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Etiqueta: ley de empleo público

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

La ley del empleo público y sus impactos más allá del salario global para la UNED

El próximo miércoles 10 de mayo del 2023, a las 9:00 a.m, se realizará la videotransmisión: «La ley del empleo público y sus impactos más allá del salario global para la UNED”. Se contará con la participación de los panelistas:

  • Dr. Mauricio Castro. Especialista en derecho laboral UCR
  • Dr. Luis Paulino Vargas Solís. Economista e investigador del CICDE UNED

Se le podrá dar seguimiento a la transmisión por medio de la página de Facebook del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED).

𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲: Videocomunicación UNED CR Sala D (https://www.youtube.com/channel/UCLl45JeAvdOvVQuptk4C7oQ)

𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: CICDE UNED

 

Compartido con SURCOS por Luis Paulino Vargas Solís.

Cuál es el impacto de la Ley de Empleo Público

El próximo miércoles 29 de marzo a las 6:00 p.m., el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica llevará a cabo un foro titulado “La ley de Empleo Público y su impacto en la sociedad costarricense, las profesiones y la gobernanza”. Dicha actividad será realizada en el Auditorio Ortiz Ortiz, y se transmitirá por medio de Facebook, en la página de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. 

La introducción del foro estará a cargo de la presidenta de la Federación, Carmen Loaiza Madriz y en el panel expositor se contará con la presencia de la Máster Noemy Quirós Bustos, miembro de la Comisión de Proyectos de Ley de FECOPROU, el Licenciado Luis Ángel Oviedo Carballo, Investigador de la Universidad de Costa Rica, y el Doctor Mauricio Castro Méndez, abogado especialista. Finalmente, la actividad será moderada por el Licenciado Jorge Quesada Lacayo, sociólogo e investigador de COLYPRO. 

Link para seguir la transmisión: https://facebook.com/fecoprou.or.cr  

Que las trabajadoras sean exclusivas y excluyentes de la Ley de Empleo Público

Dentro del marco del 8M, el sector de trabajadores de la CCSS emitió un video para enviarle un mensaje al presidente Rodrigo Chaves y en especial, a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel. 

Dicho comunicado señala que la mayor parte de personas trabajadoras de la Caja son mujeres y que, además, son cabezas de hogar. Por tanto, el sector de trabajadores le exige a la presidenta ejecutiva que excluya a las trabajadoras en la aplicación de la Ley de Empleo Público, una ley regresiva de los Derechos Humanos; así como lo hizo el Poder Judicial, 35 municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones. 

“Doña Marta, dé una señal de que realmente usted cree en la gente de la Caja y sáquennos de la Ley de Empleo Público”.   

UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical Unido rechazan antidemocrático reglamento a Ley de Empleo Público

Los representantes sindicales, con la participación del secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, entregaron un fundamentado documento con la posición unánime del movimiento sindical, respecto a la consulta pública del Proyecto de Reglamento a la Ley Marco de Empleo Público.

En síntesis, las organizaciones deploraron y advirtieron que al igual que con la Ley de Empleo Público, el proyecto de reglamento se tramita de manera atropellada y antidemocrática, presionado por la OCDE y el FMI, manifestando su oposición por los siguientes motivos:

1.- Falta de legitimidad democrática de la reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: una anodina consulta, sin participación democrática y diálogo social, a días de la vigencia de la ley, para cumplir un formalismo, de mero trámite.

2.- Deficiencias, inconsistencias y omisiones en la implementación y reglamentación de la Ley Marco de Empleo Público: la falta de claridad conceptual, criterios metodológicos y técnicos, reflejo de la incapacidad de Mideplan; causa incerteza administrativa y jurídica. (Informe CGR- DFOE-FIP-RF-00002-2022)

3.- La Ley y el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público: un caballo de Troya: con el pretexto de la crisis fiscal se extralimitaron en la ley y el ejercicio del poder reglamentario, reconfigurando la institucionalidad y vaciando de contenido la autonomía atribuida a la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades públicas y municipalidades, a contrapelo de la Constitución Política.

4.- El núcleo duro de la ley y su reglamento: la gobernanza total y totalitaria de MIDEPLAN:  todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa “tutela” política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial.

5.- El producto estrella: el salario único global: el más misterioso y sombrío del proyecto, que genera grandes dudas acerca de las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.  

6.- La política extrema de devaluación de los salarios: la continuidad de la política de reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.

7.- El proyecto de reglamento omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

8.- El proyecto de reglamento omitió el Informe Técnico de OIT acerca de la Ley Marco de Empleo Público: los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones fueron ignoradas.

A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios.

¡UNDECA alerta y llama a la clase trabajadora a defender la CCSS, la institucionalidad pública y los legítimos derechos de las y los trabajadores públicos.!

San José, 14 de febrero de 2023.

SURCOS comparte el documento enviado a la ministra de Planificación:

ANEP sumará su tercera acción de inconstitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público

Este viernes 9 de febrero de 2023 a las 10:00 a.m. la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sumará su tercera acción de inconstitucionalidad ante leyes que van en detrimento de la población, en este caso en contra de la Ley Marco de Empleo Público, esto con el objetivo de frenar su entrada en vigencia el próximo 9 de marzo del presente año, 2023.  

Anteriormente, presentaron otras dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley No. 9808 para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP comparte que es un deber y responsabilidad de la ANEP defender los diversos derechos de la clase social trabajadora y actuar en contra de aquellos procesos y actuaciones que violen los derechos de la población. 

Puede seguir la transmisión por medio de la plataforma de Facebook Live del AnepSindicato, este viernes 10 de febrero de 2023, a las 10:00 a.m., el lugar físico será en la Sala IV. 

Compartimos el comunicado completo:

Esta en desarrollo un ataque en distintos frentes por parte del Gobierno

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
12 de octubre 2022

Las expresiones son:

  • Proyectos de ley
  • Recorte de presupuestos a los sectores más vulnerables para pulverizar instituciones
  • Alianzas en la Asamblea
  • Pactos oscuros por eurobonos
  • Asustar con narrativa tergiversada y con política de miedo
  • Desfinanciar el Poder Judicial en proyectos antidrogas, anticorrupción, debilitar OIJ, listas de espera en CCSS, privatización en sus distintas modalidades, tercerización, decisiones en sector educación, entre otros.

PERO el objetivo esencial es:

Completar la fase dos de los objetivos incompletos que escondían la ley 9635 de » fortalecimiento de las finanzas públicas»; la ley 9808, que elimina el derecho a la protesta social (incluida la huelga en el sector público y sus efectos e impactos en los sindicatos del sector) y la ley de empleo público.

En tal sentido está en pleno desarrollo un ataque a las autonomías constitucionales especiales creadas en la Constitución Política de 1949.

Es decir, el proyecto de Rodrigo Chaves Robles está centrado en aprovechar bien su cúmulo de popularidad y articularlo con los actores visibles e invisibles de la derecha más rancia del país y desde su táctica y estrategia de rasgos autoritarios y populistas, enterrar la pala más fuerte en la tierra y seguir cavando para enterrar la institucionalidad patria y con tal ejercicio herir aún más de muerte el Estado Social de Derecho.

O sea, estamos transitando como país hacia una peligrosa concentración del poder como la que existió antes de 1949.

La CTRN rechaza la aprobación de la Ley de Empleo Público por ser precarizada, antidemocrática y arbitraria para las relaciones laborales

SURCOS comparte la siguiente información:

Los tres poderes del Estado se han alineado para aprobar hace pocos días está autoritaria ley, a pesar de los múltiples llamados, alertas y planteamientos jurídicos y sociolaborales que hemos hecho todas las organizaciones sindicales, las universidades públicas y otras entidades importantes del Estado y de la sociedad civil, respecto a la inconveniencia de aprobar una norma que contiene varios aspectos medulares seriamente lesivos para las instituciones públicas, para los servicios a la ciudadanía y para las personas trabajadoras del sector público.

Con esta iniciativa se pretende instalar en el país un sistema de relaciones laborales arbitrario, impositivo, precarizador de las condiciones de trabajo y vida de los trabajadores y trabajadoras públicas. Su puesta en marcha va a generar un estancamiento laboral y un retroceso del derecho colectivo, que dará lugar a numerosas demandas de violación de derechos a nivel nacional e internacional, con el lamentable aumento de la conflictividad social.

Esta acción política antisocial obedece a una lógica economicista y austericida aducida por el Gobierno para reducir el déficit fiscal que argumentan es provocado por el sector público, lo cual es completamente falso, y cuyo objetivo no es sólo obtener un préstamo de “supervivencia” del Fondo Monetario Internacional, porque principalmente se pretende acabar con la organización legítima de los trabajadores y trabajadoras en las entidades públicas, quitarles todo mecanismo de participación para la defensa de sus intereses, proscribir de hecho y de derecho la negociación colectiva, y dejar desprotegidas a las trabajadoras y trabajadores públicos para defender sus derechos fundamentales e intereses legítimos y democráticos. Por eso para la elaboración de esta ley no se han priorizado los argumentos técnicos de fondo que son esenciales para fundamentar una mejora real de los servicios públicos; por el contrario, dichos servicios serán recortados de modo progresivo, y su deterioro gradual será negativo tanto para la atención de las necesidades ciudadanas, como para las personas trabajadoras públicas y sus familias.

No le importó al Gobierno y a los partidos cómplices de su visión, sacrificar a toda la población trabajadora del sector público, lo que también afectará al sector privado y a sus personas trabajadoras asalariadas formales e informales. El tejido productivo del país notará el golpe de la precarización laboral en poco tiempo, y la economía de muchas familias se resentirá indefectiblemente. Esto traerá una escalada de conflictos y una mayor polarización social, de cuyas consecuencias deberá hacerse responsable una parte de la clase política decadente, egocéntrica, traficante de influencias, contraparte de corrupciones, que ha perjudicado el bienestar general para su beneficio particular. 

Consideramos que esta iniciativa antilaboral, junto otras leyes antiobreras aprobadas en este periodo legislativo, evidencian un grave retroceso para la democracia, el trabajo decente, la protección social y los derechos laborales y sindicales de la gente. Las élites nacionales que están detrás del Poder Ejecutivo y de los partidos tradicionales, vinculadas con algunos grupos poderosos del sector empresarial, han logrado en esta legislatura imponer totalmente su agenda de intereses exclusivos y excluyentes, a través del control político de las instituciones y de los sistemas de decisión. Por eso no ha sido posible reforzar la legislación contra la evasión y elusión fiscal, o aprobar la ratificación del Convenio 190 de la OIT, entre otras muchas cosas que el pueblo viene reclamando sin encontrar puertas para el diálogo y la participación como exige el artículo 9 de la Constitución. 

La propia OIT, consultada por la Asamblea Legislativa en 2020 sobre este proyecto de ley, expresó numerosos comentarios sobre varias partes del articulado que podrían entrar en conflicto con los Convenios Internacionales ratificados por el país. A pesar de ello, los legisladores y legisladoras han mantenido la mayoría de contenidos que ponen en riesgo el cumplimiento de dichos Convenios, en especial en materia de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. 

El signo principal del Gobierno saliente, que ha perdido desde hace mucho toda credibilidad de la población, ha sido su incapacidad y falta constante de voluntad para el diálogo social. Incluso con esta ley tramitada de manera autoritaria y sorda ante el pueblo, entierra el diálogo social en el sector público que es siempre un espacio indispensable para la estabilidad y la armonía laboral. 

Por todo ello seguiremos luchando para defender nuestros derechos y nada nos impedirá movilizarnos y responder con la unidad de acción sindical contra esta abusiva y despótica ley.

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum. 

Miembro de ITCU CSI IGB

CSA TUCA

CSU

Ley de empleo público: entre la espada y la pared

El programa Desde la otra Acera invita al conversatorio: “Ley de empleo público: entre la espada y la pared” este próximo 12 de agosto a las 7 p.m. Se contará con la participación de:

  • Mauricio Castro
  • Walter Muñoz
  • Rosaura Chinchilla

La transmisión será por medio de Facebook y YouTube de APSE Informa.

 

Compartido con SURCOS por Mainier Barboza.

Primeros comentarios sobre la sentencia de la Sala IV sobre la Ley de Empleo Público

Por Mauricio Castro

Dos comentarios sobre la sentencia de Sala IV sobre proyecto de ley de empleo público: 

1) Lo evidente: es inconstitucional que el Poder Ejecutivo haya tratado de concentrar el poder total, por encima del poder judicial, el TSE, las U. Públicas, la CCSS y las municipalidades (siempre lo dijimos) pero oficialmente queda desenmascarada la intentona de este gobierno y sus partidos aliados que desean ese control para cuando estén en gobierno.

2) LO NO EVIDENTE: obviamente no tenemos la sentencia en su integralidad, sino solo el por tanto, pero la Sala Cuarta hace lo mismo que hizo en la sentencia sobre la ley de fortalecimiento fiscal del 2018: son constitucionales el art. 43 sobre negociación colectiva y el transitorio XV siempre y cuando se entiendan de forma distinta a como están redactados.  El 43 dice que no se pueden negociar por convención colectiva nuevas obligaciones en materias económicas (salarios por ejemplo) y otros aspectos.  La Sala dice que el artículo se tiene que entender EN EL SENTIDO DE QUE SI SE PUEDEN NEGOCIAR NUEVAS OBLIGACIONES EN ESAS MATERIAS (SALARIOS Y OTRAS) SIEMPRE Y CUANDO ESAS NUEVAS OBLIGACIONES RESPETEN LOS CRITERIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD CONSTITUCIONALES DEFINIDOS POR SALA IV, ASÍ COMO LAS NORMAS DE LEGALIDAD PRESUPUESTARIA. El transitorio XV dice que los jerarcas deben obligatoriamente denunciar las convenciones colectivas.  La Sala dice que este transitorio debe entenderse en el sentido de que NO ES OBLIGATORIO DENUNCIAR LAS CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO, en los términos de lo que ya había dicho en el voto sobre ley de fortalecimiento fiscal. ¿Qué sigue? En las normas declaradas inconstitucionales, el proyecto debe volver a la A. Legislativa para su corrección. En cuanto a los artículos 43 y transitorio XV va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido con el voto sobre la ley de fortalecimiento fiscal: como quedan en la ley, aunque se deben interpretar de manera contraria a lo que dicen, la Procuraduría General de La República, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y la Contraloría IGNORARÁN OLÍMPICAMENTE LO ORDENADO POR LA SALA CONSTITUCIONAL, y provocarán que el tema se litigue por unos diez años, a nivel nacional e internacional. Cuando finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condene al país, con fuertes consecuencias económicas, ninguno de esos funcionarios de la PGR, CGR, Hacienda o MTSS se hará cargo, y les pasarán la factura a todos-as los-las costarricenses.

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.