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Etiqueta: acción sindical

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas en el Homenaje póstumo al policía Bryan Josué Rivera Oviedo

Mensaje del Pbro. Luis Alejandro Rojas A.
Explanada Asamblea Legislativa
31 de enero de 2024

Queridos hermanos y hermanas:

“Jesús lloró”, según nos narra el evangelio que acabamos de escuchar por la muerte de su amigo Lázaro (S. Jn. 11,35); la muerte es dolor.

Esta mañana, también, Jesús llora con nosotros. Aquí y a ahora llora con nosotros. Así como abrazó a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, abraza a la madre de Bryan Josué por la muerte de su hijo; a su esposa y a sus hijos y a todos aquellos que sufren su partida.

Esta mañana resuenan las palabras de Dios nuestro Padre que preguntó a Caín por la muerte de su hermano Abel: “¿Dónde está tu hermano Abel?” (Gn. 4,9). A lo que Caín respondió: “No sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?” A lo que replicó Dios: “¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mi desde el suelo. Pues bien, maldito seas” (Gn. 4,11).

Es la justicia de Dios creador de todas las cosas que reclama por nosotros. Ya el Evangelio de San Mateo en el Capítulo 25 lo dice ante el acontecimiento del juicio final: “Cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron” (S. Mt. 25,40).

De ahí la importancia, ante el homenaje póstumo para Bryan Josué, de no anidar ni odio ni rencor. Sabemos que la violencia engendra violencia. Dios se encargará.

Gracias a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por convocarnos y rendir este justo reconocimiento a un insigne trabajador de la Fuerza Pública que ofrendó su vida ante el altar de la Patria.

Eso sí, “a Dios orando y con el mazo dando”. Nuestra presencia en frente del edificio de la Asamblea Legislativa es para llamar la atención de nuestros legisladores y procurar que mediante acciones parlamentarias se evite más muertes de inocentes, y sobre todo de servidores públicos que en primera fila de atención defienden a la ciudadanía costarricense del flagelo de la criminalidad producto del narcotráfico y el narco negocio.

No obstante, bien lo dicen los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, al referir que el problema de la criminalidad es pluricausal. Y la causa mayor es el empobrecimiento de nuestra población, especialmente en las zonas costeras, “Nos duele en el alma que muchos de nuestros jóvenes, fruto de la exclusión educativa, la pobreza y la falta de oportunidades, estén siendo captados por estos delincuentes, de cuyos actos detestables deberán dar cuentas a Dios”.

Son “causas estructurales, políticas, sociológicas e históricas que nos han llevado a tener estos estremecedores niveles de violencia”. Y agregan los Obispos: “la extrema polarización de nuestra sociedad, esa desigualdad que hunde a tantas familias en la miseria y el hambre, mientras otras pocas ven duplicarse y hasta triplicarse sus fortunas año con año”.

Siguen diciendo nuestros Obispos: “Es una emergencia, y debe ser una prioridad de todo el Estado en su conjunto, poner los recursos materiales y humanos necesarios para frenar esta oleada de violencia homicida en el país, comenzando por una presencia policial firme y permanente, con énfasis en los lugares y ambientes donde se sabe que hay más presencia y actividad delincuencial”.

Ante esta responsabilidad grave para nuestros cuerpos policiales, la Conferencia Episcopal solicita en su mensaje del pasado 22 de enero, que “se discuta y se aprueben las leyes que permitan a las autoridades disponer de más y mejores herramientas legales para cumplir su trabajo, manteniendo la lucha contra la corrupción en sus funciones y contando con recursos económicos suficientes para hacerles frente”.

Señores Diputados y señoras Legisladoras, ya no hay tiempo, esta oleada de criminalidad hay que atenderla. Llamo la atención particularmente a los Legisladores Católicos: ¿Cuál es su compromiso en esta tarea de dotar al país con las herramientas legales para mitigar la ola de violencia y criminalidad?

La ciudadanía también los interpela porque muchos de nuestros políticos una cosa es lo que piensan, otra lo que dicen y otra lo que hacen, dejando vacíos de coherencia para atender el clamor de nuestro pueblo.

Cuantas veces Bryan Josué Rivera, entonando la Patriótica Costarricense habrá cantado “Costa Rica es mi patria querida (…) la defiendo, la quiero, la adoro y por ella mi vida daría, siempre libre ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión”.

Por eso, Bryan Josué, agradecemos su ofrenda personal por la patria, gracias por defendernos, gracias por morir por todos nosotros.

Así, no solo venimos a homenajear a un joven patriota que muere vilmente defendiendo a Costa Rica; sino, para clamar por nuestros cuerpos policiales para que en adelante no se repita este hecho fratricida.

Hoy resuenan las palabras de nuestros Obispos “¡No podemos dejar que Costa Rica se nos pierda en un baño de sangre!”

Que la Santísima Virgen María, Reina de los Ángeles, interceda por nuestros policías y la seguridad de nuestros ciudadanos.

Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra la Ley Marco de Empleo Público

– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea

La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.

En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.

Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).

Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.

Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.

En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.

En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.