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Etiqueta: financiamiento educación superior

UCR: Ilesa la Autonomía Universitaria

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Mesa de negocación de la comisión de enlace, este 22 de agosto del 2023, en el Consejo Nacional de Rectores.

Financiamiento de la educación superior pública tendrá un aumento del 2 % para el 2024 

Las autoridades universitarias y la representación estudiantil logran la defensa de la Autonomía Universitaria y evitan interferencia del Ejecutivo en la gestión y planificación universitaria

En la décima sesión de la Comisión de Enlace, realizada este 22 de agosto, las autoridades universitarias y la representación estudiantil lograron un acuerdo de aumento para el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) de un 2 %, más un ajuste automático si la inflación supera ese porcentaje. Además, se modificaron las propuestas del Ejecutivo que le permitían intervenir en la gestión y planificación universitaria.

El acuerdo que fue calificado por ambas partes como exitoso, logró evitar que la discusión terminara en el seno de la Asamblea Legislativa, un escenario que se vislumbró como posible, hecho que hubiera marcado un hito histórico.  Sin embargo, el acuerdo llegó antes. 

En una sesión maratónica de casi ocho horas, las partes lograron un acuerdo este 22 de agosto, uno en el que las universidades lograron duplicar la oferta inicial dada por el Ejecutivo y adicionalmente se acordó un aumento automático del monto, en caso de que la inflación a junio del próximo año supere ese porcentaje. 

Adicionalmente las y el representante de Gobierno en la comisión de enlace permitieron todas las modificaciones al texto del acuerdo que comprometían la Autonomía Universitaria. 

En un documento anterior, enviado por el Ejecutivo se condicionaba el financiamiento a las universidades a un listado de requisitos que fueron considerados por las autoridades de Conare como inaceptables.

El documento pretendía: 

– Imponer que el mecanismo oficial de rendición de cuentas de las universidades hacia la ciudadanía sean solo los treinta indicadores, en los cuales tiene interés el Ejecutivo y orientar el presupuesto únicamente a esos indicadores. Lo anterior sería desconocer  la herramienta de planificación universitaria (PLANES) que incluye más de 100 indicadores vinculados con el desarrollo sostenible y que sobrepasan la visión de corto plazo de un gobierno. 

– Obligar a las universidades a diversificar sus fuentes de ingreso, incluido  el incremento en el monto de la matrícula. Lo cual, es un paso inequívoco hacia modelos muy distintos de educación pública que tienden a su privatización.

– Desarrollar proyectos de investigación que respondan a criterios políticos. Lo que atenta contra el desarrollo de las ciencias en todos sus campos, especialmente en áreas como las artes y la cultura. 

Así lo explicaron las representaciones estudiantiles de las cinco universidades públicas que se manifestaron la tarde del 22 de agosto para solicitar a la rectora y rectores de las Universidades Públicas no firmar el acuerdo del FEES bajo esas condiciones.

Miembros de la Comisión de Enlace previo a conferencia de prensa ofrecida en la noche de este 22 de agosto.

Sólida postura de Conare: Es 8 %

La rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez; y los rectores Gustavo Gutiérrez Espeleta de la Universidad de Costa Rica (UCR); Francisco González Alvarado de la Universidad Nacional (UNA); Emmanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED);  mantuvieron durante todo el proceso de negociación una postura unificada. 

Con este acuerdo se cierra un proceso arduo que demostró a un Consejo Nacional de Rectores unido y firme en la defensa de la educación pública en todos sus niveles. 

Las luchas de Conare incluyen el reciente archivo del proyecto de ley 23 380, con el cual la actual administración pretendió modificar las bases constitucionales del modelo de  financiamiento de la educación superior pública, y fuertes movilizaciones sociales que evidenciaron la importancia país de no deteriorar la educación pública.

En ese sentido, las autoridades universitarias concluyeron la jornada con un llamado a mantenerse vigilantes del cumplimiento de los acuerdos del FEES y especialmente dar seguimiento a las acciones gubernamentales que permitan el financiamiento de la educación con el  8 %  constitucional.

Acuerdo FEES 2024 reconoce la inflación

El acuerdo de FEES para el 2024 cumple con el mandato constitucional de reconocer al fondo el aumento por costo de vida. Con este crecimiento del 2 %, se está dando un monto que entra dentro del margen de inflación proyectado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es  de 3 +/- 1 % para el próximo año. 

Además, se incluyó una cláusula para revisar y ajustar automáticamente el FEES en el mes de julio 2024, en caso de que la inflación supere el 2 %.

Un punto en el que no se logró total acuerdo fue el reconocimiento a la base del 1 % adeudado del 2023. Las partes acordaron un monto para ello pero, aplicado al 2024.

Adicionalmente, en el contexto de este proceso y finalizada la negociación, el Conare reiteró su compromiso de continuar el análisis relacionado a un mecanismo de redistribución del FEES, en respuesta a la solicitud de las cinco representaciones estudiantiles y a la decisión propia del Conare.

 

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

CONARE rechaza y desmiente declaraciones del Presidente de la República sobre financiamiento de la educación superior pública

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

3 de febrero del 2023. Ante las declaraciones del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, realizadas ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, en la cual indicó que las universidades estatales no rinden cuentas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y que se ha recortado presupuesto destinado a las becas, a la investigación y a la infraestructura, entre otras argumentaciones.

El Consejo Nacional de Rectores rechaza y desmiente enfáticamente los argumentos falsos del Poder Ejecutivo emitidos sin datos ni evidencia y que están alejados de la realidad y de la gestión de las universidades estatales.

1. La educación universitaria pública para el año 2021, contaba con una población de más de 143.000 estudiantes. De la cual el 82% de los estudiantes matriculados de primer ingreso procedían de los colegios públicos y más del 64% de los graduados de las universidades estatales provenían de hogares donde los padres no tienen un título universitario.

2. Durante el año 2021, el 63% de los estudiantes de las universidades públicas contaron con algún tipo de becas, porcentaje superior al 80% en las regiones periféricas del país.  Las universidades estatales han reforzado de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes.

3. Aumento en el acceso a la universidad estatal de jóvenes de hogares más pobres afirma el último informe del Estado de la Educación (2021). En una década, la proporción de jóvenes de 18 a 24 años de hogares de quintil bajo de ingresos (quintil 1, quintil 2 y quintil 3) que accedió a la educación universitaria pública aumentó pasando de 8% en 2010 a 20,12% (2021) en el quintil 1, de 15,5% a 26,21% en el quintil 2 y de 21,7% a 32,47% en el quintil 3.

4. En Costa Rica son las Universidades Públicas las que más invierten en investigación científica, el desarrollo e innovación, más del 90% de la investigación desarrollada en el país se realiza en las universidades públicas. Durante el 2021, se realizaron 2.240 proyectos de investigación, más de 2.000 publicaciones científicas y se invirtió 67.599 millones de colones en I+D.

5. Las universidades públicas son las únicas que realizan proyectos de Extensión y Acción Social para solventar las necesidades de poblaciones y sectores claves para el país. En el 2021 se desarrollaron 1.259 proyectos, ejemplo de ello es el proyecto “Costa Rica aprende con la U pública”. Esta modalidad organiza cursos virtuales gratuitos y su oferta ha sido de 152 cursos que han impacto alrededor de 5.000 personas.

6. Las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal, por la naturaleza de sus servicios, requieren de un fuerte componente de talento humano, y esto lógicamente se refleja en sus presupuestos. Para el 2021 y 2022, no hubo ningún tipo de aumento salarial, ni reconocimiento de la anualidad. Estas medidas y otras en materia salarial han hecho que el presupuesto destinado a “Remuneraciones” muestre una tendencia a la baja, disminuyendo en el periodo 2019-2022 en ¢2.782 millones de colones. Se debe tener presente que los resultados de las medidas tomadas en materia salarial tienen un efecto mayor a largo plazo.

7. El Consejo Nacional de Rectores trabaja en un régimen de empleo unificado para el Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal con sus procesos de remuneraciones, reclutamiento, selección, nombramiento, administración, méritos, evaluación y sancionatorios, conforme a los principios del régimen de empleo del sector público, estipulados en las leyes, los Estatutos Orgánicos de las universidades y la Constitución Política, el cual estará listo para el 2024.

8. Las universidades estatales cumplen con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Se somete a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, las universidades públicas han cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

9. El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

10. El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Es evidente que la posición del Poder Ejecutivo no tiene fundamento, los argumentos empleados son falsos y responden a un ataque que pretende debilitar y dañar la gestión de las universidades públicas, con la intención de intervenir en la educación universitaria estatal, como lo pretende hacer con el proyecto de ley 23.380, contrario a lo establecido constitucionalmente.

Desde las universidades públicas nos permitimos recordar que la mejor defensa de la ley y la institucionalidad, pasa por garantizar a la educación pública el presupuesto del 8% del PIB como un mínimo garantizando por la Constitución, esa es la mejor arma contra la politiquería, las noticias falsas, los discursos de corte populista y la polarización de la sociedad costarricense.

Pese al tono ofensivo de las palabras, emitidas en la conferencia de prensa, las universidades públicas seguirán esperando que el Poder Ejecutivo permita que se materialice la aspiración constitucional de que, en el marco de la autonomía, coordinemos para buscar potenciar el desarrollo nacional, como lo hemos hecho siempre.

Es por eso, que hacemos un llamado al Gobierno de la República al equilibrio, al respeto y a la observancia de la Constitución Política, a proporcionar información veraz que es la base para una sociedad más crítica, educada y que pueda tener herramientas para discernir las ideas que nos hagan progresar hacia una sociedad más democrática y equitativa.

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El compromiso con la autonomía universitaria en Costa Rica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

En 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan

ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI

Pablo Santana

La clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás

La autonomía de las universidades, es uno de los logros más apreciados hasta hoy, por la sociedad costarricense. Desde la clausura de la vieja Universidad de Santo Tomás en 1888, el país no contó con otra universidad sino hasta 1941 con la creación de la Universidad de Costa Rica durante el gobierno de orientación social cristiana de Rafael Ángel Calderón Guardia.

Sin embargo, la idea de crear una universidad se había dado a conocer desde el año 1935, con la llegada al país de la llamada “Misión Chilena” que ese año hizo público un extraordinario informe sobre las grandes y necesarias reformas que urgían a la educación costarricenses. El Tomo III de dicho documento elaborado por el Dr. Luis Galdames se titula precisamente: La Universidad Autónoma, ya que a su juicio “no se concebiría, pues, una corporación docta que careciese del poder dinámico brotado de su propia vida interna, para renovarse y prosperar constantemente” pues corresponde a la propia universidad para ser tal, patrocinar sus propias “reformas más o menos trascendentales en frecuentes lapsos”.

Y lo más importante, concibió que “en gracia de la completa autonomía que se le confiera, la Universidad de Costa Rica va a encontrarse en condiciones más ventajosas que cualquiera de sus hermanas del continente, para desenvolver un plan de vasto alcance, con unidad y continuidad de miras. NO ENTRAÑARA SU ACCIÓN NINGÚN PREJUICIO, NINGÚN INTERÉS TRADICIONAL, NINGUNA SECTA NI NINGÚN PARTIDO, NINGÚN INFLUJO TRANSITORIO O IMPRUDENTE, EXTRAÑO A SUS FINES…” y obviamente señala que para lograrlo se necesita total independencia corporativa, absoluta y amplia “tanto cuanto sus normas de acción lo justifiquen. Es a esa independencia y a ese poder de medirse y determinarse según su propio criterio, a lo que llamamos AUTONOMÍA UNIVERSITARIA”.

Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él

Garantía constitucional

Además, aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción.

Este informe fue la base sobre la cual se estructuró la ley que creó la Universidad de Costa Rica en agosto de 1940 y que abrió sus puertas en marzo de 1941. Así, desde el principio, esos dos hitos fundamentales para que una universidad se repute de seria, estuvieron presentes en todo el proceso de creación de la universidad. 

Sin embargo, aquella garantía legal no era suficiente. Por ello, después de los hechos políticos de 1948, que nos llevaron a nuestra última guerra civil y la necesaria convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente; ésta introdujo en el texto de la nueva Constitución de 1949 el concepto de autonomía institucional para varios entes especializados del estado e incluyó a la Universidad de Costa Rica, a la que  otorgó plena autonomía  y capacidad jurídica para “adquirir derechos y contraer obligaciones, así como darse su organización y gobierno propio” garantizando en ese momento, que sus rentas anuales serían el 10% del presupuesto dedicado a educación, cuyo manejo era absolutamente de su incumbencia y de nadie más.

Pablo Santana

Democraticación en el acceso

Con esto se garantizaba, nada menos que por vía constitucional, la más autónoma de las autonomías, como se dijo en su momento, y además con rentas claramente establecidas para ella y no fueran motivo de su manipulación. Si agregamos que, además, la libertad de cátedra quedó establecida también en la Constitución al señalar que es un principio fundamental de la enseñanza universitaria, el círculo de la UCR quedaba blindado y seguro en aquellos dos principios fundamentales.

Pasaron los años, la población del país aumentó, la gratuidad de la enseñanza secundaria que también estableció el nuevo texto fundamental y  que, a su vez, complementó la ley de 1869 con relación a la educación primaria, incrementó la necesidad y demanda universitaria; por lo que entre 1970 y 1977 se crearon tres nuevas instituciones: Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), amparadas a una reforma constitucional, por la  que todas las universidades que fueran creadas posteriormente al año 1949, gozarán todas de aquellos mismos derechos y garantías constitucionales de autonomía y libertad de cátedra.

Gracias a la existencia de otras leyes, las universidades recibían diferentes rentas que ayudaban a complementar los ingresos que señalaban sus leyes de creación; pero era obvia su insuficiencia e inconveniente disputa por obtener mayores recursos.

aparejada a esa autonomía de gobierno, y que no puede existir la una sin la otra, está la más irrestricta LIBERTAD DE CÁTEDRA, como garante del pensamiento académico y científico sin ninguna restricción

Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES)

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Por eso, en 1981 se reformó de nuevo la Constitución para crear el Fondo para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FES), que no solo conserva las rentas que les son propias, sino que el presupuesto global será el producto de un plan quinquenal, aprobado conjuntamente con el gobierno, pero que nunca puede ser inferior al anterior, más la inflación; además establece que estas rentas no pueden ser abolidas o disminuidas, sino no se crean antes otras que las sustituyan.

Una vez establecido el nuevo fondo quinquenal, son las universidades las que, por medio de Oficina de Planificación de la Educación Superior y el Consejo Nacional de Rectores, organismos totalmente universitarios, aprobarán el plan de desarrollo y repartición porcentual de aquellos ingresos. Desde su vigencia, nunca se han dado conflictos insalvables entre las universidades, por este motivo,

Este histórico sistema de garantía a las libertades universitarias, siempre ha sido visto con positivo apoyo por la inmensa mayoría del pueblo costarricense, que ha sabido cuidar de ese patrimonio; aunque no han faltado ni faltan quienes quisieran acabar con él.

Los huestes neoliberales son su principal enemigo, tanto que, en este momento, hay en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley enviado por el actual Poder Ejecutivo, de sueños autocráticos, que pretende que ese fondo sea creado por una comisión integrada por los ministerios de Educación, Hacienda y Planificación que también supervisarían que las carreras que se ofrezcan estén dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de las necesidades de la empresa privada.

Si bien el Poder Ejecutivo solo tiene 9 diputados de 57, podrían encontrar que algunos de otros partidos apoyen semejante desafuero, por lo que la lucha que nos espera a los universitarios y pueblo costarricense, es grande.

 

ÓSCAR AGUILAR BUGARELLI, Catedrático Universidad de Costa Rica UCR y Universidad Nacional UNA.

Publicado en https://www.espaciosdeeducacionsuperior.es y compartido con SURCOS por el autor.

En defensa de la autonomía universitaria

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dra. Yamileth González García, Exrectora de la UCR

Hoy, como en pocos momentos de nuestra historia, frente a los adversos y amenazantes vendavales autoritarios que corren en el país, las y los universitarios nos enfrentamos, otra vez, al reto de defender la autonomía y el financiamiento de las universidades públicas; una defensa de principios esenciales para el quehacer de las instituciones de educación superior, ya que se trata de los fundamentos que posibilitan un accionar libre de estas instituciones en beneficio de la sociedad costarricense sobre principios que han estado por décadas consignados en la Constitución Política y que han sido reiterados por diversos fallos de la Sala Constitucional y que hoy, como otras veces, “algunos” pretenden ignorar.

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Lo señaló con claridad el Voto 1313-93 de la Sala Constitucional: “(…) la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido». La universidad debe ser independiente, como lo subrayó el jurista Luis Baudrit Carrillo, 2011; tiene que estar libre de acciones que busquen debilitarla en el cumplimiento de su deber, o que pretendan quebrar su rol imprescindible en pro del bienestar nacional.

Y es que cuando los gobiernos autoritarios se sienten amenazados por el pensamiento crítico que se genera en las  universidades, lo primero que hacen es atacarlas, como parece que está sucediendo en este momento en el país. Todas y todos los universitarios y la comunidad nacional hemos visto la fuerte y orquestada agresión que han recibido las Universidades Públicas desde el momento mismo en que se intenta debilitarlas financieramente, con la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y con afirmaciones falaces que lo único que evidencian es un total desconocimiento del quehacer y el aporte que estas instituciones le dan al país.

Hoy, el Poder Ejecutivo presenta una propuesta que contraviene ese principio fundamental de la educación superior pública, atentando y desconociendo torpemente ese fundamento constitucional. Así, pretenden desconocer la esencia de esa noción, que como lo indica el  voto citado de la Sala Constitucional “(…) la autonomía consagrada a las universidades en el  artículo 84) constitucional, ha sido clasificada como especial, completa, y por ella distinta de los entes descentralizados de nuestro ordenamiento jurídico regulados por los artículos 188 y 190 de la Carta Política, lo que significa que las Universidades del Estado, aún cuando pertenecen a este, están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía y que cuentan con todas las facultades y poderes para llevar a cabo los fines constitucionalmente encomendados”. Además, como lo escribió Iván Salas, 2010, ex asesor de la rectoría y hoy Juez Contencioso Administrativo, la Asamblea Legislativa no puede legislar en relación con “(…) temas relacionados con la organización o auto estructuración universitaria, tales como sus propios planes, presupuestos, programas, estructura de su propio gobierno conforme a su normativa interna, sobre su potestad reglamentaria mediante la cual pueden repartir sus competencias dentro del ámbito interno y desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que presten y decidir libremente sobre su personal”.

Es importante aclarar que cuando hablamos de autonomía y de su importancia para el trabajo de las universidades públicas, no se trata solo de un valor para estas instituciones,  sino de lo que significa, particularmente, para la sociedad costarricense, contar con universidades que trabajen en forma independiente y sin presiones de ninguna naturaleza por el bienestar de la nación y su desarrollo integral. Un significado, el de autonomía, que como señala Axel Didriksson, 2006, está ligado “a la construcción de un mundo mejor, a la idea de un proyecto cultural nacional”.

No puede la universidad trabajar sin autonomía, para cumplir su misión de hacerlo desde la libertad de pensamiento y acción, con la injerencia política de los Gobiernos de turno, sin que eso no signifique una disminución de los beneficios que recibe la sociedad.

Por ello, las universidades públicas tienen que demandar, al Poder Ejecutivo y al Legislativo y, a todo aquel que, de modo directo o indirecto, pretenda interferir en sus funciones, en su gobierno, en su organización y en su patrimonio, respeto por su quehacer.

Las universidades tienen muy claro, contrario a lo que tergiversan algunos interesados, que la autonomía, no es un cheque en blanco; por el contrario, están sometidas a todos los controles, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, de los mismos organismos de control internos y de toda la legislación pertinente y desde luego al juicio de la sociedad a la que se debe.

Siempre las universidades han cumplido con la rendición de cuentas, pues, como se señaló desde la Asamblea Constituyente de 1949, la noción de autonomía universitaria implica “libertad pero con responsabilidad”, lo dijo Luis Dobles Segreda: “por autónoma que sea la Universidad, deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto gasta y en qué lo gasta”.

No es este el problema en discusión, sino el del respeto que el Gobierno debe tener para con las instituciones de educación superior y para la Constitución Política misma. Por tanto, ante una violación de los principios constitucionales en un país de derecho, exigimos que se respeten la autonomía y la independencia universitarias.

 

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen, UCR.

FEES: Crónica de una muerte anunciada. FEITEC: ¿Un “Hilo de Ariadna” hacia la claridad?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón
31 de agosto de 2022

La puesta en blanco y negro de las palabras, pensamientos, adscripción, militancia de la presidenta de la FEITEC, Abigail Quesada Fallas, sobre el proceso de imposición* gobierno/aceptación del FEES, por parte de los rectores de las cinco universidades públicas, es una manifestación de elementos que ayudan a darle fundamento a preguntas pertinentes.

* Rector de la Universidad de Costa Rica

“A criterio de la FEITEC el acuerdo alcanzado era satisfactorio pues inicialmente el gobierno planteó un recorte de 148.000 millones de colones. “Dicha propuesta podría significar complicaciones en las universidades que menos recursos reciben del FEES, derivando en reducciones a los sistemas de asignaciones de becas”. Delfino.cr

Burda justificación, para aceptar el “mal menor”.

Preguntas que ya tiene respuesta son: ¿a qué obedece la posición de la presidenta de la FEITEC y de la FEITEC, si no dice lo contrario y por qué tiene el atrevimiento de decir que el rector de la UCR puso en riesgo negociación del FEES y plantear la redistribución del mismo entre las universidades?

En el Foro: Análisis del acuerdo firmado en Comisión de Enlace sobre el FEES 2023, realizado el lunes 29 de agosto, en instalaciones del TEC, una profesora de la Institución llamó a reflexionar a los estudiantes del TEC, con las siguientes palabras: “ En el tema de FEITEC … yo quisiera decir también a nuestros estudiantes que por favor se pregunten si de verdad la FEITEC los está representando… si de verdad lo que está haciendo la FEITEC los representa, porque pareciera que por un lado está la FEITEC pero por otro lado… y ese comunicado enviado por FEITEC yo quisiera ver si de verdad fue aprobado por la mayoría de los estudiantes, lo cual dudo muchísimo como docente que soy…”

Por su parte otro profesor comentó y afirmó: “…Como es posible que nosotros no reaccionemos cuando una estudiante, la presidenta de la Federación de Estudiantes de esta Universidad, que está en la plana del partido de Otto Guevara, un reconocido enemigo público de las universidades públicas…ahí está y no reaccionamos… y nos dice que las universidades, el presupuesto es un gran negocio, para quién?.. los cinco rectores deberían decirnos qué están dispuestos a defender y qué no están dispuestos a defender… un 1% de crecimiento…”.

Esto nos obliga a otra pregunta en consecuencia: ¿Qué estudiantes están formando en el ITCR, pero no sólo en el ITCR, en todas las universidades públicas.

Si bien la educación es vehículo de movilidad social, otra cosa es que sea un vehículo de arribismo egoísta.

Y con respecto a los rectores: Defender algo, se hace sobre la base de unos principios que a su vez son la base de una adscripción. ¿Cuál es su adscripción política y económica? ¿A qué adscriben entonces?

Recuerdo en el año 2011, atendiendo una invitación de la Asamblea Legislativa para conversar sobre un proyecto de educación. Ese año, el rector del TEC presidía Conare, y como tal fue invitado, pero expuso sus ideas diciendo que las universidades públicas destinaban muchos recursos a las ciencias sociales y debían dedicarlos más a los programas STEM, muy en coincidencia con el Banco Mundial. Me sentí indignado y manifesté que ese no era el pensamiento de las universidades públicas.

En ese tiempo yo coordinaba la Región Huetar Atlántica del Programa de Regionalización de Conare.

Durante la campaña para elegir a la presidenta Laura Chinchilla, dos ex rectores de la UNA y un ex rector de la UNED (el actual rector), apoyaron esa campaña.

Durante ese gobierno, uno de esos ex rectores de la UNA, fue nombrado presidente del INA y el ex rector (en ese tiempo), de la UNED fue nombrado presidente ejecutivo del SINART.

Pregunta con comentario: ¿Cuál fue el sustento de la decisión para que a una de las mesas de trabajo de la Comisión de Enlace asistieran sólo los rectores de la UNED y el ITCR?

Parece no haber sido lo más atinado.

¿Por qué los rectores contando con un respaldo constitucional y multitudinario, le cedieron la iniciativa a la parte gubernamental de la Comisión de Enlace?

Por otro lado, es conveniente reflexionar sobre que este puede no ser un fin, sino un principio en la defensa de la institucionalidad pública.

Entre otras cosas, la educación es la construcción de una mejor persona: tierna, respetuosa, solidaria y transformadora. O no es educación y puede que sea una simple transferencia de conocimientos.

 

Imagen ilustrativa. Mural, Facultad de Derecho, UCR.

Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 2023

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

En atención a los artículos 77, 78, 84 y 85, de la Constitución Política, los cuales establecen el porcentaje mínimo en relación al Producto Interno Bruto (PIB) que debe asignársele a las universidades públicas para su financiamiento, y que es el Estado el encargado de dotar de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica (UCR), al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), a la Universidad Nacional (UNA) y a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Además, partiendo de que la educación superior universitaria en Costa Rica constituye un instrumento esencial para conservar y promover la investigación científica y tecnológica en áreas estratégicas, así como la aplicación de medidas internas en cada una de las universidades públicas para la contención de gastos operativos y remuneraciones, más un aumento significativo y sostenible de ayudas y becas a estudiantes; se alcanzó un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el sector educativo costarricense para la asignación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Dentro de los acuerdos alcanzados, sobresalen los siguientes:

  1. Los recursos destinados a la UTN serán incorporados en el FEES para el año 2023.
  2. Mantener el mismo monto nominal otorgado en el año 2022 para el año 2023, y otorgar sobre dicho monto un incremento del 1% por variación el poder adquisitivo de la moneda, además, para la definición del FEES 2024, se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes.
  3. Las universidades estatales acuerdan destinar 15 mil millones de colones a la inversión de capital.
  4. Las universidades se comprometen a fortalecer y ampliar la cobertura del programa destinado a brindar becas socioeconómicas para los estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
  5. Mayor porcentaje de alumnos del primero y segundo quintil de ingresos (estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad).
  6. Mejorar los tiempos de graduación.
  7. Asignar mayor financiamiento a carreras acreditadas.
  8. Mayor porcentaje de graduados bilingües.
  9. Brindar más cupos en carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM).
  10. Definir una metodología que permita identificar la relación entre la inversión en investigación, desarrollo e innovación, extensión y acción social y los beneficios obtenidos y su comportamiento.
  11. Fortalecer la planificación y presupuesto por resultados.
  12. Las disposiciones legales o resoluciones judiciales que generen nuevas cargas financieras contra el presupuesto universitario, serán cuantificadas y valoradas en el seno de la Comisión de Enlace con la finalidad de acordar su procedencia.

Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://dochub.com/kevinfanu-14/gDqeQZ6VzQQYGAvK0jLO4Y/acuerdo-final-y-anexo-firmado-por-comisio-n-de-enlace-para-fees-2023-pdf?dt=_EoBU7EQmPp39Us4r_nH 

 

Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/06/18/comision-legislativa-que-analiza-el-fees-no-profundiza-en-el-modelo-de-educacion-superior-que-tenemos.html

Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) de la Universidad Nacional, cumple las funciones de Centro Nacional de Alerta de Tsunamis y está reconocido como tal ante la IOC/UNESCO. 

Además de manejar posibles alertas de tsunami, haciendo un análisis de la amenaza para la CNE, el SINAMOT realiza estudios de amenaza de tsunami, mapas de evacuación por tsunami, ejercicios de tsunami y apoya a las comunidades e instituciones en su preparación ante tsunamis.

#LaUPúblicaEsTuya

Para entender hay que hablar con hechos y realidades

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Parte uno 

Dr. Carlos Araya Leandro. Profesor catedrático

El pasado 16 de agosto, en la sesión plenaria ordinaria número 53, en el espacio de “Control Político”, la diputada Pilar Cisneros Gallo señaló una amplia gama de medias verdades, incoherencias y falsedades, respecto a las cuales quiero hacer referencia. La transparencia debe prevalecer en nuestro sistema democrático y por tanto quiero clarificar a la ciudadanía, sobre todo porque la señora diputada al inicio de su intervención expresó que “para entender hay que hablar con hechos y realidades”. Así las cosas, hablemos con la verdad.

Señala la diputada Cisneros, que la Constitución prevé un solo presupuesto que se debe repartir entre más de cincuenta instituciones, incluido el INA. Para no caer en el mismo error de la diputada, cito textualmente el artículo 78 de la Constitución Política de la República “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución”.

Efectivamente, la inversión en educación estatal es una sola, pero no se puede dejar de lado lo que señala el artículo 85 constitucional en relación con el financiamiento de la Educación Superior, el cual indica “las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. Además, se establece en ese mismo artículo que “el Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”. Es decir, la propuesta que defiende la señora diputada de reducir el financiamiento estatal en Educación Superior es contraria a lo establecido en este artículo constitucional.

Señala la señora diputada que entre el presupuesto de la educación estatal se encuentra los recursos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Esta es una afirmación falsa y es realmente lamentable que una diputada de la República demuestre tal desconocimiento de la gestión pública. Según el artículo 15 de la Ley 6868, el financiamiento del INA queda establecido de la siguiente forma: 

“El uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de las planillas de salarios pagados mensualmente por los patronos particulares de todos los sectores económicos, cuando ocupen en forma permanente por lo menos a cinco trabajadores; los patronos del sector agropecuario pagarán un cero coma cincuenta por ciento (0,50%) de ese monto total de sus planillas, siempre y cuando ocupen un número superior a diez trabajadores en forma permanente; y, el uno coma cinco por ciento (1,5%) sobre el monto total de sus planillas de salarios que deberán pagar mensualmente las instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado”.

Se confunde la señora diputada con lo establecido en el artículo 29 del título cuarto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Lo que este artículo señala es que los recursos presupuestarios del INA se contabilizarán como parte del 8% destinado la educación estatal según los términos del artículo 78 constitucional. Evidentemente, lo anterior no significa que el Gobierno de la República toma recursos del sistema educación estatal –preescolar, primario, secundario y superior — para el financiamiento del INA, pues esta institución ya cuenta con sus propias rentas dadas por ley.

Por otra parte, indica la diputada Cisneros que el Estado no puede cumplir con la asignación del 8% el PIB a la educación, y por tanto avala –como lo ha hecho también la Ministra de Educación— el incumplimiento constitucional del artículo 78, al reducir en un 2% el presupuesto destinado a la educación. En ese sentido, desconoce la diputada el voto de la Sala Constitucional (número 12803-2016, del 7 de setiembre de 2016) que declara inconstitucional el incumplimiento de incorporar en el presupuesto de la República un monto menor al equivalente al 8% del PIB en educación y, además, “se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito a acoger esta acción”.

Dando continuidad al posicionamiento discursivo de la señora Ministra de Educación, la diputada Cisneros intenta polarizar a la ciudadanía alrededor de los recursos presupuestarios asignados a la educación de primera infancia, primaria y secundaria en relación con los de la educación superior pública. Esta discusión fue superada en las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que da origen a nuestra Carta Magna. Según el acta número 160 del 4 de octubre de 1949, el diputado constituyente Fernando Baudrit Solera decía: “Se afirma nuevamente que nosotros pretendemos quitarle a la raquítica economía de nuestra educación el 10%. Esto no es cierto. La afirmación carece por completo de validez. (…) Pedimos que el presupuesto general de educación sea adicionado con una partida para la Universidad de Costa Rica, equivalente al diez por ciento del mencionado presupuesto. Esto es, una vez satisfechas todas las necesidades del país en materia educacional que a la Universidad se la dote con una suma básica, que le permita hacer frente a sus múltiples necesidades que aumentan día con día…”.

En consonancia con las palabras del diputado constituyente Baudrit Solera, hoy se puede afirmar que si el Poder Ejecutivo cumple con lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de la República, ratificado por la Sala Constitucional en el fallo 12803- 2016, y se asignara a la educación pública el 8% del PIB, no estaríamos ante los intentos de polarización surgidos en estos últimos días y el sistema educativo como un todo estaría en mucho mejores condiciones, con el consiguiente incremento de oportunidades para la ciudadanía. La polarización no surge entre sectores del sistema educativo, como afirma la diputada Cisneros, sino entre la ciudadanía y el sistema educativo como un todo y los autores del incumplimiento del artículo 78 constitucional.

Muchas de las personas que leen este documento estarán pensando, al igual que la señora diputada, que dar cumplimiento al mandato constitucional implicaría aumentar el déficit de las finanzas públicas. Este es un tema que se tratará en una próxima reflexión sobre la participación de la diputada Cisneros Gallo en el plenario legislativo el pasado 16 de agosto.

 

Compartido con SURCOS por Roberto Salom Echeverría.

Fuente de imagen: UCR

La sostenibilidad de la inversión educativa es fundamental para el desarrollo humano del país

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

Del Programa Estado de la Nación

De acuerdo con la Constitución Política, todos los niveles del sistema educativo deben estar correlacionados, desde el preescolar hasta la educación superior. Es por ello que la inversión que el Estado destina a crear capacidades en las personas a través de los servicios de educación debe garantizarse para todos los niveles. Esa inversión comprende recursos financieros, humanos, materiales e infraestructura y, en el caso de la educación superior, también el financiamiento de la investigación y la acción social para que las capacidades trasciendan a la sociedad.

Los beneficios de esa inversión se perciben en el mediano plazo, cuando poblaciones más preparadas tienen mejor calidad de vida y acceso a oportunidades de trabajo de mayor calidad que favorecen el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Precisamente porque esos beneficios no se logran de un año a otro, la certidumbre y constancia de los recursos para la educación es indispensable. Súbitos vaivenes y la incertidumbre financiera son, en este sentido, profundamente dañinos para el desarrollo del país: construir capacidades educativas es un proceso laborioso y complejo, pero destruirlas es fácil, aunque tiene graves consecuencias que luego sale todavía más costoso enmendar.

Comportamiento histórico pendular de la inversión educativa

Desde una perspectiva de largo plazo, Costa Rica ha tenido un comportamiento pendular en su inversión educativa medida como porcentaje de la producción nacional, lo cual ha perjudicado la contribución del sistema educativo al desarrollo humano del país. Así, la inversión en educación en el país tuvo una fuerte contracción en los años ochenta. A inicios de esa década representaba el 5,3% del Producto Interno Bruto (PBI) y, luego de recortes, llegó al punto mínimo en 1988, cuando cayó a 3,8% del PIB. Como consecuencia, en ese periodo se redujo sustancialmente la construcción de colegios y la cobertura educativa cayó fuertemente, especialmente en secundaria.

Luego de esa abrupta reducción, la inversión en educación se mantuvo alrededor del 4% del PIB. No fue sino hasta el 2000 cuando el país empezó a recuperar los porcentajes de inversión con respecto al PIB que había tenido tenía a finales de los setenta. Entre el 2001 y 2007 llegó a estar en alrededor del 5% del PIB y en los años siguientes se incrementó nuevamente hasta llegar a representar el 7,5% en 2019. Luego de ese año, comenzó una nueva época de contracción y probablemente, en el presupuesto de 2023, se situará alrededor del 6,5%, un punto porcentual menos que cuatro años atrás.

En suma, y visto de otra manera, en pocos años, durante los años ochenta, se perdió una cuarta parte de la inversión social en educación por habitante, pero se necesitaron 24 años para empezar a recuperarla y 34 años para alcanzar los niveles pre-crisis (Trejos y Mata, 2018). Y, nuevamente, la inversión en educación enfrenta una nueva época histórica de profunda incertidumbre, en una situación en la que el país se aleja del cumplimiento de la meta y norma constitucional del 8% del PIB, decretada en el 2011.

El financiamiento de la educación superior

Históricamente, la oscilación presupuestaria también ha afectado el financiamiento de la educación superior pública. En este caso, el Estado canaliza recursos principalmente mediante el Fondo Especial de Educación Superior (FEES) establecido en el artículo 85 de la Constitución Política. Aunque las universidades tienen otras fuentes de ingreso, producto de la venta de servicios, otras fuentes tributarias y el cobro de la matrícula, el FEES es, por mucho, la más importante, pues cubre entre el 85 y 90% de sus presupuestos.

El FEES experimentó fuertes contracciones, especialmente entre 1991 y 2005, cuando pasó de 1,15 del PIB al 0,90% en el 2005, alcanzando un mínimo de 0,79% en 1999. En el 2006 se inició una etapa de recuperación y no fue sino hasta veinte años después que se alcanzó el nivel previo a 1990. Luego del 2007 comenzó un importante período de expansión del financiamiento que permitió alcanzar el 1,43% del PIB y un acuerdo con el Estado, en el 2015, de alcanzar la meta de inversión del 1,5% del PIB.

Un aspecto importante de subrayar es que la recuperación de la inversión pública en educación superior no se hizo a costa de la inversión en la educación preuniversitaria. Como lo ha documentado el Estado de la Educación, entre 2009 y el 2015, la época de mayor expansión de inversión universitaria con respecto al PIB, la importancia de ésta como componente del gasto total en educación osciló alrededor del 17,5% y 18,7% en relación con lo destinado a los otros niveles educativos (PEN, 2015). En los últimos años, nuevamente la inversión de las universidades empezó a contraerse respecto al PIB, en línea con lo que ocurre para el conjunto del sistema educativo.

Estas oscilaciones presupuestarias ciertamente no han ayudado a mejorar un indicador crítico: la cobertura en educación superior, que ha entrado en una fase de estancamiento. Así, el porcentaje de habitantes de 25 a 34 años que cuenta con educación superior está relativamente igual desde 2009 y, a partir de 2014, viene cayendo el número de títulos entregados por año. Este estancamiento ha implicado una desmejora comparativa en la situación del país: la brecha de cobertura con respecto a los países de la OCDE creció desde seis puntos porcentuales a finales de los noventa, hasta alcanzar 13,6 puntos porcentuales en 2019.

Momentos difíciles no pueden llevarnos a decisiones equivocadas

Además de la certidumbre a largo plazo de la inversión educativa, las decisiones sobre los recursos deben estar dirigidas por objetivos estratégicos de política pública, que marquen el norte del ¿dónde? y el ¿para qué? del gasto. Esos objetivos tienen que ver con metas sobre el acceso, cobertura, pertinencia, eficiencia y calidad de la educación, tanto la preuniversitaria como la universitaria y una visión de conjunto sobre la manera como estos objetivos se correlacionan. La vinculación entre plan y presupuesto es clave en esta visión.

En el marco de una nueva fase de contracción de la inversión, las universidades públicas empezaron a aplicar medidas de ajuste, tales como la racionalización en las autorizaciones

de pago por dedicación exclusivas y de incentivos por escalafón, denuncia de convenciones colectivas para bajar el porcentaje de anualidad, reducción del pago por tiempo extraordinario y del gasto en servicios públicos, incluso medidas radicales como no otorgar el ajuste salarial por incremento del costo de vida durante 2020 y 2021. Se hicieron además ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias de la reforma fiscal, incluido el mecanismo de regla fiscal.

Sin embargo, muchas de estas acciones no pueden sostenerse en el largo plazo y obligan a aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y la necesidad de implementar cambios en materia de gestión para adecuarse y avanzar en las nuevas circunstancias y seguir ampliando la cobertura, con calidad y equidad. Por esto es importante que, en un marco de certidumbre de recursos del FEES de mediano plazo, las universidades tengan el espacio para impulsar medidas de carácter más estratégicos en cuanto a su organización y funcionamiento como partes integrantes de un sistema de educación que enfrenta retos estratégicos.

Entre esos retos del nivel universitario destacan: seguir ampliando la cobertura y fortaleciendo los apoyos en los grupos poblacionales que requieren del sistema para salir adelante; mejorar la articulación con los niveles pre-universitarios para nivelar y recuperar aprendizajes de las población estudiantil; adecuar los ambientes de aprendizaje a los cambios del nuevo contexto tanto en cuanto al acceso y uso de las tecnologías como en la renovación de los modelos pedagógicos; el cierre de brechas en materia de acceso a la conectividad; mejoras en la gestión financiera así como el fortalecimiento de la acción inter-universitaria en materia de docencia, investigación y acción social en las regiones.

En el caso de la educación pre-universitaria, la certidumbre de un marco presupuestario de mediano plazo es clave para la implementación de una hoja de ruta para salir de la grave crisis educativa que padece.

Finalmente, cabe señalar que la respuesta que tuvieron las universidades públicas durante la pandemia puso en evidencia su alta capacidad adaptación e innovación la cual debe prevalecer y fortalecerse aún más en los próximos años para que continúen contribuyendo y atendiendo los desafíos que el país tiene en materia de desarrollo humano.

Hoy vivimos momentos complejos en donde las decisiones que se tomen marcarán los caminos a seguir en los próximos años, es por ello que no podemos cometer un nuevo error histórico como el de los ochenta de recortar en educación lo cual fue, sin lugar a dudas, una mala decisión de política pública cuyos costos ya conocemos y que sabemos no es la senda que nos permitirá enfrentar el futuro, ni lograr una sociedad de mayores oportunidades.

Referencias bibliográficas

Mata, C. y Trejos, J. D. 2018. Panorama de la Inversión Pública 2017 en un contexto de crisis fiscal. Ponencia preparada para el Informe Estado de la Nación 2018. San José. Programa Estado de la Nación.

PEN. 2015. Quinto Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.

PEN. 2021. Octavo Informe del Estado de la Educación. San José: Programa Estado de la Nación.

Compartido con SURCOS por Ciska Reventós

Artículo extraído de:

Román, I.(2022). La sostenibilidad de la inversión educativa es fundamental para el desarrollo humano del país.Programa Estado de la nación. Accesible en: https://estadonacion.or.cr/la-sostenibilidad-de-la-inversion-educativa-es-fundamental-para-el-desarrollo-humano-del-pais/

Mensaje de Máster Francisco Gonzáles Alvarado, rector de la UNA

Escrito el . Publicado en Derechos, Educación.

El rector de la UNA el Máster Francisco Gonzáles Alvarado, nos deja un mensaje luego de la pasada marcha en contra el recorte al FEES este 16 de agosto de 2022.

“Debemos estar todos y todas muy satisfechos por el compromiso que demostramos manifestándonos en contra de esa propuesta de un recorte inmenso al presupuesto universitario, la negociación nos permitió que no se hiciese un recorte presupuestario y que se continúen las negociaciones en el marco de lo que establece la constitución política, entrar a valorar la posibilidad del reconocimiento por inflación.

Muchas gracias porque fuimos muchísimos en las calles y dijimos sí a la educación pública y sí a la educación universitaria”.