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Etiqueta: Vladimir de la Cruz

Las necesarias reformas electorales que se deben aprobar

Vladimir de la Cruz

Recién se plantea la necesidad de volver a reunir en una sola elección la escogencia de presidente, vicepresidentes, diputados y las autoridades municipales o cantonales.

Las elecciones cantonales se habían separado desde el año 1998, proceso que se enriqueció con reformas electorales posteriores en las cuales se introdujo el vicealcalde, y estas elecciones empezaron a realizarse dos años después de las nacionales.

El propósito fue darles un papel más relevante a las elecciones municipales, de manera que no se pusieran de furgón de cola de las nacionales. Igualmente, para que las comunidades pudieran poner más atención en sus gobiernos locales y fortalecer con ello la democracia nacional, el sufragio y la participación política ciudadana.

En la realidad esto no funciona de esa manera. Los partidos nacionales no fortalecen sus estructuras partidarias a nivel cantonal. Si los partidos políticos nacionales existen en la práctica solo para las elecciones nacionales, menos existen para impulsar organización provincial o cantonal.

En general, prácticamente, la totalidad de los partidos políticos nacionales carecen de figuras políticas representativas de sus partidos, que sean reconocidas en esa escala nacional. Presidentes y secretarios generales de los partidos políticos solo existen para la formalidad legal de la existencia de los partidos.

En Costa Rica no hay vida política partidaria, puesto que los partidos políticos y por ende sus dirigentes, no existen en la realidad, no están en la discusión de temas nacionales, políticos, económicos o sociales, por citar ejemplos. Los partidos políticos no se pronuncian sobre los principales problemas del país, ni hacen propuestas importantes sobre estos problemas o sobre la agenda política nacional, que es indefinible. Los periódicos no tienen a los partidos políticos, a sus dirigentes, como actores destacados de la vida política nacional.

Los diputados de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa generalmente hablan e intervienen a título personal. Aun cuando actúan como fracción representativa de un determinado partido político, excepcionalmente en sus discursos e intervenciones lo hacen a nombre de su partido, representando a su partido, destacando que lo que dicen es la posición de su partido político. Esto sucede también porque los diputados desde su elección forman casa aparte de su partido, no coordinan ni hablan como voceros parlamentarios de las direcciones políticas de sus partidos, porque estas direcciones, o comités políticos nacionales, en la realidad no desempeñan ningún papel, y los partidos con diputados terminan existiendo porque esos diputados existen. Y, sucede porque no hay disciplina partidaria de ejecutar o apoyas líneas de partido. En la próxima fracción parlamentaria de gobierno, Nogui Acosta, su futuro jefe, ha señalado esta necesidad con sus 31 diputados.

En la realidad los diputados “dirigen”, por su existencia y debates, a los partidos, que son como la cola de un animal dirigiendo a la cabeza de ese animal. La expresión más clara de esto son los mismos procesos electorales nacionales cuando partidos que tienen diputados se llevan enormes palizas como acaba de suceder con los partidos que están actualmente en la Asamblea Legislativa, como fueron el de Fabricio Alvarado, el de Eli Feinzaig o la misma Unidad Social Cristiana. Fabricio y Eli eran el partido mismo. Ni siquiera tenían ni tienen un local político del partido abierto. Sus locales eran sus oficinas en la Asamblea Legislativa. Así no se construyen partidos políticos.

La crisis de la Unidad Social Cristiana fue impactante para sus resultados. Sin dirección política ese partido, sin disciplina partidaria, sus diputados eran como una gatería callejera, era como arriar gatos por la avenida central, todo el mundo por su lado y algunos de sus diputados claramente identificados con el presidente Rodrigo Chaves, y hasta aspirantes presidenciales del presidente Chaves en ese partido.

Solo los diputados del Frente Amplio tienen más claro su papel partidario. Actúan disciplinadamente a nombre de su partido, aunque carezcan de una organización partidaria nacional que les impide tener una mayor representación parlamentaria. El éxito que tuvieron en esta elección se debió al excelente papel que ha tenido toda la fracción legislativa del Frente Amplio, que se ganó un legítimo reconocimiento nacional y a sus próximos diputados electos, que despertaban igual confianza, dos de ellos con experiencia parlamentaria, y los otros con muy buena formación para ese desempeño. Su débil nivel partidario organizativo lo muestran especialmente en las elecciones municipales que ha habido con participación de ellos en algunos de esos cantones.

Así las cosas, los partidos actuales con representación parlamentaria no tienen significado organizativo real en los cantones. Existen en el ideario colectivo nacional, político y electoral, en tanto existen en la Asamblea Legislativa. Su escenario principal es la Asamblea Legislativa.

Los diputados, que son electos por las provincias, tienen un carácter nacional, lo que permite que ciudadanos de una provincia, residentes en una ciudad o pueblo de una provincia, puedan ser candidatos a diputados por otra provincia, lo que evidencia la carencia de liderazgos reales provinciales y por ello también municipales o cantonales, y exhiben así las debilidades partidarias.

Siendo los diputados electos por el pueblo, solo el pueblo electoral que los eligió podría destituirlos. No hay otra manera. Por eso, cuando diputados disienten de los partidos, o de sus fracciones parlamentarias, y renuncian a ellas, no pueden ser despedidos por esos partidos que representan o por los que fueron electos. Este es un problema que enfrentan todos los partidos con los diputados que bajo sus banderas son electos y deciden hacer casa aparte, para llamarse “diputados independientes”. Es clara la amenaza o advertencia que ha hecho el presidente Chaves de “comprar” diputados de los otros partidos para lograr tener sus 38 votos legislativos.

Si no hay vida partidaria cantonal menos la hay a nivel provincial. Los niveles reales de elección son el nacional, que cubre a todo el país para la elección de presidente y vicepresidentes, y las municipales porque en ellas se eligen personas para constituir órganos de poder, el nacional y el municipal, para integrar el gobierno nacional y los gobiernos municipales, que son como pequeñas repúblicas.

Pues bien. La separación de las elecciones desde 1998 fue para fortalecer estas pequeñas repúblicas. Los alcaldes y los vicealcaldes son como el vicepresidente y los vicepresidentes y los consejos municipales son como el equivalente de la Asamblea Legislativa. Los alcaldes y vicealcaldes no tienen, como si lo tiene el presidente de la República, un consejo de ministros de rango municipal.

Si al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros no se les permite actuar o identificarse en sus actos con el partido que los nominó para esos puestos, a los miembros de los Consejo Municipales no se les impide identificarse con los partidos que los eligieron. Tienen la posibilidad de actuar directamente como miembros de sus partidos como lo pueden hacer los diputados, que no tienen impedimento legal para actuar políticamente identificados con sus partidos.

A principios de este siglo fui invitado por el Partido Comunista de Portugal para asistir a su Congreso Nacional. Cuando llegué a Lisboa me sorprendió ver toda la capital embanderada con la Bandera Roja del Partido Comunista de Portugal, y mi sorpresa creció cuando entendí que el alcalde y el gobierno de la capital eran del Partido Comunista, y era natural y aceptable ver ese despliegue publicitario para el evento de la realización del Congreso del Partido.

Cuando recuerdo aquel evento pienso en qué sucedería, o qué tipo de escándalo se haría, si la municipalidad de un cantón y su alcalde embanderaran, en Costa Rica, una ciudad o un pueblo porque allí se va a realizar un congreso político del partido que gobierna mayoritariamente ese Cantón o Municipalidad.

Aquí, lo más probable, por el primitivismo político que vivimos, es que se provocaría un gran escándalo político y acusaciones de diverso tipo contra los integrantes de esa Alcaldía o Municipalidad. Para que esto se pueda aceptar se necesita cultura política, cultura ciudadana, cultura cívica, respeto por las actividades políticas de los partidos, pero sobre todo respeto por la democracia y la participación política.

La participación política, hoy pilar constitucional de nuestra democracia, es de papel, es simbólica, es solo para el texto constitucional. El referéndum y el plebiscito, claves de esta participación democrática, solo existen en la legislación como una expectativa de derecho político electoral. En la práctica chocan con el mismo Tribunal Supremo de Elecciones y con la misma Sala Constitucional, que no favorecen la convocatoria de estos instrumentos de poder político ciudadano.

Si la separación de las elecciones municipales de las nacionales fue para fortalecer los gobiernos locales, y no se ha logrado, es una falla institucional política y electoral. La culpa mayor la tienen los mismos partidos políticos. Si ambas elecciones se separaron fue para darle el realce que merece cada una de ellas.

Hoy se apunta que la separación debilitó las elecciones nacionales, y a los partidos grandes, por lo que deben reunirse nuevamente.

Las elecciones que acaban de pasar fue una gran lección política para los partidos tradicionales, para todos los que han electo diputados ahora y en el pasado, de derrota política de esos partidos. Derrota que no dependía del vínculo de ambas elecciones, si no del esfuerzo político que hay que realizar para construir partidos políticos estables, permanentes, nacionales, provinciales o cantonales, con vida política intensa.

Las elecciones que acaban de pasar las ganó “el chavismo político” que se manifestó como una corriente “de aliento”, “de aire fresco” frente a los restantes partidos políticos, frente a los partidos históricos que han gobernado y han tenido representaciones parlamentarias. No las ganó “literalmente” Laura Fernández, las ganó Rodrigo Chaves quien impulsó a Laura Fernández, quien lo representa y quien lo defiende en obra de gobierno y quien se compromete a continuar con sus políticas, y a luchar por reformar la Constitución para que él pueda seguir gobernando en el 2030. Si no se entiende esto, no se comprende el gobierno que viene, ni tampoco se ha valorado correctamente el momento político que vivimos. No es un problema de nuevos partidos o “partidos taxis”.

El Partido Pueblo Soberano es un nuevo partido. Se organizó para las pasados elecciones. No sé si va a desaparecer o no en los próximos meses.

Si Rodrigo Chaves en el próximo gobierno, o fuera de él, quiere volver a participar en la vida política, necesita crear un partido político o aprovechar el que llevó a Laura Fernández a la Presidencia. Tiene que convertirse en dirigente de ese partido o aprovechar el peso y proyección que tuvo en el territorio nacional para lograr el holgado triunfo que obtuvo. Que Laura Fernández diga que se retira de ese partido todavía no le pone la tarjeta de defunción. Ni tiene ninguna importancia que diga que se retiró, salvo que lo quiera meter en un sarcófago, para impulsar un nuevo partido para la III Republica que quieren proponer. Figueres en 1948 no tenía partido político. El Partido Liberación Nacional surgió en 1951, hacia las elecciones de 1953, usando el nombre “Liberación Nacional”, del ejército que constituyó Figueres para la guerra civil de marzo y abril de 1948.

Ese partido, Pueblo Soberano, con lo débil orgánicamente que pueda ser, fue el partido que ganó las elecciones y es el partido “propio” que se formó para ganar la elección. Pueblo Soberano más que un partido fue una corriente política, el “chavismo”. Ese es un insumo que lo pueden aprovechar. Habrá que ver cómo se desempeñará Laura en ejercicio de la Presidencia, especialmente en el campo de la comunicación pública. Me parece que mantendrá el estilo de Chaves, que lo va a tener cerquita, con mesas de prensa los miércoles o cualquier otro día, ¿o dos días por semana?, haciendo giras en la periferia del Valle Central, en todos los cantones que ganaron y especialmente volcándose en Cartago, que fue la provincia que perdieron. Y, también habrá que ver a Chaves fuera de la presidencia, o en el Ministerio de la Presidencia. ¿Habrá chavismo, laurismo, o fernandismo, a partir del 8 de mayo?

El partido Progreso Social Democrático que eligió a Rodrigo Chaves no era partido propio de Rodrigo Chaves. Fue literalmente el partido taxi que le permitió llegar a Zapote, que montado en él lo apropió sin poderlo escriturar a su nombre. Por ello tuvieron que crear otro partido, Pueblo Soberano, que pareciera ser del “·chavismo”, de los “jaguares”, concepto que se ha debilitado como símbolo.

La reforma que se pretende, de volver a unir las elecciones nacionales y cantonales, es un grave error político. Tan solo hay que ver estas elecciones que acaban de pasar, y todas las municipales anteriores.

Cuando Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana eran fuertes y eran partidos gobernantes, con mayorías parlamentarias, ganaban mayorías cantonales. Cuando separaron las elecciones de alcaldes para el mismo año que se hacían las presidenciales, el partido de gobierno ganaba la mayoría de las cantonales. Eso funcionó hasta las elecciones de Laura Chinchilla. A partir de los gobiernos del Partido Acción Ciudadana ya no funcionó, Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y partidos cantonales empezaron a emerger con éxito. Si estos pequeños partidos exitosos perdieron y se debilitaron en parte fue por su mala praxis política cantonal, y en parte también porque muchos de esos alcaldes venían de esos partidos tradicionales repitiendo sus vicios, mañas y malas prácticas políticas.

El reto para los partidos políticos que existen hoy, y para los que sobrevivieron las elecciones pasadas, sin tener representación parlamentaria, es enfrentar las próximas elecciones municipales, en febrero del 2028. Si los partidos políticos y sus grupos dirigentes no han entendido lo que pasó el 1 de febrero, van a ser barridos en las elecciones municipales del primer domingo de febrero de 2028.

Es muy difícil que se pueda cambiar la legislación para volver a integrar ambas elecciones en una sola.

Lo que valdría la pena es cambiar la legislación electoral para modificar el sistema de elección de presidente y de diputados. Así, el primer domingo de febrero del 2030 se elija al presidente de la República siguiente y, el primer domingo de abril se elijan los diputados de la Asamblea Legislativa. Ambas fechas ya están en el calendario de la patria electoral. Esto crearía las condiciones para que la elección de diputados sea más viva, sobre el resultado de quien ganare la elección presidencial en febrero. El peso se daría en ver si se dan más diputados al ganador de febrero, para una mejor gestión de gobierno, o se dan más diputados a la oposición para una mayor gestión de control político legislativo. De esa manera también se resuelve la participación de muchos partidos políticos en las elecciones nacionales y de legislativas.

Si se quisieran unir las elecciones nacionales y las municipales, ese también sería el momento de escoger las autoridades municipales o cantonales. Si hubiera necesidad de una segunda vuelta electoral porque en la primera no se logró el 40% de los votos, en la vuelta de abril se haría el paquete completo, elección entre los dos finalistas, la elección de los diputados y si fuera del caso la de las autoridades cantonales. Las elecciones municipales son por su naturaleza multipartidistas, porque cada cantón tiene una elección separada, como ya se hace y se tiene experiencia.

A estas reformas hay que añadir la de garantizar el presupuesto electoral público para todos los partidos políticos que participen en las elecciones independientemente de si sacan el 4% de los votos o de si eligen un diputado. Si esto se garantizara se podría prohibir todo tipo de donación directa a los partidos políticos. Nadie tendría que poner un cinco, ni nadie haría fortunas con el financiamiento público a los partidos políticos. Esto lo explicaré en otros artículos.

Esto mejoraría la gestión de gobierno y la vida democrática nacional.

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

¿Es necesaria una base militar estadounidense?

Vladimir de la Cruz

Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.

A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.

En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.

En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.

Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.

La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.

La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.

En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.

El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.

Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.

Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.

En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.

Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.

México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.

Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.

El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.

Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.

En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.

De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.

Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.

Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.

Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.

No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.

Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.

O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.

En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.

Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.

Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.

La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.

El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.

Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.

José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.

Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.

Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.

Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.

Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.

En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.

Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.

No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.

La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.

Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.

Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.

No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.

Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.

El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.

La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.

Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.

Un país sin memoria es un país sin futuro. Venezuela y Cuba ante la intervención estadounidense.

Vladimir de la Cruz

Intervención de Vladimir de la Cruz, Historiador y Miembro del Consejo Universitario de la UNED, en el acto convocado por Cátedra Abierta Manuel Mora, la Cátedra de Sociología de la UNED y el Centro de Estudios Políticos y Sociales Manuel Mora, en el Paraninfo Daniel Oduber, de la Universidad Estatal a Distancia, UNED, el día 18 de febrero del 2026, bajo el tema de “Venezuela la intervención: Soberanía, resistencia y proyectos en disputa. Al unilateralismo imperialista: resistencia, soberanía y autodeterminación. Los caminos de la autodeterminación en el contexto actual”. Participaron también Eric Valdés, Embajador de Cuba en Costa Rica, y Mag. Andrés Mora Ramírez, Coordinador del Instituto de Estudios Latinoamericanos, IDELA, de la Universidad Nacional.

Nos reúne esta noche la necesidad de iniciar una reflexión, que debe mantenerse con periodicidad este año, por los acontecimientos internacionales que se han venido produciendo en las últimas semanas, que se anuncian, se avecinan y que pueden desembocar en un escenario cercano al marco de una tercera guerra mundial, así como de un replanteamiento agudo de las relaciones internacionales, de una redefinición de las regiones geopolíticas mundiales, que afectan de manera directa al continente americano. En este caso por las amenazas directas que ha hecho el presidente Donald Trump respecto a Groenlandia, Canadá, México, Panamá. Por la intervención militar que hizo en Venezuela, el pasado 3 de enero, y las amenazas indirectas que hizo sobre Colombia y las similares que hace de manera destacada sobre Cuba.

Igualmente, porque ha trazado una nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que pone en peligro de intervención a todos los países del continente, que por esa política, los declaren que amenazan su seguridad nacional y procedan a actuar en ellos militarmente. Del mismo modo, por la intervención del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en la 62 Conferencia de Seguridad Internacional, en Munich el pasado 16 de febrero, que señaló claramente estas necesidades, incluso invocando la posibilidad de acudir a la guerra.

Desde hace muchos años a los Estados Unidos les interesaba y preocupaba más el contexto de las relaciones internacionales de los países de América, que su orden político interno, si dictadura, tiranía, régimen autoritario, sistema democrático. Patrocinaron dictaduras, tiranías y regímenes autoritarios en tanto garantizaran esas relaciones internacionales asegurando alianzas y colaboraciones políticas, económicas, militares y geoestratégicas con la política exterior de los Estados Unidos.

Durante el período de la Guerra Fría esto fue más que evidente. La expulsión de Cuba de la OEA, el 31 de enero de 1962, marcó desde entonces la política exterior de los países latinoamericanos en el continente aliada a los Estados Unidos. La razón de la expulsión fue su declaración de país socialista, imponiendo que esa condición no era compatible con el sistema interamericano. México en ese momento fue el único país que mantuvo sus relaciones diplomáticas con Cuba y reivindicó su derecho a la autodeterminación de su política interna y externa.

Hasta el 2008 poco a poco los países fueron restableciendo sus relaciones diplomáticas con Cuba, siendo Costa Rica de los últimos países en hacerlo ese año, cuando solo faltaban tres países en restablecer de nuevo esas relaciones, lo cual ya era vergonzoso y más vergonzoso hubiera sido que las restableciera después que Estados Unidos lo hiciera, como por tiempo después el presidente Barak Obama las restableció.

El gobierno de Obama limó las últimas asperezas restableciendo esas relaciones con Cuba, que el gobierno de Donald Trump ha congelado nuevamente, y de manera agresiva, en las nuevas condiciones internacionales que él impulsa, pretende intervenir en la política interna de Cuba, de cambiar su gobierno y su sistema político y de considerar, en esa intención, una acción militar como la que realizó en Venezuela, para validar su pretensión de imponerle a Cuba un nuevo régimen de gobierno.

Con Trump se han revivido, de forma actualizada, las diferentes doctrinas intervencionistas, de carácter imperialista, colonialista que los Estados Unidos impulsaron en el continente, desde 1811, cuando los Estados Unidos aprobó la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años. Luego, en 1823, con la llamada Doctrina Monroe cuando, el 2 de diciembre de ese año, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debía considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Sostenía, también. que Europa y América debían considerarse como dos esferas de influencias separadas. Alexander Hamilton, en los días inmediatos a la Independencia de los Estados Unidos ya había señalado que Europa debía mantenerse lejos de América, valorando el papel que Estados Unidos podría jugar en esa época en el plano internacional. John Quincy Adamas, presidente de Estados Unidos, también se pronunció contra cualquier intento de presencia colonial europea luego que se fueron declarando las independencias de los países americanos.

En ese tiempo los Estados Unidos adueñaron de la Florida, en 1819, que pertenecía a España y, en 1821, proclamaron la “defensa” arrogándose el derecho de intervenir unilateralmente en los estados latinoamericanos, convirtiéndose de hecho en sus protectores. Así, enfrentaron a Europa que quería restaurar su dominio colonial en América.

En 1845 el presidente James K. Polk afirmó sobre la Doctrina Monroe que ninguna nación o Estado europeo podía interferir con la expansión estadounidense que se estaba realizando.

En 1846 Estados Unidos impuso a Colombia el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. En 1867 Rusia perdió sus posesiones americanas.

Hacia 1880 los estados latinoamericanos eran considerados protectorados de Estados Unidos.

A la par de la Doctrina Monroe se desarrolló en el siglo XIX la Doctrina del Destino Manifiesto, que justificó la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, arrasando con todas las culturas originarias de esa gran nación, y se volcaron sobre los territorios de México y de Centroamérica, lo que produjo la guerra de 1856-1857, cuando los filibusteros actuaron, intervencionistamente, en posibilidad de anexar estos países y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos.

El siglo XIX fue un siglo de regímenes y sistemas colonialistas.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrolló la fase imperialista de la sociedad capitalista, cuando surgieron los trust, los carteles, los monopolios y los oligopolios, como expresión de la fusión del capital financiero e industrial volcado en el control de áreas estratégicas, países y regiones, de materias primas necesarias de la Revolución Industrial, como petróleo, estaño, cobre, zinc, aluminio y otras, volcadas en el control de la mano de obra barata de esas regiones, convertidas a su vez en regiones compradoras de los bienes que con esa mano de obra barata y esa materia prima se les vendía caro, con las empresas que estaban surgiendo, como “dueñas”, de esas regiones. Algunas veces las empresas imperialistas les daban apellido, a los países o regiones, como fue el caso de la United Fruit Company que a Centromérica la hizo llamar las Repúblicas Bananeras o Bananas Republics, por el peso que esa empresa tenía para nombrar o quitar presidentes, tiranos, dictadores o militares en gobiernos, o controlar decisiones judiciales y legislativas.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo la Guerra Hispano Estadounidense que produjo que Puerto Rico, Guam y las filipinas pasara a control de los Estados Unidos.

Cuba en ese período fue igualmente intervenida, aprovechando ese conflicto. Cuba se independizó de España y Estados Unidos se aprovechó para ocuparla hasta 1902, estableciendo una cláusula constitucional, que dio origen a la llamada República Plattista, por la Enmienda Platt que se le agregó a la Constitución, apropiándose de igual manera del territorio de la Bahía de Guantánamo.

A finales del siglo XIX, los Estados Unidos impulsaron la Doctrina Monroe bajo el concepto del Gran Hermano, tratando de unir a los países del continente alrededor de su mercado y de sus políticas comerciales, y proyectándose como mediador de conflictos fronterizos, como lo fue el de Esequibo que enfrentó a Venezuela con Inglaterra, que se sigue manteniendo entre Venezuela y la Guyana, hoy disputando franjas petroleras y mineras, o el conflicto fronterizo de Nicaragua y Costa Rica.

De igual modo fue el caso de la explotación mundial del petróleo desde inicios del siglo XX. Desde las décadas de 1940 hasta la de 1970 siete empresas petroleras se impusieron globalmente, llamadas las siete hermanas, que fueron y siguen siendo algunas de ellas, la Oil of New Jersey, renombrada Exxon, la Standard Oil of New York, Mobil, la Standard Oil of California, Chevron, la Gulf Oil Corporation y Texaco, la angloneerlandesa Royal Dutch Shell, y la británica Compañía Petrolera Anglo-Iraní o British Petroleum.

La I Guerra Mundial, disputó entre las potencias de esa época, esas regiones por los intereses que tenían en sus materias primas. De allí surgió el imperialismo en su expresión política intervencionista en distintos países y regiones. América Latina no fue excepción.

A principios del siglo XX se impuso la Doctrina del Big Stick o el Gran Garrote, del presidente Theodore Roosevelt que usaba la fuerza militar para afirmar sus dominaciones políticas. Así actuaron con el bloqueo naval en 1902-1903 en la región de Maracaibo, en Venezuela. Para los Estados Unidos era también un concepto de relación entre pueblos bárbaros y pueblos civilizados. El presidente Trump a veces apela a este ideario político.

Con la Doctrina del Gran Garrote garantizaban que los países cumplieran con sus obligaciones con los acreedores internacionales y no violaran los derechos de Estados Unidos, ni invitaran a una «agresión extranjera en detrimento de todo el conjunto de las naciones americanas». Igualmente ejercía control de aduanas. Con ello también buscaba restablecer estabilidades internas en las regiones o países que intervenían. Los mismos argumentos que hoy emplea Trump.

Roosevelt, como lo hace Trump, declaró que Estados Unidos podría “ejercer poder policial internacional en “casos flagrantes de tal irregularidad o impotencia”. De esa manera intervino en Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana.

Roosevelt afirmó: «No garantizamos a ningún estado contra el castigo si se comporta mal», nada alejado de las frases y expresiones que Trump acostumbra a manifestar como amenaza a quien no se le someta, asegurando de esa forma el derecho de Estados Unidos a intervenir en Latinoamérica en casos de «faltas flagrantes y crónicas por parte de una nación latinoamericana» para evitar la intervención de los acreedores europeos.

En el caso de Colombia intervino apoyando la separación de Panamá, “inventándose un país” para apropiarse de un canal interoceánico. En el caso de Cuba impuso un apéndice constitucional en 1901, conocido como la Enmienda Platt, en su inicial lucha por Independencia, en el contexto de la guerra Hispano Estadounidense, limitando su soberanía, permitiendo intervenciones militares y apropiándose de una región para establecer la Base Naval y Militar de Guantánamo que todavía hiere la Soberanía plena territorial y el corazón del pueblo de Cuba, territorio que sigue ocupado contra la voluntad de Cuba, de su gobierno y de su pueblo. La Enmienda Platt dio pie también para que esos dos primeros años se conociera a Cuba como la República Plattista.

Todas estas políticas se cubrieron bajo la forma también de la Política de las Cañoneras, que eran las acciones de fuerza, que ejercía Estados Unidos, en sus relaciones internacionales cuando así lo considera necesario o conveniente en la defensa de sus intereses, enviando barcos para bombardear puertos, facilitar desembarco de marines y obligarle a aceptar sus condiciones, así fue en Maracaibo en 1902-1903, y así volvió a producirse en Venezuela el 3 de enero del 2026. Y así se está pretendiendo actuar en Cuba con una fuerte campaña desinformativa y provocativa en esa dirección.

También se impuso la llamada Diplomacia del Dólar: lo que no podían hacer a la fuerza lo harían mediante las intervenciones e inversiones económicas, facilitando que las corporaciones beneficiándose colaboraran de esa manera con la seguridad nacional estadounidense, evitando la presencia financiera y económica de países europeos.

Lo que Trump hace es reinterpretar en tiempo actual la Doctrina Monroe, actuando directamente. De igual modo procuran cercenar en América Latina la presencia de Rusia y de la República Popular China en la economía, las finanzas, la tecnología y el comercio latinoamericano.

Ante el ascenso del nazi fascismo y la lucha de los pueblos europeos, inicialmente, y luego del mundo entero, y ante el desarrollo de la II Guerra Mundial, los Estados Unidos impulsaron su política de Buena Vecindad, del presidente Franklin Delano Roosevelt, que suponía la no intervención ni injerencia en asuntos internos de Latinoamérica. Se procuraba con esta Doctrina la solidaridad hemisférica contra las amenazas nazifascitas y mejorar las relaciones con las naciones de Centroamérica y de Suramérica fortaleciendo su estabilidad, priorizando comercio y cooperación.

En las condiciones de la Primera Guerra Mundial se produjo la Gran Revolución Socialista de Octubre, en Rusia, en 1917, estableciendo por primera vez un régimen socialista político y de producción. En diciembre de 1922 se unieron bajo la bandera de la construcción socialista 13 naciones, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Lituania y Uzbekistán, dando origen a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a las que se sumaron, después de la II Guerra Mundial, Estonia y Letonia, que habían sido parte de la Rusia zarista, separadas por el Tratado de Brest-Litovsk, del 3 de marzo de 1918. Así se mantuvo la URSS hasta su desintegración en 1991.

Este gran período histórico dividió el siglo XX en dos grandes grupos de países, los de desarrollo capitalista y los de desarrollo socialista. En medio de ellos, desde la I Guerra Mundial, pero particularmente a partir de la II Guerra Mundial, entró en crisis el sistema mundial del colonialismo, que ejercían los países capitalistas como lo eran España, Portugal, Reino Unido, Francia, los Países Bajos, Alemania, Italia, Japón y Bélgica, que controlaban enormes territorios en América, África y Asia.

Al terminar la I Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones que llegó a tener casi 50 países, sin lograr sobrevivir frente al avance del nazifascismo en Europa y al impacto del inicio de la II Guerra Mundial.

Al terminar la II Guerra Mundial se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, en 1945, con la participación de 51 países independientes y soberanos. Hoy tiene 193, como miembros reconocidos y dos como Estados observadores, que resultaron de las luchas nacional libertadoras, anticoloniales y antiimperialistas que se produjeron desde 1945 hasta el 2011 cuando se integró Sudán del Sur. Durante muchos años la ONU tuvo una Comisión de Colonias donde se atendían los problemas relacionados con su coloniaje y con sus luchas nacional libertadoras. Todavía 8 potencias o países, Australia, Dinamarca, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, mantienen dominación colonial sobre 61 regiones o países existentes. Cambio importante se produjo en la ONU con el ingreso oficial de la República Popular China el 25 de octubre de 1971, como los únicos representantes legítimos del pueblo de China, con lo cual también empezó a tener una proyección internacional mayor, formando parte además de los llamados países permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia.

Al terminar la II Guerra Mundial surgieron como países socialistas, en Europa, Albania, Bulgaria, la República Democrática de Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Rumania, Yugoslavia y Hungría. Además de ellos en Asia y el resto del mundo se declararon socialistas casi 20 países más, y nueve países socialistas no marxistas.

Los países europeos junto a la URSS constituyeron un Bloque de países socialistas en Europa, que fueron contemplados dentro de la llamada Cortina de Hierro, concepto usado por Churchil, que caracterizó el período de la Guerra Fría, a escala internacional, desde 1946 hasta 1991. En el Asia operó la llamada Cortina de Bambú frente a las revoluciones encabezadas por la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea del Norte, República Popular Democrática de Vietnam del Norte.

En América Latina sobresale hoy como una estrella solitaria la República de Cuba. Junto a Cuba en la historia latinoamericana conocemos los esfuerzos socialistas de la República Socialista de Chile en 1932, cuando el Partido Socialista de Chile tuvo un breve período de gobierno, del cual formó parte el Dr. Salvador allende, luego presidente de Chile desde 1970 hasta 1973 cuando fue derrocado por el General Augusto Pinochet en confabulación con la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, que no querían luego de Cuba, otra Revolución Socialista en el continente, menos surgida de un proceso electoral. Con el derrocamiento de Allende, y el establecimiento de las dictaduras militares en el continente se procuraba no permitir el ascenso de fuerzas revolucionarias, políticamente socialistas, por la vía electoral, ni por la vía armada, a los gobiernos.

En 1965 los Estados Unidos también invadió República Dominicana, resultado un gobierno militar 13 años.

El gobierno democrático del Estado Socialista de la isla Granada, en el Caribe, que dirigieron en sus dos gobiernos, Maurice Bishop y Bearnard Coard, fue derrocado por una intervención militar estadounidense en 1983.

Nicaragua no figura en el almanaque internacional como país socialista de ningún tipo. El gobierno revolucionario de Nicaragua, de 1979 a 1990, surgido de una heroica lucha guerrillera, no condujo a Nicaragua a proclamarse como Republica Socialista. No lo es mes, menos ahora. En el triunfo de 1979 y en esos primeros años tuvieron participación importante las columnas ide combatientes internacionalistas de la izquierda política costarricense, constituida por los partidos Vanguardia Popular, Socialista Costarricense y Movimiento Revolucionario del Pueblo, dirigidas por Manuel Mora Salas.

La Venezuela surgida por el movimiento reformista de la V República y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tampoco aparece con el reconocimiento de ser un país socialista o comunista. Con el ascenso de Hugo Chávez Frías, en 1999 hasta el 2013 cuando falleció, se estableció un gobierno de profundas reformas sociales. A la muerte de Hugo Chavez continuó en el gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y Nicolás Maduro electo presidente de manera continua desde el 2013, por tres veces consecutivas hasta el que 3 de enero del 2026, fue depuesto de su mandato presidencial por la operación militar del presidente Trump, que lo secuestró para llevarlo a juzgar a los Estados Unidos, acusado de ser uno de los líderes de un cartel de narcotraficantes, que Trump calificó de narcoterrorista. Los últimos dos gobiernos de Nicolás Maduro fueron cuestionados nacional e internacionalmente en el resultado de sus elecciones como fraudulentas. Muchos países por ello no le reconocieron como Presidente legítimo de Venezuela, sin romper relaciones diplomáticas oficialmente con él ni con ese país.

En el escenario de la Guerra Fría se impuso en Estados Unidos la década macartista, en la década 1950-1960 con sus repercusiones anticomunistas en todas partes del mundo y en América Latina, con el impulso a gobiernos militares, dictaduras y tiranías, represiones políticas, ilegalidad de partidos de izquierda de todo tipo, golpes de estado, gobiernos autoritarios.

La Doctrina Truman dominó este período con el fortalecimiento de las bases militares en Panamá y la preparación de contingentes contra insurreccionales y de contraguerrillas. De esa época, resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se impuso la proscripción legal del Partido Comunista de Costa Rica hasta 1975. Al calor de la Revolución Cubana cerraron en 1962 el periódico semanal Adelante, mediante el cual sectores de la izquierda y el progresismo social podían expresarse, así como proscribieron casi una decena de partidos políticos de izquierda que procuraban participar en los procesos electorales.

Frente al triunfo de la Revolución cubana impulsaron el proyecto de la Alianza para el Progreso y del Punto IV, del Plan Clayton, para América Latina de finales de la década de 1940-1950, junto con la aprobación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, resultando de la Doctrina Truman, que pretendía defender al continente de una agresión comunista de la URSS.

Durante el período de Hugo Chávez, en Venezuela, se enarboló un concepto político de Socialismo del Siglo XXI, que fue bandera de la Revolución Bolivariana que impulsó Chávez son sus reformas sociales, sin tocar las bases capitalistas de la sociedad política y económica de Venezuela. Como concepto fue tomado por presidentes de países suramericanos como Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, que incluso lo asumieron en sustitución de sus conceptos de Revolución Ciudadana y de Revolución Plurinacional que respectivamente agitaban en sus países. De igual modo cuando murió el presidente Chávez, retomaron sus denominaciones originales.

El concepto de Socialismo del Siglo XXI Cuba no lo asumió ni como bandera, no como concepto revolucionario de nuevo tipo, para el siglo XXI, ni como parte de sus banderas revolucionarias. Respetó el esfuerzo que en esa dirección se hacía en Sur América, como esfuerzo teórico desarrollado por Heinz Dieterich Steffan, esposo de Marta Harnecker, que no tuvo éxito, Heinz Dieterich fue asesor de Hugo Chávez hasta el 2008.

Los gobiernos reformistas de Argentina, bajo los gobiernos de los esposos Néstor Kirshner y Cristina Fernández, Chile de la Michelle Bachelet, Brasil, de Luiz Inacio Lulada Silva, Paraguay, de Fernando Lugo no acogieron la consigna del Socialismo Siglo XXI. Tampoco lo hicieron Nicaragua, con Daniel Ortega y El Salvador, bajo los gobiernos del Frente Farabundo Martí.

Digo esto para entender que el Socialismo Siglo XXI no era una doctrina, ni una teoría revolucionaria, que provocara movimientos revolucionarios, o institucionalizara el socialismo por Decreto allí donde hubo gobiernos reformistas.

Durante la época del presidente Chávez, con Chávez a la cabeza de este grupo de mandatarios reformistas suramericanos constituyeron un bloque de países, reformistas sí, progresistas sí, anticolonialistas sí, antiimperialistas sí, anticonfrontativos del gobierno estadounidense sí, solidarios con la Cuba Revolucionar sí. Bajo Chavez se impulsó un ideal de unidad latinoamericanista, nacionalista y antiimperialista.

Venezuela la solidaridad con Cuba la hizo y la mantuvo, de manera especial. Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolas Maduro ese lazo fue indestructible. El suministro de combustible y de energía que Venezuela le facilitaba a Cuba ayudaba a enfrentar el criminal bloqueo de 65 años que ha mantenido Estados Unidos contra el pueblo cubano y su gobierno. Especialmente ayudó después de la caída de la URRS cuando Cuba superaba el llamado período especial que tuvo durante toda la década de los años 1990-2000.

El bloqueo ha tenido el objetivo de crear las peores condiciones de sobrevivencia del pueblo cubano, de ahogarlo, de llevarlo a los límites de la asfixia, con la intención de que el pueblo cubano es tire a las calles, en manifestaciones, con acciones de resistencia civil callejera, para eliminar el gobierno, echándole la culpa de la mala situación que ha provocado el bloqueo, de una mala administración de gobierno y a un mal sistema político de gobierno y de vida, como es el socialismo en Cuba.

El gobierno de Trump decidió acabar con el ejercicio gubernativo de Nicolás Maduro, interviniendo militarmente en Venezuela, en una operación militar finamente elaborada, de carácter aéreo que permitió su “extracción” física, como le llamaron, de su rapto, su captura, demandada por la Administración Trump y la Justicia de los Estados Unidos, acusado de ser un alto dirigente del Cartel de los Soles, que Washington había calificado de narcoterrorista, bajo un nuevo concepto de seguridad nacional estadounidense, bajo la Administración Trump, donde han establecido que ese tipo de actividades deben ser combatidas militarmente, por el Ejército de los Estados Unidos, donde se encuentren, si son calificadas como amenazas a la seguridad nacional de ese país.

Los objetivos de la acción militar Trump en Venezuela los podemos ver así:

Primero: control de las relaciones internacionales de Venezuela en el contexto mundial, considerando esa proyección dentro de esas relaciones de Estados Unidos. Debilitar y quebrar las relaciones con Rusia, con la República Popular China, con Irán, con Cuba principalmente.

Segundo: ejercer control de la producción petrolera venezolana, considerada una de las reservas mundiales más importantes. Las primeras acciones después de la intervención militar y de las relaciones que han establecido con las autoridades a cargo del gobierno venezolano así lo demuestran.

Tercero: informar al mundo que Estados Unidos no acepta países latinoamericanos disidentes de su esquema de política exterior, en el contexto mundial de países que surgen como rectores hegemónicos mundiales, como son Rusia y China particularmente. De manera especial China que se proyecta como la principal economía del mundo a partir del 2030.

Del mismo modo, la organización de bloques de países, en el campo económico como el grupo BRICS, constituido originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy agrupa, después de la Cumbre del 2023, a Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, Indonesia. Recientemente México anunció su solicitud de ingreso a BRICS, dándole una bofetada a Trump, por las políticas aduaneras y económicas que ha impuesto a México y a Canadá y por la ruptura fáctica que ha hecho del Tratado de Libre Comercio del Norte.

Trump en este segundo gobierno ha marcado una nueva etapa imperialista de los Estados Unidos.

Empezó denominando el histórico Golfo de México como Golfo de América. Así lo impuso y así se ha reconocido en todos los sitios internacionales que accedan en búsqueda geográfica, cartográfica y en los medios electrónicos de localización informativa.

Siguió amenazando a Canadá con la tesis de que Canadá debe formar parte del territorio político y de la integridad político-administrativa de Estados Unidos.

Con Canadá además estableció políticas arancelarias muy fuertes. Canadá le ha respondido igual. Frente a las amenazas también Canadá ha amenazado con responder en el terreno que le afecte. Ha fortalecido en estos días sus vínculos con la República Popular China y con México, del cual son socios comerciales importantes.

Trump advirtió que quería tomar Groenlandia, la isla más grande del mundo, que tiene una población de 70.000 personas y es tan grande como Africa y Sur América, según se mire en el Mercator y, es comparable con una cuarta parte del territorio de Estados Unidos, y es 4.32 veces más grande que España.

Con Groenlandia se enfrentó a Dinamarca que es el Estado Europeo al cual pertenece administrativa y políticamente. Con esto ha logrado que se establezcan fisuras en la OTAN, de la cual Dinamarca es miembro, y ha provocado solidaridad militar de algunos países europeos, también miembros de OTAN, para defender militarmente cualquier acción militar de los Estados Unidos, o cualquier otro país en Groenlandia.

Con México Trump ha amenazado varias veces con intervenir con su Ejército, en la frontera, con el pretexto de atacar y combatir las organizaciones dedicadas al narco tráfico. México ha respondido que ni autoriza ni acepta acciones del ejército estadounidense en su territorio.

Frente a las políticas arancelarias impuestas, México ha respondido con buscar otros aliados comerciales, y ha solicitado ingreso a BRICS, ha terminado de construir la ruta ferrocarrilera y de transporte trans ístmica de Tehuantepec, de océano a océano, facilitando más el comercio mundial y provocando más cercanía con los mercados de Estados Unidos que hacerlo por Panamá.

Respecto al bloqueo criminal impuesto a Cuba, México ha empezado a enviar combustible y a garantizar que las líneas aéreas que necesiten volar a Cuba pueden abastecer combustible en México.

Frente a Nicaragua, Estados Unidos ha mantenido una relación particular. Incluso en maniobras militares organizadas conjuntamente de Nicaragua con otros países, participa Estados Unidos. Curiosamente, en la reunión continental que acaban de hacer en Estados Unidos, de los representantes de los Ejércitos de América Latina, no invitaron a Nicaragua, al mismo tiempo que Nicaragua ha fortalecido públicamente sus relaciones con la República Popular China.

Las relaciones Cuba Nicaragua parecen no ser un problema importante que preocupe a la administración Trump. Más le preocupa a Trump el tipo de gobierno de Nicaragua que descansa en dos copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ha cuestionado esta figura de gobierno diciendo que no es legítima. Además entiende que Rosario Murillo no goza de la simpatía de todos los jefes militares de Nicaragua, por las decisiones que han venido tomando especialmente con los Comandantes históricos sandinistas de tenerlos presos o privados de libertad desde sus casas, como han sido los casos de Henry Ruiz y de Bayardo Arce.

En el caso de Panamá el interés de Trump de ejercer control total, de nuevo, sobre la administración y el control del Canal de Panamá. Ya ha logrado algo, debilitar la influencia de las empresas chinas en el Canal. Trump ha sido claro que ese dominio en el Canal impide que la China conozca el movimiento de buques y barcos, y de lo que transporta, porque eso puede ser material sensible estratégico.

En Suramérica Trump puso sus ojos en Venezuela y en Colombia. En Venezuela su objetivo político fue llevarse a Nicolás Maduro, presidente, a Diosdado Cabello, Ministro del Interior y acusado como el principal líder del Cartel de los Soles y a Vladimir Padrino, el jefe superior del Ejército. A todos ellos le había puesto recompensa por su captura.

Su objetivo estratégico eran las relaciones internacionales de Venezuela, que para los efectos energéticos las controla ya, indicando que se suspendieron los negocios y envíos de petróleo a Rusia, China, Irán y especialmente a Cuba, controlando además toda la comercialización y venta, depósitos de esos dineros e imponiendo la llegada de empresas extranjeras petroleras. Ha logrado Trump las modificaciones legales para las operaciones de las empresas petroleras.

A Colombia, de manera particular acusó al presidente Gutavo Petro de vínculos con el narcotráfico. El presidente Petro respondió fuertemente que en Colombia existen siete bases militares de Estados Unidos que desee hace varias décadas actúan contra las guerrillas y contra las organizaciones narcotraficantes y narco productoras sin que esa presencia estadounidense hubiere acabado con ellas. Que el él, Petro, podría valorar cancelar el derecho de esas bases militares en el suelo colombiano.

Lo sucedido en Venezuela el pasado 3 de enero fue una operación rápida y contundente, desarticulando las defensas aéreas y las capacidades de mando y control en las primeras horas, reduciendo la capacidad de respuesta que no tuvieron las tropas venezolanas, ni quienes tenían a cargo la seguridad del presidente Maduro. Aplicaron un uso muy avanzado de tecnología que inutilizó las capacidades venezolanas de resistencia.

A Venezuela le ha sido impuesta la negociación petrolera, que ahora gestiona y autoriza Estados Unidos, que ha permitido que las empresas india Reliance Industries Ltd y las CHEVRON y Repsol puedan extender actividades de exploración y explotación en nuevos lotes de la faja petrolera del Orinoco para fomentar la producción. Venezuela, igualmente, otorgará más bloques de perforación petrolera, realizará un censo en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo para determinar cuántas empresas pueden reactivar operaciones en el sector petrolero. La empresa Valero Energy fue una de las primeras refinerías estadounidenses en reanudar las importaciones de crudo venezolano.

Venezuela ha sido visitada desde el día siguiente de la “extracción” del presidente Maduro, y recibido oficialmente por la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, el Jefe de la CIA, el Secretario de Energía de EE.UU, Christopher Wright, y otros altos funcionarios del gobierno de Trump, incluso altos militares del Comando Sur, de la CIA y del Consejo Nacional de Seguridad, que participaron en las operaciones militares del 3 de enero. Ya se estableció de nuevo la relación diplomática que había sido suspendida en el 2019.

La operación del 3 de enero no fue un jaque mate a Venezuela. Ha permanecido todo el aparato institucional de gobierno, las autoridades legal y constitucionalmente en capacidad de asumir el mando del país lo han hecho.

Se llevaron al presidente Maduro dos días antes de que se instalara la Asamblea Nacional, el 5 de enero, que era el día que oficialmente se instalaba la Asamblea Nacional, en capacidad de juramentar a Delcy Rodríguez como sucesora encargada.

En Venezuela no se ha producido una vacante absoluta del Presidente. Legalmente está sustituido, con lo cual se mantiene en Venezuela la idea de que Maduro sigue siendo el presidente, hasta que no falte del todo. Oficialmente reclaman la liberación del Presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Además del petróleo están los minerales de las llamadas tierras raras. Venezuela tiene COLTAN Y THORIO, la segunda reserva mundial de este metal precioso. La mayoría de los yacimientos de estos minerales se ubican al sureste del país. Además hay depósitos de carbón; mientras que los de cobre están esparcidos por el centro-norte y el nororiente venezolano. Tienen hierro y todos los minerales llamados críticos, yacimientos de bauxita, carbón, cobre y níquel, incorporados en noviembre de 2025 a la lista elaborada por el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) como minerales críticos que son básicos para la economía estadounidense. El director de la USGS, Ned Mamula, apuntó que los minerales críticos «sustentan industrias por valor de billones de dólares, y la dependencia de las importaciones pone en riesgo sectores clave».

La operación contra Maduro descrita por el Embajador ruso señala:

-que no estuvo acompañado por personal de seguridad durante la captura

– que no había ningún guardia de seguridad con él.

-que puede decir sin rodeos que la situación es tal que, en el momento de su captura, prácticamente no había nadie cercano con él. Con ‘cercanía’ se refiero a las inmediaciones», dijo el Embajador Bagdasarov.

– que hubo interrupciones en las comunicaciones durante el ataque, lo que impidió que las defensas aéreas atacaran adecuadamente los objetivos

-que el huracán de fuego fue tan poderoso que, en esencia, disparaba contra todo lo que se movía. Fue una operación brutal; “nadie pretendía dejar a nadie con vida desde el principio», concluyó el embajador

-que Maduro fue traicionado desde su propio entorno de la élite venezolana, y agregó que las fuerzas de seguridad e inteligencia de Rusia conocían los nombres de los agentes involucrados en su arresto.

-que los servicios de inteligencia rusos y cubanos, de los que Caracas dependía para su seguridad, no identificaron vulnerabilidades ni proporcionaron información sobre la amenaza al líder venezolano, a pesar de las reiteradas declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre su intención de derrocar a Maduro.

-los sistemas de defensa aérea rusos S-300 y Buk-M2, no protegieron el espacio aéreo del país de las fuerzas estadounidenses.

-los ciberataques estadounidenses previos a la operación para capturar a Maduro provocaron cortes de electricidad en gran parte de Caracas.

Así, entre otros factores, se dieron las condiciones para la acción militar del 3 de enero pasado.

La experiencia de lo sucedido en Venezuela ha puesto a Cuba en alerta. Cuba ha hecho la evaluación política y militar de los sucedido. La experiencia del ataque estadounidense ha puesto en alerta a las autoridades y el gobierno de Cuba, sobre un posible ataque y una agresión militar similar, como lo viene anunciando Trump hacia Cuba.

Se intenta por parte de los Estados Unidos distraer la opinión internacional indicando que mantienen conversaciones directas con personeros del gobierno, con el propósito de buscar una salida política que evite la intervención militar directa que Trump piensa se puede realizar, empezando por un cerco naval similar al que provocó la Crisis del Caribe en octubre de 1960, que puso al mundo al borde de un conflicto mundial. Hoy una situación como ésa pondrá nuevamente al mundo en una situación al borde de una III Guerra Mundial.

El gobierno estadounidense, por su vocero Marco Rubio, y por el mismo Trump, consideran a Cuba “una nación fallida”, sin explicar que son la causa fundamental de la crisis económica y social que ha sufrido Cuba desde hace 65 años, por las casi mil medidas legales y políticas, y acciones de sabotaje que ha impuesto y desarrollado contra la República de Cuba, contra su Gobierno y especialmente contra su pueblo.

En la Conferencia de Munich, Rubio sostuvo que Cuba está atrapada por su propio modelo político, que Trump, en las condiciones de su visión hemisférica y global quiere cambiar, con intervención militar o sin ella, por medio del poder económico y métodos de coerción dirigidos, para Trump en una “operación que no sería muy difícil”. Trump considera, así lo ha dicho, que lo sucedido en Venezuela deja a Cuba necesariamente en la obligatoriedad “de hacer un trato” para sobrevivir.

El gobierno cubano ha señalado que en sus diferentes reuniones con el gobierno de Washington, siempre que las han tenido, no se ha puesto en discusión, ni se aceptan como temas, lo relacionado a cambio político o soberanía, lo “que no está sobre la mesa”.

La experiencia de Caracas no se repetirá en La Habana. Cuba no va a ser otra Venezuela. Cuba va tener capacidad de combate y de resistencia. El gobierno de Cuba ha tomado las medidas para responder con el pueblo armado cualquier agresión que pueda producirse.

Para Cuba y los cubanos posición en este sentido ha sido tomada:
¡Patria o Muerte, Venceremos!

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030

Vladimir de la Cruz

Hace algunos años escribí un artículo, después de un proceso electoral nacional, en el que enfatizaba, que al día siguiente de las elecciones en los partidos políticos tradicionales en particular, pero también los otros, se ponía en marcha hacia el siguiente proceso electoral todo un movimiento con presuntos candidatos electorales que de manera inmediata empezaban a actuar, a movilizarse en el interior de sus partidos, para ir preparando sus postulaciones.

En ese sentido dije que al terminar las elecciones esos partidos ya quedaban embarazados con posibles candidatos. Igualmente, que muchos de los “embarazados” en incubación se conocían desde ese final electoral haciendo la fila.

Dije, de esa manera, que ya estaban en proceso de embarazo los futuros candidatos, y que en algunos partidos esos procesos ya se habían consumado, es decir ya estaban madurando.

No necesariamente se daba a conocer de manera inmediata el embarazo, su padre, pero si se sospechaba del “niño”, del posible “candidato” por nacer, y hasta nombre se le daba, para introduciendo al mundo político. Había a veces embarazos múltiples, varios posibles candidatos a la vez.

Las elecciones que acaban de terminar no me presentan ese cuadro ni me dan esa sensación para todos los partidos políticos, exceptuando algunos, con lo cual puedo seguir afirmando que al terminar las elecciones, ya está en marcha ese “nacimiento”, que en este caso es muy divulgado, cacareado, como es en el partido Pueblo Soberano, que se proyecta al actual Rodrigo Chaves como un próximo candidato presidencial en el 2030.

Las elecciones que acaban de pasar afirman, de conocimiento público más claro y contundente esta situación. En ese partido se habla del continuismo del presidente y se ha presentado a Laura Fernández tan solo como un eslabón de ese continuismo. Ella misma se ha visto, “preñada de esa forma”, y se ve a sí misma, como un paso más, para que en su gobierno se hagan las modificaciones constitucionales que permitan que Rodrigo Chaves pueda ser candidato presidencial dentro de cuatro años, y no dentro de ocho, como se permite actualmente.

Igualmente, plantean la posibilidad de que el presidente, pensando en Rodrigo Chaves, pueda ser reelecto de manera inmediata, es decir consecutiva a su mandato presidencial. Es decir, que si se puede llegar a reelegir en el 2030, también pueda hacerlo en 2034, y en el 2038…

En el Partido Pueblo Soberano, hay que reconocer, hay bastante homogeneidad en esa idolatría por el presidente, pero no evita que puedan desarrollarse contradicciones y fisuras importantes.

El Partido Pueblo Soberano se levantó como una organización nueva girando alrededor del Presidente Rodrigo Chaves, de su propuesta discursiva contra todos los partidos políticos existentes, contra los que están y han estado en la Asamblea Legislativa, contra todos los presidentes que han habido desde 1949 calificándolos de dictadores y tiranos que solo gobernaron para ciertos grupos de empresarios, sectores empresariales, banqueros, financieros y productores, y que no gobernaron para el pueblo. Su discurso fue contra los Poderes Públicos haciendo ver ineficacia o atrasos sustantivos en la solución de problemas que eran sensibles a los ciudadanos.

Especialmente, su bandera fue y ha sido la de una Nueva Costa Rica, sin esas ataduras, que “no dejan gobernar para el soberano”, para el pueblo. De allí han levantado levemente la idea de una “Tercera República” dando por sentado que el período de la Segunda República, desde 1948 hasta ahora, se acabó con el ascenso a la presidencia de Rodrigo Chaves, y que a partir de este período o momento histórico hay que iniciar nuevos pasos, con nuevo ropaje hacia una nueva Costa Rica, la de la Tercera República.

Ese discurso ha calado en el electorado que apoyó a Laura Fernández. No le produjo los 40 diputados que necesitaban para gobernar sin limitación alguna, pero tienen los suficientes para permitir que el Gobierno de Laura Fernández pueda salir airoso y se pueda lucir, si sabe conducir bien las acciones del Poder Ejecutivo.

De la acción del gobierno de Laura Fernández va a depender que, en el 2030, el Partido Pueblo Soberano sea una maquinaria organizativa en capacidad de reelegirse como partido de manera sucesiva. Para ello tiene que desarrollar organización y estructuras políticas, que se pondrán a prueba en las elecciones municipales en dos años, que serán el trampolín hacia las elecciones del 2030, para todos los partidos, y para evaluar políticamente los dos primeros años del nuevo gobierno.

Estas elecciones municipales son un reto para todos los partidos políticos nacionales que quieran volver a participar en la elección nacional del 2030.

Hasta ahora, en el discurso de Laura Fernández se luce su solidaridad y lealtad a toda prueba con Rodrigo Chaves. Su oferta de llevarle como ministro de la Presidencia justo es para ayudarle en el camino a la reforma constitucional y su eventual candidatura presidencial. Este podría ser el embarazo que ya tiene el partido Pueblo Soberano del futuro candidato del 2030. ¡Oh!, para decirlo de mejor forma, Laura Fernández ya esté embarazada políticamente por Rodrigo Chaves, y el niño por nacer candidato se llamará Rodrigo Chaves, por su político padre putativo.

Pero veamos la realidad real del futuro gobierno. Pensemos que efectivamente puede darse la reforma constitucional para la reelección presidencial y de manera consecutiva, ¿si no para qué?

Si la reelección presidencial se hace solo para modificar el plazo de años para volver a ser candidato reduciendo de ocho a cuatro, se entenderá que es nada más una reforma para darle oportunidad a Rodrigo Chaves de volver a ser presidente.

Si se va a hacer la reforma constitucional hay que hacerla en debida forma. Se hace para que cualquier presidente en el futuro pueda reelegirse consecutivamente a su mandato.

Aquí viene la otra discusión. “Un solo mandato en reelección o dos seguidos”, podría ser la discusión y la reforma, salvo que la quieran hacer sin límite lo que facilita la llegada de presidentes “casi de por vida”. Ejemplos hay como los presidentes de Argentina, Venezuela o Nicaragua donde no existe límite en el proceso de reelección consecutiva para el mandatario. No entra Cuba aquí porque ya establecieron en Cuba que un presidente no puede gobernar más de ocho años, es decir más de dos gobiernos seguidos.

Ahora bien, si se va a proponer la reelección consecutiva del presidente, entonces también debe proponerse la reelección consecutiva de los diputados, que son además los que tienen que aprobar la reelección del presidente. En ambas reelecciones consecutivas al menos teóricamente yo estaría de acuerdo, porque soy de la idea que cuatro años de gobierno es un plazo corto para impulsar una obra de gobierno que se hace descansar en la imagen de una persona.

Supongamos, que estas reformas se aprueban para que inicien de inmediato en el 2030 y no a partir del 2034, como podría suceder que así lo aprueben.

Si esas reformas son de aplicación inmediata, entonces la presidenta Laura Fernández, en el supuesto de que haga, en percepción pública y en la realidad, un buen gobierno, se convertiría en una muy buena candidata presidencial para el 2030. Quizá la mejor, porque tiene todo el aparato gubernativo bajo su dirección y eso le da ventajas. Si utiliza los mismos mecanismos publicitarios y de comunicación que ha empleado Rodrigo Chaves, llevaría más ventaja. Si a ello suma su inteligencia para una buena relación con los poderes públicos, con las universidades públicas especialmente, con los diversos sectores sociales, empresariales y productivos sería una magnífica candidata para la reelección en el 2030. Entonces, ¿para qué promocionar a Rodrigo Chaves si ella puede resultar mejor que él para seguir en el Gobierno? Aunque desarrollara un gobierno autoritario, siguiendo al de Chaves, si su cacumen le da para hacer de su gestión gubernativa una especie de modelo autoritarista ilustrado, que sepa combinar la razón, el progreso, la educación, la cultura y las artes en general, podría entender mejor para su gestión la confusa y difícil realidad institucional, económica y política social que le tocará administrar y dirigir.

Así, si ella promueve a Chaves como futuro candidato, con todos los apoyos que le pueda brindar, hay que decir que, desde esta elección, durante este breve período, de febrero a abril, en que Chaves la llamó de nuevo al Ministerio de la Presidencia, ya la embarazó con su candidatura, lo que hace valer mi tesis de que al final de cada campaña ya se producen los embarazos de candidatos para la siguiente. ¿cuándo se producirá ese parto? Si es real, en mayo.

Si Rodrigo Chaves no va a ningún ministerio ni cargo público con inmunidad, y si no hay reelección para el 2030, la lucha interna en el Partido Pueblo Soberano se va a desatar para producir embarazos precoces, inmaduros en el seno de esa organización, que puede producirles escisiones, particiones, transfuguismo, fraccionamiento legislativo. En cierta forma ya empezó con decisión impuesta, desde Casa Presidencial, de la integración del primer directorio legislativo de la Primera Legislatura, 2026-2027, del próximo gobierno. Se les producirán así embarazos no deseados, que pueden tener riesgos en la salud de ese partido político. Al menos a la vista están el embarazo ya anunciado de Nogui Acosta, el más fiel representante de Rodrigo Chaves en esa fracción parlamentaria, el de Gonzalo Ramírez y su grupo religioso cristiano no católico, el de José Miguel Villalobos, que por su propia iniciativa egocéntrica procurará escalar puestos visibles en el aparato legislativo, con el beneplácito de los grupos narcos y los deudores de instituciones públicas la candidatura de José Miguel Villalobos, que me recuerda mucho la candidatura a la presidencia legislativa de otro Villalobos, muy ligado a esos grupos, que por cierto terminó muy mal su vida política. Villalobos es el más propenso a hacer casa aparte en cuanto se sienta el más presidenciables para el 20230 de ese partidos y de esa fracción legislativa.

En esta elección, que acaba de pasar, se produjo una situación muy particular, puesto que de esa forma no se había presentado antes, la de que los candidatos posibles por nacer, hacia esa candidatura presidencial, excluía al presidente que, en ejercicio de la presidencia, sabía que si quería aspirar nuevamente a un ejercicio presidencial tenía que esperarse ocho años para volver a ser candidato. Ahora no. El presidente tiene aspiración real de volver a la presidencia. ¡Cuanto antes mejor!

Esa situación sigue siendo válida porque no se ha modificado la Constitución Política para permitir que el presidente, en ejercicio, pueda reelegirse de manera consecutiva a su ejercicio presidencial, por otros cuatro años. Tampoco se ha modificado la Constitución para permitir que el presidente pudiera aspirar, nuevamente, una vez que hubiera transcurrido el período presidencial de cuatro años y no de dos períodos, después de que el gobierno finaliza, esperando de esa manera ocho años, con lo cual prácticamente queda fuera de cualquier aspiración.

Desde que se impuso la restricción de la reelección, en 1969, ninguno de los presidentes desde 1949 hasta 1966, tuvieron ese impedimento, porque afectaba a los nuevos presidentes a partir de 1970. Por eso Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich o José Joaquín Trejos Fernández tuvieron esa oportunidad de volver a ser presidente de la República, después de 1970, si así hubieren tenido esa oportunidad. Inauguró el período, en 1970, Figueres que quedó electo para su segunda presidencia constitucional. Ya había sido presidente constitucional en 1953.

De los presidentes electos a partir de 1970, excluyendo a José Figueres Ferrer, hasta la elección del 2006, no podían aspirar a una reelección. Tenían que satisfacerse con su período gubernamental. Así fue con Daniel Oduber, Rodrigo Carazo, Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón Fournier, José María Figueres Olsen, Miguel Ángel Rodríguez y Abel Pacheco.

Para las elecciones del 2006 se había modificado la Constitución Política, permitiendo la reelección de un presidente, tal y como existía antes de 1969, dejando pasar un período de ocho años después que la había ejercido. Eso le permitió a Oscar Arias reelegirse en el 2006.

Desde entonces, 2006, todas los personas que han ejercido la Presidencia pueden hoy reelegirse, si son electos, ocho años después de que dejan su gobierno.

La reforma que permitió la reelección de nuevo, a partir del 2006, se basó, en un Fallo de la Sala Constitucional, que anuló la Reforma Constitucional de 1969, que había establecido la prohibición de la reelección, porque no se podía limitar un derecho constitucional dado por los Constituyentes Originales, como era el de la reelección presidencial.

En Teoría Constitucional los Derechos y las Libertades no se pueden restringir una vez establecidos. Pueden ampliarse positivamente, pero no restringirse o disminuirse.

El otro fundamento, de la Sala Constitucional, fue que el procedimiento parlamentario de la restricción electoral en 1969 estaba mal hecho. Por ello se anuló el artículo de la restricción presidencial y se reestableció el artículo original de la Constitución Política de 1949, que permitía la reelección, en la forma que se hace actualmente, dejando pasar ocho años.

Para entender esto, de otra manera, indico lo siguiente. La Constitución Política de 1949 estableció el segundo párrafo de Artículo 98 que restringía la participación política de aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales podían atentar contra la democracia nacional. No señalaba a ningún partido en particular, ni a ninguna identificación específica. Pero, esa restricción se acompañaba con el Decreto Ley No. 105, de la Junta fundadora de la Segunda República, del 17 de julo de 1948, con el cual se proscribió al Partido Comunista de Costa Rica. Esto hacía que el Tribunal Supremo de Elecciones, con denuncias que se hacían contra la inscripción de un partido político, señalando que había firmas de ciudadanos que habían sido o eran comunistas, con base a ficheros que se tenían y se presentaban, de esa manera en el Tribunal Supremo de Elecciones, permitía el control para indicar que tal o cual partido podía ser “comunista” y sacarlo de la posibilidad de una elección, como sucedió con casi una decena de partidos políticos entre 1949 y 1975, entre ellos el Partido Alianza Popular Socialista, PAPS, del cual mi querida abuelita Ofelia Rodríguez Rodríguez era parte de su Directiva Constituyente.

En 1975, cuando fue eliminado el segundo párrafo del Artículo 98 de la Constitución Política se amplió el derecho ciudadano del sufragio, los comunistas podían votar por los comunistas, por ellos mismos. Se ampliaron en ese sentido los derechos ciudadanos, que estaban restringidos. Eso se podía hacer constitucionalmente, ampliar Derechos.

Lo que no se puede hacer todavía es restringir, debilitar, eliminar o afectar negativamente derechos establecidos y adquiridos por los ciudadanos. Eso es parte esencial de nuestro Estado de Derecho y de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho, que vivimos los costarricenses.

Volviendo al tema de las actuales elecciones y del momento actual.

Hay que reconocer que en esta elección hubo mayoría de caras nuevas participando como candidatos. Igualmente, hubo gente más joven participando dentro de los partidos tradicionales. Hay que decir también que la inmensa mayoría de los partidos que participó eran nuevos. De los tradicionales solo Liberación Nacional, que resultó con buen suceso presidencial, a pesar de las pugnas que tuvo ese partido y de las trabas de inscripción que le aparecieron. Su fracción legislativa fue amenazada y advertida por el presidente Chaves de ser fracturada por él, de “comprar” o “presionar” diputados para lograr sumarlos o integrarlos, como hizo en este gobierno con diputados de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

La Unidad Social Cristiana fue un desastre. Sus pugnas y divisiones internas, y el ponerse parlamentariamente de cola del gobierno de Rodrigo Chaves prácticamente lo hundieron. Casi lo desaparecen. Una diputada electa que tiene un gran reto personal, más que político, para hacer sobrevivir ese partido, considerando que probablemente tenga una agenda personal muy cercana a la del gobierno próximo, del partido Pueblo Soberano, de su presidenta Laura Fernández y de su fracción parlamentaria.

El trabajo parlamentario de Abril Gordienko tiene que proyectarse, en su posible candidatura presidencial, hacia el 2030, salvo que Juan Carlos Hidalgo, si él quiere volver a ser candidato, asuma un papel muy destacado como dirigente público del partido, sin ser la cola del partido de gobierno de Laura Fernández como lo fue en muchos aspectos del actual gobierno. De esta forma, en la Unidad Social Cristiana, pueden darse estos dos embarazos, el de Abril y el de Juan Carlos.

A la diputada Abril Gordienko la veo como diputada de oposición política para muy pocas cosas relacionadas con la alteración del Estado de Derecho y las Libertades públicas. Ojalá me equivoque en esto, y sea una defensora de todo el Estado Social de Derecho, que comprende los Derechos sociales y laborales, el presupuesto público de las universidades de manera muy destacada. Pero estos no son temas hoy del partido Unidad Social Cristiana.

La tarea titánica de la oposición democrática parlamentaria la tendrá el Frente Amplio, con sus siete diputados y la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles.

Por su parte Claudia Dobles debe tener claro que fue electa por una Coalición y no solo por lo que quedaba del Partido Acción Ciudadana. Tiene que hablar en su ejercicio parlamentario a nombre de la Coalición. Si no lo hace debilita la acción y la participación política, pero también se quema ella misma y pierde confianza política. Si mantiene su figura de la Coalición, y hace una buena labor legislativa con ella y su trabajo se fortalecen los dos partidos de la Coalición, y crea las bases para ampliarla hacia las elecciones del 2030, donde ella podría ser de nuevo candidata de la Coalición.

En la perspectiva de este artículo, la Coalición está embarazada desde ahora, si se tiene claro que hay que trabajar desde ya, con esa candidatura presidencial. Si no se opera así, con esa perspectiva, se actúa mezquinamente y con puro oportunismo político, en la “esperanza” que pueda surgir un “mejor” candidato en el futuro, o en vísperas de la próxima elección del 2034.

La labor legislativa es el mejor terreno para forjar ese “mejor” candidato, si se es diputado, y si así se trabaja en los partidos que tienen representación parlamentaria.

En el Frente Amplio no tengo duda de que el mejor candidato que tiene hacia la campaña electoral del 2030 es José María Villalta, ya curtido en tareas parlamentarias, lo que le dará ventaja legislativa. En lo personal lo he visto trabajar de cerca y es muy buen trabajador, diría excelente, de mucha disciplina, ordenado, estudioso de los temas que debe atender. Tiene buen modo, tiene don de gentes, es educado y preparado profesionalmente, con dominio de los temas que le toca abordar o atender.

El Frente Amplio ha cometido el error de no dejar que sus candidatos a la presidencia lleven la doble postulación, lo que les ha retardado en la preparación de ese candidato presidenciable. Ahora tienen la oportunidad hacia el 2030 con Villalta, que no tendrá impedimento para su posible candidatura en esa elección.

Creo que en ese sentido deben elegirlo en las cuatro legislaturas, que vienen, como el jefe de la fracción parlamentaria, para que tenga más presencia pública y forje mejor su candidatura, que dependiendo del próximo gobierno, lo puede hacer visiblemente más presidenciable.

Para todos los partidos hay que señalarles que los candidatos presidenciales no se improvisan, como no se improvisan partidos políticas, para una sola campaña electoral. De allí sus resultados. Hay que desarrollarlos con vida interna de partidos, con vida externa y puestos públicos si es posible. Así se forman los dirigentes y los candidatos. Deben tener presencia pública, tienen que estar en el debate nacional. Tienen que convertirse en fuentes informativas y formativas de opinión pública y de opinión ciudadana.

Los precandidatos legislativos que me he atrevido a formular deben tener claro que no deben andarse con tonterías de negar sus aspiraciones. Al menos deben admitir que esa es una posibilidad resultante de su próximo trabajo político en los siguientes cuatro años. Si se negaran desde ahora, a esa posibilidad, hay que decir que sus candidaturas y elección fueron un verdadero fraude oportunista tan solo para haberse postulado, para ser electas como diputados, por una sola vez, para su hoja de vida, su currículum personal.

Los embarazos políticos hacia la elección el 2030 ya están en marcha.

De Venezuela a Davos. La línea roja del presidente Trump que altera las relaciones internacionales

Vladimir de la Cruz

¿Era previsible el ataque de Trump a Venezuela para sustraer al presidente Nicolás Maduro? La movilización militar que hizo Trump al Caribe sur, al frente de Venezuela, suponía una acción militar altamente planificada de mayor envergadura. Varios meses de planificación detallada al frente de las costas venezolanas para precisar lo que finalmente hicieron, una acción precisa para “extraer”, para “secuestrar”, para “sacar” a la fuerza al presidente Maduro.

Era una acción sumamente costosa para los Estados Unidos. No era un simple ensayo o práctica de los cuerpos militares que se organizaron para esa operación. Aparte de los medios de guerra movilizados supuso casi 15.000 efectivos también llevados y preparados para haber actuado en un posible desembarco, si les hubiera sido necesario, por empantanamiento de la acción de la “sustracción” del presidente Maduro.

Su salida no ha significado “descabezar” el Poder Ejecutivo de Venezuela. Ha quedado intacto debido a la estructura institucional y constitucional de su sustitución como presidente. De los miembros del Poder Ejecutivo ninguno hasta ahora ha cambiado. Tan solo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que en su condición, ha sustituido al presidente, como presidenta encargada, cargo que puede ejercer mientras Maduro del todo quede incapacitado de ejercer la presidencia. En este sentido a Maduro en Venezuela se le sigue considerando el presidente y a Delcy como la presidente Encargada, con todas las funciones de presidir el Poder Ejecutivo.

Un alto militar estadounidense lo había declarado ante una pregunta que le hicieron, sobre si los venezolanos se darían cuenta de cuando iniciaban sus acciones militares. De manera simple lo dijo: se darán cuenta cuando en ese momento no puedan comunicarse, porque interrumpirían todo tipo de comunicaciones en el territorio venezolano.

¿Era creíble ese ataque? Parecía dudoso. Parecía más una acción de amedrantamiento, orientada a provocar una “renuncia” del presidente Maduro. Parecía una operación de presión y amenaza para provocar el cambio en la dirección del Poder Ejecutivo venezolano, lo que no se produjo, y no se iba a producir.

¿Nocturna o diurna esa acción militar? Obviamente nocturna. Ventaja total para los atacantes, no solo por la tecnología usada, por los medios de guerra empleados, por las ventajas que da la nocturnabilidad en el ataque, sobre la base de que los atacados están en ese momento más a la “defensiva”, en cierta forma “desarmados” por estar descansando o durmiendo, por la sorpresa que puede producir el ataque nocturno difícil de localizar, si se han inutilizado redes eléctricas, radares y medios de detección de aeronaves, especialmente, sean helicópteros y aviones de apoyo.

Ventaja también para los atacantes en cuanto en las acciones de guerra. La iniciativa la tiene la aviación, en todas sus formas, por la capacidad de destruir infraestructura, de provocar incendios y demolición de edificios, que obliga a distraer fuerzas locales en atender esas emergencias. A esta capacidad se sumaba la del alcance en disparo que tenían los buques de guerra que tenían al frente de Venezuela, en posibilidad de apoyar una acción terrestre que no fue necesaria realizar.

¿Esperaba Trump algún apoyo local efectivo y público a su acción militar en Venezuela? Probablemente esperaban algo de apoyo, al menos en la “captura”, “secuestro”, “rapto”, “sustracción” que hicieron de Maduro. La realidad inmediata no tuvo ningún apoyo. Nadie en Venezuela, por más que no quisieran a Maduro, iba a movilizarse a favor de esa acción militar estadounidense.

La oposición política a Maduro, hasta ese momento, era en el escenario político y electoral. Con bajos y altos. Los altos para la oposición cuando ganaron algunos procesos electorales fundamentales, como fue la elección de la Asamblea Nacional, en manos mayoritaria de la oposición, sin que eso significara nada desde el punto de vista del poder real, efectivo. Los otros poderes del Estado y la totalidad de las instituciones estatales seguían en manos de Maduro y el madurismo. Más lograron cuando en paralelo convocaron a la Asamblea Constituyente que en la práctica se convirtió en una Asamblea Nacional Bis, debilitando la original, que fue de nuevo retomada por el Madurismo.

No ha habido durante todo el período de la V República, desde 1999 hasta hoy un solo evento de resistencia militar a los gobiernos de Hugo Chavez, desde 1999 hasta el 2013, ni al de Maduro desde el 2013 hasta el 2025.

Durante el período del presidente Chavez era fuerte la vida política y electoral, sostenida especialmente por las reformas y grandes proyectos sociales importantes que él impulsó, y por las condiciones del presidente Chavez que lo destacaba como el líder y político más importante de toda Venezuela, sobre la oposición política y sobre sus propios seguidores. En mi opinión, en ese período, no había un líder político como él.

Durante el período del presidente Maduro se debilitó su presencia como líder nacional. Las últimas dos elecciones principalmente mostraron esta debilidad, que implicó que se cuestionaran esos procesos electorales en su favor, provocando el desconocimiento de su investidura por gran cantidad de países, al mismo tiempo que otra igual cantidad de países le reconocieran como presidente.

En la realidad política nacional e internacional Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, para todos los efectos internacionales, como el venezolano. Lo sucedido el 3 de enero no le ha quitado ese reconocimiento de su investidura. Al contrario, se lo ha fortalecido. Lo que se produjo el 3 de enero fue un acto personalizado del presidente Trump contra el presidente Maduro, aprovechando la fuerza militar que el presidente estadounidense, en su fuero ejecutivo puede usar. No pudo declarar la guerra a Venezuela porque requería el apoyo legislativo de los diputados y congresistas que no se lo daban.

Trump, para detener a Maduro, y actuar en el plano internacional, con el matonismo con que lo está haciendo, acudió a una reformulación inicial de su política de seguridad nacional, estableciendo la lucha contra el narcotráfico como una lucha de carácter antiterrorista y, como lucha antiterrorista la puso en la mira de las acciones que se pueden realizar, bajo esta óptica, con el Ejército de los Estados Unidos. De esta manera, justificó su accionar en la movilización para ir a capturar, sin que hubiera una orden internacional puesta en INTERPOL, para capturar a Nicolás Maduro como líder del narco, del narco tráfico, o de una organización narcoterrorista, que la crearon bajo el nombre de Cartel de los Soles, organización que ha servido para involucrar a otros dirigentes políticos venezolanos, como Diosdado Cabello, que sigue siendo el dirigente político y militar más destacado en este momento en la Venezuela post maduro. Sobre Maduro y sobre Cabello el presidente Trump había puesto recompensas de 50 y 25 millones de dólares.

Aún con esa calificación estadounidense que hacía Trump de Maduro no le autorizaba internacionalmente para actuar como lo hizo. Por la legislación internacional los presidentes gozan de inmunidad en este sentido.

Cuando ha habido necesidad de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos se ha hecho con base a tratados de extradición de Estados Unidos con esos países. Tratados que Estados Unidos aplica solo en su favor. Cuando Costa Rica trató de extraditar un agente de la CIA, John Hull, que había vivido en Costa Rica, y había cometido actos sujetos de ser juzgado en Costa Rica, John Hull huyó del país a los Estados Unidos y ningún proceso de extradición se pudo aplicar y ejecutar, por el amparo que recibió Hull en Estados Unidos, y por la debilidad, también, de los gobiernos de Costa Rica, que no mantuvieron la presión de la extradición. Por otra parte, Estados Unidos no se sujeta a organismos judiciales internacionales, ni ha aprobado Convenios y Tratados de Derechos Humanos.

El pretexto inicial de Maduro como la principal figura de la organización narcoterrorista, como la califica Estados Unidos, del Cartel de los Soles, se calló cuando en el Tribunal donde fue presentado Maduro, para sus trámites acusatorios y defensivos, se eliminó ese pretexto. Ahora invoca otros pretextos, que tampoco le corresponde aplicarlos en defensa de los venezolanos, como son el origen del nacimiento de Madura, si fue en Colombia o en Venezuela, y la demostración palmaria de las actas del proceso electoral último que no ha presentado oficialmente, justificando su triunfo electoral, mientras la oposición política ha exhibido copias de ellas demostrando su triunfo.

Ha quedado claro que lo que le interesa a Trump en Venezuela son los pozos petroleros, la diversa riqueza natural que tiene Venezuela. De manera más precisamente le interesa el control de las relaciones internacionales de Venezuela, especialmente las que tiene con Cuba, Rusia, la República Popular China e Irán, y en estas relaciones lo que corresponde a las exportaciones venezolanas de petróleo. En esto Trump ha sido claro.

Según él, ha recuperado el petróleo que se le ha robado a Estados Unidos. ¿Pero, dónde están los pozos petroleros para habérselos robado: en Venezuela o en Estados Unidos? En Venezuela, claro está. Y claro es que también las riquezas naturales de los países les pertenecen a esos países. Obvia Trump que desde la presidencia de Carlos Andrés Pérez se había producido la nacionalización del petróleo sujetando así a las empresas extranjeras a esa nacionalización, en su producción y comercialización. Por eso también Trump se interesa en Groenlandia.

En esta dimensión inserta los recursos minerales, de Groenlandia, de Ucrania y Venezuela, como parte de su concepto de seguridad nacional, así como el control de las rutas comerciales que le puede significar el control del Canal de Panamá, y el control del norte de Groenlandia por el movimiento internacional que tiene hoy, resultado del deshielo, como ruta comercial del Artico, que para Trump favorece a China y a Rusia. Son las líneas rojas estratégicas de su gobierno, control de rutas y de recursos naturales.

Tampoco Trump descuida México y Canadá. Insiste en territorios y riquezas de estos países.

En el caso de América Latina también queda claro que el continente en su conjunto es parte de esta visión geopolítica y de control estratégico de Trump. Ya no hay Política de Buena Vecindad. Hay política de agresividad y de intervencionismo donde sea necesario, y de establecimientos de Protectorados donde pueda hacerlo.

Trump no tiene problema de reconocer que su actuación corresponde a una nueva redefinición de la Doctrina Monroe, la cual está acompañada de las Políticas del Destino Manifiesto, del Gran Garrote, de la Diplomacia de las Cañonera, de la Doctrina Truman de la post guerra mundial, de la de los golpes de estado y establecimiento de dictaduras y tiranías en Latinoamérica.

Y si se trata de Derechos Humanos tampoco se puede confiar en Estados Unidos. No ha firmado las siguientes Convenciones: la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; para reprimir la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; el de la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; el del derecho del mar; la de la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencias de minas antipersonal y sobre su destrucción, (a ésta se opone).

Además, la convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el de la represión y el castigo del crimen del Apartheid; el Protocolo de Kioto; los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

No ha ratificado los siguientes Convenios: el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, para reducir o eliminar la liberación de sustancias químicas nocivas al ser humano y el medio ambiente; el de Basilea sobre control transfronterizo de desechos peligrosos; el de la diversidad biológica; el de los Derechos del Niño.

Asimismo, no ha firmado el de Libertad Sindical y de protección del derecho de sindicación; el de Derecho de sindicación y negociación colectiva; el de la edad mínima de admisión al empleo; contra la delincuencia organizada transnacional; contra la tortura; y el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Tampoco ha ratificado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que prohíbe todo ensayo de armas nucleares; los protocolos facultativos de las convenciones sobre los derechos del niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados, y el de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

Estados Unidos declaró, en 1985, que se separaba de la jurisdicción y no acataría las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que ha servido para solucionar controversias entre Estados, al igual, en el 2002, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para enjuiciar criminales de guerra y genocidas.

Mientras los Estados Unidos no ratifique estos convenios y actúe bajo los lineamientos del gran garrote, de las cañoneras y de la nueva doctrina Monroe, no se puede creer en los buenos propósitos que pregona.

Con Venezuela Trump advirtió que su línea roja en las relaciones internacionales no tiene límites, más que lo que le indica su moral, como lo ha dicho.

Si se trata de presencia en organismos internacionales, Trump ha planteado el retiro de los Estados Unidos en más de 50 organismos, que afecta por sus repercusiones a muchos países, miembros de ellos, y por los alcances que tienen en el significado de las relaciones internacionales. Incluso ha cuestionado la existencia del organismo de las Naciones Unidas, promoviendo su Junta de la Paz o Consejo de la Paz, más como un organismo privado de potencias y 26 países “fundadores” que lo quieran integrar y someterse a las directrices que desde allí imponga Trump. Es parte del diseño estratégico y geopolítico de los Estados Unidos hoy.

La reunión de Davos, hace pocos días, ha puesto de relieve el inicio de un nuevo proceso de reordenamiento de las relaciones internacionales, donde la Unión Europea se fortalece o tiende a perecer. Tampoco era previsible el matonismo diplomático de Trump en Davos, ni creíble su desplante ante los principales políticos europeos, a quienes les tendió un felpudo y no una alfombra roja.

La mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permite actuar con cierto autoritarismo, e imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa

Vladimir de la Cruz

La mayoría de los diputados, 31 de 57, que tiene el Partido Pueblo Soberano le permite holgadamente dirigir la Asamblea Legislativa.

Con 29 diputados, sin transar con nadie, de ninguna otra de las fracciones que allí van a coexistir, la de Liberación Nacional, la del Frente Amplio, la de la Coalición Agenda Ciudadana y la de la Unidad Social Cristiana, necesitan sus votos para integrar todo el Directorio Legislativo y para dominar y presidir todas las Comisiones Parlamentarias.

Los grupos opositores o minoritarios ni siquiera deben preocuparse por obtener ventaja en estas decisiones. Lo mejor que pueden hacer es apoyar todos los nombramientos que ellos quieran hacer, sin ofrecerles contrincantes. No vale la pena, ni siquiera para la foto. Que se luzcan en esos puestos los diputados de Pueblo Soberano, para ver si cómo roncan, duermen.

Así pueden elegir todo el Directorio Legislativo sin compartir puestos, y sin discutir quien preside el Poder Legislativo y quien es su secretario, que son los puestos más importantes del Congreso, y sin discutir quien preside las Comisiones legislativas.

La Presidencia Legislativa es la más importante por ejercer públicamente la dirección y representación del Poder Legislativo y por ser quien, en una situación excepcional, le correspondería asumir la Presidencia del Poder Ejecutivo, por muerte y ausencia absoluta del presidente y de las dos vicepresidencias.

En el segundo caso, ausencia de las dos vicepresidencias y del presidente de la República ya sucedió, cuando el presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, asumió por unos días, la Presidencia de la República en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, que en su tercer año de gobierno se había quedado sin vicepresidentes y él tuvo que salir del país. Ha sido el único caso en el período de la Segunda República, 1949-2026, en que esto sucedió.

El secretario de la Asamblea Legislativa por ser, en la práctica, el jefe de Personal de todo el Poder Legislativo, de más de 900 empleados del Poder Legislativo, le sigue en importancia de nombramiento.

Los demás puestos son literalmente de relleno. Para figurar en el protocolo legislativo y constar en el currículum de quienes ocupen esos cargos.

El presidente legislativo tiene además la función de nombrar, él, solo él, si así quisiera, a todos los miembros de las distintas Comisiones Legislativas. Literalmente lo puede hacer cómo le dé la gana. Generalmente, se acostumbra a negociar con las otras fracciones legislativas la integración de sus diputados en las Comisiones, en la que a los partidos políticos les interesa estar.

En las últimas Asambleas Legislativas cuando no ha habido una sola fracción parlamentaria que por sí misma se imponga en los nombramientos y en las Comisiones, la negociación era obligatoria, sobre todo en los últimos tres gobiernos en que el partido de gobierno, ganador de las elecciones, no pasaba de los 12 diputados, como fue el caso de los dos gobiernos de Acción Ciudadana y el actual de Rodrigo Chaves, con el partido Progreso Social Democrático.

En ocasiones, a la fracción de gobierno, se le daba la Presidencia de la primera Legislatura, del primer año de gobierno, lo que no es obligatorio. Se ha hecho por cortesía política para el arranque del primer año de gobierno del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Así se hizo con el partido Acción Ciudadana.

En el caso del actual gobierno no se le dio esa cortesía en ninguna de las cuatro legislaturas, en ninguno de los cuatro años de gobierno. Quien ha presidido durante todo el período de cuatro años, y lo ha hecho muy bien, en las condiciones difíciles que se ha tenido de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo, ha sido Rodrigo Arias Sánchez, diputado del partido Liberación Nacional.

Mi consejo para las diputadas de la Unidad Social Cristiana y de Agenda Ciudadana, es que no se dejen embarcar en algún nombramiento de dirección de las Comisiones. Eso es amarrarles las manos y su capacidad de discusión.

Es obvio que en los próximos cuatro años solo habrá presidentes electos por el Partido Pueblo Soberano. En las condiciones de ese partido, seguramente, cada año cambiarán de presidente legislativo, porque resaltará en sus filas el ego político de los diputados que querrán tener el Honor de presidir la Asamblea Legislativa. Y de la posibilidad de sustituir a Laura Fernández si así llegare a suceder, como en el gobierno de Oscar Arias.

Aparentemente, hoy no tienen condiciones para proponer un presidente Legislativo que se mantenga por los cuatro años seguidos. No es obligatorio rotarlo, cambiarlo, pero en la actual fracción mayoritaria de gobierno ya hay más caciques que indios disputándose ese galardón y ese chicharrón.

En la lucha por presidir la Asamblea Legislativa ocasionalmente, y cada vez con mayor frecuencia, ha florecido la tesis de que una mujer la presida. En las condiciones actuales la Asamblea legislativa tiene más mujeres diputadas que hombres diputados. Es la primera vez que esto sucede, reflejando también que había más mujeres votantes que hombres votantes. ¿Por qué no pensar desde ahora que sea una mujer, aunque sea de Pueblo Soberano, la que presida al Poder Legislativo, en el primer año de arranque del gobierno de Laura Fernández, la segunda mujer en presidir al Poder Ejecutivo? Sería hasta congruente que Laura Fernández impulsara esta tesis e impulsara su propia candidata.

La fracción mayoritaria de Pueblo Soberano se constituyó con el apoyo de los grupos cristianos, no católicos, que le dieron apoyo a Laura Fernández, que se lo quitaron a Fabricio Alvarado y sus grupos conservadores. Por todo el territorio nacional estos grupos así se expresaron a favor de Laura Fernández, con el empujón y apoyo que les hadado Rodrigo Chaves. En este sentido, por amplitud política Pueblo Soberano podría promover, a la Presidencia del Congreso, al diputado Gonzalo Ramírez Zamora, quien ya ocupó en una ocasión anterior la Presidencia legislativa. Tiene la ventaja de que ha sido diputado y también presidente legislativo. Para el inicio del gobierno de Laura Fernández esto puede ser importante, porque él tiene capacidad de negociación política parlamentaria comprobada. Desde el momento mismo en que fue electo presidente parlamentario demostró esa capacidad. Además, tiene buen carácter, buenas relaciones sociales, personales y políticas, lo que le ayuda mucho. Hay que tomar en cuenta que, según la experiencia y práctica parlamentaria, los diputados recién electos se llevan casi ocho meses en aprenderse los trámites legislativos y el uso del reglamento parlamentario. Ya Gonzalo lleva eso adelantado. De todos los 57 diputados, muy pocos, entre ellos Gonzalo Ramírez, han sido diputados, y conocen ese trajín parlamentario. Los otros son duchos parlamentarios y el más destacado es José María Villalta, que inicia su tercer período de diputado. El que algunos diputados electos hayan sido ministros o funcionarios públicos no les da esa experiencia, por esa razón.

Otro grupo que se mueve en el Congreso en lucha por la Presidencia es el del diputado Nogui Acosta Jaén, quien ha sido ministro de Hacienda, uno de los hombres más cercanos al presidente Chaves y el de su mayor confianza. Tiene el carácter para presidir la Asamblea Legislativa, y la experiencia de su ministerio para atender situaciones complejas de sectores sociales y empresariales difíciles.

Un grupo de diputados que lucha por estar presidiendo la Asamblea Legislativa es el que reúne a todos los diputados, que son bastantes, que son imputados judiciales, que son sospechosos de haber cometido delitos, que son deudores del erario público y de instituciones como la CCSS. Es el grupo de los diputados imputados, que quieren dirigir el Congreso, que representa, a modo de imagen, a un sindicato mafioso, también por las vinculaciones de algunos de ellos, interesado en dominar el Poder legislativo. Hace algunos años un diputado de igual ralea intentó presidir el Congreso. Fue rechazado y su historia post legislativa demostró sus vínculos constantes con la narco mafia.

Las comisiones legislativas se dividen en permanente ordinaria, permanente especial, las especiales, los mini plenarios, donde también se pueden aprobar ciertas leyes.

De las comisiones legislativas, las de mayor importancia política son la de asuntos hacendarios, económicos, gobierno y administración, de control y gasto público, jurídicos, de consulta de constitucionalidad, agropecuarios y sociales y 13 comisiones más. Hay comisiones sobre Provincias, Regiones y asuntos particulares. Los mini plenarios son tres, cada uno de ellos con potestad legislativa que conocen proyectos de ley delegados por el Plenario Legislativo.

Puestas así las cosas es entendible que la oposición parlamentaria tiene pocas posibilidades de estar en todas las comisiones. Liberación Nacional y el Frente Amplio son los partidos que más posibilidad tendrán de atender la mayor parte de las comisiones lo que dependerá del interés de los diputados y de las fracciones. Los diputados miembros de las comisiones actúan con derecho a voz y voto en ellas. Los otros que quieran asistir solo tiene derecho a voz.

La Comisión que estudia y atiende lo del Presupuesto Nacional ha sido usual que la mayoría de los diputados sean del partido de Gobierno, para facilitar su aprobación en Comisión y así pasarlo con votos de mayoría al Plenario para su aprobación final. En este momento, si Pueblo Soberano quisiera tener la totalidad de los miembros de esa Comisión lo podría tener. Pienso, por ahora, que allí permitirán tener un representante de cada una de las otras fracciones para guardar las apariencias, sin que ellos puedan tener capacidad de decisión sobre el diseño del Presupuesto que se prepare para su aprobación en el Plenario. En cualquier caso, en esta Comisión habrá minoría opositora. De esto no queda duda.

La Discusión fuerte en la materia hacendaria nacional será en el Plenario Legislativo, y dependiendo de los temas y partidas que se reduzcan o se aprueben, el escenario también será la calle, con movilizaciones populares, sindicales y de los distintos grupos que puedan verse afectados, sectores universitarios, de salud, de educación en general, y también de salarios.

Las luchas por la defensa de los salarios y las pensiones, las luchas por la defensa de los derechos laborales, como las jornadas de trabajo, tendrán que empezarse a mover en las calles, en el escenario público, en la conciencia ciudadana, con fuerte presión en las instancias judiciales para evitar que se lesionen derechos constitucionales, legales y los derechos adquiridos no se menoscaben y violen.

Con la mayoría de diputados de Pueblo Soberano le permitirá al gobierno de Laura Fernández actuar con cierto autoritarismo político público, y por su imposición, en la conducción de la Asamblea Legislativa, se le facilitará su conducción política hacia el continuismo autoritarista político, al riesgo de su desviación hacia las formas tiránicas y dictatoriales de gobierno, sin descuidar el nepotismo político y la persecución oficial e institucional hacia ciudadanos disidentes y opositores en general.

Por ahora, hasta finales de abril, hay que concentrarse en las luchas que vienen por la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde las aguas del partido Pueblo Soberano se mueven agitadamente, en esas direcciones, por ahora conocidas, con iniciativas de grupos internos: las mujeres, los cristianos, los de Nogui, que son los del presidente Chaves, los de los diputados y la del sindicato de los diputados ligados a los grupos narco delincuenciales, y los que la propia Presidenta Laura Fernández impulse como su tendencia.

Recordemos sus palabras la noche de su triunfo: “los diputados electos serán disciplinados”, es decir llevarán línea de gobierno, y actuarán “disciplinadamente”, sin divisiones ni fracciones, sin negociación si es necesario …tic tac, tic tac…

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

Algunas notas sobre las elecciones del pasado domingo

Vladimir de la Cruz

El lunes pasado el país amaneció, como sucede cada lunes, cada cuatro años, después de que se ha cerrado el proceso electoral, cuando se ha ejercido el derecho al sufragio para escoger al presidente, y se conoce provisionalmente, al ganador, en la primera ronda, o a los dos que pasan a la segunda ronda.

La tranquilidad nacional, porque es en todo el país, refleja la cultura cívica, la cultura democrática, el respeto al proceso electoral y su resultado. Ganadores y perdedores se diluyen y se vuelven a mezclar en el tejido social cotidiano como si nada nuevo hubiera ocurrid, sin heridos ni muertos en las calles. No hay protestas, movilizaciones a favor o en contra de los resultados, acusaciones de fraudes electorales, enfrentamientos de fanáticos seguidores o cuestionamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. En esta elección se produjo un fenómeno en la última semana en el cual al término de los debates todos los simpatizantes de los candidatos, de esos debates, se marchaban unitariamente en desfiles hasta el centro de la ciudad, disfrutando la alegría de las elecciones, y por los que adversaban a los del gobierno, unidos por el “Fuera Chaves”, que se convirtió en un grito apasionado de todos los que así se movilizaban.

Veinte partidos con sus candidatos se presentaron a la elección. Había para todos los gustos. Se podían agrupar, con alguna dificultad en dos grandes grupos, los que se “identificaban” con el gobierno y la posibilidad de su continuismo en ejercicio de gobierno, y quienes le adversaban.

En el primer grupo un partido, Pueblo Soberano, era el centro de los focos. En el segundo, lo era Liberación Nacional. El resultado final así lo demostró. A estos partidos los siguieron en importancia electoral presidencial la Coalición Agenda Ciudadana y el Frente Amplio, ambos ubicados en el anti continuismo. El resultado final así lo demostró. En un tercer grupo forzaron la presencia de otros cuatro partidos, a mi modo de ver, con la intención de debilitar a los dos anteriores, que fueron Unidad Social Cristiana, Nueva República, Avanza y Unidos Podemos. Así también sucedió. Incluso en un momento de la campaña cuando intentaron subir a la candidata de Unidos Podemos y luego, las fuerzas que apoyaban a esos partidos la sustituyeron por el partido Avanza, que logró “impresionar” a organizadores y a las audiencias de estas actividades, como mejor opción para enfrentarlo a Liberación, Coalición Agenda Ciudadana y Frente Amplio. Los últimos debates, en los que no asistió la candidata de Pueblo Soberano pareciera que fueron organizados con la intención de ponerlos a discutir sobre quien iría de segundo a la final. No estaba en discusión quién iba a ser el ganador de la primera ronda. Por la ausencia de la candidata de Pueblo Soberano la eximía de esos debates porque la consideraban ya clasificada. Al final, toda la red electoral giró alrededor de estos ocho partidos.

Al resto de los partidos las redes que ayudan a hacer sobresalir los partidos y sus candidatos, redes sociales, casas o empresas encuestadoras, medios de comunicación en general, periodistas que entrevistan candidatos, los tomaron en cuenta solo para el registro democrático de decir que tomaron en cuenta a todos.

El mismo Tribunal Supremo de Elecciones se abstuvo de publicitar adecuadamente a todos los candidatos con sus partidos. No hubo un solo anuncio en páginas pagadas en medios de comunicación, o en páginas electrónicas, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, informándole a los electores, con la muestra de la papeleta, quienes eran los candidatos y sus partidos.

El Tribunal Supremo de Elecciones no tiene impedimento ni prohibición para hacer esto, o para haber pagado un suplemento electoral con esta información básica. No es suficiente tener esa información en la página electrónica del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ese acceso electrónico está vedado para la gran mayoría de la población por la carencia de los medios electrónicos para consultarla. No es suficiente tener teléfonos que funcionan con pagos de uso, con tarjetas de pago, de cargas bajas, para las cosas básicas de consumo de sus usuarios.

A esta falla, hay que agregar que el Tribunal Supremo de Elecciones no ha impulsado una reforma legal, y constitucional, para que todos los partidos tengan acceso al derecho del pago de la campaña, y no solo aquellos que tienen o logran la elección de un diputado o saquen un 4% de la votación, lo que les limita su plena y decente participación electoral.

Este es un lastre aún presente de la tradición del control bipartidista que se ha tenido históricamente de estos fondos. Ni siquiera por la presencia de partidos de izquierda en la Asamblea Legislativa han podido luchar por ampliar este derecho al pago de la campaña para todos los partidos. Este lastre todos los partidos que llegan a la Asamblea, consolidado su derecho, no les interesa que se lo extiendan a los demás.

El conjunto de los otros 12 partidos políticos apenas alcanzó alrededor de un 2.6% de los votantes, que reflejan democráticamente una expresión multipartidista, y diversa, de la voluntad de los ciudadanos que votaron por ellos.

La cantidad de partidos en esta elección fue menor en cinco partidos que la campaña electoral del 2022. La tensión que había en torno al “continuismo” hizo bajar el abstencionismo, de la elección de 2022, prácticamente, en un 10%, lo que puede considerarse un éxito democrático y ciudadano.

En la polarización política, que había, la cantidad de partidos favorecía al Gobierno y a su principal partido, Pueblo Soberano, porque todo el espectro opositor estaba bien dividido políticamente, y azuzaban constantemente en mantener esta división, mezclados los que estaban en el cabús del tren del gobierno y los que estaban en contra.

Desde el mismo proceso de inscripción de partidos se obstaculizó la formación de coaliciones. Miguel Ángel Rodríguez en la Unidad Social Cristiana habló de buscar esa coalición, pero condicionó que fuera sin la izquierda y sin Liberación Nacional. En Liberación Nacional se hizo algo semejante, sin la izquierda y sin la Unidad Social Cristiana. José María Figueres era partidario de una coalición. En el Frente Amplio no se estaba de acuerdo con ninguna coalición. Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana por sus bancadas de diputados no estaban dispuestos a ceder lugares en una coalición. Liberación Nacional logró salir airoso con un número diputados casi igual al que tiene ahora. La Unidad Social Cristiana casi se queda sin diputados. Solo logró elegir una diputada. Inteligentemente el Partido Acción Ciudadana promovió la Coalición, con Agenda Democrática Nacional, que recibió también el apoyo del partido de Rafael Ángel Calderón Fournier que no estaba participando como partido en la campaña. El resultado electoral se dio una diputada. El Frente Amplio logró un diputado más de los que ya tiene. Siete, resultado de una excelente labor parlamentaria que han tenido en estos cuatros años y a un buen papel de participación de su candidato presidencial, el diputado Ariel Robles.

No tenemos cultura política de coaliciones. La izquierda en el pasado las realizó con éxito, en 1978 y 1982, para la elección de diputados. Los grupos opositores a Liberación Nacional con éxito lo hicieron en 1978, cuando eligieron a Rodrigo Carazo Odio, un exliberacionista, coalición que luego se fusionó originando a la Unidad Social Cristiana en 1983.

En esta campaña que acaba de finalizar, por los resultados de votos, si hubiera habido una coalición de Liberación Nacional el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana prácticamente hubieran superado los votos de Pueblo Soberano y probablemente la composición de la Asamblea Legislativa hubiera sido diferente. Pero eso no sucedió. El partido Acción Ciudadana, indirectamente renace y la Unidad Social Cristiana casi desaparece. La diputada de la Coalición Agenda Ciudadana no debe olvidar que es diputada de una Coalición. Tamaña tarea tiene.

Durante la campaña, como suele suceder, casi no se hizo propaganda por los candidatos a diputado. En esta campaña el enfoque estaba en los candidatos a presidente.

La campaña publicitaria en vallas era simplemente horrorosa, lo digo para todos los partidos. Sin mensajes claros y directos sobre las necesidades, expectativas y problemas importantes de los ciudadanos. Vacías de contenidos llamativos que provocaran darles apoyo. Algunas contra otros candidatos, que en la práctica se convertían en vallas a favor de esos otros candidatos. En los spots publicitarios por radio, con mensaje de candidatos a veces les ponían de fondo música en un tono más alto que la voz de candidato, lo cual dificultaba oír el mensaje principal. Hasta Liberación Nacional cayó en el este error siendo su candidato una persona sin audición.

En materia legislativa hubo cambios importantes. Desaparecieron el partido de Eli Feingzag y el de Fabricio Alvarado. No eligieron un diputado. Se quedaron sin los seis que tenía cada uno, siendo ambos hasta abril todavía diputados. El partido de Eli sufrió divisiones importantes y no desarrolló organización partidaria que le apoyara. Eli Feingzag y Fabricio Alvarado se subieron al tren del gobierno sin distinguirse literalmente en cada. Fabricio más que Alfonsa fue felpudo del Gobierno. A ambos el propio presidente los enfrentó duramente de manera pública. Fabricio le entregó sus listas de pastores que el presidente supo aprovechar para su propio caudal y para lograrle el apoyo de ellos a su candidata a Laura Fernández, que los supo tomar en cuenta, comprándolos, con puestos y con ofrecimiento de cargos públicos. Casi 4000 centros religiosos de estas sectas y grupos cristianos no católicas en todo el país, especialmente los de las provincias periféricas y costeras, donde se concentran más los problemas sociales, se hicieron sentir. Las giras presidenciales por esas provincias acompañado de pastores de esos grupos religiosos tuvieron su repercusión.

También desapareció parlamentariamente el partido de Luz Mary Alpízar con el cual llegó Rodrigo Chaves a la Presidencia. Sergio Mena con su programa radial de muchos años, con el buen candidato presidencial que llevaba, no caló lo suficiente porque sus programas radiales, a mi modo de ver, carecen de un enfoque político directo, y no le dan la figura política atractiva, además de que se ha hecho sumamente conservador en esos programas.

En las condiciones actuales, desde la campaña electoral del 2018, donde Fabricio Alvarado fue finalista electoral, la agenda conservadora tuvo auge. Pero, el presidente Rodrigo Chaves y sus partidos “taxis”, con los candidatos del cabús presidencial, se la robaron, porque se las puso bien servida. Así le pagaron. Tratar de pelar y ganar con esta agenda para todos esos partidos era pelear por migajas electorales, como les resultó.

Hay que reconocer que Laura Fernández se la jugó bien. Lo más importante en ella, a mi modo de ver, fue la lealtad con que se identificó con Rodrigo Chaves y su gobierno. Desde el inicio lo dijo claramente: que iba a continuar las políticas y el proyecto de gobierno que Rodrigo Chaves había iniciado. Lo mantuvo todo el tiempo, sin temor a polarizar en contra de ella como ocurrió. En la misma campaña dijo que de ganar lo nombraría ministro de la Presidencia. Así lo ha anunciado después de su triunfo. Atizó más contra ella en la idea del continuismo, lo que no le obstaculizó su resultado.

Rodrigo Chaves, nos guste o no, tiene un bien ganado reconocimiento popular como presidente y como persona. Quienes le siguen fanáticamente, quienes le apoyan en las encuestas, se identifican con sus mensajes de que él ha querido gobernar para esos ciudadanos, para el pueblo, o para el populacho, culto o inculto, de sectores de las clases altas, empresariales, de los barrios ricos, como de los barrios pobres y las barriadas de la pobreza extrema.

Rodrigo Chaves se ha convertido en el representante de los nuevos sectores neo oligárquicos, neo burgueses, neo empresariales de distintos tipos, pro imperialistas, conservadores, neoliberales, que están en todos los altos estratos de la sociedad, pero también de algunos importantes sectores de las clases medias nacionales.

En lo personal muchos se identifican con él por su lenguaje, por sus pachucadas, por su verbalismo popular, por su lenguaje violento que lo hace el líder de la manada de la nación de borregos que le siguen. Incluso mujeres, no pocas, se identifican con él probablemente por el Síndrome de Estocolmo que seguramente sufren y viven con sus parejas, familias o machos alfas con los que conviven.

La idea del soberano, del pueblo con poder, del pueblo al que hay que darle y devolverle el poder, ha envalentonado a esa parte de la población que Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, que Laura Fernández también agitó en la campaña, de que con ella se ha devuelto el poder político al pueblo.

Cuando Rodrigo Chaves violentamente atacó a todos los Presidentes de la República diciendo que habían gobernado como tiranos y dictadores, al servicio de pequeños grupos de empresarios y oligarcas en contra del todo el pueblo, lanzó justamente ese límite de separación, donde él, y ahora Laura Fernández, no responden a esos grupos tradicionales del poder, porque ellos responden y representan otros grupos empresariales y oligárquicos.

Lo que se ha manifestado política y gubernativamente en estos últimos cuatro años, que continuará, es una dura pugna de estos grupos económicos, financieros y políticos, que con sus políticas populistas y neoliberales están encendiendo una mecha muy peligrosa.

La idea de impulsar la Tercera República, el período histórico que hemos vivido desde 1948 hasta ahora, es justamente ese desencuentro y ruptura con el pasado histórico, surgido en 1948, sin que Rodrigo Chaves ni Laura Fernández, entiendan lo que es esa Segunda República así declarada en 1948.

La Tercera República no es un tema solo de agitación y de decir hacia allá vamos. Es un tema y un concepto político institucional más serio.

Como la anuncia Laura Fernández, por ahora más parece un canto a La Luna, con agua en las manos, que puede terminar en una República de Tercera. ¡Cuidado!

El proceso electoral – Algunas claves para entender la democracia ante sus amenazas en las elecciones presidenciales

Vladimir de la Cruz

Costa Rica ha sido reconocido como un país, como una República, de una tradición democrática muy sólida y antigua. La más vieja y estable del continente americano. Dictaduras, tiranías, satrapías, despotismos gubernativos caben en un mano. Gobiernos militaristas, de excepción.

Hoy esta situación se siente amenazada. Hay las posibilidades de que se rompa esa tradición democrática costarricense en las elecciones presidenciales del primer domingo de febrero próximo.

De seguido algunas claves para entender mejor la situación que enfrenta Costa Rica ante las elecciones de febrero.

Especial relieve en la tradición democrática costarricense ha tenido el predominio de gobernantes, desde 1824, que han sido educadores, abogados, médicos, periodistas, civiles en general. Militares de hecho desde 1890 solo uno, por un breve período, mientras duró su dictadura, 1917-1919.

Sobresaliente reconocimiento ha tenido Costa Rica el que haya eliminado su Ejército, desde 1948, y se le reconozca como una Democracia Desarmada. Al decir Costa Rica se afirmaba que era un país con más maestros que soldados, frase que se usaba como dato distintivo aun cuando existía el Ejército, hasta 1948.

Ha sido un país con un Estado de Derecho muy sólido y estable, desde 1825 cuando se constituyeron sus Poderes Públicos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y desde 1949 el Electoral, cuando se le dio ese rango al Tribunal

Supremo de Elecciones, TSE; el órgano o institución encargada de administrar todo proceso electoral nacional, provincial, cantonal o distrital del país, que tenga que ver con la representación política, para los diversos cargos de la Dirección política Estatal y Administrativa, del país, de sus 84 cantones y casi 500 distritos. Los resultados electorales en Costa Rica, declarados por el TSE tienen carácter inapelable. Hasta hoy nunca se han cuestionado los resultados ni las declaratorias de presidentes, diputados o representantes cantonales.

Este Estado de Derecho se ha caracterizado por el respeto absoluto que se ha tenido de las funciones de cada uno de los Poderes Públicos, en la especificidad, indelegabilidad e insubrogabilidad de sus funciones, las funciones ejecutivas, legislativas, judiciales y electorales, en el respeto que se han tenido entre sí, de sus propias áreas de trabajo.

Desde el punto de vista de procesos electorales, se han tenido para la escogencia de representantes populares, desde que se eligió al Diputado ante las Cortes de Cádiz, en 1812. Durante el proceso de la Independencia la escogencia de los delegados de los pueblos que fueron enviados a Cartago, la vieja capital colonial, para discutir y aprobar la Independencia de Costa Rica, el 29 de octubre de 1821.

De seguido a la Independencia con la constitución de los primeros gobiernos de carácter colegiado, las Juntas Gubernativas del período 1821-1824, y a partir de allí, cuando nos incorporamos a las Provincias Unidas de Centroamérica, luego llamada República Federal de Centroamérica, período en que Costa Rica se llamó Estado, y nombró sus jefes de Estado, siendo el primero de ellos Juan Mora Fernández, electo en tres ocasiones hasta 1833. Durante la República Federal elegimos las autoridades federales y las locales y elegimos diputados en el Congreso Federal.

A partir de 1838 Costa Rica se separó de la Federación de Centroamérica, el mismo año en que también se separaron Nicaragua y Honduras, permaneciendo bajo la figura de Estado hasta el 31 de agosto de 1848 cuando Costa Rica se proclamó República.

Bajo la República Federal de Centroamérica, en el Estado y en la República de Costa Rica funcionaron los tres poderes públicos clásicos. Durante la República Federal, los presidentes de la Federación lo fueron también de Costa Rica, en armonía con los jefes de Estado costarricenses.

La estabilidad política del país se caracterizó, entre otros factores, por el desarrollo constitucional que se fue impulsando, 11 constituciones entre 1821 y 1871 y tres constituciones desde 1871 hasta hoy, dos de ellas de largos períodos, (1871-1917 y 1919-1948), la de 1917-1919 que correspondió al periodo dictatorial de Federico Tinoco, y la actual desde 1949.

La estabilidad política se acompañó con el desarrollo de libertades individuales y de derechos ciudadanos, así como con la promulgación del Capítulo de las Garantías Sociales, que desde 1943 se incorporó a los cuerpos constitucionales de Costa Rica, la Constitución de 1871 y a la de 1949, derechos y libertades que se han ido ampliando y fortaleciendo al calor del desarrollo de los Derechos Humanos y sociales internacionales de nueva generación ratificados por Costa Rica, dando origen al Estado de Derecho Social y Democrático de Costa Rica.

Parte de este desarrollo democrático institucional se vio fortalecido por la periodicidad y regularidad de los cambios de gobierno, por la vía de las elecciones, que desde 1847 se mantienen en periodos gubernativos de cuatro años, con excepción de breves gobiernos que se establecieron por períodos de seis años, con el derecho de reelección presidencial y de diputados de forma consecutiva. Actualmente, desde 1949 la reelección consecutiva no se permite. La alternativa de presidente se permite dejando pasar ocho años entre una gestión y otra. En este sentido, solo dos presidentes han tenido la oportunidad de elegirse de esta manera constitucional, José Figueres Ferrer, en sus gobiernos de 1953-1958 y en 1970-1974, y Oscar Arias Sánchez, en los suyos, 1986-1990 y en el 2006-2010.

En el desarrollo democrático institucional de Costa Rica el derecho al sufragio evolucionó desde el siglo XIX al XXI fortaleciendo el sufragio y el régimen de partidos políticos.

Hasta 1889 el voto era indirecto. Había una ronda de electores que escogían entre ellos a otros electores que decidían la votación. Los electores debían ser hombres, mayores de edad, alfabetos, con capacidad económica comprobada. El voto era público hasta 1924, que se estableció secreto. Desde 1949 se estableció el voto universal, reconociéndose el voto de la mujer, que empezó a votar en 1951. Empezaron a ser electas diputadas desde 1953, y en el 2010 se eligió la primer mujer presidenta en Costa Rica.

Es posible, y hay gran probabilidad, que en las elecciones de febrero del 2026 alguna otra mujer pueda ser electa presidenta de la República, habida cuenta que en el proceso actual electoral destacan cinco candidatas mujeres que compiten por ese alto cargo público, Claudia Dobles, Ana Virginia Calzada, Laura Fernández, Natalia Díaz y Luz Mary Alpízar.

Desde 1890 se estableció que para aspirar a cargos de elección popular solamente se podía hacer por medio de partidos políticos. De esta forma, desde esa fecha se desarrolló la democracia política electoral de Costa Rica, que en términos generales ha sido bastante democrática, sin restricción de partidos políticos exceptuando las restricciones que se establecieron para la participación de los comunistas en 1929 que se prohibió que lo hicieran con ese nombre, por lo que el Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931, cambió de nombre para efectos electorales, por el del Bloque de Obreros y Campesinos, nombre con el que participó en elecciones desde 1934 hasta 1942. En 1943 el Partido Comunista, resultado de una alianza con la Iglesia Católica y el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, para aprobar las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, cambió de nombre por Vanguardia Popular. Con este nombre participó en la coalición Bloque de la Victoria, en 1944 y lo intentó en las elecciones de 1948. El resultado de la guerra civil de marzo y abril de 1948 lo proscribió electoralmente desde 1948 hasta 1975.

En el siglo XX se desarrollaron las corrientes político-electorales de izquierda, socialistas, comunistas y las social cristianas y social demócratas, especialmente a partir de la década de 1940

Varios intentos de partidos de izquierda, para participar en elecciones entre 1948 y 1969 fueron sometidos a la proscripción que existía desde 1948. A los comunistas les prohibieron elegir por ellos mismos, pero a las personas comunistas no les impidieron votar por otros partidos, durante esos años. Este es el lunar que la democracia electoral de Costa Rica que ha tenido.

Desde 1970 hasta hoy ha habido representación electoral de izquierda en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, desde dos hasta nueve diputados, de 57 parlamentarios que integran el Poder Legislativo costarricense. Actualmente hay seis.

En la vida parlamentaria de Costa Rica, por la fuerza liberal de finales del siglo XIX se prohibió en 1898 que los católicos se organizaran en partido político, y se estableció que no se podía participar en elecciones aduciendo o agitando sentimientos religiosos.

A partir de 1970 empezaron a surgir partidos de orientación cristiana no católicos, que han venido participando en las elecciones, eligiendo diputados desde 1998. La restricción para los partidos católicos sigue vigente, no así para los partidos cristianos no católicos, que actualmente tienen seis diputados.

En el desarrollo político gubernativo de Costa Rica desde 1953 hasta hoy ha habido 18 gobiernos estables de cuatro años cada uno. Nueve de ellos la socialdemocracia ha gobernado, seis lo ha hecho el socialcristianismo. Esto dio origen para que se estableciera el criterio del bipartidismo político, para destacar el control que, del gobierno, especialmente, ha tenido el Partido Liberación Nacional, social demócrata, y el partido Unidad Social Cristiana.

Este bipartidismo también se dio por el control que ambos partidos y tenían mayoritariamente de la Asamblea Legislativa, por la capacidad de pactos o acuerdos político-legislativos que podían establecer o imponer.

En 1998 este bipartidismo parlamentario se rompió, obligando a esos partidos a tomar en cuenta a los otros partidos, por pequeños que fueran para los acuerdos y pactos parlamentarios.

En el 2010 el bipartidismo gubernativo se rompió cuando surgió un nuevo partido político, en el 2002, Acción Ciudadana, que llegó a gobernar de manera seguida en los gobiernos del 2014-2018 y del 2018 al 2022. Este partido surgió con ex militantes de Liberación Nacional y de otras corrientes de izquierda. A partir de ese momento bien se podía hablar del tripartidismo gubernativo.

Pero, para las elecciones del 2022 surgió participando, por primera vez, el Partido Progreso Social Democrático, que eligió al actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del gobierno de Acción Ciudadana del 2018-2022, que funcionario internacional del Banco Mundial por 35 años, igualmente alejado de la vida política por esos mismos años, desconectado de la tradición política y democrática del país, modelado al estilo de los ejecutivos de estos organismos internacionales, acostumbrados a imponer a los países en que actúan sus políticas y decisiones, como verdaderos tiranos, y acostumbrados por la debilidad de los gobiernos tercermundistas donde actúan a ser acatadas aceptadas sus decisiones, bajo la amenaza de retirarles los apoyos financieros y de asesorías que les acompañan. Del Banco Mundial salió expulsado acusado de acoso sexual a funcionarias de esa institución, existiendo una disposición que le prohíbe entrar a las oficinas de dicho Banco.

En la campaña electoral Rodrigo Chaves logró capitalizar la simpatía electoral enfrentando al bipartidismo tradicional, habida cuenta de que los dos partidos que lo representan habían tenido escándalos políticos asociados a expresidentes, que habían sido acusados penalmente. Su discurso también se orientó hacia los sectores sociales y de las regiones marginales y periféricas que en las políticas y acciones públicas habían sido marginadas o excluidas, donde se concentraba la mayor pobreza del país.

En esas elecciones su partido Progreso Social Democrático apenas pudo elegir 10 diputados, situación que no ha podido manejar, por la no tradición y experiencia política de su ausencia del país, y por la improvisación que ha tenido que hacer de los funcionarios y equipos de gobierno que ha nombrado, que están sometidos al Estado de Derecho, a la Constitución Política, Leyes de la República e instancias controladoras públicas, como la Contraloría General de la República, encargada de la vigilancia y buena administración de la Hacienda Pública, que solo les permite actuar en el marco de las leyes, bajo controles, y no como quisiera el presidente, actuar sin controles y sin leyes.

Como presidente ha enfatizado en el discurso de “que no lo dejan gobernar”, que “los gobiernos anteriores, desde 1953, han sido de dictadores y tiranos, que solo han gobernado contra el pueblo favoreciendo a grupos económicos, financieros y empresariales asociados a los presidentes” de esos 17 gobiernos anteriores al suyo.

En su práctica política y gubernativa se ha enfrentado a los Poderes Públicos, a la Sala Constitucional del Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a los partidos políticos con representación parlamentaria, a los medios de prensa y de comunicación nacional, a sus periodistas y a gestores de opinión y comunicadores sociales. Su enfrentamiento es al cuerpo de los integrantes de estas instancias, con lenguaje soez, vulgar, provocador, amenazante, actuando desde a institucionalidad que el gobierna y maneja como un déspota o tirano, contra las personas que pueda afectar con las acciones de esas instancias gubernativas.

Ha dicho claramente que desearía gobernar con mayoría legislativa de por lo menos 40 diputados, con mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la mayoría plena de los magistrados del Tribunal Supremo de elecciones y sin la institución Contraloría General de la República. en su

En su accionar y en sus ataques ha debilitado al Estado de Derecho y al Estado Social de Derecho. Ha impulsado nacionalmente una situación de tensión social aguda, de falta de respeto, de agresiones orales a las personas que se le oponen o critican, ha provocada que eso se extienda a la ciudadanía y a los grupos que moviliza cubriéndoles gastos de transporte, comida y un pago por participar en las movilizaciones o convocatorias que realiza. Ha convocado a grupos de ciudadanos para ir a pedir la destitución y agredir verbalmente a los miembros de la Corte Suprema de la Corte, de su Sala Constitucional, de la Contralora General de la República y también contra el Tribunal Supremo de Elecciones. A este último lo acusa de intentar un golpe de Estado en su contra.

Constantemente habla de ese peligro que él corre, provocando con la violencia ciudadana que se vive, estimulada por el mismo gobierno, un estado de inseguridad, con el ánimo de poder establecer, de ser posible antes de las elecciones de febrero o de abril, si hubiera una segunda ronda, un Estado de Excepción, que le permita gobernar sin leyes, y en condiciones de un Estado de Sitio, como en las dictaduras.

Ha mostrado su interés de continuar gobernando a partir de mayo próximo cuando se le acaba su período presidencial, lo que no puede hacer porque no tiene opción de reelección continua. Tiene que esperarse ocho años. Esto lo tiene desesperado.

Pero existiendo elecciones, ha logrado inscribir varios partidos políticos con el ánimo de lograr esa mayoría parlamentaria, con la cual acabaría con el Estado de Derecho.

De los partidos que inscribió, que se identifican con él, el que recibe todo su apoyo principal es el que propone la candidatura presidencial de su ex ministra de Planificación y ex ministra de la Presidencia, Laura Fernández, que repite el mismo discurso del presidente. Ella ha sido clara: quiere 40 diputados. Ha dicho contundentemente que quiere gobernar sin controles de ningún tipo para poder gobernar. Claramente ha manifestado que el problema principal del gobernante es que está sometido a leyes y a controles de administración.

Este es el peligro fundamental que tiene hoy la democracia costarricense: que se acabe con su Estado de Derecho, con su Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos ciudadanos, que por la vía electoral se mantenga un gobierno interesado en desarrollarse con formas tiránicas, dictatoriales, despóticas, autoritarias, que por la fuerza y sin controles, legales ni político administrativos, puedan impedirles actuar.

Continuar con el gobierno, con su partido Pueblo Soberano, con su candidata Laura Fernández, es avanzar hacia la bukelización de la sociedad costarricense. Es colocar al país en la balanza de los mandatarios de la ultraderecha latinoamericana, como Javier Milei, en Argentina; José Antonio Kast, en Chile; Nayib Bukele, en El Salvador; Rodrigo Paz en Bolivia; Daniel Novoa, en Ecuador; Nasry Asfura, en Honduras, en caso de que se imponga como ganador, junto a los presidentes de Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, y como faldero sumiso de Donald Trump.

Compartido con SURCOS por el autor.