los antecedentes de los conflictos en los territorios indígenas de Cabagra, Salitre y Térraba; así como en Finca Chánguina y Finca Térraba, en Palmar Sur. Se explica el contexto actual; se exponen líneas de tiempo de los conflictos; y se aportan reflexiones.
Diversas personas provenientes de pueblos originarios y comunidades campesinas, y que integran organizaciones de la Zona Sur, se han agrupado en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS). Provienen de diversos territorios indígenas como Boruca, Cabagra, Salitre, Finca San Andrés, Térraba, Lagarto, Rey Curré y de comunidades campesinas como Finca Chánguena y Finca Térraba.
La CLSS surgió con el movimiento de oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) de Centroamérica con Estados Unidos, sobre todo en las localidades de Osa, Buenos Aires y Ciudad Neily. Después del referéndum por el TLC continuó con una agenda regional de lucha, sobre todo con los temas de tierras y resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, los monocultivos de piña y palma, y la construcción del aeropuerto en la Zona Sur. La idea era que la CLSS pudiera ser un espacio de coordinación, solidaridad, acompañamiento y fuerza política y desde ahí se empezó a crear una propuesta de autonomía indígena y campesina y trabajar alternativas populares al capitalismo, recuperaciones de tierras y oposición a los megaproyectos.
La Asociación Voces Nuestras apoya el proceso de la CLSS, como parte de su trabajo de acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades informativas, de articulación e incidencia política y pública de diversas organizaciones y movimientos sociales en Mesoamérica.
La publicación está disponible para descarga en el siguiente enlace:
También se encuentra disponible una versión impresa para dirigentes y organizaciones que trabajan en la zona. Para más información llamar a Fabiola Pomareda, Asociación Voces Nuestras, al 8433-2985 o escribir a pomaredafabiola@gmail.com.
En días previos, representantes estudiantiles de 9 Asociaciones de la UCR invitaron al partido a participar de conversatorios “¿Dialogamos por Costa Rica?”. Sin embargo, a la fecha el partido no ha contestado la invitación
Los espacios de conversación girarán en torno a 4 ejes temáticos: Cultura, Economía, Planificación Territorial y Salud. Además, cada uno tendrá preguntas relacionadas a pueblos originarios, educación, ambiente y desarrollo regional
6 de marzo de 2018. En días previos, representantes de 9 asociaciones estudiantiles de la UCR invitaron a los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana a participar en un evento denominado “¿Dialogamos por Costa Rica?”; el cual busca tender puentes de conversación entre partidos y ciudadanía.
Para sorpresa de las y los estudiantes, el Partido Restauración Nacional no contestó a su invitación; negándole así, consideran las y los universitarios, otra oportunidad de diálogo y acceso a la información a la ciudadanía. Es importante señalar que, pese a que el candidato Fabricio Alvarado, había manifestado que él no participaría en más espacios de debates o conversatorios, la actividad invita a referentes partidarios en los diversos temas planteados; no a su candidato.
Arelis Chavarría, Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Salud Ambiental, indica que “Esta negación a participar de un proceso de diálogo e intercambio de ideas repercute en la democracia costarricense y afecta el derecho de las personas jóvenes a conocer las propuestas de los partidos políticos en esta segunda ronda electoral.”
De acuerdo con José David Cubero, Presidente de la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, “la actividad se va a realizar, pese a la negativa de Restauración Nacional, porque estas mesas diálogo son espacios necesarios en la coyuntura actual de la política nacional”. Por su parte, el Partido Acción Ciudadana sí confirmó su participación y estuvo presente en la sesión previa de explicación metodológica del evento.
