Este informe se presenta de conformidad con el principio constitucional de rendición de cuentas, y las políticas de transparencia en la gestión universitaria. Foto: Andrea Jiménez, UCR.
Un año que agitó las bases de la educación superior pública costarricense
En una sesión solemne del Consejo Universitario, abierta al público, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta presentó su Segundo Informe Anual de Labores como rector de la institución, con el fin de que la comunidad universitaria y nacional conociera información importante sobre la marcha de la universidad durante el año 2022.
Al inicio de su informe el rector destacó que en el año 2022 la Universidad de Costa Rica demostró ser una verdadera comunidad en resistencia. En resistencia debido a que fue un año que agitó las bases de la educación superior pública costarricense y que dejó claro que “nos encontramos ante un ambiente político adverso, dispuesto a poner a competir al sistema educativo nacional por recursos financieros y en particular a segregar a las comunidades universitarias estatales”.
El señor rector recalcó que «el país requiere y demanda un desarrollo científico independiente, crítico, propositivo y que atienda integralmente las necesidades patrias y humanas. Sin embargo, hacerlo desde una universidad sin autonomía y con la intromisión política que se ha propuesto en la actualidad implicaría carecer de todo lo anterior».
Resumimos aquí algunas de las acciones e iniciativas de este segundo año de administración. Para conocer el informe en su totalidad puede accesar el siguiente enlace:
La formulación del Plan Presupuesto 2023 presentó un reto para la institución originado principalmente por el crecimiento limitado de la negociación del FEES. Las estimaciones de la inflación al cierre del 2022 oscilan entre 8 % y 12 % y pese a ello solo se reconoció un 1 % por concepto de costo de vida. El presupuesto aprobado finalmente por la Contraloría General de la República fue por un monto de ¢338 889,4 millones.
En este período, enfatizó el rector, la Universidad de Costa Rica ha tenido que adoptar medidas para adaptarse al efecto de la postpandemia, a la aplicación de la Regla Fiscal (ajustado a la Ley 9635) y a la puesta en marcha de la Ley Marco de Empleo Público. Entre algunas de las medidas de contención de gasto que se mantuvieron para el 2022 destacan: la no creación de plazas; aunado a la aplicación de la Regla Fiscal en materia salarial, que incluye la nominalización de algunos conceptos salariales, reducción del porcentaje de la anualidad y no autorización de aumentos salariales.
Una de las acciones más destacables del año 2022 fue la implementación de la modalidad de teletrabajo en la institución, en respuesta a la mitigación de la pandemia por covid-19. Es asì como a noviembre 2022, existían 127 dependencias universitarias que registran convenios aprobados de teletrabajo, referidas a las distintas áreas académicas, centros e institutos, estaciones experimentales y oficinas administrativas. En su análisis el rector manifestó que el teletrabajo ha llegado para quedarse y con la aplicación de medidas para un mayor retorno a la presencialidad en las labores docentes y administrativas, esta opción se concibe como una alternativa de enorme utilidad para ambas partes.
En el 2022 continuó la intensa negociación entre la Administración de la universidad y el Sindicato de Empleados (Sindeu), la cual generó un nuevo acuerdo de Convención Colectiva del Trabajo que, a criterio del rector, se perfila como un instrumento armonioso para las relaciones entre la institución y el colectivo de personas funcionarias.
El rector destacó los esfuerzos de planificación estratégica para la reducción de las plazas en condición de interinas. La Vicerrectoría de Docencia acompañó a todas las unidades académicas en la presentación de los Planes de desarrollo Docente y de Reducción del Interinazgo (2022-2026), y esto ha derivado en una propuesta de reducción de 2098 plazas docentes entre 2022 y 2026. Esto significa que la proporción de plazas interinas pasará de representar un 58% con respecto a la totalidad de las plazas docentes con presupuesto ordinario de las unidades académicas a apenas un 13% para el 2026.
A estos esfuerzos administrativos se agregan todos los procesos relacionados con la inversión en infraestructura y equipo, que permitieron canalizar los montos presupuestados hacia proyectos prioritarios con mayor grado de avance, y adjudicarlos antes de finalizar el periodo. Se aportaron fondos por más de mil quince millones de colones orientados a la compra de equipo para los programas de educación superior, investigación, docencia, desarrollo regional y administración.
Diferentes autoridades universitarias, personal docente y administrativo, estudiantes y otros actores de la sociedad civil presenciaron el acto de rendición de cuentas en el Aula Magna el pasado 31 de enero. Foto: Andrea Jiménez, UCR.
La UCR ha tratado de enfocarse en acciones estratégicas que permitan una gestión financieramente sostenible y pertinente a las necesidades de investigación de los sectores socio productivos que la requieren, alineada con las políticas y compromisos país de desarrollo de ciencia y tecnología, y siempre bajo los principios de excelencia y calidad. En el 2022 se registró un total de 1 351 proyectos, 284 actividades, 121 prestación de servicios y 48 programas de investigación, desde todas las áreas del conocimiento.
Desde el pilar de la vida estudiantil, la universidad se ha abocado a fortalecer las herramientas y mecanismos de acompañamiento a los y las estudiantes para brindarles la mejor experiencia de enseñanza-aprendizaje, y también de vida. Destacan la ampliación de la cobertura y robustecimiento en la inversión del Sistema de Becas, uno de los más robustos de la región, que se vio fortalecido con un crecimiento de 17,5 % en el 2022 respecto al 2021. Por ejemplo, en el primer ciclo lectivo del 2022, 46 177 estudiantes (es decir, el 62 % de quienes se matricularon) recibió algún tipo de beca socioeconómica, siendo las sedes regionales aquellos lugares en donde el porcentaje de estudiantes con la mayor categoría de beca supera el 70 %. Por otra parte, para el 2023 se mantiene este fortalecimiento con un crecimiento (1,46 %) por encima del crecimiento del FEES (1 %) y se presupuestó para el próximo año la suma de ¢35 745,15 millones.
Especial mención hizo el rector sobre el compromiso demostrado por el equipo de estudiantes y líderes del Programa de Voluntariado en la atención del centro de vacunación contra covid-19 de la Caja Costarricense de Seguro Social en las instalaciones de la UCR, la cual inició en mayo del 2021 y continuó a lo largo del 2022. Se lograron colocar más de cuarenta mil (40.000) dosis de vacunas a personas adultas, adolescentes, niños y niñas. Esto fue un hito en la alianza institucional estatal.
Una regionalización pertinente para el país, con una verdadera democratización del conocimiento que honre, además, las diversas dinámicas, necesidades y particularidades del territorio, fue otro elemento destacado por el rector como eje transversal de cada uno de los pilares estratégicos de la institución para fortalecer cada vez más el desempeño las sedes y recintos. En esta misma línea, se destacó el logro de la homologación de la carrera de Marina Civil por parte del MOPT, así como una certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de dicha carrera. Del total de 176 carreras ofertadas en todas las sedes, poco más de la mitad se encuentran acreditadas o certificadas, en proceso de autoevaluación o bien ya poseen su reacreditación.
Un apoyo a la gestión virtual de la docencia a través de instancias como la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (Metics) y el Centro de Evaluación Académica (CEA), ha avanzado en el documento “Propuesta de metodología para la incorporación de la virtualidad en los planes de estudio de la UCR”, el cual está en proceso de revisión antes de ser divulgado a la comunidad universitaria.
La acción social de la universidad se vio impactada por el contexto de la emergencia sanitaria nacional, con fuertes repercusiones en el desarrollo y gestión de los proyectos. A inicios de año se contaba con restricciones para realizar acciones en los territorios, lo cual significó cambios y formas de facilitar las actividades en los diferentes proyectos de acción social. No obstante, durante el año 2022 se ejecutaron un total de 785 proyectos. De la misma manera, la cartera de Trabajos Comunales Universitarios (TCU) se sostuvieron con más de cuatro mil cien (4100) que generaron un total un millón doscientos cinco mil ochocientos cincuenta (1.205.850,00) horas de apoyo al vínculo UCR-sociedad.
Avanzar en la articulación del trabajo de comunicación de la Vice rectoría de Acción Social con el Plan Institucional de Comunicación, liderado por la Oficina de Divulgación e Información para consolidar la presencia de contenidos de esta vice rectoría en los medios de comunicación UCR y desarrollar nuevas estrategias orientadas a colocar materiales en medios externos, con públicos más amplios, continúa planteando un desafío por atender.
En cuanto a la labor en el ámbito de la internacionalización de la universidad, el rector destacó que “se ha gestado una vinculación cada vez más fuerte con el quehacer sustantivo universitario, no solo al promover el posicionamiento institucional en el exterior, sino con la reorientación del enfoque de la internacionalización a través de nodos temáticos para afianzar la diplomacia científica y cultural, entre otras acciones”.
Sesión de presentación del segundo informe de labores:
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Fotografía: María Peña Bonilla.
Por Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica
Palabras ofrecidas en el «Foro por el futuro: encuentro de movimientos sociales» del 28 de noviembre, 2022
La situación que nos convoca hoy es una continuidad de un ciclo de amenazas a la democracia y a la institucionalidad pública que inició hace años.
Mientras se continúan implementando reformas económicas regresivas, postergando decisiones urgentes en materia de cambio climático y vulnerando los Derechos Humanos de distintas poblaciones, también se continúan dejando de lado las medidas para combatir la elusión y el fraude fiscal; así como mermando la educación pública y debilitando las instituciones públicas que juegan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX.
Empezaron con una regla fiscal que no tenía otro objetivo que convertir a la institucionalidad pública en cascarones sin recursos para brindar los servicios que les fueron encomendados; continuaron con una severa legislación que impedía que las personas trabajadoras pudieran protestar contra políticas que debilitaran la democracia y la institucionalidad pública; y finalizaron con una ley que pretendía que, desde el Ministerio de Planificación, la Presidencia de la República recuperara un poder absoluto para politizar a todo el funcionariado público, como era costumbre antes de la Constituyente de 1949. Hoy pretenden profundizar esta ruta, vender bancos estatales, atacar la ciencia y debilitar la educación pública costarricense.
También es cierto, y debemos decirlo autocríticamente, que buena parte de estas políticas fueron aprobadas con una pasividad preocupante por el entonces Consejo Nacional de Rectores. Hoy podemos tener diferencias entre las universidades públicas. Discrepar es universitario, pero en el fondo, este CONARE que tenemos tiene absolutamente claro que no podemos permanecer ajenos a cualquier ataque contra la institucionalidad pública. Nunca más un CONARE indiferente a la defensa y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
Sin embargo, así como en las universidades sabemos que debemos hacer a un lado nuestras diferencias, respetuosamente les pedimos que hagan a un lado las diferencias entre movimientos y organizaciones, en favor de defender las instituciones que han marcado el desarrollo de nuestro país y que han mejorado las condiciones de vida de nuestro pueblo.
No se trata de defender las instituciones como un fin en sí mismo, tenemos claro que las políticas públicas y las instituciones no pueden existir en función de sus funcionarios y funcionarias, sino en función de todas las personas. Son instrumentos para lograr el bien común, el desarrollo sostenible. Sabemos que la burocracia pública y privada genera problemas; hemos cometido errores, pero continuamos trabajando todos los días para resolverlos.
No vamos a defender ningún privilegio, pero sí salarios dignos en el sector público y en el sector privado. Vamos a apoyar la cooperación entre la institucionalidad pública y el sector productivo nacional, porque quienes nos antecedieron y pensaron en grande, pensaron en un Estado fuerte, con una institucionalidad que conectara con el empresariado nacional.
La pregunta no es cómo recortamos cargas sociales, la pregunta es qué condiciones se requieren para que todas las personas gocen de estos derechos, elevando la productividad del país y la dignidad de la gente. Eso sí, en un equilibrio ambientalmente sostenible. Esta es una consigna infranqueable.
Permítanme volver al tema de las universidades y su relación con los movimientos sociales y el desarrollo nacional. En Latinoamérica, al menos, las federaciones de estudiantes han sido un actor fundamental de este vínculo, que ha fungido como una conciencia para las instituciones de educación superior. No en vano la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hoy tiene un papel protagónico en este acto.
Tal y como lo señaló el expresidente chileno Salvador Allende, en un discurso en la Universidad de Guadalajara: “es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la Universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que no puede hacerse del balbuceo doctrinario la enseñanza doctrinaria; de entender que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio estudio… Que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.
Esa juventud que hoy abunda en nuestras universidades marcó la era post-COVID con una democrática, pacífica y alegre manifestación el pasado 16 de agosto. Fue impresionante cómo decenas y cientos de jóvenes salieron del Pretil y de las otras universidades, el primer día de clases después de un fin de semana largo, a decirle al Gobierno de la República que tenían derecho a un futuro, un futuro que les quería robar. Esto es lo que nos convoca hoy a todos y todas, no es solamente el futuro de una Universidad, es también el presente y el futuro de un país.
Si esos miles de jóvenes salieron a marchar fue porque el personal de la Caja los recibió al nacer en un hospital público, es porque el ICE iluminó sus hogares y comunicó a sus familias, es porque han estudiado gracias a la educación pública, es porque en algunos casos el poder judicial les resolvió una pensión alimenticia, es porque en muchos casos un banco del Estado les financió la vivienda; y así podría seguir con otras instituciones públicas.
Lo que quiero decir es que, en esa marcha del 16 de agosto, no solo vimos a miles de jóvenes, vimos a un entramado institucional que permite que esos jóvenes lleguen sanos y en condiciones de vida dignas a formarse profesionalmente y a servir a su país cuando se gradúan.
Justo por esta razón es que participar y acompañar las luchas por defender y fortalecer el Estado Social de Derecho no puede ser ajeno a ningún universitario o universitaria. Por esta razón impulsaremos la propuesta que dentro de unos momentos les vamos a presentar.
Me permito reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos y acudir al llamado de esta convocatoria. Les recalco la importancia de que hagamos a un lado nuestras diferencias en favor de esta causa patriótica. Ya me referí a lo que dijo un expresidente extranjero, ahora permítanme cerrar con lo que dijera el expresidente Rodrigo Carazo: “Mientras haya Universidad de Costa Rica, y agrego, Universidad Pública, habrá Costa Rica”. Muchas gracias.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
Luis Enrique Solorzano Loaiza. Profesor titular de la Universidad de San Carlos de Guatemala
Número de Registro de Personal 20040677
14/06/2022
La Universidad de San Carlos de Guatemala elige rector cada cuatro años y es electo por el Cuerpo Electoral Universitario, ente identificado en su Ley Orgánica.
El Cuerpo Electoral Universitario se integra: por el Rector o quien haga sus veces, cinco profesores titulares y cinco estudiantes por cada Facultad y cinco profesionales no profesores graduados o incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala por cada Colegio. Lo conforman 171 integrantes, 170 delegados electos por sus respectivas Facultades o Colegios profesionales, más el rector.
Los miembros del Cuerpo Electoral Universitario duran en sus funciones cuatro años, a excepción de los delegados estudiantiles, quienes son designados cada vez que éste sea convocado.
La elección de delegados al Cuerpo Electoral Universitario del anterior rector, para el período 2018-2022, se realizó el 2 de mayo de 2018, de manera que, según la Ley Orgánica de la USAC, su período en funciones concluyó el 1 de mayo de 2022.
La convocatoria a elecciones de los integrantes del Cuerpo Electoral Universitario que realizara el Consejo Superior Universitario, el 7 de octubre de 2021, para que se celebraran el 23 de marzo de 2022, era nula de nacimiento, en virtud de que, de acuerdo con lo expresado anteriormente, el Cuerpo Electoral Universitario (excepto por los delegados estudiantiles) tenía vigencia hasta el 1 de mayo del 2022. Este hecho constituye una ilegalidad desde el mismo inicio del proceso eleccionario. Lo que correspondía era convocar a la elección de los delegados estudiantiles del Cuerpo Electoral Universitario.
Aún con esa irregularidad de tipo legal, la elección a rector por parte del Cuerpo Electoral Universitario quedó fijada para el 27 de abril, a las 10 horas, en el Museo de la Universidad de San Carlos.
Un día antes de esa fecha, sin mayor trámite y a última hora, con el apoyo mayoritario de los decanos y representantes de los colegios profesionales, el Consejo Superior Universitario anuló las elecciones de siete de los cuerpos delegados que adversaban al candidato oficial, Walter Mazariegos, decano de la Facultad de Humanidades y, por consiguiente, miembro del Consejo Superior Universitario. Los cuerpos de delegados habían sido confirmados por parte de las comisiones electorales de los respectivos colegios profesionales o Facultades.
Esta decisión del Consejo Superior Universitario, fue tomada bajo la recomendación del director del Departamento Jurídico de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero. Cordón Lucero, además de asesorar jurídicamente al Consejo Superior Universitario, es delegado ante el Cuerpo Electoral Universitario, como parte del cuerpo de electores representante de los docentes titulares de la Facultad de Humanidades, electo por la planilla a favor de Mazariegos. En otras palabras, su recomendación de eliminar a siete planillas que adversan al candidato que Cordón favorece con su voto, es un evidente conflicto de intereses.
¿Por qué esta jugada?
Los candidatos a ocupar la rectoría de la USAC que obtuvieron delegados al Cuerpo Electoral Universitario, en las elecciones convocadas para el efecto fueron los siguientes:
Walter Mazariegos postulado por la agrupación Innova; Luis Suárez, por la agrupación Identidad Sancarlista; Carlos Valladares, por la agrupación Avante; Jordán Rodas, por la Agrupación SOS USAC y Erwin Calgua, por la Agrupación Nueva USAC.
Las elecciones para delegados al Cuerpo Electoral Universitario concluyeron con los resultados siguientes: Walter Mazariegos ganó 11 cuerpos electorales que le garantizaban 55 votos, Jordán Rodas ganó 9 cuerpos electorales que la garantizaban 45 votos, Carlos Valladares ganó 6 cuerpos electorales que le garantizaban 30 votos, Luis Suárez ganó 5 cuerpos que le garantizaban 25 votos y Erwin Calgua ganó 2 cuerpos electorales que le garantizaban 10 votos. Una planilla independiente que no apoyaba a ningún candidato, ganó un cuerpo. En total 34 cuerpos. La Ley Orgánica de la USAC establece que el candidato que obtenga la mayoría absoluta será el ganador de las elecciones, toda vez que cumpla las calidades respectivas (algo que todos los candidatos cumplían, excepto Mazariegos).
La mayoría absoluta, entonces, sería la mitad del número votos de los delegados, más uno, esto es la mitad de 171, igual a 85.5, en números enteros, 86 votos.
Con los números obtenidos en las elecciones, ninguno de los candidatos tenía garantizada la victoria en las elecciones. Era necesaria una alianza. Mazariegos y Suárez, eran aliados naturales. Fueron vistos compartiendo socialmente en numerosas oportunidades, poco antes de la convocatoria a elecciones; razones desconocidas los llevaron a contender en agrupaciones distintas.
No obstante, una alianza entre ambos no garantizaba la victoria para ninguno de los dos pues la suma de sus electores no superaba los 81 votos, si como ya se daba por descontado, se agregaba el voto del rector en funciones. ¿La solución para este problema? Disminuir el número de delegados del Cuerpo Electoral Universitario para que la mayoría absoluta fuera menor. Ante el descrédito de Mazariegos, ya evidente desde antes de las elecciones a delegados del Cuerpo Electoral Universitario, por su opaca actuación en el financiamiento de sus actividades proselitistas y porque varias de ellas eran, cuando menos, incorrectas, Luis Suárez, sospechosamente, declinó su candidatura, antes que pronunciarse como aliado de Mazariegos y afirmó que dejaba libertad a sus delegados electos para votar por quien consideraran mejor candidato.
Con siete cuerpos de delegados sin acreditar, el número de delegados ante el Cuerpo Electoral Universitario, se redujo a 135 delegados (algo que no había ocurrido con anterioridad a esta elección). En el nuevo escenario, la mayoría se reduce a 68 votos, número con el cual sí contaba Mazariegos. Desde luego, la maniobra debía completarse, garantizando que los cuerpos no acreditados no fueran los de Mazariegos.
El candidato Walter Mazariegos, es necesario decirlo, no acredita las calidades para ser rector. En el Estatuto de la USAC, se establece que una de las calidades que debe se debe poseer para ser rector es haber ejercido la docencia universitaria por lo menos cinco años. Mazariegos ha ejercido docencia universitaria menos de tres años. Su ejercicio laboral en la USAC ha sido mayoritariamente como decano y como Secretario Adjunto de la facultad de Humanidades. Este impedimento, sin embargo, fue obviado por el Consejo Superior Universitario.
Ante el descontento que provocó la arbitraria decisión de dejar fuera de la contienda electoral a siete cuerpos electorales que no darían su voto a Mazariegos, grupos estudiantiles, decidieron ocupar las instalaciones del recinto en el que se tendrían que efectuar. El resultado es que, a la hora indicada, el evento en que se tendría que votar por el nuevo rector, no se llevó a cabo. Igualmente, no se llevaron a cabo las votaciones en los días subsiguientes que, según establece la normativa, se realizarían en caso de la primera convocatoria no se desarrollara con éxito.
El Reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera nulas las elecciones en las cuales sea hubiera incurrido en lo que tipifica como vicio fundamental. En el mismo cuerpo legal, establecen los actos que, como mínimo, deben considerarse como vicios fundamentales. Se considera vicios fundamentales …que la elección no se practique en la fecha indicada en la convocatoria (en el primer caso), y …que los considerados como electos o los electores no reúnan las calidades establecidas por la ley (en el segundo caso).
De manera que, el evento eleccionario debió ser anulado por el Consejo Superior Universitario, al haberse incurrido, como mínimo, en dos vicios fundamentales.
El 11 de mayo, el señor Henry David Campos Hernández, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos USAC, en la que Mazariegos es decano, y elector por Mazariegos, interpuso una acción de amparo ante la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, para que el evento se llevara a cabo, pese a que, según la normativa de la USAC, debía repetirse desde sus inicios.
La Sala accedió al amparo provisional y ordenó al Consejo Superior Universitario que se reuniera dentro del lapso de los cinco días siguientes para hacer una nueva convocatoria dentro de los cinco días siguientes. La orden judicial fue interpretada, como que, dentro del lapso perentorio se realizara la votación con los cuerpos electorales que el Consejo Superior Universitario había admitido como legales. Así interpretado, significó al aval para que se mantuvieran marginados los siete cuerpos electorales que adversaban a Mazariegos.
La opinión de abogados expertos, el Doctor en Derecho Constitucional, Oswaldo Samayoa y el Licenciado Juan Pablo Gramajo, coincidieron en que el Consejo Superior Universitario, aún con la interpretación a su gusto, en ley, no debió convocar como lo pedía la Sala, sin que eso significara desacato. Lo correcto era solicitar un recurso de aclaración, lo cual está tipificado en el cuerpo legal.
Según los juristas mencionados, la ley contempla la revocatoria del amparo, especialmente en este caso y así, librar al Tribunal de ser sorprendido en su buena fe y en el error que el interponente los haría incurrir. La explicación es la siguiente: El problema es que la Ley de Amparo concibe el amparo provisional, principalmente como suspensión del acto reclamado, para evitar que produzca efectos mientras se discute su legitimidad. En cambio, el caso de ordenar a la autoridad impugnada realizar un acto positivo (en este caso, convocar a elección) es distinto, y lleva al terreno de los amparos provisionales con efectos definitivos. En otras palabras, el amparo provisional (que en este caso no era la suspensión del acto reclamado) se convirtió en amparo definitivo porque con la ejecución del amparo (la realización del acto eleccionario), dejó sin materia una exposición de argumentos de por qué el amparo no procedía.
De hecho, una situación, por demás sospechosa, ocurrió cuando electores de la agrupación SOS, contendiente en las elecciones a Rector, interpusieron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), órgano máximo rector de la justicia en Guatemala, intentando revocar el amparo concedido por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, que conminaba al Consejo Superior Universitario a celebrar las elecciones. Pese a la importancia del fallo, por lo perentorio de los tiempos, la CC se tomó cuatro días para emitir su fallo, aceptando el amparo, esto es, el acatamiento de la orden de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, incurría en daños irreparables. No obstante, habiéndose ejecutado la sentencia de llevar a cabo las elecciones, el caso perdió materia y el amparo provisional interpuesto ante la CC y concedido, quedó sin efecto. Justamente esta es una consecuencia de la situación apuntada anteriormente de amparos provisionales con efectos definitivos.
Con toda la ilegalidad que tenía de carga el evento eleccionario, este fue fijado para el 14 de mayo, en el cumplimiento de la orden de la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo. Durante el evento se cometieron otros actos constituyentes de vicios fundamentales.
El 14 de mayo, día fijado por el Consejo Superior Universitario, muy diligentemente, para dar cumplimiento a la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, estableció un lugar ajeno a la USAC para celebrar el acto eleccionario. Este hecho, si bien no es ilegal, es totalmente inusual, existiendo suficientes instalaciones de la universidad para llevarse a cabo. El Consejo Superior Universitario dictaminó que el lugar fuera el llamado Parque de la Industria, un lugar que, por estar en las afueras de la USAC, permitía cualquier despliegue de fuerza pública, lo cual no habría podido suceder si, como corresponde a un evento de una universidad autónoma, se hubiera celebrado en sus propias instalaciones.
Desde la noche anterior, 13 de mayo, se observó que miembros de la Policía Nacional Civil se apostaron en distintos puntos cercanos a la principal entrada de acceso al lugar en donde se encuentra el salón en donde se llevaría a cabo las elecciones. Pero no fueron las únicas fuerzas observadas. También, en el interior se pudieron ver sujetos vestidos de oscuro, portando armas de fuego y otros objetos contundentes en actitud amenazadora y bajo el amparo de la fuerza pública desplegada. Los efectivos oficiales hicieron una innecesaria ostentación de fuerza, portando armas de fuego automáticas y un contingente de ellos se apostó en la puerta de ingreso, impidiendo el paso a cualquiera que deseara hacerlo.
El acto, convocado para desarrollarse a las 10 de la mañana fue precedido por la presencia de grupos de manifestantes, todos civiles y que, en actitud pacífica clamaban la ilegalidad del acto y exigían su cancelación y el llamado a nuevas elecciones, tal cual procedía en ley.
De todas formas, esa puerta custodiada por las fuerzas del orden no constituía el ingreso de ninguna persona puesto que los delegados ante el Cuerpo Electoral Universitario, integrantes todos de las planillas ganadoras que votarían por Mazariegos, estaban dentro del recinto, muchas horas antes. A las planillas de delegados ante el Cuerpo Electoral Universitario que habían ganado su puesto en las elecciones por alguna agrupación opuesta a la de Mazariegos, pese a que, formaban parte de las 27 que, de acuerdo con la orden del juez, podían emitir su voto, les fue vedado el ingreso al recinto de votación. Ninguno de esos delegados pudo ingresar.
Ante la creciente ola de protestas y la presencia masiva de manifestantes en la puerta de acceso, la Policía Nacional Civil atacó a los manifestantes, con golpes de batones y gas lacrimógeno o pimienta. Las acciones represivas desatadas por la fuerza pública contra la población civil, entre quienes estaban electores que adversaban a Mazariegos y esperaban poder ingresar para ejercer su derecho, calza en otro acto considerado como vicio fundamental. En efecto, la norma al respecto afirma que se considera vicio fundamental …que se cometa coacción, violencia o amenaza, que sean determinantes del resultado de la elección.
Otra evidencia de la parcialidad y, por consiguiente, la ilegalidad de este proceso, se desprende del informe que la Comisión de Acompañamiento para la Elecciones de Rector, período 2022-2026, firmado por tres consejeros del Consejo Superior Universitario. En el mismo, uno de los firmantes da cuenta de que, al intentar ingresar por la puerta principal, vallada por la fuerza pública, ante la imposibilidad de ingresar, le tuvieron que dar instrucciones para hacerlo. Desde dentro del recinto le indicaron que podía ingresar por otra de las puertas del local, lo cual hizo. Este apoyo para el ingreso al recinto electoral no fue repetido con ninguno de los delegados del Cuerpo Electoral Universitario que esperaban en las afueras, la posibilidad de ingresar. El informe de esta Comisión es más que suficiente para evidenciar que la actuación del Consejo Superior Universitario fue sesgada para favorecer a un candidato. Tal es así que se puede confirmar con los resultados de la votación de los 72 delegados, incluido el rector en funciones: 72 votos para Mazariegos (55 que provenían de sus grupos de delegados ganadores en elecciones más 16 de la agrupación de Suárez) y ningún voto para cualquiera de los otros tres candidatos. En otras palabras, de los resultados se desprende que, de 171 delegados que, por la Ley Orgánica de la USAC tienen derecho a emitir voto para elegir al rector, solo lo hicieron 72 personas (porque al resto le fue vedado ese derecho), esto es, menos del 42% de los electores, habiéndose elegido el ganador sin ningún voto opositor.
Las apelaciones, fundamentadas en ley, que fueron presentadas al Consejo Superior Universitario, posterior a la votación, para que anulara las elecciones ante los evidentes vicios fundamentales cometidos durante el proceso, fueron rechazados a la brevedad y sin conocerse. El paso inmediato fue el reconocimiento del proceso eleccionario como legal.
A partir de esos hechos, diversos sectores de la comunidad universitaria sancarlista y de la sociedad civil, han manifestado su descontento y rechazo ante lo que se ha calificado como fraude electoral.
Grupos estudiantiles, apoyados por los sectores docente y de servicios, decidieron ocupar las instalaciones de varios recintos universitarios y, a la fecha, seis de las 10 Facultades existentes han convocado a un paro definitivo de actividades, sin suspensión de la media hasta tanto el Consejo Superior Universitario no actúe a Derecho.
La respuesta ha sido la criminalización de los diversos actores en protesta, la divulgación pública de información personal que se encuentra en los expedientes de estudiantes, profesores y trabajadores de servicio; información a la que solo puede tener acceso desde los servidores de la USAC. Han intentado secuestrar o amedrentar con un acto tal, a delegados al Cuerpo Electoral Universitario que no se plegaron al fraude. También los grupos de la universidad que favorecen el fraude, amparados por los órganos de justicia que, en los últimos años han sido cooptados por sectores corruptos, actúan con total impunidad.
Pese a lo difícil de la situación, la organización en contra del fraude ha ido creciendo y cada vez se hace más imperiosa la solidaridad tanto nacional como internacionalmente. Lo acontecido en estas elecciones es inédito en la historia de la educación superior del país y, posiblemente del mundo.
La denuncia es un arma poderosa que puede coadyuvar a retomar las aspiraciones de tener una Universidad de San Carlos, con autonomía, democracia y libre de corrupción.
¿Por qué el interés tan fuerte para alcanzar la rectoría de la USAC?
(Para responder esta pregunta, usaré el editorial del diario de mayor circulación del país: PRENSA LIBRE).
Usac es una institución relegada y codiciada
Publicado el 28 de abril de 2022 a las 0:04h
Editorial
Sí. Relegada y codiciada. Parece un contrasentido, pero es una ironía que se ha hecho evidente por décadas en la Universidad de San Carlos y una bipolaridad marcadamente crítica en los años recientes. Baste señalar que hay dos exrectores en proceso judicial por presunto tráfico de influencias y negociaciones ilícitas en comisiones de postulación para magistrados. Por ser la mayor universidad del país, la más antigua y la única estatal, se le ha ido otorgando, por ley, participación con voz y voto en entidades públicas: 64 en total.
El espíritu de tales representaciones se basa en los ideales de servicio de esa casa de estudios, que goza de autonomía constitucional desde 1945 y es financiada con recursos públicos para proveer educación superior de manera gratuita o a bajo coste. La ramificación interinstitucional mediante delegados se ha convertido en una de las más fuertes causas de ambiciones para disputar cada cuatro años la rectoría de la Usac, a través de un proceso de colegios electorales que no ha variado en 75 años, el cual excluye a decenas de miles de potenciales votantes y que nadie se ha interesado en cambiar, precisamente para evitar una mayor participación que obligaría a mayor renovación institucional y académica.
Aunque la máxima autoridad de la Usac es el Consejo Superior Universitario, es el rector quien lo encabeza y quien a la larga tiene voz decisiva en la designación de delegados: un poder político clave que grupos allegados a los oficialismos de turno siempre buscan copar. En la elección actual, ya en su fase colegiada y que fue suspendida ayer, en medio de reclamos de fraude contra el tribunal electoral, es claro que hay un candidato apoyado por el gobierno de Giammattei Falla (el presidente de Guatemala) y otro que le resulta no grato.
Más allá del desenlace de este agitado proceso, es necesario resaltar el relevante e histórico papel de la Usac para más de 200 mil guatemaltecos que estudian en ella carreras técnicas, científicas, humanísticas, jurídicas, económicas y médicas, en 22 sedes universitarias. Esta casa de estudios es la única a escala mundial que tiene la potestad de iniciativa de ley y también la única cuyo presupuesto está consignado en la Constitución de la República: un 5% del gasto total anual, que nunca ha sido entregado de forma total y puntual por los gobiernos, pese a lo cual sí cortejan y negocian el voto de los delegados. Relegada y codiciada.
En el afán de subrayar por qué la rectoría de la Usac es un fuerte bastión político, baste enumerar que nombra delegados para las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y contralor general de la Nación. Asimismo, en la CC designa a dos magistrados, tiene representantes titulares y suplentes en la Junta Monetaria, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística y el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria. En el área ambiental y científica tiene delegados en la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental, el Consejo Nacional contra el Cambio Climático, el Consejo de Enseñanza Privada Superior, el Instituto Nacional de Bosques, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (Icta) y el Consejo Académico de la Unidad Nacional de Oftalmología. También hay delegados en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rutal, Consejos Departamentales de Desarrollo y Consejos Municipales de Desarrollo; en la junta directiva de Emetra, colegios profesionales, la Defensa Pública Penal y faltan otros. Queda clara la razón de la avidez de un candidato por restar delegados a su oponente.
Dejo algunos enlaces para obtener una información más amplia de la coyuntura, aunque no es difícil hacer una búsqueda del tema. Hay mucha información al respecto.
Acto se realizará el jueves 17 de diciembre a las 10:00 a. m.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta. Foto: Anel Kenjekeeva.
Este jueves 17 de diciembre, en sesión solemne del Consejo Universitario, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta será juramentado como nuevo rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) por un periodo de cuatro años.
La actividad se llevará a cabo a las 10:00 a. m., en el Aula Magna. Debido a las medidas sanitarias para prevenir el contagio del COVID-19, la asistencia de público será reducida; sin embargo, quienes deseen seguir el acto podrán hacerlo sintonizando la transmisión del Canal UCR, a través de Radio Universidad (96,7FM), del sitio web institucional (www.ucr.ac.cr) o por medio del Facebook del Consejo Universitario (@consejoucr) y de las redes sociales de las radioemisoras universitarias.
Durante esta sesión solemne, la directora del Órgano Colegiado, Prof. Cat. Madeline Howard Mora, también juramentará a las personas que tendrán a su cargo las cinco vicerrectorías: Dr. Oldemar Rodríguez Rojas, en Administración; Dr. José Ángel Vargas Vargas, en Docencia; Dra. María Laura Arias Echandi, en Investigación, y de quienes asuman las vicerrectorías de Acción Social y Vida Estudiantil, pues aún está pendiente la designación.
Trayectoria
El Dr. Gustavo Gutiérrez es el decimosexto rector de la Universidad de Costa Rica, es biólogo de profesión, ha trabajado más de 29 años para esta casa de estudios superiores y cuenta con una amplia experiencia en docencia, investigación y acción social.
Obtuvo el bachillerato y la maestría en Biología en la UCR y cursó el doctorado en la especialidad de Genética Molecular en la Universidad Estatal de Arizona. Ha realizado diversas pasantías en instituciones internacionales de gran prestigio, entre ellas: el Oak Ridge National Laboratory, Tennessee y el Brigham and Women’s Hospital de la Harvard Medical School, ambas en Estados Unidos, y en el Women’s College Research Institute, University of Toronto, en Canadá.
Es catedrático desde el año 2005, se desempeñó como director de la Escuela de Biología en el periodo 2009-2017 y ha participado en múltiples comisiones institucionales, tanto de materia ambiental como de otras temáticas de relevancia para el país.
El padrón de la Asamblea Plebiscitaria está compuesto por 2365 votantes
La elección a Rectoría se llevará a cabo el 20 de noviembre, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. (foto archivo ODI).
El próximo viernes 20 de noviembre, la Asamblea Plebiscitaria de la Universidad de Costa Rica elegirá a la persona que ocupará la Rectoría del 2020 al 2024.
Orlando Arrieta Orozco, Ralph García Vindas, Gustavo Gutiérrez Espeleta, Lizbeth Salazar Sánchez y José Ángel Vargas Vargas, propusieron su nombre ante la comunidad universitaria y uno de ellos estará a la cabeza de la institución durante los próximos 4 años.
Del 21 de octubre al 19 de noviembre, las personas candidatas han tenido la oportunidad de presentar a la comunidad universitaria sus planes de trabajo y proyectos, mediante distintas actividades informativas como debates, conversatorios, reuniones y entrevistas, así como a través de sus sitios web y páginas en redes sociales.
La Asamblea Plebiscitaria
Según lo dispone el artículo 13 del Estatuto Orgánico, la Asamblea la integran el rector, las vicerrectoras y los vicerrectores los miembros del Consejo Universitario, los miembros titulares del Tribunal Electoral Universitario (TEU) y los exrectores y exrectora. Asimismo, las y los docentes incluidos en el Régimen Académico, que tengan una jornada no inferior al cuarto de tiempo; profesores eméritos; y jefes de oficinas administrativas. Además, dos representantes designados por cada colegio profesional y una representación estudiantil no mayor al 25 % del total de los docentes miembros de esta Asamblea, elegidos por los organismos estudiantiles correspondientes.
En el caso específico de los colegios profesionales, el TEU envió una notificación solicitándoles la acreditación de 2 de sus miembros para que participen en la Asamblea Plebiscitaria. Las personas escogidas por la Junta Directiva de los colegios profesionales no necesariamente forman parte de la comunidad universitaria. Para esta elección se acreditaron un total de 56 personas.
En esta oportunidad, el padrón electoral está compuesto por 2365 votantes.
Las representaciones estudiantiles
Según el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la UCR, la representación estudiantil en la Asamblea Plebiscitaria no puede ser mayor al 25% del total de profesores que hay en esta asamblea. Por lo tanto, esta representación se debe escoger de forma proporcional a los docentes que están en Régimen Académico con no menos de un 1/4 de tiempo en cada unidad académica.
Esto quiere decir que si en una Escuela hay 40 profesores que pertenecen a la Asamblea Plebiscitaria, serán 10 estudiantes los que podrán formar parte (un 25%).
Las representaciones estudiantiles se escogen mediante asambleas, éstas se realizan en cada escuela o sede y posteriormente la Vicerrectoría de Vida Estudiantil acredita a las personas electas.
Para la elección de Rectoría se acreditó a un total de 425 estudiantes, que tendrán la posibilidad de votar.
¿Cómo se elige al rector o rectora?
Se elegirá como rector o rectora a la persona candidata que alcance el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.
Si se diera un empate en el primer lugar o ninguna candidatura alcanza el 40 % de los votos se repetirá la elección con las 2 personas que hayan obtenido el mayor número de votos.
Si fuera necesaria una segunda elección, se ecogerá a la persona candidata que obtenga el mayor número de votos. Esa cifra debe representar al menos el 40 % de los sufragios válidamente emitidos.
Si ninguna persona candidata alcanza ese porcentaje, será declarada electa la que obtenga la mayoría de los votos válidamente emitidos. Si se produjera un empate, la suerte será la que decida.
Elección presencial
En el caso de la elección para la Rectoría, la posibilidad de realizarla utilizando medios electrónicos no había sido considerada al momento de la convocatoria, que se realizó desde el pasado 7 de febrero.
En un principio, la elección estaba prevista para llevarse a cabo el 17 de abril, sin embargo por las circunstancias de la pandemia se tuvo que suspender en dos ocasiones.
La normativa institucional, no permite introducir cambios en las reglas luego de dicha convocatoria, en virtud del principio de seguridad jurídica, puesto que implicaría una variación intempestiva de las reglas del juego existentes, y para el momento en que se declara la pandemia, ya había concluido el proceso de inscripción y declaratoria de candidaturas.
“Hemos hecho toda clase de consultas a diferentes instancias internas y externas, hemos recibido diversas visitas y asesorías de personas expertas en salud, en estadística, en proyecciones, en asuntos jurídico-electorales, informáticos y otros. El enorme trabajo desplegado bajo la presión del contexto, en relación con la posibilidad de implementación de una modalidad alternativa a la presencial, que al inicio de esta situación se valoró como una opción para la elección a Rectoría, nos ha permitido, por una parte, ver con claridad la imposibilidad jurídica que implica para un proceso ya iniciado, el cambio de modalidad en la votación, y por la otra, el desconocimiento que persiste respecto a los nuevos sistemas y aplicaciones desarrollados en los últimos cinco años y sus respectivos sistemas de seguridad informática”, señaló Virginia Borloz, presidenta del TEU,
Como parte de la argumentación se indica que el artículo 34 del Reglamento de Elecciones Universitarias no especifica la posibilidad de realizar la elección a Rectoría utilizando medios electrónicos, como sí se señala en los artículos 31 y 32 que se refieren a la elección de miembros del sector académico y administrativo al Consejo Universitario.
Por su parte, la Oficina Jurídica (OJ) de la UCR indicó en el dictamen OJ-401-2020 que cualquier reforma que se quisiera realizar al Reglamento de Elecciones debe presentarla el propio Tribunal, o si no proviene del TEU deberá, previamente, serle consultada y luego ser aprobada por el Consejo Universitario (CU).
El padrón electoral se compone de 2365 votantes (diseño del gráfico: Rafael Espinoza Valverde).
No obstante, cualquier cambio al Reglamento se aplicará a procesos futuros y no a un proceso que ya está inicado como es el de la elección a Rectoría, ya que prevalece la aplicación del principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 34 de la Constitución Política, y su derivado en materia de actos administrativos contenido en el artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública. Por lo demás, en derecho electoral rigen los derechos de preclusión o etapas sucesivas que no pueden ser reabiertas, y el de calendarización que obliga al órgano electoral, previo al inicio del proceso, a elaborar y dar a conocer un cronograma regulado en la normativa.
De igual manera, el Reglamento de Elecciones Universitarias no contempla ninguna disposición normativa que posibilite la modificación de los plazos consignados en dichas normas, con fundamento en situaciones excepcionales o de emergencia, por lo que mientras esas disposiciones continúen vigentes los plazos allí consignados deben aplicarse tal y cual están regulados. Para que los plazos pudieran ser modificados se requeriría que el Consejo Universitario, en ejercicio de su potestad reglamentaria, aprobara y promulgara la respectiva reforma.
El protocolo fue aprobado por el Ministerio de Salud
Para poder llevar a cabo la elección de manera presencial, el TEU en conjunto con la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR, elaboraron un protocolo de bioseguridad que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que se aplicará rigurosamente durante toda la jornada electoral, así como un instructivo para las y los electores.
Entre las principales indicaciones que tiene el documento está el uso ubligatorio de mascarilla higiénica, sin válvula o quirúrgica; seguir las disposiciones indicadas por el personal de apoyo, guardando el distanciamiento social y respetando la fila demarcada; cada persona votante deberá portar su propio bolígrafo para firmar el padrón y emitir el voto; deberá presentarse puntualmente a la Junta Receptora de Votos (JRV) asignada la cita, sin acompañantes, excepto aquellas personas que por su condición lo requieran.
En la Sede Rodrigo Facio se contará con 11 Juntas Receptoras de Votos y habrá otras 6 en las distintas Sedes Regionales de la institución. Cada junta recibirá un aproximado de 27 votantes por hora.
Para la seguridad de las personas electoras se dispuso de dos modalidades de JRV. La primera es la ventanilla electoral, esta se colocarán en espacios existentes en las instalaciones universitarias, las cuales cuentan con una barrera de protección para la atención de público (ventanilla de vidrio con orificio para entrega de documentación electoral) que permitirán una dinámica de circulación y flujo adecuado para albergar a las personas votantes, sin hacinamiento y en garantía del espacio necesario para el distanciamiento social.
La otra es el auto-voto que se encontrará exclusivamente en la Sede Rodrígo Facio, para las personas eméritas y con movilidad reducida (o aquellos casos que el TEU valore previamente), quienes tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto, desde el interior de su propio vehículo, garantizando el distanciamiento social con respecto a la persona encargada de registrar su identidad y recibir el voto en la respectiva urna electoral.
JRV
Lugar
Horario
1
Sede Rodrigo Facio – Aula Magna
08:00 – 18:00 hrs
2
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Ciencias Sociales
08:00 – 18:00 hrs
3
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Derecho
08:00 – 18:00 hrs
4
Sede Rodrigo Facio – Edificio Administrativo A
08:00 – 18:00 hrs
5
Sede Rodrigo Facio – Escuela de Educación Física y Deportes
08:00 – 18:00 hrs
6
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Educación
08:00 – 18:00 hrs
7
Sede Rodrigo Facio – Escuela de Estudios Generales
08:00 – 18:00 hrs
8
Sede Rodrigo Facio – UCAGRO
08:00 – 18:00 hrs
9
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Microbiología
08:00 – 18:00 hrs
10
Sede Rodrigo Facio – Autovoto – Edificio de Parqueos frente de Ciencias Sociales
08:00 – 18:00 hrs
11
Sede Regional de Occidente
10:00 – 18:00 hrs
12
Sede Regional del Atlántico
16:00 – 18:00 hrs
13
Sede Regional de Guanacaste
13:00 – 18:00 hrs
14
Sede Regional del Caribe
16:00 – 18:00 hrs
15
Sede Regional del Pacífico
16:00 – 18:00 hrs
16
Sede Regional del Sur
08:00 – 10:00 hrs
17
Sede Rodrigo Facio – Facultad de Odontología
08:00 – 18:00 hrs
Andrea Marín Castro Periodista, Oficina de Divulgación e Información
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Estimados (as) señores (as):
“Busca de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia”. (E. O. art. 5, inciso b)
Circula en redes sociales, desde el viernes anterior, un documento que solicita un voto de censura para este servidor, en calidad de Rector y por haber emitido la Resolución R-171-2020. El documento aparece dirigido a la señora directora del Consejo Universitario.
En relación con él, recibí mensaje de la persona que aparece como firmante, quien me indicó que ni ella ni su movimiento emitieron ese documento. También, durante el fin de semana recién pasado, otras personas involucradas en el proceso electoral de nuestra institución, de muto proprio, me han indicado lo mismo.
Somos de la convicción que, en una institución de cultura superior, toda situación debe ser asumida como reto pedagógico, a fin de aprovecharla como oportunidad de mejora; por tanto, lo descrito en los párrafos anteriores obliga a hacer la siguiente reflexión, acompañada de un respetuoso llamado a la conciencia, al menos en dos de sus niveles: el racional y el moral.
Es evidente que la Universidad de Costa Rica en específico y la institucionalidad estatal en general, se encuentran profundamente amenazadas y están imbuidas en la mayor crisis que se recuerde en la historia reciente. Unas de las estrategias utilizadas para debilitarnos han radicado en promover el desfinanciamiento, la desinformación y la división, lo que se suma a una campaña estructurada de desprestigio. Por tanto, promover acciones análogas desde el seno institucional, si fue eso lo que sucedió en este caso, no solo es reprochable sino censurable.
Cada acción que se desarrolle en el escenario universitario debe mostrar un ejercicio altamente virtuoso en tanto: prudente, solidario, justo, veraz, responsable, valiente y, consecuentemente, garantizar el mayor beneficio. Debemos tener presentes los fines, principios y propósitos explicitados en el Estatuto Orgánico y, desde estos parámetros, promover diálogos académicos del mayor nivel posible, que garanticen una genuina defensa de nuestra Universidad.
Es así como, el equipo de transición reafirma su compromiso para trabajar ardua y dialógicamente en resguardo del bien y el fortalecimiento del Alma Mater, a la vez que reclama y agradece un accionar recíproco y proporcional por parte de todos los miembros de la comunidad universitaria.
El Papa Francisco, en una entrevista reciente, le dijo a un periodista (extraigo de ella lo que considero esencial): “Ustedes –los periodistas- tienen la posibilidad de caer en cuatro pecados, o cuatro actitudes malas para no hablar en un lenguaje teológico (…) Primero la desinformación; doy la noticia, pero doy la mitad, la otra mitad no la doy (…) Informás la mitad, informás mal. Segunda es la calumnia (…) hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema (…) El medio de comunicación tiene tanto poder, frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente (…) Tercero la difamación, más sutil todavía; toda persona tiene derecho a la reputación y si vos hace 20 años, pegaste un resbalón en la vida e hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos una persona libre y sin mancha, no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida, la difamación; te traen una mancha de antes y te la tiran ahora (…) Y cuarto (…) El amor a la cosa sucia (…) el amor a los escándalos (…) Hay medios que viven de publicitar escándalos sean o no verdaderos. Sean la mitad verdaderos o no. Pero viven de eso (…) –Finalmente agregó- Superando esos cuatro límites la comunicación sería algo maravilloso.” (Cfr.https: youtu.be/-4j5_nYMs9M).
Desde luego, el Papa no se estaba refiriendo a ningún periodista en particular, ni tampoco a ningún periódico en concreto. Pero sí manifestó una preocupación frente a cuatro tendencias (“actitudes malas” o “pecados”), que algunas veces se producen entre los medios de prensa, especialmente cuando se han convertido en grandes empresas; yo también veo, con semejante inquietud que el Papa, ese peligro en la sociedad costarricense. En esta ocasión, no estoy citando al Papa para plantear una acusación en particular. Si la tuviera la expresaría, pues nada temo al respecto; sin embargo, no lo hago porque no quiero caer en el mismo error que le achaco al diario La Nación, cuando plantea acusaciones generalizadas a todas las universidades públicas. Cito al Papa, como una referencia calificada en temas atinentes a los asuntos éticos, porque me preocupan ciertas tendencias de algunos medios de comunicación.
Ahora deseo poner ejemplos, específicamente, ahora sí, acerca de la actitud del diario La Nación; en esta coyuntura en la que estudiantes de las universidades públicas acometieron con mucho valor, la iniciativa de denunciar el acoso sexual en las universidades, en medio de los temores que a ellas les debió producir.
Primera distorsión del diario sobre el tema del acoso. De manera insistente, el diario presenta al Rector de la UNA como un individuo que “reclama” a las alumnas por haber obviado la normativa de la institución en materia de acoso sexual. (La Nación 1/06/2019). En el mismo reportaje, se utilizan distintos verbos para calificar la misma acción: el Rector “increpó” (sig. Reprender con dureza y severidad); “reprochó” (sig. Reconvenir, echar en cara); “cuestionó en reiteradas ocasiones” (sig. Controvertir un punto dudoso, poner en duda lo afirmado por alguien.); reclamó (sig. Gritar, clamar o llamar con repetición y mucha instancia, en su primera acepción). A la audiencia del Consejo Universitario, ingresaron dos estudiantes como invitadas, más los representantes de ellos ante el Consejo. Nunca ocurrió lo que el diario describe, ni se dio de mi parte ese tono que se me atribuye de haber reprendido con dureza, ni menos haberles gritado o clamado con insistencia. Como vi que siempre las dos estudiantes invitadas obviaban referirse a la normativa de que dispone la UNA para atender las denuncias de acoso, me sentí en la obligación como jerarca de la Institución de informar sobre ello, con el objeto de contribuir a que las denuncias se puedan canalizar como corresponde.
Segunda distorsión del diario. Al día siguiente, domingo 2 de junio, muy destacado en primera página, el diario señala mediante un gran titular: “Reglamentos de ‘U’ públicas favorecen impunidad de acosadores. Carecen de sanciones específicas.” Más abajo, menos destacado: “Vacío dificulta acciones”, “Portillo a castigos leves” y “Solo UNA tiene fiscalía”. En pag.4 adonde el reportaje se desarrolla, se presenta una gráfica en un recuadro que entra parcialmente en contradicción con varios de los subtítulos de la portada. En dicha gráfica se resalta que la UNA es la única universidad pública que cumple con los cuatro indicadores de castigo al acoso sexual que allí se describen, porque (parafraseando): penaliza el acoso a los reincidentes, se sanciona a los encubridores, existen criterios para fijar la sanción, y se sanciona la denuncia falsa. Empero, la tónica del reportaje resalta que “Aunque en todas las casas estatales de enseñanza superior tienen algún tipo de normativa para penalizar a los agresores sexuales…estos mismos instrumentos en su mayoría, son abstractos y no definen cómo sancionar al ofensor.” (L.N.2/06/19.pag.4A). Es decir, lo contrario de lo que se dice en la gráfica para los casos de la UNA y del TEC, pues se había dicho que en ellas “existen criterios para fijar la sanción.” En cuanto a las faltas graves, insisten en subrayar que “…los reglamentos de las cinco universidades públicas no especifican cuáles conductas califican en esa categoría.” Curiosamente, en el mismo reportaje, en la página de enfrente, la 5A, se presentan los criterios de la UNA para fijar la sanción. No se impacienten mis lectores, lo más contradictorio de todo, es que se llega a reconocer que: “Según constató este medio (La Nación, obvio), la única normativa AMPLIA Y ESPECÍFICA es la de la UNA. Ahí, –nos dicen por fin que- a diferencia del resto de universidades, no solo se penaliza al denunciado sino a quien lo encubra.” (¡!) ¿Quién entiende semejante contradicción?
Tercera distorsión. Lo que sigue es un poco más sutil, pero lo voy a decir. Después de un editorial que me dedican el martes 4 de junio, al que me referiré después, el día 6 de este mismo mes, destacan en primera página, y luego la transfieren a la 6A, “Rector de UCR entregará los expedientes de los sancionados por acoso.” Solicito que retengan esto por favor. En el interior del artículo, se dice líneas abajo: “La Nación solicitó a las cinco universidades públicas la documentación sobre los hechos comprobados de hostigamiento sexual, omitiendo los nombres de las víctimas. Sin embargo, no hubo respuesta positiva.”
Y también expresaron que: “Luego de que el Rector de la UCR se comprometiera a revelar los expedientes, La Nación gestionó una nueva solicitud de los documentos. La casa de estudios confirmó que se encuentra tramitando el pedido.” –Y luego- “Este medio también reiteró la solicitud al Tec y a la UNA.” Así aparece escrito y visiblemente más destacado el nombre de la UNA (mayúscula todo), frente al Tec. (escrito así). “Los rectores –afirman inmediatamente- objetaron la solicitud de entrega de los expedientes por considerar que hay información sensible.” ¿Podría por ventura, algún lector sensato, suponer que La Nación no tenía la intención de responsabilizar al Rector Salom de que no se hubiesen entregado los expedientes sobre acoso sexual ya juzgados?
Un día después, el 7 de junio, en un editorial bastante osado por su irrespeto a rectores y universidades, titulado ampulosa e irreverentemente -insisto- “Piruetas universitarias”, fueron más lejos aún, al colocar a los rectores, en particular a los del TEC y de la UNA, en el centro de una conducta que calificaron ‘gentilmente’ como “contorsiones y peripecias” encaminada supuestamente por nuestra parte a “…justificar el secreto de los expedientes sobre acoso sexual tramitadas en esos centros de enseñanza…” Dichas “contorsiones y peripecias”, le produjeron “asombro” al editorialista. Pero luego, viene un párrafo, que podría ser calificado como algo tan vanal como gracioso, de no ser porque lo expresado en el editorial deviene una contradicción in adjecto, respecto de todo el ataque enderezado contra este servidor en el reportaje contenido en el periódico del día jueves 6 por ejemplo, y ahora hasta en el primer párrafo previamente señalado del mismo editorial de marras. Veamos: “…La Nación nunca dijo haber solicitado los expedientes a Salom, sino a la comisión encargada de resolver las denuncias, cuya presidenta (sic) denegó la petición.” –Así concluyeron que- “El Rector se apartó de la verdad…” etc. (editorial del 7/06/19.P.22A) ¿Qué importancia tiene, por Dios, que no me hubieran solicitado a mí directamente los expedientes sobre acoso sexual ya resueltos, cuando toda la noticia se orientó expresamente a responsabilizarme a mí de querer “…justificar el secreto de los expedientes sobre acoso sexual”?
Cuarta distorsión. Con todo respeto sea dicho, los dos editoriales escritos que me dedica el periódico, uno enteramente a mi persona y el otro compartido, son unas joyas, tanto por las distorsiones que contienen, como por las falsedades. Entre las distorsiones, fueron deslizando una tras otra, a lo largo de ambos escritos: Salom está desconsolado (¡!), Es preciso –dicen- exigirle a las autoridades una respuesta convincente, que hasta la hora no la han dado. La verdad es que en entrevistas hice un relato de lo que la Universidad Nacional ha plasmado en su normativa, y que en su conjunto casi nadie tiene entre las instituciones del Estado; fue entonces que me espetaron que la UNA no debe entregarse a la “…tonta autocomplacencia de señalar como monumental avance la creación de una fiscalía para recibir denuncias.” (La Nación 4/06/19). Entre lo señalado por mí se encuentra mínimamente: 1-una comisión contra el acoso sexual, para que ahí se tramiten las denuncias y se trasladen a la fiscalía interna; 2-la existencia de esta misma fiscalía; 3-la normativa que, ya vimos que hasta uno de los reportajes de La Nación reconoce como amplia y abundante. La afirmación que me endilgan de ‘monumental avance’ en la UNA, es del propio periódico buscando ironizar y pintar una caricatura; este recurso de la ironía que destila veneno, está presente a lo largo de ambos editoriales: “Para un rector como Salom, lo importante es ser reconocido como el creador de la fiscalía e impulsor de declaraciones y conmemoraciones.” ¿Adónde, cuándo dije que hubiese sido el creador de la fiscalía? Otro invento irónico del diario para producir distorsión de la imagen de la Universidad Nacional y del Rector. Dicen que mis acciones ‘valerosas e importantes’ no lo son tanto. Ponen entre comillas los calificativos de “acciones valerosas e importantes” como si me estuvieran citando, sin decir siquiera adónde dije tal cosa. No acostumbro hacerme autoelogios. Afán de desprestigio y más desprestigio por parte de La Nación, echando mano al recurso del ‘choteo.’ El resultado de todas estas distorsiones es que La Nación ha querido, como tantas veces, con fatuidad o arrogancia, con alevosía y premeditación, pintar una caricatura, pero no la realidad en este caso de la UNA y de algunas de sus autoridades.
Conclusión. El acoso sexual es un flagelo de toda la sociedad costarricense y más allá. Es el producto de una sociedad machista, mal educada. Los estudios científicos demuestran que de este flagelo no escapa ninguna clase social de la población, no escapa a ninguna institución. Las universidades no constituyen una excepción a ello, aunque nos resulte a todos “particularmente repugnante”, como también dice el editorialista; pero él desde el ‘Olimpo’ como si fuese un ‘Júpiter tonante’. La Nación juzga, sentencia, acusa, saca conclusiones… pero distorsiona la realidad. En la UNA respecto de este problema y de otros, estamos lejos de estar satisfechos con lo logrado, porque evidentemente tenemos casos de acoso, algunos de los cuales ni siquiera llegan a ser denunciados, por temor de las personas ofendidas. No obstante, aunque no somos los ‘campeones’ en la prevención, tampoco en el tratamiento del problema, hemos dado pasos importantes en la dirección correcta, que el periódico ha demostrado que no conoce bien y no se muestra muy preocupado por conocer, solo quiere nombres de quienes hayan resultado sancionados; lo cual es solo apenas una parte y no necesariamente la más importante de la solución.
Si queremos resultados consistentes, frente a un flagelo que es persistente, tenemos que cambiar la cultura del machismo y la prepotencia masculina que la acompaña. Es una tarea de toda la comunidad de la UNA consciente (que es mucha); pero algo de lo más importante, es esforzarnos porque estudiantes, especialmente las mujeres, pero también el personal académico y administrativo, conozcan bien la normativa que ya tenemos, que sepan que pueden acusar sin temor a represalias, que se conserva la privacidad de la persona afectada. El editorialista de La Nación, no fue capaz de reconocer sin ambages ni ‘piruetas’, los progresos logrados en la Institución. Reconocerlo es más importante de lo que pueda creerse, ya que aunque seguimos afrontando el flagelo del acoso sexual, tenemos normativa con qué defendernos que puede servir a otros. Los editoriales que me dedican, se muestran más interesados en zaherir, golpear y distorsionar la imagen de la UNA, antes que intentar sacar algo en claro.
Por último, los nombres de acosadores que fueron sentenciados, ya se dieron a la publicidad por la presidente de la comisión de Resolución de Denuncias sobre Hostigamiento Sexual de la Universidad Nacional. Se dieron ocultando las circunstancias que puedan afectar a las personas acosadas o a los testigos de los casos. Por cierto, tristemente, se fue un nombre que nunca debió aparecer, pues fue totalmente absuelto en la querella. Por razones como esta, aunque nunca me negué a dar la información, puesto que no fue a mí a quién se la pidieron, lo cierto es que tengo reparos. Tengo reservas de dar nombres de personas jóvenes, algunos estudiantes por cierto, pues pienso que puede impedir su regeneración. Nuestro énfasis, tanto el mío como el de la UNA, es en la prevención, protección y bienestar de estudiantes y el personal frente al acoso sexual. Al centrarse La Nación en acusaciones y en la búsqueda de nombres del pasado, ha caído en los cuatro “pecados” que resaltó el Papa: difundir la verdad a medias, calumniar en lugar de construir, difamar a personas que bien podrían haberse reformado tras pagar su condena, y en su apego por el escándalo y el amarillismo.
Editoriales como estos, no protegen, no construyen, no edifican ni educan para buscar un cambio de paradigma en nuestra cultura que tanto urge en nuestra sociedad machista y en todas nuestras instituciones. ¡Que sabias y perceptivas las advertencias del Papa Francisco!
Dr Alberto Salom Echeverría
Rector UNA.
CAMPO PAGADO- Publicado Periódico La Nación-Domingo 23 de Junio de 2019. Página 13.
“La concertación política contra la universidad pública es una expresión contra el conocimiento, los derechos ciudadanos, las políticas públicas y el desarrollo. Pero justo en la universidad pública se ha conquistado la libertad de pensamiento, y con la independencia de gestión se da garantía de calidad y pertinencia académica y social para la educación superior y el desarrollo nacional”.
Con dolor, indignación y perplejidad he leído lo que Rodolfo Gamboa Montes de Oca escribió en contra de la diputada Ivonne Acuña Cabrera, en una red social. Según mi sentir, las palabras usadas son infames y expresan una ignominia que trasciende la responsabilidad individual (que sin duda existe), pues nos incumben como personas y sociedad.
No podemos eludir la pregunta sobre nuestras deudas con la humanización de las relaciones sociales y sobre la responsabilidad que compartimos en la persistencia de la discriminación y el odio, pero también la obligación colectiva de contribuir a su superación definitiva.
En este hecho, como en muchos otros lamentables casos de violencia contra las mujeres y de ataques en contra de los credos y las visiones políticas, la Universidad de Costa Rica ha sentido profunda consternación. Siendo una institución académica que basa su quehacer en el humanismo, en nombre de nuestra Universidad, quiero manifestar un profundo respeto y empatía hacia la Sra. Acuña, así como el repudio por cualquier manifestación de odio y discriminación que además se valga de posiciones de poder.
