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Manifiesto del Grupo Economía Pluralista dirigido a la presidencia y a las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa de Costa Rica

Diputado Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa
Diputado Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz, jefe de fracción Partido Nueva República
Diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa de fracción Partido Progreso Social Democrático
Diputado Eliecer Feinzaig Mintz, jefe de fracción Partido Liberal Progresista
Diputada Sofía Alejandra Guillén Pérez, jefa de fracción Partido Frente Amplio
Diputado Oscar Izquierdo Sandí, jefe de fracción Partido Liberación Nacional
Diputado Alejandro José Pacheco Castro, jefe de fracción Partido Unidad Social Cristina

Estimadas señoras diputadas; estimados señores diputados:

El plan fiscal heredado del gobierno de Carlos Alvarado, concretado, principalmente, en las leyes número 9635 (“Fortalecimiento de las finanzas públicas”), y 10.159 (“Ley Marco de Empleo Público”), y concebido desde un énfasis austeritario y restrictivo, está dando clarísimos síntomas de agotamiento, con consecuencias sociales y humanas muy serias y preocupantes, lo que, a su vez, multiplica y agrava las amenazas para la paz social y la estabilidad de la democracia.

Los síntomas del problema son múltiples:

1. La dinámica de los ingresos muestra una tendencia declinante. Al mes de septiembre de 2023, y comparado con los datos de un año antes, los ingresos totales registran una reducción de -2,7%. Obviamente este dato está afectado por la tendencia deflacionaria que se ha registrado durante este año, pero, incluso si consideramos ese factor, lo que se registra es una reducción en términos reales, puesto que, en el mismo lapso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo una reducción interanual del -2,2%. La parte correspondiente a los ingresos tributarios aumenta solo un 2,9%, cuando un año antes aumentaban 16,4%. Incluso si descontamos la inflación (que ciertamente era mucho más alta en septiembre 2022 que en septiembre 2023), detectaremos una reducción en el ritmo de crecimiento de este ítem. Sin embargo, es importante observar que lo que mantiene a flote el dinamismo de los ingresos tributarios es el IVA, el cual, al mes de septiembre, crece un 6,5% interanual, cuando los impuestos sobre ingresos y utilidades lo hacen tan solo un 1,3%. Esto último advierte sobre una posible tendencia hacia una mayor regresividad del sistema tributario, el cual, de por sí, ya es sumamente injusto e inequitativo.
2. Los gastos, sin incluir pagos por intereses, siguen bajo una fuerte presión restrictiva. Al mes de septiembre, su crecimiento interanual es de 0,9%, lo que hace previsible que la proporción correspondiente, como porcentaje del PIB, seguirá a la baja, puesto que el Banco Central anticipa un crecimiento del 5,7% en términos nominales (sin descontar la inflación) para el presente año 2023.
3. En general, la evolución del gasto del Gobierno Central, durante el período posterior a la aprobación de la Ley 9635, advierte acerca de tendencias muy preocupantes, tal y como se sintetiza en los siguientes datos:

4. La significativa reducción del gasto corriente (sin incluir intereses), relativamente al tamaño de la economía, conlleva una fuerte pérdida de eficacia y calidad en los servicios públicos. La errónea idea de que se puede sacrificar el gasto corriente sin que ello tenga consecuencias importantes, pierde de vista un dato fundamental: el funcionamiento normal de las instituciones públicas, y de los servicios que, cotidianamente, estas prestan, depende de ese rubro presupuestario. Esta severa restricción implica un efecto muy negativo para la población, la paz social y el desarrollo de la economía, y ese efecto persistirá incluso aunque pudieran obtenerse mejoras significativas en la eficiencia, cosa que, sin embargo, es altamente improbable de lograr si no se realizan -como no se están haciendo- inversiones importantes en equipo, tecnología e instalaciones, y mucho menos en vista del desaliento y desmotivación que generan en el personal del sector público, los largos años de congelamiento salarial y toda la incertidumbre y confusión que ha provocado la Ley Marco del Empleo Público.

5. Por su parte, los montos irrisorios, más bien ridículos, que se destinan a gasto de capital, frenan cualquier programa serio de creación de empleos decentes, e implica un acrecentamiento en los déficit acumulados en materia de infraestructura (desde puentes, carreteras y transporte público, a escuelas e infraestructura de cuido), con severas consecuencias para el desarrollo futuro de la economía, para la equidad e inclusión social y, por lo tanto, para la paz social y la estabilidad de la democracia.

6. En cuanto a los pagos por intereses de la deuda, estos siguen arrastrados en una deriva ascendente, agregando presiones restrictivas adicionales sobre el gasto social y la inversión pública. Los datos actualizados a septiembre de 2023, confirman que la estrategia definida para la reducción de este rubro (basada, sobre todo, en la sustitución de deuda interna por deuda externa) no está dando los resultados prometidos, no obstante que la baja tan fuerte del dólar (un -23% desde fines de junio 2022 a la fecha), debería aliviar muy considerablemente los pagos por intereses sobre la deuda expresada en moneda extranjera. Es más que llamativo confirmar que, al mencionado mes de septiembre, los gastos por intereses de la deuda externa crecen espectacularmente, a una tasa interanual del 28.7%, no obstante, la mencionada reducción del precio del dólar ¿Era de esa forma cómo se pretendía reducir los pagos por intereses?

7. La realidad se ha encargado de poner en evidencia los altísimos costos sociales y humanos que estas políticas conllevan, y todo el creciente malestar ciudadano que alimentan. Eso ha repercutido en la Asamblea Legislativa, en la cual hemos visto desplegarse esfuerzos diversos que, en lo fundamental, tratan de flexibilizar o modificar aspectos de la regla fiscal.

8. Apreciamos y aplaudimos lo que hay de positivo y bienintencionado en esos esfuerzos y disposiciones, pero advertimos que es una estrategia reactiva, que conlleva algunos problemas y limitaciones importantes:

1. Son decisiones fragmentarias, que carecen de una visión integrada, coherente y de conjunto. Si bien alivian algunas de las consecuencias problemáticas derivadas de la estrategia fiscal en aplicación, arriesgan generar nuevas inconsistencias en el abordaje del problema fiscal y, por lo tanto, nuevas fragilidades en la sostenibilidad de las finanzas públicas. En su lugar, es urgente avanzar hacia un replanteamiento integral y coherente, que garantice sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Pero sostenibilidad no solo desde el punto financiero, sino también desde lo social, lo político y lo económico en sentido amplio.
2. Una de tales inconsistencias tiene que ver con el hecho de que, al liberar secciones o porciones de la institucionalidad pública de la aplicación de la regla fiscal, manteniendo el resto sujeta a esta, se crea la muy plausible posibilidad de un desarrollo asimétrico e incoherente: algunas porciones sometidas a una restricción muy fuerte, frente a otras que gozan de mayor holgura presupuestaria. Lo deseable, en cambio, es lograr un fortalecimiento armónico y coherente de las instituciones públicas en sus distintos componentes. La premisa implícita, según la cual hay servicios públicos prioritarios y otros accesorios es, como mínimo, problemática, entre otras cosas porque desestima las relaciones de complementariedad entre las distintas partes componentes de la institucionalidad pública. Por ejemplo: propiciar que las universidades puedan invertir más en becas e infraestructura y que fortalezcan su oferta académica en las regiones, mientras la investigación y la acción social o extensión se mantienen bajo una presión restrictiva, puede dar lugar a formas de desarrollo institucional desbalanceadas y poco armónicas.
3. Las decisiones atinentes a reducción de impuestos, por ejemplo, la reciente reducción del marchamo, al margen de la buena intención que pudiera animarlas, deberían no solo cuidar de tener un perfil nítidamente progresivo, sino contemplar fuentes alternativas de ingresos que sustituyan los que se están reduciendo, y las cuales deben quedar definidas de forma igualmente progresiva. De otra manera, al reducir los ingresos, se estarán dando pretextos adicionales para endurecer el enfoque austeritario, que tan nefastas consecuencias está teniendo. Sobre todo, es muy preocupante la reciente decisión, relacionada con la llamada “lista gris” de la Unión Europea, la cual, al exonerar las rentas o ganancias obtenidas por capitales de origen costarricense invertidos en el extranjero, con ello no solo debilita los ingresos fiscales, y no solo favorece directamente a los más ricos de Costa Rica, agudizando en consecuencia la regresividad de nuestro sistema tributario y las desigualdades en nuestra sociedad, sino que incentiva la fuga de capitales y su inversión fuera del país, con todas las negativas consecuencias que ello tiene para la creación de empleos y el desarrollo de la economía.
   9 .Conclusión:

El abordaje del problema fiscal por el que se ha optado, está dando signos claros de agotamiento. Es cierto que ha habido una mejora relativa en las cuentas fiscales, lo cual se refleja en el surgimiento de “superávits primarios” (excedentes positivos de los ingresos sobre los gastos, sin incluir en estos últimos los pagos por intereses), como también en una reducción considerable del déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos, incluidos los pagos por intereses). Sin embargo, todo eso se logra a un costo altísimo e incuantificable, en virtud de las severas consecuencias sociales y humanas que esa estrategia de políticas tiene, lo cual la hace políticamente inviable. Esa inviabilidad se agudiza en el actual contexto nacional, asediado por una agudizada situación de violencia y criminalidad, la cual parece haberse salido de cauce, al punto que, en algunos lugares, el Estado está prácticamente ausente, sustituido por las estructuras del crimen organizado. Todo esto advierte que insistir en una política austeritaria como la que se viene aplicando, es una apuesta sumamente peligrosa. Es indispensable tener presente que no solamente se requieren más policías, cárceles y represión, sino, y sobre todo, es urgente y necesario un abordaje preventivo, lo cual, inevitablemente, pasa por el fortalecimiento de las políticas de salud, educación, vivienda, cuido, arte y cultura, entre otros, así como, en general, de todos nuestros sistemas de seguridad social y del Estado social de derecho en su conjunto. Hay cosas importantísimas que el mercado y la iniciativa privada no pueden proveer, o, si las proveen, serán a precios que, inevitablemente, excluirán a la mayor parte de la población. Sin un futuro esperanzador, empleos de calidad, estabilidad económica, oportunidades educativas y de esparcimiento, buenos servicios de salud, acceso a vivienda y a un servicio hídrico universal y de calidad, transporte público accesible y de calidad, oportunidades para el cultivo del arte y la práctica del deporte, será imposible frenar la criminalidad y traer paz a nuestras comunidades y vecindarios.

10. Propuesta

Creemos necesario avanzar en una dirección renovada, que contemple aspectos como los siguientes:

1. Un ejercicio de acercamiento y colaboración entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que, cancelando rigideces ideológicas, permita concertar acciones, formuladas con prudencia y razonabilidad, con el fin de reducir la carga de los intereses de la deuda. No debe descartarse una posible renegociación de esa deuda, al menos la parte interna.
2. Debe tenerse máxima prudencia al tomar deuda externa, dados los riesgos que comporta endeudarse en una moneda que no es la nuestra. Esa deuda externa debería destinarse a fines productivos, para la elevación de la productividad, el fortalecimiento de los encadenamientos productivos, y la diversificación y modernización de la economía, que garanticen la sostenibilidad futura de la misma deuda.
3. Es urgente avanzar hacia una reforma tributaria realmente progresiva, que haga valedero el principio de que cada quien contribuya según sus reales posibilidades. Deberíamos proponernos un incremento en la carga tributaria (como porcentaje del PIB y sin incluir las contribuciones a la seguridad social), de al menos 5 puntos porcentuales durante los próximos cinco años, lo que implicaría llevarla a los alrededores del 19%, todavía muy lejos del promedio de la OCDE (25%), y mucho más lejos aún de los países de más alto nivel de vida, como los nórdicos europeos, donde usualmente supera el 30%. Esto debería provenir exclusivamente de impuestos sobre los altos ingresos (indistintamente de que estos provengan del capital o del trabajo) y sobre los grandes patrimonios, sin afectar más a los sectores de ingresos medios, ni mucho menos a los de ingresos bajos. Téngase presente que los impuestos sobre ingresos y utilidades aportan, en Costa Rica, solamente un 5,5% como proporción del PIB, cuando el respectivo promedio para la OCDE es del 11,3%, mientras en Finlandia y Suecia excede del 15%, en Noruega está por arriba del 20% y Dinamarca llega al 30%. Esto debe ir acompañado de cambios en la legislación y fortalecimiento organizacional y tecnológico de la administración tributaria, a fin de combatir eficazmente el fraude tributario en sus diversas manifestaciones. No debe perderse de vista el carácter trasnacionalizado, incluso globalizado, de la “industria del fraude tributario”, lo cual exige la colaboración y el trabajo conjunto de los diversos países y sus gobiernos. Todo esto es necesario, para poder contar con la holgura presupuestaria mínima, que nos permita soltarnos de las amarras asfixiantes, y sumamente dañinas, de la austeridad fiscal.
4. Así sea de forma gradual, y con mucho tiento y prudencia, pero es necesario que el país redefina sus políticas en materia de inversión extranjera. Hemos sido excepcionalmente exitosos a la hora de atraerla, pero sumamente ineptos, si de garantizar ciertos beneficios mínimos para el país se trata. Bienvenidos son los empleos que genera, pero la evidencia demuestra, sin asomo de duda, que son harto insuficientes para satisfacer las necesidades de empleo de nuestra gente, como también son insatisfactorios los resultados logrados en términos de la generación de encadenamientos productivos y transferencia de tecnologías. Y ni hablemos de sus muy escasos aportes al sostenimiento de las finanzas públicas. La resistencia a cualquier avance en ese sentido, no obstante que la necesidad es más que apremiante, se vuelve más clara si recordamos que a nivel mundial se ha discutido, y se han tomado acuerdos, que propician establecer al menos una tasa uniforme del 15% sobre las ganancias de las corporaciones transnacionales. En Costa Rica, y contrariando los intereses nacionales más elementales, la cuestión ha sido silenciada. En resumen: nos urge establecer una relación más equitativa con la inversión extranjera, de manera que esta encuentre en nuestro país un ambiente propicio a sus intereses, pero garantizando que quede a nuestro favor una cuota razonable de las ganancias generadas.
5. Es importante abrir espacios para el desarrollo de programas de inversión pública que relancen el empleo, dinamicen el mercado interno, avancen gradualmente hacia el cierre de los déficits en materia de infraestructura y conectividad, el avance hacia nuevas fuentes energéticas limpias y sostenibles, y que, asimismo, sienten las bases para una economía moderna, diversificada y de alta productividad. Estos programas y proyectos deberían diseñarse de forma que propicien el empleo para mujeres y personas jóvenes, el beneficio de las regiones y comunidades fuera del Valle Central, y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. También debería considerarse abrir programas de empleo temporal, que propicien el aporte de las personas en labores cívicas de interés de las comunidades y los barrios, y que provea un ingreso mínimo a personas que lo requieren, y las cuales desean obtener un trabajo formal pero que no lo tienen.
6. Las operadoras de los fondos de pensiones complementarias (fondos de capitalización individual) administran ahorros de la población costarricense, por una cifra que excede de los ₡10 billones de colones, o sea, el equivalente a aproximadamente 21-22% del PIB. Cerca de un tercio de esos fondos -un monto por encima de ₡3 billones- está siendo colocado en los mercados financieros internacionales, los cuales, como hemos podido comprobar, son altamente inestables y riesgosos. Paradójicamente, la inversión pública en muchos ámbitos de máxima prioridad social y económica, sigue paralizada, o reducida a su mínima expresión, porque, según se repite, “no hay cómo financiarla”. O bien, y alternativamente, se apela al mecanismo de “concesión de obra pública”, lo cual significa, para todo efecto relevante, una privatización de hecho, con resultados que reiteradamente han sido contrarios a los intereses de Costa Rica. Deberíamos, en cambio, poner especial interés en aprovechar los fondos de pensiones para el financiamiento de las inversiones públicas. Con ese fin, es posible explorar mecanismos como los de titularización de obra pública, la creación de “vehículos de propósito especial” (SPV por sus siglas en inglés) o los fideicomisos. Pero para hacer todo esto eficaz y expedito, es necesario, primero, que el sistema financiero desarrolle mecanismos idóneos, ágiles y confiables para la canalización de esos fondos, y, segundo, que la legislación y la institucionalidad pública involucrada, se reformen en lo que sea necesario, a fin de garantizar que los procesos de planificación y ejecución de las obras públicas avancen con presteza y con los mínimos obstáculos posibles. Todo esto dentro de una propuesta de políticas que resguarde la rentabilidad y seguridad de los fondos de pensiones.
7. Finalmente, y de forma sumamente respetuosa y encarecida, formulamos una excitativa a las señoras y señores, presidente y jefas y jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, para que promuevan la apertura de mesas de diálogo y trabajo, con participación de representantes de las diversas organizaciones y sectores de la ciudadanía, incluyendo, entre otros, sindicatos, organizaciones de mujeres, academia, pueblos indígenas, las iglesias y las diversas organizaciones religiosas, las organizaciones de la agricultura y del ambiente, organizaciones estudiantiles, comunales, solidaristas y de la economía social-solidaria (cooperativas, micros y pequeños emprendimientos, etc.) y cámaras empresariales, con el fin de avanzar hacia la formulación de un programa fiscal, coherente e integral, justo y progresivo, que genere las condiciones necesarias para relanzar el empleo, elevar la productividad de la economía y propiciar un desarrollo sólido y sostenible, ambientalmente muy responsable. Desde luego, es importante que las autoridades del Poder Legislativo inviten y promuevan la participación del Poder Ejecutivo, ya que, sin el compromiso de este último, sería imposible avanzar en este proceso de urgente reorientación y replanteamiento de la estrategia fiscal en aplicación.

Sin más por ahora, quedamos a sus órdenes y a la espera de su respuesta a esta respetuosa excitativa. Cualquier comunicación puede enviarse al siguiente correo electrónico: lpvaso@gmail.com

Cordialmente

M.Sc. Greivin Hernández González
Cédula 1-0993-0559
Economista, profesor UCR