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Etiqueta: homicidios

Uno de cada tres homicidios en el mundo ocurrirían en América Latina

Publicado el . Publicado en Derechos.

  • Conversatorio Geopolítica y crimen organizado a cargo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

La arremetida del crimen organizado en la región latinoamericana cobraría la vida de miles de personas, producto de la ampliación de las zonas de influencia de los carteles de la droga, la tecnificación de las operaciones de estos grupos y el aprovechamiento de la ubicación geográfica para acceder a diversos mercados.

Estas fueron las conclusiones más relevantes del conversatorio Geopolítica del crimen organizado, a cargo del programa Umbral Político del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La magnitud es tal que Galo Cruz, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, indicó, con base en estadísticas del Banco Mundial, que uno de cada tres crímenes que se cometerían en el mundo ocurrirían en América Latina. Esto, a pesar de que la región concentra apenas el 9% de la población mundial.

La conjunción de varios factores explicaría este panorama sombrío. Uno de ellos tiene relación con el hecho de que grupos de delincuencia organizada, vinculados con la producción y comercialización de drogas en el mundo, desarrollan sus operaciones en este lado del planeta.

Mientras que Colombia, Perú y Venezuela encabezan la lista de países productores de la hoja de coca, Centroamérica se ha convertido en una plataforma para el tráfico de estupefacientes. Por su parte, México vive un empoderamiento de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, cuyos tentáculos se han expandido a naciones como Ecuador, que años atrás gozaba de altos niveles de seguridad.

En el caso colombiano, la producción de coca alcanza las 1.738 toneladas métricas en un área sembrada de 230 mil hectáreas, mientras que en Perú, la cifra representa las 869 toneladas métricas, en un área de 95.008 hectáreas, de acuerdo con cifras aportadas por el académico Cruz, según reportes de la fundación Insight Crime.

Detrás de este fenómeno influyen las decisiones políticas que se adoptan por parte de los países productores. En Colombia, por ejemplo, el actual gobierno redujo hasta 10 veces la cantidad de terrenos donde se han erradicado los cultivos, en comparación con la anterior administración de Juan Manuel Santos.

También existe permisividad en esta lucha, al punto de que en la región del Amazonas se esté llevando a cabo una “narcodeforestación”, según manifestó José Luis Castillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, con impacto no solo a nivel de seguridad, sino también ambiental.

Mientras que del lado de la oferta se extienden las operaciones, del lado de la demanda, la situación tiende a agravarse en países de Europa y en Estados Unidos, donde el consumo de drogas sintéticas, como el fentanilo, generaron hasta 100 mil muertes en el 2023. “Es apocalíptico lo que estamos viviendo con el tema de las drogas y su consumo”, agregó el docente Galo Cruz.

Al tratar de asegurase los mercados potenciales para la venta de estupefacientes, se producen choques entre las diferentes organizaciones, lo que desencadena en venganzas, ajustes de cuentas y fallecimientos de víctimas colaterales. Costa Rica no escapa a esta realidad y los datos así lo muestran: el año anterior, tres personas perdieron la vida cada 24 horas, producto de hechos violentos.

Geografía y empoderamiento

Justo cuando en el país se llevó a cabo, la semana anterior, el evento Inmersos en el Cambio, relacionado con la protección de mares y océanos, durante el conversatorio se dio a conocer que hasta un 80% del tráfico de drogas en América Latina se realiza vía marítima. El restante 20% aprovecha las vías terrestres.

“La posición geoestratégica de la región le es favorable al crimen organizado. De ahí nace un nuevo concepto: el geocrimen, que hace referencia a la incidencia criminal aprovechando la geografía en que nos ubicamos, y donde tenemos conexiones portuarias con otros continentes”, explicó José Luis Castillo.

Solo de Ecuador se exportaron 300 toneladas de cocaína en el 2024, con destino a Europa, aprovechando la cercanía con países productores y con la instalación de organizaciones que han adquirido un empoderamiento y una escala empresarial. “Estas organizaciones se han sofisticado a grados impresionantes; son estructuradas estables y con jerarquías definidas. Podemos llamarlas de ‘alta intensidad’ porque tienen la capacidad de desestabilizar a Estados y es ahí donde se debe actuar con prontitud”, agregó Cruz.

Ese nivel de empoderamiento genera que mafias como el cártel de Sinaloa reclute miembros de su grupo para que viajen a China, donde realizan pasantías para aprender a elaborar fentanilo. En octubre del año anterior, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a ocho empresas chinas de facilitar la producción y comercialización de este opioide.

Para el experto, casos como el ecuatoriano representan una situación donde a las autoridades se les escapó de las manos el control de la seguridad. Esto vino acompañado de la falta de atención de las alertas que organismos de inteligencia venían advirtiendo sobre el avance del crimen organizado y la ambigüedad en la implementación de políticas preventivas.

Rediseñar el futuro

El aumento de la violencia y la penetración de la delincuencia organizada suponen un reto de abordaje para los países. Los expertos señalaron algunas estrategias que podrían implementarse, entre ellas, una mayor cooperación en inteligencia entre los países de la región, que permita afrontar de manera conjunta este flagelo. Asimismo, un esfuerzo para recuperar los espacios geográficos marítimos y cerrar los canales de influencia que aprovechan estos grupos delictivos.

El uso de las nuevas tecnologías debe acompañar esta estrategia, sostuvieron Cruz y Castillo. Por ejemplo, llamaron la atención que en el ciberespacio se ha abierto un nuevo frente de batalla, porque ahí se almacena información que, en manos de las autoridades, pueden contribuir a la lucha frontal contra el narcotráfico. Descentralizar la labor de los gobiernos locales, reimponer el control del Estado y promover el eje social por medio de programas de recuperación desde las comunidades, son otras de las medidas que propusieron. 

El conversatorio completo puede consultarlo desde la página del Idespo-UNA en Facebook: https://www.facebook.com/572888505/videos/465605525846526/

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Por Nuestra Juventud

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Prepárense los jóvenes con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria. Omar Dengo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Los homicidios de jóvenes, según el OIJ, casi se triplicaron este año 2023 con relación al anterior. Mientras en el 2022 al mes de agosto fueron 8 los asesinatos de personas entre los 12 y 17 años, a esta misma fecha la cifra alcanza los 21 fallecidos).

El escenario no podría ser más catastrófico. Sin embargo, posiblemente lo será si a corto plazo no se invierte lo requerido para contener la ola creciente de criminalidad y si no se redefinen las políticas públicas para evitar seguir reproduciendo las condiciones que son caldo de cultivo de la violencia en sus diferentes manifestaciones, factor que viene desfigurando aceleradamente el rostro de una Costa Rica más pacífica y democrática que heredamos de los forjadores de la Segunda República, con la reforma social y la modernización del Estado de Derecho, que contribuyeron a crear una vigorosa institucionalidad social de carácter público. Institucionalidad que facilitó la movilidad social de la juventud perteneciente a los sectores populares, tanto rurales como urbanos.

Urge retomar ese derrotero, ahora para impulsar una política pública centrada en la atención prioritaria a la juventud. Salir al rescate de una generación que se nos escapa de las manos porque la estamos entregando al crimen organizado, a la drogadicción y, por ende, a una muerte temprana. Postergar las acciones es auto suicidarnos como sociedad. Pienso que esta política pública hay que orientarla, al menos, en tres direcciones.

Primero, y es algo en lo que se ha venido insistiendo, hay que ampliar la cobertura del sistema educativo, con un particular énfasis en la capacitación de técnicos y científicos de alto nivel, pero con visión humanista y no meramente tecnocrática.  Asimismo, acompañada de una política de desarrollo en ciencia y tecnología endógena (José María Gutiérrez), para no convertir a nuestros profesionales en “maquiladores de punta”. Para ello, se requiere redoblar el apoyo a los colegios científico-tecnológicos, instituciones como el INA y el Instituto Tecnológico y a esfuerzos de cooperación interinstitucional como el que ha venido emprendiendo la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Carlos. Además, hay que apostar nuevamente y con mayor esfuerzo por la regionalización educativa de nivel superior.

La segunda dimensión corresponde al fortalecimiento de una política de cultura que permita a la juventud acceder al cultivo de las diferentes manifestaciones del quehacer artístico, para enriquecer su acervo cultural, así como elevar el sentido y espíritu de la identidad pluricultural y multiétnica de nuestro país, tal y como lo consigna la Constitución. El arte y la cultura, que elevan el espíritu y enriquecen y dignifican la corporalidad como seres vivientes, constituyen el fundamento del verdadero desarrollo en humanidad de las sociedades. Estamos sobrados de talento artístico y de iniciativas comunales que con grandes sacrificios sostienen a grupos de teatro, danza, música, baile, etc., pero el apoyo estatal y privado es mezquino y raquítico.

Ante esta precaria situación, como bien señala José Luis Amador, “se está imponiendo la cultura del cartel y la muerte. Hay que hacer algo para promover la cultura de la paz. Hay que decir no a la muerte. Y esto pasa por la cultura, por los valores, por la poesía, por la belleza. Un joven con un revolver no puede ser mejor que un o una joven con una guitarra, con un arado o un estetoscopio”.

Y, la tercera dimensión toca al deporte. Al igual que el arte el deporte, por tratarse de un quehacer que exige dedicación y disciplina, se convierte en escuela para la preparación de personas creativas, diligentes y resilientes.  Son varios los esfuerzos de gobiernos locales por dotar de instalaciones deportivas a sus comunidades. Se requiere generalizarlas a todo el país. Hay que apostar por alcanzar niveles altos de competitividad en las diversas modalidades deportivas. Ya es hora de ir más allá del fútbol-centrismo de nuestra cultura deportiva.

Una juventud con opciones a cultivar alguna de las expresiones artísticas, un deporte y alcanzar la debida preparación para desempeñar una profesión u oficio, ha de ser la aspiración fundamental de un pueblo que sabe actuar con la sabiduría que permita contener, revertir y prevenir la creciente violencia que está conduciendo a nuestra juventud al despeñadero y, con ella, al país entero. Esta empresa de rescate de nuestra juventud tenemos que convertirla en consigna que amalgame a todos los sectores sociales. Unámonos por nuestra juventud, como dice el maestro Omar Dengo, “con tesón, con ardor, con persistente decisión de victoria”.

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

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Juan Diego García Castro

Voz Experta: Desigualdad económica y homicidios: una mirada psicosocial

Costa Rica está registrando un récord sin precedentes en el número de homicidios, los cuales producen un gran impacto emocional por la forma violenta de terminar con la vida de una persona. Las consecuencias psicológicas que producen estos sucesos en la sociedad son varias y de diferente magnitud. Las más inmediatas son miedo, frustración y sentimientos de impotencia. A mediano plazo, se desarrolla un sentimiento de alerta constante, deterioro de la salud mental y desesperanza en relación a no poder solucionar el problema. Todas estas consecuencias ya se reflejan en la población nacional, por ejemplo, en la última encuesta del El Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica las personas costarricenses señalan que el principal problema del país es la criminalidad y su principal temor perder el país.

Frente a estos sentimientos de impotencia y perdida de control producto de las altas tasas de homicidios, la reacción natural y espontanea es pedir políticas de mano dura contra las personas criminales. Las políticas represivas brindan una falsa sensación de seguridad para enfrentarse a un mundo que es peligroso y para compensar la falta de control que la criminalidad ejerce sobre nuestras vidas. Estas políticas son las que se discuten hoy en el gobierno y la asamblea legislativa como las principales soluciones a este problema. Sin embargo, la evidencia científica señala con contundencia, que las políticas de mano dura no son eficaces para disminuir la criminalidad ya que tratan el síntoma (los homicidios) pero no la enfermedad (la desigualdad). Para reducir los homicidios en Costa Rica necesitamos disminuir la desigualdad económica.

LEA MÁS: Voz experta UCR

Las razones por las cuales una persona mata a otra tienen múltiples causas. Una de sus principales raíces es la inequidad social. Tanto en Costa Rica como a nivel internacional, aquellas personas que matan y son asesinadas son mayoritariamente hombres jóvenes en contextos de privación social y en escenarios de competencia por recursos económicos, sociales y simbólicos. Cuando la distribución de riqueza es altamente inequitativa como lo es hoy en nuestro país, las tácticas de sobrevivencia son extremas. La lucha por recursos básicos de subsistencia y de estatus social se vuelve más violenta.

La desigualdad no es lo mismo que la pobreza, la desigualdad conlleva un contraste también con las personas favorecidas. Ha existido alguna discusión académica sobre si la causa de la violencia es propiamente la pobreza o la desigualdad. Sin embargo, hoy sabemos que los homicidios se relacionan más con la desigualdad por los procesos psicológicos que conlleva la comparación social. Estar expuestas al contraste entre la abundancia de algunos sectores sociales con sus lujos y estilo de vida, mientras que por otro lado se pasan necesidades básicas trae como consecuencia, entre muchas otras cosas, el distanciamiento social y la competición por el estatus.

LEA: La receta contra la pobreza y la desigualdad está escrita

El distanciamiento social que provoca la desigualdad económica hace que la gente viva segregada en espacios en los cuales se limita el contacto entre personas de diferentes recursos económicos. Por ejemplo, en Costa Rica se puede observar este fenómeno con la proliferación de comunidades cerradas (condominios, residenciales), clubes exclusivos o zonas “VIP”. Mientras, por otro lado, existen cantones con una alta concentración de personas en vulnerabilidad social, viviendo en condiciones de hacinamiento y con malos servicios de transporte público. Este distanciamiento provoca que confiemos menos en otras personas porque no las conocemos y que no sigamos las normas sociales establecidas por la evaluación de que la sociedad no funciona, aumentando el estrés, disminuyendo la participación en actividades “cívicas” (recientemente se ha encontrado en el país una asociación entre abstencionismo electoral y desigualdad) y aumentando los homicidios.

El otro mecanismo psicosocial que relaciona la desigualdad con los homicidios es la competencia por el estatus. La jerarquía social es más importante cuanto más desigual es la sociedad. Así, la desigualdad económica promueve la competencia, la comparación con las otras personas y el individualismo. En un país desigualdad como el nuestro, las personas están más conscientes de su lugar en la sociedad e incrementan su ansiedad por el estatus. Lo cual lleva a que las personas por ejemplo compren objetos con intención de mostrarlos y esto lo vemos cotidianamente en redes sociales. En las redes sociales las personas por lo general fanfarronean con sus estilos de vida reales o imaginarios con tal de ganarse un lugar simbólico en la sociedad. La lucha por el estatus hace que especialmente sean los hombres de grupos desaventajados quienes más violenten a otros hombres para conseguir un lugar entre su grupo de pares y en un país que prácticamente no les brinda otras oportunidades.

ADEMÁS: Igualiticos: la construcción social de la desigualdad en Costa Rica, de Carlos Sojo.

De está forma, metiendo a todas las presuntas personas criminales a la cárcel no vamos a disminuir la violencia porque no estaríamos resolviendo su causa. Reduciendo la desigualdad económica si podríamos mermar la tasa de homicidios como ya se ha hecho en otros países. En estos momentos Costa Rica tiene uno de los niveles de desigualdad más grandes en nuestra historia. Organismos económicos internacionales como el FMI, la OCDE y la CEPAL llaman a poner impuestos de emergencia a las grandes fortunas y al capital. Por ejemplo, si aumentaremos los impuestos de las ganancias al 1% más rico del país y con este dinero se hace inversión social como seguro de desempleo, oportunidades educativas e ingreso básico universal, podemos disminuir la violencia que hoy azota al país. Estas medidas sabemos científicamente que funcionan.

Los homicidios y la desigualdad ni son naturales, ni son inevitables. Es una decisión política y podemos cambiarla. Sentir desesperanza por el rumbo que lleva el país es la reacción más lógica frente a la situación que estamos viviendo. Sin embargo, la ciencia social lleva mucho tiempo estudiando como revertir la violencia y hay soluciones. Tenemos que implementarlas para construir una Costa Rica mejor.

 

Juan Diego García Castro

Investigador la línea Interacciones Grupales e Individuales y profesor de la Universidad de Costa Rica. Psicólogo Social. Doctor en Psicología y magíster en Psicología de la Intervención Social por la Universidad de Granada, España, y psicólogo por la Universidad de Costa Rica. Su trabajo de investigación se centra en la percepción de desigualdad económica en la vida cotidiana, la intolerancia a la desigualdad, las actitudes hacia la redistribución, las ideologías y el miedo al crimen. Su investigación se centra en los efectos psicosociales de la percepción de la desigualdad económica.

Columbine tan cerca

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Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La desorientación política en materia de seguridad es solo uno de los síntomas del alto nivel de descomposición socio institucional que presenta la sociedad costarricense.

Antes que contar con una política pública a la que se le cambia de título un día sí y otro también, el país debería entrar en una profunda discusión sobre el enfoque adecuado para trazar un abordaje que supere la inmediatez.

No se trata tampoco de cambiar jerarcas como una medida paliativa. No son los jerarcas los que definen un enfoque determinado sino toda una estrategia colectiva, que proponga niveles socio territoriales y dimensiones sociales de amplio alcance para contender con una inseguridad predominante y una violencia que no cesa.

Al escribirse esta columna el país alcanza cifras inimaginables de homicidios (por arriba de los 300 en lo que llevamos del año) y la escalada no cesa.

Una discusión no planteada hasta ahora con seriedad es la emergencia que se ciñe sobre centros educativos de primaria y secundaria en todo el país. Si ya no fuera suficiente con el quiebre en los procesos de convivencia de la población estudiantil que se traduce en conflictos diarios, la amenaza de tiroteos y ataques empieza a encender las alarmas.

No se ha dicho lo suficientemente claro, pero tras el mito fundacional de la Paz y la tranquilidad potenciada por una blancura originaria, se esconde el funcionamiento de un mercado informal de armas de todo tipo. Este país está armado hasta los dientes y los centros educativos podrían ser pronto un espacio donde se usen sin límites.

A inicios de siglo un documental dirigido por Michel Moore (Bowling for Columbine, 2002) se preguntaba por los determinantes socioculturales del aumento de los tiroteos y la permisibilidad en la tenencia de armas en una sociedad que aún no se reponía de los eventos producidos en una secundaria en 1999.

Nos preguntamos qué ha cambiado en casi 25 años tanto en aquella sociedad como en la nuestra. En Costa Rica, lo hemos dicho, el contrato social caducó hace tiempo y la cohesión social se esfumó para dar paso a un superlativo grado de fractura a todo nivel.

Columbine podría estar a la vuelta de la esquina si no hacemos algo pronto. Algo como hablar horizontalmente sobre un enfoque y no tanto una política de seguridad que nos devuelva la tranquilidad a todos y todas.

Con la seguridad nacional no se juega

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Comunicado del PAC

  • Presidente Chaves niega que la seguridad nacional está en crisis.
  • Ignora que el índice de homicidios en 4 meses de 2023 es el más alto de la historia del país.
  • Retira de la corriente legislativa el proyecto de ley «Crimen Organizado», eliminando la posibilidad a los tribunales de extender la prisión preventiva a personas implicadas en delitos relacionados con el crimen organizado. Esta posición del presidente es contradictoria con las demandas de la población y del Poder Judicial de dotar de herramientas legales que le permitan aplicar el peso de la ley a las mafias organizadas y controladas por el narcotráfico.

Señor presidente, no juegue con la seguridad nacional. Díganos, ¿cuál es la verdadera justificación del retiro del proyecto de ley?

 

Imagen ilustrativa, UCR.

No deseamos una Costa Rica violenta

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José Luis Pacheco Murillo

El que hayamos llegado a contabilizar en lo que va del año 606 homicidios en el país, superando todas las estadísticas anteriores, nos demuestra la inseguridad en la que vivimos y la violencia que padecemos, dos situaciones que a todas luces afecta la calidad de vida que tenemos.

Cuatro provincias concentran la mayoría de esos homicidios: San José, Limón, Alajuela y Puntarenas. Hemos llegado a la cifra de 16 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, vivimos una epidemia, lo que nos convierte en un país violento, máxime si le sumamos a eso la cantidad de muertes por accidentes de tránsito y la consumación de otros delitos como violaciones y delitos contra la propiedad.

Esta no es la Costa Rica que deseamos y es necesario que se tomen acciones para disminuir estos niveles de criminalidad y violencia. Deben sumar esfuerzos el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Poder Judicial; coordinar acciones para que se prevengan los delitos y se castigue adecuadamente y ejemplarizante a los delincuentes. No es posible que ante detenciones de posibles delincuentes que cometieron incluso homicidios no se les den prisión preventiva y vemos cómo vuelven a las calles incluso volviendo a cometer acciones violentas.

La ciudadanía vive con mucho temor y eso lógicamente afecta las actividades que desarrollamos diariamente.

Y es que no son solo temas de cantidad sino también de la violencia con que se cometen los homicidios lo que refleja el aumento en el grado de violencia que tenemos.

Tiene una enorme tarea que enfrentar el actual gobierno y las instituciones que tienen que ver con la prevención, lo que significa educación. Dios quiera que asuman el compromiso de disminuir estos niveles de violencia y que podamos vivir en la paz y tranquilidad que todos deseamos.

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APSE repudia declaraciones del presidente y ministro que relacionan huelgas con aumento de homicidios

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APSE repudia las infundadas declaraciones del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas, quienes pretenden vincular el incremento de la cantidad de homicidios y la ola de crímenes registrados en semanas recientes a los movimiento de huelga ocurridos recientemente.

Estas declaraciones solo pretenden tapar el sol con un dedo respecto a la gestión ineficaz y deficiente de la seguridad pública cometida por este ministro, que al igual que toda la gestión de Gobierno de la Administración Alvarado Quesada, niega los problemas nacionales y pretende atribuirlos a otros actores sin asumir la responsabilidad de la inseguridad que vive el país y que cada día va en aumento, sin que haya una voluntad política para proteger a la ciudadanía.

A criterio de expertos en seguridad, las huelgas NO tienen la culpa en el incremento en asesinatos y la ola de crímenes registrados en el país, toda vez que los homicidios van a ocurrir haya huelgas o no, haya policías o no en la calle, porque responden a una dinámica criminal y vengativa.

Aunado a lo anterior, sobre el tema de la inseguridad ciudadana, se supone que el recurso policial se asigna en función de los espacios geográficos y de tiempo, por lo que si el Ministerio de Seguridad Pública, ha descuidado su deber de vigilancia es por otros motivos, empezando por la carencia de recursos humanos y económicos derivados de la insistencia del Gobierno en recortar todos los gastos de fondos públicos, sin medir las consecuencias de este supuesto ahorro.

Una vez más, la administración Alvarado pretende dividir y confundir cobardemente a la opinión pública, trasladando la causa de los problemas nacionales a otros sectores, y colocando a las organizaciones sindicales y al ejercicio de un derecho humano fundamental como la huelga, como un antivalor, cuando la verdad es que su Gobierno ha demostrado ser incapaz tanto en la negociación política, en la vocación de diálogo y en la protección de la ciudadanía.

Mélida Cedeño Castro

Presidenta de APSE

Roblin Apú Murillo

Secretario General de APSE

12 de setiembre de 2019

Prensa APSE

 

Imagen ilustrativa.

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