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Etiqueta: Territorios Seguros

Los fariseos y el chop suey

Carlos Campos Rojas

Me hice presente el pasado miércoles 29 de marzo a la convocatoria agrícola. El compañero Oviedo con su convicción campesina, junto a Jaime en su férrea decisión de ser respetado como productor, unidos a otros dirigentes, se destacaron en el esfuerzo.

La marcha propició el encuentro de los que hace rato se desencontraron, concretamente desde 1982 en la administración Monge, cuando el FMI vino a cobrar venganza, pues Carazo los había expulsado del país por venir a exigir que se cerraran los presupuestos sociales, la salud, la educación pública y la agricultura.

Desde adentro les dijeron: “esperen, ya vienen las elecciones”, los nuevos filibusteros prepararon el terreno, Oscar Arias -cuyo capital familiar se hizo en la agricultura-, despreciaba la actividad, se anteponían las nuevas oportunidades inmobiliarias y financieras, por lo que consolidó el trabajo. Los enfrentamientos que, desde Guácimo, Guatuso y Upala propiciaron los maiceros, fueron ejemplares. El pueblo de Costa Rica se sumó incondicionalmente cuando por primera y única vez, se tomó la Catedral ante el ataque despiadado de la policía el 17 de setiembre de 1986. El problema era tan profundo, que hasta la oligarquía agraria -que todavía existía- hizo alianza sólida junto a los maiceros, pero el esfuerzo no fue suficiente, los intereses económicos, políticos y gremiales firmaron pactos en Palacio -incluso la iglesia- a cambio de darle la espalda al conflicto agrario y apoyar a Arias.

Arias logró detener la lucha, cuando acusó de manera infame al movimiento de ser terroristas financiados por Libia. La “prensa canalla” le apoyó. Fue gracias a un sistema de justica que todavía gozaba de credibilidad, quien los desmintió. Llegando a establecer condenas por difamación.

El principio ideológico en debate era sencillo: o defendíamos la soberanía alimentaria o nos volvíamos dependientes de las importaciones.

El malinchismo siempre nos ha acompañado. De inmediato, la academia -INCAE y universidades públicas- como cuerpo institucional -salvo contadas excepciones de personas académicas decentes- se abocó a destruir ideológicamente la lucha, dándole “sustento tórico” a la propuesta arista: la seguridad alimentaria. Se criminalizó la soberanía alimentaria y ser productor de granos básicos, “por inviable y atentatoria del bienestar del consumidor que tendría alimentos más baratos”. Solo los “países ricos” tenían derecho a mantener subsidios a sus agricultores. En nuestro caso, las tareas agrícolas quedaban relegada a los perdedores y los nicaragüenses.

Fue ahí donde nació la destrucción del sector agrícola como lo conocimos, lleno de labriegos sencillos, campesinos honrados, con apego a la tierra, llenando de valores nuestra patria, al fin y al cabo, ellos de la mano de Juanito Mora y el General Cañas -fusilados miserablemente después-, demostraron su hidalguía, logrando derrotar por primera vez en la historia de América, los intereses imperialistas de Estados Unidos. Ayer Pedro me enseñó que “hoy en las redes sociales, ningún héroe es agricultor”.

En la marcha del miércoles, una pequeña delegación liberacionista, desfilaba con camiseta verde y blanco donde decía cínicamente “sin agricultores no hay comida”. Por la prensa el rector de la UCR dejaba claro que los agricultores fueran a la burbuja de la U a reunirse con Ciencias Agrarias, como si el problema fuera tan simple.

La marcha fue un éxito social, en el sentido del encuentro. La esperanza que quedó sembrada, es que, sin miedo, se manifestó que había que volver a la Soberanía Alimentaria, a pesar del fariseísmo, traiciones y boicots a que nos tienen acostumbrados los dirigentes gremiales y políticos -esta vez no fue la excepción-, pues algunos previamente habían estado en Palacio. Hay que pasar de las peticiones, quejas y denuncias, para resolver la ausencia de propuestas estratégicas, incluyendo la organización a futuro.

Para cerrar el día, el Presidente -muy mal aconsejado y recién llegado de los disturbios de Francia-, dijo con enojo, que aquello fue un “chop suey”, por el revoltijo social que se hizo presente -olvidándose él y sus asesores-, que también -al mejor estilo costarricense-, fue un “chop suey” el que lo llevó con esperanza de unidad nacional, a ser presidente de manera inesperada y eso no es delito.

Porque la unidad y el diálogo se construyen desde el respeto a los mayores disensos.

Lo preocupante, fue su llamado al diálogo a través de la consulta ciudadana, usando para ello la página del MAG y emitir ahí nuestras opiniones. Este instrumento “progre” -que él no inventó- aplaudido e instalado en las administraciones anteriores, ha servido para usurpar la participación ciudadana, violando el principio Constitucional que establece el Art. 9, de que la ciudadanía debe intervenir directamente en la toma de decisiones.

No podemos perder tiempo, debemos apropiarnos del diálogo y la propuesta, asumirnos como una ciudadanía responsable, de intervenir en la toma de decisiones, comportarnos como El Soberano.

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros se pone a la orden para organizarnos y recuperar lo que nos pertenece, iremos donde nos convoquen, quedamos a la espera de que nos contacten en el celular 8769 8714

Conversatorio virtual: Importancia de la rendición de cuentas en el Ministerio Público

El Observatorio Ciudadano Municipal y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción le invitan este próximo martes 29 de noviembre a las 6:00 p.m., al conversatorio virtual donde se abordará el tema de la «Importancia de la Rendición de Cuentas en el Ministerio Público», el cual se llevará a cabo mediante la plataforma Microsoft Teams.

Se contará con la participación de: 

  • Carlos Campos, Territorios Seguros.
  • Damaris Vigot, Observatorio Ciudadano Municipal.
  • Sara Castillo, Conamaj.
  • Carlos Meléndez, fiscal adjunto de FAPTA.

Declaración a la comunidad nacional sobre la solución a la deuda interna

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera responsable, como corresponde a la persona ciudadana que constitucionalmente debe asumirse como El Soberano, dio a conocer públicamente su posición sobre el tema de la deuda interna, desde el 2019, propuesta que fundamentamos debidamente en su momento, pero que, al mejor estilo de “lo políticamente correcto” del hacer nacional de distintos grupos y autodenominados dirigentes políticos, la discusión se pospuso en aras de esperar los resultados del paquete tributario aprobado en 2018, cuando nuestro Movimiento logró que se hiciera pública la lista de los Grandes Contribuyentes que no tributaron desde el 2008 y el desenlace de las elecciones que se avecinaban en febrero de 2022, donde muchos de ellos se veían protagonistas de primera línea.

Hoy el presidente Chaves ha presentado ante el Congreso su propuesta de vender a manos privadas el BCR y una parte del capital accionario del INS, lo que ha desatado -más por cálculo electoral, que de interés estratégico nacional- una polémica desde algunos “grupos y movimientos sociales” , como si la sola presentación del proyecto es ya una ley, dejando de lado que son los diputados, los que tomarán la última decisión, pero que curiosamente, no se les menciona como responsables de la situación, más bien, solidarizándose con  ellos y ellas, como si estuvieran obligados a cumplir, contra su voluntad, el designio presidencial. Esa minimización y personalización del problema es sumamente peligrosa, pues aleja el debate de lo que realmente es.

Hay que reconocer que el tema de la deuda interna es ideológico y político, desde cualquier enfoque que se le quiera abordar, no es simplemente económico, ni mucho menos de ungidos que solo ellos entienden el problema, el tema es nacional y debe discutirse con profundidad, reconociendo que la situación que afrontamos es responsabilidad de todos, unos por su silencio cómplice y otros, especialmente aquellos que desde la representación política y social -donde hay responsables con nombres y apellidos-, por ser autores intelectuales de la situación que vivimos.

 Entonces, el debate ideológico debe establecerse ya, teniendo como punto contundente de partida: “la clase política ya no le teme al pueblo” y “los pobres ya están acostumbrados a pasarla mal” para saber hacia dónde marcha el país y establecer de manera participativa, como lo manda el Art. 9 Constitucional, el país y la República Participativa que debemos construir en las actuales condiciones históricas y de crisis internacional, puesto que lo que nació en las administraciones ungidas desde 1982 por el Fondo Monetario Internacional, fue transformar nuestras más preciadas instituciones y posesiones, en una mercancía del sistema financiero y en una propiedad de alguno de ellos o ellas (porque en eso no existen problemas de género), profundizando la desigualdad existente y consolidando los niveles de violencia a los que poco a poco nos han ido acostumbrando.

También debe entenderse que nuestra banca nacionalizada, en procura del desarrollo nacional, dejó de serlo hace ya mucho tiempo, específicamente desde los periodos administrativos de Monge y Arias, quienes, atendiendo fielmente los mandatos del FMI, en una acción de venganza contra la Administración Carazo y con el aplauso de dirigentes sindicales, comunales, universitarios, del momento, propiciaron desde el INCAE y con el apoyo de la UCCAEP, la separación del Banco Central y la banca en la organización del desarrollo, para pasarlo al naciente sector financiero, para lo cual se establecieron leyes específicas, pasándolo a manos privadas a través del CONASSIF, órgano del que nadie quiere o se atreve a hablar, ni mucho menos señalar a sus integrantes y la responsabilidad directa en la construcción de la desigualdad nacional y disputar el liderazgo de Costa Rica en ese campo a nivel mundial, la facilitación para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o peor aún, haciendo de la moneda que es un factor de intercambio en el capitalismo para la construcción de riqueza, establecer ahora, que su posesión y su acumulación es ahora la riqueza, haciendo del sector financiero, el sector privilegiado.

De esa forma, es que nuestra banca sigue siendo “nacional” porque el capital accionario pertenece a los costarricenses, pero está sujeta y determinada por los estándares de la banca comercial internacional, desde la aplicación de las normas determinadas por el FMI, donde fuimos entregados a los intereses transnacionales financieros y donde perdimos nuestra soberanía.

La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados, consignados en nuestra Carta Magna en el Art. 11, crea una distancia entre la población y los funcionarios públicos, aunado al sentimiento de que éstos se asumen dueños de la institución, su ley y sus reglamentos, lo que ha fortalecido la corrupción y la impunidad, de la que todos nos hemos enterado.

Nuestro Movimiento está consciente de que en nuestro país existe una gran cantidad de personas decentes, responsables, llenas de sentido de patria, que buscan sacar adelante nuestro país, en ella se encuentran personas ciudadanas, empresarios grandes, pequeños y medianos: funcionarios públicos, académicos, profesionales y especialmente mujeres y jóvenes, con quienes podemos contar, pues la esperanza en ellos no muere.

De esta forma, es necesario incorporar en la defensa de estas instituciones, las acciones correctivas aquí señaladas, pues de lo contrario las acciones mismas serán débiles en el horizonte de lo que el país debe ser y la institucionalidad que se requiere para lograrlo.

Estamos en una situación que hemos pospuesto, muy a lo tico, pero también es el momento, al igual que en 1821 con el Pacto de Concordia y aprendiendo de ello, establecer un Nuevo Pacto Social, donde desde los más profundos disensos, establezcamos el consenso necesario para tener a tiempo la Costa Rica que desafiará el futuro.

Es un momento de inflexión nacional, con una situación internacional de profundo contenido de cambio, no podemos torpemente verlo y desestimarlo, ya ese error lo cometimos profundamente en los últimos 30 años del siglo pasado. Debemos ser profundamente críticos de nuestros errores y asumir con la responsabilidad que lo hicieran los defensores de nuestra independencia y fundadores de nuestra república, raíces que obstinadamente un malinchismo ha querido destrozar.

Propuesta ciudadana para manejar la deuda interna disponiendo de bienes nacionales

La propuesta que hemos alentado, consiste en:

  • La deuda es interna, es decir, nos debemos a nosotros mismos, es entre familia.
  • El estado ha incumplido con su tarea, desde luego los responsables tienen nombres y apellidos, debemos saber quiénes son, pues pueden ser los mismos que tendrán ahora en sus manos la decisión estratégica, lo cual es un alto riesgo.
  • Dar en dación de pago, no es lo mismo que vender, es un principio comercial simple, pues es un acuerdo.
  • De esta forma, por acuerdo nacional, como parte de un Nuevo Pacto Social, se otorga en dación de pago el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros a la Caja Costarricense del Seguro Social, por la deuda pendiente con la institución.
  • En estos momentos debe transparentarse el proceso, debemos ser vigilantes ante el intento de venta.
  • Ya “los expertos” se frotan las manos por la cuantiosa suma de dinero que se ganarán por validar lo que valen nuestras instituciones en disputa, afectando el principio de abonar a la deuda, pues de camino se enriquecen algunos de manera inmoral, pero legal, lo que prostituye el proceso y el principio que debemos atender.
  • Sabemos que la CCSS no tiene la experiencia para manejar bancos ni seguros, pero como el interés final es salvaguardar nuestros activos, debemos replantearnos en las actuales condiciones el papel de los mismos, dándole fortaleza estratégica al sistema de salud, estableciendo el acompañamiento necesario, como lo hace cualquier institución o empresa moderna.
  • La ciudadanía responsable debe sin discusión, dar un paso al frente y hacerse garante del presente proceso, consciente de que su ausencia irresponsable, permite el espacio a la corrupción y la impunidad.
  • Deberá establecerse un proceso de rendición de cuentas (que no es un informe de labores) y evaluación de resultados organizado desde la ciudadanía tal cual lo establece el Art. 11 Constitucional, para transparentar las acciones institucionales, pues al fin y al cabo los dueños del sistema de salud son las personas ciudadanas que son las que lo mantienen con sus cuotas, por lo tanto, son los accionistas de la empresa de salud más importante de Costa Rica.
  • Deberán revisarse con profundidad los procedimientos de compra de proveedores de la CCSS así como su manejo financiero, para no arrastrar a las entidades nuevas que se le suman (BCR – INS) a subsidiar los malos procedimientos que hasta ahora están en función.
  • Así como el sistema de salud busca democratizar el acceso a la salud, deberá hacerlo en democratizar la economía, abriendo el acceso de las pymes locales, especialmente las mujeres y jóvenes vulnerables, para transformarse en proveedores del sistema, en los diferentes órdenes de aprovisionamiento, para lo cual se revisará la normativa existente para facilitarlo.

Quedamos a sus órdenes sabiendo de su compromiso con nuestro país y convencidos de su espíritu de colaboración, nos manifestamos a la orden para aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

De ustedes atentamente,

Carlos Campos Rojas
Coordinador Nacional

Territorios Seguros denuncia al alcalde de Matina ante la Fiscalía

Comunicado de Territorios Seguros:

“El 14 de diciembre la compañera Anita Rodríguez Brown, del Territorio Seguro Puerto Viejo de Talamanca, de ascendencia indígena de clan y Carlos Campos Rojas, coordinador nacional del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, presentamos ante la Fiscalía de Limón, la denuncia penal por las expresiones realizadas (por parte del alcalde de Matina) en conversación con un representante de MECO.

Confiamos en que el instituto de la justicia haga prevalecer el respeto a la persona ciudadana y especialmente a nuestros pueblos originarios”.

El documento presentado señala:

Provincia de Limón, 10 de diciembre de 2021

Señores

Fiscalía de Asuntos Sexuales Ministerio Público de Limón

Por este medio, los suscritos CARLOS CAMPOS ROJAS, cédula 10605 0202 y ANITA RODRÍGUEZ BROWN, cédula 7 0130 0513, ante usted con el debido respeto nos presentamos a formular una DENUNCIA en contra del señor WALTER CESPEDES SALAZAR, cédula 5 0147 1200 quien actualmente funge como Alcalde Municipal de Matina.

La denuncia se formula con la intención de que esa dependencia analice las publicaciones que se han realizado en los últimos días en los medios de comunicación, de las cuales le adjuntamos copias, en las que se acredita que en el marco de las investigaciones judiciales de los casos COCHINILLA y DIAMANTE, gracias a las intervenciones telefónicas que fueron autorizadas, se captó una conversación del señor Céspedes, aquí denunciado, con un Gerente de la empresa MECO, a quien, según dice la información, don Walter le ofreció que cuando viniera a Matina, «le iba a tener a su disposición a una indígena”.

Ante la gravedad de los hechos, nos parece indispensable que se profundice en una investigación por parte de esa Fiscalía y por eso formulamos la presente denuncia, ya que esas actuaciones, de resultar ciertas -como parece ser pues el mismo don Walter ofreció disculpas por haberlas realizado- podrían constituir algunos tipos penales que merecen investigarse y juzgarse, como podrían ser trata de personas, prostitución, proxenetismo, o cualquier otro que esa Fiscalía puede determinar.

Esperamos que la Fiscalía pueda analizar el caso denunciado y proceder conforme corresponde.

A la espera de su respuesta, quedamos a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda.

De usted atentamente, Carlos Campos Rojas, Coordinador Nacional; Anita Rodríguez Brown, Territorio Seguro Puerto Viejo.

Territorios Seguros solicita rendición de cuentas al Poder Judicial en elección de magistrados suplentes

TS C 043 21
San José, 23 de octubre de 2021

Señor Lic. Fernando Cruz Castro
Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Poder Judicial

Estimado señor:

Nuestro Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros como usted sabe, ha venido desarrollando desde febrero de 2010, un proceso sostenido para establecer la cultura de rendición de cuentas y evaluación de resultados, tal cual lo establece el Art. 11 de la Constitución Política, lo que se transforma en un mandato incuestionable para una ciudadanía responsable que como El Soberano debe asegurar el ejercicio de un gobierno responsable, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional. En este proceso hemos reconocido siempre como el Poder Judicial desde el primer día se comprometió en este proceso, siendo un ejemplo no solo en nuestro país, sino más allá de nuestras fronteras, de hecho, este esfuerzo se tradujo en abrir el espacio para la construcción conjunta de la política de transparencia de la justicia. Como ciudadanía responsable nos hemos comprometido en rescatar la credibilidad institucional, especialmente la del Poder Judicial, la que día a día queda más en entredicho, pues se le suma el actuar del Ministerio Público, como nos lo hizo ver recientemente Don Warner Molina, cuando le señalamos el incumplimiento de la rendición de cuentas institucional, pactada para el mes de setiembre.

Ahora surge en el seno de la Corte Suprema un proceso de escogencia de Magistrados Suplentes, que deteriora aún más la imagen del instituto de la justicia y el sufragio, pilares de la estabilidad política, social y de la paz de nuestra República, pues sabemos que estos junto a otros, constituyen el pacto social que nos debe regir. Lo lamentable es que la escogencia de los magistrados ya empaña desde la Asamblea Legislativa, la gestión que la ciudadanía ha depositado en ustedes, aunque se pretenda justificar mediante una legalidad que día a día se percibe menos moral o que se valida al grito de “Fuenteovejuna fue”. Es por esto y en aras de la transparencia y la rendición de cuentas que iniciamos conjuntamente, que requerimos nos haga llegar su respuesta sobre los siguientes aspectos:

  • ¿Cuáles fueron los criterios técnicos y profesionales de idoneidad (constitucional) que utilizó usted como miembro de esa corte para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál fue la Sala de la Corte que tramitó el concurso y remitió la nómina de los candidatos que habían superado la etapa de calificación de antecedentes y entrevista?
  • ¿Consideró usted los nombres de la nómina que remitió la Sala Constitucional?
  • ¿Sabe usted cuánto le costó al Poder Judicial el concurso de antecedentes que efectuó la Sala Constitucional, incluyendo los días de salario de los magistrados que hicieron las entrevistas?
  • ¿Sabe usted que significan los términos confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad?
  • El principio de idoneidad constitucional para el ejercicio de un cargo público ¡aplica o no para la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional?
  • ¿Cuál es la norma que los faculta para hacer secreta la votación? Tenemos muy claro que usted, desde la función pública y nosotros, desde la ciudadanía, procuramos juntos, de la mano, transitar el camino que nos lleve a fortalecer la institucionalidad, en procura de la estabilidad y la paz social, por lo que esperamos muy pronto su respuesta.

Desde luego, como ha sido nuestro esfuerzo conjunto, esto se integrará en el proceso de rendición de cuentas y evaluación de resultados, que arrancamos en el 2010, para demostrar que en este país, las personas decentes de la función pública, junto al empresariado responsable y la ciudadanía consciente de su deber constitucional, haremos que la corrupción y la impunidad, así como el autoritarismo que buscan tomar el control del país, no tendrán espacio, cuando desde El Soberano se hace valer la Carta Magna construyendo la República Participativa, ahí establecida.

Quedamos a la orden y en espera de resolver esto prontamente y a la orden para ampliar detalles o aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

 

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

Es el momento de la ciudadanía

La ausencia de responsabilidad con la que han asumido los jerarcas institucionales, la tarea encomendada por una población que con esperanza ha concurrido a los procesos electorales para escogerlos como sus representantes, tiene a Costa Rica en una encrucijada.

Peor aún, son claras las intenciones de querer establecer un estado autoritario, justificado en una campaña del miedo con el pretexto de la emergencia sanitaria, para satisfacer sus gollerías.

La corrupción y la impunidad, que se quieren establecer como cultura dominante, llevaron al presidente a decir: “para que haya un corrupto, tiene que haber un corruptor”, tratando de explicar la actuación de su más íntimo asesor.

Lo que no quiso decir, fue, que para que no haya corrupción, debe haber transparencia, rendición de cuentas, evaluación de resultados y sobre todo mucho diálogo, como lo establece el Art. 11 Constitucional, porque “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad”.

La corrupción y la impunidad, tienen a Costa Rica en una encrucijada, los efectos sindémicos del Coronavirus, han servido para que un grupo inescrupuloso de empresarios, protegidos por una pequeña mafia de la función pública, se enriquezcan obscenamente más, a costa de empobrecernos a todos.

Muy a pesar de ellos, vamos a levantarnos, salir adelante, reconstruir la economía, llenarnos de esperanza, dichosamente las personas honestas y decentes de la ciudadanía y la función pública, somos más.

Desde el Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, hacemos un llamado a salir al frente, a encontrarnos, a reunirnos para establecer lo que este país necesita, a vencer el miedo y demostrar que en cada uno de nosotros existe la capacidad, la inteligencia y la solvencia moral, para poner en su lugar a quienes creyeron que, al nombrarlos representantes para un puesto, perdimos nuestro poder constitucional, ¡¡¡¡se equivocaron!!!!

¡¡¡¡NO LES TENEMOS MIEDO!!!!

Debemos cumplir el Mandato Constitucional establecido en el Art. 9 de asumirnos como El Soberano, cada uno de nosotros es dueño del poder y debemos ejercerlo y hacerlo valer.

Estamos dispuestos a reunirnos con ustedes, en el momento que nos convoquen, en su casa, en su barrio, en su empresa, deben llamarnos al teléfono 8769 8714, para transmitir nuestra experiencia y nuestra Metodología para hacer valer el poder que constitucionalmente poseemos.

También pueden colaborar económicamente por Sinpe, al teléfono 8604 1431, para fortalecer esta campaña de divulgación y organización.

Carlos Campos Rojas
8 de agosto de 2021

 

Compartido con SURCOS por Hernán Alvarado Ugarte.

Organizaciones sindicales y sociales emplazan a Poderes de la República ante la corrupción y exigen parar impunidad

La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y el Movimiento Nacional Territorios Seguros emplazan a los Presidentes de los Supremos Poderes para que tomen acciones concretas y conjuntas con la ciudadanía para evitar que los actos de corrupción deterioren más nuestra democracia y la paz social y continúe la impunidad.

La solicitud la hacen en una nota enviada al Presidente Carlos Alvarado Quesada, la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

La misiva suscrita por el Presidente y Secretario General de la CTRN Lenin Hernández Navas y Mario Rojas Vílchez en conjunto con Carlos Campos Rojas coordinador del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, emplaza a los representantes de los tres Poderes de la República a que públicamente firme un compromiso con el pueblo de Costa Rica para promover un proceso en conjunto con la ciudadanía de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública con el fin de que la impunidad no sea el denominador común en los actos de corrupción.

Urgen proyectos anticorrupción

Las organizaciones solicitan impulsar el proyecto de Ley 22.428, denominado Reforma de Leyes en materia de anticorrupción, para atender recomendaciones del grupo de trabajo sobre el soborno en las transacciones comerciales y el proyecto de Ley 15.755 bajo título Ley Anticorrupción Del Financiamiento de las Campañas Políticas.

Además, solicitan generar un proyecto de ley para que la elección de los diputados y los puestos municipales se haga a través del voto directo y contemple el referéndum revocatorio.

Corrupción sale caro al país.

De acuerdo con el Presidente de la CTRN, Lenin Hernández el estado paga ₡.

1 billón 140 mil millones, que representa un 3% del Producto Interno Producto (PIB) en sobreprecios en las compras anuales que realiza porque los sistemas de vigilancia de costos son deficientes, y no hay mecanismos de comparación, entre las contrataciones que hace el estado y los precios que paga el sector privado.

“En la CTRN creemos que es necesario una lucha contra la corrupción que no se limite solo a la protesta, sino también, a la propuesta. Por eso es un honor compartir este llamado con el Movimiento Territorios Seguros coordinado por don Carlos Campos que en conjunto le pedimos a los tres poderes de la República un compromiso público de transparencia, así como la dotación de instrumentos de control ciudadano y rendición de cuentas, porque es la única forma, de luchar contra la corrupción”, señaló Lenin Hernández Navas Presidente de la CTRN.

Por su parte Carlos Campos Rojas de Territorios Seguros declaró que firmó el documento porque es consecuente con la necesidad de que los costarricenses establezcan un proceso de diálogo como parte de su responsabilidad ciudadana y cumplan con el mandato constitucional de garantizar la paz y la transparencia en la función pública y así enfrentar los casos de corrupción que se quieren establecer como una cultura normal.

“Firmar este documento es parte de nuestra responsabilidad ciudadana de sumarnos a otros grupos de personas de la función pública que están comprometidos con sacar adelante a Costa Rica. Con esta firma queremos promover el encuentro, el diálogo y la construcción de propuestas conjuntas para detener la corrupción y la impunidad”, destacó el representante de Territorios Seguros.

Panamá: Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo

El movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros compartió con SURCOS una siguiente nota publicada en el medio digital CRÍTICA.com.pa en el cual se expone:

Iglesia cuestiona negocios mineros a espaldas del pueblo.

Congregaciones religiosas de la Iglesia Católica expresaron preocupación frente a las acciones que desarrolla el gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, con el fin de convertir a Panamá en un país minero.

Entre otros aspectos cuestionan la concesión de 25 mil hectáreas de tierras entre Colón y Coclé, la negociación con mineras internacionales a espaldas del pueblo y de las comunidades afectadas, así como un supuesto diálogo sobre el tema minero sin la inclusión de actores que se opongan a ese modelo.

Además, hacen referencia a la continua mención de las áreas de la comarca Ngäbe Buglé sin respetar el claro rechazo de estas poblaciones a la minería y una ley especial que prohíbe tal actividad en sus territorios.

Los grupos católicos señalan que los ejemplos de daño ambiental combinados con una débil institucionalidad y corrupción sobresalen en el tema minero en las últimas décadas.

El comunicado revela, además- como un hecho poco conocido y doloroso- el Estado tuvo que pagar a una minera norteamericana casi $16 millones en noviembre de 2020, en plena pandemia, luego que un mecanismo de arbitraje del Banco Mundial falló a favor de la empresa para seguir su actividad en Cerro Chorcha, en la comarca Ngobe Buglé.

El Estado panameño canceló el proyecto en el 2010 tras las protestas indígenas, pero era un contrato que venía desde el 2005 de otro gobierno del PRD, que concedió 24.5 hectáreas de terrenos para minería primero a Cuprum Resources Corp. y ésta le vendió a Dominion Minerals Corporation, que demandó al Estado ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),

La demanda original fue por $263.8 millones, pero tras la condena Panamá se verá obligado a pagar cerca de $27 millones.

Las organizaciones católicas piden suspender la concesión de las 25 mil hectáreas para minería, donde probablemente se incluye la reactivación de la Mina Molejón, que sería otorgada a la compañía canadiense Broadway Mineral.

Compartido con SURCOS por Carlos Campos Rojas.

Territorios Seguros entrega propuesta sobre IVM

SURCOS recibió de Carlos Campos Rojas, coordinador nacional de Territorios Seguros la siguiente carta dirigida a la junta directiva de la CCSS en la cual se indica lo siguiente:

Estimadas señoras y señores:

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros ha venido participando en la iniciativa que hoy se conoce como “Encuentro de Voluntades Mario Devandas”, desde que ésta iniciara, con el fin de conocer y estudiar un tema tan sensible para todas las personas y familias costarricenses como lo es la situación financiera y actuarial del régimen del IVM.

Lo hicimos con la firme voluntad y compromiso de coadyuvar en formular líneas de reflexión y propuestas concretas que contribuyan a tomar las mejores decisiones en esta materia de las pensiones.

Por tal motivo, les hacemos llegar nuestras reflexiones y propuestas acerca de la reforma que hay que hacer en esta materia y en la que ya, esa Junta Directiva desde el pasado 11 de mayo ha empezado a dar forma con diversos posibles ajustes al reglamento que regula el IVM.

Sobre el camino que hemos seguido para empaparnos y comprender el tema

Sabemos en otros momentos hubo distintas iniciativas, como las Mesas de Diálogo para las reformas de 2005 y 2017, en las que representantes de los sindicatos, cooperativas, solidaristas y otros sectores como las cámaras empresariales tomaron

parte activa en la elaboración de propuestas, algunas de las cuales fueron tomadas en cuenta para las reformas reglamentarias del caso.

En ese sentido resaltamos que la nueva iniciativa que arrancó en setiembre de 2020, tuvo por primera vez la participación de un movimiento ciudadano que busca hacer realidad el mandato de que el pueblo debe intervenir en el ejercicio de un buen gobierno –Art. 9 Constitucional– y que las personas ciudadanas deben ser protagonistas en la toma de decisiones, en el control de las autoridades pública y en el establecimiento de una cultura de rendición de cuentas –Art. 11 Constitucional– en pos no de un bien individual o gremial, sino del bien común, en el mayor bienestar y el más adecuado reparto de la riqueza –Art. 50 Constitucional-, el fortalecimiento de los seguros sociales y el derecho a la jubilación –Art.73 Constitucional, Arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– así como a las derivaciones del principio cristiano la justicia social –Art.74 Constitucional– y los principios rectores de la seguridad social.

La ciudadanía debe asumir una posición responsable, crítica y sobre todo propositiva en todos los asuntos de la esfera pública, para lo cual es necesario prepararse y estudiar con detenimiento los temas. Eso hicimos con el Estudio de Valuación Actuarial N° 029-2019 con datos al 31 de diciembre de 2018, con otros antecedentes de propuestas anteriores y con documentos tanto de MIDEPLAN (Costa Rica: Estado de las pensiones, 2016) del Ministerio de Hacienda (Informe de riesgos fiscales: sistema de pensiones, enero 2020) o del estudio de la Academia de Centroamérica (El sistema de pensiones de Costa Rica y sus desafíos, setiembre 2019), entre otros documentos consultados.

Para diciembre de 2020 vimos que nos faltaba información para poder dirigirnos a esa Junta Directiva con un documento serio, y por eso acudimos al Gerente de Pensiones, mediante el oficio TS-C-002-2001 de 8 de enero de 2021, quien ocupó mucho tiempo para atender 15 preguntas con información clave que gestionamos y ante esa situación, no nos quedó más que emitir el oficio TS-C-005-2021 del 27 de

Invitamos a descargar el documento completo:

 

Compartido por Carlos Campos Rojas.

Tercera Actividad Nacional de Gala de Rendición de Cuentas y Medición de Impacto

Para garantizar el éxito de esta actividad que pretende promover la transparencia y una República participativa Territorios seguros está el proceso de logística de esta gala de rendición de cuentas.

Se creó una Comisión Nacional Metodológica, que tendrá como tarea la organización metodológica y logística del evento, en la cual se ha invitado a participar representantes del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo, así como de las Universidades Públicas.

Las instituciones deberán responder:

  1. ¿Cómo visibiliza su institución en el presupuesto institucional y Plan Operativo Anual (POA), la asignación de recursos para fortalecer la participación ciudadana, según lo establece la Constitución Política?
  2. ¿Cómo demuestra su institución los procesos para fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, tal cual lo establece el Art. 9 Constitucional?
  3. ¿Cómo demuestra su institución las acciones que lleva adelante para desarrollar la cultura de rendición de cuentas y medición de impacto, que establece el mandato constitucional en el Art. 11?

Sus respuestas deben vincularse con su política pública, acciones cantonales, acción en la comunidad por parte de la institución y el involucramiento de la ciudadanía.

Para este proceso las instituciones deberán enviar las respuestas para ser sujetas a análisis por parte del Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, a más tardar el próximo 7 de mayo. El objetivo es poder fundamentar argumentos en el debate para el evento de la Actividad Nacional de Gala.

La Gala se llevará a cabo de manera el próximo 16 de julio de 2021 a 8am a 2pm en San José.

 

Información compartida a SURCOS por Carlos Campos Rojas.